lunes, 8 de diciembre de 2008

El horror. El 11-S en Bolivia

Antonio Peredo Leigue

El presidente Evo Morales recibió el martes, el informe oficial de la comisión investigadora de UNASUR sobre los sangrientos sucesos del 11 de septiembre pasado en Porvenir, departamento Pando. La conclusión fue contundente y aterradora: hubo una masacre perpetrada con alevosía por funcionarios de la Prefectura, quienes obedecían a una cadena de mando.

Testimonios y pruebas documentales dan cuenta de la brutalidad con que actuaron en contra de campesinos que iban a reunirse para expresar su protesta contra las autoridades de ese departamento. La instrucción, que dio el prefecto Leopoldo Fernández, fue impedir esa reunión. Los funcionarios de su dependencia fueron al lugar con maquinaria pesada, con la que cortaron el paso de los manifestantes y con armas de fuego, con las que asesinaron hombres, mujeres y hasta niños.

La fragua del crimen

Entre mayo y junio de este año, los comités cívicos y prefectos opositores al gobierno, prepararon y realizaron referendos regionales que, vulnerando toda legalidad, votaron la vigencia de estatutos autonómicos que pretendían poner en vigencia. La realidad los puso en evidencia: sus estatutos no podían aplicarse, en tanto no se aprobara una nueva Constitución Política del Estado que dispusiera el marco legal para el ejercicio de las autonomías.

Una oposición sin norte y con la carga de tal fracaso, mermaba su capacidad de convocatoria aún sobre los convencidos. Razonamientos afiebrados por esa situación, los llevaron a la conclusión de acciones escandalosas que podían derivar –ellos los sabían- en violencias. En realidad, aprobaron y propiciaron esas acciones violentas; por lo demás tenían financiamiento externo para hacerlo, como se demostró oportunamente.

La toma de oficinas públicas del Estado central, que funcionaban en esos distritos, se convirtió en orgías de delincuencia. Locales destruidos, archivos y mobiliario quemados, herramientas y material de trabajo robados, fueron hechos corrientes cometidos por personas que, creyendo en la impunidad, actuaban abiertamente.

El auto engaño

La falta de reacción de los pobladores, la aparente pasividad del gobierno y el despliegue mediático que los protegía, les llevó a engañarse en sentido de que habían vencido al presidente Evo Morales, al MAS y a las organizaciones sociales. De ese ensueño despertaron sobresaltados el 10 de agosto; el programa de cambio contaba con un apoyo inesperado que superó el 67 % de una votación en la que participó más del 80 por ciento de los inscritos.

La única respuesta que encontraron fue aumentar la violencia. Durante las semanas siguientes, la Unión Juvenil Cruceñista se multiplicó para estar presente en todas partes, cometiendo todo tipo de delitos. Convencidos de su poder, pretendieron crear filiales en cada departamento; buscaban publicidad para ese propósito y aparecían diariamente en todos los medios de comunicación.

Pando, un departamento pequeño, poco poblado, situado al noroeste del país, era considerado por estos opositores, como feudo del prefecto Leopoldo Fernández. De hecho, él mismo se consideraba impune, a tal punto que, cuando se habló de legislar formas de fiscalización de los gastos en las prefecturas, dijo que él no rendiría cuentas a ningún órgano nacional.

El crimen alevoso

Las acciones de los prefectos opositores y sus comités cívicos –o al contrario, como ocurre en algunos departamentos- eran una constante agresión contra bolivianas y bolivianos habitantes de tales distritos. Amenazados a diario por sus opiniones, no podían expresar sus opiniones, so pena de golpizas y atentados más graves, como la destrucción de sus pequeñas propiedades.

En esta situación es que, campesinos de la región, incluyendo distritos de otro departamento, decidieron reunirse e iniciar una marcha sobre Cobija, capital de Pando. Querían expresar su rechazo a la posición de los comités cívicos y prefectos de ese y los otros distritos en los que campeaba el autoritarismo de tales personajes y la violencia de los unionistas.

El prefecto Fernández consideró que era el momento de dar una lección definitiva a los insolentes que se atrevían a desafiar su autoridad. Órdenes a los funcionarios para no permitir que se reunieran. ¡El colmo inaceptable era que había campesinos venidos desde Riberalta!, ¡ya sentirían los insolentes qué calibre tenía su revólver!

El informe de UNASUR constata 20 muertos, pero deja abierta la posibilidad de que sea mayor esa cantidad. Hay decenas de heridos y todavía se busca a desaparecidos. Peor aún: cadáveres de las víctimas fueron levantadas por una pala mecánica y enterrados en fosa común.

La confesión

Leopoldo Fernández, detenido desde que se inició el estado de sitio, finalmente confesó su participación. Será juzgado por los delitos que se cometieron bajo sus órdenes, el principal de los cuales es la masacre de Porvenir.

No es arrepentimiento. Es un intento de aparecer como víctima obligada a confesar un crimen que no cometió, para disminuir la pena que debe cumplir. Ocurre que, algunos de los implicados directos en los hechos, recurrieron a esa confesión pues, conforme al Código Penal, una confesión de parte da lugar a un juicio abreviado y la aplicación de penas reducidas. Parece una transacción poco honesta, pero esa es la ley, por el momento.

Detalles más o detalles menos, el horror de ese crimen mayor, no puede quedar impune. Los responsables, que están claramente identificados, deben cumplir una condena. Los tribunales están obligados a actuar en forma transparente.

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