martes, 4 de noviembre de 2008

Colombia: Los falsos positivos

Luis Eduardo Saavedra (especial para ARGENPRESS.info)

Hablar de la violación de los derechos humanos en Colombia es un eufemismo para tapar los crímenes y el terrorismo de Estado que durante décadas ha asolado al pueblo.

Para no ir muy lejos, a mediados del siglo pasado, en la época genéricamente denominada como la Violencia (así, con mayúscula), murieron unos trecientos mil colombianos en una ofensiva violenta de la derecha en el poder, que aliada con el clero, aplastó la rebelión de un pueblo que no podía resignarse al asesinato de su única esperanza: Jorge Eliécer Gaitán, su Caudillo. Una conjunción de fuerzas reaccionarias, entre las que no podía faltar la CIA, como luego se supo por documentos desclasificados, liquidaron a Gaitán. Un consenso general señala que en ese momento se jodió Colombia.

Lo que hoy se conoce como paramilitares en aquella época se conocían como 'chulavitas' o 'pájaros'. Un libro de la época, Viento seco, del escritor Edgar Caicedo relata una atroz masacre a manos de 'pájaros', en la población de Ceylán, Valle, en 1950: "Violaron niñas y mujeres. Torturaron en todas formas. Se embriagaron, asolaron, diezmaron. Las llanuras y el humo eran de diferentes colores. Las matanzas se repetían sin cesar. A los asesinados en el poblado se suman los 150 cautivos que fueron llevados en camiones hasta el río Bugalagrande y ahí, después de la fiesta de sadismo y tortura, asesinados, macheteados, rociados con gasolina e incendiados. El puente y la carretera se volvieron rojos. Y el río se volvió más rojo". Esto hace 58 años y sucedía en todo el país. La copla llanera decía que "los paticos navegaban en la sangre que corría". En los ríos rojos también navegaban los cadáveres con un gallinazo encima picoteando el vientre hinchado.

'Tirofijo' era casi un adolescente liberal que luego de la muerte de Gaitán se unió a las guerrillas liberales del Tolima que comandaban los hermanos Loayza para defenderse de la policía y luego se unió a las guerrillas comunistas. Más de una década después resolvió internarse en una montaña selvática e inexpugnable con 38 hombres, unas gallinas y unos marranos para entrar en buen retiro. Hasta allí llegaron los aviones del gobierno conservador de la época (1964), a bombardear indiscriminadamente, en un plan fraguado por los gringos y denominado Operación Marquetalia que pretendía liquidar una supuesta república independiente de ideario comunista. 'Tirofijo' y sus hombres huyeron y de un grupo de autodefensa campesina que era pasaron a constituirse en una guerrilla móvil y ofensiva a la que llamaron FARC.

Todavía sobreviven algunos autores intelectuales del inmenso genocidio de los años cincuenta (de Los años sin cuenta como bautizaron a una obra de teatro que recreaba la época siniestra), de los trescientos mil muertos que la oligarquía liberal-conservadora resolvió cubrir para siempre con el manto de la impunidad. Todavía sobreviven con su prole espléndidamente instalada en el establecimiento. La godarria, tras sufrir por décadas el aislamiento político al que los condenó el pueblo por las atrocidades cometidas, en un momento trágico (Marx decía que la historia unas veces se repetía como farsa y otras como tragedia), su antiguo líder, Laureano Gómez, apodado 'El Monstruo', reencarnó en Uribe Vélez y con él de nuevo el fascismo (el partido conservador de los años cincuenta era un remanente tropical de la Falange española) pero en una versión lumpen.

Uno quisiera entrar de lleno en el tema, pero no es posible escamotear tanto pasado. Siempre que se va a contar una nueva atrocidad aparecen los fantasmas trashumantes del pasado que no pueden descansar en paz por el peso de tanta impunidad. Lo de los falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales por recompensas son un cuento viejo. "Las 'legalizaciones' de cadáveres son un asunto cotidiano", contaba el soldado Luis Esteban Montes. He aquí parte de su relato:

."Todo pasó el 30 de abril del año pasado. Yo estaba como soldado contraguerrilla en el Batallón de Infantería N.31 que opera en Córdoba. Mi compañía llevaba más de 15 días sin hacer mucho en un pueblito caluroso que se llama San Juan. No había operaciones ni patrullajes. Los soldados estábamos simplemente ahí, sin hacer nada. Pero el Día de la madre estaba cerca y los altos mandos empezaron a preocuparse porque no teníamos resultado para mostrar, ni méritos para que nos dieran los días y poder salir a visitar a las familias. Entonces se empezó a hablar de 'legalizar' a alguien. Es decir, de matar a una persona para hacerla pasar por guerrillero y así ganarse el permiso para salir. No me sorprendió del todo, pues las 'legalizaciones' son un asunto cotidiano".

"Una noche, mientras yo hablaba con mi familia por teléfono, llegó mi cabo Jonathan Pineda y me dijo: 'Guajiro, váyase para el cambuche que ya tenemos el 'man' al que le vamos a hacer la vuelta'. Yo le pregunté que quién era, pero me mandó a callar y me advirtió que mi capitán Jairo Mauricio García había dado la orden de que no le habláramos para que no se diera cuenta de que lo iban a matar. Le pregunté: "¿De dónde es el 'man'?" y me dijo que de La Guajira. Siempre buscaban personas que fueran extrañas a la región para que ningún familiar los reclamara. De todas maneras yo tenía mucha curiosidad porque también soy de La Guajira. Entonces me salí del cambuche, prendí un cigarro y escuché que el hombre me pidió otro. No le alcancé a ver el rostro porque no había luz ni luna. Estaba lloviznando. Le regalé el cigarro y nos pusimos a charlar. Al poco tiempo me di cuenta de que era mi hermano, Leonardo Montes". (Revista Semana, 26-10-08)

Luis Esteban Montes lo ayudó a fugarse, pero ya su hermano estaba signado por la fatalidad pues era la presa perfecta: un hombre solo, sin raíces en la región, que nadie reclamaría. En otra población, sin ninguna conexión con la anterior, lo cazaron y lo 'legalizaron'. Tiempo después, Luis Esteban reconoció el cadáver de su hermano.

Dice Salúd Hernández, reconocida columnista colombo-española de El Tiempo y muy allegada al Grupo Planeta, copropietario del diario:"Conozco falsos positivos desde 1999. Un oficial y un 'paraco' me confesaron, en un pueblo del Catatumbo, que las autodefensas regalaron al Ejército cuatro campesinos asesinados para que los mostraran como bajas guerrilleras. De ese año en adelante, la práctica no hizo sino crecer, en paralelo con el recrudecimiento del conflicto y, sobre todo, con la presión e incentivos para mostrar resultados. Y como desaparecieron las Auc, ahora alguien tiene que hacer el trabajo sucio.

"Cuando era ministro de Defensa Jorge Alberto Uribe, leí un documento donde primaban las bajas. Tiempo después me hice eco de las quejas de militares hartos de la cultura de muerte, fomentada por el general Montoya. "Quiero estadios llenos de muertos", repetía. Estaba convencido de que las Farc se acababan, entre otras, matándoles combatientes, estrategia compartida por el presidente Álvaro Uribe, que fue quien lo nombró y lo sostuvo porque me cuentan que ni el general Padilla ni el ministro Santos lo querían a la cabeza del Ejército". (El Tiempo, 02-11-08). El general Montoya fue el héroe de la operación 'Jaque' con la cual rescataron a Ingrid.

En Febrero de 2006, Michael Fruhling, Director de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU en Colombia, declaró: "Sabemos que las autoridades conocen ejemplos de violaciones graves, como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, pero de eso no se habla clara y tranquilamente ni aparece en las estadísticas oficiales…Se necesita que el gobierno tome con rapidez medidas contundentes para prevenir e investigar las desapariciones forzadas"

Según la revista Semana (02-10-08), las ejecuciones extrajudiciales investigadas por la Fiscalía y la Procuraduría pasaron de 246 en 2004 a 458 en 2005; de 745 en 2006 a 911 en 2007 y se calcula en 530 los desaparecidos en este año. De haberse tomado medias contundentes como recomendó Fruhling se hubieran podido salvar 2186 vidas del 2006 al 2008.

Pero nadie hacía nada. Los medios habían centrado la atención de las masas en los secuestrados de las Farc y los medios en Colombia determinan el grado de sensibilidad frente a los hechos repudiables. Millones de personas de blanco, con pañuelos y banderas blancas, colmaron las calles y las plazas del país exigiendo la liberación de los rehenes. Si nadie reclamó por los restos de los cuerpos descuartizados hallados en 3 mil fosas menos se iban a preocupar por 'desechables', presuntamente abatidos por la Fuerza Pública para cobrar recompensas.

Hasta que un día, Roberto Jairo Mesa, de Soacha, población suburbana de Bogotá denunció la desaparición de su hermano en enero de este año. Un funcionario de medicina legal le comunicó, tiempo después, que su hermano podría estar en una fosa común en Ocaña en donde efectivamente lo encontraron. El enigma era cómo una persona desaparecida en Soacha el 26 de Enero, apareciera muerto al otro día, a las 10 de la noche en Ocaña, una población ubicada a 400 km al noreste de Bogotá, en las proximidades de la hermana República de Venezuela.

En la fosa se identificaron 11 cadáveres más de muchachos desaparecidos de Soacha y técnicamente dados de baja en combate por efectivo del ejército. Como se pudo establecer rápidamente se trataba de adolescentes, la mayoría menores de edad.

El modus operandi, según Semana, es el siguiente: reclutadores ligados a bandas emergentes (eufemismo para designar a las bandas paramilitares de siempre pero oficialmente desmovilizadas) merodean a jóvenes de estratos bajos a quienes les ofrecen trabajos non sanctos pero jugosos generalmente en el campo. Por cada muchacho cobran un promedio de 150 dólares. Las bandas corren con los gastos. Los muchachos reclutados con engaños son puestos a disposición de los militares para que los den de baja como guerrilleros tras una farsa de combate. Luego los muertos son 'legalizados'. Así la guarnición aumenta puntos por servicios prestados a la patria en la lucha contrainsurgente. A cambio, el ejército le da protección a las bandas paracas. Es decir, el glorioso ejército nacional al servicio del crimen organizado, como el mismo Uribe lo reconoció.

El escándalo fue de tal magnitud que el gobierno no tuvo otra alternativa que botar a 27 militares: tres generales, cuatro coroneles, siete tenientes coroneles y suboficiales.

Pero esto es tan solo la punta del iceberg. A pesar de que Uribe, aparentemente transido de dolor, ha repudiado estos crímenes que harían aparecer a la dictadura de Pinochet como paradigmática en protección de derechos humanos; a pesar de que ha insistido hasta la saciedad en que jamás ha ofrecido recompensas (clave fundamental de su "Seguridad democrática") para militares, lo cierto es que ya afloró en los medios independientes la directiva ministerial No 029 de 2005 de su ex ministro de defensa Camilo Ospina en la cual se ofrecen de $3'680.000 en adelante por insurgentes dados de baja. Amanecerá y veremos.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.