viernes, 19 de septiembre de 2008

Fernando Moscoso: Para entender la violencia en Guatemala hay que entender su historia


Marcelo Colussi (especial para ARGENPRESS.info desde Guatemala)

Fernando Moscoso es arqueólogo graduado en la Universidad San Carlos de Guatemala con una maestría en la Universidad de Standford, Estados Unidos. Ex director del Museo Nacional de Arqueología y Etnología de Guatemala, fundador y primer presidente de la Asociación Americana de Museos Comunitarios, es un profundo conocedor de todo lo maya clásico anterior a la conquista española.

A través de este conocimiento museológico donde tuvo contacto con la cultura maya enterrada, tomó conciencia que hay otros aspectos enterrados de los mayas: las víctimas de la reciente guerra civil que sufrió el país, ocultos en innumerables fosas clandestinas.

Fue a partir de eso que, en 1992 y desde la Fundación de Antropología Forense de Guatemala que ayudó a formar –institución pionera en ese campo en el país, y una de las tres similares en Latinoamérica–, comenzó la exhumación de estos cementerios ilegales, localizados básicamente en territorios mayas. Actualmente dirige el proyecto "Historial para la paz", que se dedica al campo de los museos y la memoria histórica en comunidades mayas, con énfasis en la etapa del genocidio que tuvo lugar durante el reciente conflicto armado interno de 36 años de duración. Obtuvo distintos galardones nacionales e internacionales por su labor de recuperación histórica llevada a cabo en Guatemala. También recibió reconocimientos por parte del Estado guatemalteco por ese trabajo, pero en la forma de amenazas de muerte y persecución.

Argenpress dialogó con él en la ciudad de Guatemala, por medio de su corresponsal para la región de Centroamérica y el Caribe, Marcelo Colussi. 

Argenpress: ¿Qué significa mantener viva la memoria histórica? ¿Por qué debemos hacerlo? ¿A qué contribuye?

Fernando Moscoso: La memoria histórica es parte de la historia, aunque no esté escrita. Está en la memoria colectiva. Es un referente del pasado al que obligadamente tenemos que ver para entender nuestro comportamiento contemporáneo. Si no tenemos ese referente, cuando volteamos a ver solo tenemos un vacío que nos impide entender por qué nos estamos comportando como nos comportamos en tanto sociedad. Esta memoria histórica es tan importante como la historia escrita, y en determinadas circunstancias, más aún. Como por ejemplo en el caso del conflicto armado guatemalteco, que si bien ya está siendo historizado y tiene voluminosos informes que lo estudian, como el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Naciones Unidas, o el desarrollado por la Iglesia Católica, u otros que han emprendido seriamente muchos académicos, aún no es suficiente para develar exactamente la historia. Todos estos esfuerzos emprendidos todavía no cubren la memoria histórica de la población; aún hay mucho por hacer. Toda esa historia aún no forma parte de los programas de estudio de las escuelas primarias ni secundarias, y ni siquiera de la universidad. Faltan aún ediciones populares ampliamente distribuidas de todos estos estudios ya realizados, con un lenguaje accesible. Todo esto aún no ha llegado a los jóvenes, que no tienen esta memoria histórica. Las nuevas generaciones no vivieron ese conflicto armado de las décadas pasadas, y hoy día pueden estar recibiendo información fragmentaria del mismo, a veces distorsionada o parcializada. De hecho no están recibiendo una información completa, global de lo que fue el fenómeno de la violencia en Guatemala. Por tanto, al carecer de ese conocimiento, al ver hacia atrás no tienen un panorama histórico claro y no pueden entender la violencia actual, lo que impide entonces buscarle solución. Al no tener claridad en esas causas históricas, al no tener esa memoria histórica que permite ver con claridad y en términos globales los procesos, es más fácil caer en las explicaciones que, en general, toman los guatemaltecos medios, que no es sino escapar a la violencia, tomando las precauciones del caso para no ser víctimas de la violencia que nos envuelve, de la delincuencia común, de la violencia del narcotráfico, de la violencia policíaca, de la violencia cotidiana en el tráfico, del feminicidio que ahora nos azota, de toda esta ola de violencia que ahora se extiende por el país, pero sin tener posibilidad de buscarle soluciones de fondo al problema. Es decir: si no se tienen claras esas causas, se invisibiliza la dinámica real de los problemas de la sociedad, de la historia en la que nos desenvolvemos, quedándonos solo con explicaciones parciales.

Argenpress: Se puede decir que la historia la escriben los que ganan; hay, por tanto, una historia oficial. Eso en Guatemala como en cualquier parte del mundo. Paralela a ella, entonces, habría otra historia no contada: la memoria histórica es la recuperación de esa historia no contada. ¿Ese es el esfuerzo que debemos hacer entonces: recuperar, contar, sacar del olvido esa historia oculta?

Fernando Moscoso: Sin dudas. La historia oficial es lo que se cuenta desde la institucionalidad y que se refleja, entre otras cosas, en los programas de estudio de las escuelas públicas. Allí, por ejemplo, hablando de Guatemala, no se cuenta lo que pasó en el conflicto armado interno. Incluso no se cuenta como algo de suma importancia la historia de los pueblos mayas, en un país que es fundamentalmente de origen maya. Cuando aquí se firmó la paz entre el movimiento guerrillero y el gobierno en 1996, luego de 36 años de guerra, incluso el gobierno guatemalteco oficialmente no reconoció que aquí hubo un genocidio. Ni tampoco lo reconoció luego de la publicación del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que estudió pormenorizadamente lo ocurrido durante ese conflicto. Y hasta el día de hoy el Estado de Guatemala no ha hecho un formal reconocimiento de lo que sucedió en esos largos años de enfrentamiento que dejaron 250.000 víctimas entre muertos y desaparecidos. Hubo solo un reconocimiento muy parcial y puntual en un solo caso estudiado, que es el de Plan de Sánchez, en el departamento de Baja Verapaz, donde fue arrasada una comunidad de origen maya-achí masacrándose casi a la totalidad de la población civil. Allí, luego de un largo proceso de búsqueda de justicia por parte de los sobrevivientes de la masacre, apoyados por otros sectores nacionales, al no tener respuesta en las cortes de justicia del país, trasladaron su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José de Costa Rica, y luego de mucho esfuerzo lograron ganar el pleito contra el Estado guatemalteco. Fue la primera vez que el Estado reconoció que hubo masacres en contra de la población civil durante la guerra, que hubo genocidio, viéndose así obligado a pagar una compensación de 25.000 dólares a cada familia afectada. Y en el momento del primer pago que se efectuó a los damnificados, el por ese entonces vicepresidente de la nación, Ricardo Stein, reconoció que efectivamente hubo masacre por parte del Estado. Pero más allá de ese reconocimiento puntual del vicepresidente, persona que viene de sectores de izquierda, no ha habido un reconocimiento oficial, y mucho menos un plan orgánico de gobierno para asistir a las víctimas civiles de la guerra en sus múltiples necesidades derivadas del ataque al que se vieron sometidas por parte del Estado. Los Acuerdos de Paz que se firmaron el 29 de diciembre de 1996 entre el gobierno y el movimiento guerrillero se han cumplido en un porcentaje muy reducido. Años atrás se buscó pasar un paquete de leyes para dotar de un apoyo presupuestario a las recomendaciones de los Acuerdos de Paz, por lo que se hizo un referéndum nacional, pero curiosamente ganó el no, y esas leyes nunca pudieron implementarse, por lo que no se pudieron asignar fondos para cumplir las tareas recomendadas para fortalecer la paz. Sin recursos económicos, esos Acuerdos de Paz se fueron debilitando cada vez más, al punto que hoy podríamos decir que padecen de anemia. Las instituciones encargadas de implementar esos Acuerdos, como por ejemplo la Comisión Nacional de Resarcimiento, no han tenido mayor impacto en la sociedad guatemalteca, y ni siquiera ha tenido impacto con el grupo de las víctimas. Queda mucho por hacer en este tema, empezando porque el Estado se convenza que es su responsabilidad atender todo esto; no solo debe hacer reconocimientos de culpa en ciertos casos específicos sino que debe asumir su responsabilidad de reparar estos daños buscando la profundización real del proceso de paz. 

Argenpress: Además de la historia no contada de esta guerra, que arranca en la década del 60 del siglo pasado, ¿hay otra historia en Guatemala que el relato oficial no presente? ¿Hay alguna otra historia que el pueblo guatemalteco deba recuperar desde su memoria histórica?

Fernando Moscoso: La memoria histórica tiene ciertos límites. Es muy difícil encontrar en la memoria histórica, o en las tradiciones populares, historias muy viejas. Las historias muy viejas se vuelven mitos, se transforman, se adaptan a diversas circunstancias, cambian de forma, se van volviendo atemporales. La historia de los pueblos centroamericanos obviamente va más allá de la invasión de los españoles a finales del siglo XV y durante el XVI. Los mayas y otros pueblos de la región, todas estas civilizaciones mal llamadas prehispánicas, ya tenían una historia milenaria antes del contacto con los conquistadores europeos. Esta historia milenaria no terminó con la conquista; simplemente cambió de rumbo. Las sociedades sufrieron transformaciones drásticas, en todos los aspectos, siendo condenadas por el nuevo Estado dominante al analfabetismo. Fueron deliberadamente perdidos sus antiguos medios de escritura jeroglífica, se quemaron todos sus escritos. Al no contar con la posibilidad de seguir escribiendo su historia por esta monumental represión que jugaron tanto el nuevo Estado español como la Iglesia católica, ese relato histórico tendió a perderse. Sobrevivió como memoria histórica de los testigos oculares de esa historia, y luego se fue mitificando. Actualmente la memoria histórica de la conquista que siguen transmitiendo los pueblos mayas se expresa, por ejemplo, en algunas manifestaciones artísticas, en ciertas danzas. Por ejemplo: la danza de la conquista, donde se narran los episodios donde algunos reinos mayas caen bajo la conquista española, o igualmente algunos cuentos, tradiciones, fábulas, que no son de amplio conocimiento popular sino que van guardando algunas familias mayas. Los jóvenes mayas se han ido desentendiendo de ese legado histórico, y el proceso de la guerra recién vivida vino a afectar todo esto. La guerra conmocionó todo el esquema comunitario; los ancianos depositarios de todo ese conocimiento a lo interno de la sociedad maya, en las cofradías y en sus distintas organizaciones auténticas, se encontraron con un cisma. Hubo cambio de liderazgos; durante la guerra, y a instancias del ejército, se impusieron nuevos liderazgos en las comunidades mayas a manos de personas jóvenes aliadas al esquema de militarización que se generalizó. De esa manera se fue perdiendo muy buena parte de todo ese conocimiento tradicional. También contribuyó a esa pérdida la llegada de tantas iglesias evangélicas nuevas, los llamados cultos neopentecostales, que han diabolizado cualquier expresión de cultura maya ancestral. Todo esto ha ocasionado que la memoria histórica antigua se haya visto seriamente golpeada. Eso no significa, sin embargo, que los mayas carezcan del ancestro cultural. Eso no se pierde. Sus pautas de comportamiento se derivan de toda esta historia, que es, repetimos, una historia milenaria. Existen estudios serios que ayudan a recuperar la cultura ancestral, porque eso no se ha perdido. Y estudiando esa historia, se pueden entender fenómenos actuales como el caso de los linchamientos. Hay quienes interesadamente han presentado los linchamientos –que se dan en Guatemala con una frecuencia mucho mayor de lo que uno podría imaginarse– como consecuencia de una antigua tradición maya de violencia. Esto lo aseveran a partir de la práctica maya de sacrificios humanos, tanto en el período clásico como en el post clásico: extracciones de corazón, decapitaciones, diversos rituales con derramamiento de sangre no necesariamente mortales. Pero todo esto no tiene que ver con los actuales linchamientos, dado que esas manifestaciones eran estrictamente de carácter religioso, no tenían nada que ver con el ejercicio de la justicia ni con el ámbito del castigo. Se daban, según su cosmovisión, en función de mantener un equilibrio entre el ser humano y las deidades. Los dioses mayas se alimentaban de la sangre humana, por lo que era imprescindible hacerlo: si no se los alimentaba, se corría el riesgo que perecieran. Y si perecían los dioses, el universo entraba en caos, pudiendo desaparecer también los hombres que poblaban la naturaleza. Esos sacrificios tenían el objetivo de sostener el equilibrio cósmico para asegurar, así, la sobrevivencia humana. Los españoles suprimieron de tajo todas esas prácticas; sobrevivieron algunas expresiones que son sus reminiscencias, como los sacrificios de algunas aves que en algunas comunidades muy tradicionalistas aún se conservan. Pero todo ello, en todo caso ligado a los ciclos de la cosecha y la fertilidad, tiene un carácter enteramente religioso, y nada más. No tiene que ver con la aplicación de justicia. Apoyándose en esto, hay quienes han dicho que los mayas están acostumbrados a derramar sangre humana, lo cual no es cierto. Si revisamos la historia de Guatemala desde la época de la colonia española, que es el momento desde el que contamos con documentos escritos –anteriormente había escritura jeroglífica, ya descifrada, que nos cuenta la historia oficial de los mayas, de sus guerras, sus conquistas, sus alianzas, etc.–, si revisamos esa historia vemos que nunca se ha reportado un linchamiento. Nunca hubo linchamientos durante la época colonial, de mayas contra otros mayas, o de mayas contra españoles o mestizos. Tampoco los hubo en el período post independencia de España, a partir del año 1821. En la época republicana tampoco encontramos linchamientos, sino solo un caso aislado, el de Cirilo Flores en el siglo XIX, quien fue vicepresidente de la república, y que fuera linchado en la catedral de la ciudad de Quetzaltenango dentro de un contexto político de golpe de Estado y de guerra civil declarada entre dos facciones. Pero en estos acontecimientos los mayas ni participaron. Los linchamientos los encontramos en los albores del conflicto armado interno, y especialmente, después de la firma de la paz. Es en las comunidades mayas donde más aparecen, en general en casos de aprehensión de un ladrón, a veces ocasionándole la muerte. Se dieron casos por robos de niños, casos de turistas extranjeros. Pero lo cierto es que la historia nos dice que los linchamientos no tienen nada que ver con la cultura maya, con su derecho consuetudinario, con sus formas tradiciones de justicia comunitaria. Tienen que ver, en todo caso, con los crímenes cometidos recientemente en la guerra interna por el Estado a través del ejército y fuerzas paramilitares contra ciertas y determinadas personas, de modo selectivo, crímenes donde se obligaba al resto de la comunidad a participar en la ejecución ya sea en forma activa, a través de la tortura previa y posterior asesinato, o como espectador pasivo de los hechos. El objetivo perseguido con estas acciones militares no era solo asesinar a un opositor, un presunto guerrillero o un colaborador de la guerrilla, sino enviar un mensaje a toda la comunidad, desarticulando las estructuras internas antiguas y tradicionales que los mayas tenían, sus consejos de ancianos, imponiendo nuevos liderazgos, que fueron los patrulleros de autodefensa civil, virtuales fuerzas paramilitares de ocupación. Con esto también se buscaba hacer "cómplices" a las mismas víctimas, transformándolas, contra su pesar, también en victimarios. 

Argenpress: ¿Una pedagogía de la violencia?

Fernando Moscoso: Exacto. Una violencia para enseñar lecciones. Por cierto que la gente sí aprendió estas lecciones. En estas situaciones extremas o se aprendía la lección –es decir: se imponía el silencio, se obligaba a denunciar a los guerrilleros– o se era la siguiente víctima. Estas lecciones aprendidas han dejado una huella en la conciencia colectiva. Y los linchamientos, de un modo dramático, lo muestran: si bien los linchamientos no son de origen maya, es en el mundo maya donde más ocurren, pero por una cuestión de enseñanza, de acostumbramiento, de esta impuesta pedagogía del terror de que hablábamos. Sin dudas, por tanto, tendrá que pasar un buen tiempo para que las poblaciones puedan ir desaprendiendo estas lecciones y las comunidades puedan comprender y tomar distancia de esa violencia. Es que la violencia sufrida por los pueblos mayas hace parte de una estrategia muy bien concebida, no fue una violencia gratuita, o simplemente perversa, producto de mentes enfermas. La violencia actual hay que entenderla como parte de un fenómeno histórico global, de una estrategia donde las poblaciones no decidieron nada.

Argenpress: Los linchamientos lo muestran: no son un patrimonio cultural maya, aunque haya quien ahora así lo quiera presentar. Es decir: la historia es según quien la cuenta. La historia de la guerra recién pasada está contada fragmentariamente; en ese sentido, hay quienes dicen, igual que se tergiversa la historia de los linchamientos, que seguir hablando de estos años trágicos no contribuye a la sociedad, no ayuda a afianzar el clima de paz, que eso es solo reabrir innecesariamente viejas heridas. ¿De qué manera recuperar esa historia no contada del conflicto armado interno puede ayudar a construir la paz en Guatemala? 

Fernando Moscoso: El entendimiento individual de cada persona respecto a su propia historia, a la historia de su sociedad, abre la posibilidad de entender qué es lo que le pasa. Si estamos enfermos, para curarnos necesitamos un diagnóstico que nos permita saber cuál es la medicina adecuada. La lentitud con que han venido implementándose los Acuerdos de Paz no ha permitido que la sociedad, saliendo de la guerra, desahogue todas las presiones que ha venido acumulando. No se han logrado solucionar aspectos de pobreza extrema, que son una de las causas que dieron lugar al conflicto. Tampoco se ha logrado en estos años de post guerra siquiera recuperar los cuerpos de las víctimas mortales que se encuentran dentro de las mismas comunidades, enterrados clandestinamente aún. No ha habido justicia con ninguno de los personajes militares de alto rango, políticos, civiles, etcétera, involucrados directamente con el genocidio. 

Argenpress: ¿Quién meter en ese "etcétera"? El ejército y sus fuerzas paramilitares fueron los brazos ejecutores de políticas bien delineadas, lo cual obliga a indagar en ese "etcétera", ¿verdad? 

Fernando Moscoso: Sí, sin dudas. El genocidio no fue una acción aislada, una simple táctica de guerra. Fue algo mucho más integral. El Estado completo estuvo al servicio de estas tácticas genocidas donde el objetivo no era simplemente terminar con un problema militar que se había planteado entre gobierno de turno y la guerrilla. Hay que destacar que la gran mayoría de las víctimas no fueron, precisamente, los guerrilleros sino población civil no combatiente. Población que sufrió muertes espantosas, ejemplificantes dentro de la lógica de esa guerra, ejemplificantes para otras comunidades civiles. Víctimas cuyos cuerpos fueron a parar a fosas clandestinas, o en muchos casos ni siquiera fueron enterrados, para que otra población civil los viera y "aprendiera". Todo aquel que disentía podía correr esa suerte. Todo esto no fue reconocido por el Estado, y hoy no hay programas para atender seriamente esa enorme masa de víctimas. No existen, por ejemplo, programas de salud mental oficiales para atender a los sobrevivientes y devolverles un poco de tranquilidad espiritual luego de todo lo padecido. El actual Programa Nacional de Resarcimiento ha tenido un impacto muy bajo hasta la fecha. El programa de exhumaciones de cementerios clandestinos, que actualmente lleva alrededor de 1.000 casos realizados –hechos todas por organizaciones no gubernamentales– ha cubierto un porcentaje muy pequeño de todo el trabajo que aún quedaría por realizar. Seguramente restan décadas de trabajo para los antropólogos forenses para seguir exhumando cementerios clandestinos. El Estado no apoya todas estas iniciativas, ni económica ni políticamente; pero lo peor es que no ha llevado a tribunales a ningún responsable de estas masacres. Los informes de las exhumaciones son solo medios de prueba para un juicio, y hoy por hoy, de estos 1.000 informes que hay en el Ministerio Público, solo uno ha llegado a las cortes nacionales: el caso de la masacre de Río Negro, donde salieron condenados tres patrulleros de autodefensa civil (paramilitares maya-achís) como responsables de los crímenes. Pero nunca se llevó a juicio a ningún militar involucrado. Es obvio que el Estado no quiere buscar justicia ni esclarecer nada de esto. 

Argenpress: Todo esto nos lleva a una pregunta de base: ¿Guatemala está enferma de violencia o de injusticia? 

Fernando Moscoso: Van de la mano ambas cosas. La violencia es una expresión de un malestar social que va más allá de la falta de justicia. La violencia tiene infinidad de causas: económicas, sociales, políticas, el narcotráfico, las pandillas juveniles (maras). Es un fenómeno sumamente complejo que está en la médula de la sociedad, de su historia. Para entender la violencia hay que entender la historia. Sin dudas la falta de justicia fomenta la violencia. Pero no estrictamente una se sigue de la otra. En el caso de los linchamientos, la falta de justicia con que se encuentra la población en un sistema judicial ineficiente y corrupto, encontramos una causa, de ahí que busca justicia por mano propia y lincha; pero no es esa la única causa. Es uno de los ingredientes del fenómeno, muy complejo por cierto, pero no el único. De todos modos, la falta de justicia es algo muy importante para el tejido social. Por ejemplo en el caso de las masacres y la falta de justicia que hay al respecto, eso funciona como un factor de mucha inconformidad para la población, y ello es lo que dificulta tanto la reconciliación. Mientras siga habiendo impunidad, se hace dificultosa, problemática, la convivencia entre víctimas y victimarios. Toda la estructura militar y paramilitar de la guerra sigue existiendo, y eso es lo que intimida a la población civil a buscar justicia, porque el temor persiste. Los crímenes de guerra y el genocidio gozan de la más absoluta impunidad, y eso es lo que, de alguna manera, fomenta la criminalidad común actual, tan alta por cierto, que de la misma forma goza de una absoluta impunidad.

Argenpress: Criminalidad desatada, genocidas caminando libremente por la calle, linchamientos, feminicidio..., todo esto cubierto por el manto de la más absoluta impunidad. ¿Cómo construir la paz entonces? 

Fernando Moscoso: Cada persona individual, desde su propio ámbito, deberá tratar de poner su granito de arena. Los políticos, por supuesto, tienen una gran responsabilidad en todo esto. Actualmente, por ejemplo, dentro del Congreso hay más representantes mayas que lo que hubo históricamente, y ellos pueden tener una importante cuota de aporte en las soluciones de toda la sociedad; los académicos tenemos la responsabilidad de divulgar la información, de educar a las personas en el entendimiento de las causas históricas de los problemas contemporáneos, lo que podrá ser base para que otros diseñen nuevos programas que puedan paliar estas situaciones, o solucionarlas en forma definitiva. El ciudadano común debe asumir su responsabilidad como tal denunciando la corrupción. Claro que todo esto es más fácil decirlo que hacerlo. Todos sabemos que se denuncia la corrupción, pero de todos modos nunca les pasa nada a los corruptos. Todos sabemos que quien denuncia al narcotráfico puede ser una nueva víctima fatal el mismo día, o el día siguiente de la denuncia. Todos sabemos que quien no paga el impuesto exigido por las maras, irremediablemente muere acribillado en horas. Obviamente todo esto no es fácil: las soluciones deben ser integrales y a largo plazo. No es el Estado solo, o las iglesias solas, o la ciudadanía sola, quienes vamos a encontrar las soluciones a estos problemas. La cuestión es que no se puede seguir esperando que sean "otros" los que solucionen los problemas: todos, en la medida de sus posibilidades, debemos involucrarnos y no esperar recetas de otros. Está en nuestras propias manos tomar partido, participar, aportar, buscar salidas. El problema de la violencia no se va a resolver en forma inmediata; habrá que trabajar duro por un par de generaciones por lo menos para modificar esta llamada cultura de violencia. Particularmente me resisto a designarla así: la violencia no es parte de nuestra cultura sino que es, en todo caso, una sub-cultura, como lo son la sub-cultura de los paramilitares, o la sub-cultura de las maras. Hay, sí, una cultura de indiferencia, lo que nos lleva a no afrontar con toda la fuerza del caso esta violencia generalizada.

Argenpress: ¿Qué hacer entonces? 

Fernando Moscoso: Creo que es importante que las víctimas del pasado conflicto armado interno puedan organizarse a nivel nacional de manera tal que tengan mayor fuerza al solicitar justicia, especialmente en los casos de genocidio. Si se continúa viendo con indiferencia que después de 1.000 investigaciones de crímenes masivos en comunidades mayas no habido casi ningún juicio, si seguimos viendo que después de los informes de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, de Naciones Unidas, y del informe Recuperación de la Memoria Histórica de la Iglesia católica, que investigaron exhaustivamente los crímenes cometidos durante la guerra y presentaron pruebas, todo siguió igual con la misma impunidad de siempre, si no existe una fuerza que presione al Estado para poder llevar justicia a las personas víctimas de la guerra con su correspondiente reparación, entonces cuando más tiempo se demoren las respuestas más difícil va a ser que haya justicia. Y quizá ya no va a suceder. Con el tiempo, los ancianos de los pueblos mayas víctimas de tantas injusticias ya habrán muerto, o estarán muy ancianos, y ya no será oportuna la llegada de justicia, si es que llega. Sin embargo, aunque se quiera ocultar esta historia de violencia, eso ahí está, y siempre influirá en los comportamientos sociales e individuales. La historia no se puede borrar. Por eso hace falta más involucramiento de la sociedad para resolver estos problemas, para recuperar esa historia, conocerla, darle valor, apropiársela. Sin justicia real, no se podrá resolver todo esto. Y sólo conociendo la historia podremos buscar las soluciones para los problemas actuales y mirar hacia el futuro.

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Más allá del colapso capitalista


Jorge Altamira (especial para ARGENPRESS.info)
 
Un par de ediciones atrás tuvimos la oportunidad de advertir acerca de las limitaciones insalvables de la tesis del editor principal del Financial Times, Martín Wolf, para quien la intervención del Estado como recurso último ante la crisis constituía "una ley de hierro" capaz de prevenir una desintegración de la economía capitalista.

Este mismo señor, el lunes pasado, en el mismo diario, no tuvo reparo en admitir que "el valiente nuevo mundo del sistema financiero de los Estados Unidos se está disolviendo ante nuestros ojos".

Todo lo sólido se desvanece en el aire

Sencillamente, tres de los cinco bancos de inversión que forman parte de la jerarquía superior del capitalismo (Bear and Sterns, Lehman Brothers y Merril Lynch) han dejado de existir -en tanto que los dos restantes, Goldman Sachs y Morgan Stanley-, ya están ocupando las antesalas. Una aseguradora multipropósito, AIG -con deudas superiores al billón de dólares- era puesta en la sala de terapia intensiva con escasas posibilidades de supervivencia. Nada menos que el Citibank -‘enterrado' con créditos incobrables en el quebrado Lehman Brothers, por valor de cerca de 200.000 millones de dólares-, buscaba asociarse con otro de gran porte y aun mayores problemas, el Wachovia, para intentar un salvataje de a dos. Una buena parte de los bancos regionales norteamericanos se encuentran en las vísperas de la quiebra, pero el organismo encargado de asegurar a los depositantes se ha gastado la mayor parte de los recursos para esa faena. Esto implica la perspectiva de un ‘corralito', al menos parcial, en los Estados Unidos -algo que ya están haciendo algunos Fondos monetarios (prestan a corto plazo), que manejan unos 3,5 billones de dólares. Pero donde la "ley de hierro" sufría su más duro golpe era en el anuncio del Tesoro norteamericano de que emitiría letras financieras para reforzar la capacidad de acción del Banco Central, la Reserva Federal. En otras palabras, la Reserva Federal se estaba quedando sin municiones para seguir socorriendo a los bancos con problemas y todavía más para rescatar a los bancos sin salida. Se estima que el Banco Central ha gastado ya más del 60% de las reservas de su balance -sustituyendo Letras del Tesoro norteamericano por títulos sin valor de los bancos en dificultades. Titulamos una nota anterior, "los yanquis en default", solo para enterarnos, cinco días más tarde, que los mercados de títulos estaban comenzando a descontar un default del Tesoro de los Estados Unidos (Financial Times, 15/9), algo sin precedentes. 
 
George (Alfonsín) Bush

Ya nadie discute que la crisis financiera, con epicentro en Estados Unidos, se ha convertido en mundial. El Banco de Inglaterra acaba de salir al rescate de HBOS, el principal prestamista hipotecario, que tiene un agujero de 170.000 millones de dólares entre sus activos y sus pasivos. En China, la Bolsa ha perdido las dos terceras partes desde el pico de su suba, por la simple razón de que sus Fondos hipotecarios se encuentran sobreendeudados y deben enfrentar una crisis inmobiliaria, y de que, por otro lado, se manifiesta una considerable caída de los beneficios industriales. En el caso de Brasil, la salida de capitales se ha convertido en estampida, lo que tirará abajo el edificio caro y artificial de su enorme mercado de créditos al consumo. En Rusia, la Bolsa simplemente debió dejar de operar, como consecuencia de un derrumbe absolutamente extraordinario. Todo sumado, sin embargo, el punto fundamental es que se pone ! en cuestión la gestión de la crisis por parte del gobierno norteamericano. Las decisiones de nacionalizar grandes franjas del mercado financiero, o de rescatar a algunos bancos pero no a otros, ha sido abiertamente criticada en los círculos más altos de la burguesía. Existe el temor a un desbarranque del dólar - que debería ser la víctima natural de la utilización indiscriminada de recursos de la banca central y del fisco para rescatar a los bancos en quiebra. La necesidad de un endeudamiento público extraordinario para reponer, por parte del Tesoro, las agotadas reservas de la Reserva Federal plantea definitivamente un cambio del conjunto de la gestión de gobierno, porque la crisis financiera se ha convertido en un principio de debacle general. Se perfila para Bush un final a la Alfonsín: a saber, la entrega adelantada del gobierno luego de las elecciones previstas para principios de noviembre.! 
 
Una etapa al abismo

Nos encontramos en una nueva etapa de la crisis, pero de características peculiares, porque no ha logrado encontrar sus propios límites. Hasta marzo, cuando quebró Bear and Sterns, e incluso en los meses siguientes, los bancos fueron reduciendo el valor contable de sus activos y anunciando, en forma correspondiente, pérdidas crecientes. Pero sólo en escasa medida liquidaban efectivamente esos activos y contraían efectivamente esas pérdidas. Actuaban con la expectativa de una normalización de la situación y de la posibilidad de evitar la venta con pérdidas gruesas de sus créditos o bonos. El cambio es que ahora no pueden pagar sus deudas sin vender realmente sus activos desvalorizados e incluso vender a pérdida parte de su propio capital (Lehman Brothers había desvalorizado sus activos en los libros a 85 centavos de dólar, pero ahora que los tiene que vender efectiva! mente, sólo le dan 30 centavos). Los socorros financieros de la Reserva Federal no sirvieron para normalizar nada; por lo tanto, se precipita la bancarrota. Los precios de la propiedad residencial y comercial siguen cayendo; el consumo se contrae, lo mismo que los créditos comerciales. Pero como lo demuestra lo ocurrido en los últimos días, tampoco se ha logrado contener el número o valor de las quiebras, que se van anunciando en cascada. Es toda la gestión de la crisis la que ha entrado en crisis, o sea que está planteada una crisis política en Estados Unidos. 
 
Tanto los bancos que fueron rescatados como aquellos que fueron enviados al matadero son una contraparte de otros protagonistas en el mercado de capitales, sea como prestamistas o prestatarios de capitales, o sea que su suerte afecta a toda otra gama de inversores financieros: el mercado de seguros contra defaults -o sea los que protegen a los títulos públicos o privados contra el incumplimiento del emisor- (está valuado en 62 billones de dólares) es naturalmente la primera víctima de las quiebras bancarias como también de las nacionalizaciones de los bancos - porque muchos de los seguros fueron otorgados por bancos que han quebrado o han sido absorbidos. Pero cuando se le añaden otras operaciones de seguro, como la protección (seguro) de las tasas de interés que han sido pactadas, los valores en juego se estiman en 550 billones de dólares -el equivalente a diez veces el producto bruto mundial! . Una ruptura en este mercado, llamado de derivados, entrañaría una completa dislocación de la economía internacional. El frenesí especulativo ha llevado a que la mayor parte de los bancos aparezcan dando protección contra el default, o asegurando los intereses pactados, por títulos que ellos mismos han emitido. Algunos analistas estiman que este entrelazamiento infla en cincuenta veces, por operaciones que se superponen, el capital efectivamente comprometido en estas transacciones. Pero si esto disminuye mucho el saldo neto que está en juego, no es menos cierto que su desarmado es prácticamente imposible sin sucesivas crisis. 
 
Dos caras de la misma moneda

La crisis de la gestión política del derrumbe financiero se manifestó en la decisión de dejar caer a Lehman Brothers, pero apoyar el rescate de Merril Lynch por el Bank of America, o de anunciar que no habría rescate para la aseguradora AIG para acabar metiendo 85 mil millones de dólares a cambio del 75% de su capital. El propósito del rescate como de la quiebra es siempre el mismo: evitar el hundimiento de los acreedores de los bancos siniestrados y el derrumbe del mercado de capitales y de la economía mundial. Por eso la declaración de quiebra de Lehman fue acompañada del anuncio de un financiamiento de la Reserva Federal, como si se tratara de un rescate, para que el remate de sus activos se haga en forma abrupta. Pero el rescate y la quiebra plantean dos gestiones diferentes, aunque con el mismo resultado. El rescate obliga a un banco en quiebra a continuar con operaciones deficitarias, incluso crecientes, nuevamente con la expectativa de una normalización de los mercados. En este caso, crece el tamaño y el alcance de la crisis potencial. Fue lo que hizo Japón, lo cual le ocasionó veinte años (1985-2005) de estancamiento y deflación. La quiebra, por el contrario, pretende cortar de cuajo con la progresión de la crisis, pero desata de inmediato otra crisis, cuyo alcance el poder político no es capaz de prever y cuando lo intuye se ve obligado a recular y a seguir saqueando las finanzas del Estado. El balance entre estas dos perspectivas contradictorias, pero con final idéntico, es decidido por las operaciones anárquicas del mercado. En los últimos días, ellas apuntan a una huída generalizada de las Bolsas y por lo tanto a una crisis financiera que afecta a los capitales industriales y comerciales, o sea al colapso. La crisis de gestión, o sea política, comienza a afectar también a Europa, porque a pesar de su proclamada Unión la gestión de salvataje de las empresas y bancos en crisis o quebrados corre por cuenta de cada estado nacional - no de la llamadas ‘instituciones comunitarias'. En un cierto punto, esto debería llevar a un dislocamiento político e institucional. 
 
No confundir catastrofismo con susto

Los diarios y los comentaristas, tan circunspectos hasta el momento, ahora rivalizan en títulos catastrofistas, pero no son capaces de diseñar una perspectiva. No tienen un análisis catastrofista, simplemente están asustadísimos; el problema no es el ‘viento de cola' o el ‘viento de frente' sino la combinación del derrumbe económico con las crisis políticas. Durante un par de años, el capital desafió a la ley del valor, inflando su valor más allá de su capacidad de reproducción real, pero la ley del valor se ha cobrado la afrenta a un precio enorme. Ha quedado de manifiesto que la ganancia capitalista es un objetivo muy estrecho para desenvolver productivamente la riqueza social acumulada. La crisis mundial plantea la reorganización social general sobre nuevas bases. 

Autor foto: ABBEYNEWS

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Argentina: Ferrocarriles. Historia de traiciones y de entregas (Parte IV)

Armando Luchina (especial para ARGENPRESS.info)

En 1916 se inaugura otra obra ferroviaria el túnel de cargas que partiendo desde la calle Bulnes y las vías llegan hasta el puerto de Buenos Aires. “Con un recorrido de más de cinco kilómetros, con una sola vía de trocha ancha realizaba el transporte de cargas desde las zonas de producción hasta la zona portuaria.

La estructura es de hormigón y mampostería de ladrillos con una profundidad de 15 metros para llegar a 23 metros a la altura de J.E. Uriburu, corre bajo la línea A en su mayor parte, pasando por debajo de la casa de Gobierno. En 1949 se habilitó durante un corto tiempo para el servicio de pasajeros. Se puede observar la entrada al mismo desde el puente a nivel de la calle Bulnes y las vías, mirando hacía el este a la izquierda.”

Adhiriendo a los festejos del Centenario de la Patria, la colectividad británica donó una torre-reloj, con un carillón de bronce, réplica del que existe en la Abadía de Westminster. Se la instala en la plaza Britannia o Británica y se la inaugura el 24 de mayo de 1916, se hace conocida como “Torre de los Ingleses”.

La Década Infame

Se produce en EEUU, la debacle económica de 1929. la bolsa de Nueva York se desplomó y desató la crisis capitalista que azotó al mundo. “La gran depresión”, “el crack de Nueva York”, “La caída de Wall Street” y “La Década Infame” son las frases que marcarían una época de misería, corrupción y desesperanza.

Bancos, industrias, comercios comenzaron a quebrar. Los precios de los productos agrícolas bajaron notablemente y los países comenzaron a adoptar medidas de protección que redujo el comercio internacional.

Argentina no quedó a salvo, y especialmente por su condición de país exportador se vio tremendamente afectada por la disminución del comercio exterior. El precio internacional del trigo y la carne cayeron en un 64 por ciento. También bajó la producción industrial. El Estado comenzó a cesantear a los empleados públicos. Nuestro país que siempre tuvo el problema de la escasez de mano de obra, que se suplía con la inmigración golondrina, de pronto se vio con un ejército de desocupados que emprendieron el camino obligado a la miseria. El 28% de los trabajadores, 350.000 personas, quedaron en la calle.

Linyeras, crotos, cirujas y atorrantes

En 1912 los inmigrantes habían estrenado el Hotel de Inmigrantes en Retiro, en la dársena Norte. “Allí podían quedarse hasta cinco días sin pagar un peso: era el tiempo que se calculaba para obtener un trabajo en la Argentina. Cinco días, como máximo, para conseguir "patrón". Y detrás un trabajo estable, un salario, una casita con patio y parra. Nada tan parecido a lo que venían a buscar quienes hacían fila en los puertos de Europa. Filas para venir.”(10) Esos mismos extranjeros, ahora desocupados, regresaban al puerto a buscar un sitio para estar y mendrugos de comida para subsistir.

En Puerto Nuevo se comenzaron a asentar cientos y cientos de chozas, de chapa y cartón (ni siquiera eran ranchos) que se dio en llamar “Villa Desocupación”, sus calles tenían nombres como “Calle de la Esperanza”, “Calle de la Miseria”, y otros por el estilo. 

Allí en el puerto, los desocupados, “provistos de un tachito y un cordel, y a modo de pacientes pescadores lo dejaban caer sobre un remolcador o una barcaza y esperaban que los cocineros u otros tripulantes depositaran allí los restos de comida. Cuando eso ocurría, el filántropo de turno sacudía el cordel, por si el desocupado se había quedado dormido en la espera”.

Debajo de los puentes de los ferrocarriles que iban desde Puente Alsina al Dock Sud, pasando por Avellaneda, se atestaba la gente sin trabajo. 

Comenzaron a instalarse ollas populares donde “los desocupados hacían cola con sus tachitos de lata, esperando una sopa lavada” y la enfermedad de la pobreza, la tuberculosis comenzó a hacer estragos. 

Los linyeras (nombre que tomaban de la “lingerie”, el atado de ropas que llevaban colgado de un palo sobre su hombro), inmigrantes golondrinas –generalmente italianos- que empalmaban la cosecha de su país con las del nuestro, fueron desplazados por el nuevo ejército de desocupados criollos: los crotos. La miseria devoraba a los más pobres.

“El país, los ferrocarriles, se llenaron de crotos. Los cargueros los llevaban con rumbo diverso –generalmente a la zona maicera- de a decenas por vagón, de a cientos por tren, de a miles por riel”.

Arturo Jauretche en su libro “Los profetas del odio”, explicaba la razón del nombre “croto” que se le daba al pobre peón criollo: “Siendo Gobernador de Buenos Aires don José Camilo Croto, se le quejaron los ingleses de los ferrocarriles por la cantidad de paisanos que se “colaban” en los trenes de carga. Don José Camilo resolvió salamónicamente el entredicho, limitando a 12 los “colados” en el tren de carga, y aplicando esta disposición policial, cuando los oficiales de policía en la recorrida controlaban el número de “pasajeros”, contaban hasta doce haciendo bajar el resto.

“Ustedes siguen por Croto”, decían. Y de crotos les quedó el nombre.” 

Ya que estamos de crotos, linyeras y otros pobres de solemnidad, comentemos un episodio que dio origen a otro sinónimo de pobre. Cuando la empresa Obras Sanitarias se hallaba realizando la construcción de las obras de desagüe de la ciudad, utilizaba grandes caños de cemento que al quedar en la vía pública era aprovechado por los vagos como lugar para dormir y como estos caños eran construidos por la firma “A. Torrent”, por una deformación de ese nombre, los vagos se transformaron en “atorrantes”. “Ir a parar a los caños”, era tomar la condición de atorrantes, de vagos. 

Esta legión de desocupados era tan numerosa, que “la policía montada organizaba razzias y los embarcaban en trenes cargueros que los llevaban al Norte”(9)

La crisis continuaría hasta 1937 y quedaría grabada en la memoria de los argentinos y reflejada en la literatura y en los tangos de la época.

El 6 de septiembre de 1930 un golpe de estado voltea al gobierno de Hipólito Irigoyen, que había amenazado los capitales extranjeros mediante la fiscalización de los ferrocarriles, el intento de nacionalizar el petróleo y la creación de la marina mercante. La Ley de Vialidad que perjudicaba al ferrocarril, pues abría caminos y le plantaba la competencia, se solucionó entregando poco después el transporte automotor a los capitales ingleses.

Los seguidores del “peludo” acusaban al golpe comandado por el general Uriburu de “oler a petróleo”. La compañía norteamericana Standard Oil, que según los rumores participó en la realización del golpe, comenzaba a mover los hilos para apoderarse del petróleo.

Mientras el país se debatía en la miseria, el ferrocarril se quedaba con un porcentaje del 40 al 60% de los cereales transportados, en concepto de flete y alquiler de galpones. Las tarifas de los ferrocarriles argentinos eran 50% más elevadas que las de Estados Unidos y 100% más que las de Canadá.

La situación de los hombres de campo se agravaba por los costos tan elevados de estas tarifas y se reflejaba en los volantes que se repartían con la leyenda: “El hombre de campo argentino trabaja afanosamente para alimentar a la cruel sanguijuela de la Nación, que es el ferrocarril inglés”.(9)

Damián Menéndez en su obra “Recuerdos de Córdoba” respecto a las tarifas ferroviarias dice: “Tal afán de lucro inmediato domina a las empresas ferrocarrileras, que las ha inducido a imponer tarifas mostruosas para los transportes, y en vez de ser un estímulo para la producción y fomento de los artículos regionales, constituyen un obstáculo insalvable para que sean aceptados y consumidos en cualquier mercado. (...) No es posible aquí el cultivo de cereales, no porque el suelo no los pueda producir, sino porque no deja utilidad pagando los enormes gastos del transporte.”

Pocos días después del golpe revolucionario se crea la Confederación General del Trabajo. Esta central obrera carecía de local, no tenía fondos ni empleados y era una unión de algunos gremios, principalmente de los ferroviarios, nucleados en la Unión Ferroviaria. El ferroviario Luis Cerutti ocupaba la secretaría general de la central obrera. Entre las medidas que impulsaban en una época de desocupación que afectaba a todo el país, estaba la jornada laboral de 40 horas y la implantación del “sábado inglés”.

Participar en las pérdidas, nunca en las ganancias

En 1931 las empresas ferroviarias británicas del Ferrocarril Oeste y el Central Córdoba, dispusieron suspender el escalafón vigente y rebajar los sueldos del personal “como consecuencia de la difícil situación financiera por que atraviesan”. Las medidas tuvieron que ser aceptadas por la Fraternidad y la Unión Ferroviaria. 

En 1933 se producen nuevas rebajas de sueldos, esta vez en el Ferrocarril Sud, con el pretexto de “equilibrar la economía (del ferrocarril) que se ve afectada por la disminución de ingresos”. Sin embargo una noticia aparecida unos meses antes, desmentía la supuesta crisis financiera por la que atravesaban las empresas: “Abonarán dividendos los Ferrocarriles del Sud y del Oeste de Buenos Aires,. La noticia causó gran satisfacción en el mercado londinense...”

Pero no sólo las empresas ferroviarias, en medio de la crisis, seguían obteniendo beneficios: la sucursal local del National City Bank of New York duplicó su capital en 5 años. “Molinos Harineros y Elevadores de Granos del Río de la Plata”, en el balance de 1930 anotaba una utilidad que representaba el 71% el capital nominal. Durante 1932, según un folleto confidencial de la Cámara Inglesa de los Comunes, los frigoríficos que industrializaban la carne argentina obtuvieron beneficios de 93,42%... Al mismo tiempo que la crisis capitalista azotaba al mundo, las empresas extranjeras y sus socios vernáculos continuaban embolsando sus ganancias... a costa de la miseria del país.

El pacto de la entrega

En agosto de 1932 se realizó en Ottawa, Canadá, una Conferencia entre Gran Bretaña y sus dominios en la cual se resolvió aumentar los derechos que gravaban a los productos de otros países, como la Argentina e incluso imponía cuotas de importación a los mismos.

El presidente Justo, envió inmediatamente una delegación a Londres, encabezada por el vicepresidente de la Nación Julio A. Roca, para solicitar que esas restricciones no le fueran aplicadas a los productos argentinos. Roca llego a decir en una de las reuniones que la Argentina “es desde el punto de vista económico, una parte integrante del Imperio Británico”

El vicepresidente argentino Julio Roca (h) firma en Londres con el ministro de comercio británico Runciman, el 1° de mayo de 1933 el Tratado Roca-Runciman por el cual la Argentina evita la restricción de la compra de sus carnes pero “asegurando un trato benévolo” a las inversiones británicas.

“Por la cláusula 5 de ese tratado nefasto los frigoríficos “argentinos” de capital inglés y norteamericano serán en adelante regulados y controlados con absoluta prescindencia del gobierno argentino”. Será el gobierno inglés quien dirá qué cantidad de animales deberá faenar cada uno, controlando así el comercio de carnes argentinas. La cláusula prohíbe además que el Estado argentino o capitales privados argentinos construyan frigoríficos que elaboren más del 15% del caudal de carne. 

Gran Bretaña exigía también el control de la moneda , el control de los créditos, el control del transporte automotor, el control de la electricidad... como decía Roca: la Argentina es parte del Imperio Británico.

El 28 de diciembre de 1933 estalló una revolución dirigida por uno de los oficiales más prestigiosos del ejército, el coronel Francisco Bosch, que fue sofocada. Uno de los propósitos de los revolucionarios era denunciar el pacto económico con Inglaterra.

El gobierno se muestra preocupado por la competencia perjudicial de los ómnibus hacia el ferrocarril, lo que terminó con la cesión del transporte automotor al capital inglés.

El plan llevado a cabo en Estados Unidos para superar la crisis económica, conocido como el New Deal, que consistía en producir ocupación a través de la obra pública, fue practicado en nuestro país por el gobierno de Justo. Poco a poco la actividad comenzó a recuperarse y nuevas fuentes de trabajo comenzaron a absorber al ejército de desocupados. 

Después de 1935 se produjo la reactivación industrial. En el año 1937 la desocupación prácticamente desapareció. Los grandes contingentes de desocupados rurales que habían llegado las ciudades de Rosario, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires en busca de un trabajo durante la crisis, ahora pasaban a ser obreros las nuevas industrias. Y otros nuevos se sumaban, especialmente a Buenos Aires, atraídos por la apertura de nuevas industrias. “De este modo los criollos de las provincias tradicionales sustituían la mano de obra extranjera cuya inmigración había disminuido abruptamente.”(9)

Comenzaba el fenómeno de los “cabecitas negras” invadiendo la ciudad de Buenos Aires, que no fue un proceso social creado por el peronismo, se produjo con anterioridad. El gobierno justicialista lo que hizo diez años después fue multiplicarlo gracias a un desarrollo industrial que requirió de gran cantidad de mano de obra e impulsó la llegada de gente del interior en busca de trabajo.

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Minería en Argentina: Su legislación (Parte II)

María Cristina Betti (MORENO)

A lo largo de la historia argentina, la minería oficial ha sido ejecutada por diferentes órganos nacionales y provinciales, en las distintas actividades vinculadas a la prospección, exploración -y en menor medida a la explotación – de los recursos minerales. 

En primer término, hay que mencionar la Dirección General de Fabricaciones Militares, creada en 1941 por la ley 12.709 para fomentar el desarrollo abasteciendo a las fábricas e industrias del país. Se destacó por su participación en la expansión de la industria siderúrgica pesada, por la explotación ferrífera en la provincia de Jujuy y del azufre en la puna salteña, y su ambicioso programa de aprovechamiento de reservas de hierro en Sierra Grande. También aportó avances a la investigación geológico-minera. Esta repartición del Estado no existe más, tras la reforma del sector público realizada por la administración de Carlos Menem.

Para encarar el proyecto de Río Turbio en la provincia de Santa Cruz., se creó la Dirección General de Yacimientos Carboníferos Fiscales (DGYCF), la cual dejó de existir cuando se privatizó su explotación. En tanto, en la década del 50 nació la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que encara hasta hoy estudios de prospección, e incluso exploró y explotó recursos uraníferos hasta el año 1995.

Entre 1960 y fines de los ´70, La DGFM, CNEA y la Secretaría de Minería encararon diversos proyectos apuntando a la exploración y explotación del territorio argentino. Con este fin se lanzaron numerosas iniciativas regionales, como resultado en algunos casos de convenios de la Nación con las provincias o con organismos internacionales. Entre ellos, el Plan Cordillerano (1963-1968), el Plan Cordillerano Centro (1968-1969), el Plan La Rioja (1966), el Plan NOA I Geológico Minero (1969-1975), el Plan Mendoza (1973-1979), la exploración del depósito Bajo de la Alumbrera (que empezó en 1974), entre muchos otros.

Minería en el cambio de siglo

A la salida de la dictadura militar 1976-1983 Argentina -como muchos otros países latinoamericanos- se reencontraba con la vida democrática. En ese marco, la necesidad de fortalecer las instituciones, la investigación sobre las violaciones de los derechos humanos conculcados por el gobierno anterior y fuertes problemas económicos –de la mano de una creciente deuda externa- relegaron a las labores mineras tanto estatales como privadas.

Por esto, quizás no sea de extrañar que la década del ochenta no sea objeto de atención para los historiadores de la minería. Denominada por algunos la "década perdida", aquellos diez años no presentaron mayores novedades en cuanto a la actividad minera, salvo la conclusión de varios de los planes comenzados en décadas previas. Ni el sector público ni el privado decidió en esos tiempos ir a fondo en la minería argentina. Desde el gobierno de Carlos Menem, la presencia del Estado Nacional en la materia se ha reducido a un control y la auditoría de la inversión privada en el sector. En tanto en explotación –con la excepción del yacimiento de carbón de Río Turbio, que ha vuelto recientemente a la esfera estatal- sólo hay compañías provinciales, como Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD) y Fomento Minero de Santa Cruz (FOMICRUZ), que tienen participación minoritaria en proyectos de empresas multinacionales.

Benditos años 90

A partir de la Reforma del Estado, en 1989, los organismos internacionales de crédito -más concretamente el Banco Mundial- promovieron un marco institucional tendiente a favorecer el desarrollo de la minería de gran escala, actividad que requiere una fuerte inversión energética y el cuidado ambiental. Así es que a finales de 1991, el entonces vicepresidente del BM Lawrence Summers, alentaba “la transferencia de las industrias sucias hacia los países menos desarrollados”.

Desde los primeros años de los ´90, la Argentina comienza a referenciarse como un creciente productor minero, con grandes proyectos en ejecución que se extienden a lo largo de su territorio, y que han generado significativas ganancias a los empresarios e incrementado considerablemente el saldo de la balanza comercial. Para lograrlo se modificó la legislación minera en función de las necesidades de las empresas, y fue el Banco Mundial el que dió un impulso determinante para completar la ingeniería jurídico-técnica necesaria, prestando a la Argentina u$s 69,5 millones, entre 1996 y 1998, para que el país reconvirtiera ampliamente su sector minero. 

La nueva legislación consagró la inhibición del Estado argentino para emprender la explotación de yacimientos minerales; la importación libre de maquinarias, equipos, repuestos e insumos mineros; la devolución de IVA sobre la importación de bienes y servicios destinados a la inversión, y la exención de impuestos sobre los activos. Se limitaron las regalías al 3% del valor del mineral en boca de pozo, pero además deduciendo una serie de costos que se especificarían por ley y resoluciones. Esta reforma dejó fuera de contexto todas las regalías y las posibilidades de las provincias de tener ingresos

Las inversiones, que no alcanzaron a un promedio de diez millones de dólares anuales en la década del ´90, superaban los u$s 80 millones anuales en los primeros años de este milenio. Las empresas mineras quintuplicaron la producción entre 2001 y 2005 -el cobre y el oro fueron los objetivos principales- y la renta anual fue subiendo de 170 a 500 millones de dólares. La devaluación de 2002 impactó claramente en la minería: los costos sufrieron una gran baja y el excedente por unidad se duplicó. El aumento de la ganancia coincidió con la suba del precio internacional del oro, hoy a u$s 800 la onza. 

En un momento la nación y las provincias le terminaron debiendo a las empresas. En la producción de oro, durante el período de inversión el Estado sólo se apropió del 2% de regalías, todo lo demás fue para las empresas privadas.

Exenciones y beneficios 

El Código de Minería y otras normas establecieron grandes beneficios y exenciones impositivas a quien desarrolle la actividad minera.
 
En su art 214, el Código establece que durante los cinco primeros años de la concesión, contados a partir del registro, no se impondrá sobre la propiedad de las minas otra contribución que no sea el canon impuesto por el art 213. Esta exención fiscal alcanza a todo gravamen o impuesto, cualquiera fuere su denominación ya sea nacional, provincial o municipal, presente o futuro, aplicable a la explotación y a la comercialización de la producción minera. La exención beneficia exclusivamente al propietario de la mina y a todos los procesos a que fueren sometidos por él los minerales que extraiga, hasta que sean vendidos a terceros.

Quedan excluidas de esta exención las tasas por retribución de servicios y el sellado de actuación, el cual, en todo caso, será el común que rija en el orden administrativo o judicial.

El comienzo del período de exención impositiva, coincide con el registro (arts. 51 y 52), que también marca la iniciación del plazo para el pago del canon de explotación (art. 216), para presentar el plan de inversión, y el momento en que se puede iniciar la explotación de la mina (art. 54), sin perjuicio de que el título definitivo de propiedad y la plena y legal posesión de la mina recién se obtenga con la diligencia de mensura y la entrega de copia de la misma (art. 244). 

Ley de inversiones extranjeras Nº. 21.382

La ley Nro 21.382, promulgada en 1993, define el marco legal vigente para las inversiones extranjeras. La misma, tiene como destinatarios a los inversores extranjeros que inviertan capitales conforme lo detalla la ley, determinando que dichos inversores tendrán los mismos derechos y obligaciones que la Constitución y las leyes establecen para los inversores nacionales. El tratamiento igualitario para inversores nacionales y extranjeros implica que la empresa minera extranjera, que considere que no fue tratada igualitariamente, puede demandar al Estado por este trato desigual. 

El art 5 de la ley faculta a los inversores extranjeros para transferir al exterior las utilidades líquidas y realizadas provenientes de sus inversiones, así como repatriar su inversión. También podrán utilizar cualquiera de las formas jurídicas de organización previstas por la legislación argentina. 

Tratado de integración minera con Chile 

Este tratado contempla la explotación integrada de yacimientos compartidos y fue necesario suscribirlo debido al gran número de yacimientos ubicados en regiones de interés común. Beneficia particularmente a quienes emprendan proyectos mineros binacionales evitando la doble tributación. Adicionalmente, varios proyectos de infraestructura promovieron la integración entre ambos países. Se firmó y puso en marcha el protocolo específico para el proyecto Pascua- Lama y El Pachón.

El art 4 establece que ninguna de las Partes someterá a los inversionistas de la otra Parte a un trato menos favorable que el otorgado a sus propios nacionales y sociedades.

El art 7 establece que las Partes acuerdan que las personas domiciliadas residentes o constituidas en cada uno de los países, se sujetarán en lo relativo a la tributación interna que las afecte, a la legislación interna de cada Parte, o a los acuerdos específicos para evitar la doble tributación. 

Ley de inversiones mineras Nº. 24.196

El régimen de fomento a la actividad minera actualmente vigente se encuentra en la Ley 24.196 de Inversiones Mineras(1). Solo las personas físicas o jurídicas (empresas y provincias) que se acojan a la ley podrán obtener los beneficios establecidos en ella.

Esta ley, otorga beneficios exclusivamente para quienes realicen nuevas inversiones en el sector, y consisten en:

- estabilidad fiscal, arancelaria y cambiaria para los nuevos proyectos mineros por treinta años a partir de la presentación del estudio de factibilidad;

- doble deducción de los gastos de exploración; 

- amortización acelerada de las inversiones en infraestructura y equipamiento; 

- exención del impuesto sobre los activos; 

- exención de derechos de importación. 

En el transcurso de su aplicación, el régimen de Inversiones Mineras demostró tener serios inconvenientes que fueron parcialmente remediados mediante la reforma introducida por la Ley 25.429 (2001). 

Como el régimen de inversiones mineras es un conjunto de normas esencialmente tributarias, su adecuada aplicación también requirió ser reglamentada por el Decreto 1089/03 del 7 de mayo de 2003. Este decreto fundamentalmente vino a aportar precisiones y algunas modificaciones respecto al alcance del beneficio de estabilidad fiscal, la deducción de costos de exploración de proyectos abandonados, y el método para evitar la pérdida de quebrantos acumulados por el uso del beneficio de amortización acelerada; así como a reglamentar el modo de recuperar los créditos fiscales de IVA acumulados en tareas de exploración. 

Regalías

La ley de Inversiones mineras 24.196 establece en su artículo 22 que las provincias que adhieran a la ley y que perciban regalías o decidan percibir, no podrán cobrar un porcentaje superior al tres por ciento (3%) sobre el valor ´boca mina´ del mineral extraído, lo que generó conflicto en relación a qué es lo que se consideró ´boca mina´.

La ley 25.161 reforma la ley Nº 24.196, que instituyó un Régimen de Inversiones Mineras para dicha actividad, modificando su art 22 bis, poniendo claridad jurídica al litigio que se había suscitado, estableciendo que se considera “mineral boca mina´´ al mineral extraído, transportado o acumulado, previo a cualquier proceso de transformación.

Se define el ´valor boca mina´ de los minerales o metales declarados por el productor minero, como el valor obtenido en la primera etapa de su comercialización, menos los costos directos u operativos necesarios para llevar el mineral de boca mina a dicha etapa, con excepción de los gastos y/o costos directos o indirectos inherentes al proceso de extracción.

Ley 25.429 

Beneficios a la exploración

El beneficio introducido por la Ley 25.429 establece que deberán devolverse los créditos fiscales de IVA acumulados a partir de la contratación de bienes y servicios destinados a tareas de exploración. 

Mejoras en el impuesto a las ganancias

Otro problema similar al que acabamos de describir se producía al aplicar el beneficio de amortización acelerada de las inversiones efectuadas en infraestructura y equipamiento de los proyectos mineros. 

Conforme al artículo 13 de la Ley 24.196 en su texto original, el inversor minero debía aplicar el régimen de amortización acelerada, con lo que la totalidad de su inversión inicial se amortizaba en tres años, y los consecuentes quebrantos caducaban a los cinco años. En consecuencia, cualquier proyecto cuyo plazo de recupero de la inversión fuera superior a ocho años, perdía la posibilidad de deducir una parte de su inversión inicial, generando una seria desventaja para los grandes proyectos con largos plazos de recupero.

La ley 25.429 soluciona este problema permitiendo al inversor optar entre el sistema normal o el acelerado, y diferir la deducción de las amortizaciones aceleradas hasta el año en que el inversor genere ganancias que las absorban o finalice la vida útil del activo, evitando así la caducidad de los quebrantos. Este sistema ha sido adaptado del sistema impositivo canadiense, donde habitualmente se lo denomina ´pooling´, en referencia a que el monto de las amortizaciones se guarda en un fondo (´pool´) hasta que haya ganancias que lo absorban.

Acuerdo federal minero ley 22.428

En el acuerdo Federal Minero (Ley 24.228) el Estado Nacional y las provincias acordaron eliminar todo gravamen, tasas municipales e impuesto a los sellos.

Decreto Nº 613/2001

El decreto 613/2001 establece la exención del impuesto al cheque para la actividad minera, cuando para el resto de las actividades la tasa es del 6 por mil. 

Derecho de las comunidades aborígenes

Uno de los conflictos sociales más importantes que ha provocado el despliegue de la megaminería en el país, ha sido con las comunidades indígenas, cuyas tierras han sido invadidas y su modo de vida perjudicado por la explotación minera.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), celebrado en Ginebra en 1989, sobre Pueblos Indígenas y Tribales, fue ratificado por nuestro país y está vigente por Ley Nacional Nº 24.071. Establece en el art. 6 que “los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente” (Art. 6.1.a). Asimismo, “las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán ejecutarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas” (Art. 6.2). Como surge de este texto, se debe tender a llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento sobre las medidas, generar un diálogo entre el gobierno y los pueblos, intercambiar argumentos y contra argumentos, y arribar a una solución justa. El artículo hace referencia a que la consulta no puede ser una audiencia formal, sino una reunión entre las instituciones representativas, para lograr una medida que deje conforme a ambos sectores, por medio del debate serio, firme y planteado de buena fe.

El artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional (Ref. 94): establece que el Congreso debe: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan... Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten”. Al ser un derecho meramente programático y no operativo -su ubicación está en atribuciones del Congreso y no en la parte General- el mismo debe ser armonizado con las disposiciones del artículo 17 de la Carta Magna, que garantiza la Propiedad Privada... “que sea reglamentada por la ley del Congreso”.

La ley 23.302, promulgada en 1985, estableció que los territorios ocupados originariamente por los indígenas debían ser devueltos. En caso de que las comunidades estuvieran emplazadas sobre terrenos fiscales, éstos debían ser entregados directamente, y si figuraban a nombre de particulares, debían expropiarse.

Las alteraciones ambientales se llevan a cabo sin respetar el derecho a la participación de las poblaciones afectadas. Existe en Latinoamérica un modelo reiterado, en virtud del cual se elaboran proyectos de desarrollo a gran escala, que producen un daño ambiental irreparable en tierras que pueblos indígenas han utilizado, ocupado y reclamado históricamente; tales planes se llevan a cabo sin previa evaluación de los impactos ambientales y sociales ocasionados y sin proporcionar la información adecuada y oportuna a las partes afectadas; produciéndose severas violaciones de los derechos de las comunidades interesadas. 
 
La tierra es la madre para todos los pueblos indígenas. Para ellos el territorio no es sólo una porción de hectáreas sino un ecosistema relacionado íntimamente con su cosmovisión. Es por eso que la demanda por el reconocimiento de las tierras que ocuparon tradicionalmente constituye el motor de todos sus conflictos. 

Ver tambien:

Notas:
1) Ley 24.196 (1993), modificada por Leyes 24.296 (1994), 25.161 (1999) y 25.429 (2001), y reglamentada por los Decretos 2686/93, 245/95, 1403/97, 111/01 y 1089/03. 

María Cristina Betti es Abogada – Profesora de Derecho de Minería y Energía, UNLaPlata. Integrante del MORENO.

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Argentina: Se demora la Ley de Radiodifusión

LA ARENA

La nueva normativa debería fijar la relación entre el Estado, los gobiernos y los medios. Y defender el derecho a la comunicación social en la comunidad. La oposición aprovecha su condición y el oficialismo se llama a silencio.

En el punto más ríspido de la disputa entre el Gobierno nacional y el sector ruralista, la Casa Rosada reflotó una vieja deuda de la democracia: sancionar una ley de radiodifusión que reemplace a la polémica 22.285 del período dictatorial. Sin embargo, ese impulso inicial se ha ido aplacando y desde hace tres meses se espera que el articulado ingrese al Congreso.

"El debate de la ley de radiodifusión ha nacido como parte del conflicto con le campo; no es ese un origen feliz y, para peor, se ha planteado en términos de te gano un artículo o te gano otro", comentó Henoch Aguiar, especialista en comunicación y docente de la UBA, al relacionar el complejo entramado político puesto en juego: oficialismo versus oposición, y el Gobierno contra los medios. "Me animaría a decir que si dejan de tomar a la ley como un River-Boca, se podría marcar un gol compartido; éste es un debate que hace a la esencia de la comunidad", completó.

En lo fundamental, la futura ley de radiodifusión debe, necesariamente, contemplar tres aspectos: regular derechos (a la comunicación social), tener ingerencia sobre garantías (libertad de expresión) y regular condiciones técnicas y jurídicas. Pero, más aún, la normativa fijará la relación entre el Estado, los gobiernos y los medios.

No es la primera vez que un proyecto de estas características parece a punto de llegar al Congreso. Desde el regreso de la democracia, han fallado sistemáticamente los intentos por reformular la ley de radiodifusión en los gobiernos de Raúl Alfonsín, Fernando De la Rúa y Eduardo Duhalde; y durante la presidencia de Carlos Menem ni siquiera se intentó llevar el tema al Parlamento pero fue la administración que más modificó la 22.285, decretos mediante.

"Mal se habla de la ley de los militares porque lo que hoy tenemos es la ley que hemos ido esculpiendo con martillo y decreto - graficó Aguiar -; desde el '83 en adelante no hubo suficiente voluntad política para impulsar un proyecto en serio, y al mismo tiempo, desde el sector privado se percibió que es preferible seguir reinterpretando las reglas junto a un interventor del Comfer o un Poder Ejecutivo amigo."

Pero en los gobiernos kirchneristas la relación entre el poder político y los medios de comunicación ha sido por demás ambivalente, con momentos de sintonía y otros de choque abierto y descarnado. De este vaivén, precisamente, salió el último intento de avanzar sobre radiodifusión, aunque, hasta ahora, no pasó de amague.

Según deslizó el diario "Critica de la Argentina" en un artículo del mes pasado, en las últimas semanas una serie de reuniones entre el ex presidente Néstor Kirchner y Héctor Magnetto, CEO del Grupo Clarín, aquietó las aguas. Y la demora en la llegada de la ley de Radiodifusión al Parlamento ya levantó suspicacias desde la oposición.

"Son los rumores que se corren y uno no quiere prejuzgar, pero cuando lee un poco y hace memoria sobre la conducta de ciertos actores, hay buenas sospechas para pensar siempre lo peor - dijo el diputado Fernando Iglesias (Coalición Cívica) al ser consultado por la demora del proyecto - rumores que vienen rodando desde hace meses, que se hacen más fuerte cuando el Gobierno se pelea con los medios concentrados y se debilitan, como ahora, cuando parecen que llegan a un acuerdo".

21 puntos

Hasta el momento, de la iniciativa que impulsa el Poder Ejecutivo sólo se conocen "los 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación", una suerte de principios sobre los que debería descansar el proyecto. En ellos se plantea la pluralidad informativa, la desconcentración y se privilegia la libertad de expresión, con los cuales los partidos de la oposición dicen acordar pero se reservan dudas sobre cómo se los instrumentará. "Los 21 puntos están muy bien, pero de ellos puede salir una muy buena ley o un desastre. El diablo se esconde en las comas, una palabrita de más o una palabrita de menos destroza la ley", opinó Aguiar.

Sucede que lo que está en juego es un derecho de la comunidad que constantemente entra en conflicto con los intereses político partidarios y, fundamentalmente, económicos. "Un valor fundamental para las sociedades modernas es el derecho a ser una sociedad informada; nada sirve mejor al desarrollo democrático", explicó la periodista y diputada cordobesa Norma Morandini en un reciente seminario desarrollado en el Congreso de la Nación. "Los medios de comunicación no pueden ser equiparados con una empresa que fabrica vasos porque el producto es lo que las diferencia", dijo argumentando la necesidad de tratar una ley de radiodifusión integral y no como una regulación más.

Concentración

La posesión de los medios de comunicación da una cuota de poder nada despreciable si se tiene en cuenta que, como dice Morandini, "la política y la prensa se legitiman, mal, por los números: la política mira las encuestas, y la TV el rating", despreciando, ambas, a la ciudadanía. Lo cierto es que mientras oposición y oficialismo hablan de pluralidad y desconcentración, en Argentina son dos o tres los grupos económicos que manejan la agenda de temas de interés. Y la futura ley de radiodifusión parece depender, precisamente, de los vaivenes en la relación entre los gobiernos de turno y estos conglomerados mediáticos.

La original ley 22.285 limitaba en cierta medida la cantidad de frecuencias (de radio y tv) que podría tener un licenciatario, sin embargo, posteriores decretos de Carlos Menem ampliaron ese número generando las facilidades para que algunos grupos salgan beneficiados. Desde entonces, según un trabajo de la CTA, diecinueve multimedios dominan más del 70 por ciento de los medios de comunicación de la Argentina y, en definitiva, son quienes determinan la información que se recibe (y aquella que no).

El Grupo Clarín es el principal, seguido por otros como La Nación, AMICH (del que participaría Raúl Moneta), TyC, ADMIRA (ex Telefónica de España), América Multimedios, Grupo Uno - Vila /Manzano, Hadad, Liberty, Prisa, Atlántida, Recoletos, CIE, Héctor García, Grupo Aldrey Iglesias, Editorial Televisa. Y por si fuera poco, muchos de ellos se cruzan entre sí.

"En Argentina hay 13 diarios de tirada nacional, entonces, pluralidad, tenemos - aseguró la diputada nacional Silvana Giudici, presidenta de la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja - lo que sí hay es concentración, y hay que tender a la desconcentración", explicó. Según la legisladora, la única manera de cambiar la situación es "con una reforma creíble, donde todos sientan que son parte de la discusión y, por sobre todas las cosas, se intente favorecer a los medios chicos, esas voces que no tienen la misma capacidad de ser escuchadas porque no reciben el respaldo de los grandes anunciantes".

Consultado al respecto, Henoch Aguiar remarcó que no es lo mismo monopolio que concentración: "En Buenos Aires, entre los canales de cabecera, lo grandes diarios y las FMs y AMs, tenemos cierto nivel de competencia - con concentración por parte de Clarín de casi el 50 por ciento del cable - pero siempre hay alternativas para escuchar otras voces; el problema es que sobre esa diversidad viciada de concentración, en las capas más locales (las provincias) tenemos lugares donde un grupo empresario aliado a un grupo político pasa a ser el titular de los medios dominantes." Tal es el caso de Vila/Manzano en Mendoza o CIE y Clarín en otros distritos.

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Argentina: Los pibes de la provincia de Buenos Aires

Carlos del Frade (APE)

“Misteriosa Buenos Aires” era el título de una de las novelas más emblemáticas del aristócrata escritor Manuel Mugica Láinez. Una obra que hablaba de los submundos que albergaba el origen de la que sería la capital de la Argentina. En aquellas crónicas abundaban los relatos de los esclavos negros que estaban en la base de las riquezas que se iban constituyendo en estos arrabales del mundo.

Aquel misterio de Buenos Aires tomó otro vuelo a principios del siglo veinte a partir de la exaltación del tango como marca de identidad.

Y hasta hubo tiempos en los que la ciudad, la “reina del Plata”, adquirió cierto brillo de comarca progresista y sensible.

A principios del tercer milenio, a menos de dos años del bicentenario de aquel sueño colectivo inconcluso que fue el primer gobierno patrio -según califican las efemérides-, Buenos Aires exhibe otro panorama.

El gobierno de Mauricio Macri, hijo de un empresario que siempre gozó de los beneficios del poder de turno, ya sea en democracia como en noches carnívoras, ha puesto en la superficie de lo cotidiano aquello que antes se narraba en voz baja.

Taxistas, cuidacoches, trabajadores municipales, desalojos contra los empobrecidos y mano dura contra los que menos tienen, parecen ser las características de estos días.

El hombre que sueña con ser presidente en 2011 no escatima en castigar siempre hacia abajo, haciendo visible aquel sentimiento que anidaba en los personajes de ficción de Láinez que castigaban a los que consideraban esclavos eternos.

La toma de los colegios de la ciudad capital, protagonizada por centenares de adolescentes, demuestra que la decisión política de Macri es directamente proporcional a los intereses de la clase dominante de la que forma parte.

No hay misterios en este manejo político de Buenos Aires.

Para la Defensoría del Pueblo, los castigados por la decisión de Macri de cortar las becas de estudio son los que menos poseen en estas tierras.

El 58,6 por ciento de las becas que el gobierno porteño denegó “corresponden a hogares que están por debajo de la línea de pobreza, el 3,6 por ciento está por debajo de la línea de indigencia y el 37 por ciento pertenece a hogares con ingresos inferiores al valor de la canasta básica”, señala la información periodística.

El organismo agregó que “el 80 por ciento de las becas rechazadas lo fueron "de plano" sin ningún tipo de explicación hacia el alumno o su grupo familiar, en el 10,1 por ciento se argumentó que tenían errores en la confección de los formularios y en el 9,7 por ciento de los casos, que ya recibían una beca del gobierno nacional”.

Los más castigados por la decisión política de la administración de Macri son los sectores ya castigados, los más empobrecidos de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Así avanza la “reina del Plata” en las aguas turbulentas del principio crepuscular del tercer milenio.

Sin ningún tipo de misterios, el gerenciamiento de Mauricio pone proa a un tiempo de señores feudales, tecnología y exclusión.

Las imaginadas perversiones de Láinez apenas pueden contabilizarse como anécdotas en estos días de desalojos y becas rechazadas.

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Venezuela: Expulsado José Miguel Vivanco dirigente de Human Rights Watch

El gobierno de Venezuela expulsó al director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien salió del país durante la noche del jueves, después de que dio una conferencia de prensa en la que hizo acusaciones graves a las autoridades locales.

El canciller, Nicolás Maduro, juzgó que la decisión está "totalmente ajustada a derecho" y a lo que establece la Constitución, en lo referido a "la obligación y el deber de defender la soberanía".

El dirigente fue llevado al aeropuerto de Maiquetía y durante la noche salió "del espacio aéreo venezolano", dijo Maduro.

El ministro declaró que "de manera abusiva y grosera, el señor Vivanco presentó una rueda de prensa donde vilipendió a las instituciones de la democracia venezolana".

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Guatemala: Preocupa que la población pida presencia militar por delincuencia

CERIGUA 

Durante tres meses han ingresado al Ministerio de Defensa 21 solicitudes para que envíe efectivos militares en zonas afectadas por la delincuencia, destacó un medio local, a lo que activistas de derechos humanos señalaron que se está creando una buena imagen del ejército en detrimento del poder civil. 

De acuerdo con Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo, existe la intención de generar una imagen del ejército como profesional y de hacer ver a la policía como corrupta, esto provoca que la población pierda confianza en las autoridades civiles y pida que sean los efectivos militares quienes patrullen las calles.

Por su parte, Rosalina Tuyuc, de la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) dijo que habría que investigar quiénes están haciendo esa clase de solicitudes ya que pueden ser ex comisionados militares, ex miembros de patrullas civiles o personas que tienen afinidad con el ejército.

Tuyuc señaló que la delincuencia que existe en el país proviene de dos grandes grupos, el del crimen organizado y de la delincuencia común; yo creo que el primero tiene una intencionalidad detrás de sus acciones de que el ejército se haga cargo de la seguridad, indicó. 

A la gente común y corriente no le interesa quien brinda la seguridad sino la presencia de agentes en los lugares públicos dijo Tuyuc, aunque reconoció que la población está perdiendo confianza en los agentes de la policía nacional.

Nuestra posición es contra de la militarización, ya que el ejército siempre ha estado en las calles y esto no ha evitado que se cometan todo tipo de crímenes, señaló la lideresa indígena.

Por otro lado Polanco indicó que lo ocurrido en San Pedro Yepocapa, donde fue linchado un supuesto delincuente es preocupante, porque refleja una situación de inestabilidad e ingobernabilidad; yo creo que la gente se encuentra totalmente desamparada y lo que puede ocurrir es que cada vez se den más estos actos, dijo.

De acuerdo con la información de Prensa Libre algunas de las solicitudes de efectivos militares están firmadas por diputados, alcaldes municipales, jueces y hasta vecinos.

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México: Creció en 6 años 50% adicción a las drogas, no es mucho dice el gobierno de Calderón

INFODEMEX

En sólo seis años creció 50 por ciento el número de personas adictas a las drogas ilegales y en 30 por ciento la cifra de quienes alguna vez las han consumido, pero el grupo de mujeres de entre 12 y 25 años de edad, dependientes de cocaína y drogas de diseño, aumentó seis veces en el mismo periodo, revela la Encuesta Nacional de Adicciones 2008.

Aunque para el titular de la Secretaría de Salud, del gobierno de Felipe Calderón (FECAL), José Angel Córdova Villalobos, el incremento “no es mucho, porque no son millones”, del total de adictos –alrededor de 500 mil en el país– sólo 16 por ciento ha acudido o acude a tratamiento, además de que 20 por ciento de la población general los ve como “delincuentes”.
 
Al presentar los resultados del estudio, el funcionario resaltó que lo más preocupante es la alta disponibilidad de las drogas para los adolescentes. Hasta 43 por ciento de los jóvenes de entre 12 y 25 años de edad está expuesto a ellas. De éstos, la mitad llega a consumir la sustancia de manera experimental, 13 por ciento pasa al uso frecuente y 2 por ciento de los hombres y 1.2 por ciento de las mujeres llegan a niveles de dependencia.
 
Respecto de las mujeres, la encuesta destaca que si bien para ellas es menor la exposición, cuando consumen lo hacen igual que los varones, y en los pasados seis años el uso de drogas aumentó a mayor velocidad entre la población femenina con respecto a los hombres, y de hecho se duplicó, al pasar de 0.9 a 2 por ciento. Significa que existen aproximadamente 800 mil mujeres que alguna vez en la vida han consumido enervantes.
 
En tanto, en la población masculina el incremento fue de 15 por ciento, al pasar de 7.99 a 9.2 puntos porcentuales. Así, todavía son más los hombres consumidores. Por cada 4.6 de ellos hay una mujer.
 
La encuesta, que fue aplicada en más de 50 mil hogares encontró que entre 2002 y 2008, el número de personas que alguna vez han probado alguna droga pasó de 3.5 a 4.5 millones, equivalente a un aumento de 29 por ciento. En el mismo lapso, la cantidad de adictos aumentó de 307 mil a 465 mil.
 
En cuanto al tipo de sustancia, sobresale que el consumo de cocaína se duplicó, y de 1.3 por ciento subió a 2.5, aunque la de mayor preferencia sigue siendo la marihuana con 4.4 por ciento de usuarios. En 2002, el porcentaje era de 3.8 por ciento.
 
Le siguen los inhalables, con 0.7 por ciento, y las metanfetaminas, con 0.5. Después están los alucinógenos, preferidos por 0.4 por ciento de los consumidores, y la heroína elegida por 0.2 por ciento de las personas.
 
Durante la conferencia de prensa en la que se presentaron los resultados preliminares de la encuesta –dentro de dos meses estarán listos los datos de adicciones en cada estado–, María Elena Medina Mora, directora de Investigación Epidemiológica del Instituto Nacional de Psiquiatría, recordó que por el territorio mexicano circula una gran cantidad de droga y que la oferta se ha incrementado en los años recientes, además de que ha habido una disminución en los precios de los estupefacientes.
 
De ahí que también exista una gran disponibilidad y exposición, principalmente entre los jóvenes, que son la población más vulnerable a caer en las adicciones. En 82 por ciento de los casos, la exposición se da en las escuelas y en la población de 12 a 25 años de edad. Todavía más grave es el hecho de que 17 por ciento de los adolescentes que decidieron consumir la droga, la obtuvieron regalada.
 
En la comunidad, el grupo de 26 a 34 años tiene 28 por ciento de exposición, y en el lugar de trabajo, 34 por ciento del grupo de 35 a 65 años es el que tiene más contacto.
 
Otros datos arrojados por la investigación –realizada por los institutos nacionales de Salud Pública y de Psiquiatría– indican que a 71 por ciento de las personas que viven en familia –así sea solamente con uno de los padres– no les han ofrecido drogas regaladas, lo que sí le ha ocurrido a la mitad de los jóvenes que no viven con ella. Además, es menos probable la progresión hacia la experimentación y el uso regular cuando se es parte de un núcleo familiar.
 
Los adolescentes de entre 12 y 17 años tienen 68 veces más probabilidad de consumir marihuana cuando están expuestos a ella que aquellos que ya han alcanzado la mayoría de edad.
 
La investigación también encontró que los adolescentes están más propensos a alcanzar un nivel de dependencia de las drogas. Una vez que han usado alguna de ellas, 39 por ciento de los jóvenes, 24 por ciento de los adultos jóvenes (18 a 35 años) y 15 por ciento de los mayores de 18 años, caen en esa situación.

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Estados Unidos: Barack Obama recupera la ventaja con un sombrío panorama económico


En encuestas nacionales dadas a conocer hoy, el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Barack Obama, recuperó la ventaja que tenía sobre su rival republicano John McCain, pues el sombrío panorama económico del país convirtió el tema en una prioridad de los votantes estadounidenses.

En la encuesta más reciente de CBS News y el New York Times se indicó que el senador por illinois Obama superó a McCain con 48 por ciento contra 43 por ciento. Por otra parte, los entrevistados señalaron que Obama tiene más probabilidades, 65 por ciento contra 37 por ciento, que McCain de llevar un cambio necesario a Washington. 

En una encuesta de seguimiento cotidiano de Gallup también se indicó que Obama tenía una ventaja de dos puntos porcentuales. 

La ventaja de Obama se desvaneció a fines del mes pasado cuando más votantes expresaron una mayor confianza en la competencia de McCain en cuanto a liderazgo y manejo de crisis. 

En una nueva encuesta de posibles votantes de todo el país dada a conocer hoy por la Universidad de Quinnipiac se indicó que el nivel de apoyo para el candidato demócrata es de 49 por ciento, en comparación con el 45 por ciento del candidato republicano. 

"El senador Obama se encuentra de nuevo en donde estaba antes de los llamados rebotes de la convención con una ventaja de cuatro puntos", dijo Maurice Carroll, director del instituto encuestador de la Universidad de Quinnipiac. 

Las encuestas atribuyen el resurgimiento de Obama a la popularidad de sus políticas económicas entre los votantes estadounidenses. 

En la encuesta de Quinnipiac, el 51 por ciento de los entrevistados dijo que la política de recortes fiscales propuesta por McCain sólo ayudará a los ricos y el 9 por ciento dijo que ayudará a la clase media. 

Por otra parte, el 33 por ciento dijo que los planes fiscales de Obama ayudarían a la clase media y sólo el 9 por ciento dijo que beneficiarían a los ricos. 

La encuesta también encontró que Obama aún tiene una ventaja de dos dígitos entre las mujeres votantes, a pesar de que McCain nombró a la gobernadora de Alaska Sarah Palin como su compañera de fórmula. 

También tiene una ventaja de 91 por ciento entre los afroestadounidenses y sigue siendo popular entre los votantes jóvenes y entre quienes tienen más de 55 años, mientras que los independientes se encuentran divididos 46 a 45 por ciento.

Foto: Estados Unidos: Barack Obama, candidato presidencial por el Partido Demócrata. / Autor: Zhang Yan - XINHUA

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