martes, 7 de octubre de 2008

Ecuador: La Constitución de la revolución ciudadana

Carlos Rivera Lugo (CLARIDAD)

Mientras en el norte, Estados Unidos se empantana en la grave crisis que le ha provocado sus avaros empresarios, financieros y políticos creyentes en el modelo neoliberal de acumulación por desposesión del ciudadano común, en Ecuador la revolución de los ciudadanos comunes aprobó el domingo pasado una nueva Constitución que coloca al ser humano por encima del mercado.

Con la aprobación de la nueva Constitución por 7 de cada 10 ecuatorianos, la nación andina adopta decisivamente “un nuevo rumbo, dejamos atrás el neoliberalismo y empezamos la construcción de la patria nueva: más justa, más equitativa y más digna”, según expresó un victorioso presidente Rafael Correa

Y es que sólo se despierta real y definitivamente de la larga pesadilla neoliberal, en la medida en que entendemos, como en Ecuador, que la apuesta de aquí en adelante tiene que ser con el ser humano y su bien común. La apuesta para salir de la crisis dejada por el neoliberalismo no puede ser por el mercado, como se pretende en Estados Unidos. Es por ello que mientras en Wall Street cunde la desesperanza, en Ecuador prevalece la esperanza. Ecuador decidió refundarse, desechar al zafacón de la historia las viejas estructuras del capitalismo dependiente y las políticas neoliberales que más recientemente le daba sostén.

Claro está, Ecuador sólo pudo encaminarse hacia la refundación en la medida en que se despartidizó la solución. No fue desde las viejas elites económicas y políticas que se forjó el proyecto de nueva Constitución. Las viejas estructuras y concepciones de la política, de raíz hobbesianas, es decir, excluyentes del soberano popular, eran un obstáculo insalvable que habían prácticamente lanzado al país a un abismo de ingobernabilidad.

A finales del siglo XX, en menos de diez años Ecuador presenció la subida y caída de siete mandatarios, ninguno de los cuales alcanzó finalizar el término constitucionalmente establecido. Ni con la Constitución de 1998, se pudo poner fin a la permanente insurgencia ciudadana, la cual dejó como saldo dos derrocamientos. Y es que dichas constituciones materialmente seguían apuntaladas en un orden social y político injusto que beneficiaba sólo a una ínfima minoría del país, junto al gran capital foráneo.

El más reciente de los depuestos por la insubordinación civil fue Lucio Gutiérrez en el 2005. Si bien ascendió a la presidencia con un apoyo que incluyó el movimiento indigenista, con el compromiso de implantar una agenda que alejara el país del modelo neoliberal, una vez ocupó la presidencia traicionó a quienes le votaron y se dedicó a profundizar la inserción del país dentro del perverso modelo. Ello provocó la rebelión de los forajidos, es decir, de todos los excluidos por el neoliberalismo, desprovistos éstos de todo derecho bajo el Estado de hecho del mercado. El Estado de hecho se transmutó en Estado de anomia.

El sucesor interino de Gutiérrez, Alfredo Palacio, fracasó en satisfacer las demandas de los forajidos, que no eran otras que las de refundar el Estado para que exprese éste efectivamente la voluntad del soberano popular, en su rica diversidad, y no la de los partidos burgueses, dedicados siempre a la reproducción de sus ricos bolsillos. El brazo legislativo de la desprestigiada partidocracia se encargó de obstruir cualquier intento de atender los reclamos populares.

En eso llegó Rafael Correa, quien ocupó por breve tiempo la cartera de Ministro de Economía bajo Palacio pero pronto se dio cuenta que la solución no anidaba en las estructuras gubernamentales establecidas. Éstas eran parte del problema.

De ahí que Correa se decidió por forjar una nueva alianza política con el país, fuera de las estructuras partidistas precedentes. Desde el 15 de enero de 2007, cavó su trinchera en la presidencia del país y desde allí se dedicó a potenciar el poder directo del pueblo, como soberano, como poder constituyente de lo nuevo. El poder constituido estaba demasiado corrupto e incapacitado para hallar una salida a la crisis perenne de los pasados años. Había que superarlo de inmediato. A esos propósitos, su primer acto fue convocar al soberano popular a la organización de una Asamblea Constituyente con plenos poderes. Ésta concluyó sus trabajos el pasado 24 de julio con la redacción y aprobación de una nueva Carta Magna que consta de 444 artículos, 30 disposiciones transitorias y el reglamento para el establecimiento de un Régimen Transitorio.

La nueva Constitución ecuatoriana está comprometida con el impulso de un nuevo concepto de la economía, reemplazando la economía de mercado por una economía social y solidaria que garantice una más equitativa distribución de la riqueza y un acceso igualmente equitativo al trabajo, la educación, la salud y la vivienda. Es la economía política de un nuevo contrato social: el de la democracia absoluta cuyos fines éticos exige la plena y efectiva igualdad en todos los órdenes de la vida. Atrás quedó la economía y la política de las engañosas ficciones de la llamada democracia liberal.

La nueva Carta asume un compromiso pleno con la construcción de lo común. Como tal, deberá llevar al pueblo ecuatoriano al sumak kawsay, palabra quechua que quiere decir el “buen vivir”, un modo de vida que, a diferencia del capitalista, constituye una forma de convivencia humana que promueva la armonía con pleno respeto a la diversidad. El yo se transmuta en nosotros y el nosotros refleja las múltiples singularidades.

Por otra parte, el proyecto de nuevo país consignado en el nuevo texto constitucional identifica como eje prioritario la integración política, cultural y económica de la región andina, América del Sur y la América Latina. En ese sentido, constituye una nueva subjetividad política, junto a una concepción ampliada de la soberanía, y se compromete a propiciar la creación de la ciudadanía latinoamericana y caribeña.

A partir de la adopción de la nueva Constitución se da inicio a un periodo de transición que debe llevar a la convocatoria de nuevas elecciones generales para enero o febrero de 2009 para la conformación de un nuevo poder constituido que sea expresión material de la voluntad del poder constituyente. Claro está, también Estados Unidos se enfrenta a su propia prueba electoral en noviembre próximo pero, a diferencia de Ecuador, el poder constituyente está ausente de ese proceso dominado por un poder constituido que sigue siendo esencialmente representante de los intereses de Wall Street y no de los intereses de los ciudadanos comunes del Main Street. Pues, allá, en el sistema que prevalece en el Norte, los ciudadanos comunes siguen siendo forajidos.

Carlos Rivera Lugo es Catedrático de Filosofía y Teoría del Derecho y del Estado en la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos, en Mayagüez, Puerto Rico. Es, además, miembro de la Junta de Directores y colaborador permanente del semanario puertorriqueño “Claridad”.

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