miércoles, 15 de octubre de 2008

Colombia: La insólita declaratoria de conmoción interior para enfrentar reclamos sociales

Aurelio Suárez Montoya (MOIR)

El artículo 213 de la Constitución de Colombia establece que el Estado de excepción, denominado de Conmoción Interior, puede ser declarado por el Presidente de la República “en caso de grave perturbación del orden público” y que el gobierno deriva de él facultades discrecionales para expedir decretos con fuerza de ley. Recoge, por tanto, atribuciones excepcionales que fortalecen aún más el presidencialismo al actuar sustituyendo al Poder Legislativo.

No es fácil ligar el paro de los trabajadores del Poder Jurisdiccional con los elementos que caracterizan una “grave perturbación de orden público”, pese a que el gobierno se empeñe en documentar con cifras abultadas los traumatismos que él mismo ha ocasionado al desconocer derechos laborales irrenunciables de jueces y demás empleados judiciales, insatisfechos desde hace 16 años, sometiéndolos a una indignante “subasta” en la cual incluyó hasta el amenazante “última oferta”.

Algunos sucesos que rodearon la declaratoria de Conmoción inducen a pensar que tras los motivos alegados en el decreto 2939 hay otros más. Empezando por los manifestados por un magnate financiero, vinculado al sector inmobiliario, quien trazó la imposición de tal estado de excepción. Las estadísticas jurídicas en Colombia revelan un gran volumen de juicios hipotecarios en los juzgados civiles que exigen, acorde con el mismo personaje, aplicar “la oralidad a la justicia civil y administrativa” (supongo para hacer más expeditos los procesos ejecutivos del sistema bancario contra ciudadanos insolventes), que la justicia “es el tema más grave que existe para el desenvolvimiento…del empresariado” y proceder “como se tratan las cosas en el sector privado”. Es decir, valer la ocasión para adecuar la juridicidad a los intereses económicos. La plutocracia quiere plasmar sus pretensiones en los códigos entre los que, por lo visto, tiene en mira el Civil y el de Procedimiento Civil. Un celebrado primer impulso para la “descongestión” pudiendo venir no pocos desatinos adicionales.

No sólo al “empresariado” le interesa beneficiarse de la Conmoción. El gobierno también puede hallar una ventana de oportunidad para solucionar los numerosos obstáculos presentados en el Congreso con la aprobación de su propuesta de reforma a la justicia, en particular en lo relacionado con “el debido proceso” para sus prosélitos enredados en el “parauribismo”. Vale recordar los impedimentos de un número muy amplio de congresistas para debatirla; el abandono del debate por el Polo Democrático Alternativo, denunciando además la ilegitimidad del ministro Valencia Cossio; las recias críticas del Partido Liberal; las glosas de las cortes, por lo insustancial e inoportuna; y hasta las amenazas de boicot de Cambio Radical en algunas coyunturas de discrepancia con altos funcionarios oficiales.

La declaratoria de Conmoción para “enfrentar los daños” del Paro Judicial es a todas luces un maltrato, más grave que ningún otro, del Ejecutivo sobre el poder jurisdiccional que se suma a la carencia de un ministerio exclusivo para atenderlo, al desconocimiento de los derechos de sus empleados, a la cadena de ofensas proferidas en su contra y a conspiraciones urdidas desde la propia “Casa de Nari”. Hechos tan censurables como el mantenimiento en el encargo del doble ministerio de Interior y Justicia de personas involucradas en apropiación de bienes públicos, como en el caso de Invercolsa; en cohecho, como en la Yidispolítica; y de falta de ética pública, como Fabio Valencia Cossio, quien se ha negado a renunciar pese a los muy graves delitos de los que está acusado su hermano y alfil político, Guillermo León.

Los antecedentes insinúan que con la Conmoción se quiere hacer y deshacer, máxime que en la declaratoria anterior, en 2002, existe el antecedente de inexequibilidad de la prórroga que se pretendió decretar. Es comprobable la tendencia uribista a proceder con excesos, entre otros, a imponerles cortapisas a las protestas sociales. La frase de Uribe, “no hagamos una Conmoción pensando en el paro, echemos una cosa importante para descongestionar la Justicia”, da para suponer nuevos atentados. Preparémonos para lo peor porque esta Conmoción, como se dijo, es parte de su ofensiva, de privatizar los tribunales a la medida de los “cacaos”, de burlar el derecho a la protesta pública y pacífica y, desde luego, es parte sustancial de su embestida autoritaria hacia la dictadura hasta el 2018, por ahora.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.