miércoles, 17 de septiembre de 2008

Un paso adelante pero sólo para la ciudad de Buenos Aires

IRINA SANTESTEBAN (LA ARENA)

La Corte Suprema de Justicia inauguró el lunes pasado la Oficina de Violencia Doméstica, con un equipo multidisciplinario que atenderá los casos de maltrato familiar en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires.

La decisión de crear esta oficina fue tomada por la Corte, a propuesta de su presidente, Ricardo Lorenzetti, hace cuatro años, y desde entonces se viene trabajando para ponerla en funcionamiento. Temas como el presupuesto o el personal a designar fueron algunas de las causas de esa demora.

La oficina, que atenderá todos los días del año y las 24 horas del día, se encuentra bajo la directa responsabilidad de la vicepresidenta de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco y su directora es Analía Monferrer.

La OVD está integrada por médicos, psicólogos, asistentes sociales y abogados, que fueron elegidos por concurso, pero su límite más evidente es que, aunque depende de la Corte nacional, sólo atenderá a quienes tengan domicilio en la ciudad de Buenos Aires.

La decisión del más alto Tribunal tiene su base en la realidad sobre la violencia doméstica en la Argentina: según Amnistía Internacional, en lo que va del año, fueron asesinadas 81 mujeres en episodios de violencia de género. El femicidio, palabra que comenzó a utilizarse a partir de 1990, describe -según Jane Caputo y Diana E. H. Russell- a "los asesinatos de mujeres por parte de los hombres, motivados por desprecio, odio, placer o sentido de propiedad sobre ellas".

Marcela Lagarde, diputada y presidenta de la Comisión de Femicidio del parlamento de México, afirma que éste "sucede cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten atentados contra la integridad, la salud, las libertades y la vida de las mujeres. Todos tienen en común la idea de que las mujeres son usables, prescindibles, maltratables y desechables". Para esta antropóloga feminista, "todos coinciden en su infinita crueldad y son, de hecho, crímenes de odio contra las mujeres".

Los datos de la violencia

En la Argentina, según un informe del BID, el 25% de las mujeres es víctima de algún tipo de violencia. En la provincia de Buenos Aires, durante 2005, hubo más de 8800 denuncias en las 24 comisarías de la mujer, pero sólo en enero y febrero de 2008, estas denuncias fueron 13.620. En 2005, en la ciudad de Buenos Aires, se brindó asistencia en los centros integrales a 3669 víctimas, y se recibieron 12.739 llamadas sobre violencia familiar. Lamentablemente, a nivel nacional, el Consejo Nacional de la Mujer carece de estadísticas.

Con estos datos, resulta obvio que la lucha para erradicar la violencia de género no sólo necesita de leyes eficaces y jueces que las apliquen correctamente, sino también políticas de Estado para desarrollar programas de detección temprana de la violencia y tratamiento a sus víctimas, incluso antes de llegar a las instancias judiciales. En este marco se inscribe la OVD inaugurada en la Corte Suprema el lunes.

Así lo expresó Elena Highton, al precisar que uno de los fines con que se creó la oficina es "desjudicializar los casos que no requieran de la apertura de legajo, cosa que no siempre se necesita. A veces basta con apoyo psicológico para que la persona que sufre las agresiones pueda llegar por sus propios medios a romper el círculo de violencia". La OVD atenderá a las víctimas, escuchará su relato y luego le ofrrecerán una serie de posibles soluciones al problema: alojamiento en albergues si fuera necesario, asistencia psicológica para la víctima y el grupo familiar y, en su caso, derivación a la justicia.

La legislación

Desde hace más de 10 años que en nuestro país se vienen dictando leyes sobre la violencia doméstica. En 1995 el Congreso Nacional sancionó la ley 24.417, que establece en su artículo primero que "toda persona que sufriese lesiones o maltrato físico o psíquico por parte de alguno de los integrantes del grupo familiar podrá denunciar estos hechos en forma verbal o escrita ante el juez con competencia en asuntos de familia y solicitar medidas cautelares conexas". La ley reconoce como grupo familiar tanto el originado en el matrimonio como en las uniones de hecho.

La ley 24.417 invitó a las provincias a adherir y a dictar leyes similares. Así lo hicieron Chubut en 1995, Corrientes en 1996, Santa Fe en 1997, La Rioja en 1998, La Pampa en 2000, Buenos Aires y Santa Cruz en 2001 y Córdoba en 2006.

La Pampa había sido una de las pioneras en legislación sobre violencia familiar, con la sanción en 1988 de la ley 1.081, de Servicio Especial para la Erradicación de la Violencia Familiar, por la cual se creó en el ámbito del ministerio de Bienestar Social, un servicio destinado a ese fin, formado por un grupo interdisciplinario de profesionales, y cuyas acciones tenían por objeto la realización de campañas y programas de esclarecimiento para "desterrar mitos y temores que impiden a las víctimas salir de su aislamiento, creando en la comunidad sentido solidario y promoviendo el repudio y condena respecto de la violencia familiar".

Las leyes no alcanzan

Pero aún con la sanción de estas leyes, la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar no disminuyó y prueba de ello son las 81 muertes que denuncia Amnistía Internacional en el presente año. Según María José Lubertino, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), se calcula que el número de femicidios es mayor, pero no hay un registro consolidado de todas las jurisdicciones. Tampoco hay un registro de las lesiones y secuelas que el maltrato físico y psicológico deja en las mujeres víctimas de violencia doméstica.

Pareciera que, en lugar de disminuir, los casos van en aumento, pues todos o casi todos los días los medios de comunicación dan cuenta de algún hecho de maltrato en el ámbito doméstico. Esto es también una muestra de los pequeños avances que se han logrado en este terreno, en cuanto a su mayor visibilidad y difusión. Antes, el maltrato quedaba dentro de las paredes de la casa familiar, y sólo algunos familiares o allegados conocían lo que sucedía, pero nadie lo denunciaba, pues se tenía el concepto equivocado de que constituía un tema "privado".

El aumento actual de casos y denuncias, no significa necesariamente que se haya incrementado la violencia doméstica, sino que hay un cambio en las mujeres, producto de la mayor conciencia de sus derechos y del trabajo incesante de las organizaciones de mujeres que, con menos medios que el Estado pero en muchas ocasiones con más perseverancia, realizan campañas y todo tipo de acciones para erradicar la violencia contra las mujeres.

Sería muy positivo que los tribunales provinciales y la propia Corte Suprema extendieran esta iniciativa a todo el país, pues la violencia doméstica no reconoce límites geográficos ni clases sociales.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.