lunes, 3 de noviembre de 2008

Justicia laboral en Perú da sorprendente dictamen: Niegan al BID inmunidad diplomática

Jorge Zavaleta (especial para ARGENPRESS.info)

Un reciente dictamen de un Juez de Lima especializado en Derecho Laboral ha rechazado al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) su presunta inmunidad diplomática, lo cual constituye, en opinión de analistas internacionales, un viraje positivo para la Justicia y las multilaterales que no han incorporado aún los necesarios cambias en temas que ellas mismas propician.

En este sentido, el terremoto que tuvo su principal epicentro en el Wall Street ya se extendió a otros confines, incluyendo a la banca de inversión. En adelante el BID, de propiedad de 48 países y con sede principal en Washington DC, no podría presumir de inmunidad como recurso para evadir, suspender o cortar demandas sobre derechos laborales que se efectúan ante un Tribunal Nacional.

El diario “La Primera” de Lima, uno de los de mayor circulación y en el cual escriben prestigiados juristas y economistas - www.diariolaprimeraperu.com/online/noticia.php?IDnoticia=26440 - informa que el juez del III Juzgado Laboral de Lima, Pedro Villanueva Guillermo, dictaminó el 28 de febrero de octubre que el BID no puede esgrimir inmunidad jurisdiccional y excepción de competencia de la Justicia peruana, para ventilar demandas que son objeto de un proceso jurídico en el país.

En opinión de ese mismo diario, la decisión de magistrado se convierte en un precedente para que los reclamos laborales en el Perú no sean innecesariamente derivados a arbitrajes e instancias internacionales, dejando, en la práctica, sin amparo a los trabajadores que tengan reclamos pendientes.

El dictamen de dicho magistrado fue emitido en el marco de un proceso entablado por un ex trabajador que laboró en esta organización cerca de 20 años y que reclama a la empleadora el cumplimiento de sus derechos, que son avalados por la Constitución del Estado Peruano, la Ley de Procesos Laborales y s convenios internacionales como la OIT y otros. www.pj.gob.pe

Para la opinión pública peruana, llama la atención que dicho dictamen judicial encuentre opositores en el propio gobierno de Alan García. Pues el estudio de abogados del ex ministro de Trabajo, Mario Pasco, quien formó parte hasta tres semanas del Gabinete del presidente Alan García, sostiene lo contrario a una mayor autonomía del Estado en materia laboral.

Dicho estudio jurídico, contratado por el BID, pretende ignorar que la multilateral en cuestión, tuvo en el Perú desde 1960, su primera Representación en América Latina y el Caribe, gracias a las gestiones de empresarios y autoridades peruanas que buscaban financiamiento para poder reconstruir los daños causados en Arequipa por el sismo de 1959.

El juez, respecto a una demanda explicitada en el expediente 2008-284, considera que las excepciones y privilegios que esgrime el BID “son un medio derivado del derecho abstracto para tratar de evadir y concluir un proceso jurídico”, pues “la demanda de los trabajadores peruanos se encuentra comprendida dentro de su competencia y no ante la Comisión Interamericana de Arbitraje Comercial, tal como lo establece la Ley Procesal del Trabajo”

El magistrado peruano fue más allá. Atendiendo el planteamiento del abogado Mario Romero Antola, defensor de un trabajador despedido del BID, dictaminó la citación al Tribunal, bajo apercibimiento de Ley, al Representante en Lima de Luís Alberto Moreno, presidente del BID desde hace dos años. La citación es para el 22 de enero del próximo año. El Juez adoptó esta decisión en vista que el BID tampoco aceptaba la participación en el proceso judicial de testigos externos.

Romero Antola comenta que otras instituciones internacionales que operan en el Perú ya no esgrimen la presunta inmunidad diplomática. “Ese derecho es para garantizar y facilitar el libre ejercicio de de sus funciones, pero no para prescindir la justa atención que le corresponde asumir a una entidad, cuya finalidad ética y social forma parte de sus protocolos y documentos fundacionales”.

En este nuevo siglo no se puede ignorar que las economías de mercado han creado nuevas relaciones laborales y jurídicas. Las multilaterales no pueden asumir como válidas - no obstante su preocupación por difundir investigaciones sobre derechos sociales - cuando se trata de la propia estructura institucional.

El anquilosamiento de ciertas instituciones es perjudicial para el desafío que supone un contexto nacional e internacional afectado por la crisis financiera. Es lamentable que en pleno siglo XXI, un banco de desarrollo se haya atrevido aún a fijar pautas y límites para el otorgamiento de créditos a gobiernos autoritarios, con altos índices de corrupción y creciente adquisición de armamentos. Recién se conocer que en 2004 el directorio del BID recibió una propuesta de procedimientos para la imposición de sanciones a demandas de fraudes y corrupción en actividades financiadas por este banco. Este avance se atribuye al reciente ingreso de nuevos miembros de Europa y Asia, pero los resultados de las auditorias o sanciones, por ejemplo de misiones a Argentina, Bolivia, Guatemala y Honduras no son de conocimiento público.

El Perú, a finales de la década del ochenta, promovió el no pago de la deuda externa, por tanto el BID fue una de las más afectadas. Pasó el susto, y en el oncenio del fujimorismo los créditos bordearon los 10 mil millones de dólares, pero tampoco hay evaluaciones de la calidad de la inversión, como sucede en la rehabilitación del sistema vial y el apoyo en el proceso privatizador de las empresas públicas, que entre otros problemas, perjudicó decenas de miles de servidores estatales.

En el plano laboral, el Código de Ética del BID, “define la relación con su personal en armonía con la confianza pública, la integridad y sin distinción de cargos. Funcionarios y consultores, forman un cuerpo integral responsable ante la comunidad mundial en general”. Sin embargo, cuando se trata de derechos laborales de personal de menor rango, sus altos funcionarios pretenden ignorar la Constitución del Estado que los cobija.

Gracias al proceso de globalización hay una apertura hacia los concursos públicos y un mayor intercambio del conocimiento del derecho y la administración de justicia. Existen grandes avances jurídicos como la no prescripción de los beneficios sociales, el reconocimiento a la estabilidad y el pago equitativo entre quienes cumplen una similar función, sin distinción de país, raza, sexo o idioma.

El antecedente que crea el magistrado Villanueva es un ilustrativo mensaje a los Organismos Internacionales como la OEA, OIT, Cancillerías, Poder Judicial sigan más de cerca la dinámica del Sistema de las Naciones Unidas. La inmunidad diplomática sea bienvenida para proteger una mejor operatividad del funcionario internacional, pero no para atropellar a los trabajadores.

Para terminar este comentario, mencionamos solo un caso que la comunidad internacional debe seguir de cerca. El colombiano Luís Alberto Moreno, Presidente del BID, ha declarado más de una vez que los empleados deben recordar que sus ingresos provienen inclusive de aquellos ciudadanos que ganan menos de un dólar por día. Pero, al mismo tiempo, este Banco evade la justicia para otorgar beneficios sociales a las familias de trabajadores que perdieron la vida en la zona de La Rinconada en Puno en enero de este año. Japón debe estar muy incómodo y preocupado por el desinterés de los funcionarios del BID en hacer justicia a los promotores y niños del frío altiplano que siguen laborando en la extracción de oro, en condiciones infrahumanas. http://www.diariolaprimeraperu.com/online/noticia.php?IDnoticia=26070

Mientras costosas investigaciones del BID, como el último informe social 2008, hablan de inclusión y equidad social, en la práctica sólo es literatura, Sus altos funcionarios viven en el hartazgo, y el tema de la lucha contra la pobreza es solo una tarjeta de presentación.

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