jueves, 4 de septiembre de 2008

Constituciones

Juan Diego García  (especial para ARGENPRESS.info)

Las constituciones en Latinoamérica han sido fruto de procesos muy diversos y casi siempre extraños al ideal liberal benévolo que las entiende como el resultado de  pactos y convenios destinados a la convivencia de la comunidad, a la consecución del contrato social. En realidad estas constituciones han estado desde los comienzos de la vida republicana más inspiradas en la idea autoritaria que las asume como imposiciones, eso sí, en el entendido de que se trata del bien de la colectividad.

En la América Latina del siglo XIX hasta los teóricos clásicos del socialismo verían confirmadas sus ideas sobre el asunto al constatar cómo las Cartas Magnas fueron siempre fruto de la imposición de quien logró establecer su hegemonía, por lo común luego de cruentas guerras civiles o intervenciones extrajeras. La constitución, en tales condiciones, reflejaba intereses puramente elitistas por más que se engalanara con la retórica al uso, abundante en referencias a la libertad, la democracia, la igualdad y los valores cristianos.

No será muy distinto en el siglo XX. La constitución será de nuevo una imposición (no exenta de cruda e inevitable violencia) como resultado de las grandes revoluciones del nacional-desarrollismo, solo que ahora, un sector de la burguesía criolla encabeza victoriosa amplios movimientos populares (el más destacado, sin duda, la Revolución Mexicana) contra una minoría retardataria y extranjerizante.  El nuevo marco jurídico será entonces nacionalista, promotor del desarrollo y heredero de las viejas banderas liberales del radicalismo laico del siglo anterior no menos que de evocaciones románticas de un socialismo igualmente decimonónico. 

Pero la suerte de las constituciones no es diferente al devenir del orden social en que están insertas. De esta forma, durante el siglo XIX la retórica humanista y republicana (copiada de las constituciones europeas y del texto estadounidense) no pasó de las formulaciones felices que hacían las delicias de juristas y letrados. Y no podía ser de otra manera  en sociedades marcadas por el latifundio, la esclavitud, las nuevas formas del colonialismo, el atraso cultural, el poder alienante de la Iglesia Católica y Estados raquíticos que se hacían y deshacían a calor de interminables guerras civiles o directamente por la intervención extranjera que redactaba e imponía los textos constitucionales (caso de la Enmienda Platt en Cuba, el sometimiento de Puerto Rico o las leyes promovidas por el ocupante gringo en Centroamérica).

Tampoco fue mejor el destino de las constituciones  burguesas del llamado “desarrollismo” o “populismo” a pesar de tener un contenido social mucho más claro  y una impronta nacionalista destacable. Todo el discurso en pro de un capitalismo nacional, con fuerte contenido social para hacer del concepto de ciudadanía algo más que un término hueco (como había sido hasta entonces) y convertir la democracia en otra cosa que elecciones regulares y amañadas, derechos civiles restringidos y la violencia como el método reiterado para “mantener el orden”, todo esto, encontró sus limitaciones en la debilidad del grupo burgués hegemónico que terminó pactando con los sectores retardatarios del agro, los especuladores de la banca y el comercio y sobre todo, claudicando frente a los nuevos amos de la región, los Estados Unidos.

No debe entonces extrañar que casi sin introducir cambios significativos esas constituciones hayan servido luego para instalar en la región las políticas neoliberales. Las mismas políticas del llamado “Consenso de Washington” que han provocado no solo la pobreza generalizada de las mayorías (y fantásticas ganancias a la elite y a las empresas multinacionales) sino un movimiento de rechazo social de grandes proporciones que ha permitido triunfos electorales a la izquierda en casi todos los países del área, lo mismo que el resurgir del nacionalismo, el impulso de políticas de corte social y hasta propuestas de un nuevo socialismo de perfiles aún poco precisos. Tres países son su mayor expresión: Venezuela, Bolivia y Ecuador.

No es entonces por azar que en esos tres países el debate sobre la constitución tenga tanta relevancia. En Venezuela rige ya una nueva Carta Magna que como en el populismo tradicional encarna amplias reivindicaciones populares, solo que en esta ocasión no es una fracción de la burguesía local la fuerza hegemónica sino una alianza de clases y grupos populares. Como ocurrió anteriormente, a este populismo de nuevo tipo se enfrenta la misma clase rancia y estéril de siempre, los defensores de privilegios groseros, los beneficiarios de la corrupción, los adalides del extranjerismo y la dependencia nacional, que son por contraste los defensores encendidos de un patriotismo de cartón piedra.

En Bolivia la derecha intenta por todos los medios, legales e ilegales, poner trabas al desarrollo del proceso constituyente y a estas alturas aún es incierta la realización del referendo que valide el nuevo marco legal. No es incierta sin embargo la decisión de los movimientos populares que acaban de dar en las urnas un fuerte respaldo a Morales y su gobierno y que a gritos piden que las autoridades impongan el orden, controlen a las bandas fascistas, pongan límites a la grosera intervención del embajador gringo en los asuntos internos del país y que se permita entonces a la ciudadanía expresarse a favor de una constitución nueva que asegura el disfrute de los ricos recursos naturales a toda la población y no a minorías locales, que reivindique la dignidad de los indígenas (más del 60% de la población), excluya  la presencia de bases militares extranjeras y reordene los sistemas de toma de decisiones en favor de las mayorías sociales.

Muy semejantes son los aires que corren por Ecuador, presto a someter el texto de una nueva Carta Magna a la voluntad soberana del pueblo. Como en Venezuela y Bolivia, en Ecuador se han respetado escrupulosamente todos los trámites establecidos tanto para designar a los constituyentes como para asegurar que la población puede ejercer con libertad su derecho de expresarse en las urnas. En los tres casos los deudos resultan ser los mismos: los banqueros, los grandes comerciantes, los industriales ligados a la economía externa, los terratenientes y latifundistas y los llamados “sectores medios” de altos ingresos o vinculados como clientela a la burguesía criolla. 

Pero no solo la izquierda cambia constituciones. En México, Felipe Calderón intenta desconocer la Constitución que establece claramente el carácter público de la explotación del petróleo e impide la presencia de intereses extranjeros. La repercusión social de la intentona gubernamental ha sido inmensa y Calderón ha tenido que ceder (temporalmente) ante el clamor ciudadano. No menos anticonstitucional es la intervención directa en México de personal de la DEA y otras agencias gringas que actúan impunemente en el país; un  peligroso precedente que lleva a algunos a hablar de un proceso intencionado de “colombianización” del país.

Y como el colombiano Álvaro Uribe no podía ser menos, ha violentado reiteradamente la legalidad constitucional para satisfacer sus propósitos. Primero convocó un referendo para introducir cambios sustanciales en el texto constitucional pero fracasó estruendosamente (voto menos del 25% del censo electoral y fueron rechazadas todas las propuestas del gobierno). Luego consiguió cambiar la norma constitucional que prohibía la reelección comprando el voto de los dos senadores que le dieron el triunfo, un delito de enorme gravedad por el cual ya ha sido condenada una parlamentaria, el otro está siendo juzgado y hacen cola ante los jueces los funcionarios uribistas comprometidos en el “arreglo”. Ahora, el belicoso mandatario adelanta una reforma de la justicia para evitar que algún juez se le atraviese en el camino, y confía en una reforma política que blinde a su bancada parlamentaria seriamente comprometida en el proceso contra el paramilitarismo. Si lo consigue, el presidente colombiano espera entonces poder aspirar a un tercer mandato, si es que un milagro, en forma de avalancha popular e indignación ciudadana no lo impiden a tiempo.

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Huracanes, tormentas y asesinatos en la vida diaria de la Colombia actual


Apolinar Díaz – Callejas (especial para ARGENPRESS.info)

La situación colombiana va de mal a peor. La popularidad del Presidente Álvaro Uribe Vélez ha bajado notablemente en el último mes. Uribe Vélez mantiene una guerra de agravios a los sectores políticos democráticos y de tendencias republicanas. Además de la represión general que sigue atormentando al país, el Presidente ha tomado bajo su control los medios de comunicación para promover su tercera elección, pese a que cada instante dice no quererla.

El diario español de Bogotá, El Tiempo, denuncia en primera página que en los últimos trece años han sido asesinados 125 periodistas en el país, pero sólo hay condenas en 12 casos. La opinión a favor de Uribe Vélez que publica el mencionado diario bajó de 85% a 78%, a la vez que la de oposición pasó del 10% al 16%. Respecto de la situación en Colombia la aprobación de la opinión pública entre julio y agosto de este año bajó de 78 % a 76%. Respecto de la situación general en Colombia, la encuesta muestra que están empeorando, al bajar del 73% en julio al 54% en agosto y la opinión señala que las cosas están empeorando al pasar de 14% al 29% en agosto. El Presidente de la Asociación Nacional de Empresarios ANDI alertó al país de que la economía está “en una cesión grande porque la desaceleración está generalizada en la industria” como informó El Heraldo de Barranquilla.

Entre tanto, los asesinatos y crímenes siguen cometiéndose en todo el país de manera cada vez más alarmante. El problema es que sólo recibiendo y revisando los periódicos de provincia se puede tener una idea global de la generalización de la criminalidad bajo el actual gobierno, por acciones de paramilitares. Por ejemplo, El Tiempo registra que entre enero y agosto del presente año se produjeron 183 muertes en Bogotá. El Procurador General acaba de pedir que se reabra por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el proceso contra el General en retiro Rito Alejo del Río Rojas, por delitos cometidos hasta el 2004. En Medellín se han reabierto las investigaciones por la tortura, muerte y descuartizamiento de Luz Adiela Quintero Ramírez, así mismo, del secuestro y tortura de Benigno Antonio Hernández; en San Marcos (Sucre) fue asesinado Julio Rafael Beltrán Badel; en Barranquilla fue asesinado un estudiante de derecho de la Universidad Simón Bolívar, herido a bala por sicarios José Rafael Abello Silva 
en Santa Marta; hoy 03 de septiembre se ha iniciado un paro nacional de la administración de justicia en Colombia. Fue atacado con arma de fuego el estudiante de derecho Pedro Vivero en Corozal (Sucre); asesinado en Montería Jorge Luis Martínez Rojas el 01 de septiembre. El ex congresista liberal Gilberto Villarreal fue herido a bala cuando ingresaba al estadio de fútbol en Bucaramanga. El rector de la Universidad del Magdalena en Santa Marta, Carlos Dib Díaz-Granados dejó la rectoría de esta Universidad por amenazas contra su vida y las de sus familiares cercanos. 

Esta brevísima relación de asesinatos en diversas regiones de Colombia muestra la realidad de este país en el que la violencia permanente y diaria está regada por toda la nación, sin perjuicio de que el Presidente Uribe Vélez exprese su alegría por la imaginaria pacificación de la República. El clima de violencia y asesinatos en todas las regiones eleva día a día el desconcierto y el rechazo ante el silencio y la indiferencia gubernamental, al tiempo que la elevación de los precios de los artículos de consumo de primera necesidad avanza impetuosamente. Las exportaciones de productos agropecuarios vienen en aumento continuo. 

Hasta los grupos políticos y parlamentarios adeptos al gobierno expresan sus angustias y críticas por el creciente desbarajuste social y del orden público en el país. Todo indica que la actividad fundamental del Presidente es crear más confrontaciones políticas internas para impulsar la reelección, para lo cual varios ex dirigentes políticos colombianos, liberales y conservadores, derrotados en las elecciones parlamentarias, con fondos de las clases empresariales, han recogido millones de firmas de colombianos en todo el país que se pronuncian pidiendo otra reforma constitucional que permita la segunda reelección del Uribe Vélez que sería la tercera presidencial que se pediría a los colombianos. La inseguridad y el crimen político siguen extendiéndose en el territorio nacional, en medio de una crisis económica y social que avanza implacablemente.

Hay una gran expectativa en torno a la posibilidad de que se forme un frente común de distintos partidos e ideologías para impedir la tercera elección del Presidente Uribe Vélez, quien ha gastado gran parte del presupuesto nacional en una tremenda carrera militar que ha llevado a que el gobierno acepte la posibilidad de enviar tropas colombianas al Medio Oriente, en apoyo de las invasiones desatadas por el gobierno norteamericano de George Bush, a quien el Presidente Uribe admira y sigue incondicionalmente. Curiosamente el acuerdo lo busca Uribe con el actual gobierno de España, que se metió a la guerra de invasión de países árabes por los Estados Unidos. 

En información de última hora el diario El Tiempo, da cuenta de que el General de la Policía Marco Antonio Pedreros, Comandante de ese cuerpo en Medellín, fue retirado del servicio por haber sido mencionado en conversaciones del narcotraficante Daniel Rendón Herrera, “Don Mario”, actualmente preso en Estados Unidos. Todo ello forma parte de la investigación que se adelanta contra Guillermo León Valencia Cossio, hermano del nuevo Ministro del Interior Fabio Valencia Cossio, expulsado del cargo por haber sido mencionado en conversaciones con narcotraficantes. 

Foto: Alvaro Uribe Vélez práctica natación durante una visita en 2004 a la isla de San Andrés en Colombia. / Autor: César Carrión - SNE

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Empresas de servicios públicos: argentinización, integración, provincialización (PARTE I)


Diego Mansilla (MORENO) 

Buenos días, agradezco la invitación y todas las palabras elogiosas. La verdad, uno viene acá para intentar empezar una discusión, más que a plantear ideas concretas y cerradas. En un marco tan amplio como esta Constituyente Social, puntualmente en la parte energética, hay que empezar a hablar de estos nuevos cambios que están sucediendo en este tema.

Es decir, mucho se ha hablado acerca de la privatización y desregulación de la década de los 90, de sus causas, de las consecuencias nefastas que ha tenido en la sociedad argentina en general, y en sector energético en particular, y cómo se ha abandonado la idea de la energía como derecho, para usar la energía como un commodity, como una mercancía. Actualmente ha habido algunos cambios, han entrado nuevos jugadores, hay cosas que no existían en ese momento y es importante empezar a analizarlas. 

¿Efectivamente estamos ante una nueva matriz energética? ¿Se recuperó esa política energética nacional? ¿Se recobró la energía como derecho? Eso es lo que habría que empezar a pensar. Y la idea es comenzar a ver esto mediante los tres grandes cambios que uno puede ver que ocurrieron en el sector energético en los últimos tiempos: la ´argentinización´ de las empresas, la integración energética y la ´provincialización´ de las reservas hidrocarburíferas. La conocida ´argentinización´, un nombre dado por los medios, se refiere a la entrada de empresas con capital nacional en las ex privatizadas, que antes eran enteramente de las transnacionales.

La integración regional energética, que empieza en la década de los 90 desde el punto de vista de la infraestructura pero también en cuanto a las industrias, se muestra en que empresas de Latinoamérica están operando estos servicios públicos privatizados. El caso más claro es Brasil. Las empresas brasileras operan servicios públicos argentinos. 

Y, yendo puntualmente al caso del Petróleo y el Gas, que si bien no son un servicio público son parte vital del sector energético, porque uno no puede hablar ni de energía eléctrica ni distribución de gas natural, sin hablar de cómo se extrae ese gas y cómo se transporta ese gas y ese petróleo. El cambio más importante en los hidrocarburos es la ´provincialización´ de las reservas.

Estos son los temas claves de los que tenemos que empezar a discutir. La idea es intentar  poner un punto en estos temas, para  ver si efectivamente hay un cambio en esta matriz. 

El primer punto tiene que ver con la ´argentinización´ y el por qué decimos ´argentinización´.  Porque esto es nuevo. Ahí hay una larga lista de empresas, la más importante es el Grupo Eskenazi - Petersen, entrando a YPF de la mano de Repsol.

Grupo Eskenazi entra a YPF 

Electroenergía y Enarsa compran 50% de la controladora de Transener a Petrobras 

Pampa Energía tiene 50% de la empresa controladora de Transener 

Pampa Energía compra Edenor a EDF 

Pampa Energía compra centrales eléctricas a Powerco y Camuzzi 

Sadesa compra centrales eléctricas a Total y CMS 

IATE controla Edemsa (Mendoza) de EDF 

Ick y Banco de Santiago del Estero compran Edese (Sgo. del Estero) de Houston Energy 

Grupo Chemo compra 19,6% de Gas Ban a Gas Natura 

Vemos en la parte eléctrica muchos cambios. La entrada de un nuevo grupo, lo que antes era la figura de un frigorífico ahora es Pampa Energía, que es una de las principales generadoras. Tiene ahí el 50% de lo que es la principal transportista de energía eléctrica, cuyo socio es, en partes iguales, Electroenergía y la propia ENARSA, esta empresa energética que empezó como petrolera pero que es energética, porque no tiene petróleo sino activos como este tipo, en el transporte. 

Las transnacionales que empezaron a entrar, primero las europeas, después las norteamericanas con la privatización, van saliendo reemplazadas por estas empresas nacionales. El último caso es esta semana con este grupo (Chemo) –desconocido totalmente en el sector energético- que obtuvo casi el  20% de Gas Natural Ban, de Buenos Aires Norte. 

Vamos a ver un ejemplo puntal en el sector eléctrico, por una serie de causas. Una porque es que tiene datos oficiales de propiedad en generación y transporte, cosa que no pasa con el gas. Además, en el caso del gas hubo mayormente cambio de manos entre extranjeros.

Generación eléctrica por propiedad

En el caso de electricidad se ve -del 2002 al 2008- como hay un fuerte avance de lo que es la generación en manos de capital privado nacional. Vemos también la existencia de generación pública, que es lo que quedó de la época de las privatizaciones. Son todas las centrales nucleares y las represas internacionales, es decir lo que no se pudo privatizar. Ahí se observa que cae la participación, no porque haya generado menos, sino porque produce lo mismo que en el 2002 (momento de poca generación de energía eléctrica) en el 2008. La capacidad que tiene la parte nacional es prácticamente la misma. Se observa un fuerte crecimiento del sector privado nacional: de un 6,7 % apenas, al 32% de hoy. Igualmente sigue siendo más importante el sector privado extranjero, pero pasar de ser la mitad, al actual 34%. 

Y aparece otro jugador que es un público extranjero, que ya aparece en 2002, pero entonces recién había nacido, estamos hablando de Petrobrás. Petrobrás empieza a tener un papel importante en la generación, el transporte y la distribución de energía eléctrica en Argentina desde fines del  2002. Argentina es el único país donde Petrobras tiene este negocio, por fuera del petróleo. En ningún otro Petrobras opera en energía eléctrica. 

Ahora, mientras uno ve este aumento en ´argentinización´, ¿qué pasa del lado de las inversiones?, ¿cuál fue el resultado de inversiones desde 2002 a 2007?. En ese periodo  la potencia instalada para generar energía eléctrica apenas aumentó el 4%, es decir que estamos con la misma capacidad que en 2002. Esta entrada de capital nacional apenas significó un cambio de manos. De las últimas inversiones en generación, lo único privado que se puede mencionar es, hace poco, la inauguración de 100 Mw por Pampa Energía de su central en Salta. Pero las centrales más importantes, las dos termoeléctricas inauguradas, que todavía están sin funcionar al 100%, aquí en Buenos Aires y en Santa Fe, fueron financiadas por el gobierno nacional. Además se está construyendo una represa hidroeléctrica en San Juan, nuevamente esta idea política está llevada por parte del Estado. Es decir, esta entrada de capitales nacionales no aumentó la inversión, no aumentó la capacidad instalada en el sector energético, y tampoco hay grandes proyectos para aumentarla. Sin embargo se sigue reclamando aumento de tarifas como se reclamaba con las empresas extranjeras. Efectivamente hace poco tuvimos un aumento y las empresas salieron rápidamente a decir: “no es suficiente, subieron sueldos, por lo tanto en febrero se tiene que volver a aumentar”. Por lo tanto tampoco hubo un menor pedido de aumento de tarifas con esta entrada de capital nacional, que era una de las cosas que se decía. “Bueno, ahora como ellos ganan en pesos y no en dólares, van a pedir menos aumentos de tarifa”. No se ha registrado. 

Distribución eléctrica por propiedad

En caso de la distribución se da algo también parecido, vemos como el privado extranjero cae fuertemente, del 64% al 32%, sube el privado nacional del 4,5% al 34% y aparecen las cooperativas, que aumentan levemente su participación. El sector público lo forman las empresas provinciales, que están nuevamente en los activos no privatizados; esta distribución provincial quedó de la privatización en manos de las empresas provinciales porque lo nacional se privatizó todo. Todo lo que era nacional de energía eléctrica, ya sea distribución de Segba, ya sea de Agua y Energía, esto fue todo privatizado, salvo lo que no se pudo (como se mencionó, las represas binacionales y las centrales nucleares). Por eso acá no encuentro un sector público nacional que tenga y opere distribución de energía eléctrica. Aquí vemos lo mismo, siguen los mismos reclamos de tarifas y no hay aumento en la capacidad de distribución ni mejoras en la calidad del servicio de distribución eléctrica.

Igualmente, el caso más resonante de ´argentinización´, sobre todo en los medios, fue el de YPF. Para esto hay que volver un poco para atrás, a lo que fue la privatización de YPF. No quiero ir mucho a la década de los 90, pero hay que entender que YPF se empieza a privatizar y a cortar en pedazos -convenientemente para el sector privado- gracias a las leyes de Reforma del Estado y Emergencia Económica del ´89, y sobre todo a los tres decretos que desregularon el mercado energético y petrolero en Argentina. 

Por estos decretos se da la libre disponibilidad del petróleo, se les permite total control a las empresas privadas de la extracción, de las reservas, de la inversión, de la información, absolutamente todo está en manos de estas empresas privadas que antes cumplían un contrato con YPF y ahora son prácticamente dueñas de ese petróleo, porque no hay nadie que lo controle. Desde 1989 no hay una sola auditoria de reservas, las empresas informan cuántas reservas tienen y cuánto petróleo sacaron y no hay una sola auditoria de eso. Es decir, nosotros damos por bueno, lo que las empresas informan como válido.

Por veinticinco años se les transformó sus contratos en este sistema de concesiones, de forma gratuita. Las reservas que había conseguido YPF, gracias a las inversiones de riesgo que había hecho la empresa estatal, se les otorgaron por 25 años en forma totalmente gratuita, con total disponibilidad. Entonces se entregó la política petrolera y energética.  Acá es donde se pierde la idea de energía como derecho. Petróleo e hidrocarburos como insumo básico para el consumo interno, para la industria, para la vida,  y se transforma el petróleo y la energía en general en una mercancía más. Una mercancía que se exporta, se vende al mayor precio posible, que no tiene ningún carácter estratégico, etc.

La privatización de YPF se hizo a través de un decreto en el ´90, que la convirtió en YPF S.A. Y se empezaron a vender los activos no estratégicos, que incluían tres refinerías, equipos de exploración –es decir el equipo que sirve para encontrar nuevas reservas- y un centro de investigación y desarrollo tecnológico que era líder en América Latina, con el cual se llegó a vender tecnología nacional producida por ingenieros nacionales a Francia. Era tecnología de punta producida por los propios ingenieros de YPF. Y eso no era estratégico... En ningún lugar del mundo no es estratégico el desarrollo tecnológico, en ningún lugar del mundo no es estratégico encontrar reservas para una petrolera. Pero si el petróleo y la energía son commodities, mercancías, entonces es mas fácil extraerlo y venderlo porque no importa el agotamiento de ese recurso, no importa la estrategia, no importa la forma en que se lleve adelante, tiene sentido, y esa es la idea de estas leyes. 

Luego la ley del 92 termina de privatizar YPF y marca la federalización de las reservas. Se ha dicho muchas veces que ésta fue el pago que tuvo que hacer el gobierno nacional para que esta ley pasara por el Senado. A pesar de lo que venía históricamente, porque no solamente la Constitución decía que todas las minas y el petróleo pertenecían al gobierno nacional, sino que hasta la tradición misma desde la colonia decía que ´los jugos de la tierra´ pertenecían a la Corona. Las minas pertenecían al Rey. Esa misma tradición se da en toda América. El problema es cómo puedo llegar a que las reservas estén en manos de las provincias cuando hay un montón de reservas que están mitad en una provincia y mitad en otra, las reservas no respetan los límites geográficos de las provincias. Sin embargo se federaliza el dominio de las reservas en manos de las provincias.
 
Pero fundamentalmente esta ley empieza la venta de YPF con un precio de u$s 19 la acción, valuando en u$s 6.700 millones la empresa más grande del país. Para tener una idea, el total de las ventas, porque ya a esta altura se vendieron las refinerías, el equipo exploratorio, barcos, todos estos activos se cedieron por u$s 20.000 millones. Lo que era YPF en el ´89, se vendió por u$s 20.000 millones. Sin embargo, el Estado nacional obtuvo nada más u$s 9.000 millones, el 44%. La mayor parte se la quedaron los privados, que compraron acciones a 19 y se la vendieron a Repsol años después... 

Justamente, ¿cómo se realizó la entrada de Repsol a YPF Sociedad Anónima? En el ´98 es la primera entrada de Repsol, que compra el 15% al Estado Nacional (le había quedado el 20%) a un valor de u$s 38 la acción, cuando se había vendido a u$s19 apenas 6 años antes. El barril estaba a u$s 11,7; no hace falta más que mencionar cuánto está actualmente el barril de petróleo... 

En 1999 se hace una compra del resto de las acciones de YPF S.A., es decir, tanto las acciones de los privados como las que quedaban en manos de las provincias, que vendieron en seguida las acciones y el 5% restante que tenía la Nación. Obtuvo al final el 99%. El resto, el 1% son algunos jubilados, algunos trabajadores y, sobre todo, algo que está dando vueltas en la Bolsa. Se pagó u$s 44 la acción, con un barril a u$s 18. Es decir, Repsol compró YPF con un barril a u$s 18; el precio por YPF serían unos u$s 15.000 millones de lo cual Repsol paga u$s 14.900, que es un número que después tendríamos que comparar. Aumenta un 151% de lo que se había dado. Es decir, más que duplica el precio que lo había valuado el propio Estado nacional a la hora de privatizar, lo cual demuestra que este precio inicial era extremadamente bajo y subvaluado.

Todo esto a pesar de que Repsol era una petrolera mucho más pequeña que YPF. En 1991 YPF ya había sido muy atacada, ya se habían entregado en concesión un montón de yacimientos que le pertenecían, se habían privatizado y se habían vendido yacimientos, se había dado concesiones y licitaciones por participación en los mejores yacimientos de YPF. Sin embargo, era la petrolera Nº 29 en el mundo y Repsol era la N° 44. Es decir, esta YPF fragmentada, preprivatizada, era mucho más importante en el mundo de lo que llegaba a ser Repsol, que es una empresa que tenía refinerías pero sin petróleo. España no tiene petróleo. Sin embargo Repsol termina comprando a YPF.

Disertación presentada en el ciclo “Hacia la Constituyente Social”, organizado por FeTERA.

Diego Mansilla es economista, integrante del MORENO.

Foto: Situación energética argentina.

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El pago de la deuda odiosa es una falta de respeto


Alejandro Olmos (h)
 
La decisión de la Presidenta de cancelar la deuda con el Club de París fue recibida con entusiasmo por la mediocre clase política.

Ya el vicepresidente Julio Cobos declaró que honramos la deuda y el convencionalismo de los economistas aplaudió esa absoluta falta de respeto por el orden jurídico. 

La Presidenta tiene la obligación de hacer frente a las obligaciones externas y pagarlas si corresponde. Pero cuando esas deudas son materia de una investigación criminal hay que esperar un pronunciamiento judicial que determine su legalidad. 

Hace ya muchos años, el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 2 a cargo de Jorge Ballestero tramita una causa donde se investiga el endeudamiento externo hasta el año 1995, que es continuadora de la que iniciara Alejandro Olmos en 1982 y que fuera sentenciada el 13 de julio de 2000. 

En esta nueva causa, se investiga todo el endeudamiento en forma global, incluyendo al Club de París. En esa causa se encuentra agregado un documento oficial, resultado de la pericia efectuada por un conjunto de auditores del Banco Central en 1985, donde se estableció que uno de los créditos reclamados por Holanda no debía pagarse, ya que era resultado de acciones irregulares y delictivas. 

Las autoridades de aquel entonces resolvieron desconocer el resultado de la pericia. Algunos de ellos fueron Carlos Melconiany Daniel Marx. También se ha olvidado la forma absolutamente arbitraria en que se maneja en Club de París en cuanto a ser juez y parte, imponer condicionalidades, coaccionar a los deudores y desconocer los principios generales del derecho. 

Pagarle al Club de París sin esperar los resultados de la investigación judicial es un cabal ejemplo de que el Estado de derecho en la Argentina es sólo una ficción en cuanto a la defensa del Estado nacional, y sólo alcanza para perseguir a los decrépitos militares de la dictadura, olvidándose de sus autores ideológicos, que siguen usufructuando de los beneficios del ilegal endeudamiento.

"O se está al servicio del país en contra de la deuda externa, o se está al servicio de la deuda externa en contra del país"
 
Alejandro Olmos es Historiador y autor de La deuda odiosa.

Foto: "In God we trust" / Autor: ABBEYNEWS

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Argentina: Sintomático que la presidenta haya elegido ese día para pagar todo al Club de París

Emilio Marín (LA ARENA)

Lo único que se podría admitir de la decisión presidencial sobre el pago total de la factura pendiente al Club de París es que fue tomada en secreto y no trascendió antes del anuncio. Nada más.

Se supone que un gobierno nacional y popular utilizaría un día emblemático como el 2 de septiembre, conmemorativo de la industria, para anuncios de recuperación de resortes de ese rubro para el patrimonio nacional. Por ejemplo, que el petróleo y el gas volverían a ser de los argentinos, en vez de enajenados en poder de Repsol, Petrobras y Pan American Energy. O que la Fábrica Militar de Aviones pasaba otra vez a manos del Estado, poniendo fin anticipado a la concesión a la estadounidense Lockheed, para pensar en la reparación de aviones y también en la fabricación de los mismos y otros productos industriales que salieron de esas matrices.

O, en una jugada impensada en términos del kirchnerismo -tan propenso a novedades como el pago al Club de París-, el anuncio de referencia pudo haber sido siderúrgico. ¿Qué tal si, siguiendo los pasos de su amigo Hugo Chávez, la presidenta anunciaba una reestatización de lo que fue Somisa, entregada a Techint en los ´90? Los laminados y chapa que salen de la planta de San Nicolás-Ramallo siguen siendo un insumo esencial para la industria, para las terminales automotrices y en general para el sector metal-mecánico, que presume de aportar el 20 por ciento de la mano de obra industrial.

Sin embargo nada de eso ocurrió este 2 de septiembre. Hubo un anuncio sorpresa de pago al club de acreedores que lleva el nombre de la capital de Francia, por 6.706 millones de dólares. Estados Unidos, Alemania, Francia, España e Italia están entre los principales beneficiarios del decreto y que, llamativamente, los popes del campo como Luciano Miguens apoyaron con énfasis (¿dónde habrán quedado sus críticas a los decretos del PEN como la resolución 125, cuando clamaban que todo fuera al Congreso?).

Es muy significativo que Cristina Fernández haya hablado por la cadena nacional para informar eso ante centenares de empresarios en el Día de la Industria. Les quiso presentar una prueba de que el gobierno va a normalizar la relación con los organismos financieros internacionales, para que supieran que el Estado y las empresas privadas van a volver a gozar de créditos de ese origen. ¿Pero qué tipo de industrias aspiran a contar con esos préstamos? No son precisamente Pymes sino monopolios nacionales y extranjeros como Techint, Ledesma, Aceitera General Deheza, Minetti, Arcor, Pampa Energía, Grupo Ezkenazi, Socma, Irsa, etcétera.

El gesto de la jefa de Estado tuvo un destinatario bien preciso: la capa superior de la gran burguesía industrial, que ella insiste en confundir con la burguesía nacional. Como si la familia Rocca, dueña de Techint, que extrae plusvalía a 50.000 empleados en Argentina y varios países del mundo, fuera una burguesía con resabios patrióticos.

Pagar toda la factura a París fue también algo pensado para distender la relación con Washington. Es lo que aconsejó hace unos días en Buenos Aires el subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, Thomas Shannon.

Algunas diferencias

La suma que Cristina tomará de las reservas de libre disponibilidad para pagar a aquellos acreedores extranjeros supone más de 20.000 millones de pesos. Como quedó dicho, si los acreedores se sienten satisfechos podrían reanudar la tramitación de créditos para grandes empresas locales, aunque es posible que -aprovechando la buena onda presidencial- pongan una segunda condición. Querrán que se mejore la situación de los bonistas que quedaron afuera del canje de papeles.

Se pueden contrastar esos 20.000 millones de pesos con los 1.700 millones que el Banco Nación ha aprobado prestar en 2008 a las Pymes. Mercedes Marcó del Pont, su titular, expresó su esperanza de que al final del año lleguen a 2.000 millones. Faltará en ese caso un cero y algo más para igualar el trato hacia el Club de París y los grandes industriales que aplaudieron ayer de pie la novedad en la Casa Rosada.

¿Acaso el gobierno nacional no dedicó más atención a los emprendimientos pequeños y medianos? Sí. El lunes de esta semana envió al jefe de Gabinete Sergio Massa, el ministro de Economía Carlos Fernández y el de Trabajo Carlos Tomada a compartir el acto de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Pero esos industriales tampoco tienen un programa medianamente avanzado como el de la CGE de las décadas del ´60 y ´70. Al titular de CAME, Osvaldo Cornide, una de las cosas que más le interesa es elevar la cotización del dólar para favorecer "la competitividad" a la hora de colocar nuestra producción en el extranjero y dificultar la competencia de mercaderías de otros países. Sólo secundariamente coló demandas de mayor financiamiento oficial a las Pymes y a tasas más bajas.

El mismo Cornide era uno de los que más aplaudió el anuncio de pago al Club de París, en el Salón de la Rosada, parado junto a Jorge Brito, presidente del Banco Macro. Si estos son los defensores de la industria argentina...

Por su parte la cúpula de la Unión Industrial Argentina no dejó pasar esta fecha tan cara a su actividad para bajar línea en contra de los aumentos salariales. "En salarios se deberían dar por terminadas las discusiones y los aumentos sólo se tendrían que dar por productividad" manifestó Oscar Guardianelli, titular de la Unión Industrial de Córdoba y ejecutivo del grupo Arcor.

Son monopolios

El historiador Felipe Pigna ha llamado la atención sobre que el festejo oficial del Día de la Industria homenajea a una primera exportación de tiempos virreinales que en realidad habría encubierto un contrabando a Brasil. Escribió que en la carabela San Antonio, que salió del fondeadero del Riachuelo, y disimuladas en bolsas de harina "viajaban camuflados varios kilos de barras de plata provenientes del Potosí, cuya exportación estaba prohibida por Real Cédula".

En tal caso, y en condiciones del monopolio comercial español en esos tiempos, tal supuesto delito tendría un marco histórico diferente a los que cometen grandes empresas en la actualidad y en la mayoría de los casos quedan impunes. Una excepción es la multa que el gobierno impuso, por un total de 308 millones de pesos, a las cementeras Loma Negra, Juan Minetti, Cementos Avellaneda, Cementos San Martín, PCR y Asociación de Fabricantes de Cemento. Este lote se habría repartido negocios, actuando en forma cartelizada, para cobrar sobreprecios al Estado.

Si se repasa la lista de las 1.000 empresas que más vendieron en 2007 (revista Mercado, junio de 2008), se verá que para acceder a esas posiciones líderes se han empleado mecanismos poco transparentes como subsidios del Estado, devaluaciones, exenciones impositivas, franquicias, créditos a bajo interés, reintegros, adelantos del Banco Central y un largo etcétera sin olvidar las apropiaciones del capital social vía privatizaciones y concesiones.

El ranking lo encabeza Techint, con ventas por 59.554 millones de pesos, y ya se citó el negocio de 1992 que le permitió adueñarse de Somisa. Sólo con Tenaris ganó 500 millones de dólares en el primer trimestre de este año. La devaluación favoreció a este grupo exportador, que al mismo tiempo vio licuarse sus deudas, pesificadas. Un proceso similar vivió Clarín, ubicado en séptimo lugar entre los conglomerados, con una facturación de 4.384 millones de pesos.

En el puesto 14 de los grupos está el Macro, con ventas por 2.954 millones. Se entiende por que Brito aplaudía tan entusiasmado anteayer: pudo levantar un emporio quedándose con los bancos oficiales de Salta y Misiones, el Suquía, etcétera.

Otro de los que festejaban era Cristiano Rattazzi, presidente de Fiat, que colocó a un ex directivo suyo, Fernando Fraguío, como secretario de Industria. La producción de vehículos llegará este año a 650.000 unidades, según Fraguío, batiendo todos los récords.

No vaya a pensarse que a los argentinos esa mayor producción le saldrá gratis: Fiat goza en Córdoba un subsidio del gobierno por 15 millones de pesos anuales en concepto de pago de salarios, más el dinero de exenciones impositivas, descuentos del precio de la energía, otros servicios y obras públicas puntuales para su fábrica en Ferreyra. Las Pymes no tienen esas ventajas y son argentinas. Las cooperativas y las empresas recuperadas por sus trabajadores, como el Bauen Hotel, Zanón, Junín Salud, Gráfica Patricios.

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Argentina: Pagar, para seguir pagando

Pablo Herrero Garisto (ALAI)

El anuncio de la Presidenta Fernández de Kirchner, o mejor dicho, la orden al Ministro de Economía de disponer parte de las reservas de todos los argentinos y argentinas para pagar la deuda reclamada por el Club de París, no tiene otra lógica que la de poder hacerle frente a los vencimientos de deuda del año que viene, por casi 11.000 millones de dólares, con la entrada de dinero fresco de créditos internacionales.

Existen tres elementos fundamentales para  tener una lectura más amplia de la situación.
 
PRIMERO ¿Qué es lo que se va a pagar? Casi todos los medios, desde los de derecha hasta los más progresistas titulan con grandes letras en sus portadas, "El Gobierno dispuso el pago de la deuda al Club de París".Algunos lo complementan explicado que es el Club, cuando se formó, cómo funciona y hasta llegan a desglosar el porcentaje que representa ese pago en el total de la deuda externa argentina. Pero ninguno,absolutamente ninguno, se pregunta que se va a "honrar". ¿Coincidencia?,¿Complicidad?
 
La deuda que se decidió pagar, después de casi 7 años de cesación de pagos, reúne distintos créditos, que tienen su origen en la última dictadura militar y en los distintos gobiernos democráticos que se sucedieron desde 1983. Existen casos paradigmáticos que ponen en evidencia la ilegitimidad e ilegalidad de lo que se pretende cancelar.Por citar solo dos ejemplos, encontramos créditos otorgados por Holanda a la dictadura militar, que fueron auditados en su momento en la causa Olmos y se comprobó una serie de irregularidades y complicidades. O los créditos españoles usados para el blindaje financiero durante el gobierno de Fernando De la Rua que alentaron la fuga de capitales y precedieron la peor crisis que haya tenido Argentina en su historia.
 
Antes de pagar, debemos saber que es lo que vamos a pagar. Porque al igual que con el pago al Fondo Monetario Internacional en 2005, se está saldando una deuda que esta comprobada su  ilegitimidad, fundada en diferentes parámetros. Por eso, como plantea el Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, es necesario la realización de una auditoría para saber que se va a pagar, en que se usaron esos créditos y cuanto efectivamente se utilizó.
 
SEGUNDO El Gobierno insiste en que es una decisión soberana, tanto el pago al FMI en su momento como ahora al Club de París. Lo cierto, es que fue el propio Fondo quien impulsó el desendeudamiento de sus cuatro grandes deudores: Argentina, Rusia, Turquía y Brasil para hacer frente a la crisis de solvencia por la que atravesaba. Aún recordamos los dichos de Rodrigo de Rato ante el pago de Brasil cuando afirmó: "Nos complace la decisión de Brasil" para agregar que la "gestión política acumulada por las autoridades ha proporcionado la base para la confianza de los mercados y Argentina debería seguir el ejemplo". Dos días después,Argentina pago.
 
Tres años después la historia se vuelve a repetir. La presidenta del Council of the Americas, Susan Segal, fue la encargada de transmitir el malestar de los Estados Unidos por el atraso de Argentina en resolver su cesación de pagos con el Club de París y llegar a un pronto acuerdo. El acuerdo llego: pagamos una deuda ilegítima que no debíamos pagar.
 
Y así volvemos a ser confiables, a costa de consagrar la impunidad. Los mercados están en alza. La clase política en su conjunto plantea que nos abrimos nuevamente al mundo y los especuladores de siempre esperan poder hacer su negocio. ¡Ahora sí!, el faraónico proyecto del tren bala tiene el financiamiento que necesita, o mejor dicho, la nueva deuda la vamos a tener nosotros. Seguramente sea pura casualidad que los capitales sean de origen francés. ¿O causalidad?
 
TERCERO La política del desendeudamiento para endeudarse. Parece un trabalenguas, pero es en definitiva el doble discurso al que nos tiene acostumbrado el Gobierno. Con una retórica progresista se consuman hechos más que conservadores. Tenemos una deuda de casi 200.000 millones de dólares, pero se sigue insistiendo que la deuda no es  más un problema para Argentina. Lo destinado al servicio de la deuda en el Presupuesto nacional 2008, es más que lo destinado a educación y salud juntas. ¿Cómo se explica?
 
Argentina tiene que hacer frente a fuertes vencimientos para el 2009 y de algún lado tiene que salir el dinero, después del fallido intento de la resolución 125. En un primer momento se planteó la medida con una actitud meramente recaudatoria, pero el devenir de la crisis hizo que todo se modificara sobre la marcha y se cayeran los planes. Hoy el 95 % del superávit primario proviene de las retenciones a las importaciones,pero los intereses de la deuda crecen y hace falta más dinero para hacerles frente.
 
Con el pago al Club de París se abren nuevamente los créditos y la posibilidad de seguir endeudándose como se viene haciendo con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Pero si tenemos reservas, es necesario tomar nuevos créditos para sostener programas sociales, sanitarios o educativos?, ¿No es mejor redireccionar los fondos destinados al pago una deuda ilegítima para la inversión social,en vez de seguir endeudándonos? Es una discusión que en algún momento deberemos darnos si efectivamente queremos construir una alternativa financiera al modelo dominante.

En definitiva, pagamos para seguir pagando.
 
Pablo Herrero Garisto es miembro de Diálogo 2000 - Jubileo Sur Américas.

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Argentina: Madrugar Poeta

Alberto Morlachetti (APE)

Un relevamiento realizado por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires -a pedido del gobernador Daniel Scioli- arroja datos graves. El 35% de los jóvenes entre 15 y 20 años que viven en el Conurbano -que no estudian ni trabajan- creen que dentro de cinco años estarán “muertos”.

Las duras ochavas del paco en las asimétricas urbanizaciones del desamparo parecen darle la razón. Para los pibes -entonces- no cabe pensar en la producción de futuro, sino apenas el consumo desesperado del presente.



Los jóvenes, organizados o no, que parecen nacidos “de aquella página arrebatada al libro de los horizontes” se convierten en un “termómetro” para medir los tamaños de la exclusión, la distancia creciente entre los que caben y los que no. Es decir, los “no viables”, los que no pueden acceder a este modelo y que por lo tanto no alcanzan el estatuto de ciudadanos.

Deviene entonces necesario el tratamiento punitivo de la miseria que no obedece tanto a un aumento en la cantidad o virulencia de los delitos como a una nueva forma de entender el papel que le cabe al Estado frente a problemas como la marginalidad y la pobreza. Tiempos feroces que nos llevan a empujones a la mercantilización total de los vínculos individuales y sociales, que exige una nueva gestión estatal de la miseria urbana. Tantas muertes para inscribirnos en una renovada y humillante “sensatez penal”.

Cuando hablamos de los derechos fundamentales de la persona -aquello que se le asigna valía axiológica- que expresa sentido de la vida, en definitiva aquello que contribuye a garantizar a los humanos la vigencia del amor, es decir permitirle a un niño sus 6 años inocentes o sus 10 años de risa despeinada. Un país -diría Italo Calvino- donde la inevitabilidad de la muerte, no sea nunca el término de una vida sumergida.

No obstante, nuestros pibes saben que la verdad tiene una consistencia no jurídica porque viven en un eterno estado de excepción donde se les puede mutilar o matar sin rendir cuentas a ninguna angustia. También se trata de señalar, que los jóvenes no están ausentes en la producción de los tiempos humanos como quiere hacernos creer cierto tipo de discurso desmovilizador. Puede decirse que los pibes, son la negación más apasionada de un país que ya no existe y están inaugurando “nuevos” lugares de protagonismo político, nuevos lugares de emancipación, nuevos lugares de comunicación alejados de los códigos convencionales y tienen la desafiante valentía de madrugar poeta, nómada, al crudísimo día de ser hombre, diría Vallejo.

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Argentina: Sin salida

ADC

La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) presentó un informe preliminar de una investigación sobre situaciones de discriminación en el acceso a la educación de niños que viven con sus madres presas en la Provincia de Buenos Aires. En la Argentina hay más de 160 niños/as menores de cuatro años viviendo en esas condiciones. De ellos, 79 están en cárceles dependientes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y 82 en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Nueve de las 39 unidades carcelarias del SPB alojan mujeres. Hay en total, 792 mujeres privadas de su libertad en el SPB. Por su parte, el SPF tiene cinco cárceles destinadas a mujeres; sólo la Unidad 31 de Ezeiza aloja a 240 mujeres.

El 72 por ciento de las mujeres privadas de su libertad están procesadas cumpliendo una prisión preventiva, y sólo el 17 porciento están condenadas. Particularmente, en las cárceles federales, 6 de cada 10 niños/as son hijos/as de mujeres que aún no tienen condena, y en las bonaerenses, 9 de cada 10.

Los datos surgen de una investigación que realizó la ADC y que actualmente está profundizando junto a la Comisión Provincial por la Memoria y Grupo de Estudio Sobre Educación en Cárceles (GESEC), de la provincia de Buenos Aires. La misma busca mostrar la situación de la educación de los hijos/as que viven con sus madres en contextos de encierro. En un informe preeliminar sobre dicha investigación se identifican situaciones de discriminación en el acceso a la educación en la Provincia de Buenos Aires.

Algunos problemas

El informe reveló algunos problemas que afectan la plena realización del derecho a la educación de esta población. Cuestiones vinculadas a la asignación de vacantes, a la continuidad de la educación por problemas relacionados a la salud, a las condiciones en las que estos niños/as viven en las distintas unidades y al transporte y traslado de los niños/as a los distintos jardines. Asimismo, se observan problemas vinculados a la formación docente y preparación de los docentes para trabajar con comunidades con las realidades y características de esta población y a la ausencia absoluta de propuestas de educación no formal y de actividades de estímulo, entre otras.

El Derecho a la Educación de hijos/as de madres presas

El artículo 195 de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad (Ley 24.660) permite a las mujeres en contextos de encierro retener consigo a sus hijos menores de cuatro años. Al cumplir dicha edad, los niños/as deben irse con algún familiar o, en caso de no tener familia, son enviados a institutos públicos.

Hasta la sanción de la Ley de Educación Nacional (2006) y fundamentalmente de la Ley de Educación de la Provincia de Buenos Aires (2007), la situación educativa de los hijos/as de las madres no estaba considerada normativamente desde el área de educación. La reciente Ley de Educación de la Provincia, ha destinado dos artículos con el objeto de garantizar la educación de estos niños/as. Conforme a esta norma, ''los sistemas educativos jurisdiccionales ofrecerán atención educativa de nivel inicial destinada a los/as niños/as de cuarenta y cinco (45) días a cuatro (4) años de edad, nacidos/as y/o criados/as en estos contextos, a través de jardines maternales o de infantes, así como otras actividades educativas y recreativas dentro y fuera de las unidades penitenciarias''. Particularmente, el artículo 26, inciso i, de la nueva ley provincial, propicia que la educación de estos niños/as se realice fuera del ámbito de encierro.

El derecho a la educación, como todos los derechos sociales, impone al Estado distintos tipos de obligaciones. Por un lado, las clásicas obligaciones de protección, cumplimiento o respeto; y por otro, aquellas que responden al contenido mínimo del derecho y suponen la existencia de los derechos de disponibilidad, acceso, permanencia y aceptabilidad.

Dadas las características y condiciones en las que viven estos niños/as y la imposibilidad de sus madres de satisfacer sus necesidades educativas por sus propios medios, el Estado tiene la particular obligación tanto de facilitar oportunidades educativas como de adoptar medidas que eviten que este derecho sea obstaculizado.

Acceso a la información

No existe ningún informe o estudio oficial que permita conocer la situación de la educación de esta población, y que en consecuencia permita evaluarla. De la información obtenida no surge con claridad quiénes son los responsables de la educación de los niños/as. Además, no hay relación entre lo que debería ser (según lo establecen las pocas normas que regulan esta temática) y lo que sucede en la realidad. Por el contrario, resulta sumamente complejo determinar qué tipo de responsabilidad posee cada área involucrada, así como identificar políticas tendientes a garantizar la educación de estos niños/as.

Necesidad de adecuar la educación a las necesidades de esta población

En el informe, la ADC advirtió sobre la necesidad de implementar la normativa vigente, propiciando que los niños cuyas madres se encuentran privadas de libertad concurran a jardines maternales, jardines de infantes y otras actividades recreativas fuera del ámbito de encierro con el fin de asegurar su contacto con otras realidades y personas que los preparen para su vida fuera del ámbito de encierro, disponiendo y articulando con los organismos e instituciones responsables, los medios para acompañar a las madres en este proceso.

También propuso revisar cómo se distribuyen las facultades entre las áreas educativas y los servicios penitenciarios y establecer normativamente competencias claras y definidas así como responsables. E insistió en la necesidad de establecer programas de capacitación docente que incorporen un enfoque de trabajo acorde a las necesidades de esta población generando condiciones de carrera y desarrollo profesional que incentive a los docentes a trabajar con este tipo de población. Destaca asimismo, la importancia de garantizar que sean los órganos educativos los responsables de la supervisión de la enseñanza que se imparte a esta población.

Finalmente, la ONG destacó la importancia de aprovechar el debate que actualmente esta teniendo lugar en el Poder Legislativo de la Pcia. de Buenos Aires, a fin de contribuir y proporcionar información acerca de los inconvenientes que proyecta esta situación desde el punto de vista educativo. El presente estudio podría constituir un aporte a la particular discusión que actualmente se está generando respecto de la necesidad de establecer medidas de detención alternativas para el caso de las madres que viven con sus hijos/as en contextos de encierro, y de esta forma responder a una necesidad colectiva, desincentivando presentaciones judiciales individuales que reclaman por la misma situación.

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Orgía fascista en la mitad de Bolivia

ECONOTICIASBOLIVIA (especial para ARGENPRESS.info)
 
La oligarquía intenta consolidar su poder en el oriente y los valles, tomando caminos y calles con la fuerza de sus bandas fascistas, mientras el Gobierno de Morales sigue confiando en la papeleta electoral.

A palo y látigo, y usando a sus bandas fascistas como punta de lanza, la oligarquía, los prefectos (gobernadores) derechistas y los 100 poderosos clanes familiares, que son dueños de la tierra y los grandes negocios, están consolidando su poder sobre el oriente y los valles de Bolivia.

Este miércoles, tras una maratónica reunión, el autodenominado Consejo Nacional Democrático (Conalde), --que agrupa a los prefectos opositores, a los comités cívicos y a todas las fuerzas de la derecha moderada y fascista--, convocó a masificar los bloqueos carreteros en cinco de los nueve departamentos del país, impedir la realización del referéndum sobre la nueva Constitución y erradicar de raíz toda movilización popular que vaya en contra de los separatistas y sea a favor del presidente indígena Evo Morales.

El Conalde amenazó también con tomar las plantas petroleras y cortar toda la exportación de gas a Brasil y Argentina, así como la toma de instituciones públicas, si el Gobierno de Morales no aceptaba sus demandas (devolución de casi 200 millones de dólares anuales por concepto del Impuesto a los Hidrocarburos y reconocimiento de sus autonomías separatistas e inconstitucionales).

El eje central de esta movilización derechista es la consolidación del poder de la oligarquía en las regiones orientales de Santa Cruz, Beni y Pando y en los valles de Tarija y Chuquisaca, donde desde la pasada semana las bandas fascistas han sembrado el terror entre los ciudadanos, vejando mujeres, masacrando sindicalistas y pisoteando indígenas, a vista y paciencia de la Policía, que también está temerosa ante el nivel de violencia e impunidad con la que actúan los sicarios y paramilitares fascistas. 

Bandas fascistas

La orgía fascista comenzó la pasada semana en pleno centro de la ciudad de Santa Cruz, poco después que el presidente Morales emitiera un decreto para poner a votación el 7 de diciembre la nueva Constitución Política del Estado y la elección de nuevas autoridades regionales, en una iniciativa que poco después fue anulada por una disposición de la Corte Nacional Electoral. 

Según el relato de la agencia cruceña ASC-Noticias, "el denominado grupo Resistencia, las mujeres de octubre, las pechonas de la cruzada cristiana, los unionistas y sus hermanos de Acción Joven y otros grupúsculos de fanáticos que no tienen mayor arrastre popular pero que, con sus grupos de choque, hacen temblar a medio mundo, han entrado en una fase de locura, han perdido el miedo a todo, son como los "camisas pardas" nazis que el propio Hitler ya no podía controlar". 

"Esa noche que Evo Morales promulgó el decreto para los referendos (el jueves), estuvieron en la plaza central de Santa Cruz. Primero las damas cívicas a la cabeza de Julita Parada, se desgañitaron en insultos abiertamente racistas contra Morales, tales como "indio maldito", "cocalero bloqueador", "no sabe lo que es cuidar un hijo", "gay" y otros. 

El viernes estos grupos pasaron de los gritos al garrote contra los indígenas "Las damas cívicas previamente habían proporcionado varios "colepejis" (látigos o fuetes) entre sus filas con los que brutalmente agredieron a las mujeres marchistas (de la Central Obrera), sin ningún respeto. Se vio a cobardes autonomistas ultrajando mujeres incluso con patadas, azotes o palazos. Alguna vendedora que nada tenía que ver con el asunto fue salvajemente agredida hasta dejarle bañada en sangre por el "delito" de ser de pollera y muy humilde, es decir "colla" (altiplánica).

Lamentos oficiales

La brutal agresión, captada por la televisión, dio la vuelta al mundo y, como ya es de rigor en estos casos, el Gobierno indígena se limitó a lamentar los sucesos. "Nos avergüenza al país, a la región y a los bolivianos. Ante eso, junto con la sanción moral que está expresando la propia ciudadanía, los propios cruceños y los bolivianos, se debe haber una investigación", dijo desde las montañas del altiplano el vicepresidente Alvaro García Linera.

Después de golpear a los indígenas y a las mujeres desarmadas, un dirigente de la fascista Unión Juvenil Cruceñista, garrote ensangrentado en mano, resumió en declaraciones a los medios televisivos de Santa Cruz el sentir de los grupos que atacaron a golpes a los indígenas y mujeres inmigrantes de occidente: "No lo vamos a permitir (el ingreso de los masistas) a la plaza (…) Queremos la independencia, no queremos a esta raza maldita en nuestra tierra".

Terror en el sur

Con menos sangre, pero igual odio contra los altiplánicos y los sindicalistas, más al sur, en Tarija, las bandas fascistas también arremetían. El viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, denunció que los dirigentes cívicos derechistas incentivan la violencia en la localidad de Yacuiba, escenario de bloqueos y protestas antigubernamentales. 

"Contratan sicarios de la frontera que introducen un clima de terror y vamos a iniciar procesos. La Policía tiene que estar allá y con las denuncias que tenemos esperamos que la Fiscalía active proceso para frenar este clima de intranquilidad", dijo. El senador oficialista Ricardo Díaz aseguró que detrás de la violencia están los intereses de los latifundistas de 15 clanes familiares, dueños de haciendas y vidas. "Es una estrategia de los latifundistas que están generando violencia, pateando mujeres y el Ministerio Público no hace nada", lamentó.

Ataques en el Beni

Más al norte, en las ubérrimas tierras del Beni, donde los clanes imponen su ley con látigo y una vaca vale menos que una familia campesina, las bandas fascistas intentaron la noche de este martes tomar en la misma ciudad capital de Trinidad las oficinas de Impuestos Internos y la regional estatal que regula las tierras. Por varias horas, los fascistas intentaron con bombas molotov, armas cortas, piedra y palo hacer tabla rasa con esas instituciones defendidas por el Ejército.

"En este momento la derecha tradicional optó por la violencia como táctica política, hay una situación de resistencia civil, el presidente del Comité Cívico en días pasados llamó prácticamente a las armas en un pronunciamiento tácitamente sedicioso", denunció el delegado presidencial, Palmiro Soria, amenazado de muerte por los fascistas. 

"Quiero denunciar que si hay algún muerto esta noche, si le pasa algo a un dirigente social o a mi persona, yo acuso al prefecto Suárez Sattori, al presidente del Comité Cívico, Alberto Melgar, y al alcalde de Rurrenabaque", dijo.

Tras varias horas de asedio, las bandas fascistas se retiraron del lugar, pero dejaron una clara amenaza. "Damos plazo de 48 horas a partir de la fecha, para que el coronel Fernando Rocabado Soto, comandante de la Sexta División del Ejército, abandone el departamento de Beni, por haber sido quien de manera directa instruyó y dirigió la violenta represión al pueblo beniano", sentenció el presidente del Comité Cívico. Similar advertencia se lanzó contra el delegado Soria.
Melgar también convocó para la tarde de este jueves "a la marcha de reivindicación autonomista y por la dignidad del pueblo beniano".

La tensión es tal en la región que el representante de Derechos Humanos en el Beni, Jorge Soruco, al borde de la impotencia total denunciaba: "Esto es demencia racista, de locura, que no podemos soportar; estamos viviendo en una era de locos, donde la gente de oposición que, de alguna manera, quiere apropiarse de un territorio para realizar actos vandálicos, se enfrenta al pueblo en situaciones de extrema violencia".

Punto muerto

Con todas estas acciones y su decisión de profundizar los bloqueos de caminos, la oligarquía está consolidando, a través del terror, su dominio sobre el oriente y los valles del país, consciente de que no puede avanzar hacia el altiplano ni mermar el abrumador apoyo que tiene el presidente Morales en el resto del país.

En rigor, la guerra entre Morales y la oligarquía está en un punto muerto. En Bolivia hay dos gobiernos y una abierta dualidad de poderes, situación que se ha consolidado con el referéndum del pasado 10 de agosto que ha ratificado en sus cargos tanto a Morales (67% de apoyo electoral) como a sus principales opositores. Evo ni siquiera puede ingresar a las ciudades del oriente y los valles, donde sus seguidores son apaleados sin misericordia y con absoluta impunidad. Allí, los pisoteados por las hordas fascistas reciben la "solidaridad" y "lamentos" de los funcionarios del Gobierno de Morales, junto a  la prohibición expresa de contestar los golpes y los ultrajes. "Si hay movimientos sociales que están respondiendo a las provocaciones lo lamentamos porque no nos llevará a ninguna parte, nuestra respuesta es pacífica", advirtió el ministro de Trabajo, Walter Delgadillo, que a buen recaudo predica que los indígenas y trabajadores pongan la otra mejilla. 

Sin embargo, varias organizaciones populares y juveniles, especialmente en los barrios pobres de Santa Cruz (Plan 3000) han comenzado a organizarse y a responder a piedra y palo el ataque de los fascistas. "Que vengan, los vamos a reventar", dice uno de estos jóvenes que, junto a sus compañeros, la tarde de este miércoles ha enfrentado y ha hecho correr a los grupos fascistas, desoyendo a los funcionarios "pacifistas" y "conciliadores" que siguen a Morales.

Entre poder y querer

En esta situación, caracterizada por muchos como de "empate catastrófico", la oligarquía busca consolidar su poderío regional, mientras que Morales pretende lograr un acuerdo con esta élite (a pesar que lo desprecia y no quiere saber nada de él) para tener gobernabilidad y lograr reelegirse en el cargo.

Por ahora, la oligarquía, aunque quiere, no puede derrocar al "indio presidente" y se orienta a bloquear su reelección el 2010 y su nueva Constitución, además de mantener el control, sobre la tierra y las riquezas naturales en el oriente y los valles. En cambio, Morales, aunque puede, no quiere avanzar hacia la destrucción del poder de la oligarquía tal como reclaman los sectores más radicales del sindicalismo y de las organizaciones populares que pugnan por expropiar a los latifundistas y las agroempresas, y nacionalizar efectivamente el gas, el petróleo y las minas.

La intención de Evo es convertirse en socio de la oligarquía y de los 100 clanes, logrando un gran acuerdo nacional para preservar la democracia representativa y fortalecer el funcionamiento del capitalismo andino, que tiene su eje vital en la empresa privada, las transnacionales y los pequeños productores privados, con el apoyo directo del Estado. También quiere lograr la aprobación de una nueva Constitución Política que otorgue, por lo menos en lo formal, más derechos a las poblaciones indígenas, impulse el desarrollo capitalista de Bolivia y abra paso a su reelección a partir del  2010. 

Hace dos días, esta intención fue bloqueada por la Corte Nacional Electoral que anuló la convocatoria al referéndum constitucional para el 7 de diciembre, aunque el vicepresidente García Linera aseguró hoy que "con decreto o con ley vamos a convocar a aprobar la nueva Constitución Política del Estado, no nos van a detener".

"Esto es irreversible, no hay marcha atrás (…) Hagan lo que hagan, nos insulten, peguen a los ancianos, peguen a los niños, hagan terrorismo, quemen casas", dijo, tras advertir que "va haber complicaciones, porque aún hay una derecha minoritaria, arrinconada en algunas provincias del país, pero que se ha vuelto violenta, rabiosa, desesperada, y va querer generar conflicto y para ello es importante que los bolivianos defendamos, movilizadamente, nuestros derechos democráticos".

"La victoria está segura, pero va requerir movilización, concienciación y apoyo para que el presidente Evo continúe adelante", dijo ilusionado en llevar a los bolivianos otra vez a las urnas, mientras la oligarquía prefería tomar el control de las calles y caminos

Documento de los sediciosos

El documento de la oligarquía aprobado en las últimas horas no deja dudas al respecto. "Los miembros del Consejo Nacional Democrático y las organizaciones de la sociedad civil de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Cochabamba y Tarija, reunidos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, resuelven":

"Primero.- Masificar el bloqueo de carreteras a partir de la fecha, en los cinco departamentos del oriente y sur del país en adhesión a las medidas de presión realizadas en el Chaco boliviano para la recuperación del IDH y la defensa de las regalías que constituyen los derechos históricos de nuestros pueblos y la base material para implementar las autonomías departamentales.

A la vez de alertar que en caso de persistir la política confiscatoria del Gobierno central, no nos responsabilizamos de cualquier acción que impida el suministro de hidrocarburos al exterior del país".

"Segundo.- Rechazar el propósito del Gobierno nacional de imponer un texto de reforma constitucional que carece de legalidad y legitimidad y que fue escrito con sangre de hermanos bolivianos en cuarteles y fuera de la sede legal de la Asamblea Constituyente, Sucre, por lo que nos ratificamos en la decisión de no permitir la realización de ningún referendo constitucional que apruebe ese proyecto en nuestros departamentos".

"Tercero.- Ratificar nuestra decisión de profundizar la implementación de nuestros estatutos autonómicos aprobados por nuestros pueblos, al mismo tiempo, aplaudir y apoyar la firme determinación de Chuquisaca de convocar al referendo por la autonomía departamental".

"Cuarto.- Denunciar al pueblo boliviano la persecución política del Gobierno central a autoridades departamentales y los dirigentes cívicos, con juicios sin basamento legal alguno".

"Quinto.- Convocar a los ciudadanos, las organizaciones y las instituciones democráticas del país, sin distinción de razas, posición política o religiosa, a conformar un frente amplio para la defensa de la democracia que trabaje por la pacificación nacional y la recuperación plena de la democracia".

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