martes, 4 de noviembre de 2008

Argentina: Grandes empresarios quieren que el hilo se corte por lo más delgado

Emilio Marín (LA ARENA)

Es verdad que el país no está devastado como a fines de 2001. Pero tampoco derrocha salud por todos sus poros, sobre todo los de los pobres. Y preocupa que varias de las cámaras patronales empezaran por el ajuste.

A la derecha cerril y neoliberal le ofende que la presidenta argentina haya disparado varios dardos envenenados contra el Consenso de Washington y el ideario de los '90, analizando la coyuntura internacional. Se entiende el enojo porque esos sectores son defensores de esa plataforma pergeñada por el capital financiero internacional.

Criticar a Wall Street está muy bien y es oportuno porque ayuda a los argentinos de a pie, a comprender cuál es el origen principal -no el único- de los problemas económicos y financieros que están sacudiendo el país. Al que le quepa el sayo, que se lo ponga.

Pero en simultáneo las autoridades gubernamentales tienen la obligación de adoptar las medidas de protección del trabajo local y dentro de éste a los trabajadores, que son la parte más vulnerable. Eso no se consigue sólo con discursos.

Y allí aparecen las limitaciones. Carlos Tomada se ha limitado a ofrecer estabilidad a los empleados de las AFJP, al comentar el proyecto de ley de reestatización. El beneficio alcanzaría a algo más de 10.000 personas. La cartera de Trabajo le ha recordado a los bancos y administradoras la vigencia del procedimiento preventivo de crisis, para que antes de despedir comuniquen al gobierno y abran un período de componenda con la dependencia.

Con esos dos débiles instrumentos, miles y miles de asalariados de diferentes actividades, que ven peligran sus puestos de trabajo, no tienen una protección efectiva.

Hugo Moyano, secretario general de la CGT, que no se caracteriza precisamente por tomar esa defensa como un leit motiv sindical, ha elevado dos propuestas al PEN. Aún no ha tenido respuesta sobre el grado de aceptación gubernamental.

Una fue impulsar el cumplimiento de la ley de "Compre Nacional", para que el Estado y los prestadores de servicios públicos privilegien las compras de bienes producidos en el país antes que en el extranjero. Hubo silencio oficial.

La otra sugerencia fue reimplantar la doble indemnización en caso de despido, que busca desalentar cesantías y fuera eliminada el año pasado. Se supone que una conducción gremial genuina debería defender la estabilidad en el empleo antes que encarecer el costo del despido. De todos modos, tampoco esta última modalidad fue vista como necesaria por la presidenta y su ministro de Trabajo.

Tanta liviandad contrasta con el peligro real de menor crecimiento económico y despidos y suspensiones que ya aparecen en el panorama gremial.

"Crettino" Rattazzi

Muchas de esas medidas antiobreras las empiezan a adoptar empresarios que comieron y comen de la mano del gobierno, por ejemplo los de terminales automotrices. Resulta que este año terminarán fabricando y vendiendo 615.000 vehículos, rompiendo todos los récords del sector, pero ante los primeros nubarrones de crisis corrieron una carrera de Fórmula 1 para ver quién llegaba primero con sus fatídicos telegramas.

Renault de Santa Isabel, Córdoba, despidió a 600 trabajadores, que luego de la "mediación" del SMATA, redujo a 300. General Motors, de Alvear, cercana a Rosario, cesanteó a 500, un trámite que se está negociando ante el Ministerio de Trabajo con conciliación obligatoria. Fiat, de Ferreyra, Córdoba, suspendió a sus mil empleados alegando falta de piezas y luego hizo otro tanto con 900 dependientes de su planta de camiones, Iveco, invocando falta de pedidos o caída de los mismos.

El presidente de Fiat Auto de Argentina es Cristiano Rattazzi, un habitué de los actos con la presidenta en el Salón Blanco de la Casa Rosada, por caso el 2 de septiembre por el Día de la Industria. Pero este tano tiene muy claro que por encima del lobby y relaciones públicas, lo que importa es la defensa cerrada de sus intereses. Lo demostró con sus comentarios públicos contra la decisión oficial de anular las AFJP, que calificó como un "manotazo" a los ahorros privados. Y lo reiteró con declaraciones en los diarios del 19 de octubre pasado: "algún ajuste hay que hacer y lamentablemente la variable es el empleado".

En consecuencia lo primero que ordenó el capo de la firma italiana fue no crear el segundo turno que estaba por comenzar en su planta de Ferreyra. De tal forma que las promesas de reactivación de la misma, que datan de 1996 cuando fue reinaugurada en la gobernación Mestre, y de 2008, con presencia del secretario de Industria Fernando Fraguío (ex empleado de Fiat), siguen en veremos.

Ese achicamiento no parece ser sólo rasgo automotriz. La chilena Cencosud, dueña de cadenas de supermercados, envió 350 despidos de empleados de su controlada Easy. Los bancos, los grandes responsables del "crac" de 2001, al que precipitaron con su fuga de 15.000 millones de dólares y corralito posterior, se anotaron entre los tempranos expulsores de mano de obra. Quieren que a los 10.000 cesantes de AFJP se los lleve el Estado, y han anunciado despidos en el Banco Hipotecario, 200 "retiros voluntarios" en el Banco Santander y 218 cesantías encubiertas como esas en el Standard Bank. Aceros Zapla mandó una carta al gremio instando a "colaborar y acompañar el esfuerzo, ingrato en muchas ocasiones" (Pregón, 25/10).

Los fabricantes de maquinaria agrícola dicen que no suena ni un teléfono encargando algún equipo y hasta en la industria de la alimentación se han cortado horas extras y adelantado vacaciones. Y eso que la gente deja de comer como lo último...

Prepararse para lo peor

Para el vocero de cuestiones políticas del gobierno, el ministro Florencio Randazzo, no habría de qué preocuparse pues "Argentina está sólida como nunca" (LA ARENA, 12/10).

El titular de Interior comete así un error grave pues una cosa es que la construcción de una casa sea relativamente buena pero otra, a tener en cuenta, es la noticia de que se viene un huracán. El flamante premio Nobel de Economía, Paul Krugman, sentenció que "la caída será cruel, brutal y larga". Entonces la lógica impone tomar recaudos y buenas políticas, sobre todo para proteger a los sectores más vulnerables. Se sabe que los huracanes se llevan primero a las viviendas de chapas y maderas donde vive la gente más pobre. Dicho en otros términos, hay que proteger a los trabajadores urbanos y rurales y a los pequeños y medianos productores, comerciantes e industriales nacionales.

En cambio, los monopolios, multinacionales y grupos económicos concentrados, tienen capital y "espalda" para aguantar no uno sino varios chubascos. Sobre todo porque hasta ahora han logrado derivar los costos de las crisis anteriores hacia aquellos sectores vulnerables y al Estado, a toda la sociedad. Son los maestros de la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias. Esto tendría que cambiar de raíz en esta oportunidad.

Por ejemplo, se ha dicho que el saldo positivo de la balanza comercial externa se reducirá de 13.000 millones de dólares a entre 6.000 y 10.000 millones. Con mayor razón el Estado debería quedarse con ese superávit mediante una recreación de lo que en los primeros gobiernos peronistas fue el IAPI (Instituto Argentino de Promoción del Intercambio).

Otra fuente de recursos podría ser una reforma impositiva para que paguen efectivamente más los que más tienen, comenzando por gravar la renta financiera.

Los fondos previsionales rescatados del secuestro de las AFJP tienen que ser usados con sentido nacional: para mejorar los haberes de los jubilados de hoy y con obras para reactivar la economía, para beneficio de los jubilados de mañana.

En definitiva, al calor de una crisis impiadosa que empieza a golpear los flancos más débiles de la sociedad argentina, hay que poner en práctica una política diferente a la aplicada hasta hoy, cuando los mayores subsidios, reintegros y adelantos se los llevaron pulpos como Techint, Arcor, Aluar, General Motors, Motorola, Fiat, los bancos, etc.

El Pacto Social a negociar debería excluir a esos "pesos pesados" de las concesiones. Que se abarque trabajadores, jubilados, profesionales, chacareros, cooperativistas, universidades públicas, Pymes, empresas medianas nacionales y el Estado. Que Rattazzi le pida plata a los directivos de Turín y que los directivos de Consolidar se arreglen con sus controlantes del Banco Francés.

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