jueves, 6 de noviembre de 2008

Argentina, La Pampa: El juego canalla del presupuesto

LA ARENA

¿Cuánto dinero de la coparticipación federal llegará a nuestra provincia para el año que viene? Esa parece ser la pregunta del millón y por el momento no hay quién pueda acertar con su respuesta. En el proyecto de presupuesto nacional que ya aprobó la Cámara de Diputados y ahora está en Senadores han aparecido algunas sorpresas.

Varias de las obras más importantes que espera iniciar el Ejecutivo provincial no figuran -como las seis mil viviendas prometidas por la Presidenta o la reparación de las rutas nacionales- y otras muestran un recorte extremo en el monto que se había anticipado, como la extensión del acueducto hasta General Pico.

El gobernador le restó importancia al asunto y afirmó que algunas de las obras igualmente se realizarán, aunque no aparezcan en la "ley de leyes", por el método de pago diferido. En cuanto a las otras trascendió que se espera una intervención de la Jefatura de Gabinete que hará uso del arbitrario sistema de alterar las partidas y sus destinos, una prerrogativa que le otorgó el Congreso al Poder Ejecutivo durante la profunda crisis económica de los años 2001-2002, bautizada como "superpoderes".

El mecanismo es conocido por los pampeanos pues en nuestra provincia, aunque no haya ley que lo respalde como en el ámbito nacional, es de aplicación corriente por todas las administraciones justicialistas que pasaron por el Centro Cívico desde 1983 hasta nuestros días. El resultado es nefasto: la ejecución real de los presupuestos no tiene nada que ver con lo que aprobaron los representantes del pueblo, es decir, los legisladores.

En relación con sistema de pagos diferidos puede decirse que registra malos antecedentes en La Pampa. En la década de los sesenta se confeccionó un ambicioso proyecto vial en la provincia, formulado por un presidente de Vialidad Provincial de muy triste recuerdo. Una de las característica del sistema era que las empresas cotizaban las obras al doble o más de los costos reales. La Arena criticó en forma muy severa esa sospechosa operatoria, lo cual le valió al director de entonces una condena a prisión por el delito de desacato, figura que en ese tiempo estaba vigente en el Código Penal en defensa de los funcionarios corruptos. Afortunadamente un cambio de gobierno hizo que las nuevas autoridades revisaran aquel engendro, derogaran el sistema de pago diferido y promovieran la cesantía del funcionario autor de esa variante tan inconveniente para el tesoro público.

Ahora, según se anunció, vuelve a insistirse con ese recurso administrativo que además de traer tan malos recuerdos habla con crudeza de los parches que puede sufrir un presupuesto que, luego de aprobado por los diputados y senadores, es alterado en forma sustancial por el Poder Ejecutivo. Este, como su nombre lo indica, sólo debe limitarse a "ejecutar" el mandato aprobado por el Congreso pues de lo contrario invade terreno legislativo, facultad expresamente vedada por la Constitución Nacional.

La transparencia en la administración pública, tan presente en los discursos de los funcionarios provinciales y nacionales, es lo opuesto a estos procedimientos viciosos que desprecian la división de poderes e impiden un efectivo control de los dineros públicos.

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