jueves, 11 de septiembre de 2008

Ferrocarriles, Estación Castelar y el maccartismo criollo (Parte I)


Juan Carlos Cena (especial para ARGENPRESS.info)

(...) Soñaba con un país
claro, fértil, que no oprimiera ni sangrara
como un despojo deshecho
quería que en un país de labranzas
cantasen la sangre, el valle, las cordilleras, los ríos;
lo soñó así, sin que jamás retirara
los pasos, la voz, los ojos
de esa intensa lumbrarada.
País de sol y azafranes y corazón de guitarras.
(...) 
El decía: - ¡ Que hermosa la patria libre !
Hagamos libre a la patria hermosa !
 
De "Con ese mismo corazón que cantaba"
Elbio Romero, homenaje a Wilfrido Alvarez,
mártir de la resistencia a la dictadura de Stroessner. 
 
El ferrocarril desmembrado, destruido y saqueado, más lo ocurrido entre otras, en Estación Haedo, Constitución y Castelar, es una unidad trágica que se repite y se repite, de carácter nacional. Es la muestra más angustiante de lo que dejaron diferentes gobiernos cipayos que aplicaron y aplican en forma obediente los mandatos de los factores de poder. 

Debo repetir, como una persistencia a Elbio Romero (...) Soñaba con un país /claro, fértil/, que no oprimiera ni sangrara/ como un despojo deshecho/ quería que en un país de labranzas en la sangre, el valle, la cordillera, los ríos… agrego, que inmensa tristeza nos envuelve. 

El ferrocarril presente y la zozobra de viajar

Estación Castelar es la multiplicación de un Cromañón anunciado desde hace tiempo. 

* 3 de mayo de 2005. El escenario también fue la estación Castelar, donde pasajeros indignados quemaron cuatro vagones, luego que el servicio quedara interrumpido por un accidente en el que había muerto un cartonero. 

* 1° de noviembre de 2005. Uno de los más graves. Tras parar varias veces entre Castelar y Morón, un tren de TBA que iba con mucha demora causó la ira de los pasajeros en Haedo. Durante cinco horas, 15 vagones fueron incendiados, 87 personas quedaron detenidas y 21 heridas. La estación quedó destrozada y hubo saqueos en comercios de la zona. 

* 4 de abril de 2006. Un tren parado entre Ramos Mejía y Haedo provocó la ira de los usuarios que apedrearon los vagones. Un maquinista y un pasajero heridos. 

* 20 de noviembre de 2006. Tres vagones del ex Roca fueron quemados en Constitución, tras demoras por un paro.

* 23 de marzo de 2007. Pasajeros de un tren que se detuvo a 200 metros de Ramos Mejía pararon a pedradas a otra formación. Un maquinista sufrió heridas. 

* 16 de mayo de 2007. Constitución. La furia de los pasajeros por la suspensión de servicios a Glew y Ezeiza -un tren varado- causó destrozos, vidrios rotos e incendios y se enfrentó a la Policía a pedradas limpias y golpes: 25 heridos y 16 detenidos. 

En los últimos años se quemaron aproximadamente 22 vagones, a los que hay que sumar los 8 de Estación Castelar. 

Observando esta síntesis, porque hay más accidentes, como trenes sin freno (Estación León Suárez) y coches quemados Línea Mitre. Lo ocurrido en estación Castelar es la reiteración del hartazgo popular, es la bronca del subsuelo sublevado, es la arena popular que se cuaja en roca y que golpea y golpea en forma ciega hasta la calma, luego, cuando se acaba la bronca, la roca regresa, se hace arena y se dispersa a paso cansino. Fue el subsuelo embroncado que estalló. 

El asombro de la mediocridad política intelectual incrédula no articula una sola respuesta, sólo la descalificación falaz y el silencio. Es el silencio de los políticos que no saben darle una lectura correcta al hartazgo, escasa de sensibilidad y llena de oportunismos.

Estación Haedo, Plaza Constitución, Castelar, son muestras, entre otras, del saqueo y destrucción nacional perpetrado a los Ferrocarriles Argentinos. Es una de las pruebas testigos más veraces de la inutilidad del eficientismo privado. También, es la comprobación de una estafa nacional sin precedentes que desde el Mo.Na.Re.FA la hemos venido denunciando de mil maneras y formas. Donde los grandes negociados nacionales quedaron pequeños como las tierras de El Palomar, y o la Italo

Esta realidad desnuda además, entre otras razones, la pobreza y cobardía de nuestros intelectuales, profesionales, de sabihondos y no tan suicidas tacaños de valentías que han silenciado este saqueo criminal. En este caso, se abstuvieron de firmar cartas y más cartas porque para estos menesteres no vendría la IV Flota ni habría cuestiones destituyentes. Les contesto a los sabihondos: La IV Flota nunca vendrá, porque nunca se fue. Está entre nosotros desde hace tiempo. Tiene otro ropaje. Esta, la flota, bombardeó con el cañón de la corrupción a nuestros cipayos que gustosos se dejaron fusilar con billetes verdes. Cipayos colonizados que destruyeron alborozados nuestros bienes nacionales, demoliendo los Ferrocarriles, Aerolíneas Argentinas, la Flota Fluvial, la Flota Mercante regalando el petróleo, se apropiaron de las comunicaciones, de nuestros minerales, favoreciendo la custodia del Acuífero Guaraní, de nuestro mar epicontinental, las fronteras, privatizando los puertos, es decir, la entrada a casa, nuestros cielos y nuestros sueños. Silencios de sabihondos y no tan suicidas, señal si las hay, de que no se van a suicidar. Es que se vive muy bien cobijado y abrigado al calor del presupuesto nacional. Todo un cañonazo silenciero. 

No dijeron ni “a” por la destrucción de nuestra cultura nacional, por la salud, por el hambre de nuestras comunidades originarias, de nuestros paisanos, por la desnutrición y la desolación del territorio, por los más de 870 pueblos desparecidos, llamados fantasmas.

Desde el MoNaReFA no podemos avalar el destrozo de nuestro patrimonio nacional: el ferrocarril, sus estaciones, locomotoras y coches de pasajeros, porque lo destruido y saqueado, como lo dijimos antes, es parte de nuestro patrimonio. Las concesiones fueron diseñadas así, ellos se llevan la caja: o sea, la entrada diaria por boletería, más los subsidios. Subsidios que es un alquiler al revés. El Estado les paga por “gerenciar” los ferrocarriles, en vez de abonar ellos un canon. Nosotros como Pueblo pagamos todas las reparaciones y las pérdidas, compras con precios abultados, todo un sistema de compras mafioso ya denunciadas extensamente por el MoNaReFA.

Regresemos al andén 

Abultados subsidios van a parar a las arcas de los concesionarios. Nadie controla su aplicación. Son denunciados a la justicia, que esta está ciega, sorda y muda. También la han cañoneado. 

Para mejor ilustración veamos sucintamente como se formó el emporio de la familia Cirigliano, porque es la misma metástasis que los otros concesionarios. Los subsidios fueron su fuente principal de enriquecimiento. Inicia su acción comercial con dos líneas de colectivos. Al tiempo, avasalla al negocio del auto transporte automotor, Grupo Plaza. 

El combustible para el avasallamiento proviene de los subsidios que le otorga el Estado. A través de las concesiones ferroviarias recibe 30 millones de pesos y chirolas al mes. Además, construye para el Estado coches de pasajeros que él mismo explotará.

La familia Cirigliano ostenta uno de los record nacionales más difíciles de batir por su geométrico crecimiento. De explotar dos líneas de colectivos porteñas, la 61 y la 62, pasó a monopolizar el transporte con su empresa: El Grupo Plaza. 

Bajo el control del Grupo Plaza están las líneas de colectivos 61, 62, 104, 133, 141 y 129 entre otras. Los Cirigliano reclutaron a varias empresas colegas y armaron Cometrans para participar en las licitaciones.

Apostó al mercado aerocomercial un par de veces, la primera cuando entró en crisis Southern Winds y la segunda pocos meses atrás, cuando la retirada del grupo Marsans de Aerolíneas pasaba a ser algo más que una hipótesis.

En cambio, seguían jugando a expandir sus negocios sin sacar los pies de la tierra, conquistando compañías de seguro como LUA y Omega, que luego quebraron.

Actualmente TBA recibe por las líneas Mitre y Sarmiento un subsidio mensual de $ 31,5 millones en compensación por los mayores costos operativos y laborales que no puede trasladar a las tarifas. 

Según las reglas de juego vigentes, TBA sólo opera el servicio y todas las inversiones en obras de infraestructura y reparaciones de trenes están a cargo del Estado. 

Todo lo ocurrido en Estación Castelar es de absoluta responsabilidad de la empresa TBA. No han invertido un solo peso en mantenimiento preventivo del material rodante, coches y vagones, señalamiento, cambios y estructuras, además como, la conservación de vías, durmientes y balastos (piedras). La reducción del diagrama y la de coches en cada formación de trenes les ahorra dinero a costa de que los pasajeros viajen peor que el ganado.

El Gobierno nacional que administra este Estado es el otro responsable directo, por mantener las concesiones a pesar del no cumplimiento de los contratos. El Gobierno Nacional subsidia los accidentes, al no controlar nada y hace caso omiso a los informes elaborados por los Inspectores de la CNRT. Gobierno Nacional que se pavonea con los derechos humanos del pasado de nuestros militantes muertos, que no le pertenecen, pero que se olvida de los ciudadanos vivos. Los ferroviarios tienen alrededor de 140 obreros y trabajadores judicializados por este Gobierno Nacional, por defender sus derechos, que en definitiva son derechos humanos.

Todo está a la vista. La acusación del Poder Ejecutivo a través de la voz y la palabra del Ministro de Justicia a movimientos, partidos políticos y otros hacen eludir insensatamente la responsabilidad que le cabe al Estado por este desastre nacional. La irresponsabilidad estatal se hermana en una complicidad manifiesta con los concesionarios parásitos que se han cartelizado a través del UGOFE (Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria) en sociedad con el Estado, ya que en este cartel tiene un represente. De esa manera se han transformado en un verdadero poder que presiona y rapta este gobierno a voluntad. Actitud frente a un gobierno débil y condescendiente con el Poder Concesionarista cartelizado.

El Ministro de Justicia no puede hablar desde la ignorancia. Y si lo asesoran que lo hagan bien. Los ferroviarios nos asombramos cuando dijo algunas ignorancias. No nos habíamos enterado de lo que el ministro menciona, después de tantos años de trajinar por los rieles, no nos dimos cuenta.

Valga una sola muestra. Todos absolutamente todos los trenes del Estado que opera la empresa TBA son de manejo manual y sobre la unidad, por lo cual no existe ningún dispositivo de freno ni en la estación Castelar ni en ninguna otra, es cierto que parte del sistema de frenos de los coches más modernos es eléctrico, pero el sistema en si es neumático y se opera sólo desde el propio tren. 

Como contestación desde el absurdo y el embuste TBA presentó el modelo Puma V.3 TBA para reemplazar la formación incendiada el jueves en la estación de Merlo y comenzó a funciona. Se trata de un convoy del año 1960, recauchutado que no soluciona la problemática de fondo. Una formación de los años 60, repito y reafirmo -como el resto de las unidades de la línea Sarmiento- reformado con forma aerodinámica, de nueve coches equipados con aire acondicionado, asientos anatómicos y un sistema de monitoreo satelital GPS, que permite conocer en tiempo real su ubicación. Según dicen. Toda una pintura este nuevo tren Puma V.3. ¡Que tal con don Cirigliano!

Sobre las formaciones de doble piso inaugurados por el ex presidente Kirchner, informamos oportunamente sus deficiencias técnicas, no se fabricaron más. Funcionan sólo en las horas donde la densidad del pasaje es rala. Hoy dicen que van a reforzar la frecuencia con esos coches y otros nuevos, Tipo Puma que están en circulación desde el año 1960.

Foto: Incendio de una formación de la empresa TBA en la Estación Cautelar. / Autor: RIO NEGRO ON LINE

Juan Carlos Cena es autor de: 
* El Guardapalabras, memoria de un ferroviario (agotado)
* El Cordobazo, una rebelión popular (agotado)
* El Ferrocidio 1º edición (agotado) 2 º edición (ampliada y corregida) 
* Crónicas del Terraplén (cuentos)
* Secretario General del Organismo Central Capital Federal del Personal Técnico de los Ferrocarriles Argentinos (APDFA) (1984-1989)
* Miembro Fundador del Mo.Na.Re.FA - Movimiento Nacional por la Recuperación de los Ferrocarriles Argentinas.

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Transporte: patrimonio, derechos y nacionalización

Hugo Palamidessi (MORENO)

Dos episodios, productos de dos procesos paralelos, sacuden la opinión pública en estos últimos días. Y ambos involucran al transporte. Uno ha sido la decisión del gobierno de tomar el control de Aerolíneas Argentinas. El otro, el estallido popular, una vez más, frente al desquiciado servicio de transporte ferroviario. 

Si bien tienen diversa repercusión en la vida de la población, ambos medios de transporte sufren procesos similares de deterioro que, latentes desde muchos años atrás, adquieren características distintivas y agudas a partir de la privatización de las empresas del Estado y de las concesiones en la gestión de servicios públicos. Y ese deterioro ha sido creciente: en la calidad de los servicios –las prestaciones al pasajero, la seguridad, la comodidad, la puntualidad, la atención de reclamos, la ocurrencia de accidentes e incidentes- en la falta de inversión para responder a la creciente demanda de nuevas rutas y medios, y, por último, en el tremendo vaciamiento patrimonial a que han sido sometidos los Ferrocarriles Argentinos y Aerolíneas Argentinas. 

Distintos grupos empresariales, de capitales extranjeros o nacionales, y organizaciones sindicales, se han sucedido en la gestión de las empresas, realizando más buenos que malos negocios, pero siempre haciendo víctimas de ellos a los usuarios y al patrimonio público. Y los gobiernos han acompañado esas maniobras, no ejerciendo las funciones de control, ignorando las denuncias sobre el desguace, asumiendo los costos de las inversiones que los privados eluden y olvidando o perdonando las sanciones que corresponde aplicar, favoreciendo la incorporación de capitales nacionales ´amigos´. Y aún en situaciones límite, como la planteada hoy ante el fraudulento final de la administración Marsans, tratan de evitarle daños mayores.

Siguen sosteniendo así la política “de los noventa” -a la que al mismo tiempo acusan de ser el origen de los males- y mientras subsidian fuertemente los combustibles y el mantenimiento de los servicios, justifican todo el accionar en la necesidad de sostener su prestación con tarifas reducidas en un marco de inflación de los costos de las empresas, particularmente de la energía. Y además acusan temerariamente de complot contra el gobierno a quienes señalamos su responsabilidad. 

El transporte es una actividad esencial para la vida económica y social de un país. Cada vez más la producción y distribución de mercancías y servicios, en una economía diversificada y “globalizada”, requiere la movilización de materiales, medios de producción y de los trabajadores para realizar las actividades productivas. Sin el manejo de la infraestructura de los sistemas de transporte, de comunicaciones y sin la energía que los motoriza, un país no tiene el dominio de su sistema productivo y de los servicios básicos que necesita su pueblo. Sin servicios básicos accesibles, el pueblo mal puede ejercer su derecho al trabajo, a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda.

Recordamos aquellas palabras de Pino Solanas en el primer número del InfoMORENO: “...quien no conoce lo que le pertenece, su valor y posibilidades, mal puede defenderlo”. Hoy la gran mayoría del pueblo argentino empieza a reconocer como propios los recursos naturales que yacen en su suelo y subsuelo, la infraestructura que se creó con su trabajo y su ahorro. Y siente que debe recuperarlos legítimamente, más allá de intereses corporativos, sectoriales o regionales, nacionalizando genuinamente los activos y controlando la gestión de las empresas y organismos de servicios públicos, que son propiedad del conjunto del país.

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Los yanquis en 'default'


Jorge Altamira (especial para ARGENPRESS.info)

La crisis capitalista mundial ha ingresado en una nueva etapa. El domingo pasado, el gobierno de Estados Unidos anunció el mayor rescate de la historia al tomar bajo su protección a dos gigantes del crédito hipotecario, cuyos activos y pasivos llegan a casi 6 billones de dólares. Al correr de la pluma, el secretario del Tesoro incrementó al doble la deuda pública norteamericana, que equivale ahora al ciento por ciento del PBI.

Apenas se difundió la información, algunos economistas interpretaron que el tamaño de la nacionalización equivalía a un cambio de régimen social, y que el país debía ser rebautizado con el nombre de Estados Unidos Socialistas de América (Ussa). Pero la ironía tiene, de todos modos, su miga porque el Estado se ha quedado ahora con la mitad de las hipotecas de viviendas (propiedad) y con alrededor de un 12% del patrimonio inmobiliario del país (que está valuado en 60 billones de dólares). Nada mal para un régimen político que ha impulsado la privatización universal de los bienes estatales.

Default

Estamos, en realidad, ante una declaración de 'default' que no tiene precedentes. Aunque las empresas en cuestión (Fannie Mae y Freddie Mac) no dejaron de honrar ninguna de sus deudas, dos informaciones dejaron ver que la cesación de pagos era inminente. Una decía que los balances de estos bancos estaban fraguados en dos aspectos esenciales: por un lado, de acuerdo con una auditoría del Morgan Stanley, el valor de las hipotecas registradas en los libros no correspondía a los precios de mercado, o sea que los accionistas no habían reducido el valor contable de las hipotecas a medida que caía el precio de la vivienda en el mercado, ni tampoco a medida que caían los títulos que financian hipotecas en poder de otros bancos. También quedó claro que la valuación del capital declarado no correspondía a la realidad, pues no se había registrado la desvalorización de los bonos que forman una parte del total de ese capital. Hubiera bastado que esta información llegara al público para provocar el derrumbe del mercado financiero internacional, el cual en sus distintas expresiones involucra a 80 billones de dólares (80 millones de millones). 

Pero otra información, más conocida, añadía que los bancos centrales y numerosas entidades financieras del exterior habían comenzado a retirar sus inversiones en dichas empresas. Cuatro bancos centrales tienen invertidos más de 1,5 billones de sus reservas en Fannie y Freddie (China sola, unos 500 mil millones de dólares). Interrogado acerca de por qué tenía colocada semejante suma en entidades con una posición tan precaria, un ejecutivo del Banco Central de China retrucó preguntando en qué otro lugar hubieran estado más seguras. Estamos hablando del 25% del total de las reservas internacionales de China. 

El objetivo de la nacionalización es prevenir una liquidación (venta) apresurada de los títulos hipotecarios que tienen las dos entidades, que es lo que habría ocurrido en el caso de un 'default'. Semejante liquidación es capaz de destruir el valor de activos similares que tienen en su poder la mayoría de los bancos y numerosas compañías, ni qué decir de los que prestaron plata a los dos afectados. Por otro lado, ni Fannie ni Freddie hubieran podido pagar a sus acreedores. Con la nacionalización se busca mantener (e incluso abaratar) la obtención de los créditos necesarios para la continuidad de los negocios de ambas empresas. Se estima que una estabilización del financiamiento permitiría al Estado proceder a una liquidación ordenada de los créditos hipotecarios de Fannie y Freddie a partir de 2010. 

Todo indica, sin embargo, que ocurrirá lo contrario, en primer lugar porque los precios de las viviendas y de las hipotecas no han dejado de caer, ni tampoco los títulos que financian esas hipotecas. O sea que el incumplimiento en el pago de los créditos por parte de los que compraron viviendas a préstamo deberá crecer. Por otra parte, los bancos entrampados en el negocio hipotecario buscarán que Freddie y Fannie les compren sus títulos invendibles (que es una de las funciones que éstas tienen asignadas por estatuto), más ahora que -con la nacionalización- cuentan con financiación pública del Tesoro. El balance de las empresas se va a inflar con una cantidad mayor de títulos invendibles por estas dos razones, en lugar de reducirse. Es muy difícil, entonces, que en semejantes condiciones las empresas en cuestión vean facilitado el acceso al crédito para sí mismas. Si sirve como ilustración, digamos que el nacionalizado banco escocés Northern Rock, ha tenido que recurrir al dinero público por un monto igual a más del doble (100 mil millones de libras esterlinas) de su cartera de títulos invendibles (40 mil millones). El equivalente para esta nacionalización yanqui es una suma estratosférica. O sea que antes de poder sanear la situación, el Tesoro norteamericano deberá inflar todavía más el esquema de negocios que se ha derrumbado. Solamente para comprar la parte del capital (acciones preferidas) que lo autoriza a manejar la empresa, el Tesoro deberá comprometer 200.000 millones de dólares. La compra oficializará la depreciación de esas acciones, lo que debe provocar un perjuicio rayano en la quiebra a sus tenedores, la mayor parte en manos de bancos regionales de Estados Unidos. Simultáneamente, la entidad que asegura los depósitos de esos bancos regionales, Federal Insurance, se está quedando sin fondos para cumplir con ese cometido. 

La gran depresión

Las derivaciones de esta crisis son inconmensurables. La nacionalización, por ejemplo, ha detonado la ejecución de numerosos contratos de seguro de los bonos comprados a esas entidades. Ante el peligro de que se pudiera desatar un reclamo de indemnizaciones por alteración de las condiciones de los contratos, se está buscando un arreglo que le saque a la nacionalización cualquier connotación de cesación de pagos. O sea que los yanquis deberán comenzar a gobernar con leyes de emergencia o decretos de necesidad. El otro tema son los fondos de pensiones, que tienen la mayor parte de su dinero invertido en esas dos entidades, o sea que se encuentran en riesgo las jubilaciones de millones de personas. Como advirtió el ejecutivo ya mencionado del banco de China: ¿en dónde invertir el dinero que se retire de esas empresas? Un dinero que no rinde no paga jubilaciones y erosiona el capital al ritmo de la inflación. 

En hipótesis, esta crisis no sería de difícil resolución, incluso ahora que alcanzó proporciones devastadoras. Bastaría que el capital en su conjunto ajustara sus balances a la pérdida de valor registrada por la propiedad inmobiliaria. Sería como una 'quita de la deuda' aplicada en forma generalizada a todos los créditos. La producción y su financiamiento se reanudarían sobre la base de nuevos proyectos, y se reiniciaría el ciclo económico. Pero semejante solución es incompatible con el capitalismo. En primer lugar, por ausencia de una contabilidad social y de una autoridad universal, lo cual hace imposible un ajuste generalizado de patrimonios. En segundo lugar, porque la posición de los capitalistas en el mercado no es uniforme, o sea que la crisis los afecta en forma diferente. Tercero, porque la quiebra de algunos capitalistas es la oportunidad de negocio de otros capitalistas, o sea que forma parte de la competencia capitalista. Es así que la posibilidad de un nuevo equilibrio capitalista debe pasar por la prueba de la competencia entre capitalistas, o sea por bancarrotas y crisis sistémicas. Pero estas bancarrotas y crisis pueden marcar y, en última instancia marcan, el fin del proceso capitalista. 

Cuando los paniagudos ya estaban celebrando la intervención estatal a Fannie y Freddie como una salida definitiva a la crisis, el cuarto banco de inversión en el mundo, Lehman Brothers, anunciaba que no conseguía un equipo de rescate en ningún lado. Estamos, por lo tanto, en las vísperas de una nueva quiebra y de una nueva intervención estatal, porque alguien deberá hacerse cargo de los títulos invendibles de este banco. Sumando aquí y sumando allá, Estados Unidos va camino a contraer una deuda pública descomunal, sin precedentes, con excepción de la Segunda Guerra Mundial. El déficit de presupuesto, de casi 500 mil millones de dólares al año, se irá por las nubes. La suerte del dólar está echada -no por la competencia del euro, el yen o el yuan, sino por la quiebra de las finanzas públicas. 

Crisis mundial

Ninguna crisis es una 'verdadera' crisis hasta que no alcanza proporciones internacionales, incluso si en este caso afecta nada menos que a Estados Unidos. Pero la crisis es ya, desde hace bastante tiempo, internacional. La quiebra de la especulación hipotecaria norteamericana ha puesto al descubierto la especulación en hipotecas en numerosos países, uno de los cuales es China. La urbanización fenomenal de China explica, con mayor razón que en cualquier otro país, este fenómeno especulativo. Su derrumbe ha provocado una gigantesca caída de la Bolsa: más del 60% (lo cual barre con cualquier suba anterior hasta un 200%). Para hacer frente a este derrumbe, las empresas chinas han salido a buscar financiación, que ahora es escasa y usuraria. Este endeudamiento, combinado con la desvalorización de las inversiones internacionales de China y con la caída que se registra en la tasa de ganancia e incluso en la producción, plantea allí la emergencia de una crisis industrial. 

El ciclo iniciado con la incorporación masiva de China al mercado mundial (luego de la crisis asiática de 1998 y de la recesión internacional de 2001) ha concluido. Más allá de la pedantería de los economistas oficiales, que niegan la recesión, la recesión mundial es un hecho porque afecta en todos lados a la industria, porque hay una reducción sistemática de ganancias y de empleos, porque hay caídas generalizadas de salarios, porque hay quiebras industriales, porque hay una contracción del crédito en la mayor parte de los países. Lo singular de esta crisis mundial es que, en primer lugar, tiene su centro en Estados Unidos y no se limita a una recesión en la industria sino que afecta a todo el sistema de relaciones de mercado. En segundo lugar, involucra a China y a Rusia, que se presentaron al inicio del ciclo como una salida a la crisis mundial. China y Rusia han sido reincorporadas como actores principales de la acumulación mundial de capital como consecuencia de la restauración de la propiedad privada. El derrumbe de los mercados de crédito abre un período que cuestiona el conjunto de las relaciones internacionales establecidas en la pos-guerra fría, aclarando que estas relaciones internacionales expresan, antes que nada, una modificación de las relaciones sociales entre el capital y el trabajo - avance del capital mediante un sistemático proceso de expropiación de la fuerza de trabajo (en ella se incluyen todas sus conquistas sociales, incluidas en ellas a los Estados que habían expropiado al capital). 

'Bye, bye Brazil'

La nueva etapa de la crisis capitalista ya está asestando un golpe descomunal a América del Sur. La presidenta de Argentina tuvo la mala idea de elogiar a Brasil en vísperas del derrumbe del mercado de capitales brasileño, que ha sido la viga maestra de su crecimiento en los últimos cuatro años. Brasil ha atravesado una gigantesca especulación del mercado de consumo, financiado por el ingreso de capitales del exterior, que ha tenido un costo extraordinario en término de endeudamiento de los consumidores. El derrumbe brasileño se lleva puesta a la Argentina en menos de lo que canta un gallo. 'Bye Bye Brazil'. Pobre Lula, tan cerca de finalizar el mandato, recibirá una soberana lección de marxismo 'na marra' (en la práctica, en los hechos). 

El mundo ha ingresado en una nueva transición, en la que tendrán lugar batallas decisivas. 

Autor foto: ABBEYNEWS

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Otra víctima de “las computadoras” de Raúl Reyes: Un periodista de La Moneda fue acusado de trabajar para las FARC de Colombia


Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)

Raras veces un periodista protagoniza la noticia, pero al reportero chileno Hugo Guzmán Rambaldi las intrigas de un senador de la República lo pusieron en el ojo de un huracán mediático que ocupó portadas de diarios y derrochó espacio en radio y televisión. Alberto Espina, senador del partido de extrema derecha Renovación Nacional, lo acusó el lunes 8 de septiembre estar “infiltrado” en el Palacio de La Moneda como supuesto agente de las FARC de Colombia y a la vez ser el encargado de pretendidas relaciones de instrucción militar operativa de esa organización guerrillera con la etnia mapuche que reclama sus tierras en el sur del País. El legislador no reveló sus “fuentes”, en cambio el periodista perdió su empleo.

El Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas y ex compañeros de trabajo de Guzmán en el desaparecido Diario Siete ofrecieron una conferencia de prensa el miércoles 10, en la sede institucional del Círculo de Periodistas de Santiago, para expresar su solidaridad con la víctima de las dudosas intrigas del senador, que hasta ahora parecía uno de los políticos más creíbles de la extrema derecha.

En la conferencia participaron, entre muchos otros, Nancy Arancibia, actualmente presidenta del sindicato del diario La Nación; Juan Pablo Sierra, ex presidente del sindicato de Siete; Jorge Escalante, de La Nación; Mario Aguilera, ex dirigente nacional del Colegio y también del diario Siete: Juan Domingo Silva, presidente del Consejo Metropolitano del Colegio; y Claudia Fuentes, consejera de la misma organización. También circuló una carta abierta de apoyo a Guzmán suscrita por casi un centenar de periodistas.

Guzmán se desempeñaba como jefe del Departamento Intragubernamental de la Secretaría de Comunicaciones de La Moneda, donde ejercía labores profesionales, no políticas. La acusación de Espina se funda en un informe de “inteligencia”, probablemente enviado desde Bogotá, sobre supuestos mails hallados en las computadoras de las FARC, que se han convertido en un controvertido semillero de “información” desde la muerte de Raúl Reyes, anunciada por el gobierno de Colombia el 1 de marzo 2009, después de su criticada incursión en territorio de Ecuador. A su vez, el partido de Espina tiene estrechos vínculos con el gobierno de Alvaro Uribe. 

Guzmán, quien vivió y trabajó como periodista en México, aparece mencionado en su supuesto mail enviado en 2005 al entonces líder de la guerrilla colombiana por la representación formal de las FARC en ese país, cuando se debatía su reconocimiento como fuerza beligerante. Por su trabajo en un canal de televisión, Guzmán –al igual que muchos otros periodistas– realizó entrevistas a personajes de la guerrilla y cubrió actividades de la representación de las FARC en México, entonces reconocida oficialmente por el gobierno de ese país. 

La Presidenta Michelle Bachelet y el ministro Secretario General de Gobierno, Francisco Vidal, defendieron a Guzmán, manifestando que las acusaciones de Espina carecían de validez mientras no fueran verificadas por la justicia. Espina conocía a Guzmán desde que el periodista cubría su partido como fuente noticiosa para diversos medios en que trabajó, entre otros, el Diario Siete, donde se desempeñó hasta que fue cerrado en 2006. "Cuando hay información, cualquiera que ésta sea, que tiene que ver con una situación que debe ser investigada por la justicia, por la fiscalía, hay que ser extremadamente prudentes", dijo el martes 9 la Presidenta.

El ministro Vidal dijo que Guzmán había entregado las explicaciones de rigor a sus superiores. Añadió que la fiscalía estaba investigando la denuncia de Espina y que el gobierno se limitaría a respetar la ley cuando la justicia resolviera. "Como principio para este caso o cualquier otro, en Chile, un chileno o una chilena no es perseguido por aparecer en un mail; sólo es perseguido y sancionado por la justicia si la justicia acredita que aparecer en ese mail es producto de una sanción en las leyes chilenas", afirmó Vidal.

"Antes de acusar o denunciar a alguien, tienen que ser los tribunales de justicia, o en este caso la fiscalía, quienes determinen si efectivamente las denuncias responden a algo que pudiera constituir una falta o delito", subrayó Bachelet, quien aludió el vértigo que le producen las cámaras a ciertos dirigentes de la derecha. Espina se ha especializado en denunciar a la delincuencia y la inseguridad ciudadana, vinculándola al terrorismo político”, que es una denominación local para las protestas sociales y los reclamos de la etnia mapuche. 

Sin embargo Guzmán renunció ayer a su puesto en La Moneda. "No me voy a prestar ni voy a ser pretexto para que la derecha golpee, hostigue y tenga una actitud agresiva hacia el Gobierno, por lo que consideré oportuno dejar mi responsabilidad en el gobierno”, dijo. La decisión fue tomada después de una reunión con su jefe, el periodista Juan Carvajal, quien lo sustituyó por Guaraní Pereda. En su dimisión, Guzmán explicó que su renuncia "obedece a la situación que crearon algunos medios de prensa a partir de un documento que un senador de Renovación Nacional habría entregado a autoridades judiciales –sin explicar su origen ante la opinión pública–, el cual contendría un correo electrónico donde se me alude".

El periodista añadió que "a partir de aquello -prosigue- medios de prensa y personeros de la derecha han instalado el infundio de que personal del Gobierno habría tenido contactos con una de las guerrillas que operan en Colombia. Me queda claro que esto forma parte de una actitud agresiva y desestabilizadora de sectores de la derecha en contra de la actual administración y que, entre otras cosas, se hace con declaraciones intimidatorias y hostiles, muy parecidas a las que vimos en los tiempos de la dictadura cuando esos mismos personeros cerraban los ojos o apoyaban la persecución y el amedrentamiento hacia periodistas que ejercían el derecho a informar".

El periodista calificó la "denuncia" de "una amenaza al libre ejercicio periodístico, ya que la situación en que aparezco citado tiene que ver con mi trabajo profesional en México que compartí con muchos otros colegas, de lo cual fueron testigos diplomáticos, legisladores y funcionarios de varios gobiernos". Asimismo, dijo que no tiene "vínculo alguno" con las FARC.

Apoyo de los periodistas

El Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas expresó ayer “su profunda preocupación por la situación que enfrenta nuestro colega Hugo Guzmán R. y por las consecuencias que le puede acarrear, laboral y anímicamente, la apresurada declaración del senador Alberto Espina, quien lo señala como contacto de las FARC en Chile, por el mero hecho de aparecer mencionado en un correo extraído del notebook del fallecido comandante de las FARC, Raúl Reyes”. 

“Peor aún es que Espina vincule a Hugo Guzmán en una supuesta relación operativa entre las FARC, de Colombia, y grupos de mapuches de Chile, los cuales habrían pedido preparación paramilitar”, añadió un comunicado de la organización. “Hugo Guzmán es un periodista de dilatada trayectoria quien, en cumplimiento de su misión profesional, ha cubierto diferentes frentes noticiosos, en distintas latitudes y, al mismo tiempo, ha establecido contacto con sus diferentes fuentes informativas. 

“Así como se relacionó con la oficina diplomática de las FARC, cuando se desempeñó como editor internacional del canal 11 de México, buscando la información donde fuera, también se relacionó con Renovación Nacional y con la UDI [Unión Demócrata Independiente, también de extrema derecha], cuando cubrió la sección política en los diarios Las Ultimas Noticias, La Tercera y La Nación”, indicó el Colegio Metropolitano. “Hay que señalar que, como periodistas y en nuestra actividad profesional diaria, contactamos y entrevistamos a personas de variados ámbitos. Eso no constituye afinidad, ni compartir valores ni estar implicado de manera alguna con quienes sean las fuentes, ni nos hace partícipe de las decisiones u operaciones que dichos actores realicen. Esta es otra razón para llamar a los dirigentes políticos a actuar con responsabilidad y no caer en una conducta declamativa de caza de brujas, de cuyas consecuencias nadie se hace responsable. Al mismo tiempo, llamamos a nuestros colegas a no ser altavoces de acusaciones que no se sostienen en elementos comprobados. Eso termina afectando la labor investigativa del periodismo”, concluyó el Consejo Metropolitano del Colegio.

Las dos caras del periodismo

Pese a la solidaridad expresada por el gremio, muchos otros periodistas dieron una versión poco ecuánime y nada ética de la denuncia contra su colega en los grandes medios en que trabajan, que casi unánimemente dieron por ciertas las acusaciones de Espina. Todos los medios le dieron gran cobertura a la versión del senador, pero casi ninguno tomó en cuenta los descargos de su víctima.

En la conferencia de prensa en solidaridad con Guzmán, el presidente metropolitano del Colegio, Juan Domingo Silva, expresó “nuestro dolor por la situación que atraviesa el colega”, aludiendo “el drama creado por el senador Espina”. Nancy Arancibia reclamó el derecho de los periodistas a establecer comunicación con sus fuentes y dijo que en Chile nunca se ha acusado de cómplice a quien haya entrevistado a cualquiera de los numerosos torturadores y autores de delitos contra los derechos humanas, que abundan en este país. Dijo que en el diario La Nación, donde trabaja, han entrevistado a menudo a tales violadores sin que los reporteros hayan sido acusados de “agentes de la tortura”. Calificó de “increíble y detestable” la actitud del legislador. También expresó dudas sobre la procedencia y veracidad de los mensajes que se siguen extrayendo de la computadoras de las FARC desde marzo.

La carta abierta de los periodistas, quienes se desempeñan en diferentes medios de Santiago, cuestionó las “filtraciones y supuestos vínculos del periodista Guzmán con fracciones de las FARC colombiana”. Los firmantes dijeron que “como profesionales, vemos en esta práctica una seria lesión a la debida búsqueda de fuentes directas de los acontecimientos de un país”. 

Añadieron que “es deber de los periodistas relacionarse, vincularse o conversar con todas las fuentes vivas disponibles, estén dentro o no de la legalidad, sean o no del agrado del profesional o del medio en que se desempeña. Cubrir con dudas el legítimo derecho y el deber de un periodista a relacionarse con protagonistas de las noticias, pone en serio riesgo la libertad de los ciudadanos y ciudadanas a informarse adecuadamente”. 

Para los trabajadores de prensa que expresaron su solidaridad con Guzmán, “es deber de toda la ciudadanía reclamar que los periodistas en el ejercicio de su profesión busquen e incursionen en territorios prohibidos, no evidentes, y a veces ocultos. Relativizar y sospechar de esta facultad y por consiguiente del derecho de reservar la fuente, corre el riesgo de invalidar el importante aporte de cientos de profesionales que han entrevistado a personas que muchas veces están en conflicto con la ley. Nos hacemos parte de la declaración del Colegio Metropolitano de Periodistas que ha llamado a los ‘dirigentes políticos a actuar con responsabilidad y no caer en una conducta declamativa de caza de brujas, de cuyas consecuencias nadie se hace responsable’".

Foto: Bandera de la República de Chile.

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México: Lo peligroso de la seguridad

Gerardo Fernández Casanova (especial para ARGENPRESS.info)

“Que el fraude electoral jamás se olvide”

Es del conocimiento general que el régimen ultraconservador de George W. Bush aprovechó el siniestro de las Torres Gemelas de Nueva York para, por un lado, afianzar su tambaleante administración gubernamental y, por el otro, para instaurar un estado policiaco de terror, limitante de las libertades civiles de las que tanto se preciaban los norteamericanos, al grado de dar pábulo a la tesis del autoatentado que, por cierto, cada vez gana más adeptos. So pretexto de combate al terrorismo, el norteamericano común está a expensas de ser espiado y detenido por la simple sospecha o por la acusación anónima. La parafernalia mediática desatada en torno al supuesto atentado terrorista logró que, de manera insólita, esa sociedad tan celosa de su concepto de libertad cayera en el garlito y aceptara, sin mayor reflexión, una ley patriótica de corte nazi, mediante la cual se rompió el sano equilibrio entre las facultades del estado y los derechos del individuo. Peor aún para los extranjeros que se ven en la necesidad de emigrar a ese país, en busca de oportunidades de trabajo que no encuentran en sus lugares de origen. La experiencia está ya suficientemente documentada y, a no dudar, es uno de los asuntos que están llevando a la sociedad yanqui a demandar un cambio profundo a los candidatos participantes en el proceso electoral que se lleva a cabo actualmente.

El asunto viene a cuento ante la irreflexiva pretensión de endurecimiento policial que hoy se vive en México. Es indudable que la ola de violencia ha tomado perfiles insoportables, no sólo por la guerra desatada entre las mafias de narcotraficantes, sino por su extensión a otras formas de afectación a la libertad y al patrimonio de la gente, particularmente por la práctica del secuestro en sus diferentes modalidades. Ya expresé anteriormente mi opinión al respecto de sus causas y de la manera idónea de combatirlas; hoy quiero insistir en señalar el error de la intención de combatir el delito con el endurecimiento del tratamiento policial. En estos días el Senado se apresta a la aprobación de reformas a la legislación en materia penal, cuya tendencia es correspondiente a la irreflexiva demanda de una parte importante de la sociedad, que reclama mano dura y más policía contra el crimen.

El lamentable caso del joven Martí, asesinado por sus secuestradores después de haber cobrado el rescate, hace las veces, para el régimen de Calderón, del siniestro de las Torres Gemelas para el de Bush. Es la oportunidad para criminalizar la pobreza y colocar al ciudadano en condición de indefensión ante la autoridad y, por ende, sumiso ante la acción gubernamental. Desde su vergonzante toma de posesión, el gobierno del fraude se apuntaló en la protección del ejército, convertido en tropa de gendarmes, con el pretexto del combate al crimen y al narcotráfico. Eficaz para la amenaza de represión ante el descontento social, ha resultado en un rotundo fracaso en el combate al crimen. El cinismo del régimen llega al extremo de convertir su fracaso en un nuevo elemento para estrechar más el cerco sobre la libertad ciudadana, con el beneplácito de quienes marcharon con velas y vestidos de blanco que, en adelante, serán también afectados en su bienestar y su libertad por la vigencia del estado policiaco. Están listos para aplaudir los acostumbrados levantacejas televisivos y las plumas a sueldo de la derecha retrógrada, y hasta el INEGI va a reportar una disminución de la tasa de desempleo con tanto gendarme que van a contratar; ahora que, si así lo desean los reclamantes particulares, se les puede conceder la inclusión en la nómina de gobierno a sus numerosos guaruras y guardaespaldas. Todo sea en aras de rejoder al jodido.

En todo esto, los que brillan por su ausencia son los derechos humanos. Pareciera que hoy retoman la famosa frase de aquel Arturo Montiel, de pésima memoria y que fuera Gobernador del Estado de México, quien aseveró que los derechos humanos sólo servían para proteger a las ratas (refiriéndose a los rateros). Si algún sentido válido tiene el esfuerzo por defender los derechos de la ciudadanía, es en la materia que tiene que ver con la administración de la justicia, tan frecuentemente cargada hacia el lado criminal y contraria al ofendido; no es de gratis que la gente le teme tanto al delincuente como al policía, si no es que más. Si en los países que se precian de ser civilizados, que cuentan con policías profesionales y bien pagadas, se registra una lucha permanente por evitar el abuso de la autoridad, qué podemos esperar de policías analfabetas, mal pagados y reclutados en el lumpen. Desde luego, nada bueno.
Valga el oxímoron, lo peligroso de la seguridad.

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Presidente de Bolivia expulsa al Embajador de Estados Unidos por conspiración


ERBOL

El presidente Evo Morales declaró este miércoles persona no grata al embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, y ordenó su expulsión de Bolivia acusándolo de conspirar contra su gobierno y la democracia boliviana.

El Primer Mandatario de la Nación pidió al canciller David Choquehuanca que cumpla con los correspondientes marcos legales y diplomáticos para que el jefe de la misión diplomática estadounidense retorno a su país lo antes posible.

"Pido a nuestro canciller de la República (...) enviar hoy al embajador una nota haciendo conocer la decisión del Gobierno nacional, de su Presidente, para que urgentemente retorne a su país; no queremos separatista que conspire contra la unidad, que atente contra la democracia", enfatizó.

"Hermanas y hermanos el embajador es experto en dirigir conflictos separatistas", afirmó el gobernante al reiterar sus acusaciones contra el diplomático estadounidense de ser uno de los principales conspiradores que busca la división de Bolivia.

"El que conspira contra la democracia y; sobre todo, el que busca la división de Bolivia es el embajador de Estados Unidos", señaló Morales en un acto en Palacio de Gobierno, en el que condenó duramente la ola de violencia, incluidos ataques a gasoductos, desatada por la oposición en varias regiones.

Golpe cívico prefectural

En un comunicado de prensa, la Bancada de Diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) hizo conocer los detalles sobre las acciones emprendidas por la embajada de los Estados Unidos para conspirar contra el gobierno de Evo Morales.

Estados Unidos está llevando a cabo un plan golpista para derrocar al gobierno popular del presidente Evo Morales mediante el CONALDE. Los hechos que están ocurriendo hoy en los departamentos del oriente obedecen a esta estrategia que aquí detallamos.

1. 13 de octubre de 2006: EEUU envía a Bolivia, como embajador, a Philip Goldberg, un experto en alentar conflictos separatistas. Entre 1994 y 1996 fue jefe de la Oficina del Departamento de Estado para Bosnia (durante la guerra separatista de los Balcanes). Luego, entre 2004 y 2006, Goldberg regresó como jefe de Misión en Pristina (Kosovo), allí consolidó la separación e independencia de esa región y dejó miles de muertos.

2. Philip Goldberg vino a Bolivia con la misión de desestabilizar al gobierno de Evo Morales, principalmente incentivando el separatismo de las regiones orientales. En Bolivia, después del histórico triunfo del 18 de diciembre de 2005, los partidos tradicionales y las élites quedaron completamente golpeados. Goldberg se encargó de reorganizarlas y de señalarles un camino conspirativo para desgastar a Evo Morales.

3. Goldberg organizó una gran coordinación con empresarios del oriente, con dueños de medios de comunicación y políticos residuales de Podemos para adelantar un gran plan de desinformación respecto a la gestión de Evo Morales, todo esto dentro del marco de una intensificación de las luchas regionales contra el Estado boliviano:

a) Se debía mostrar que el narcotráfico crecía en Bolivia.

b) Como segundo paso, los medios tenían que mostrar que Evo estaba gobernando mal, que la inflación, la corrupción y el desgobierno crecían.

c) También los medios debían de recargar la responsabilidad de la violencia sobre el gobierno de Evo Morales. Y se empezó a imponer el concepto de que Evo dividía a Bolivia.

Consolidados estos pasos, Goldberg se reúne, la primera semana de mayo, con Jorge Quiroga y acuerdan que el Senado apruebe el Referéndum Revocatorio. Su convencimiento era que Evo Morales no lograría pasar el 50% de los votos, y una vez deslegitimado en las urnas, la oposición y los prefectos del oriente pedirían la RENUNCIA del Presidente, "por ilegítimo, por mal gobernante y por dividir a Bolivia". 

Sin embargo, los prefectos que no habían sido consultados se oponen a este plan. 

• 23 de junio: el Conalde se reúne en Tarija y elaboran un pronunciamiento escrito para rechazar el Referéndum Revocatorio (La Razón, 24 de junio). 

• 17 de junio: Philip Goldberg viaja a EEUU (La Razón y La Prensa 17 de junio), inventando una supuesta crisis diplomática, allí coordina un plan con agencias publicitarias, con Goni y Sánchez Berzaín para desarrollar una guerra sucia y hacer que Evo pierda el referéndum. 

• 2 de julio: Goldberg regresa a La Paz (La Prensa, 3 y 4 de julio) y se reúne con cada uno de los prefectos, para convencerlos de aceptar ir al Referéndum. Primero se reúne en Calacoto con el prefecto de Beni; luego influye sobre el Conalde para que acepte ir al Referéndum.

• 5 de julio: Los prefectos opositores aceptan ir al Referéndum (La Razón, 5 de julio).

De este plan participaron también los dueños de las grandes cadenas de comunicación, por eso en todos los programas políticos las encuestas le daban a Evo Morales un promedio de 49% (La Prensa, 21 de julio). El intento de derrocamiento del gobierno por el voto estaba en marcha.

A esto se unió una intensa guerra sucia que Goldberg armó con agencias publicitarias de EEUU. En Bolivia fue contratada una agencia de publicidad paceña para elaborar los primeros spots negros contra Evo Morales. Pero al darse cuenta que los guiones y el dinero venían desde EEUU, esta agencia renunció a seguir produciendo la Guerra Sucia. Como parte activa de esta guerra sucia, se denuncian supuestos fraudes y desde las regiones orientales, se llama a una huelga de hambre masiva para empañar la elección.

Este Plan para sacar a Evo del gobierno se ve afectado por el resultado insólito del Revocatorio. Evo se legitima con el 67% y a Goldberg no le queda más que poner en marcha un Plan B, un plan de paros, bloqueos y acciones violentas que pueden desembocar en dos salidas:

I) El conflicto se generalizaría y cubriría el oriente y parte de occidente, la gente se empezaría a cansar, las fuerzas del orden actuarían y habría muertos. Entonces Evo tendría que llamar a elecciones o dejar el gobierno después de muchos muertos. La insistente provocación a la policía y la FFAA para que actúen y disparen contra los unionistas se enmarca en este plan.

II) Si no se diera esa primera situación, una vez desalojada la policía y el Estado nacional de las regiones, en medio de la violencia, con los pueblos del oriente en apronte y rebeldía, Goldberg ofreció a los prefectos traer mediadores internacionales, incluso cascos azules para concretar el separatismo de los 4 departamentos rebeldes, como lo hizo en Kosovo. 

Siguiendo este Plan Golpista, Goldberg viaja a Sucre y se reúne con la Prefecta Savina Cuellar. Esta prefecta pidió la renuncia del Presidente.

El jueves 21 de agosto se reúne clandestinamente con Rubén Costas y 4 congresistas estadounidenses. (Hay imágenes de TV).

El lunes 25 de agosto se reúne, también clandestinamente con Rubén Costas. (Gigavisión captó las imágenes)

Paralelamente, el Conalde rechazó el diálogo con el gobierno y el 24 de agosto convocó al paro general. 

Siguiendo la línea propuesta por Goldberg, los prefectos imponen un plan de desgaste a mediano plazo, con destrucción de instituciones públicas, tomas y persistentes provocaciones (con golpizas incluidas) a la Policía y Fuerzas Armadas. 

En la misma línea golpista, en Santa Cruz y Tarija se empieza a hablar de federalismo y hasta de independencia (El Mundo, 22 de agosto).

• Como el empresariado cruceño estaba más interesado en la Feria de Santa Cruz (que debe empezar el 19 de septiembre) que en los paros y bloqueos, el Departamento de Estado convoca a Branco Marinkovic a EEUU. 

• 1 de septiembre: En la avioneta Beechcraft, matrícula C-90A, Marinkovic viaja a Estados Unidos donde lo convencen de que el Plan está en su tramo final y que hay que jugarse el todo por el todo. 

• 9 de septiembre: Horas después del regreso de Marinkovic a Santa Cruz, se desata una jornada violenta, quema de instituciones y nuevas agresiones a las Fuerzas Armadas y Policía.

Este es el plan golpista que está en marcha. Con el apoyo de la embajada de Estados Unidos de Norteamérica. ¿Por qué no puede consolidarse? Porque el gobierno de Evo Morales sigue controlando, con paciencia y manteniendo la legalidad, el conflicto que queda regionalizado.

En base a la información que recibe, el presidente de la República anunció ayer que el embajador Goldberg ha sido declarado persona no grata y encomendó al canciller David Choquehuanca, realizar las gestiones correspondientes.

La violencia generada por grupos impulsados por este Plan Golpista es la forma en que los sectores conservadores muestran su decisión de acabar con la democracia porque ésta ya no les sirve a sus intereses. El pueblo boliviano, como lo confirmó el pasado 10 de agosto, es el depositario y defensor de la democracia, de la integridad nacional y de su soberanía. Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, firmes y respetuosas de la Constitución, son conscientes de que, más allá de cualquier interés, hay que preservar la unidad de Bolivia.
 
Foto: Philip Goldberg, ex embajador de norteamericano en Bolivia.

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Bolivia: Cuatro muertos en enfrentamientos

Cuatro muertos y un número de heridos aún no determinado causó esta mañana un enfrentamiento entre oficialistas y opositores en Pando, informó el vicepresidente del comité cívico de ese departamento del norte de Bolivia.

Según Ricardo Simokawa, el enfrentamiento que seguía en curso hasta promediar la mañana comenzó a las cuatro de la madrugada en Filadelfia, un municipio a 45 kilómetros al suroeste de Cobija ubicado a medio camino entre esa ciudad capital de Pando y Porvenir.

En declaraciones por teléfono a radios locales, Simokawa dijo que "la violencia se desató por parte de sicarios pagados por el Movimiento al Socialismo que venían desde Porvenir. Lamentablemente ya hay cuatro muertos y tenemos varios heridos".

Otra fuente consultada dijo que los heridos que fueron llevados al hospital de Cobija tenían herida de bala de 22 milímetros y explicó que el enfrentamiento se produjo cuando una columna de campesinos oficialistas que marchaba desde Porvenir a Cobija fue interceptada en Filadelfia por gente afín al opositor prefecto Leopoldo Fernández.

Esa fuente dijo que los oficialistas habrían capturado a la presidenta del Comité Cívico de Pando, Ana Melena y que en Cobija se estaban cerrando los negocios ante el temor a que los campesinos pasen a Filadelfia.

Simokawa, en declaraciones a radio Panamericana, dijo que "ellos tienen gente nuestra de rehenes", aunque no confirmó si entre éstos está la dirigente opositora.

"No hay diálogo, no hay negociación. El pueblo ya se ha enfurecido. Esto va a empeorar. Nosotros estamos en Porvenir, pedimos a la población, a la gente que venga a apoyarnos. Ellos están armados", afirmó el dirigente cívico.

Al promediar la mañana, el corresponsal de radio Panamericana dijo "unos 50 policías están al medio en procura de parar" pero que "mucha gente ha sacado ya sus armas, escopetas y comenzó ya a reunirse a seis kilómetros de Porvenir". El prefecto Leopoldo Fernández y el comité cívico de Pando conforman, junto a sus pares de Santa Cruz, Beni, Chuquisaca y Tarija, un Consejo Nacional Democrático que rechaza el proyecto oficial de nueva Constitución y exige la devolución de un impuesto que les recortó el gobierno.

Las cinco regiones están en rebelión contra el gobierno y salvo Chuquisaca, demandan autonomía departamental y están poniendo en marcha sus estatutos autonómicos, aunque la actual constitución no contempla esa figura.

Las organizaciones campesinas afines al gobierno, por su parte, anunciaron que cercarán las capitales de esos departamentos y demandan que el gobierno lleve a referendo el proyecto de constitución.

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Bolivia: Golpe civil, KKK y los clandestinos

ECONOTICIASBOLIVIA 
 
Golpe civil derechista

El presidente Evo Morales Ayma denunció que está en marcha un golpe civil y cuyo primer capítulo es la toma de instituciones públicas por parte de grupos de choque financiados por las prefecturas que controla la oposición y convocó a la unidad del pueblo y a las Fuerzas Armadas para defender la democracia boliviana.

Al estilo de los KKK

Al amparo de las sombras, sicarios de la fascista Unión Juvenil Cruceñista prendieron fuego a la vivienda del dirigente de la oficialista Central Obrera de Santa Cruz, Lucio Vedia. 

"Ahora de manera cobarde han venido a prenderle fuego a nuestra casa para asustarlo y taparle la boca. Esta lucha es entre pobres y ricos, ellos quieren que Lucio se calle. Sé que tengo que tener mucha paciencia, sin embargo voy a hablar con mi esposo porque no podemos seguir exponiendo a nuestros hijos (5) de esta manera", dijo la esposa de Vedia, Karina Cejas, que ayudada por sus vecinos logró sofocar el incendio a las 3 de la madrugada del pasado jueves.
 
Toma de oficinas 

Grupos de choque que responden al gobierno regional de Pando, dirigido por el ultraderechista Leopoldo Fernández, tomaron por la fuerza las instituciones dependientes del Gobierno Central.

"Son funcionarios de la Prefectura y del Comité Cívico, y gente del campo que ha sido pagada para realizar estas cosas; es gente vandálica que pretende tener autonomía a la fuerza con la toma de todas las instituciones del Estado", denunció la delegada presidencial, Nancy Texeira.

Los fascistas tomaron las instalaciones de la Superintendencia Forestal, el Instituto de Reforma Agraria (INRA), la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), las instalaciones de la Aduana Nacional y las oficinas del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).
 
El Embajador se reúne con los fascistas

El Embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, arribó la mañana de este jueves a la ciudad de Sucre para reunirse con la Prefecta de Chuquisaca, Savina Cuellar, y con el ultraracista Comité Interinstitucional que están en franca rebeldía contra Morales y que el pasado 24 de mayo vejaron a los campesinos, a quienes desnudaron e hicieron pedir perdón de rodillas en la plaza principal. Días antes, el influyente Embajador se reunió en Santa Cruz con el prefecto Rubén Costas, el jefe visible de la conspiración oligárquica.
 
Sindicalistas en la clandestinidad 

El principal dirigente de la Confederación de Campesinos de Bolivia y diputado nacional, Isaac Avalos, oriundo de Santa Cruz, ingresó en la clandestinidad para evitar las amenazas de los grupos fascistas. Otro dirigente de los campesinos, Damián Condori, informó desde la capital cruceña que Avalos "está bien, protegido por algunos compañeros, pero no sabemos donde está". La dirigencia se encuentra muy preocupada por esta situación, explicó.
 
Violencia en Trinidad

Los grupos fascistas que intentaron en la ciudad de Trinidad tomar en las últimas horas las oficinas regionales de tierras quemaron la puerta de ingreso a esa oficina, robaron equipos de computación de la Administradora Boliviana de Carreteras, causaron destrozos en la oficina de la Delegada Presidencial, lanzaron una bomba molotov contra las oficinas del Servicio Nacional de Sanidad e intentaron quemar viviendas policiales. 
 
Policías acorralados

Un centenar de policías estuvo cercado y acosado por varias horas por una furiosa multitud en el aeropuerto de Cobija, en el extremo norte del oriente boliviano. Los policías habían llegado allí desde La Paz para reforzar la seguridad en las oficinas del Estado que están a punto de caer en manos de los sediciosos.

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Bolivia: Evo rinde cinco regiones al fascismo

ECONOTICIASBOLIVIA

Los fascistas pisotean a policías y militares, toman aeropuertos, saquean y queman varias instituciones estatales, atentan contra medios de comunicación y humillan a los indígenas y altiplánicos. Evo se lamenta desde el altiplano, dice que hay un golpe civil en su contra, pero no hace nada y deja inermes a sus aterrorizados partidarios en las tierras bajas.

En el extremo del cretinismo parlamentario, que cree que el voto ciudadano y las leyes bastan y sobran para detener la conjura oligárquica, el presidente indígena Evo Morales, que recibió hace un mes el apoyo electoral de siete de cada 10 bolivianos, virtualmente rindió este martes la mitad del país ante la violencia desbordada de la oligarquía y el fascismo.

Este martes, ante la defección e impotencia gubernamental que se limita a lamentar desde las montañas del altiplano lo que ocurre en las tierras bajas, los grupos fascistas tomaron el control de las instituciones públicas, los caminos, aeropuertos y calles de las ciudades de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Sucre, doblegando la resistencia de la Policía y el Ejército y consolidando el poder que tiene la extrema derecha en el oriente y los valles de Bolivia. 

Allí, en cinco de las nueve regiones del país más pobre de Sudamérica, campea con total impunidad el fascismo, que ha logrado enarbolar la bandera de la autonomía regional y arrastrar detrás de sí a miles de jóvenes y amplios segmentos de las clases medias y organizaciones de la sociedad civil, aterrorizando a los sindicalistas, a la población migrante del altiplano y a los activistas leales a Morales, muchos de los cuales han ingresado en la clandestinidad.

Este martes, las columnas fascistas de la Unión Juvenil Cruceñista pisotearon a policías y militares que protegían las oficinas públicas en Santa Cruz, tomaron el control sobre los aeropuertos del oriente, saquearon y quemaron varias instituciones estatales, atentaron contra los medios de comunicación y dejaron en claro que ni Evo Morales ni la izquierda indigenista gobiernan en el oriente y los valles de Bolivia.

Frente a estos hechos, calificados por el propio Morales y sus ministros como un "golpe cívico prefectural en contra de la unidad del país y la democracia", el gobierno indigenista declinó usar la fuerza del Estado para reponer el orden constitucional y frenar la conspiración oligárquica.

"El Gobierno enfrentará sin estado de sitio el golpe cívico prefectural en marcha", dijo la agencia gubernamental ABI, sintetizando la posición oficial presentada anoche por los ministros de Gobierno y Defensa. El estado de sitio le facultaría al Gobierno de Morales a detener y enjuiciar a los subvertores, limitar la acción política de los sediciosos y garantizar con la fuerza del Ejército y la Policía el respeto a la propiedad estatal y las garantías ciudadanas. Pero, como dijeron los ministros de Evo, nada de ello se utilizará en contra de los fascistas, que disparan armas cortas de fuego, bombas molotov, dinamita, látigo y palo contra mujeres, indígenas y sindicalistas desarmados. 

Dos gobiernos en Bolivia

En los hechos, con el terror sistemático desatado por las hordas fascistas y la inacción de las fuerzas que respaldan a Morales, se ha consolidado la existencia de dos gobiernos en Bolivia: uno, el indígena – campesino dirigido por Evo que gobierna en la región del altiplano de La Paz, Oruro y Potosí, y parcialmente en los valles de Cochabamba y Chuquisaca. 

El otro gobierno, el oligárquico – fascista dirigido por los prefectos derechistas y los 100 poderosos clanes familiares que son dueños de la tierra y los grandes negocios, tienen el control político y administrativo de las ciudades de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Sucre y gran parte de las áreas rurales del oriente y los valles. Allí, el presidente Morales sólo tiene autoridad en los recintos policiales y militares. El resto del aparato político administrativo está sometido a los prefectos derechistas y a las bandas fascistas.

Esta dualidad de poderes cobró forma desde hace más de un año y se fue consolidando con cuatro referéndums regionales autonómicos que, aunque ilegales e inconstitucionales, llevó adelante la derecha, venciendo la débil resistencia de Morales. A su modo, el último referéndum nacional del 10 de agosto contribuyó a confirmar esta dualidad de poderes, al ratificar en sus cargos tanto a Morales (67% de apoyo) como a sus principales opositores de la oligarquía que lograron similares niveles de apoyo en sus regiones. 

Dos perspectivas

En las últimas dos semanas, los prefectos derechistas, la oligarquía y los 100 clanes se lanzaron a consolidar sus posiciones y su dominio, usando la acción directa de masas, con movilizaciones, huelgas, bloqueos de caminos y toma de instituciones públicas.

En cambio, Morales y el gobierno de la izquierda indigenista apostaron por abrir el diálogo y las negociaciones con los fascistas, presionando con la convocatoria a un referéndum nacional para aprobar la nueva Constitución Política del Estado y la reelección presidencial. Esta convocatoria inicialmente quedó anulada por decisión de la Corte Nacional Electoral, que aduce problemas legales y operativos, por lo que Morales y las organizaciones sociales que lo respaldan decidieron iniciar grandes movilizaciones populares en el altiplano para obligar al Congreso a aprobar dicha convocatoria a las urnas para principios del 2009. Queda claro, sin embargo, que este nuevo referéndum es inviable y no podrá llevarse adelante en el oriente y los valles, si es que antes Evo no transa con la oligarquía o vence su resistencia.

Cobardía política 

"No vamos a dictar estado de sitio. No vamos a ceder a la provocación", aseguró el viceministro de Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, que ilustraba la extrema cobardía política del régimen de Morales que no hace cumplir la ley ni usa la fuerza pública en contra de los sediciosos, desoyendo los crecientes llamados de las organizaciones populares y sindicatos más radicales, alineados en la Central Obrera Boliviana, que creen que la única forma de parar al fascismo es liquidando el poder económico de la oligarquía, por lo que correspondería expropiar los inmensos latifundios del oriente y distribuir la tierra entre los campesinos pobres, nacionalizar todas las agroempresas y estatizar toda la producción y distribución de gas, petróleo y minerales.

Pero, lejos de ello, el gobierno de Morales sigue buscando un acuerdo con la oligarquía sediciosa, a pesar de que ella no quiere saber nada de Evo al que comparan con un auquénido.

En la percepción gubernamental, el masivo apoyo electoral obtenido por Morales el 10 de agosto (2 millones de votos sobre 3 millones de electores) constituiría el virtual epitafio de la rancia oligarquía boliviana, por lo que ahora se estarían viviendo los últimos coletazos de la bestia fascista, al que Evo y los suyos pretenden enterrar con la indiferencia.

"Este es un gobierno del diálogo (...) Son pequeños grupos los que están desatando la violencia, están violando las leyes y los derechos humanos. A esos grupos violentos los llamamos a volver al diálogo", dijo el canciller David Choquehuanca, tras dos semanas en las que las bandas fascistas, con apoyo ciudadano, han cortado caminos, tomado instituciones, cerrado el tránsito con Brasil y Argentina y sembrado el terror en los barrios más pobres del oriente boliviano, donde apresuradamente algunos tratan de organizarse para defender sus viviendas y sus vidas.

El plan sedicioso

El plan de la oligarquía, que cuenta con el aval y apoyo de la Embajada de Estados Unidos, es: i) consolidar su poder político y económico en el oriente y los valles para preservar sus millonarios negocios vinculados a la explotación de los recursos naturales y la tierra, ii) impedir la realización del referéndum sobre la nueva Constitución, iii) archivar definitivamente el nuevo proyecto de Constitución Política del Estado, aprobado por las fuerzas oficialistas de la Asamblea Constituyente, para evitar la posible reelección de Evo desde el 2010 y iv) cercar aún más al gobierno de Morales durante los siguientes dos años.

En lo inmediato, la ofensiva desatada por los prefectos se da en torno a la devolución de 200 millones de dólares del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a las regiones y buscando el reconocimiento de sus ilegales gobiernos autónomos, incluidos sus Parlamentos regionales y su potestad para armar su propia Policía, controlar la tierra y dictar leyes por encima de las nacionales. Estos son los prerrequisitos que exigen para iniciar un diálogo con miras a un gran acuerdo nacional y que, en los hechos, equivale a pedir la rendición total de Evo.

Para los prefectos, la oligarquía y los 100 clanes un acuerdo con Morales sólo sería viable si convalidan la existencia de dos gobiernos paralelos en el país hasta las elecciones nacionales del 2010, en las que aspiran a derrotar a las fuerzas indígenas y campesinas, y así retomar todo el poder a nivel nacional. En esas elecciones, si no hay un cambio en la actual Constitución, Evo Morales no podría volver a postularse.

Por ello, los prefectos derechistas, la oligarquía y los 100 clanes quieren impedir que se apruebe la nueva Constitución Política del Estado que posibilita que Evo pueda volver a postularse.

Capitulación oficial

En cambio, el pacto nacional que busca Evo se orienta a lograr la aprobación de su nueva Constitución que otorgue, por lo menos en lo declarativo, igualdad de derechos a los indígenas y campesinos, que abra la posibilidad para su reelección por los siguientes 10 años y que impulse el desarrollo de su capitalismo andino en la perspectiva de "humanizar" la explotación capitalista, para que los empresarios y transnacionales ganen mucho dinero pero sin saquear el país.

Desde el inicio de su Presidencia el objetivo central de la política de Evo fue lograr que las élites indígenas y campesinas compartan el poder con la oligarquía y los 100 clanes. 

Según admitió el vicepresidente García Linera hace un año y medio, los indígenas no quieren arrebatarle el poder a la oligarquía, no quieren desplazarla, y lo que intentan es compartir el poder, quieren manejar Bolivia con los que hasta ahora siguen siendo los dueños de vidas, haciendas y las mayores riquezas del país. 

"Desde que llegamos al Gobierno hemos definido una estrategia de distribución pactada del poder. Lo que Bolivia está atravesando hoy es, en esencia, un proceso de amplia y generalizada lucha y redistribución del poder. Es algo que va más allá de un gobierno". 

"Y la historia nos enseña que la lucha por el poder puede tener tres desenlaces clásicos. i) Que el sector emergente (indígena-campesino) desplace directamente, mediante cualquier medio posible, al bloque anterior. ii) Que este bloque de poder antiguo (la oligarquía) logre derrotar, contener, cooptar o aplastar al bloque emergente. iii) O que entre ambos se logre redistribuir el poder". 

"Como Gobierno hemos optado por la tercera opción. Apostamos a un proceso de redistribución pactada del poder con un nuevo núcleo articulador: el movimiento indígena", dijo el ideólogo del gobierno indígena, un ex guerrillero que ahora predica la conciliación de clases y la vigencia del "capitalismo andino". 

Hoy, todo indica que Bolivia está transitando por la tercera opción, aunque no de la forma pactada y soñada por Morales y García Linera. Hoy, la Bolivia del altiplano está gobernado por Evo, aunque las riquezas mineras, la banca, la industria y el comercio siguen siendo manejadas por las transnacionales y las grandes empresas privadas. En la otra Bolivia, la del oriente y los valles, el gobierno, el poder económico, político y administrativo está directamente en manos de la oligarquía, la burguesía agrofinanciera y los 100 poderosos clanes familiares.

Triunfo de Bush

Todo lo que está ocurriendo en Bolivia, con el imparable avance de la oligarquía y del separatismo es un triunfo de la administración norteamericana de Bush, que digita las acciones de la oligarquía y los 100 clanes, según asegura el sociólogo James Petras.

"A causa de la completa incompetencia y falta de liderazgo político nacional del presidente Evo Morales y su vicepresidente Alvaro García Linera, el Estado boliviano se está atomizando en una serie de departamentos autónomos, pues ya otros Gobiernos regionales intentan usurpar el poder político y hacerse cargo de sus recursos económicos. Desde el principio, el régimen Morales-García Linera firmó una serie de pactos políticos, adoptó políticas y aprobó concesiones a las elites oligárquicas de Santa Cruz, que permitió que reconstruyeran efectivamente su base política natural de poder, sabotearan una asamblea constitucional elegida y socavaran efectivamente la autoridad del Gobierno central". 

"El éxito de la derecha se ha producido en menos de dos años y medio, lo que es especialmente sorprendente si se tiene en cuenta que en 2005, el país vivió una sublevación popular importante que sustituyó a un Presidente de derecha, cuando millones de trabajadores, mineros, campesinos e indios se apoderaron de las calles. Es un tributo al absoluto desgobierno de Morales y García Linera que el país haya pasado tan rápida y decisivamente desde un estado de poder popular insurreccional a un país fragmentado y dividido, en el que una élite agroexportadora separatista se ha hecho con el control del 80% de los recursos productivos del país, mientras el Gobierno central elegido protesta débilmente".

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Bolivia vuelve a levantarse

Alejandro Guerrero (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)

Santa Cruz está cercada por campesinos y obreros que bloquean la carretera a Cochabamba y La Paz, y la ruta a Trinidad (Beni). "También hemos decidido la toma de las instituciones representativas de la prefectura (gobernación), y las propiedades de estos señores en la provincia", declaró el secretario de Relaciones de la Federación de Colonizadores de Santa Cruz, Juan Barea (ecodiario.eleconomista.com.es, 10/9). 

Fidel Surco, dirigente de los colonos cruceños, dijo a la radio Erbol: "Pedimos a la población salir a todas las plazas en todas las provincias y municipios (...) no vamos a soportar más la humillación" (ídem). 

En Tarija, el miércoles 10 por la mañana, unos cien paramilitares atacaron el mercado campesino de la ciudad -un bastión tradicional de la izquierda- con dinamita, petardos y piedras. Por la tarde, una movilización campesina multitudinaria recuperó esa plaza, expulsó a los fascistas y, al cierre de esta edición, cercaba el edificio de la prefectura (gobernación). El prefecto tarijeño es Mario Cossío, del MNR, uno de los responsables de la represión en 2003. 

En Cochabamba, que la derecha pretendía transformar en una de sus fortalezas, miles de campesinos ocupan la ciudad y la bandera aborigen, la Wiphala, flameaba en los edificios públicos al atardecer del miércoles. 

En definitiva: el avance de la prepotencia derechista ha encontrado en Bolivia un límite preciso y, a partir de ese límite, se abre la posibilidad de que la movilización de masas le propine golpes decisivos. 

La derecha en crisis 

Después de la victoria de Evo Morales en el referendo revocatorio y, sobre todo, de la importante votación lograda por el MAS en los distritos de la "media luna" (Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca), la derecha intentó reagruparse en torno de su "núcleo duro", dirigido por Rubén Costas, prefecto cruceño. 

Esa derecha comenzó, decididamente, a organizar la sedición en lo que el oficialismo calificó de intento de "golpe de estado civil", con el respaldo apenas encubierto de la embajada norteamericana. 

El martes 9, en Santa Cruz, bandas armadas de la Unión Juvenil Cruceñista tomaron y saquearon varios edificios públicos, entre ellos el de la nacionalizada compañía de teléfonos (Entel), además de las instalaciones de Canal 7 y otros medios oficialistas, mientras el Ejército se replegaba a sus unidades (aparentemente por orden del gobierno) y la policía se veía desbordada por los fascistas. Parte de esa ofensiva fue el ataque al mercado campesino de Tarija. 

Hasta ese momento, el gobierno sólo mostraba impotencia porque, mientras denunciaba el golpe, se negaba a movilizar a las masas y convocaba a los golpistas a un diálogo imposible en esas condiciones, puesto que la derecha no quería dialogar sino aplastar. 

Todo el panorama cambió cuando se produjo la irrupción poderosa de las masas obreras y campesinas, de los insurrectos de 2003 y 2005, decididos a recuperar la calle. Ahora las cosas se han invertido y son las masas oprimidas las que cercan Santa Cruz. Según advierten, ahí seguirán hasta que Costas caiga. 

Entonces sí, Evo Morales pareció retomar parte de la iniciativa que siempre se había negado a desarrollar a fondo y, en una medida elemental de autodefensa, declaró persona no grata al embajador norteamericano y pidió su expulsión al parlamento. 

Bolivia ha ingresado en horas que pueden ser decisivas, y se jugará en ellas la suerte del proceso abierto en 2003 y 2005, lo cual, claro está, volverá a colocar en primer plano la cuestión de las cuestiones: la dirección política del pueblo explotado.

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Brasil: Lanzan un nuevo plan para erradicar el trabajo esclavo

El gobierno de Brasil lanzó un nuevo Plan Nacional para la Erradicación del Trabajo Esclavo, con el objetivo de combatir las prácticas de trabajo degradante en todo el país.

El plan está dirigido especialmente a las fábricas de azúcar y plantaciones de caña, un sector que concentró el mayor número de liberaciones de trabajadores reducidos a la esclavitud en los últimos dos años. 

Las críticas por las condiciones de trabajo en el sector productor de azúcar y alcohol se han incrementado por la exigencia de los países importadores de etanol, alcohol combustible elaborado con caña de azúcar, de que Brasil certifique que el producto es ambiental y socialmente correcto. 

El nuevo plan es de seguimiento al primero lanzado en 2003, y que, según la Organización Mundial del Trabajo, 68,4 por ciento de sus metas contra el trabajo esclavo fueron parcialmente alcanzadas. 

El nuevo plan incluye la necesidad de "apoyar e incentivar la celebración de pactos colectivos entre las representaciones de empleadores y trabajadores" dentro del sector azucarero. El primer plan de 2003 no contenía esa disposición. 

El nuevo plan también beneficia a la situación laboral de migrantes ilegales. 

Además, establece la prohibición del crédito de los bancos privados a empresas que someten a sus empleados a trabajo análogo a la esclavitud. 

También permite el acceso de todos los trabajadores liberados al programa de distribución de renta Bolsa Familia, impulsado por el gobierno. 

La víspera, representantes del gobierno, empresas y trabajadores se reunieron en el Palacio de Planalto, sede de la Presidencia, para definir una agenda de 18 puntos destinada a mejorar las condiciones de trabajo en el sector azucarero y alcoholero. 

De acuerdo con la Organización Mundial del Trabajo, con el primer plan en Brasil hubo avances significativos en la sensibilización y capacitación de actores para el combate a la esclavitud laboral y en la concientización de los trabajadores por sus derechos, además de una mejor fiscalización y un mayor número de liberados.

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Colombia: El Congreso colombiano seguirá adelante con la reelección


El Congreso colombiano anunció hoy que continuará el proceso legislativo para el estudio del referendo popular que busca una nueva reelección presidencial, pese al pedido del presidente Alvaro Uribe de desistir de esa iniciativa.

"Se le dará el trámite que reglamentariamente señale y no el que indique el señor presidente por respetable que sea su opinión, él no tiene la capacidad legal para exponer el trámite que se le debe dar a la iniciativa popular", explicó hoy el senador Hernán Andrade, presidente del Congreso.

La aclaración del congresista surge tras el pedido realizado anoche por Uribe para que el congreso no siga adelante con esa iniciativa y se concentre en las reformas que impulsa su gobierno.

"Si el obstáculo para esas reformas" a la justicia y la política "es el referendo para la reelección, ese obstáculo queda removido esta noche, en este caso, por voluntad del presidente de la república, pensando en los intereses superiores de la patria", dijo Uribe.

El Congreso, además de estudiar las reformas promovidas por el gobierno de Uribe, debe también someter a análisis y escrutinio una nueva reforma constitucional que le permitiría al actual mandatario postularse para un tercer periodo.

Dicha iniciativa cuenta con el respaldo popular ya que el Partido de La U, el más cercano al presidente, recogió cinco millones de firmas que avalan esa reforma, las sometió a estudio ante el Registraduría Nacional y tras recibir la garantía de su veracidad decidió el miércoles mismo radicar el proyecto de ley en el Congreso.

Luis Guillermo Giraldo, uno de los directivos del Partido de La U y promotor de las firmas, dijo hoy a la prensa que "la decisión es continuar con el proyecto de ley que convoca al referendo, porque nosotros no somos dueños de los cinco millones de firmas, no podemos retirarlo jurídicamente".

Varios analistas coincidieron hoy en que el pedido de Uribe al Congreso se puede entender como que Uribe renunciaba a una nueva postulación para mantenerse en el poder, cuando había esquivado responder a si estaba de acuerdo o no con presentarse otra vez como candidato.

Sin embargo, el presidente también planteó otra salida, la de una reforma constitucional que le permita a él o a otros que el "presidente puede ser reelegido inmediatamente por una sola vez y después, periodo de por medio, pueda volver a aspirar".

Foto: Alvaro Uribe Vélez. / Autor: Miguel Angel Solano Salgado - SNE

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Encuesta mundial indica que cada vez son menos los que creen que Al Qaeda perpetró el 11-S

RIA NOVOSTI

Siete años después del mayor atentado terrorista de la historia cada vez son menos los que creen que la organización terrorista Al Qaeda organizó el secuestro de aviones de pasajeros para atacar las torres gemelas en Nueva York, el Pentágono, y presuntamente el Congreso de Estados Unidos, según una encuesta realizada por WorldPublicOpinion.

Sólo en nueve de los 17 países en que se efectuó la entrevista, la mayoría de los encuestados opinaron que el 11-S fue perpetrado por Al Qaeda, mientras que en el resto, las sospechas no apuntan con la misma contundencia hacia la organización terrorista.

En total, el 46 % de los encuestados creen que el 11-S fue obra de Al Qaeda, un 15 % supone que fue organizado por el gobierno estadounidense, un 7 % sospechan de Israel, otros 7 % opina que responsable pudo haber sido "otro".

Uno de cada cuatro entrevistado (el 25 %) no pudo responder a la pregunta.

Los países donde predomina la versión de que el 11-S lo perpetró Al Qaeda son Kenia (77 %) y Nigeria (71%), y en donde menos sospechan de la organización terrorista fue Jordania (11%) y Egipto (16 %).

A su vez, el 43% de los egipcios y el 31 % de los jordanos afirman que el 11-S fue organizado por Israel.

En los países donde la mayoría piensa que el 11-S fue organizado por el gobierno de EEUU figura Turquía (37 %), México (30%) y Alemania (23%), el 15 % de los encuestados en Rusia, Italia y Ucrania apoyan la misma tesis.

El 18 % por ciento de los mexicanos y el 12 % de los británicos piensan que el 11-S es obra de "otros".

El 57 % de los indonesios y el 56 % de los chinos no pudieron responder a la pregunta sobre quien pudo organizar el 11 de septiembre de 2001 el secuestro simultáneo de cuatro aviones llenos de pasajeros, dos de los cuales impactaron contra las torres gemelas de Nueva York, un tercero en un edificio del Pentágono en Virginia y un cuarto que cayó en un campo de Pensilvania. En los cuatro accidentes murieron más de 3.000 civiles.

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Estados Unidos instigó a Georgia a agredir a Osetia del Sur

RIA NOVOSTI

El primer ministro de Rusia, Vladímir Putin, declaró hoy que EEUU instigó a Georgia a agredir a Osetia del Sur.

"EEUU asignó cuantiosos recursos al adiestramiento de las fuerzas armadas de Georgia, envió a este país a numerosos instructores militares. En vez de buscar soluciones para las contradicciones interétnicas, EEUU, en mi opinión, simplemente instigó a la agresión a una de las partes en conflicto, a la georgiana. Eso fue lo que sucedió", dijo Putin reunido con los participantes del Club Internacional de Debates Valdai.

Rusia se vio obligada a responder en tal situación, subrayó.

"No teníamos otra opción que responder. ¿O también esa vez debíamos secar los mocos ensangrentados, inclinando la cabeza?, dijo Putin.

"¿Acaso la comunidad mundial quiere que en el Cáucaso del Norte se produzca desestabilización?", preguntó.

Ejército georgiano disponía de más de 500 blindados pesados al agredir a Osetia del Sur

El Ejército de Georgia disponía de más de 500 blindados pesados antes de agredir a Osetia del Sur, escribe la revista Moscow Defense Brief que verá la luz el sábado, 13 de septiembre.

Además, Georgia había modernizado sus fuerzas armadas dotándolas con una gran cantidad de blindados pesados. Para verano de 2008, las fuerzas terrestres georgianas disponían de 191 tanques T-72 de distintas versiones y de 56 tanques T-55AM.

Georgia compraba ese material en Ucrania y en la República Checa habiendo adquirido entre 2005 y 2007 un total de 70 tanques T-72/90.

Antes de atacar a Osetia del Sur el 8 de agosto, el Ejército georgiano tenía 65 vehículos blindados BMP-1; 74 blindados BMP-2; once vehículos BRM-1K y otros cinco BRDM-2 para misiones de reconocimiento; 15 blindados BTR-70, 35 blindados BTR-80 y 70 remolcadores blindados MT-LB.

En cuanto a la artillería, las fuerzas armadas georgianas disponían de seis cañones autopropulsados 2S7 "Pion" de 203 mm; un obús autopropulsado 2S19 "Msta-S" de 152 mm; 13 obuses autopropulsados 2S3 "Akatsia" de 152 mm; 24 obuses autopropulsados "Dana" de 152 mm; 11 obuses remolcables 2A65 "Msta-B" de 152 mm; tres cañones remolcables 2A36 "Guiatsint-B" de 152 mm; 109 obuses remolcables D-36 de 122 mm; 6 cañones anticarro "MT-12" de 100 mm, y 40 cañones anticarro "D-48" de 85 mm.

Las piezas de artillería también fueron adquiridas en Ucrania y en la República Checa.

Las lanzaderas múltiples, que causaron el mayor número de muertos en Osetia del Sur, estaban representadas en el Ejército georgiano por cinco sistemas M-87 "Orkan" de 262 mm comprados a Bosnia y Herzegovina en 2006; ocho sistemas GradLAR de 122/160 mm comprados a Israel en 2007 y 2008; seis sistemas RM-70 de 122 mm comprados a la República Checa en 2004, y 16 sistemas BM-21 "Grad" de 122 mm.

También, las tropas georgianas disponían de importante cantidad de misiles antitanque "Fagot", "Factoria" y "Konkurs", y de misiles antiaéreos portátiles "Strela-2M", "Igla", "Igla-1" y "Grom".

En julio de 2008, el Parlamento de Georgia aprobó la decisión de incrementar las tropas hasta 37.000 efectivos.

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