martes, 7 de octubre de 2008

Argentina: TBA, el gobierno y la burocracia sindical, contra los trabajadores

CORREPI

El 90% de quienes usan el transporte ferroviario lo hace para ir y venir de su trabajo. Las continuas demoras, cancelaciones, las condiciones calamitosas en las que se viaja, ponen a diario en peligro la vida de los trabajadores que se trasladan, hartos de ver además peligrar sus presentismos y hasta su mismo puesto de trabajo.

Más del 70% de ellos sostiene que los organismos de control de las empresas son absolutamente ineficientes e incapaces de resolver el problema (el 30% envió quejas por escrito que nunca fueron contestadas). Más del 50% de los usuarios reivindica los métodos de acción directa como única manera de encontrar respuesta a tanta disconformidad con el pésimo servicio que prestan.

Lejos de ser números y porcentajes obtenidos a partir de los hechos recientes en las estaciones de Merlo y Castelar (TBA), los que anteceden son el resultado de una encuesta efectuada por investigadores del CONICET después de otros hechos similares ocurridos en la estación Constitución del ex Roca en junio de 2007. Es decir, se trata de una auténtica reacción popular fundada en la bronca y en el cansancio de los trabajadores que soportan cada vez menos situaciones de tensión provocadas desde los resortes del poder.

Por supuesto, el "gobierno de los derechos humanos" atribuyó esta pueblada a un sabotaje y a un presunto accionar premeditado de organizaciones y militantes populares (a un mes de los hechos, no existe una sola prueba de semejante acusación), desconociendo la indelegable responsabilidad que le cabe por respaldar a uno de sus empresarios estrella (Cirigliano, dueño de TBA, y junto al impresentable intendente de Merlo, Raúl Otacehé, de gran parte de la red de autotransportes de pasajeros del Oeste). Fue imprescindible la participación de las fuerzas de seguridad y del poder judicial, que detuvieron y procesaron a cuanto albañil, pintor o garrapiñero encontraron, "sospechosos" por contar entre sus ropas monedas de 25 centavos, presuntamente recogidas de las máquinas expendedoras rotas en los incidentes. Según el Juez Federal Salas de Morón, la imputación es "robo doblemente agravado y daño agravado", entre otras figuras.

La situación de aislamiento en la que pretendieron sumir a los detenidos (más de 10 hs. sin comunicar la lista, sin avisar a sus familias, incomunicados, dispersos en varias comisarías de la zona) así como el tenor de las preguntas efectuadas en sus indagatorias, demuestran claramente dónde está parado el estado en esta etapa de agudización del conflicto social: "¿Milita en algún partido político?¿Va a las movilizaciones? ¿Cobra algún plan social?...", reafirmando que ser pobre y con conciencia es presupuesto ineludible de delito. Ni más ni menos que naturalización de métodos dictatoriales con legitimidad democrática.

Por otro lado, es inocultable el rol de la burocracia sindical ferroviaria, que decretó un paro para exigir el recrudecimiento del control policial, de gendarmería y privado del "servicio ferroviario", usando el discurso de la "inseguridad", tan afín a la política de la dupla Fernández-Stornelli, que le dieron "respuesta" de inmediato.

Debe destacarse el trabajo militante que dieron los compañeros nucleados en la Coordinadora Antirrepresiva del Oeste para contribuir a la defensa de los detenidos, la capacidad de movilización y de contención de las familias, así como la solidaridad que se ha recibido desde distintas organizaciones.

Mantenemos la defensa de varios de los detenidos, hoy excarcelados, todos ellos trabajadores doblemente victimizados por usar el ferrocarril concesionado a Cirigliano, y administrado por el gobierno a través de Jaime, secretario de transporte, que tiene más de 20 denuncias penales pero nunca fue indagado.

No debe soslayarse ni relativizarse el esquema diseñado en el discurso y el accionar del estado a través de sus agencias (ministerios, fuerzas de seguridad y justicia). La imputación infundada sobre las organizaciones populares, los procesamientos a los trabajadores detenidos, las preguntas formuladas en las indagatorias, la alianza entre el empresario y el oficialismo, el acompañamiento de la oposición frente al recrudecimiento del accionar represivo, la negación de una situación insostenible en materia de transporte, claramente percibida por el grueso de la población, es entre otras cuestiones, un claro ejemplo de lo que representa un gobierno ni derecho ni humano…Como dijo un viejo ferroviario: es en la vía donde se ven los trenes.

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