martes, 23 de diciembre de 2008

“No se trata de democracias formales sino de un modelo de dominación sustantivo”

Andrés Sarlengo (CONTRAPUNTOS, especial para ARGENPRESS.info)

“Ahora que la justicia vale menos, infinitamente menos que el orín de los perros”, sentencia León Felipe.

Y Norberto Olivares reflexiona sobre ello. Sobre los guardianes del poder y la injusticia disciplinadora. El terrorismo de Estado 1976/83 no nos dejo ni siquiera una “democracia formal” sino una plutocracia constitucional. Y hay que decirlo con dureza: radicales, peronistas, socialistas y conservadores son las rameras predilectas para el coito del gran capital.

A casi 25 años del regreso de la “democracia” casi el 50 % de los argentinos pervive empobrecido. (Según un informe, los niveles de pobreza rondan el 50 % en gran parte del país. La Capital. 20/12/08)

“¿Es solucionable la contradicción capitalista entre democracia política y autocracia económica? No parece; al menos, no hay casos históricos que avalen respuestas optimistas”, subraya Atilio Borón.

Y León Felipe lo dice con dureza: “La justicia tiene menos, infinitamente menos categoría que el estiércol”.

Norberto Olivares es abogado e integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre de Rosario. A nuestras inquietudes respondió lo siguiente. Espero que al leerlas acordemos que es indispensable que todo no continúe “siempre, siempre de la misma manera”.

• Contrapuntos: ¿Cómo viviste el retorno de la "democracia" en 1983?

• N.O: Tenía 28 años, una hija de 4 y otra en camino, había rendido la última materia de la carrera de abogado y militaba en la Federación Juvenil Comunista desde el año 1980. Eran los años del “estancamiento” en el “socialismo real” y del apogeo de Reagan y Thatcher. El Sandinismo brillaba “con luz propia”, nos abofeteaba dogmas y prejuicios, y nos enamoraba con su creadora “pedagogía de la pluralidad y la diversidad” respecto de las identidades revolucionarias. La dictadura vomitaba sangre y fracasos. El poder planificaba la continuidad del proceso acudiendo al tradicional sistema de alternancia bipartidista. El Imperio preanunciaba las “Democracias Restringidas” en Latinoamérica. El peronismo se parecía más a Isabelita y López Rega que a Ortega Peña y Rodolfo Walsh: Italo Luder, aquel que ideó y rubricó el Decreto de “aniquilamiento” a la guerrilla, era puesto en la cima de las candidaturas. Los comunistas, prolongábamos nuestro reformismo claudicante: sin una crítica al nefasto postulado de “Videla democrático” justificábamos otra cobardía: “votar junto al pueblo peronista”. En el radicalismo, el alfonsismo consolidaba su hegemonía interna comprendiendo más acabadamente la esencia de la época, y favorecido por esta circunstancia cooptaba a muchas almas rebeldes y antidictatoriales que pasaron a integrarse, sumisamente, al ancho paraguas del “progresismo posibilista”. Comenzaban los debates en el movimiento popular sobre las visiones de la “década del setenta” y de cómo encarar el JUICIO Y CASTIGO. Fue una época de modificaciones en el escenario pero no de cambios sustanciales. Allí comencé mi militancia en el movimiento de Derechos Humanos hasta el día de hoy.

• Contrapuntos: Santa Fe no es una excepción pero la impunidad genocida del Proceso de Reorganización Nacional tuvo en nuestra provincia la complicidad del bipartidismo UCR-PJ al diseñar el poder judicial. ¿Por qué pensás que nada de esto se discute actualmente?

• N.O: Para contestar a esta pregunta resulta imperativo indagar sobre el rol que le otorgan las clases dominantes, en cada etapa histórica, al denominado “Poder Judicial”. También, es oportuno revisar las doctrinas construidas por las usinas imperiales respecto de esta cuestión. Lo cierto es que el poder judicial representa un instrumento vital y estratégico para la beatificación de las tremendas desigualdades, injusticias e impunidades imperantes en nuestros sistemas políticos. Representa la “razón estatal” que otorga “legalidad” al genocidio imperante. Y esta funcionalidad no proviene de ninguna creación doctrinaria autóctona sino que obedece a la decisión de las cúpulas gobernantes de seguir al pié de la letra las teorías y discursos provenientes de las catedrales del imperio. Los famosos documentos “SANTA FE I y II”, elaborados por los consultores y escribas de Ronald Reagan, plantean con total claridad la división entre lo que consideran el “poder formal”, asignado a las diversas gestiones gubernamentales, y el “poder permanente” representado por el poder económico, el poder militar y el poder judicial. El poder “formal” puede sufrir deterioros, desgastes y alternancias. Lo que debe permanecer como incólume y sagrado es el poder “permanente”. Por ello este Poder Judicial, en coherente funcionalidad con estos enfoques, avaló una deliberada identificación de “dos demonios” respecto de la responsabilidad por los niveles de la violencia política en los ’70. Por ello ideó, promovió y ejecutó un primer capítulo de impunidad vergonzante de Punto Final y Obediencia Debida, y cacareó su espíritu indultador ante cada exigencia de justicia por parte de los familiares, sobrevivientes y organismos de DDHH. Por ello, no cuestiona la reforma constitucional basada en el Pacto de Olivos, verdadero símbolo e instrumento de galvanización del proceso de transnacionalización económica (Deuda Externa, ajustes antipopulares, privatizaciones, flexibilización laboral) y de la institucionalidad de la impunidad. Por eso, es fiel ejecutante de la judicialización de las protestas populares y de la criminalización de los pobres, asumiéndose como redentor de la gobernabilidad del sistema en instancias de crisis económicas, sociales y político-institucionales. Por ello “hace justicia” encerrando a los pobres del pequeño delito, pero no elabora una respuesta coherente sobre la desaparición de Julio López. Por eso, las pequeñas “dosis” de justicia son arrancadas cada vez que el pueblo movilizado, sin permisos ni audiencias, se transforma en sujeto real del derecho que posee y hace cesar la condición de la ley como “letra muerta”. Y creo, por último, que sí existe discurso sobre esta cuestión. En estos días escuchamos al gobernador Binner refiriendo a que hay modificaciones sustanciales en la manera de encarar gubernamentalmente la problemática judicial. Claro, lo que Binner oculta es que los “tiempos de cambio” no pueden practicarse en alianza con quienes pactaron con el PJ la “digitación” judicial y han escrito con su conducta política los peores capítulos de la impunidad reinante.

• Contrapuntos: Muchos intelectuales definen a nuestros gobiernos como democracias formales. ¿Son compatibles democracia y capitalismo?

• N.O: Responder a esta pregunta remite, por lo menos, a la historia de la crisis del desarrollo capitalista en nuestro país y a los modelos de representación política acorde con ese proceso, mal llamados “democráticos”. Propongo un punto de partida: reconocer que la crisis en el plano de la representación en estas denominadas “democracias”, esto es, la relación entre gobernantes y gobernados, entre dirigentes y dirigidos, expresa, por un lado, el agotamiento terminal de los parámetros tradicionales, y por el otro, la carencia de un nuevo proyecto que marque claramente una perspectiva alternativa. El modelo “tradicional” de representación política en estas “democracias” expresa cruelmente el síntoma esencial de la “alienación política”, esto es, la pasividad social ante los mecanismos de dominación: la coerción, el control social, la represión, la cooptación, el “carrerisno”, etc. Estas “democracias” presentan como inmodificable y eterna la división entre gobernantes y gobernados, entre dirigentes y dirigidos, y pretenden así naturalizar el dominio eterno de las clases dominantes. Este modelo de “democracia” en el capitalismo niega estructuralmente la amplia y activa participación popular, le niega al sujeto popular ser activo constructor de nuevos paradigmas en la gestión del gobierno y del poder, y solo ofrece elitismo, autoritarismo, demagogia, corrupción, etc. Por lo tanto, no se trata de “democracia formales” sino de un modelo de dominación sustantivo, soporte de la concentración y la tasa de ganancia de los poderosos, basado en un fraudulento sistema de consenso pasivo de tipo electoral. Habría que empezar a discutir como poner en crisis el precepto constitucional de que “El pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes”.El predominio de esta filosofía, arcaica y rancia, ha cosechado traiciones, fracasos y debacles de todo tipo, y fue puesta bajo la crítica y el repudio popular en los escenarios de las desobediencias desatadas en Diciembre de 2001.

• Contrapuntos: ¿Cómo definir hoy los derechos humanos?

• N.O: Más de treinta años transcurridos desde el 24 de marzo de 1976 presentan un campo propicio para la reflexión. En primer lugar, considero que se ha consumado una fatal continuidad del proceso de carácter globalizador y regresivo instalado por el neoliberalismo, primero dictatorial y luego por los sucesivos gobiernos que la precedieron. Este proceso no tiene “patente” nacional, sino que obedece a un modelo de reconversión decidido en las entrañas del sistema capitalista mundial. En estos 25 años post-dictatoriales el continuismo se consolidó en base a tres pilares fundamentales: la impunidad de los 80’, la entrega y la exclusión de los 90’ y la actual depredación de nuestras riquezas y recursos naturales. El híper-terrorismo, el híper-endeudamiento, la híper-inflación, la híper-impunidad, la híper-exclusión, el híper-saqueo se han compatibilizado como elementos constitutivos de un nuevo sistema de opresión, y esto hace que todos los que militamos en derechos humanos tengamos que reflexionar sobre que, lejos de achicarse nuestro campo de acción, el mismo se ha ensanchado y complejizado de una manera impensada. De manera que las exigencias son hoy más abarcativas, mas complejas y mas exigentes que en otras décadas. Paradojalmente, considero que el movimiento de derechos humanos dista de estar a la altura de las exigencias que esta etapa requiere. Desde 1983 siempre hubo correlato entre los planes políticos y estrategias pro-impunidad y las recetas ajustadoras y excluyentes. Por lo tanto, siempre existieron intentos sistemáticos para consagrar la impunidad. El silencio, la manipulación, la tergiversación, la claudicación ante los genocidas ha sido la verdadera y única política oficial desde el ’83. La impunidad conquistada no solamente implica falta de castigo a los culpables, sino que contiene una profunda significación cultural, estratégica: crear la conciencia de que no existe otra alternativa que la de adecuarse o resignarse a lo que el poder nos ofrece como “posible”, como “sensato y razonable”. Y para quienes no se “amoldan” a esta teoría opera el chantaje y la amenaza que advierte que esta decisión se puede tornar en algo muy peligroso. Se trata de una estrategia muy elaborada, que intenta producir el convencimiento de que es imposible generar una superación al actual orden. Cualquier intento en este sentido es caracterizado como delirio demencial, como confrontación estéril, como giro nostálgico, como reafirmación dogmática, como algo atrapado en la celda del pasado, que no comprende la trascendencia del paso de la oscuridad dictatorial al “vergel democrático”. Es centrar el análisis en que la “democracia” es igual a la superación de la dictadura, cuando en realidad no ha habido ruptura sino continuismo y profundización del proyecto instalado por la dictadura. Creo que este intento hay que denunciarlo y repudiarlo en cualquiera instancia en la que se presente. Tratan de lavarle la cara al sistema e intentan hacernos creer que esta política de DDHH es viable con desnutrición, precarización laboral, con pobreza e indigencia, con concentración económica, con depredación de nuestros recursos. Con esto se alienta un nuevo fracaso y una nueva mentira. Creo que existe una porción del movimiento de derechos humanos anclado en el pasado, y se estimula desde allí una política a partir del tema de los desaparecidos y el de la judicialización del castigo a los genocidas como eje fundamental y excluyente. Creo que lo nuevo será gestar un movimiento de derechos humanos que, en primer lugar, parta de la definición de que la lucha por los derechos humanos esté vinculada a la lucha anticapitalista. Hoy el pensamiento que más fuerte campea en el movimiento de derechos humanos plantea como horizonte un capitalismo menos voraz, un poco más retocado, menos salvaje, más distributivo. Nosotros decimos que esto vuelve a ser un límite y la posibilidad de un nuevo fracaso. Queremos que el movimiento de derechos humanos tenga claramente una vocación anticapitalista, de superación de ese sistema, que conscientemente luche desde su especificidad en lo social dentro de la construcción de una alternativa de carácter político, lo cual no es privativo sólo de las organizaciones políticas. Porque la actividad y la razón de ser de nuestra lucha tienen un correlato inmediato con la política. Hay que abrir paso a una estrategia política desde el campo de la autonomía social, contribuir a una estrategia política del pueblo. Prepararnos para una perspectiva de trabajo que una lo diverso dentro de una estrategia anticapitalista, un movimiento de derechos humanos que exprese lo doliente de la sociedad: la represión policial, la institucional, la persecución a los luchadores, los desocupados, los “sin techo”, las nuevas formas de discriminación: por sexualidad, por ser inmigrante o extranjero, por raza, por color, por aptitud física. La violencia que se genera a partir de poblaciones enteras afectadas por la contaminación. Creo que hay que ensanchar el campo. Un movimiento de derechos humanos que desde la memoria y el rescate del tema de los desaparecidos, el repudio a la política de la impunidad, de juicio y castigo a los genocidas, se entrelace con esta nueva realidad. Porque si no tenemos éxito en esto, el movimiento de derechos humanos corre peligro de ser un dato de la historia: algo ilustre, de vocación humanitaria, de nobleza, entrega y compromiso, pero carente, castrado de una posibilidad política para los trabajadores y para los sectores populares. Y eso es lo que hay que discutir. Nosotros debemos empeñarnos en instalar este debate. ¿Puede un organismo de derechos humanos manifestar que es anticapitalista? ¿Es posible unir esa diversidad? ¿Es posible vincular al movimiento de derechos humanos con esa parte de lo doliente del pueblo que todavía no tiene una expresión unitaria y articulada, lo que permite que cada lucha siga siendo contenida por el sistema? Esos son los interrogantes. Si no resolvemos esto, el movimiento de derechos humanos no va a superar los límites que lo llevan a esta crisis.

• Contrapuntos: ¿Qué sucede con tu profesión? ¿Están los abogados formados para contribuir con la democracia o sólo aplican el marco jurídico desde la lógica positivista?

• N.O: Lo real en la práctica profesional de los abogados no escapa a los que está impuesto como la ideología general en todas las profesiones: la primacía del pensamiento liberal, individualista y mercante. Esto no ha obstaculizado la emergencia de un cúmulo, minoritario, de abogados dispuestos a ejercer su profesión en un sentido antagónico al imperante. Hablo de aquellos colegas que sienten la necesidad de comprometer su labor profesional con los padecimientos y luchas del sujeto popular. Hablo de que nuestra profesión sea puesta al servicio de que este sujeto popular se apodere del herramental jurídico de forma organizada, colectiva y transformadora. Hablo de que los abogados nos consideremos “parte” del sujeto popular y de sus utopías libertarias. Digo que nuestra acción debe convertirse en “praxis” para la superación positivista y para la ruptura de los límites de estas democracias “controladas”. En fin, planteo un modelo de profesional militante y apasionado con las rebeldías redentoras, en contra del modelo egoísta y mercantil tan defendido en nuestras universidades.

• Contrapuntos: Loic Wacquant asegura que el neoliberalismo terminó constituyendo un Estado penalista... ¿Cómo salir de esta encrucijada que primero nos encierra (cárcel y represión) y luego nos pregunta quiénes somos sin decir que por ellos estamos así (empobrecidos, vaciados y desintegrados)?

• N.O: Este “Estado Penitencia” debe considerarse como integrado al proyecto desolador del ajuste eterno e impunidad de los últimos treinta años. No resulta para nada accidental, ni mucho menos casual que en sus estructuras se mantengan experimentados ajustadores junto a expertos represores. El estado provincial ocupa el segundo lugar en materia presupuestaria para seguridad y represión, ha sofisticado y reforzado sus fuerzas y mecanismos de control social, y se “destaca” tanto como poseedor de uno de los índices mas altos en casos de “gatillo fácil” y represión policial, como por su perversidad con las minorías y trabajadoras sexuales, y por el repudio popular e internacional que ha condenado las muertes provocadas en comisarías y en los sucesos del pasado 19 y 20 de Diciembre. Paralelamente, en la provincia rige y actúa todo un sistema de seguridad de carácter privado que configura un verdadero ejército que agrupa unos cuantos miles de efectivos en 213 agencias, que apuntan a resguardar, fundamentalmente, los bienes y mercancías de los grupos empresarios monopólicos que se han erigido como los beneficiarios y “vencedores” del modelo. Estas empresas son gerenciadas por ex agentes de los cuerpos represivos con directa vinculación y participación en el genocidio perpetuado por la última dictadura. Frente a la conformación de este marco estructural de violencia e inseguridad alentada y ejecutada desde la órbita estatal, resulta un deber militante construir una contundente y articulada crítica política a los principales parámetros en los que el sistema capitalista basa toda su concepción de “seguridad”: 1) Un recurrente discurso que intenta instalar como verdad ideológica y cultural la ecuación: pobreza = delincuencia ; delincuencia = “inseguridad” ( Miedo en la población que justifica el control policial que garantiza al sistema -Criminalización de los oprimidos y no de los causantes del genocidio político y social).

“..... ¿Porqué las prisiones permanecieron a pesar de esta contraproductividad? (cuanto más tiempo en prisión se pasa menos re-educado y más delincuente se es). Yo diré precisamente porque de hecho producían delincuentes y la delincuencia tiene una cierta utilidad económica-política en las sociedades que conocemos. La utilidad mencionada podemos revelarla fácilmente: cuantos más delincuentes existan más crímenes existirán, cuantos más crímenes haya más miedo tendrá la población, y cuanto más miedo en la población más aceptable y deseable se vuelve el sistema de control policial. La existencia de ese peligro interno permanente es una de las condiciones de aceptabilidad de ese sistema de control, lo que explica porqué en los periódicos, en la radio, en la televisión, en todos los países del mundo, sin ninguna excepción, se concede tanto espacio a la
criminalidad como si se tratara de una novedad en cada nuevo día. Desde 1830 en todos los países del mundo se desarrollaron campañas sobre el tema del crecimiento de la delincuencia, hecho que nunca ha sido probado, pero esta supuesta presencia, esta amenaza, ese crecimiento de la delincuencia, es un factor de aceptación de los controles....”. MICHEL FOUCAULT – Conferencia en Facultad de Filosofía de la Universidad de Brasil (Revista “Barbarie”, Nros. 4 y 5, Brasil, 1981/1982).-

Amarrados en estas concepciones la política estatal no otorga solución de la problemática matriz ( la vertiginosa y violenta concentración de la riqueza y la expansión de la pobreza), y recurre a la metástasis represiva sobre un valor agregado a la pobreza: la delincuencia.- Esta política de “tolerancia cero”, es presentada como cruzada guerrerista contra los delincuentes, mostrando sus rasgos reaccionarios al promover una verdadera limpieza de carácter clasista, racista y xenófoba. Se alienta la “buchonería”, el individualismo pragmático, la colaboración económica activa con la policía (sistema de las cooperadoras policiales), la fractura social desencadenante de la “guerra horizontal”, etc... - En este clima y contexto debe articularse un fuerte discurso de cuestionamiento y denuncia contra: a) las concepciones reaccionarias y antipopulares imperantes en el campo de la institución policial, que no son otras que las impregnadas por la doctrina criminal de los Camps, Saint Jean, Feced, Lofiego, etc. b) El accionar delictivo de la policía que la vincula con la materialización de los delitos mas graves y aberrantes (terrorismo, piratas del asfalto, venta ilegal de armas, tráfico de drogas, corrupción penitenciaria, juego clandestino, secuestros extorsivos, trata de mujeres, etc). c) El rol de complicidad y encubrimiento que realiza el Poder Judicial sobre el accionar delictivo de la policía, y su papel de “demonizador” de las víctimas: si en los ’70 el objetivo de la represión lo constituía el sujeto político de la “violencia subversiva” y la frase acuñada para la legitimación del genocidio fue la de “ en algo habrá andado” , hoy el blanco móvil de la represión ha sido puesto en el sujeto de clase discordante con las pautas estéticas y culturales impuestas por la globalización neoliberal: los jóvenes trabajadores inmersos en las nuevas condiciones de la exclusión, la flexibilización y la precarización del trabajo, y la sospecha social ( emparentamiento de la víctima con la droga, el alcohol y la delincuencia) es el argumento legitimador de la impunidad para los crímenes policiales. d) La “seguridad” también se ha transformado de un derecho humano de carácter público y de goce popular (derecho a trabajar, a alimentarse, a educarse, a no temer, etc.), en un privilegio de carácter privado: se facturan en el país millones de dólares anuales por parte de las empresas privadas de seguridad.

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