jueves, 6 de noviembre de 2008

La Corte Penal Internacional (CPI) bajo sospecha

Martín Lozada (RIO NEGRO ON LINE)

A diez años de su creación y a tan sólo ocho de comenzar a funcionar en la ciudad de La Haya, tiene sentido reflexionar sobre algunos aspectos vinculados con el sistema jurisdiccional de la Corte Penal Internacional (CPI); en primer término, la negativa de Estados Unidos, Rusia e Israel a ratificar el Estatuto y a colaborar con esta nueva institución judicial. Y además, el caso de China, que ni siquiera participó en sus discusiones. De modo que dichos estados, de gran influencia en materia de relaciones internacionales, no forman parte de tal sistema.

Las razones de esa resistencia se basan en la afirmación de que no puede exigirse a ningún país que cercene la competencia de sus propios tribunales para juzgar un crimen, sea cual sea, y ceda la competencia a una corte supranacional. Tras esa defensa a ultranza de la independencia y de la soberanía nacional, traducida en la exclusividad e irrenunciabilidad del ius puniendi, se esconde la expectativa de que sus representantes diplomáticos y sus soldados afectados a misiones internacionales gocen de una inequívoca inmunidad de jurisdicción; es decir, que no sean alcanzados por ninguna investigación criminal llevada a cabo por la Corte Penal Internacional.

Otro elemento central radica en el marcado grado de selectividad con que se desempeña la CPI. No se trata siquiera de un secreto sino de un tópico públicamente aceptado, lo cual quedó en evidencia cuando durante el mes de setiembre pasado, en el marco de un congreso de expertos, un oficial de la fiscalía reconoció que la CPI es incapaz de perseguir la totalidad de los crímenes que caen dentro de su competencia. Y que, por lo tanto, su selectividad apunta a abordar tan sólo los casos que la fiscalía se encuentra en condiciones de ganar.

No menos importante resulta que actualmente es imposible para la Corte perseguir el crimen de agresión, pese a encontrarse previsto en el artículo 6 del Estatuto. En efecto, en ocasión de la Conferencia de Roma y de la elaboración del Estatuto de la CPI, se estableció que dicho crimen debía ser primero definido, lo cual hasta el presente no ha sucedido. Sin embargo, se trató de un argumento formal y engañoso, puesto que la Asamblea General de la ONU, mediante su Resolución 3314 de 1974, lo definió afirmando que la agresión consiste en "el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado".

Como se aprecia, el diseño de la CPI tiende a replicar a nivel mundial la igualdad formal de los ordenamientos penales nacionales, así como sus mismos vicios en materia de selectividad a la hora de determinar quiénes habrán de resultar los sujetos sometidos a persecución.

Si, tal cual lo afirmara el oficial de la fiscalía antes mencionado, sólo se intentará perseguir a los acusados susceptibles de ser condenados, pues entonces debemos olvidarnos de contar con un sistema que ponga en el banquillo a líderes políticos y militares de estados poderosos y con gravitación en el actual ordenamiento internacional, máxime cuando algunos de esos estados ni siquiera forman parte del sistema de la CPI.

Ante la existencia de ese manifiesto doble estándar en materia de persecución, es posible adoptar dos posiciones opuestas: o bien considerar el ordenamiento jurídico-internacional como una forma de legitimación de los estados más poderosos o bien advertir que, si bien de forma perfectible, el derecho internacional puede ser útil para limitar la hegemonía de quienes mandan en la escena global.

Esta última posición permite abrigar alguna esperanza al recordar que no todo es blanco o negro en materia de política internacional y regímenes jurídicos. Y que, pese a la configuración de dichas cortes y a su dependencia inequívoca de las reglas que rigen la realpolitik, lo cierto es que toda práctica judicial ofrece fisuras y resquicios por los cuales aproximarse a los objetivos que se entienden como fundamentales; en el caso puntual de la CPI, que su estructura logre fortalecerse de modo independiente de las presiones ejercidas por los estados con mayor influencia global y que las investigaciones que se practiquen en lo sucesivo no se vinculen tan sólo con acusados pertenecientes a países débiles y sin gravitación en la escena internacional.

Su vocación por la justicia, si es en verdad tal, permitirá de ese modo reducir las brechas de impunidad al juzgar también los crímenes cometidos por personas que responden a los intereses de estados que, según el último medio siglo de experiencia, usualmente se encuentran involucrados en la comisión de actos de agresión o de crímenes contra la humanidad, cosa que hasta el presente, como es de público y notorio conocimiento, no ha sucedido.

¿Una expectativa de esta magnitud constituye un acto de ingenuidad o de esperanzado realismo jurídico?

El transcurso del tiempo, en todo caso, permitirá responder definitivamente lo que todavía hoy es una sospecha fundada.

Martín Lozada es Juez de Instrucción y profesor de Derecho Internacional en la Universidad FASTA, Bariloche.


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