viernes, 7 de noviembre de 2008

Ecuador: Control Social y Participación Ciudadana ¿conceptos complementarios?

Guillermo Navarro Jiménez (especial para ARGENPRESS.info)

Me declaró abierto defensor de la Nueva Constitución y de su estricta aplicación, lo que, por cierto, no obsta para que advierta problemas teóricos sobre los cuales exprese mi opinión, oportuna y en su momento, en la Asamblea Constituyente.

Uno de ellos es la profusa introducción del concepto “control social” incluso hasta en detrimento del concepto “participación ciudadana”. Hoy que Nicolás Parducci, en artículo difundido por el diario El Universo el 5 del mes y año en curso, se refiere al control social y solicita opiniones al respecto, creo oportuno insistir en las razones de mi acotación teórica.

Nicolás Parducci inicia su exposición con una definición gramatical: “quien controla debería comprobar, inspeccionar o fiscalizar actividades; en nuestro caso, las que realizan o dejan de realizar quienes ejercen el poder político, en todas sus manifestaciones”(1). Definición que no admite reparo, y que nos permite insistir en que control social implica comprobar, inspeccionar o fiscalizar a “quienes ejercen el poder político, en todas sus manifestaciones”. Acciones que sitúan a los actores sociales en ajenos, simples observadores, comprobadores y fiscalizadores de la ejecución de los programas y proyectos, que no en partícipes directos en la decisión de ejecutarlos, de la ejecución de los mismos.

No cabe duda alguna de que esa es la forma de gestión adoptada por quienes ejercen el poder político en el Ecuador. Forma en la cual los ciudadanos comunes no participan en el proceso de selección y decisión sobre cuales programas y proyectos deben o no ejecutarse, la modalidad de ejecución, etc. indiferentemente del nivel en que se adopten esas decisiones. Ausencia de los ciudadanos que es mucho más evidente en el caso de la toma de medidas de política económica y social, que se genera en los niveles jerárquicamente más altos de la estructura del Estado.

La forma de gestión antes mencionada es común, tanto a nivel de gobierno central como de los gobiernos seccionales, como igualmente lo comprueba, por oposición, la proliferación de innumerables veedurías, observatorios, grupos de vigilancia y monitoreo, y otras organizaciones de similar laya que, ante tal situación, cumplen las funciones de control social en forma independiente de la autoridad, en todos los campos, a pesar de que se desconoce quien los eligió para tal cometido, quien los invistió de autoridad, y cuyos membretes esconden tras sí a ONG’s o fundaciones, cuyos intereses se restringen a los grupos de interés que las conforman, antes que a sectores sociales amplios que legitimarían su accionar. Amén de otros pecadillos que no vienen al caso hoy especificarlos.

Si ello es así, vale preguntarse, ¿de donde deviene ese comportamiento?

A nuestro criterio, de la vigencia de la democracia representativa, sistema político que ha imperado en el país, como en todos los países de América Latina, en las últimas décadas. Afirmación que exige una breve digresión teórica, útil a nuestro propósito.

La democracia representativa tiene como sustento la delegación de la soberanía por parte del pueblo, en elecciones libres, para que las personas electas, en nombre de los electores, administren el país y adopten las decisiones sobre todos los asuntos relacionados con sus competencias. Decisiones que, en teoría, deben responder a los intereses de los electores. En consecuencia, son los representantes quienes, según Nela Curbelo ha conducido a una situación en la cual: “Nos cansa que hablen a nombre nuestro, siempre y a cada rato”. Advirtiendo a los representantes que: “No hemos dado un papel en blanco para que otros lo llenen a nombre nuestro y de la democracia” (2), como efectivamente aún así lo comprenden los ungidos de poder.

Por lo expresado, se produce un divorcio entre electores y representantes, en todos los momentos de la gestión pública. Limitación de la democracia representativa que, para ser morigerada, acude a dos mecanismos: el control social y la rendición de cuentas. El primero para controlar la acción de los representantes y la segunda para conocer, ex post, cuales fueron las acciones que emprendieron y las decisiones que adoptaron. El control social y la rendición de cuentas, entonces, son pertinentes a la democracia representativa. Por ello y por ejemplo, la Constitución de 1998 inscrita en la democracia representativa, establecía en el artículo 26 el derecho de los ciudadanos para fiscalizar los actos de los órganos del poder público, en tanto que en el artículo 237 establecía que “La ley establecerá las formas de control social y de rendición de cuentas de las entidades del régimen seccional autónomo”.

A lo antes expresado, debe agregarse que la democracia representativa habitualmente incluye elementos propios de la democracia directa, la que se caracteriza por consultar directamente al pueblo sobre problemas específicos, sobre los cuales éste decide de manera directa, sin representantes, sobre aquello que se le somete a su consulta. En el Ecuador las constituciones estipulan, por ejemplo, que los ciudadanos ecuatorianos gozan del derecho a elegir y ser elegidos, ser consultados en los casos previstos en la Constitución, así como de revocar el mandato que confieran a los dignatarios de elección popular, otro mecanismo propio de la democracia directa.

La inclusión de elementos propios de la democracia directa, obedece a que, por una parte, las elecciones, forma asamblearia, son la columna vertebral de la democracia representativa, y, por otra, que el divorcio electores-representantes, exige la inclusión de instrumentos que limiten el ejercicio de los poderes públicos, a través de a consultas directas al pueblo sobre ejecutorias, decisiones trascendentes o la aprobación de iniciativas legislativas.

Finalmente, valga mencionar que la presencia de limitaciones al ejercicio público y la exigencia de rendición de cuentas o del control social, conduce a algunos politólogos al equívoco de confundir a la democracia directa con la participativa, lo que obedece a la no consideración en el análisis de la correlación entre tipo de democracia y carácter del Estado. Enfoque que, al ser utilizado, permite reconocer que el tipo de Estado que corresponde a la democracia representativa, incluso cuando recurre a elementos de la democracia directa, es aquel que ejercita la coerción, como medio, precisamente, para validar la representatividad y legalidad de la gestión de la sociedad política. En tanto que a la democracia participativa le es caro un Estado en el cual a la sociedad política se suma la sociedad civil, precisamente, por su participación activa en la gestión, en las ejecutorias antes reservadas a la sociedad política.

¿Cuáles son, entonces las especificidades de la democracia participativa?

Si recordamos que el carácter del Estado propio de una sociedad que opta por la democracia participativa es la concurrencia de la sociedad política y la sociedad civil, es evidente que los gestores del Estado -sociedad política-, pierden la condición de representantes, convirtiéndose en voceros de los mandantes, cuando no en simples acompañantes de la decisión de los mandantes, con lo que se inaugura un nuevo tipo de democracia en el que la horizontalidad prevalece sobre la verticalidad. Enunciado inicial, que exige un complejo conjunto de nuevas posiciones y predisposiciones, como el abandono de los privilegios que otorga a las investiduras la democracia participativa; renuncia a las apetencias y vanidades personales; abdicación de la mayor parte del poder que ostentan a y como título personal los gestores de las funciones del Estado; abandono de las tan comunes auto-convicciones de iluminados, cuando no omniscientes y omnisapientes, por citar algunos de los renunciamientos que exige la democracia participativa.

Las renuncias a privilegios y al poder se concretan en las democracias participativas, por la obligación de la sociedad política de compartir la mayor parte de ejecutorias con los ciudadanos, los cuales adquieren el derecho a participar en forma directa y constante en todos los momentos de la gestión pública. Participación relativizada por la complejidad ascendente de la gestión del Estado, que termina por impedir el pleno ejercicio participativo, a lo que se agrega lo inicial de éste ejercicio. Serán estas limitaciones las que mantienen vigentes la rendición de cuentas por parte de los niveles superiores de la gestión pública. Los programas sabatinos del Presidente de la República, responden a esta realidad.

Por lo expresado y por el carácter de inicial de la implantación de la democracia participativa en el país, ésta debe potenciarse en los niveles inferiores de la escala del Estado, principalmente en el poder seccional, en el cual los ciudadanos tienen mejores condiciones objetivas para participar en todas las etapas del proceso de gestión: programación, ejecución, fiscalización y recepción de programas y proyectos. Por ello, en estos niveles del Estado, resulta absurdo e inconveniente acudir e insistir en al control social, puesto que ello implicaría bogar contracorriente del desarrollo de la democracia participativa. El mejor ejemplo de participación a nivel seccional es, sin duda alguna, la forma de gestión implantada en el gobierno seccional de Cotacachi.

En el caso de los niveles más altos del poder ejecutivo, la participación acude a elementos de la democracia directa, como son la consulta previa, o las limitaciones para proceder a determinadas acciones, sin el consentimiento previo de la Asamblea Nacional, como es el caso de la ejecución de proyectos en las zonas restringidas. Igual propósito tiene la inclusión de la revocatoria del mandato presidencial.

En el caso de la función legislativa, a pesar de ubicarse en la cúspide del aparato del Estado, es susceptible de inscribirse totalmente en la democracia participativa. En este caso, como ha ocurrido en otras realidades, el proceso se inicia con la conversión de representantes a voceros, lo que implica que los miembros de la Asamblea Nacional deberán convertirse en correas de trasmisión de las decisiones de los mandantes. Esto exige la delimitación de ámbitos electorales de tales características que permitan una estrecha relación entre los mandantes y los voceros. En este caso, no cabe, por razón alguna el control social o la rendición de cuentas, por la trascendencia de las decisiones que se adoptan en esta instancia, y por cuanto ello sólo es dable cuando existe imposibilidad de implantar la democracia participativa. Buen ejemplo del avance en este sentido fue la práctica implantada por la Asamblea Constituyente bajo la égida de Alberto Acosta, la que posibilitó que la sociedad civil tenga presencia e influencia real en las decisiones asamblearias.

Como el objetivo del presente análisis no es agotar el tema planteado, sino limitarse a poner de relieve la contradicción teórica entre la profusa insistencia en el control social, incluso en desmedro de la participación de la sociedad civil, los ejemplos expuestos bastan. Resta tan sólo invocar a la sabiduría de quienes elaboren la Ley de Participación Ciudadana y Control Social, para que reparen en lo antes anotado y privilegien a la participación sobre el control social, en aras de apoyar a la construcción de una democracia participativa y de un Estado de nuevo tipo, como lo aspira la mayoría del pueblo ecuatoriano. Sean lo suficientemente sabios para entender que las propuestas que incitan a que los ciudadanos nos restrinjamos a: “un ejercicio diario de acompañamiento ciudadano a los aciertos del poder y de crítica a los actos cuestionables”, como lo plantea Sara Serrano (3), no es adecuado si queremos construir una democracia participativa, real, en el que dejemos de ser espectadores para convertirnos en actores.

Respecto a lo antes dicho Nela Curbelo, con gran elocuencia crítica, dice:, a lo que agrega: “No hemos dado un papel en blanco para que otros lo llenen a nombre nuestro y de la democracia.

Quizás la palabra más usada en estos tiempos que vivimos es la palabra cambio. Antes se ofrecía estabilidad, ahora se ofrece la diferencia con lo anterior. Cambio de sistema, cambio en la manera de realizar lo político. Ese cambio va unido a participación, diálogo, construcción de nuevas realidades.

Notas:
1) Véase: “Control Social”, diario El Universo, 5 de noviembre del 2008.
2) Véase: “¿Cambios?, El Universo, 5 de noviembre del 2008.
3) Véase: “Saramago y el Sí Crítico.


Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.