lunes, 6 de octubre de 2008

Ecuador: Como construir la nueva democracia

Guillermo Navarro Jiménez (especial para ARGENPRESS.info)

La presencia de diferentes posiciones respecto a la conformación de la Comisión Legislativa y de Fiscalización, establecido en el artículo 17 del Régimen de Transición aprobado en el referéndum del 28 de septiembre del año en curso, evoca y reedita las viejas prácticas políticas, en las que las ambiciones personales se anteponen, escudadas tras de argumentos que, sin excepción, invocan a la democracia.

Ante ello, lo primero que se me ocurre, antes de pasar al análisis serio del problema que ello conlleva, es proponer una formula que imposibilite la constitución de la Comisión Legislativa y de Fiscalización, no por oposición al Régimen de Transición, sino para demostrar la verdad del aserto antes expresado. La formula es simple en tanto y en cuanto, obligaría a que los 130 asambleístas la conformen, pero que, por esta designación, ninguno de los 130 puedan ser candidatos a ninguna de las dignidades a ser elegidas por voto popular. Por cierto que la propuesta debería igualmente contemplar que ninguno de los 130 asambleístas podría renunciar a ser miembro de la Comisión en marras, por lo que sus plazas no podrían ser ocupadas por los asambleístas alternos. Es evidente que, con esas medidas, se produciría la muerte por consunción de la Comisión, ya que ningún asambleísta aceptará ser parte de la misma, si con ello sepulta su futuro político inmediato. Si a todo ello agregamos como parte de la propuesta que ningún asambleísta podrá contar con asesores y personal de apoyo, las razones para la deserción abundarán aún más.

La formula propuesta tampoco sería bien vista por la mayoría de movimientos y partidos, puesto que estos se verían afectados, dado que el número de sus potenciales candidatos se reduciría ostensiblemente, si se reconoce que para conformar las listas para la elección de Asambleistas, algunos tuvieron incluso de recurrir a personas que nunca debieron salir del obscuro sitial en el cual transcurrían sus vidas. Los partidos de la derecha, empeñados en un recambio generacional que consideran les permitirá posicionarse nuevamente, se resentirían mucho más profundamente, puesto que se excluirían de las próximas elecciones sus escasos prospectos como Pablo Lucio Paredes o Mae Montaño.

Ahora bien, si obviamos la formula planteada y sus efectos, y retomamos lo sustantivo del problema planteado, es ineludible analizar que entendemos por democracia, y, principalmente, cual es el tipo de democracia que nos proponemos construir.

Hemos de iniciar el análisis afirmando que en el ejercicio político de la democracia representativa, por la propia mecánica restrictiva que ésta contempla y lo aparencial de la misma, los conciudadanos llanos, nos acostumbramos a creer que la democracia es directamente proporcional al número de representantes. Esto es, a mayor número de miembros en un organismo, mayor democracia, mucho más si la representación es variopinta. Este equivocado entendimiento, posibilitó, por ejemplo, que en el Ecuador, como en toda América Latina, se imponga el ideario socialdemócrata y demócrata cristiano, y se asuma como el sumun de la democracia el "pacto social" con sus consecuentes: las denominadas comisiones tripartitas o la participación de los trabajadores en los consejos directivos de los organismos del Estado. Experiencia cuyos atributos se limitaron ha demostrar que ese tipo de "democracia" sólo crea apariencias que permiten postergar la esencia de la democracia -la participación directa y constante de todos los involucrados, del pueblo o de la ciudadanía-, y de que en forma alguna se trataba de una nueva y más profunda forma de democracia, como lo pretendieron.

Pero el desarrollo y consolidación de una democracia, cuyo mayor logró es validar en el imaginario popular lo aparente como real, también determinó un sesgo en la percepción de la praxis política. Efectivamente, el pueblo llano, por ser relegado de la participación democrática directa, acaba por reducir su visión de la política a la "política pública", esto es la que desarrollan los actores políticos públicos, los que están en las tarimas, los que se promocionan en los grandes medios de información, los comentaristas políticos cuotidianos. La no participación del pueblo, de la ciudadanía como actor político directo y constante, a más de deformar su visión sobre la política, produce una suerte de autoexclusión, por lo que pasa a importar es quienes y cuantos le representan, relegando la importancia de su presencia como sujeto político activo. Por esta reflexión, en entrega anterior, planteamos que no importa el número de Asambleístas que conformen la Comisión Legislativa y de Fiscalización. Afirmábamos que lo que importa, que lo fundamental es el grado de participación que se otorgue al pueblo, a los ciudadanos durante la elaboración de las normas legales, en forma previa a su aprobación. Puesto que, si la Comisión de Legislación y Fiscalización se conforma con los 130 asambleístas, y mantiene una posición propia de la democracia representativa, excluyente de la participación popular, el resultado antidemocrático será el mismo que si la conforman 68 o cualquier número que se nos ocurra.

En consecuencia, hemos de insistir en que el número de asambleístas no es importante, siempre y cuando se establezcan todos los mecanismos imaginables para posibilitar la participación ciudadana directa y constante, y se observe la proporcionalidad política que establece el artículo 17 del Régimen de Transición. Proporcionalidad política que debe responder a la representación que los diferentes movimientos y partidos obtuvieron durante la elección de asambleístas, proporcionalidad política que no implica, en forma alguna, proporcionalidad geográfica, como algunos asambleístas y comentaristas lo sugieren en sus torvos afanes. Si la Comisión se conforma con esos objetivos, cumpliendo lo establecido en el texto constitucional aprobado, estamos seguros que sentaremos las bases para construir un nuevo tipo de democracia, en la cual la representación sea reemplazada por la participación activa, constante y permanente de la ciudadanía, que nos permita rebasar paulatinamente las limitaciones de la democracia representativa.

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