martes, 11 de noviembre de 2008

Repsol en ecuador, una historia de sometimiento

Fernando Villavicencio (MOVIMIENTO POLO DEMOCRÁTICO)

Correa traicionó proyecto de nacionalización del petróleo.

"Si no están contentos con la propuesta no hay problema, aquí no queremos estafar a nadie. ¿Cuánto han gastado en inversiones?, US$200 millones. Tengan sus 200 millones, que les vaya bonito que (la petrolera estatal) Petroecuador explotará ese campo. No permitiremos, compatriotas, que se nos sigan llevando nuestro petróleo”.
Rafael Correa, BBC, 26 de enero 2008.

“¡Por idiotas como tú queda mal toda la comunidad ecuatoriana!”
Rafael Correa, increpando a un joven migrante en Madrid.

“Mátala”, “¡dale más fuerte!” “¡Písale la cabeza!”.
Coro de las españolas agresoras a la compatriota María José .

Al mirar la sonrisa de Rafael Correa, estrechando la mano del Gerente de Repsol, en señal de pacto cerrado, para que la transnacional siga destripando por 7 años más el vientre del Parque Nacional Yasuní , un parpadeo de cinco siglos eclipsó los ojos de María José, la joven ecuatoriana, tejida a puntapiés el 23 de julio pasado en un parque de Madrid, en el mismo sitio donde miles de niños y adolescentes “sudacas” cuentan horas, mientras sus madres sudan ahorros limpiando el culo a algunos hijuelos de la “madre patria”. Al otro lado del planeta los que nos quedamos, asomamos el ojo tuerto por las rendijas multimedia, para ver cómo la ralea gobernante criolla, se desploma pusilánime ante la rancia corona.

Estas dos realidades, crueles pero distantemente cercanas, graficadas en un primer plano de la mano sosteniendo la mejilla izquierda de la esfera planetaria, nos invita a buscar algunas verdades en el bolsillo de esa memoria aún secuestrada por el miedo. ¿Cómo una sociedad: la española, levantada en gran medida por los músculos y el dolor de los pueblos de América Latina y de los recursos naturales saqueados de sus tierras, no alcanza a reconocer a sus víctimas y prosigue castigando a puntapiés a ese río de trabajadores exiliados, que engordan de plusvalía al reino; y, ¿cómo a punta de “acuerdos bilaterales” nos siguen sometiendo a quienes nos quedamos a gritar entre dientes la tragedia, desde el desván de la Patria chica.

Larga y compleja es nuestra desdicha: humillados por propios y ajenos, en la patria chica y en la madre patria, por ogros y encantadores, por reyes y plebeyos de los reyes. El ejemplo se aprende y si es malo, mejor. El “skinhead” que disparó su pata al rostro de la niña ecuatoriana en un metro de Barcelona, con seguridad disfrutará los video-juegos de la conquista y respaldará en las calles las resoluciones del parlamento europeo, de criminalizar y perseguir a los migrantes. El ejemplo se aprende y la historia se repite, con otros personajes y algunos arreglos al guión, pero los chapetones siguen como actores centrales, aunque trocados en trilingües-digitales. Su rol actual se bambolea entre alabanzas al supremo Juan Carlos y la condena a sus hermanos, huérfanos en tierra ajena: “Por idiotas como tú queda mal toda la comunidad ecuatoriana ”. Si así trató el Presidente Correa a un joven ecuatoriano en el vientre de la “madre patria”, qué podemos esperar de una sociedad, o del poder español, que ha sido incapaz de ofrecer disculpas por cinco siglos de muerte y saqueo? Las carabelas seguirán llegando y muchas (Belén) continuarán pateándonos en el piso, y luego, en medio de aplausos cómplices tomará su sandalia, se sacudirá las manos y compartirá con el mundo su hazaña, a través de las TIC´s.

Correa y las transnacionales

En el gobierno de la revolución ciudadana, el mapa petrolero ecuatoriano se mantiene privatizado: el 90% de los bloques, campos o áreas de exploración y explotación siguen en manos extranjeras. En las fases de comercialización de derivados y gas, el 99.9% está controlado por capital privado, en su mayoría extranjero, donde tiene una significativa presencia REPSOL. De más de 500 estaciones de servicio, Petroecuador tiene apenas tres gasolineras, una en Quito y dos en Galápagos. De igual forma, casi todo el negocio de comercialización de Gas Licuado de Petróleo GLP, lo hacen empresas privadas, Repsol controla el 65% del mercado. En contraposición, la estatal Petrocomercial apenas participa en el 1%, en circunstancias en que tiene una infraestructura de envasado abandonada, capaz de abastecer al 80% del consumo interno.

Las rondas petroleras impulsadas por el socialcristiano León Febres Cordero (1984) reinauguraron en el país una nueva apertura al capital transnacional, a través de los contratos de prestación de servicios. Casi todos los contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, llamados de riesgo, suscritos desde la década de los 80, bajo ese modelo, excepto el de AGIP, fueron modificados a Participación, con un saldo promedio para el Estado de 20%.

Con base a la viveza neoliberal incorporada en la Ley y en los Contratos de Prestación de Servicios, que le otorga a la compañía una facultad exclusiva del Estado, como es la calificación de comercialidad de los bloques o yacimientos, se declararon comerciales bloques que económicamente no cumplían esa condición. En el caso del Bloque 16 (Repsol-YPF), de acuerdo al informe de la Comisión Especial que investigó el tema, este Bloque no debió ser calificado comercial, es decir, la compañía debía abandonar el país y revertir las áreas al Estado. Pero, se hizo el milagro para volver rentable la economía del bloque e impedir que la contratista se vaya del país; el régimen socialdemócrata de Rodrigo Borja , entregó ilegalmente el campo Bogi-Capirón, cuyo 93% le pertenece a Petroecuador y el campo Tivacuno, 100% propiedad de Petroecuador; este proceso se lo hizo con un contrato de Servicios Específicos, figura contractual inexistente en la Ley de Hidrocarburos. Repsol-YPF, ha destruido los yacimientos en Bogi-Capirón y Tivacuno, conificando los pozos. De ahí, de nuestros capos, se sacó la plata para pagar todas las monstruosas inversiones del Bloque 16, hasta la lascivia de los gringos y ahora de los españoles.

Información especializada, difundida por “Prensa Alternativa” señala que “desde 1997 cuando Repsol inició su producción en Ecuador, hasta el 2006, ha extraído 123 millones de barriles del Bloque 16 (Campos Amo, Dabo, Ginta, Daimi, Iro, Wati), de los cuales el Estado ha recibido apenas 22 millones de barriles y, del campo Bogi Capirón 23 millones, de los que el país solo participó de 4 millones de barriles de crudo.”

La misma fuente revela que “Repsol ha sido glosada por el Estado ecuatoriano en varias ocasiones, la más escandalosa fue en 1996, cuando la petrolera no pago el valor real del transporte de crudo por el SOTE , que pasó de $.1,54 a $.1.80 el barril. Repsol canceló tan solo $. 1.02, siendo multada por la Contraloría en 62 millones de dólares, monto que la multinacional jamás canceló. Es más, los ecuatorianos no hemos olvidado como en 2002 la petrolera se negó a pagar el IVA y expuso al país a un arbitraje internacional para que se le devuelva 15 millones de dólares por este concepto.”

Según reportes oficiales, actualmente de las áreas operadas por REPSOL-YPF, 93 barriles de cada 100 de fluido, son aguas de formación y apenas 7 corresponde a petróleo, es decir que para obtener los 50 mil barriles diarios de petróleo se deben extraer más de 900 mil barriles diarios de aguas de formación. Estos enormes volúmenes de aguas contaminantes son reinyectados a una estructura llamada TIYUYACU , considerada una de las más importantes reservas subterráneas de agua dulce del planeta. Es decir, que por recibir 18 barriles de petróleo por cada 100, el Estado permite un auténtico crimen ambiental, la afectación a pueblos ancestrales y de especies en peligro de extinción, que coexisten en el Parque Nacional Yasuní, y hasta la humillación de una compañía que como REPSOL, por poco exige visa a los ecuatorianos que quieran ingresar al Yasuní.

El acuerdo con Repsol es perjudicial para el Estado

Cuando falta un poco más de 3 años para que Repsol se vaya del país, y contando con saldos económicos, sociales y ambientales, que son una verdadera afrenta nacional, el Gobierno de Rafael Correa, después de destilar amenazas contra la transnacional, acabó una vez más de rodillas ante la Corona, como ya es costumbre en un régimen de verbos de izquierda y sustantivos de derecha.

El contrato debía ser sometido a un proceso de caducidad, incluso informes legales del propio gobierno de Correa, apuntaban en esa dirección, con lo cual el país se hubiese beneficiado del 100% de la producción unos 50 mil barriles día, equivalentes a USD 912.5 millones anuales, con un precio referencial de 50 USD/BL. Correa hizo tabla rasa de la Ley y de la tan cacareada soberanía energética y dispuso la renegociación, validando el incremento injustificado del precio base de 25 USD/BL a 42,50 USD/BL. Así, lo poco que el país recupera en la producción de crudo que se incrementa de 18% a 36%, lo acaba perdiendo con el aumento del precio base.

Con el anterior precio base de 25 US/BL, un precio del petróleo ecuatoriano de 45.15 USDBL a la fecha de suscripción del acuerdo, aplicando el 70/30, el Estado recibiría por excedentes 14.1 USD/BL; pero con el precio base pactado de 42.5 US/BL, aplicando el 70/30, el Estado recibirá apenas 1,85 USD/BL; en caso de que el precio del crudo baje del precio base la compañía incluso podría demandar al Estado compensaciones.

Según los nuevos términos de renegociación, la participación del Estado en la producción sube de 18% (9 mil barriles día), a 36% (18 mil barriles día). Por este concepto el país recibirá USD 296.6 millones anuales, en cambio por aplicación del 70% por incremento del precio del petróleo (1,85 USD/BL), ingresaría al año USD 21.6 millones. Un total de USD 318.2 millones anuales por los dos rubros.

De no haberse subido el precio base de 25 USD/BL a 42.50 USD/BL, con el precio del crudo de 45.15 USD/BL, el país recibiría USD 296.6 millones anuales por participación en la producción (36%), más USD 164.6 millones anuales (14.1 USD/BL) correspondientes al 70% por aplicación de la Ley 42, un total de USD 461.2 millones anuales, que restados de los USD 318.2 millones que recibirá, deja un perjuicio para el país de USD 143 millones durante el año de vigencia del Acuerdo Transitorio.

En el peor de los escenarios, es decir de no haberse renegociado el contrato con Repsol, la realidad económica hubiere quedado así: manteniendo la participación en la producción 18% (9 mil barriles día) el Estado recibiría USD 148.3 millones anuales; con el precio base de 25 USD/BL y el Decreto vigente del 99/1, el país obtendría USD 297.8 millones anuales. Por los dos rubros el Estado hubiese recibido USD 446.1 millones anuales. El acuerdo alcanzado con Repsol resulta perjudicial para el país, por los bajos precios del crudo y el incremento injustificado del precio base, de no renegociarse el contrato hubiésemos recibido USD 127.9 millones adicionales durante el próximo año. Pero Repsol además se saca la lotería de otros 7 años adicionales en el país, cuando luego de 3 años, el 100% de la producción debía pasar a manos del Estado.

Además, el régimen de Correa hace tabla rasa de una serie de informes técnicos, económicos y legales que desde el año 1993 han determinado indicios de ilegalidad y perjuicios económicos de esos contratos; lo más actual es el informe de junio del 2007, elaborado por la Secretaría Nacional Anticorrupción del propio gobierno correísta, que solicitó al ministerio de Minas y Petróleos, la caducidad del Contrato del campo Tivacuno. La modalidad de SERVICIOS ESPECÍFICOS, para explorar y explotar petróleo, es ilegal, como estableció la citada Comisión Especial el año 1993, y lo ratificó la SNA, por cuanto ese tipo de contratos no consta en la Ley de Hidrocarburos. Con la entrega de Tivacuno a Maxus-Repsol-YPF, se sentó un grave precedente:“El convenio suscrito con Maxus es ilegal y como tal no puede continuar su vigencia”, sentenció la Comisión, hasta el día de hoy, nadie acata esos resultados irrefutables.

Correa traicionó la propuesta de nacionalizar el petróleo

Lo que debía hacerse era una auditoría técnica, económica, legal y ambiental a los contratos de exploración y explotación de petróleo, caso por caso, para identificar: primero, si los bloques operados son comercialmente rentables por sí mismos, es decir sin los campos adyacentes o compartidos; segundo, verificar si las cesiones de derechos, ventas de acciones y cambios de nombres de las compañías, se sujetaron a lo establecido en la Ley de Hidrocarburos y sus Reglamentos; tercero, transparentar las inversiones hechas por las compañías; cuarto, comprobar si la operación de las empresas se realizó y se realiza, respetando los derechos sociales, colectivos y ambientales; quinto, determinar la situación de la infraestructura de aquellos contratos en los que ya se amortizaron las inversiones. Es decir, como confiesan los clérigos neoliberales, verificar si se ha respetado el estado de derecho.

Solo aquellos contratos que se encuentren en el marco del derecho, serían objeto de renegociación, para mejorar la participación irrisoria que actualmente recibe el Estado. Proceder, como lo hizo Rafael Correa y las autoridades de hidrocarburos, incrementando torpemente el precio base, ampliando los plazos y lavando atrocidades legales, ambientales y económicas cometidas en décadas por las transnacionales petroleras, es olvidar, esconder y perdonar el delito y eso también es delito, se llama traición a la Patria.

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