miércoles, 29 de octubre de 2008

Argentina: El caso Eli Díaz, tan igual y tan distinto al de Romina Tejerina

Irina Santesteban (LA ARENA)

Elizabeth Díaz fue acusada de matar a su beba recién nacida, luego de parir sola en el baño de la casa donde era empleada doméstica. Fue juzgada y absuelta por un jurado popular en Villa Dolores, Córdoba. Por el mismo hecho, Romina Tejerina cumple condena en Jujuy.

Desde el establecimiento penitenciario en el cual cumple la condena a 14 años que le impuso la justicia jujeña, Romina Tejerina firmó el petitorio que las organizaciones de mujeres de Córdoba presentaron ante la Cámara Primera del Crimen de esa ciudad, pidiendo condena para Arturo Benavídez, el abusador de Elizabeth Díaz. La presentación, que incluía más de dos mil firmas de legisladoras, funcionarias, sindicalistas, dirigentes sociales y ciudadanas, provocó la furia del defensor del acusado, el abogado Carlos Hairabedian, muy conocido en el foro cordobés no sólo por su actuación como abogado penalista, sino porque es el co-conductor del programa televisivo "ADN", que se emite los domingos por Canal 10, y que intenta ser una versión cordobesa -y bastante menos pretenciosa- de CQC.

Hairabedian es también el defensor del ex presidente Carlos Menem, en la causa por las explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero, hecho ocurrido en noviembre de 1995 en esa localidad cordobesa.

Fue este abogado quien consiguió que Benavídez no afrontara el juicio en Villa Dolores, la sede judicial que corresponde a San Javier, el pequeño pueblito de Traslasierra adonde ocurrieron los hechos que se están juzgando. Es que esa pequeña comunidad, a diferencia de lo que ocurrió con Romina en Jujuy, tuvo una activa participación en el proceso que desembocó en la absolución de Eli Díaz, cuando fue juzgada por haber matado a su hija al nacer.

Historia conocida

La historia de Eli ha sido reflejada por los medios de prensa cordobeses y nacionales, y no se diferencia de muchos otros casos de abuso sexual infantil, muchos de los cuales no serán nunca conocidos, pero dejarán marcadas para siempre a sus víctimas. El aprovechamiento de la situación de poder del abusador es el elemento distintivo de estos casos, en donde casi siempre tenemos a un hombre como victimario (que puede ser joven o mayor, de clase baja, media o alta), y del otro lado, vulnerable e indefensa, a una niña como su víctima.

Otro rasgo distintivo de los casos de abuso, es su permanencia en el tiempo. En el caso de Ely Díaz, comenzó a los 9 años con tocamientos y manoseos; continuó luego cuando la obligó a practicarle sexo oral y finalmente, cuando quizás el abusador pensó que estaba "lista", con violaciones reiteradas, cometidas en su propia casa de familia.

Eli contó su calvario recién al tercer día del juicio que afrontó por la muerte de su beba, cuando se quebró frente al interrogatorio del fiscal y más aún, señaló a su victimario con nombre y apellido: Arturo Benavídez es un empresario conocido en la zona y semejante acusación cayó como una bomba en San Javier.

En esa oportunidad, el fiscal Emilio Andruet actuó con celeridad y ordenó la detención de Benavídez, y luego que los análisis de ADN ratificaran que la beba de Eli era su hija, fue imputado por el delito de abuso carnal reiterado. A pesar de la posición social del acusado y de que su víctima era una humilde joven, la justicia actuó correctamente. Pero la verdad es que a Eli la absolvieron los juzgados populares. Esta modalidad de juicio fue establecida en la constitución de Córdoba luego de su última reforma, y se la viene utilizando en diversos juicios, casi siempre homicidios o secuestros.

De los ocho juzgados populares, seis se pronunciaron por la absolución de Eli, por entender que había actuado bajo un estado de shock que le había impedido conocer la criminalidad de su acto. En cambio, los dos juzgados populares restantes y los dos jueces letrados, pidieron una condena de 8 años, la mínima para el homicidio simple, porque entendieron que había actuado bajo emoción violenta. De esta forma, la comunidad de San Javier absolvió a la joven, como una forma de reparar el terrible daño que había sufrido durante nueve años, en silencio, sin que nadie lo advirtiera ni la ayudara.

¿Habrá condena al violador?

En esta segunda etapa, la del juicio a Arturo Benavídez, se verá si la justicia es completa. Pues no sólo es necesario comprender lo que significa el infanticidio como resultado de un embarazo no deseado y fruto de una relación de abuso y violencia; sino que sólo habrá justicia si además de erradicar el abuso hacia los niños, niñas y adolescentes, se juzga, condena y encarcela a los abusadores. Esta última parte es la que cuesta tanto lograr que se cumpla en nuestro país.

A pesar de que cada día se conocen y se denuncian más casos de niñas y niños abusados, son muy pocos los juicios y menos aún, las condenas.

La posición de la jerarquía de la Iglesia Católica y los sectores más conservadores ligados a ella, no ayuda y el caso del cura Grassi, es un ejemplo, quien pese a las graves acusaciones por las que está siendo juzgado, todavía no ha sido separado de su función como sacerdote. Hay que esperar la sentencia condenatoria, dice la Iglesia.

Y frente a esta posición benigna para con sus hombres acusados de abuso, la Iglesia mantiene una cerrada negativa a aceptar que la figura del infanticidio sea incluida nuevamente en el Código Penal, luego de su desaparición en 1994. Ello a pesar que el infanticidio es un crimen que se da casi siempre en embarazos no deseados y frutos de violación o abuso.

En Jujuy, bajo la influencia de la Iglesia, una buena parte de la población piensa que Romina está bien condenada, por haber matado a su hija recién nacida. Sin embargo, en el caso de la jujeña, su violador nunca fue juzgado y sólo permaneció 23 días preso. Tampoco se permitió, como lo pidiera oportunamente la defensa, hacer el ADN al cuerpo de su hija muerta, para corroborar que era hijo de quien Romina señalaba como su violador.

Solidaridad activa

No será fácil obtener una condena para el abusador de Eli, pues además de contar con la defensa de un abogado hábil y conocedor del derecho penal, sino porque la prueba del abuso es difícil en casi todos los casos, mucho más si los hechos han ocurrido años atrás.

Pero Eli cuenta con una gran ventaja, la que no tuvo Romina. Su caso ha movilizado no sólo a las organizaciones de mujeres de Córdoba, sino que en Buenos Aires y en algunas ciudades del interior se han juntado firmas y se ha dado repercusión a su caso, siempre exigiendo condena para el abusador.

Pero lo más importante es que la comunidad que la vio nacer y crecer, desconociendo su terrible drama, la defiende y la protege. En San Javier, a partir de su caso, se ha desarrollado el programa "Un antes y un después", dedicado a la prevención de la violencia y el abuso en niños, niñas y jóvenes. A partir del mismo, se ha editado una cartilla con experiencias y opiniones de pobladores, adultos, jóvenes y niños, que hablan sin tapujos de un tema del que siempre se ha callado.

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