lunes, 6 de octubre de 2008

Colombia: La lucha anti capitalista sigue

ELN

Sobrada razón tiene la oligarquía y las Corporaciones trasnacionales para aplaudir la gestión del Presidente Uribe.

La generosidad de este gobierno con las empresas se nota en el desmejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores, la reducción de las cargas sociales, la rebaja de impuestos y la libertad para que los Corporaciones extranjeras se lleven la riqueza producida por el país.

Para imponer ésta contra reforma, los sindicatos fueron reducidos en su número y capacidad de lucha. Según la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), existen 17,5 millones de trabajadores: 10,5 informales y cinco con contrato laboral, de los cuales 1,5 millones tienen contrato indefinido. Hoy sólo quedan 831 mil sindicalizados, atemorizados por el despido y el asesinato de más de cuatro mil sindicalistas.

Los movimientos que antes defendían reivindicaciones sociales, fueron desvertebrados con el asesinato de sus líderes, por medio de la guerra sucia. Simultáneamente la legislación del país fue adecuada a las exigencias del capital nacional y transnacional.

Setenta años de retroceso

A los trabajadores les arrebataron derechos conquistados en más de setenta años de luchas y grandes sacrificios: acabaron el derecho a la contratación colectiva, los sindicatos fueron sustituidos por cooperativas que contratan servicios con los patrones, desapareció la estabilidad laboral, imponiéndose el sistema de contratos a término fijo y discontinuo.

Los sindicatos consecuentes con la causa de los trabajadores son calificados de guerrilleros y señalados de estar al servicio del terrorismo; mientras otros fueron destruidos mediante maniobras de venta y cambio de razón social, para liquidar a los trabajadores.

El Ministerio de Seguridad Social que debería proteger los derechos de los trabajadores, se convirtió en una oficina de defensa de los patrones.

La situación actual de los trabajadores es similar a la que existía antes de la década del treinta del siglo pasado, cuando los derechos laborales y de organización sindical no existían y los capitalistas acumulaban riqueza a su antojo, sin que nada les obstaculizara.

Histórica lucha de los cañeros

Hoy están en paro 32 mil trabajadores del corte de caña de azúcar, exigiendo la contratación colectiva, reconocimiento de las prestaciones sociales, planes de vivienda y que la responsabilidad laboral la asuman directamente los patrones y no las cooperativas prestadoras de servicios.

Ésta lucha trasciende al conjunto de los trabajadores, de forma similar a las huelgas de los obreros petroleros en la década del veinte del siglo pasado, contra los enclaves petroleros extranjeros y el gobierno, para que reconocieran el derecho a organizarse y a la contratación colectiva.

Por su parte los patronos agrupados en Asocaña que califican el paro de ilegal, despliegan una campaña mediática señalando que personas extrañas a los cañeros son los responsables del paro.

Hasta la fecha este conflicto sigue sin solución. No se pueden dejar solos a estos trabajadores, que luchan por la reconquista de derechos arrebatados por el capitalismo salvaje. Esta lucha requiere del máximo de solidaridad.

Continúa el paro judicial

Los 40 mil trabajadores de la justicia siguen en paro y en sus marchas continúan alzando sus consignas:

* ¡Por estabilidad laboral adelante!
* ¡Por la independencia de la justicia adelante!
* ¡Presidente Uribe alcahueta, la justicia se respeta!
* ¡Uribe escucha los judiciales estamos en lucha!
* ¡El paro es legal, el paro va hasta el final!
* ¡Llueva o truene el paro se mantiene!

Uribe al declarar ilegal el paro, lo fortaleció, pues quienes al inicio no habían parado, se sumaron para hacerlo total.

Contra su voluntad Uribe se tuvo que sentar a la mesa con los huelguistas, aunque sin resultados positivos por la intransigencia gubernamental.

Este paro es reflejo de la crisis en que se encuentra el Estado, donde los trabajadores de la justicia tienen que recurrir a la huelga para que el gobierno reconozca la nivelación salarial, la estabilidad laboral y el respeto al debido proceso en los despidos.

Se produce en medio de la confrontación entre la Corte Suprema de Justicia y el gobierno, como consecuencia de los procesos abiertos contra cerca de ochenta parlamentarios, la inmensa mayoría uribistas, acusados de tener vínculos con el narcoparamilitarismo.

Movilización de los educadores

Los trabajadores de la educación han llevado buena parte del peso en la lucha contra el Estado en defensa de la educación pública, para que esté al servicio de los intereses del país, por el reconocimiento de un salario justo y mejores condiciones de trabajo.

Esta lucha convirtió a los maestros en objetivo militar del terrorismo de Estado y su narco paramilitares, quienes han asesinado a centenares de maestros, miles han sido desaparecidos y desplazados y a muchos más los mantienen bajo amenaza de muerte.

En sus movilizaciones actuales reiteran las banderas, que han defendido desde años atrás. Apoyarlos es un deber de los luchadores por la nueva sociedad y la justicia social.

Urge la solidaridad

La lucha de los trabajadores no se puede dejar sola, requiere la solidaridad de todos los obreros, sectores democráticos y progresistas, para contener la voracidad del capital y las arbitrariedades del gobierno que defiende sus intereses.

Los gobiernos y en especial el de Uribe desconocen los derechos de los trabajadores y los deja a merced del capital, que busca como único propósito acumular riqueza y mermar costos de producción, reduciendo los ingresos a los trabajadores.

La lucha de los trabajadores hace parte de la lucha por un nuevo país; apoyarla es acompañarla con otros sectores que buscan el cambio, unidos por la urgencia de ser poder, para convertir en realidad la aspiración de tener un nuevo gobierno de paz, justicia y equidad.

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