viernes, 31 de octubre de 2014

Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (17): 2016 encontrará a Gaza sin agua potable

PROYECTO CENSURADO

Traducción: Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

En Gaza viven actualmente 1,7 millones de palestinos sin agua potable limpia. Sin riachuelos perennes y baja precipitación, Gaza depende de un solo acuífero para toda su agua dulce. El acuífero costero se contamina con las aguas residuales, las sustancias químicas y el agua del mar, informó Zander Swinburne, del Independent. La Dirección de Aguas de la Autoridad Palestina determinó recientemente que el 95% del agua en Gaza no cumple los estándares para consumo humano de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El agua contaminada causa problemas crónicos de salud y contribuye a las altas tasas de mortalidad infantil. Un estudio estima que el 26% las enfermedades en Gaza son el resultado de abastecimientos de agua contaminada [1). “El bloqueo egipcio-israelí exacerba el problema”, reportó Al Jazeera.

Un reciente informe de Naciones Unidas advirtió que es “crítica” la situación del agua para los palestinos en Gaza”. Según este informe, “el acuífero podía llegar a quedar inutilizable ya en 2016, con daño irreversible en 2020” [2). Incluso con la aplicación de medidas correctivas inmediatas, el acuífero tardaría décadas en recuperarse; si no se adoptan medidas “tardaría los siglos para que el acuífero se recupere”, señala este informe de 2012.

Como resultado del abastecimiento de agua contaminada, Al Jazeera informó que el Ministerio de Sanidad palestino recomienda a los residentes que hiervan el agua antes de usarla para beber o cocinar. Sin embargo, los residentes afirman que incluso con la ebullición, el agua del grifo “no sirve para beber” y, en muchos casos, no es simple conseguirla. Según la gente del territorio, Zander Swinburne divulgó, “durante los meses de verano el agua puede salir afuera en chorros con unos golpecitos, pero en otros días a menudo la presión es tan baja quienes viven en pisos superiores sólo pueden ver apenas un chorrito”, escribió Zander Swinburne [3).

Según las estimaciones de Naciones Unidas, más del 80% por ciento de los habitantes de Gaza compran su agua potable. Algunas familias pagan tanto como un tercio de sus ingresos domésticos, según June Kunugi, una representante especial de la Unicef, el fondo del niño de la ONU. Los palestinos compran más del 25% del agua a Mekorot, la compañía nacional de agua de Israel, reportó Al Jazeera. Mekorot vende anualmente a Gaza 4,2 millones de metros cúbicos de agua.

El agua contaminada también afecta la agricultura de Gaza. Por ejemplo, los niveles medios de salinidad de la mayoría de las cosechas de fruta cítrica ya no pueden crecer más.

El bloqueo egipcio-israelí de Gaza intensifica los problemas del agua. No pueden importarse los materiales necesarios para reparar las instalaciones de agua y de basura. La falta de electricidad confiable dejó fuera de operación al 85% de los pozos agrícolas, contribuyendo al riesgo de sequía de más de 120.000 metros cuadrados de cultivos.

Como reporta B'Tselem, el Centro de Información Israelí por los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados, allí existe discriminación en la asignación de agua: “Los ciudadanos israelíes reciben mucho más agua que los residentes palestinos de Cisjordania y de la Franja de Gaza”. El agua [4) es un recurso compartido que se distribuye de manera desigual, y en la Franja de Gaza los palestinos solamente tienen acceso a 90 por persona al día, por debajo del mínimo de 100 litros por día que recomienda la OMS, mientras la asignación para los israelíes promedia 100 a 230 libros por persona cada día.

Citas:
1) ANERA, “Agua en Cisjordania y Gaza,” ANERA informa sobre la tierra en el Oriente Medio (2 de marzo de 2012), http://www.anera.org/wp-content/uploads/2013/03/ANERAWaterReport.pdf.
2) Equipo en el país de Naciones Unidas, “Gaza en 2020: ¿Un lugar habitable? ,” agosto de 2012, http://domino.un.org/unispal.nsf/cf02d057b04d356385256ddb006dc02f/a51d0bfda2ba835585257a680049b333?OpenDocument.
3) Para un testimonio detallado de los residentes de Gaza, vea “Más del 90% del agua en Gaza es impropia para beber,” B'Tselem, el 9 de febrero de 2014, http://www.btselem.org/gaza_strip/20140209_gaza_water_crisis.
4) Ibid. Vea también “La discriminación innegable en la cantidad de agua asignada a los israelíes y a los palestinos,” B'Tselem, el 12 de febrero de 2014, http://www.btselem.org/press_releases/20140212_discrimination_in_water_allocation.

Fuentes:
Zander Swinburne, “The Water Is Running out in Gaza: Humanitarian Catastrophe Looms as Territory’s Only Aquifer Fails,” Independent, June 30, 2013, http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/the-water-is-running-out-in-gaza-humanitarian-catastrophe-looms-as-territorys-only-aquifer-fails-8679987.html.
Wissam Nassar, “In Pictures: Gaza Water Crisis Worsens,” Al Jazeera, May 12, 2014, http://www.aljazeera.com/indepth/inpictures/2014/03/pictures-gaza-water-crisis-wors-201432673053211982.html.
“Over 90% of Water in Gaza Unfit for Drinking,” B’Tselem (Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories), February 9, 2014, http://www.btselem.org/gaza_strip/20140209_gaza_water_crisis.

Estudiante investigador:
Pippa Whelan (College of Marin)

Evaluador académico:
Susan Rahman (College of Marin)

*) Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno, jurado internacionl del Proyecto Censurado.

Ver también:
- Hoy se publican las 25 noticias más censuradas en 2013-2014
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (02): Los gobiernos que más se benefician con ayuda de Estados Unidos practican la tortura
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (03): La gran prensa ignoró denuncia de WikiLeaks sobre el Tratado Trans-Pacífico (TTP)
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (04): Corporaciones proveedoras de Internet amenazan su neutralidad
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (05): Banqueros de Wall Street tienen apoyo pese a sus crímenes mayores
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (06): Estado profundo. “Gobierno sin referencias al consentimiento del gobernado”
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (07): FBI ignoró planes contra líderes Occupy mientras la NSA y el gran capital daban golpes a los disidentes
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (08): Grandes medios ignoran conexión entre clima extremo y calentamiento global
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (09): Hipocresía mediática de Estados Unidos en la cobertura de la crisis de Ucrania
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (10): OMS suprime informe sobre cánceres y defectos de nacimiento en Irak
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (11): Mega corporaciones y multimillonarios financian y dirigen las conclusiones de los think thanks
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (12): El Pentágono rebalsa dinero pese a severos problemas de auditoría
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (13): Un caso judicial desafía la inm[p]unidad de la industria nuclear en accidentes nucleares
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (14): Se acumulan pruebas del peligro para la salud por el uso de tecnología inalámbrica
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (15): Pretenden criminalizar el cuerpo de la mujer embarazada mediante reportes médicos obligatorios de abortos involuntarios
- Las 25 noticias más censuradas 2013-2014 (16): Pollos muertos en el “Bucle de Retroalimentación del Forraje” en la industria de la carne

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Las corporaciones transnacionales y el cambio de paradigma en las relaciones internacionales (Parte II)

Juan Francisco Coloane (especial para ARGENPRESS.info)

Por razones de racionalidad económica y del determinismo en el poderío de las Corporaciones Transnacionales (CT), antes del fin de la URSS, adquirió una relevancia inusitada la noción de que la seguridad global debería estar a cargo de una fuerza única. Las funciones de paz de la ONU en la década de 1980 estaban prácticamente moribundas y mientras la URSS mantenía una fuerza militar en Afganistán para proteger un gobierno socialista y secular, la OTAN era la alternativa para la seguridad de Europa Occidental. Con el estallido de la guerra en los Balcanes en la década de 1990, esa tesis de la “fuerza única” se comprobó.

La idea de una fuerza global de seguridad no es nueva. Fue planteada en los años 70 con el advenimiento de las corporaciones globales modernas. En ese tiempo ya se pensaba que Naciones Unidas podría ejercer un rol de contraparte global y que al mismo tiempo, pudiera funcionar como un brazo armado para mantener paz y seguridad a nivel mundial. Sin embargo había reservas por la cantidad de representatividad de países subdesarrollados en el organismo y también por las características del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que nunca ha tenido el beneplácito de las CT.

En esa línea, la seguridad global debería privilegiar un sistema de gobernabilidad que fuera lo más uniforme posible. Como forma de uniformizar en lo más básico los requerimientos del absolutismo económico global, el cemento ideológico que podría nutrir y legitimar un sistema único de gobierno, consistió en expandir la doctrina de los derechos humanos y un restringido concepto de libertad que opera con mayor fluidez cuando no existen desigualdades significativas, particularmente económicas.

Por la tendencia global a colocar la corporación transnacional por sobre la identidad nacional, el esquema doctrinario de protección a los derechos humanos y la libertad -abierto en la apariencia-, ha sido un instrumento que al final privilegia a los que han sido siempre los más poderosos, particularmente las naciones con tradición colonialista. La excusa para intervenir o desestabilizar países como China, Rusia, Corea del Norte. Venezuela, Cuba. Myanmar, Irán y Siria, son los Derechos Humanos en la lógica del común denominador para un gobierno global de las corporaciones transnacionales. Es así que identidades, culturas, nacionalidades, raíces, tradiciones, forman la retaguardia o desaparecen en la carrera desenfrenada por la máxima rentabilidad del capital sin fronteras.

El capital de las CT conforma un sistema mundial de bienes y servicios que se transan en procesos productivos fragmentados a través de un intenso comercio fronterizo. El circuito de insumos y productos adquiere vida en redes y franquicias manejadas por contratistas y los bienes y servicios que lo componen, en su gran mayoría pertenece a consorcios privados. Todo ello existe porque al nivel macro, el capital corporativo transnacional además de ser el principal propietario del circulante, diseña y controla.

La implicancia consiste en que cualquier modificación mayor de política económica doméstica y con mayor razón, de política económica internacional, estará sujeta a ese flujo de capitales que proviene de las CT, especialmente las privadas.

Esta circulación se rige cada vez más por los vaivenes y ritmos del mercado mundial de capitales que por las indicaciones de los organismos que tradicionalmente han formulado políticas como son la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

Estos organismos diseñaron en las últimas cuatro décadas los destinos económicos de una gran masa de países dependientes del capital foráneo y dictaron sus políticas económicas. Hoy, por la omnipresencia del poderío monetario de las corporaciones transnacionales, esos organismos apenas mantienen cierta “potestad” de entregar algunas indicaciones y estándares para las economías de los países en vías de desarrollo y para los países más desarrollados en crisis, como es el caso de los países menos favorecidos con las políticas económicas de la Comunidad Europea.

A.W. Clausen ejecutivo del Bank of America y que después encabezó el Banco Mundial, señalaba en la década de 1970 que la expansión de la conciencia de la globalización ofrece a la humanidad quizás la última chance real de construir un orden mundial que sea menos coercitivo del que ofrece el estado-nación. (Barnet, R.J. 1974). Si bien se observa hoy como una noción un tanto apocalíptica, claramente Clausen no está refiriéndose a la desaparición del estado-nación de su país, Estados Unidos, que es el país madre de las corporaciones globales.

El orden mundial actual, sin la bipolaridad soviético-estadounidense, es el que atisbó el genio globalizante de líderes corporativos como Maisonrouge y Clausen, auténticos planificadores estratégicos del capital transnacional, mucho antes de que se hablara del modelo neoliberal, la escuela de Chicago y cuando Chomsky se dedicaba a la lingüística y a despotricar contra Lenin.

Las relaciones internacionales de última generación se sustentan en un modelo de globalización regido por un sistema económico desregulado y ultra-corporativo para proteger la rentabilidad del capital transnacional privado. La ideología que debe primar en este sistema de relaciones internacionales determinadas por la competencia y el crecimiento de la corporación transnacional, no es el internacionalismo que pregona la Carta de Naciones Unidas y los manuales de derecho internacional, sino que consiste en propagar el anti-nacionalismo, la no auto-determinación, colocando a la corporación transnacional por sobre la identidad nacional, por sobre los valores culturales e históricos de las naciones. El periodista Ruperto Concha al concluir su impecable crónica semanal en una estación radial en Chile (Bio Bio-La Radio) lo resume en pocas palabras: “Cuídense, hay peligro”.

Ver también:
- Las corporaciones transnacionales y el cambio de paradigma en las relaciones internacionales. (Parte I)

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Una situación aún más riesgosa para la revolución socialista

Homar Garcés (especial para ARGENPRESS.info)

La construcción del socialismo revolucionario nunca debiera verse como un asunto u objetivo extraño y diferenciado de la experiencia y de la cotidianidad práctica de los sectores populares y, más concretamente, de los trabajadores. Esto obligaría a quienes se planteen la transformación radical del actual modelo civilizatorio a recurrir a un constante debate teórico -sin olvidar por ello la praxis- con la finalidad inmediata de contrastar el discurso frente a la realidad de las cosas, con lo que se logrará, sin duda alguna, eliminar y evitar todas las deficiencias, los errores y las debilidades durante el proceso de cimentación de la revolución socialista. Sin embargo, a pesar de reconocerse la necesidad de tal debate, muchos de aquellos que ejercen el poder en nombre de la revolución socialista prefieren ignorarlo y descalificarlo sin disponer de muchas razones de peso. Algunos de ellos simplemente aducen que ésta es una artimaña de los enemigos de la revolución para debilitar y dividir las fuerzas revolucionarias, lo que les facilita salvaguardar el poder conquistado para beneficio propio e inculcar en los sectores de base el convencimiento generalizado que nada podría cambiar y que, por consiguiente, cualquier esfuerzo tendente a ello resultará completamente inútil.

A simple vista, dicha situación es aún más riesgosa que las producidas por la contrarrevolución, ya que desmoraliza y desmoviliza a la militancia revolucionaria, restándole un importante apoyo a la revolución en marcha. Muy escasamente, quienes se hallan frente a esta situación llegan a comprender cabalmente la necesidad de la organización y de la difusión masiva de sus propuestas respecto a la revolución, forzando así al debate a sus detractores. Esto permite que prevalezca una dirigencia de estirpe reformista, cuyo interés fundamental es la preservación y ampliación de sus cuotas de poder, muy contrariamente a las expectativas creadas entre el pueblo, de tal manera que pocos llegan a creer que exista algún tipo de socialismo revolucionario en todo lo que se hace desde las esferas de gobierno.

No obstante, los únicos modos de asegurar el avance y la consolidación del proceso de cambios revolucionarios en cualquier latitud de nuestro planeta siguen siendo la toma de conciencia, la organización autónoma y la movilización permanente de los sectores populares. No hay otros. Esto, por supuesto, exige producir una forma política que garantice y vele por la emancipación colectiva y no solamente asumir el control de todas las instancias del viejo Estado liberal-burgués al cual estamos todos acostumbrados. La idea primordial en cada uno de los revolucionarios conscientes es que la construcción del socialismo revolucionario no es nada abstracto sino expresión viva de las experiencias acumuladas en la lucha de clases y de la acción práctica emancipatoria de todos los sectores populares. Al plasmarse esto en nuestra realidad cotidiana, su consecuencia visible tendría que manifestarse de lo interior de cada persona a lo exterior de la vida social, dando origen, por tanto, a una revolución de contenido e inspiración verdaderamente socialistas.

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Un compromiso ineludible a asumir desde ya: Derogar la infame ley petrolera

Alejandro Teitelbaum (especial para ARGENPRESS.info)

Los candidatos en las próximas elecciones que pretendan recibir el voto popular deben comprometerse solemnemente DESDE YA a derogar con efecto retroactivo, por insanablemente inconstitucional y por afectar la soberanía nacional sobre sus recursos naturales, la INFAME ley petrolera que acaba de votarse.

Y también deben comprometerse desde ya a no reconocer ningún contrato firmado en el marco de esa ley.

Porque se corre el riesgo de que en caso de rescisión futura de un contrato que celebre el Gobierno nacional actual o alguno de los actuales Gobiernos provinciales con una empresa transnacional, la empresa reclame sumas multimillonarias como indemnización porque se diga privada de “los beneficios que podía razonablemente esperar” o de las “ganancias futuras o esperadas”, basada en alguno de los 54 Tratados de Promoción y Protección de Inversiones Extranjeras (TPPI) celebrados y ratificados por el Congreso en el decenio de 1990 durante el Gobierno de Menem.

En efecto los TPPI incluyen cláusulas previendo la indemnización en caso de expropiación u “otras medidas de efecto equivalente”. Esta última frase, ambigua, permite exigir la indemnización en caso de medidas adoptadas por el Estado receptor que “privan al inversor de los beneficios que podría razonablemente esperar”, como dijo el tribunal arbitral en el caso “Metalclad c/México”, en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En 1996 la empresa norteamericana Metalclad demandó al gobierno mexicano por violar el capítulo 11 del TLC, cuando el gobierno de San Luis Potosí impidió abrir a dicha empresa un depósito de desechos tóxicos. Bajo las normas del TLC, la denegación del permiso para abrir un vertedero fue considerada un acto de “expropiación” y el gobierno mexicano tuvo que pagar a Metalclad una indemnización de 16,7 millones de dólares.

Los TPPI celebrados por el Gobierno de Menem cumplen escrupulosamente con las exigencias del poder económico transnacional. El acuerdo celebrado con Estados Unidos el 14 de noviembre de 1991, en vigor desde el 20 de octubre de 1994, es un modelo en ese sentido. Puede encontrarse el texto resumido de este tratado en http://www.ftaa-alca.org/ngroups/ngin/publications/spanish99/binv_aus.asp y el texto completo en la ley argentina 24124 sancionada el 26 de agosto de 1992, que ratificó el tratado.

Rectificar un cuarto de siglo de políticas menemistas y kirchneristas de escandaloso saqueo del patrimonio nacional, requiere medidas contundentes y sin medias tintas.

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Ley de hidrocarburos: La consagración cortoplacista del saqueo

Fabiana Arencibia (RED ECO)

Un suicidio energético y ambiental de Argentina, una ley más entreguista que la de la dictadura de Onganía, la continuidad del proyecto privatizador en la gestión de nuestros recursos energéticos y estratégicos, una ley de saqueo del petróleo de los argentinos, son solo algunas de las opiniones que pudieron escucharse en la voz de especialistas, parlamentarios y diversas organizaciones, antes y después de la sanción de la nueva ley. En esta nota realizamos una síntesis de las mismas.

La nueva ley de hidrocarburos fue aprobada anoche en el Parlamento por 130 votos a favor, 116 en contra y una abstención, a través de un trámite exprés, sin el debate público que hubiese sido imprescindible ante la envergadura de lo que se discutía. (1)

A pesar de las manifestaciones que se hicieron públicas desde diversos sectores políticos y sociales, advirtiendo sobre el retroceso en materia de soberanía que significaba la norma propuesta por el Poder Ejecutivo, se ha legalizado una nueva herramienta para el saqueo por parte del capital extranjero cuando todavía nos preguntamos qué fue lo que se firmó con Chevrón.

Plataforma 2012, grupo de intelectuales integrado por Héctor Bidonde, José Emilio Burucúa, Roberto Gargarella, Diana Kordon, Darío Lagos, Rubén Lo Vuolo, Maristella Svampa, Osvaldo Tcherkaski y Enrique Vial, entre otros, difundió un documento contra el contenido de la norma cuando aún no era ley.

“El proyecto de reforma de la Ley de Hidrocarburos del Ejecutivo que busca aprobarse en estos días profundiza este camino, en tanto busca transformar en ley los beneficios entregados al sector empresario a través de decretos nacionales y acuerdos diversos, como el alcanzado entre el Gobierno de Neuquén e YPF para explotar el yacimiento de Vaca Muerta en sociedad con Chevrón. Incluso, con la misma pluma que la legislación minera de la década de los 90, esta norma empeora las condiciones, por diversas razones…”, que detallan en el documento (2). Algunas de ellas son:

1- Se reducen los requisitos que, en su momento, por la vía del Decreto Nacional 929/13, se otorgaron a la empresa Chevrón. Se pasa de exigir a las empresas una inversión de 1.000 millones de dólares para tener derecho a exportar y girar utilidades, a sólo 250 millones.

2- En función de garantizar la seguridad económica de los grandes actores empresariales del sector, el proyecto de Ley limita el tope del 12% de regalías a las empresas concesionarias, el porcentaje más bajo de todos los países latinoamericanos.

3- El Estado (nacional y provincial) se auto-excluye explícitamente de la exploración y explotación hidrocarburífera en sus propios territorios, así como renuncia al control público de la actividad hidrocarburífera.

4- El proyecto de ley no contempla en absoluto la consulta a los pueblos originarios que habitan los territorios explotados y por explotarse, tal como establece el convenio 169 de la OIT, incluido en nuestra Carta Magna y las Constituciones provinciales.

5- El proyecto de ley no posee ninguna disposición ambiental a pesar de que el Congreso Nacional tiene, a través del artículo 41 de la Constitución Nacional, la potestad de establecer normas de presupuestos mínimos de protección ambiental.

"Con esta Ley se están entregando nuestros recursos energéticos estratégicos a las multinacionales. (…) Hoy se escribió un capítulo más de la entrega de nuestra soberanía nacional, es la continuidad del proyecto privatizador en la gestión de nuestros recursos energéticos y estratégicos. (…) Esta Ley entreguista acordada a espaldas del pueblo permite concesiones absurdas que nos harán perder soberanía por 60 o 100 años y garantizando la libre disponibilidad de divisas a partir del tercer año de inversión", afirmó José Rigane, secretario general de la Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina (FeTERA-CTA).

Horacio Micucci es integrante del Instituto de Estudios Nacionales y ha trabajado con Adolfo Silenzi de Stagni, quien fue continuador de la línea del General Mosconi (fundador de YPF) de defensa petróleo en manos del Estado.

En una entrevista difundida durante la emisión de este jueves de Enredando las Mañanas, el programa de la RNMA, Micucci dijo: “La nueva Ley de Hidrocarburos implica profundizar la dependencia que tenemos. Un supuesto gobierno progresista, nacional y popular profundiza una ley de entrega; legaliza el acuerdo con Chevrón que es secreto hasta el día de hoy aun para la misma provincia en que se aplica”.

Se refería a la ley vigente que es la 17.319 y que fue sancionada durante la dictadura militar de Onganía a la que, comentó Micucci, “le agregaron modificaciones parciales que le han profundizado el carácter de ley de dependencia y de entrega de petróleo”.

Durante la entrevista explicó que la nueva ley aprobada, “es más entreguista que la de Onganía porque esa ley establecía una superficie que se podía conceder a las empresas privadas de áreas petroleras y decía que no podían ser mas de cinco por empresa. A medida que pasaron los años se fue violando esa ley y por distintos medios se llegó a que las empresas pueden tener 30 o 40 concesiones. Esta ley que se acaba de aprobar saca el límite de concesiones. Se puede conceder todo lo que se quiera y por tiempos enormes; estamos hablando de 35 años más 10 de prórroga o de 30 años más 10. Si das un área petrolera con petróleo asegurado y lo das hasta prácticamente su agotamiento, lo estas regalando”.

Claudio Lozano es diputado nacional de la CTA y presidente del bloque Unidad Popular. En una entrevista realizada ayer miércoles durante el programa Los Locos de Buenos Aires (FM LA Tribu), comentó que el bloque UP presentó una propuesta a todos los legisladores, no solo opositores sino también oficialistas, para alcanzar un compromiso público de que, si no se podía modificar o evitar que se sancione el proyecto, luego de las elecciones 2015 y de la asunción de los nuevos legisladores, la norma se revise y se derogue.

“Desde nuestro punto de vista, con esta norma se sientan las bases que efectivamente habilitan la posibilidad de un suicidio energético y ambiental de Argentina. En principio porque ratifica una orientación básica propia de los ‘90 y que se repite aquí, que es entender a los hidrocarburos como una suerte de mercancía, de commodity que se coloca en el mundo, en lugar de entenderlos como un recurso de carácter estratégico y de un bien común que debemos defender y disfrutar el conjunto de las generaciones, no sólo la actual sino también las futuras.

En segundo lugar, ratifica una orientación de carácter exportador, tal como se hizo en los ‘90 con el gas y que ha llevado al disparate de haber bajado las reservas de 30 años a 8. Esto se repite ahora para los hidrocarburos convencionales y no convencionales. Además esa orientación exportadora se la estipula sobre la base de la aplicación generalizada del fracking”.

En este mismo sentido, la CTA Auténtica afirmó en un comunicado: “Queremos denunciar que el proyecto supone la masiva utilización de la fractura hidráulica (fracking) como método para la extracción de los recursos no convencionales, lo que comportará serias consecuencias medioambientales y pondrá en riesgo cierto el uso del agua- nuestro bien común más preciado- para la vida de nuestras comunidades. Asimismo, el uso indiscriminado de distintos agentes químicos de alta toxicidad en los procesos de fractura hidráulica, la degradación irreparable del suelo y la ocurrencia de sismos, son otras de las consecuencias indeseables que comportará el uso masivo de este método de producción”.

La nueva ley “garantiza todas las condiciones favorables a las grandes empresas trasnacionales del petróleo y el gas, mediante la generalización de incentivos impositivos y fiscales que se habían otorgado por Decreto en julio de 2013 luego del acuerdo entre YPF y Chevron para la explotación de un proyecto piloto en Loma La Lata Norte- Loma Campana, en la formación Vaca Muerta, que ya tiene más de un año de vigencia y que contiene inaceptables cláusulas secretas, anomalía que ha sido debidamente denunciada por distintas organizaciones luego de la confirmación del mencionado proyecto”, explicó dicha central sindical.

El abogado argentino residente en Francia, diplomado en relaciones económicas internacionales en la Universidad de Paris, Alejandro Teitelbaum, se dirigió a los candidatos para las próximas elecciones al afirmar: “Los candidatos en las próximas elecciones que pretendan recibir el voto popular deben comprometerse solemnemente DESDE YA a derogar con efecto retroactivo, por insanablemente inconstitucional y por afectar la soberanía nacional sobre sus recursos naturales, la INFAME ley petrolera que acaba de votarse. Y también deben comprometerse desde ya a no reconocer ningún contrato firmado en el marco de esa ley. Porque se corre el riesgo de que en caso de rescisión futura de un contrato que celebre el Gobierno nacional actual o alguno de los actuales Gobiernos provinciales con una empresa transnacional, la empresa reclame sumas multimillonarias como indemnización porque se diga privada de ‘los beneficios que podía razonablemente esperar’ o de las ‘ganancias futuras o esperadas’, basada en alguno de los 54
Tratados de Promoción y Protección de Inversiones Extranjeras (TPPI) celebrados y ratificados por el Congreso en el decenio de 1990 durante el Gobierno de Menem”.

El gobierno kirchnerista y los gobiernos de las provincias hidrocarburíferas quedarán en la historia por ser quienes le entregaron a las empresas petroleras privadas nuestro petróleo en lo que se ha nombrado como la “consagración cortoplacista del saqueo y la depredación de nuestros bienes comunes”.

El 24 de setiembre de 1992, Diputados aprobó la Ley de Privatización de YPF. Oscar Parrilli, entonces diputado nacional por Neuquén, fue el miembro informante. Durante el debate sostuvo: “no pedimos perdón por lo que estamos haciendo (...) esta ley servirá para darle oxígeno a nuestro gobierno y será un apoyo explícito a nuestro compañero presidente”, que entonces era entonces Carlos Menem. Después de la votación, entre los que celebraron públicamente estaban el entonces gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner.

Días antes, desde la provincia patagónica, la entonces diputada provincial Cristina Fernández de Kirchner, había dicho: “Un conjunto de legisladores de la Cámara de Diputados de la Nación, cada uno con sus respectivas razones, vienen obstruyendo la posibilidad de que aquella Ley de Federalización de Hidrocarburos y de Privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales tenga siquiera su tratamiento en esa Cámara. Como se comprenderá, ninguna argucia reglamentaria debe estar puesta al servicio de retrasar las soluciones que nuestra provincia necesita. Del dictado de esa ley depende hoy el envío de los U$S 480.000.000 y el pago de nuestra parte en la licitación de las áreas ya concretada”.

Oscar Parrilli es hoy el secretario general de la Presidencia de Cristina Fernández

1) Detalle de la votación en Diputados 
2) Documento completo de Plataforma 2012 

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Argentina: Sobre la Ley de Hidrocarburos

Claudio Lozano

Al momento de la recuperación de YPF por parte del Estado Nacional y las Provincias, sostuvimos que tal decisión constituía un paso necesario pero insuficiente si no se abordaban de manera integral el conjunto de problemáticas del sector acosado por la caída productiva, la desinversión y el descenso sistemático de reservas. Esto exigía derogar los decretos desreguladores del menemismo en el marco de una completa auditoría de las reservas y de los pasivos ambientales, así como avanzar en la revisión integral de las concesiones vigentes de modo tal de permitirnos un posicionamiento mucho más sólido a la hora de potenciar la recuperación productiva de la empresa.

Se trataba de maximizar la apropiación en manos públicas de una renta hidrocarburífera que al 2013 ascendió a u$ 15.500 millones en petróleo y u$11.000 millones en gas, para iniciar el camino de la reinversión en el sector, con el objetivo de la integración regional (asociación estratégica con Petrobras, con PDVSA y con Bolivia) y la reorientación (diversificación) de nuestra matriz energética.

Sin embargo, cuando vemos las políticas que se han tomado en estos dos años, lo que observamos es la continuidad de un tipo de intervención del Estado que es totalmente funcional al interés corporativo de las grandes empresas ya que sigue transfiriendo recursos públicos para financiar recomposición de precios tanto en el caso del gas natural, como en la decisión de autorizar cuotas de importación de petróleo crudo, o la convalidación de aumentos en los precios de los combustibles líquidos que en solo dos años se incrementaron un 100% y que entre enero de 2009 y septiembre del 2014 aumentaron un 400%.

De este modo, YPF, más que actuar como empresa testigo que imponga nuevas reglas de juego al resto de los actores en función de la acumulación creciente de capital nacional y de recuperación del control sobre recursos estratégicos, lo hace como empresa líder del cartel de firmas del sector petrolero. Cartel este que sigue ampliando su capacidad de captar renta sin recuperar inversión ni desempeño productivo y haciendo jugosos negocios con un “Estado bobo” que subsidia vía convalidación de precios al alza en toda la cadena.

Es en este marco que debe interpretarse la ley de hidrocarburos que el oficialismo logró aprobar en el Parlamento. La misma corona esta orientación consolidando los decretos menemistas al generalizar para toda la actividad los decretos 927 y 929 emitidos por este gobierno para el caso Chevron y que promueven la “libre disponibilidad del crudo”, la “libre disponibilidad de las divisas” y la “libre importación de equipos”. Esta ley perpetúa nuestra dependencia energética de los hidrocarburos; propicia el suicidio energético y ambiental de transformarnos en exportadores de hidrocarburos vía la generalización, sin ninguna discusión seria, de la tecnología del fracking, al tiempo que prohíbe expresamente el avance del Estado y sus empresas (tanto nacionales como provinciales) sobre la actividad.

La rechazamos, porque repite los fracasos de los noventa al tiempo que habilita condiciones para un “desastre ambiental” y porque entendemos que, una vez más, las urgencias de la coyuntura llevan al gobierno a hipotecarnos el futuro. Más precisamente, con el objetivo de obtener dólares para el 2015, nos hipotecan hasta el 2060.

Nuestro bloque le propone al conjunto de la dirigencia política responsable, firmar un compromiso de derogar esta norma ni bien se modifique la composición actual del Parlamento Nacional.

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Elogio de la corrupción

Alfredo Grande (APE)

La cultura represora tiene mil caras. El vero ícono, el verdadero rostro se ha perdido y ya nadie recuerda las facciones originarias. Las caras en realidad son las máscaras, los ropajes, las túnicas del Poder. Disfraces que pretenden ocultar, y casi siempre lo consiguen, a los ángeles exterminadores con camouflaje y maquillaje de querubines, vírgenes y herbívoros. Jugamos en el bosque, en los pocos bosques que quedan, mientras no está el lobo feroz. Pero llega rápido, con una ley de hidrocarburos bajo el brazo.

Lobos feroces que se escondieron en los albores de la democracia, se pintaron la cara a los pocos años, y ahora ocupan el centro de la escena con un discurso xenófobo con el mantra justificatorio de la inseguridad. La década ganada donde la pulseada entre política y economía era ganada por la política, da paso a otra década donde sigue ganando la política, pero ahora despojada de los disfraces de los humanos derechos. La cultura represora cultiva como una de sus más preciados tesoros la paradoja. El Comité Oscar Romero de Buenos Aires, con la firma de su coordinador Gerardo Duré denuncia: “La masacre de estudiantes y civiles (en México) ocurrida entre el 26 y 27 de septiembre debe ser tipificada como crimen de Estado. Más allá del involucramiento directo de policías y paramilitares pertenecientes al municipio de Iguala, existen múltiples indicios que sugieren el montaje de una provocación mayor. La existencia de un plan deliberado, coyuntural y de largo aliento, promovido con el respaldo del representante del
Poder Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, y de los altos mandos políticos, policíacos y militares encargados de la Seguridad Nacional que se coordinan cotidianamente con agencias de seguridad estadounidense como la DEA, la CIA, el FBI, la ASN y el mismo ejército estadounidense”. Iguala: el municipio del exterminio. Recuerdo al cura Grassi, y su peculiar forma de entender cómo son “Felices los Niños”.

"Hoy un juramento, mañana una
traición, virtud de funcionario,
amar la corrupción"
(Aforismo implicado gardeliano. AG)

La cultura represora siempre ha buscado ocultar los exterminios que son su constante de ajuste.

“La solución final” denominación encubridora del holocausto. El “descubrimiento de América”, la “Conquista del Desierto”, el “Proceso de Reorganización Nacional”, siniestras falsedades cuyo fundante siempre es la masacre. Las mil caras de la cultura represora están bajo el manto de neblina de la “falsedad”. El relato de la mejor derecha, es decir, la derecha que es capaz de mostrarse como de centro, incluso de centro izquierda, no es verdad ni es mentira. Como dijo el poeta: es según el color del cristal con que se mira. Y el color del cristal es el color del Poder. Color que pinta la realidad con el engañoso barniz de lo falso. La mentira tiene patas cortas. Pero la falsedad anda con zancos. Y con esas patas logran puentear cualquier realidad. El “per saltum” es la organización permanente en la cual el centralismo deja toda pretensión de democrático

Se cacarea federalismo, pero los unitarios han copado todas las paradas. En la política burguesa nada es verdad y nada es mentira. Si Macri pregona que “en todo estás vos” no es difícil mostrar que es una mentira. Pero el kirchnerismo puede sostenerse como defensor de los derechos humanos lo que no es verdad, pero tampoco es mentira. No es verdad porque nunca, pero nunca, se pronunciaron contra el indulto de Menem, por ejemplo, o firmando habeas corpus, sin ir mas cerca. Pero tampoco es mentira, porque propiciaron juicios contra genocidas y ampararon a Madres y Abuelas de la Plaza. Entonces hay que salir de la ingenuidad suicida que “hay cosas buenas y hay cosas malas”. Lo bueno es una forma de legitimar lo malo. Nadie diría que “le pega y la acaricia”. El cachetazo anula la caricia. Cualquiera sabe que el golpeador acaricia para poder cachetear. Los gobiernos también practican violencias a escala industrial. Y necesitan también practicar ternuras en la misma escala para sostener el auto indulto de todos los días. Con o sin balas de goma.

La cultura represora construye falsedades porque sabe que paralizan, confunden, desorientan, y logran que los hermanos nunca más estén unidos. Una de las falsedades que están de moda, son las denuncias contra la corrupción. Hasta Menem hablaba de la corrupción estructural, supongo que en un avance de su autobiografía. Haber instalado en la “agenda” el tema de la corrupción es un triunfo absoluto de la cultura represora.

Corromper es la alteración de la forma o la estructura original y verdadera. O sea: aceptar lo corrupto es aceptar que lo puro fue degradado. “Roba pero hace, cuando en realidad hace para poder robar” como señala un aforismo implicado. La corrupción es una forma de blanquear la matriz estafadora de la gestión pública. En la cual lo peor son los buenos, porque ayudan a la impunidad de los malos. Obviamente, esos buenos si realmente lo fueran no aceptarían trabajar con los malos. O sea que también son malos. Y los malos siguen siendo cada vez más malos, aunque no necesariamente feos y mucho menos sucios. Todos los malos tienen su amigo judío y algunos judíos se dejan tentar por los malos. El pueblo palestino mucho sabe de esto. No hay pureza que se ha corrompido. La falsedad necesaria: la democracia es blanca y radiante como la novia pero se ha corrompido por los mercaderes de casi todos los templos. Toda democracia ha sido siempre democracia de clase, desde la “gran democracia del norte” hasta las democracias bizarras de “costa pobre”. Encubrir el fundamento clasista de la democracia es más agua contaminada para los molinos del poder represor. El voto universal, obligatorio y secreto es el santo grial al cual los cruzados del poder se abalanzan cada dos años.

Menem, el mejor y el peor de todos, tres veces triunfante en elecciones, sacó patente de corso y de falso cuando digo: “vengo a cambiar la historia”. Y la cambió tanto que lo llamó a Alsogaray. Muy pocos en esos tiempos se lo demandaron. De los muchos que no se lo demandaron, la mayoría enarbola hoy discursos anti liberales, y mal dice a los 90. La falsedad siempre es un recurso de los métodos de la derecha. Cuando colapsa, porque hasta sus piernas largas pueden ser insuficientes, aparecerán los palos para llenar las bolsas de NN.

"Siempre que llovió paró.
Pero la inundación quedó"
(Aforismo implicado. AG)

“A Dios rogando y con el mazo dando” definición contundente de la falsa piedad del cristiano represor. José Schulman, secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, en sus Crónicas del Nuevo Siglo señala: “Para los cultores del “realismo” en la lucha política, aquellos cultores del respeto irrestricto de la “correlación de fuerzas” hasta reducir el accionar del movimiento social y político a la búsqueda de lo “posible” de alcanzar, nunca más de lo posible porque sería descabellado y terminaría “haciendo el juego a la derecha”, son días difíciles y ciertamente incómodos.

“Luego de diez años de juicios contra los perpetradores del genocidio y de construcción de políticas públicas de memoria y de auto erigirse en el modelo de respeto a los derechos humanos, la parte mayoritaria de la fuerza política en el gobierno comienza a asumir sin culpas ni complejos el discurso por medio del cual la derecha clásica y nostálgica resistió esas políticas de Juicios y Memoria hasta lograr instalar en la agenda social su propia secuencia de la historia reciente.”

Para que pueda tener remedio, es necesario pensar que no se trata de una verdad triste, sino de una falsedad burlona. Después de haber encontrado el cuerpo de Luciano Arruga enterrado como NN, asesinado por nuestra “maldita policía”, aparece el discurso de la seguridad basada en la expulsión de los extranjeros delincuentes. El colombiano, mejicano, peruano, que practican el turismo delito. Otra falsedad. Porque siendo verdad, también es mentira.

La misma falsedad de la Ley de Residencia. O aquella de que achicar el Estado era agrandar la Nación. O que el Estado somos todos (y todas). Corrupción es la falsedad que es la verdad en zancos. Nada puro se ha corrompido. Ni la Patria, ni Dios se lo demandan. Por el contrario: otorgan impunidad y jubilaciones de todos los privilegios. Llegan para robar y se van con la satisfacción del deber cumplido. La inseguridad es otra falsedad.

Hay planificadas políticas de exterminio y la solución parcial y final es que las víctimas sean las culpables. Los victimarios en Puerto Madero, las víctimas en las cárceles, escuela para los represores de ayer, de hoy y de mañana. La cultura represora elogia la corrupción: siempre construirá el puro que nos devolverá la fe perdida. Arrasemos con esa falsedad. No hay corruptos: son los más puros exponentes de la más cruel explotación de clase. Así en la tierra como en el cielo, así en dictadura como en democracia.

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Reforma del Código Procesal Penal. Matías Fachal: “Con la reforma se renuncia a investigar”

ACTA

Uno de los temas de la semana estuvo relacionado con el debate en torno al Código Procesal Penal, cambio jurídico muy importante en lo que tiene que ver con la vida en sociedad. Para hablar sobre este tema los compañeros y compañeras de Estación Central (Radio Sur, FM 88.3) entrevistaron a Matías Fachal, Secretario General Adjunto de la Asociación de Empleados Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires (AEJBA-CTA) y Secretario Gremial de la CTA Capital.

-Desde la perspectiva de un trabajador judicial, de alguien vinculado a la lucha gremial y que está vinculado a la Justicia, ¿Cuál es la primera opinión que tenés sobre este debate y la reforma del Código?

- Aparecen varios aspectos en ello. Desde ya, a nosotros también nos parece que es necesario reformar ciertos aspectos de la Justicia, en líneas generales tiene un sistema organizacional diseñado hará 100 años. Trabajando desde adentro entendemos que es un poder de los más conservadores del Estado, entendemos que a los jueces no los votamos, no los elegimos como a los Diputados y Senadores, tampoco son por cuatro años, sino que se quedan prácticamente toda la vida. Entonces, hay que hacer transformaciones y cambios. Ahora bien, estas que intentan introducir a través de la reforma del Código Procesal Penal, no entendemos que sean de las más acertadas.

Esto que se planteó la semana pasada por parte de la Presidencia, ya se está implementando en algunas jurisdicciones, en la provincia de Santa Fe, en Chubut, en la Pampa. Aquí mismo, en la Ciudad de Buenos Aires, si bien con delitos de menor cuantía, por definirlo de algún modo, se rigen por un Código Procesal Penal de similares características del que intenta implementar el Poder Ejecutivo a través de esta reforma.

Dichas estas aclaraciones, desde ya lo más rimbombante es la cuestión esta de que a cualquier extranjero que se presuma que haya cometido un delito hay que expulsarlo, nos remite a la Ley de Residencia de hace 100 años. Lo mismo el tema de quién define cuál es un delito de conmoción social, para que esa persona tenga que ser encarcelada o aguardar el juicio sí o sí presa. Sabemos o entendemos que los medios juegan un rol importante en definir opiniones, criterios en la sociedad, entonces, ante un hecho que toma envergadura pública, los medios con más razón podrían también jugar un rol que podría llegar a incluso determinar la libertad o no de una persona. Esto es lo más relevante que se ha estado discutiendo.

Ahora bien, hay otras cuestiones que nadie las está diciendo. La reforma del Código trae aparejada que en pos de la celeridad -que también nosotros estamos de acuerdo con el concepto de que una Justicia lenta no es Justicia- estos plazos que se intentan imponer y estos nuevos mecanismos que se intentan implementar, directamente dejarían de lado la investigación. No se harían juicios, se le dicen juicios abreviados pero no son juicios, no se abre a debate, no se investiga, ni interesa buscar la verdad. Por lo cual, a través de estos nuevos mecanismos, puede haber personas tal vez inocentes terminan aceptando culpabilidades que no tienen, o aquellos que son culpables no terminan teniendo las penas que debieran tener por los delitos que cometieron. Porque se termina acordando penas entre la parte acusadora -los fiscales- y las defensas. El juez es un mero escribano que homologa, que certifica y que corrobora ese acuerdo.

-La mitad de los presos, por ejemplo en la Provincia de Buenos Aires, no tiene sentencia firme. Quiere decir que son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario pero están ya en las cárceles ¿Con este código llenaríamos aún más las cárceles sin su debido proceso judicial?

- Exacto, por un lado podría pasar eso, con estas cuestiones de aplicar la flagrancia o la conmoción social, se podrían abarrotar más las cárceles aún. Y por el otro lado, también lo que podría generar es, como vos mencionabas, que la mitad de los presos de las cárceles estén sin condena firme. Bueno, acá con esta cuestión, le podrían decir a los acusados "aceptá tu culpabilidad", sin saber si la tienen, porque ya no importaría. Este es el concepto, no importa la verdad, no importa investigar, entonces, vos aceptás la culpabilidad así te vas a tu casa o estás menos tiempo en la cárcel.

Entendamos que las cárceles no se llenan con los ricos, con los poderosos que pueden pagar a los mejores abogados o a los grandes estudios jurídicos que tienen todos los recursos dispuestos para defender a alguien en el Juicio. Los pobres que tienen que acudir a la defensa pública, que les termina recomendando, para sacarse los casos de encima, que acepten culpabilidades que a veces no tienen para estar menos tiempo en la cárcel o irse más rápido a la casa. Bueno, vos decís "ahí vaciamos la cárcel", pero no. Por un lado pueden aceptar una culpabilidad que no se tiene, o terminar teniendo una condena menor a la que hubiese correspondido, pero por el otro, no es que ya está, zafaste de la culpabilidad, te vas a tu casa y otra nueva vida. Si vuelven a detener a esa persona y la acusan de otro delito, le van a sumar la pena anterior completa. O si no tuvo cárcel se le va a sumar ante la posibilidad de que haya cometido o no un delito. Porque otra vez se renuncia a investigar y las cárceles podrían estar más llenas, incluso con gente que no cometió ningún delito.

-Estuvimos todo este año hablando sobre el espíritu del Código Civil y Comercial, ahora viene el Código Procesal Penal, ¿Se complementan de alguna forma esos dos códigos para generar un objetivo en común o son los dos pueden entender como independientes?

- Jurídicamente serían distintos, pero políticamente entendemos que hay una sintonía. En lo que fue la unificación del Código Civil y Comercial, si bien podríamos decir se avanzó en algunos derechos individuales, en cuestiones más generales, sociales o laborales hubo retrocesos. Ahí se consolidó la pérdida de soberanía, la pérdida de jurisdicción de nuestro país, a favor de tribunales internacionales comerciales. Como por ejemplo lo del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), que durante la década del 90 y también del 2000, se vino aplicando por leyes menores, por llamarlo de alguna manera, o se vino aplicando por los contratos suscritos con las empresas multinacionales, eso quedó consolidado en una norma mayor como es el Código Civil y Comercial. Entonces, todo este debate con los Fondos Buitres pareciera terminar siendo para la tribuna, porque en el Código se convalidó renunciar a dirimir esos problemas en vez de en nuestro país, en tribunales internacionales como es el del Juez Griesa o en los tribunales del CIADI. Con lo cual ahí es evidente un doble discurso.

Entonces, hay una sintonía política en ese sentido. Porque el Código Procesal Penal que se modifica va a seguir persiguiendo a los sectores más vulnerables, con menos recursos, va a seguir encarcelando a los mismos de siempre, a los ladrones de gallinas, pero definitivamente no va a en pos de perseguir a las mafias, al crimen organizado, a la corrupción, a los grandes movimientos de capitales para su blanqueo o cosas por el estilo. Bueno, el Código Civil y Comercial también es un retroceso en ese sentido, tiene consolidación de cuestiones muy neoliberales.

-Nosotros entendemos que no puede haber reforma del Código Procesal Penal sin la participación popular, porque son temas que tienen que ver con el interés de todos.

- Tendría que haber participación de la sociedad, de los trabajadores, de las distintas organizaciones sociales en el debate de este Código. Esto es muy importante para nuestra sociedad, acá se va a intentar llevar a juicios abreviados, a probation, a mediaciones, cuestiones como la Violencia de Género, los abusos sexuales, llevar a las víctimas a tener que negociar con sus victimarios. Ha habido muchos casos en las provincias que yo mencioné antes. Fijémonos como esto sí va a modificar nuestra forma de vivir, así que de ahí la importancia de que la sociedad se involucre en este debate.

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La reforma procesal de Boudou y Berni

Claudia Ferrero (APEL)

La reforma del Código Procesal Penal se inscribe en la batalla de fondo que el gobierno libra en el frente judicial. Se ha publicitado largamente su propósito de garantizar la impunidad de la camarilla oficial, agobiada por denuncias de corrupción. Pero no ocurrió lo mismo con sus ataques a las libertades democráticas, en la línea de las leyes antiterroristas y otras disposiciones represivas que la oposición, de un modo general, apoya.



Corrupción

El Código de Procedimientos regirá en todo el país para los delitos federales -como narcotráfico, falsificación de moneda y defraudación fiscal- y a los que involucran a funcionarios públicos -como enriquecimiento ilícito e incumplimiento de deberes, entre otros. El cambio más significativo radica en que serán los fiscales quienes estarán a cargo de impulsar la investigación y recabar las pruebas en el proceso. De ese modo, queda limitado el papel de los jueces de instrucción, quienes tendrán prohibido realizar actos de investigación o impulsar la persecución penal. En la instancia del juicio oral, tampoco podrán realizar preguntas ni suplir la actividad de las partes.

El impulso y la calidad de la acusación son depositados, por lo tanto, en los fiscales. Actualmente, la jefa de los fiscales es una ultra K, la procuradora Alejandra Gils Carbó, protagonista en el freno a las causas que involucran al poder político.

Gils Carbó nombró fiscales sub-rogantes a diestra y siniestra, lo que le valió una denuncia que fue desestimada por un juez amigo de los K, Sebastián Casanello. Antes de fin de año, serán designados por este "método" diecisiete nuevos fiscales. El nuevo código permitirá que la procuradora asigne causas discrecionalmente, sin sorteo.

Es cierto que el fiscal no podrá desestimar la acción penal cuando haya funcionarios públicos involucrados, algo que el oficialismo argumenta para responder a las críticas de la oposición. Lo que no dice es que los fiscales podrán dejar caer las causas por corrupción si no existe denuncia o limitar los pedidos de prueba.

Libertades democráticas

Entre sus nuevas atribuciones, los fiscales podrán solicitar a los jueces allanamientos y requisas en forma oral, lo cual podrán fundamentar por escrito luego de realizados. En un extremo, estas medidas se presentarán como hechos consumados, sin control por parte del imputado ni de las víctimas.

Un artículo del nuevo código faculta al fiscal a realizar investigaciones genéricas para esclarecer "alguna forma especial de criminalidad". Es un verdadero cheque en blanco que puede ser utilizado para criminalizar la protesta social, en la línea de las leyes antiterroristas contra las organizaciones populares. Del mismo modo, se ha redactado el artículo que regula la prisión preventiva con términos indefinidos, como "la gravedad de las circunstancias" y "la conmoción social del hecho", cuyos alcances quedan a criterio de quien juzga.

Llamativamente, se excluye la aplicación de la prisión preventiva para los delitos de abusos sexuales, incluso a menores, si no existieran lesiones graves o muerte de la víctima. Esto impacta directamente en los casos de violencia de género, en las que el violador puede actuar sobre las víctimas mediante amenazas con el propósito de evitar el proceso.

En relación a la participación de la víctima, no se ha avanzado más allá de la jurisprudencia existente. En cambio, se consagra el derecho del sector público a constituirse como querellante. El gobierno había intentado hacerlo en el juicio por la masacre de Once para encubrir sus propias fechorías, pero el tribunal se lo denegó.

La posibilidad de expulsar a los extranjeros del país, prevista en los casos de indocumentados que incurran en delitos menores, podría constituirse en un nuevo recurso para la criminalización de la protesta -por ejemplo, contra las ocupaciones de terrenos federales, los cortes de vías o calles o cualquier otra medida de lucha. Medio siglo después de su derogación, el kirchnerismo ha reflotado una versión propia de la Ley de Residencia, que la Unión Industrial exigió a principios del siglo XX contra la organización obrera que emprendían los inmigrantes de filiación socialista o anarquista. El nuevo código no sólo está redactado a la medida de los Boudou y Jaime: es la letra y el puño (represor) de Sergio Berni. Oponemos a estos planteos reaccionarios la elección de jueces y fiscales por el voto popular, así como el cierre de las causas y la anulación de las condenas de todos los perseguidos por luchar.

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El polémico fin de los FinEs

Álvaro Fuente (OTRO VIENTO)

Por dos motivos el Plan lanzado por el Ministerio de Desarrollo Social denominado FinEs (Finalización de los Estudios Secundarios) ha recibido alguna atención este último tiempo. Por un lado una entrevista publicada en Infobae a la investigadora del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales (CEICS), Romina de Luca y levantada por varios medios nacionales, sobre todo opositores al gobierno aprovechando la coyuntura pre electoral, donde se sostiene que el plan es un método para “asegurar analfabetos funcionales al sistema”.

Por el otro, el hecho concreto de que los docentes empleados en el plan suelen tener serios problemas para efectivizar el cobro de sus magros sueldos cuatrimestrales y ya comienzan a organizarse para hacer respetar sus derechos laborales.

Si se analiza la cuestión en detalle se verá que es necesario determinar algo con precisión ¿Hay siquiera una intención oculta o en verdad se trata de la más plana ineficiencia e improvisación?

Definición y objetivo del Plan

El plan FinEs nació como una propuesta del gobierno kirchnerista para paliar la deserción escolar (y los altos porcentajes de repitencia) que desde la llamada época neoliberal no muestra indicios de recupero. La primera etapa del Plan, lanzada en el 2008, se orientaba a la población adulta (mayores de 18) que adeudara algunas materias del último año del secundario y buscaba facilitar la culminación de los estudios a aquellos que se vieran desalentados por la perspectiva de cumplir con las obligaciones de la vida adulta y sostener los estudios a la par.

Este fue el caso del actor Leonardo Sbaraglia, citado orgullosamente por el ministro de educación Sileoni a la hora de contestar a las acusaciones que se lanzaron al plan por otorgar “titulaciones express”. Sbaraglia debía química y su apretadísima agenda no le permitía sentarse un rato a terminar de aprehender la tabla periódica de los elementos. Este primer tramo del plan graduó a cientos de miles de adultos.

Ahora bien, como afirmara el miembro del CEICS y director de un bachillerato de adultos en CABA Eduardo Sartelli: si el plan sólo existe para facilitar a los que debían algunas materias la culminación de sus estudios debemos, primero, abandonar la idea de que se trata de una especie de revolución educativa, es sólo un medio más para que cierta población parcialmente escolarizada alcance su título; segundo, preguntarnos si un Plan así era efectivamente necesario.

Pero el mayor problema nace a partir de la implementación del segundo tramo del Plan, el llamado FinEs 2 lanzado en 2010. Esta etapa ya significa la institución de una escuela secundaria paralela a la escuela tradicional y es el foco de todas las críticas. Sucintamente este plan consiste en la realización completa de la formación secundariaen un período de seis cuatrimestres en los que el alumno debe asistir dos veces por semana cuatro horas por día a una escuela-sede para recibir una currícula recortada (alrededor de seis o siete materias por cuatrimestre).

Allí varios profesores por materia designados, bajo las más diversas circunstancias dependiendo de quiénes administren el Plan en cada distrito, deben asegurar el derecho constitucional a la educación, bajo las condiciones que encuentren y por un salario inferior al percibido en la secundaria tradicional, sin los beneficios de cobrar mensualmente (La Plata), sin poder calificar para subir puntos en listado, sin reconocimiento de ese trabajo como antigüedad docente, entre otros aspectos que violan abiertamente el Estatuto del Docente.

Criticas, ¿aciertos? Números.

Las críticas al funcionamiento efectivo del Plan son muchas: condiciones de trabajo precarizadas, currícula recortada, facilidades en tiempos de estudio y en el tipo de las evaluaciones etc. Sin embargo, tal vez el hachazo haya que dárselo a la base del tronco, no a sus ramas ¿En un país que históricamente se ha caracterizado en la región -y alguna vez en el mundo- por sus índices de alfabetización y estructura educativa, un plan así es realmente necesario?

El sistema educativo argentino dispone ya de dos variantes para los mayores de edad interesados en terminar sus estudios: una extensa red de Bachilleratos para Adultos, y losCENS, fundados en 1974 por la Dirección Nacional de Educación de Adultos y que funcionan en cientos de escuelas públicas del país.

Estos centros fueron creados precisamente para que los mayores de 18 puedan terminar sus estudios secundarios. ¿En qué radica su deficiencia, que ahora el mismo Estado reconoce la necesidad de crear toda una red de escuelas-sedes a lo largo y ancho de la patria? ¿Rebalsaron los Bachilleratos nocturnos y los CENS de alumnos y la infraestructura escolar no da abasto?

La respuesta a esto se da en números. Primero, en los números referidos al tiempo efectivo de estudio: la culminación actual del secundario en un CENS al día de la fecha implica una asistencia de cinco días a la semana, cinco horas por día, durante tres años. A este régimen el FinEs 2 le opone una gran tentación: el mismo título, dos veces por semana, cuatro horas por día, la mitad de materias.

Sólo el masoquista optaría por el primer camino. No obstante, afinemos el lápiz. No se trata solamente de fomentar la molicie y la vagancia, puesel Plan ofrece seguir estudiando a una población que en su mayor parte se pasa todo el resto del día trabajando para llegar a fin de mes.

Los alumnos varían según sedes y zonas, pero es de lo más común encontrar albañiles, empleadas domésticas precarizadas, taxistas, desocupados que viven de la changa diaria o se sostienen a través de la red de asistencia social del gobierno. Alumnos que paran el taxi en la puerta de la escuela para atender a clase, mecánicos que llegan con las manos engrasadas, enfermeras que terminan su turno noche a las 6 am para entrar a cursar a las 8, madres amamantando a su hijo recién nacido mientras intentan retener en la memoria algo de lo que está diciendo el docente.

En segundo lugar debemos atender a los números que le importan a la clase política: las estadísticas. "En 2003 -dice Mariano Narodowski, especialista en política educativa y autor estudiado en la formación pedagógica universitaria- comienza una caída en picada del número de estudiantes que efectivamente terminan el secundario. Entre 2003 y 2011 la caída fue de 12%, lo que habla de problemas de exclusión de adolescentes, sobre todo de los más pobres, y de calidad educativa. Pero en 2012 (último dato oficial) las cifras pegan un salto llamativo y se recuperan en un solo año, subiendo 15% el número de graduados de escuelas medias".

La explicación, aclara Narodowski: "no es un mejoramiento sorpresivo de la escuela ni la inclusión de adolescentes pobres ni un nuevo logro de la política educativa: se trata del Plan FinEs que, con sus graduados, encubre el brutal déficit de la escuela secundaria". Y cita el "revelador" caso del conurbano bonaerense, donde, entre 2003 y 2011, sus graduados secundarios se habían desplomado un 22%, pero sólo en 2012 crecieron el 17%. "Las cifras de abandono y no graduación ahora se confunden con las de los graduados por FinEs", afirma.

Lo que toques y lo que veas, es todo lo que tu vida será.

Retomando el título de la tesis de Romina De Luca, la década K en educación es una década perdida. En relación al período neoliberal –cuyo fin efectivo es cada vez más fácil poner en duda- la política educativa kirchnerista (si es que existe algo con ese nombre, por lo menos en el nivel secundario) se muestra en solución de continuidad. El Plan FinEs puede estar plagado de excelentes docentes, educadores populares, militantes comprometidos, pero en el balance quizás sea más perjudicial que beneficioso para aquellos sujetos a los que pretende “incluir”.

El concepto de inclusión se vuelve central en el debate respecto del plan. Cualquier docente que haga la experiencia de participar (mejor dicho de trabajar) allí, sobre todo en las sedes más alejadas del casco urbano y necesariamente por ello las más humildes, no podrá más que darse de bruces con los hechos. Sileoni empleó en su retórica el recurso a la autoridad citando al educador popular Paulo Freire, afirmando que con el Plan el Estado nacional “va a la gente”, se acerca a educar al pueblo, como si eso implicara un estado comprometido con la educación.

Tal idea puede seducir al militante en busca de una construcción de base, pero pensemos ¿cuál es la presencia efectiva del estado en una sede barrial? No más que un docente recibido o en formación, designado en “actos públicos” que funcionan sospechosamente por fuera del sistema oficial (la Secretaría de Asuntos Docentes), cuyo salario nadie es capaz de revelarle y que con suerte cobrará –muchas veces en cuotas que no se llevan bien con la inflación- dos o tres meses luego de finalizado su cuatrimestre de servicio.

Además, el transporte corre enteramente a su cuenta realizando a veces viajes de una duración similar al tiempo de clase dictado, un mobiliario que oscila entre pupitres, pizarras, fibrones, escritorio para el profesor a cuatro chapas remachadas, piso de tierra y tablones domingueros (consideraciones referidas a ART mejor dejémoslas de lado).

Además, la presencia del gobierno, no del Estado, en la figura de un “referente”, militante camporista que- contrario a lo que se opina generalmente- la mayoría de las veces parece poco comprometido con la causa, apenas preparado para su rol de coordinador, muchas veces ayudando a confundir entre los alumnos los derechos constitucionales con la propaganda política.  

Este método pedagógico presentado como progresista puede tener algún efecto beneficioso (es claro que si no fuera porque las sedes están en los barrios y en las villas, muchos alumnos no completarían su trayecto de formación mínimo), sin embargo el árbol no puede tapar el bosque, y como dijera nuestra mandataria en su momento “no se puede tapar el sol con las manos”, esta manera de educar hace que el Estado se desentienda casi por completo de financiar el sistema educativo como corresponde.

En conclusión, el plan FinEs 2 no es más que eso: un plan, como el Progresar, como la asignación universal u otros. No es una política de estado, no es una solución estructural. Sí es una formidable herramienta de propaganda y aire caliente, para fines de 2015 el Plan habrá graduado cientos de miles de adolescentes más.

Mientras tanto, docentes y alumnos por igual ven por televisión los debates referidos al pago a los fondos buitre, “la voluntad de pago de la Argentina”; ven inventarse un organismo para concretar transferencias por miles de millones de pesos.

A la par, los docentes deben esperar pacientemente el día en que alguien se digne a pagarles lo que les deben, los alumnos contentarse con hospitales desbordados, mal equipados, escuelas llenas de humedad, sin calefacción o pupitres, precios de productos de primera necesidad totalmente absurdos.

El plan FinEs sólo corrobora lo que a esta altura de la historia no es ningún secreto: la escuela no es el campo de batalla para acabar con la marginalidad y la explotación, es más bien la radiografía exacta de las clases en pugna, el laboratorio donde se constatan las consecuencias de seguir manteniendo estructuras sociales esencialmente injustas.

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Un viaje hacia las utopías revolucionarias (CLXVIII): “Las tres a son las tres armas”

Manuel Justo Gaggero (especial para ARGENPRESS.info)

Durante la conferencia de prensa en que denunciamos la masacre de “Capílla del Rosario” en la que fueron asesinados, por efectivos del Ejército Argentino, 16 guerrilleros integrantes de la Compañía de Monte del Ejército Revolucionario del Pueblo “Ramón Rosa Jimenez” y lo escuchaba a Silvio Frondizi mencionar que se habían violentado elementales derechos humanos y las convenciones de Ginebra sobre el derecho humanitario en tiempos de guerra; pensaba que este comportamiento no era nuevo.

Desde la década del 50 las Fuerzas Armadas de los países latinoamericanos, incluidas las de nuestro país, se habían convertido en el instrumento político militar de las clases dominantes y del imperialismo norteamericano.

Estas, garantizaban el sistema de explotación capitalista dependiente diseñado, desde Washington, para nuestras naciones.

En el caso argentino se apuntaba a un modelo de agronegocios con escaso desarrollo industrial, proveedor de materias primas y con una clara explotación de los recursos naturales; por parte de empresas monopólicas extranjeras.

En la década del 60-70 surgen organizaciones revolucionarias que cuestionan en serio este esquema y se plantean una disputa del poder real, tomando como referencia la Revolución Cubana que había demostrado que fuerzas irregulares, apoyadas en la clase obrera y el pueblo, podían derrotar a un ejército profesional.

Frente a este desafío es que el partido militar llega a un acuerdo con la burocracia sindical y la fracción burguesa del peronismo acordando que el regreso del “General” se enmarque en el claro lineamiento de tomar partido en este conflicto, a favor de los sectores hegemónicos.

Es este compromiso que se advierte cuándo Perón participa del complot palaciego para desplazar al gobierno de Héctor Cámpora y poner fin a la “primavera cámporista”, asimismo al sugerir y respaldar el desarrollo del “Somatén” criollo, que adopta diversas denominaciones -TRIPLE A-Comando Libertadores de América-CNU o Comando Entre Ríos- y también al encubrir, con un manto de impunidad, el secuestro y desaparición forzada de los militantes populares, integrantes del ERP : Reinaldo Antelo y Héctor Roldán, el 20 de enero de este año.

Sin duda, su sucesora María Estela Martinez, no sólo que no iba a ordenar que se investigara la masacre que estábamos denunciando sino que censuraba toda difusión de la misma en los órganos de prensa que respondían al oficialismo y presionaba, en esa dirección, a los de la llamada “prensa seria”; por cierto nada “independientes”.

Cuándo estaba, ensimismado en estas cavilaciones, y ya concluida la rueda de prensa en esos días de setiembre de finales de ese crudo invierno de 1974, decidimos ir al estudio de Silvio a delinear como seguir y que caminos tomar para lograr que la denuncia tuviera repercusión en el Congreso Nacional.

En esa dirección nos comunicamos con Mario Abel Amaya, Rafael Marino, Héctor Sandler y Miguel Zavala Rodriguez que ya estaban elaborando un pedido de informes para presentar, ese mismo día, en la Cámara de Diputados.

Por su lado Hipólito Solari Yrigoyen, diferenciándose de la conducción de su partido la UCR, hacía lo mismo en el Senado; pese a que el atentado perpetrado por la Triple A. le causara serios daños físicos, de larga y dolorosa recuperación, que limitaban su actividad.

Con los organismos de derechos humanos, vinculados al reformismo, teníamos dificultades ya que insistían en caracterizar la actividad revolucionaria “como infantilismo pequeño burgués”; calificación con la que se opusieron a la epopeya del Che en Bolivia.

Con estos nos vinculamos, por intermedio de la Comisión de Familiares de los Presos Políticos; altamente movilizada y con inserción popular.

Terminada la reunión me fui con Alfredo Curuchet al estudio de Aldo Comoto en el que, dada la amistad que nos unía, realizaba la actividad profesional que había retomado luego de encabezar la campaña por la reapertura de los diarios “El Mundo” y “Respuesta Popular”.

Allí acordamos juntarnos a cenar esa noche, en la “Cantina de David” ubicada en Córdoba y Jorge Newbery, con Luis Cerrutti Costa que estaba muy preocupado por las amenazas que recibía y, al que el PRT, le había alquilado un departamento para que viviera en la “semi clandestinidad”.

Nuestro querido compañero cordobés me advirtió que podía llegar tarde o no llegar ya que había acordado encontrarse con una compañera abogada que lo tenía “embobado”; como dirían en mi pueblo.

Cerca de las nueve nos encontramos con Luis y empezamos a cenar ya que el “Cuqui” no llegaba.

Le conté todo lo que habíamos pasado en San Fernando del Valle de Catamarca.

La sensación que tuve en esos días es que la represión no tenía límites legales y que apelarían a todo para frenar el auge y desarrollo del movimiento popular y revolucionario.

Me contó que el Buro del PRT le había propuesto que se trasladara a Francia y se radicara en ese país donde además tenía contacto con las centrales sindicales, para organizar la solidaridad internacional, ya que estaba claro que los espacios democráticos se estaban reduciendo aceleradamente, que la actividad de los hombres públicos, como él, comprometidos con la Revolución, estaba cada vez más acotada y que era importante la presión que se podía ejercer desde afuera del país.

Los compañeros del PRT, entendían, que había tres pilares fundamentales en la lucha revolucionaria -el partido, el ejército y el Frente- y un cuarto que se podía tornar decisivo: la solidaridad internacional; como había quedado caramente demostrado en la guerra de liberación de Vietnam, que ya estaba concluyendo, con la retirada de las tropas invasoras de los Estados Unidos.

En el mismo nuestro amigo podía jugar un rol importante ya que era uno de los abogados laboralistas más reconocido en el país y sus publicaciones habían sido reeditadas en varios idiomas.

Por otro lado desde la CGT de los Argentinos había construido una firme relación con organizaciones obreras de todo el mundo.

Convencidos que, posiblemente, este fuera nuestro último encuentro nos despedimos con un fuerte abrazo.

Al día siguiente y, como habíamos acordado con Alfredo si no llegaba a cenar, fui a la Confitería “El Olmo” ubicada en la intersección de Pueyrredón y Santa Fe para desayunar con él.

Me llamaba la atención que no había llegado aun siendo que ya había pasado más de media hora de la acordada; cuándo una noticia que apareció en el televisor, que estaba encendido en el local, me lleno de angustia.

En la misma se daba cuenta que se había encontrado el cadáver de una persona de sexo masculino en las “piletas de Ezeiza”, acribillado a balazos y con signos de haber sido torturado previamente.

Posteriormente, completando la información, consignaban que en un comunicado distribuido por la Triple A, esta se hacía cargo del crimen de nuestro amigo Alfredo señalando que de esa forma “castigarían a los abogados que estaban al servicio de la subversión”.

No podía creer lo que escuchaba.

Me invadió una sensación de zozobra y de profundo dolor.

Pensé que a lo mejor se habían equivocado y que esto era parte del clima de terror generado desde la Casa Rosada.

Desde un teléfono público la llame a Inés para preguntarle si “Cuqui” había estado con ella, me dijo que no; que lo espero pero nunca llegó.

Al comentarle lo que había escuchado no pudo seguir hablando porque comenzó a sollozar.

Su respuesta aumento mi dolor. Tenía que hacer algo.

Lo llame a Silvio y decidimos ir a la morgue.

En el camino, como anunciando lo que iba a pasar me dijo: “Manolo esas balas eran para mí”.

¿Cómo se produjo el crimen de Alfredo”? ¡De qué forma se demostraba la conexión entre las represión militar oficial y la para estatal? ¿Cómo organizamos el sepelio de nuestro querido compañero en la ciudad del “Cordobazo”? Estos y otros temas abordaremos en nuestra próxima nota de esta saga.

Manuel Justo Gaggero es ex director del diario “El Mundo” y de las revistas “Nuevo Hombre” y “Diciembre 20”.

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Malos tratos carcelarios

RED ECO

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó que un joven no falleció por muerte súbita en 2008 en la Unidad 9 de Neuquén, como indicaba la versión “oficial”, sino como consecuencia de la tortura recibida dentro de su celda. Los presos de la cárcel de Bouwer en Córdoba, denuncian las condiciones de detención en las que se encuentran y la complicidad judicial que permite irregularidades en sus causas. Dos casos que no son excepción sino regla, tal como lo demuestra el registro de casos 2013 que la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires acaba de presentar. Red Eco Alternativo.

El 8 de agosto del año 2008, Argentino Pelozo Iturri fue brutalmente golpeado en su celda de la Unidad Penitenciaria 9 de Neuquén. Luego lo llevaron a la enfermería, pero en el traslado le siguieron pegando hasta que se desmayó. Pocos días después el joven falleció en el Hospital Castro Rendón. Los médicos forenses que le realizaron la autopsia manifestaron que Iturri había fallecido por “muerte súbita”.

A pesar de esto la causa siguió, aunque muy lentamente. Recién a principios de setiembre de este año, la Cámara Federal de Apelaciones de Fiske Menuko, General Roca, confirmó el procesamiento de 14 agentes del Servicio Penitenciario Federal por torturar hasta la muerte a Iturri. A partir de este fallo, la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), que actúa como querellante en esta causa, pidió un nuevo peritaje médico para determinar el verdadero motivo de la muerte de Iturri. El examen del Departamento de Tanatología del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que el joven “padeció una hemorragia meníngea y edema cerebral de origen traumático, todos signos que permiten descartar de plano que su muerte se haya producido por un hecho fortuito”.

Desde la PPN adelantaron que pedirán que los penitenciarios sean imputados por el delito de “tortura seguida de muerte” y afirmaron que se investigará también “la labor de los médicos forenses que intervinieron anteriormente en la autopsia de la víctima”.

Este jueves 30 de octubre, la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM) presentó el informe 2013 del Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos (RNCT), que realizó junto a la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH) del Instituto de Investigaciones Gino Germani (FCS-UBA). A la sistematización del relevamiento de los casos de tortura en lugares de encierro, este año sumaron también casos de violencia policial, tanto de la Policía Bonaerense como la Federal y Metropolitana en su despliegue territorial.

En el informe de este año se registra un total de 1.151 víctimas de torturas y malos tratos. En este sentido, Roberto Cipriano García, integrante de la CPM, explicó: “estamos relevando no sólo lo que tradicionalmente el Poder Judicial entiende como tortura que es la violencia física, el golpe que marca, sino también distintos aspectos que van configurando la tortura también psicológica, situaciones de aislamiento extremo, situaciones de salud que no se atienden y que lleva a que la persona fallezca”.

El registro se llevó adelante en 26 unidades penales y una alcaidía penitenciaria del Servicio Penitenciario Bonaerense, cuatro institutos de menores, una comisaría y un hospital neuropsiquiátrico de la provincia de Buenos Aires y en ocho unidades penales del Servicio Penitenciario Federal. El relevamiento en campo aportó 227 víctimas en el ámbito bonaerense y 174 casos en el ámbito federal y nacional. A lo que suman 43 casos a partir de la recuperación de la información volcada en la planilla de intervención en inspecciones de la CPM y 707 casos aportados por el procedimiento de investigación y documentación de casos de tortura y malos tratos de la PPN.

Entre las conclusiones del registro se encuentra que el sistema de encierro de la provincia de Buenos Aires es el más grande del país, ya que en estos momentos aloja a 34.000 personas en cárceles y comisarías, hay más de 5.000 personas en neuropsiquiátricos públicos y más de 500 jóvenes en institutos de menores. En tanto, el Sistema Penitenciario Federal aloja a 10.300 personas.

Sin embargo, desde la Coordinadora Anticarcelaria de Córdoba advierten que en esa provincia hay alrededor de 7.000 personas privadas de la libertad. Es decir, 428 presxs por cada 100.000 habitantes, el doble de lo que tiene Buenos Aires que es de 235. En este sentido, denuncian que el hacinamiento en Córdoba supera nueve veces la media nacional. Ante esta situación, los detenidos de la cárcel de Bouwer realizaron una denuncia colectiva por incumplimiento además del accionar del Poder Judicial.

Allí explican que la gran mayoría de los privados de libertad en Córdoba sufren “un adelantamiento de pena o condena anticipada” en los casos en que el cautiverio carcelario es preventivo. Señalan que los pedidos de cese de prisión son sistemáticamente denegados con el argumento de “peligrosidad procesal”.

“Es evidente, que no solo la dupla: Policía-Fiscal, son los que adelantan la pena sino que existe una deliberada intención en unicidad y complicidad con el Juez de Control. Esta comunión conforma de alguna manera, una comisión especial, que ya nos han juzgado y condenado. No interesa lo que pasa procesalmente, se eleva a juicio y por ende los Jueces – sin el mínimo atisbo de revisión de investigación que nadie realiza condenan, para justificar la cárcel aplicada de antemano. Todo éste sistema perverso, coloca al ciudadano castigado, además de preso en una situación de opresión y ablande, con cientos de nuestras familias destruidas ‘por si acaso’ con irreversibles y agravados daños sociales, morales, psico-físicos sin que organismo alguno se inquiete por dar migajas de solución”.

Este tipo de testimonios deja de lado las reiteradas argumentaciones que hablan de cárceles con “puertas giratorias” para los presos, de modificaciones de leyes y códigos para combatir la “inseguridad”, permitiendo – por el contrario – la agresión y tortura permanente de las personas privadas de su libertad, que a su vez se encuentran detenidas en condiciones inhumanas.

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Ayer Destacamento Policial, hoy Espacio para la Memoria Luciano Arruga

RNMA - ANRED

Ayer por la tarde, el Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó la expropiación definitiva del ex destacamento policial, ubicado en Indart 106 de Lomas del Mirador, donde estuvo detenido y fue torturado Luciano Arruga. Ahora será un espacio para la memoria que llevará su nombre. Antes de la sesión, durante la emisión de Enredando las mañanas, dialogamos con Matías Bregante, de Familiares y Amigos de Luciano, quien explicó la importancia de la sanción de esta norma.

El proyecto había obtenido media sanción de la Cámara de Diputados bonaerense el año pasado y recién se trató en el Senado en la tarde de este jueves 30 de octubre. Los Familiares y Amigos se enteraron durante la madrugada que finalmente se había logrado consenso entre los bloques para debatirlo en el recinto.

“El proyecto fue presentado el año pasado por el diputado Miguel (Ángel) Funes del Frente para la Victoria; es un proyecto que redactamos nosotros. Compañeros nuestros lo fueron redactando y en un principio íbamos a ir a golpear puerta por puerta comprometiendo a diputados y senadores para que se hagan eco con sus respectivos asesores y en las comisiones que correspondían y que trataran de llevar el proyecto de expropiación. Pero en el medio de eso logramos que el diputado Funes se interese rápidamente en el proyecto; lo recibió, se agregó una hoja que era una cuestión protocolar que él creyó que debía estar ahí, nosotros le dimos el visto bueno, y se avanzó por suerte respetando en su totalidad el proyecto que habían armado los compañeros”, explicó Matías Bregante a Enredando las Mañanas.

En lo formal, la iniciativa, ahora ley, implica que el dueño privado del terreno, que hasta ahora se lo alquilaba a la Municipalidad de La Matanza, reciba un pago por la expropiación, a partir de lo cual el espacio pasará a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza que se lo cederá a Familiares y Amigos de Luciano Arruga en comodato. “Nosotros en ese momento no teníamos una personería jurídica como Familiares y Amigos de Luciano Arruga, así que para avanzar y por la hermandad con la APDH Matanza era algo con lo que no hubo problema de coordinar, y obviamente ante la posibilidad de que Diputados avanzara sobre esto se resolvió de esta manera, que la expropiación esté a nombre de la APDH y ellos lo cedan a los Familiares y Amigos de Luciano Arruga”, detalló Bregante.

Bregante calificó la expropiación como “algo importantísimo”: “representa claramente la lucha popular que se logró durante todos estos años, no solo de la familia y los amigos, sino también de los medios alternativos y populares, las organizaciones barriales, sociales, de derechos humanos, todo ese trabajo que se hizo desde el campo popular, la calle, la cultura y las actividades culturales como herramientas desde lo comunicacional hasta lo artístico, y el compromiso de un discurso que es inclaudicable y claro por parte de Vanesa y su familia, en el marco de todo eso creo que el Espacio para la Memoria va a representar un logro de todos y de todas, no solo familiares y amigos. Como decimos nosotros y nos enseñó Pablo Pimentel, los derechos humanos se defienden o se violan, entonces quienes defendemos los derechos humanos, de la manera que sea, con cargos públicos o desde el compromiso luchador, desde la calle, tenemos que estar contestos y celebrar que en Indart 106, ese lugar de tortura y oscuridad, como fue para Luciano y un montón de otros jóvenes, se transforme en un lugar de memoria y de cambio, un generador de herramientas para todos los jóvenes de Lomas del Mirador y de todos lados, porque me imagino que será un lugar de referencia para gente de todo el país”, aseveró.

El Destacamento Policial de Lomas del Mirador, que dependía de la Comisaría 8 de La Matanza, comenzó a funcionar en 2007, tras el pedido de un grupo de vecinos por mayor “seguridad” en la zona. Allí fue visto por última vez con vida Luciano Arruga el 31 de enero de 2009.

“Este puñado de vecinos tenía los contactos necesarios para que exista este destacamento ahí, y hoy siguen sin hacerse cargo ni reconocer que, aunque obviamente no es culpa directa de ellos, sí indirectamente ellos permitieron e hicieron la vista a otro lado para no ver lo que ahí realmente pasaba, porque no solo nosotros denunciamos lo de Luciano, en Lomas del Mirador te podés encontrar con un montón de vecinos que saben de toda una serie de irregularidades que pasaron en ese destacamento, del trato que tenían para con los ciudadanos, era un antro de unos personajes nefastos que estaban ahí impunemente, haciendo un montón de cosas, no solo las que atañen a la desaparición forzada de Luciano, sino un montón de cosas que también estaban en un marco de ilegalidad, era algo sabido por todos los vecinos. Entonces que hoy exista ese espacio para la memoria también reivindica a todos esos vecinos que sufrieron un montón de cuestiones nefastas con este destacamento. Para aquellos que hoy todavía no quieren ver lo que para nosotros y un sector muy grande de la sociedad es claro y está probado, creo que de a poco tendrán que entenderlo y podrán ver otro funcionamiento que será más sano y nutritivo que tener una comisaría”, afirmó Matías Bregante a ELM.

Tras la aprobación de la expropiación definitiva del ex Destacamento y su transformación en el Espacio para la Memoria Luciano Arruga, sus familiares y amigos afirmaron a través de las redes sociales: “El ex destacamento es para siempre el Espacio para la Memoria Luciano Arruga. De nosotros, los pibes y el pueblo. Independiente del Estado. No hubo ningún accidente: el destacamento de Lomas del Mirador fue un centro clandestino en democracia. Lo cerramos todos nosotros. Es historia: ustedes y nosotros. Cerramos un centro clandestino en democracia y encontramos a Luciano. Negro, vamos hasta el final de todo. Para todos los funcionarios que abandonaron deliberadamente a esta familia. Nos apoyó un pueblo. A Luciano lo mató la policía”.

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Liberaron a Oswaldo Quispe

APL - RED ECO

El juez Sebastián Casanello resolvió dejar sin efecto la detención domiciliaria que pesaba sobre el periodista peruano, en el marco del juicio de extradición iniciado por Perú. Previamente, Quispe había pasado varios meses detenido en Ezeiza.

“Estoy en libertad. Es un valioso triunfo popular y un duro golpe a la represión y al estado reaccionario peruano”, dijo el comunicador social, tras quedar en libertad.

Oswaldo Quispe Caso se desempeñó en radios como Laolla.tv y Radio Sur FM 88.3, actualmente lo hace en la Agencia Para la Libertad y dirige la revista www.Perspectivainternacinal.net.

Se encuentra en Argentina desde 2004, donde solicita asilo político. Es uno de los 9.000 requeridos, imputados de “terrorismo”, por el Estado peruano. En su país de origen trabajó como profesor pre universitario y realizó prácticas de abogacía en un estudio jurídico gratuito defendiendo a obreros, campesinos y jubilados, su convicción ideológica y su actividad lo ha convertido en blanco de la policía antiterrorista peruana.

Tras un pedido del presidente peruano, Ollanta Humala, Quispe fue detenido en diciembre de 2013, y estuvo más de 8 meses en la Cárcel Federal de Ezeiza, hasta que en agosto pasado el juez Sebastián Casanello determinó su detención domiciliaria y ante la falta de pruebas y argumentos en el pedido de extradición dictaminó una serie de requerimientos al estado peruano, luego de lo cual resolvió liberar a Quispe, tal como lo informó en una audiencia realizada este jueves 30 de octubre en los tribunales de Comodoro Py.

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El combo de los agronegocios: fumigaciones y daño ambiental en zonas rurales

Juan Manuel Boccacci (RED ECO)

La problemática vinculada a la utilización de pesticidas en los campos argentinos avanza al ritmo de los agronegocios. Dos casos, Monte Maíz en el sudeste de la provincia de Córdoba, y Coronel Suárez en Buenos Aires, dan muestra de lo que deja a su paso la producción agropecuaria cuando sólo se piensa en hacer negocios y maximizar ganancias: fumigación en zonas linderas a escuelas; incrementos en casos de cáncer, abortos, enfermedades respiratorias; respaldo de la autoridades que deberían velar por la salud de los ciudadanos. Una realidad que se replica en buena parte de los campos argentinos. Red Eco Alternativo

Córdoba - Monte Maíz: un pueblo en estado de alerta - Desde “La olla Tv” entrevistaron a Pedro Varas que forma parte de la Red de médicos de pueblos fumigados: “Los vecinos de Monte Maíz notaron que estos últimos años crecieron muchas patologías como el cáncer, el aborto, patologías respiratorias y querían que se hiciera algo sobre esto”. Los habitantes del pueblo se contactaron con la Red de médicos para pedirles que analizaran la situación. “Así es como alrededor de 60 estudiantes se instalaron en la ciudad del 15 al 19 de octubre para realizar un relevamiento epidemiológico que estudió la salud de cerca de 8 mil habitantes en lo que dieron en llamar Campamento Sanitario Monte Maíz”, puede leerse en el informe de “laollatv.com”.

Si bien aún no poseen los resultados finales, Pedro Varas se refirió a los datos preliminares arrojados por la investigación: “En Monte Maíz está cinco veces aumentada la incidencia de cáncer en los últimos cinco años, así como los abortos y las malformaciones. Otras patologías como las respiratorias también. Realmente la gente está sufriendo estas patologías y se pudo demostrar con números”.

La Red de Vecinos de Monte Maíz decidió asumir activamente esta problemática ya que conviven diariamente con los pesticidas: hay fumigaciones aéreas; en el pueblo se guardan las máquinas fumigadoras y también allí hay un acopiadero. “Ni nosotros creíamos que los números iban a ser tan altos. El intendente se acercó en varias oportunidades y vio los datos preliminares y estaba dispuesto a tomar una iniciativa junto a la Red de Vecinos para hacer un cambio ya, porque realmente la gente se está enfermando”.

Lo echan por denunciar fumigaciones en zonas de escuelas rurales

Manuel Garrido fue hasta hace algunos días Coordinador de Asuntos Ambientales en la Municipalidad de Coronel Suárez, ubicada en el centro-oeste de la Provincia de Buenos Aires. Zona fértil de la pampa húmeda, dónde la producción agropecuaria se expande como la principal actividad económica. Pero Garrido se metió con los intereses de los políticos vinculados a los negocios del agro y pagó las consecuencias. Mientras tanto continúan las fumigaciones sobre las escuelas rurales y los informes que dan cuenta de las consecuencias devastadoras sobre la salud y el medio ambiente, presentados por Garrido y otros, esperan que alguien se haga cargo en el espesor de la burocracia estatal.

“Hace dos años, por una recomendación de la Defensoría del Pueblo de la Provincia se comienza un trabajo de investigación en el Área Ambiental del Municipio, sobre el uso desaprensivo de pesticidas en diferentes ámbitos, uno de ellos las escuelas rurales o adyacentes a los pueblos. En ese entorno, surge la denuncia de una ex-directora que estaba en el proceso de jubilarse debido a una enfermedad que, después con el tiempo, comenzó a vincularse que tenía que ver con la actividad que se desarrollaba en los campos vecinos a donde ella trabajaba como directora. Eran las fumigaciones sin ningún tipo de miramientos ni de precauciones para con la salud de los niños y docentes”, cuenta Garrido entrevistado por “laollatv.com”.

Garrido se refirió al “ocultamiento y la negación”, para definir el accionar de las autoridades de Coronel Suarez, que hacen oídos sordos frente a una realidad que se replica en todo el municipio: “Nosotros relevamos hechos concretos y documentados fotográficamente: niños siendo fumigados en el horario de clase, a escasos metros de la escuela; encontramos pesticidas en agua de lluvia; la maquinaria de aplicación circulando por el casco urbano sin ser previamente lavada; las avionetas pasando por arriba de la zona urbana cuando vienen de aplicar, cosa que está prohibida”.

A su vez señaló que “debido a que los intereses que se tocaban son inmensos y atraviesan tanto a los poderes políticos como comerciales fue llevando a que haya diferentes negaciones del tema. Y para esa negación se apoyan en aquellos organismos que avalan eso: como son el SENASA y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, entre otros.” La información recolectada es mucha pero las autoridades en lugar de sentarse a debatir los datos, recurren a la descalificación de los que llevaron a cabo los informes.

Así, Finalmente la soga se cortó por lo más fino: “Los reclamos que estaba llevando adelante no fueron escuchados y en un momento determinado estos reclamos explotaron a nivel mediático, dejando en evidencia a las autoridades y por eso es que no pueden seguir teniéndome dentro del Ejecutivo, cuando yo estoy denunciando que el propio Ejecutivo no está actuando como debiere”.

Aquí la entrevista completa de “La olla TV” a Garrido

Fuentes:
- La olla TV:
http://www.laolla.tv/2014/10/escuelas-rurales-fumigadas-funcionario-desplazado-por-cumplir-cumplir-con-su-trabajo/
http://www.laolla.tv/2014/10/campamento-sanitario-en-monte-maiz/
http://www.laolla.tv/2014/10/funcionario-desplazado-por-denunciar-la-fumigacion-de-escuelas/
http://www.laolla.tv/2014/10/fumigacion-y-danos-geneticos/
- Red de Médicos de Pueblos Fumigados

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