jueves, 6 de noviembre de 2008

Perú: Por dignidad y justicia para los pensionistas

Prof. Sergio Valverde Chirinos (especial para ARGENPRESS.info)

1. Sistema de Pensiones en el Perú

El Sistema Pensionario en el Perú tiene su origen en el gobierno del Mariscal Ramón Castilla, quien promulga el 22 de Enero de 1850 la “Ley de Goces” concerniente a cesantía y jubilación, ampliado en 1851 a la prestación de montepío (hoy pensión de sobrevivientes); constituyéndose, desde entonces el estatuto pensionario de los servidores públicos hasta 1962 en que se promulgó el Decreto Supremo que introdujo adiciones a la Ley N.° 13724 –Ley del Seguro Social del Empleado- que dispuso la incorporación de los empleados públicos nombrados con posterioridad a esa fecha, además de unificarse el régimen pensionario de los empleados particulares y públicos.

Durante el Gobierno del General Velasco Alvarado, se dieron las Leyes 20530 y 19990, leyes de las pensiones del Estado Peruano que significó un mayor descuento en nuestros haberes (6%) independiente del descuento del Seguro Social que inicialmente cubría la atención de Salud, Cesantía y Jubilación. Es necesario precisar que los descuentos por Salud, Cesantía, Jubilación y Nivelación de haberes eran realizados por el entonces Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) simplemente, llamado el Seguro Social; en el pago de nuestras boletas figuraba nuestro aporte al Seguro Social (Salud) y aparte Jubilación y Nivelación de haberes.

El Decreto Ley Nº 20530 “Ley de cédula viva”, fue expedido con el objeto de perfeccionar el régimen de cesantía, jubilación y montepío, así mismo, asegurar el reconocimiento del derecho de los interesados y cautelar el patrimonio fiscal. Este sistema siendo un régimen de pensiones cerrado, sin embargo fue abierto en diversas ocasiones por los gobiernos de Belaunde, Alan García , para favorecer a sus allegados de las altas esferas del Estado, Congresistas, Magistrados de Poder Judicial y Ministerio Público, los Diplomáticos, y los Funcionarios de las Empresas Públicas; al margen de lo que significó la lucha del SUTEP por incorporar a docentes hasta el año 80.

Esta situación se mantuvo hasta cuando fue nombrado Luis Castañeda Lossio, el actual Alcalde de Lima Metropolitana, como presidente del IPSS; quien inicia una feroz propaganda y exige al Gobierno Fujimorista que el IPSS solo sea responsable de la Salud cambiándole de nombre a ESSALUD y, que las pensiones sean manejadas por una organización independiente que sería la Oficina de Normalización Previsional, la ONP. Hoy este organismo es el más quejado ante Defensoría del Pueblo por abuso de autoridad, violación del estado de derecho, por maltrato y desventura que ha traído a los pensionistas.

La ONP fue liquidada por el Tribunal de Garantías Constitucionales para los pensionistas de la 20530, por la presión de masas; nuevamente revivida mediante la reforma constitucional y la Ley 28449 (2 004 ) que modifica la 20530 y el DS. 149-07-EF (Modificado por DS. 207-07-EF) por el que se le dá facultad de reconocer, declarar y calificar solicitudes derivadas de los derechos pensionarios del régimen del Decreto Ley Nº 20530 de todas aquellas entidades que cuenten con personal activo y/o cesante de dicho régimen y cuyas pensiones sean financiadas con recursos del Tesoro Público.…

El derecho a la seguridad social, no es producto de la buena fe de los gobiernos de turno o de los organismos internacionales; ha sido producto de las persistentes luchas sociales de los pueblos, especialmente de los trabajadores y sus organismos sindicales (lucha de clases); de la confrontación de modelos políticos: socialismo – capitalismo; de la necesidad de la protección social, del surgimiento de organismos internacionales (ONU, OEA, OIT, OMS, etc.) interesados en la búsqueda de la paz y la justicia social; por ello el Siglo XX ha sido considerado como el siglo que vio florecer los derechos humanos y sociales, particularmente, el derecho a la seguridad social como derecho fundamental, reconocido en las Declaraciones y Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos.

2. ANCIJE y la lucha Pensionaria

A partir de los años 90, el gobierno de Fujimori aceptando el modelo neoliberal, realiza reformas económicas, siendo una de ellas la que erosiona gravemente el rol del Estado como garante de los sistemas de seguridad social, por ello reducen drásticamente la financiación y cobertura de las prestaciones de la seguridad social, como en salud y pensiones, trayendo consigo mayor iniquidad y olvido de estos sectores.

Los sistemas públicos de pensiones fueron sistemáticamente socavados y los fondos de pensiones sometidos al control discrecional de las autoridades del Ministerio de Economía y Finazas. Las leyes en materia previsional o pensionaria se dictaron para desconocer los derechos adquiridos, para implementar el Sistema Privado de Pensiones (AFPs) que supone la extinción progresiva de los Sistemas Públicos de Pensiones (lamentablemente peligran las pensiones de los aportantes por pérdidas de más siete mil millones de dólares, como consecuencia del colapso del sistema financiero mundial). Se crearon organismos como la ONP en reemplazo del IPSS, no para asegurar los derechos de los pensionistas, sino, para desincorporarlos, dejarles sin pensión y totalmente desprotegidos.

Las diferentes reformas del sistema pensionario, especialmente la reforma de la Constitución Política del Perú y modificatoria de la Ley 20530, han puesto en cuestión, los fundamentos de seguridad social, como son su carácter obligatorio, inmanente a la condición humana, y el principio de reposición de los medios de vida, con independencia del aporte del beneficiario, universalmente aceptado hace 50 años.

Las reformas antes descritas, no han sido de ninguna manera pacíficas, se ha luchado contra estas reformas que se orientaron a negar el carácter universal y solidario de la seguridad social; ANCIJE, durante este período se ha convertido en eje articulador del movimiento pensionario. No hay que olvidar que ANCIJE, desde su constitución, emerge fundamentalmente como gremio para la defensa de los derechos pensionarios que desde ya eran conculcados por los gobiernos de entonces.

3. Perspectivas de lucha de los pensionistas

La grave crisis política que atraviesa nuestro país, como consecuencia de la incapacidad, la desconfianza, descrédito y corrupción del gobierno aprista, desembalsada por los “petroaudios” y que determinó hábilmente el cambio de gabinete (*) para aplacar el descontento de las grandes mayorías nacionales y frenar sus luchas; no significa que se abran las puertas para la solución de los problemas de los pensionistas; puede haber cambio de gabinete, pero si no cambia de rumbo económico y no se aborda la solución de los problemas sociales, va a ser más de lo mismo.

*)Yehude Simon preside el Gabinete; “personalidad democrática” con una trayectoria sinuosa de extremo izquierda a defensor del TLC, del neoliberalismo y de las medidas implementadas por este gobierno)

Está pendiente la admisibilidad de la demanda presentada ante la CIDH contra el estado peruano por violación de derechos en materia pensionaria; no basta la restitución, se hace necesario ampliar nuestros derechos como lo establece la Constitución Política del Perú y los pactos internacionales sobre derechos humanos. La lucha por la Seguridad Social como derecho humano fundamental está vigente y es nuestra responsabilidad que el estado asuma verdaderamente como instrumento justicia social y como sistema de protección social integral de la persona humana; esto es, que el estado asuma la obligación de asegurar los ingresos indispensables para que las personas, puedan vivir con dignidad, decoro y bienestar social.

Esto es posible, si los pensionistas junto al pueblo, trabajamos por construir una nueva república, con democracia participativa, solidaria, descentralista, con justicia social y de regeneración moral, con un proyecto de desarrollo sostenido y sustentable; en función de una nueva Constitución al servicio de las grandes mayorías nacionales.

Por lo que, los maestros pensionistas debemos:

a) Fortalecer la ANCIJE a fin de que se convierta en eje e interlocutor válido del movimiento pensionario abriéndose espacio en el escenario político nacional; debemos contribuir en la organización y fortalecimiento del movimiento pensionario, del Frente de Defensa de la Educación y la Cultura, de las organizaciones gremiales y populares, de las organizaciones de democracia directa como la CPS (Coordinadora Política Social), ANP (Asamblea Nacional de los Pueblos); así como la unidad de las fuerzas políticas sociales democráticas, patrióticas, nacionalistas y de izquierda.

b) Hacer nuestro, el proyecto de transformación de nuestra sociedad, de contenido nacional, democrático, anticentralista de justicia social y regeneración moral; elevar nuestro nivel ideológico y político, que nos permita luchar no solo contra el neoliberalismo, sino contra el sistema que lo sustenta.

c) Formar parte de la vida política, social y económica del país; para lograr vida digna con pensiones justas y bienestar social.

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