miércoles, 1 de octubre de 2008

Ecuador: La derecha desarrolla esfuerzos por neutralizar el triunfo electoral


Guillermo Navarro Jiménez (especial para ARGENPRESS.info)

En todo proceso político similar al que se cumple exitosamente en el Ecuador, los agentes del NO, derrotados en las urnas, acuden a una serie de actividades que generalmente se inician con aquella en la que, convertidos en mansos corderitos, tratan de neutralizar el triunfo, en tanto aprontan los aperos para profundizar las contradicciones e incluso preparar el ataque aleve, incluso cruento como ocurre actualmente en otras latitudes de América Latina.

En el Ecuador, tan pronto conocieron que el proyecto de nueva constitución había sido aprobado en forma contundente, iniciaron una campaña con la que pretenden que el carácter democrático del proceso transformador se restringa al respeto de la opinión de las minorías, con lo que tratan de decantar el carácter democrático del proceso en marcha, el cual, como todo proceso transformador, sustenta su contenido democrático en la adopción y concreción de políticas económicas y sociales que beneficien a las mayorías postergadas, en la adopción de cuerpos legales que respondan a los mandatos constitucionales, en contra de los cuales, por cierto se alinearon. Efectivamente el carácter antidemocrático pasado, el que precisamente se trata de sepultar, se materializaba en un aparente respeto a la opinión de la mayoría expresada en las urnas, en tanto la política económica y social, sólo beneficiaba a la minoría que controlaba la institucionalidad del Estado, el poder económico y el fáctico. En otros términos, en tanto la apariencia democrática se conformaba con los procesos electorales, la antidemocracia real se plasmaba a través de la política económica y social y los consecuentes cuerpos normativos que la posibilitaban o validaban. El carácter democrático o no de un régimen, entonces, no pasa por la participación en procesos electorales, sino por los destinatarios de los beneficios que establecen los cuerpos constitucionales, las leyes y la política económica y social concreta. En consecuencia, lo que las fuerzas de la derecha pretenden es neutralizar la continuidad de una política económica que favorezca a la mayoría postergada de la sociedad ecuatoriana, con lo que se interrumpiría el proceso en marcha.

Ello explica, entonces, el por qué en esta etapa todas las voces de la derecha derrotada reclaman la necesidad imperiosa de que el gobierno nacional, y especialmente el Presidente Correa, “asuma una posición democrática”, la que, según su opinión, debe restringirse a respetar la opinión de las minorías derrotadas y, no sólo ello, sino también, insisten, en recoger los planteamientos de esas minorías, planteamiento que expresan reiteradamente a través de todos los grandes medios de información social, al mismo tiempo que proclaman su respeto a los resultados del referéndum. En suma, pretenden que el “respeto a las opiniones y planteamientos” de las minorías derrotadas, obligue al gobierno del Presidente Correa, a limitar la adopción de medidas de política económica y social a favor de las grandes mayorías. Propósito que de no lograrlo, dado que es previsible que el gobierno nacional mantenga su actual línea de política económica y social, les permitirá disponer de argumentos en contra de las medidas que adopte el gobierno nacional, arguyendo falta de “sensibilidad democrática”. Línea política que ya la utilizaron durante la campaña, como lo demostraron sus “argumentos” en contra de las medidas sociales que contiene el texto constitucional aprobado, como la seguridad universal, el sistema nacional de salud o la educación gratuita hasta el tercer nivel.

Desde otra perspectiva, la neutralización la sustentan los derrotados en la reducción porcentual de la votación a favor del SI, en comparación con la votación obtenida en los cuatro eventos electorales anteriores, lo que, según su criterio, obliga a que el gobierno nacional, insisten, “asuma una posición democrática”, de las características ya mencionadas. El argumento de la diferencia, por cierto, oculta una verdad incontrovertible: en todos los procesos electorales a los que antecede una discusión de contenidos constitucionales y que como consecuencia de ello se desarrolla en medio de grandes y profundas confrontaciones ideológicas y políticas, como el que espectó el Ecuador y antes lo hizo Venezuela y Bolivia, la votación indefectiblemente se reduce. Ante ello y dados los objetivos de la derecha de minimizar el triunfo en sus esfuerzos por neutralizarlo en la etapa postelectoral, es de gran importancia continuar en la difusión de los contenidos constitucionales para que todos los ecuatorianos de buena fe que votaron por el NO, alejados ya del tráfago electoral, tengan la posibilidad de profundizar sus conocimientos sobre la constitución aprobada, lo que permitirá robustecer la conciencia social y política de otros sectores que pueden adscribir al proceso.

Si bien el triunfo del Si y la consecuente ratificación del Régimen de Transición, aparentemente ha tranquilizado las críticas de la derecha derrotada en las urnas, es evidente que se trata de un movimiento puramente táctico. La presencia de Fausto Lupera de Sociedad Patriótica en las reuniones de los Asambleístas en receso, lo demuestran inobjetablemente. Ante ello, es evidente que la neutralización del triunfo se verá posibilitada si la proporcionalidad de la representación de los distintos partidos y movimientos de la Asamblea Constituyente se modifica, puesto que se proporcionaría un argumento cuya base sería el irrespeto a la decisión popular expresada cuando se eligieron a los asambleístas. Ante ello es ineludible que cualquiera sea la decisión que adopten los asambleístas, debe guardarse irrestrictamente la proporcionalidad de la representación. Si se acepta la sugerencia de mantener la proporcionalidad, la reducción del número de asambleístas dependerá de la indispensable necesidad de lograr la mayor eficiencia y eficacia legislativa posible, para responder adecuadamente a las demandas que impone la nueva constitución, así como para disminuir, en la mayor medida posible, las dilatorias a las que seguramente acudirán los asambleístas derrotados para tratar de impedir se cumplan los plazos establecidos en la nueva constitución. No es gratuito que Vicente Taiano y otros asambleístas de la minoría derrotada se hallen ya demandando que la tarea legislativa sea enfrentada por los 130 asambleístas. Adicionalmente, y en prevención de críticas que podría formular la minoría derrotada a los cuerpos legales que se elaboren, discutan y aprueben, el mejor método para evitar esos esfuerzos por neutralizar el proceso en marcha, es, sin lugar a duda alguna, el poner en discusión ciudadana todos los textos legales que se elaboren en forma previa a aprobación. Este procedimiento, a más de inutilizar las previsibles críticas que expresará la derecha, permitirá avanzar en la consolidación de la democracia directa y constante contenida en la nueva constitución, así como ampliar la base social de apoyo al proceso en marcha.

En estos esfuerzos por evitar que el triunfo sea neutralizado como lo pretende la derecha derrotada, es igualmente importante crear condiciones que permitan que la opinión pública reconozca los cambios que se adoptan sobre la marcha. Por ello y dado el gran escándalo que se creo alrededor de ciertos asesores, es imprescindible adoptar correctivos definitivos. La propuesta de Fernando Cordero de eliminar los asesores personales y optar por asesores institucionales, especializados por temas, es una buena solución, la que podría igualmente completarse con la creación de centros de secretaría y asistencia, con lo que se eliminaría la posibilidad de que mantengan prácticas antiéticas de sobra conocidas, tales como el nepotismo, los compadrazgos, las amiguitas de ocasión, etc.

En conclusión, ante la estrategia que desarrolla la derecha para neutralizar el triunfo electoral, es importante diseñar y adoptar todas las medidas que permita contrarrestarlas. Para ello, la movilización permanente es un imperativo, así como ampliar la participación popular en todos los procesos que deben cumplirse por los mandatos contenidos en el nuevo texto constitucional.

Imagen: Bandera de la República de Ecuador.


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