Guatemala: La resistencia a la minería ha dado lugar a nuevas formas de democratización

CERIGUA

La resistencia que ejercen varias comunidades indígenas ante los proyectos de minería implementados por los gobiernos en sus territorios ha dado lugar a una nueva forma de practicar democracia, señaló el académico Edgar Esquit, del Instituto de Estudios Interétnicos de la Universidad de San Carlos.

Esquit señaló en un artículo de opinión publicado en el suplemento Reflexiones del referido centro de estudios, que hasta julio del 2003 el Ministerio de Energía y Minas de Guatemala había autorizado más de 240 licencias para la explotación minera y 255 exploraciones en regiones indígenas.

Con la minería, los indígenas se ven enfrentados ante un Estado que hace caso omiso y deslegitima las formas de organización, las prácticas y conceptos locales sobre territorios, derechos políticos, control de recursos y bienestar de la comunidad, señala el académico.

Dichas comunidades han desarrollado mecanismos de resistencia en los últimos años, principalmente en los departamentos de San Marcos, Huehuetenango e Izabal y la mayoría de ellos están habitados por indígenas.

Algunos de estos ejemplos en que los mayas enfrentan al Estado en este proceso son las protestas en los municipios de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán, en el departamento de San Marcos, donde la minera Marlin Mine, de la compañía Montana Exploradora de Guatemala ha iniciado un proyecto de exploración.

En Ixtahuacán se ha formado el Frente Comunal de Resistencia a la Explotación Minera y en ambos municipios los alcaldes auxiliares y comités locales tienen un papel importante en la conducción de las acciones comunitarias.

El ejercicio y recuperación de las tradiciones locales en la lucha políticas son legitimados a partir de leyes nacionales y convenios internacionales como el Convenio 169 de la OIT y el Código Municipal.

A decir del académico en este proceso las comunidades no están actuando solas, sino que han establecido alianzas con otras organizaciones que apoyan las luchas que se generan desde las áreas rurales frente a la minería.

Se han sumado desde la iglesia católica como en el caso de San Marcos hasta organizaciones, campesinas, culturalistas y de mujeres que retoman el discurso que aboga por la protección de la madre tierra, los derechos del pueblo maya y las comunidades.

La identificación de estos vínculos es importante porque indica que la democracia como participación también se construye mediante estas alianzas.

La identidad local maya sigue teniendo una gran fuerza y es un desafío para el Estado, que hasta ahora ha respondido ante los procesos comunitarios en contra de la minería desde los discursos sobre el multiculturalismo y el Estado de Derecho.

Reconocer y dar un lugar a las identidades y proyectos indígenas, mediante mecanismos adecuados, puede ayudar a generar formas de ciudadanía local indígena, maya y guatemalteca consolidadas y democráticas señaló Esquit.

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