martes, 11 de noviembre de 2008

México: Síndrome de fragilidad compartida

Laura M. López Murillo (especial para ARGENPRESS.info)

En algún lugar del quebranto, cuando la vulnerabilidad es un síntoma socializado, la indefensión se expande como una epidemia incontenible, porque la salud y la integridad, la vida y la muerte dependen del talante de un delincuente...

Baja California, enfáticamente la ciudad de Tijuana, padece los estragos de la violencia en todas sus manifestaciones; las autoridades justifican el incremento de los delitos del orden común por la adicción a las drogas y adjudica todos los delitos de alto impacto a las redes del narcotráfico. Pero las generalizaciones suelen ser ociosas y la gama insufrible del delito aún no admite exclusividades; la delincuencia surge en todos los ámbitos y estratos sociales.

En Tijuana, los médicos padecen la victimización consuetudinaria de la delincuencia organizada y han sufrido el secuestro en todas sus variantes y modalidades. El secuestro es ese virus que pulula en esta época, que se reproduce y se expande sin control y flagela a la ciudadanía sin esperanzas de un pronto alivio.

El diagnóstico inicial determina que la entidad bajacaliforniana presenta el síndrome de fragilidad compartida y un agudo deterioro en la salud pública en cuestiones de confianza en las instituciones.

Dicen los que saben, que la desconfianza respecto al poder es una actitud socialmente compartida, que la sospecha generalizada surge por las demostraciones, constantes y contundentes, de la intrínseca corrupción para perpetuar el dominio, y que por eso, la actuación de las autoridades provoca recelo y escepticismos.

Y si la desconfianza social surge por acciones desmedidas, injustificadas o escabrosas; luego entonces: la pasividad, la omisión, la impunidad, el silencio, o la impericia de las autoridades provocan un malestar que lesiona gravemente al inconsciente colectivo.

La imagen del dolor, concentrada en la figura de los médicos, se expone en la carta abierta fechada el viernes 7 de noviembre de este año y dirigida al presidente Felipe Calderón Hinojosa por los integrantes del Consejo Médico Ciudadano, encabezado por José Manuel de Jesús Ortiz Ampudia, en la que denuncian “un vacío de poder en el estado de Baja California”, generado por la escalada de delitos de máxima gravedad y alto costo social.

En la misiva, los médicos le hacen notar al mandatario que en los 311 días que van de este año, 580 personas han sido asesinadas, lo que corrobora la existencia de “un estado de sitio delincuencial ante la incapacidad de las autoridades estatales y federales para reaccionar, frenar y atender la prevención de este tipo de delitos”.

Ese viernes, los médicos de Tijuana trabajaron bajo protesta por el reciente secuestro de uno de sus colegas y se manifestaron en las afueras del Centro de Gobierno. Consternado por la fragilidad compartida de los médicos, el destino les envió una providencial coincidencia y en un encuentro fortuito con el gobernador José Guadalupe Osuna Millán los médicos exigieron resultados, reclamaron la seguridad y protección que el estado está obligado a proporcionar a todos los ciudadanos, y anunciaron que el lunes 10 de noviembre se inscribirá en las crónicas tijuanenses como “Un día sin médicos”.

Por lo tanto: todos debemos mantener la calma y cuidar la salud, porque la estrategia para el combate al crimen organizado que se aplica en Baja California, se diseña en, y desde, el gobierno federal. Y en estos momentos, todo el poder ejecutivo está inmerso en el duelo por la pérdida del secretario de Gobernación, cuyo fallecimiento desquicia no sólo al presidente, sino que trastorna y posterga los resultados del Acuerdo Nacional de Seguridad, firmado el 21 de agosto en Palacio Nacional, cuyos avances deberían presentarse en los primeros cien días. Otra lamentable contingencia: las reformas y compromisos de justicia y legalidad deberán readecuarse por el deceso de Santiago Vasconcelos, el primer zar anti-drogas de México.

Y aún existe un riesgo mayor: todos los síntomas de la indefensión socialmente compartida pueden agravarse ante la posibilidad de un atentado que exhiba la vulnerabilidad de la impenetrable burbuja del poder. Ahora, más que nunca, el imperativo de justicia adquiere rasgos de una reivindicación política, social, humana y moral.

Pero mientras el ejecutivo y las huestes panistas se desgarran las vestiduras en homenajes y ceremonias luctuosas, la delincuencia sigue ejerciendo el dominio en la plaza bajacaliforniana. Y la sucursal del calderonismo en Tijuana se mantendrá a la expectativa hasta que el ejecutivo federal tenga a bien girar las instrucciones que estime convenientes.

Lo recomendable en épocas de desconsuelo es abrigarse con una coraza blindada, evitar las exposiciones prolongadas de la prosperidad y encomendarse al ángel de su guarda, porque todas las circunstancias indican que la estrategia federal no será inmediata, y que el hartazgo de los médicos es tan sólo una pequeña muestra de la indefensión que se expande como una epidemia incontenible, porque la inseguridad enferma más a los cachanillas que el estrés y la contaminación… y porque la salud y la integridad, la vida y la muerte ya no dependen ni de Dios, ni de la ciencia, ni de la justicia, sino del talante de un delincuente…

Laura M. López Murillo es columnista local. Lic. en Contaduría por la UNAM. Con Maestría en Estudios Humanísticos y Especialidad en Literatura en el Itesm.


Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.