miércoles, 29 de octubre de 2008

Las 25 noticias más censuradas en 2007-2008: Nuevo record en arrestos por marihuana


Bruce Mirken y Paul Armentano
Título original: Marihuana Arrests Set New Record
Traducción: Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)


Por cuarto año consecutivo, las detenciones por marihuana marcaron un récord en Estados Unidos, de acuerdo al Informe del Crimen Uniforme del FBI correspondiente a 2006.

Las aprehensiones sumaron 829.627, con un aumento de 43.000 personas respecto a los 786.545 encarcelamientos por marihuana de 2005. La tasa actual de arrestos es de un fumador de marihuana cada 38 segundos, con un total de presos que abarca casi el 44 por ciento de todas las detenciones por droga en Estados Unidos. En la última década, más de 8 millones de estadounidenses han sido arrestados con cargos relacionados con marihuana, mientras que las detenciones por cocaína y heroína han declinado agudamente, según Allen St. Pierre, director ejecutivo de la Organización Nacional por la Reforma de las Leyes de Marihuana (NORML, en inglés).

El número de arrestados aumentó más de 5.4 por ciento en 2006 respecto a 2005. Del total de 829.627 detenciones, el 89 por ciento correspondió a posesión de marihuana, no a venta, cultivo o manufactura. Las detenciones por posesión excedieron a las capturas por todos los crímenes violentos combinados, como viene ocurriendo por años. El resto de los detenidos [11 por ciento], incluyendo a quienes cultivaban marihuana para uso personal o médico, recibió cargos por venta o manufactura.

En abril de 2008 se difundió un estudio sobre las detenciones por marihuana de la ciudad de Nueva York, encargado al Queens College, donde se informa que entre 1998 y 2007 la policía de la ciudad arrestó a 374.900 personas, cuyo crimen más grave fue la ofensa por marihuana, considerada un delito menor y de bajo nivel. La cifra resulta ocho veces más alta que el total de 45.300 detenciones registrado entre 1988 y 1997. Casi el 90 por ciento de los arrestados entre 1998 y 2007 fueron hombres, pese a que los estudios nacionales muestran un consumo de marihuana igual entre hombres y mujeres. Y mientras esos estudios nacionales revelan que los blancos son más propensos a utilizar la marihuana que los negros y latinos, el estudio de Nueva York indicó que el 83 por ciento de los arrestados eran negros o latinos. Los negros cubrieron el 52 por ciento de las detenciones, en tanto los latinos y otra gente de color alcanzó el 33 por ciento, mientras los blancos llegaron sólo al 15 por ciento. (1)

Respecto a la edad, aproximadamente el 30 por ciento de los arrestados nacionalmente estuvo por debajo de los 20 años. El medio oeste muestra que el 57 por ciento de todas las detenciones estuvo relacionadas con marihuana, mientras que una región con pocas detenciones fue el oeste, con 30 por ciento. Probablemente, este resultado se debe a que en los estados occidentales, por ejemplo en California, se des criminalizó a la marihuana a nivel estadal y local desde hace varios años.

"Hacer cumplir la prohibición de la marihuana... ha conducido a las detenciones de casi 20 millones de estadounidenses, sin importar el hecho de que unos 94 millones de americanos reconocen haber utilizado marihuana durante sus vidas", dijo St. Pierre.

En los últimos quince años las detenciones por marihuana han aumentado en 188 por ciento, mientras la opinión pública exhibe cada vez más tolerancia y el uso personal conocido, básicamente no ha tenido cambios. "La escalada constante de las detenciones por marihuana está sucediendo en desafío directo a la opinión pública", según Rob Kampia, director ejecutivo del Proyecto Política de la Marihuana, de Washington DC. “Los votantes de las comunidades de todo el país –desde Denver a Seattle, de Eureka Springs, Arkansas, a Missoula County, Montana– han aprobado medidas diciendo que no quieren que las detenciones por marihuana sean una prioridad. Con todo, las detenciones por marihuana siguen marcando un récord absoluto por cuatro años consecutivos..." Entretanto, hace cumplir las leyes sobre marihuana cuesta de 10 a 12 mil millones de dólares al año.
Actualización de Bruce Mirken

Esta historia fue esencialmente una porción de una historia anual más grande, los Informes [anuales] del Crimen Uniforme (UCR, en inglés) del FBI, cuyo reporte correspondiente a 2006, lanzado en septiembre de 2007, marcó el cuarto año consecutivo en que las detenciones por marihuana marcaron un nuevo récord. Mientras que el UCR, como es costumbre, consigue amplia cobertura, el único de los grandes medios que se ocupó de observar el récord de la detención por marihuana fue el servicio de noticias de la agencia Reuters. Los directivos del Proyecto Política de la Marihuana también ofrecieron dos o tres entrevistas en radios locales, y la historia también fue tomada en una forma o en otra por un puñado de otros medios –más notablemente por la columna de Bill Steigerwald en el conservador Pittsburgh Tribune-Review, AlterNet, y por el blog de Andrew Sullivan en The Daily Dish.

Esto es típico en la tendencia de los medios de comunicación que tienen una visión de la política de la marihuana a través de los lentes de los estereotipos Cheech-and-Chong, como una historia trivial de menor importancia, más una curiosidad que una noticia seria. Pero los números escarbados sugieren algo que merece más atención: casi 830.000 detenciones anuales por marihuana, donde cerca del 89 por ciento es aprehendido por la simple posesión, no por vender o traficar. Eso equivale a una detención por marihuana cada 38 segundos y más detenciones por posesión de marihuana que por todos los crímenes violentos combinados. Póngalo de otra manera: equivale a arrestar a cada hombre, mujer y niño en el estado de Dakota del Norte, más cada hombre, mujer y niño en Des Moines, Iowa, en un año y hacer la misma cosa cada año, año tras año. Todo esto tiene un costo total para los contribuyentes estimado desde 14 mil millones a 42 mil millones de dólares por año.

La nueva estadística nacional de arrestos no estará disponible hasta después que se publique este libro, pero continúan emergiendo datos científicos que demuelen a los encubiertos intelectuales de la prohibición de la marihuana. Los estudios continúan encontrando que la marihuana es menos tóxica o adictiva que drogas legales como el alcohol y el tabaco, mientras en Gran Bretaña, donde la mayoría de las detenciones por posesión de la marihuana fueron descontinuadas en enero de 2004, el uso de la marihuana ha declinado constantemente desde que las detenciones pararon, según encuestas oficiales del gobierno. Tristemente, aunque los consejeros científicos del gobierno británico urgieron a la continuación de la política de ningún arresto, a la fecha de esta escritura (mayo de 2008), el primer ministro Gordon Brown aparece resuelto a lanzar una nueva medida represiva.

En EEUU, las muestras más claras de progreso han venido de esfuerzos de permitir el uso médico de la marihuana. Doce estados ahora tienen leyes médicas de la marihuana y en Michigan la propuesta de una iniciativa médica de la marihuana en la balota de las elecciones de noviembre 2008, ganó casi dos a uno en la única encuesta pública lanzada hasta ahora. El candidato presidencial demócrata Barack Obama ha indicado que él terminaría la guerra federal contra las leyes médicas de la marihuana de ese estado, y su compañera demócrata Hillary Clinton también indicó una cierta buena voluntad para repensar la política federal. El republicano John McCain ha expresado que apoya la ley federal actual.

Información extensa sobre la política de la marihuana y los esfuerzos por cambiar nuestras leyes actuales está disponible en el Proyecto Política de la Marihuana, www.mpp.org o en el teléfono 202-462-5747. Un boletín de noticias más vasto sobre política de la droga es Drug War Chronicle, en www.stopthedrugwar.org.
Actualización de Paul Armentano

Desde que comenzó mi acercamiento a NORML [Organización Nacional por la Reforma de las Leyes de Marihuana] a mediados de la década de 1990, he observado cómo crece cada año la cantidad de estadounidenses arrestados por las violaciones de menor importancia de la marihuana –desde el bajo nivel moderno de 288.000 en 1991 a un récord de 830.000 en 2006. La cobertura de los grandes medios a estas tasas de detención que se elevan súbitamente sigue siendo nominal, a pesar de este casi 300 por ciento de aumento en faltas de menor importancia (casi 90 por ciento de todas las detenciones de la marihuana se deben a la ofensa de la posesión).

El desinterés de los medios sobre este tema resulta preocupante dado que los datos sobre detención provienen del Informe del Crimen Uniforme [en EEUU] del FBI y que otros aspectos de este reporte (por ejemplo, ¿aumentan o caen las tasas de crímenes violentos?) cada año generan tradicionalmente centenares de historias importantes de noticias. Igualmente, preocupa el hábito de los medios de atribuir incorrectamente estas figuras de la detención por marihuana a NORML más bien que al FBI, la organización de aplicación de ley que actualmente pesquisa y da a conocer los datos.

Discutible, pero el resultado más perturbador del crecimiento de estas detenciones es que ahora un número récord de americanos está siendo solicitado por las cortes para atender “programas de tratamiento de droga” por la marihuana, sin importar si requieren el tratamiento (no más) o no.

Según los datos más recientes y la estadística nacional, más del 70 por ciento de todos los individuos en tratamiento de drogas ahora está siendo colocado a disposición del sistema criminal de justicia. De ésos enrolados en el tratamiento, más de uno de cada tres incluso no había utilizado marihuana en los 30 días anteriores a su admisión [en el programa de tratamiento]. Todavía, falsamente, la Casa Blanca arguye que estas tasas de admisión justifican la necesidad de continuar arrestando a los usuarios de cannabis, pese al hecho de que es la política, no la droga por sí misma, lo que realmente está aprovisionando de combustible al tratamiento por droga.

Finally, must be emphasized that criminal marihuana enforcement disproportionately impacts citizens by age – an all too often overlooked fact has serious implications for those of us who work in drug policy reform. According to a 2005 study commissioned by the NORML Foundation, 74 percent of all Americans busted for pot are under age thirty, and one out of four are age eighteen or younger. Though these young people suffer the most under our current laws, they lack the financial means and political capital to effectively influence politicians to challenge them. Young people also lack the money to adequately fund the drug law reform movement at a level necessary to adequately represent and protect their interests. As a result, marihuana arrests continue to climb unabated and few in the press – and even fewer lawmakers – feel any need or sufficient political pressure to address it.

Finalmente, debe ponerse énfasis en que el desproporcionado procesamiento criminal por marihuana afecta a ciudadanos según su edad, un hecho que demasiado a menudo se pasa por alto, pero tiene implicaciones serias para quienes trabajamos en reformar la política de la droga. Según un estudio comisionado en 2005 por la fundación NORML, el 74 por ciento de todos los estadounidenses que “reventaron el pote” ahora están por debajo de los treinta años de edad, y uno de cuatro tiene dieciocho o es más joven. Aunque esta gente joven sufre lo máximo posible bajo nuestras leyes actuales, carece de los medios financieros y de capital político como para influir o desafiar con eficacia a los políticos. La gente joven también carece de dinero para financiar adecuadamente un movimiento de reforma de la ley de drogas en un nivel necesario para representar y proteger adecuadamente sus intereses. Consecuentemente, las detenciones de la marihuana continúan subiendo imbatibles y pocos en la prensa –e incluso pocos legisladores–sienten necesidad o suficiente presión política para tratarla.

*) Paul Armentano es director de NORML y de la Fundación NORML en Washington, D.C.

Cita:
1. Jim Dwyer, “On Arrests, Demographics, and Marihuana,” The New York Times, April 30, 2008

Fuentes:
Marihuana Policy Project, September 27, 2007
Título: “Marihuana Arrests Set New Record for Fourth Year in a Row”
Autor: Bruce Mirken

National Organization for Reform of Marihuana Laws, September 24, 2007
Título: “Marihuana Arrests for Year 2006—829,625 Tops Record High”
Autor: Paul Armentano

Estudiantes investigadores: Ben Herzfeldt y Caitlyn Ioli
Consejero de la Facultad: Pat Jackson, Ph.D.

Autor foto: WIKIPEDIA


Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Laberinto paraguayo


José Antonio Vera (especial para ARGENPRESS.info)

Una escalada de violencia se ha instalado en Paraguay, que va desde la aparición de francotiradores al servicio de patrones rurales, incitadores del enfrentamiento armado, opción que azuzan los principales órganos de prensa que hablan de la existencia de una guerrilla, hasta permanentes asaltos domiciliarios y agresiones en sitios públicos, en lo que presupone una estrategia para crear un clima de inseguridad y miedo entre una población que reclama “cambios ya” y exige mano dura al Presidente Fernando Lugo.

Se ha verificado participación de efectivos policiales en algunos ilícitos, confirmando la versión de que el Ministerio del Interior sería uno de los primeros blancos elegidos por la oposición para impulsar tácticas de ingobernabilidad.

Un rasgo casi común que sobresale en la mayoría de los delitos es el amplio destaque que le reservan los medios de comunicación, buscando un efecto sicológico peligroso, efectista, con apoyo político de personajes de oscuro pasado que continúan encaramados en la estructura del Estado, aliados a alguna representación diplomática extranjera y a grandes agroexportadores, mayoría brasiguayos, que han iniciado una campaña contra el gobierno, aupados en la denuncia de una guerrilla hasta ahora fantasmal.

A dos meses y medio de asumir, Lugo y sus colaboradores exhiben clara incapacidad para repeler esa suma de actos que revelan una grosera estrategia de coptación de los sectores sociales más sensibles, como las mujeres, campesinos y desempleados, los marginados de siempre, cuya mayoría cifró grandes esperanzas en el cambio político que debió comenzar el 15 de agosto, terminando 60 años de poder despótico del Partido Colorado, pero que ya expresan malestar por sentirse desatendidos en sus reclamos.
Las víctimas siguen siendo las mismas

La violencia, explicable en una sociedad sumergida en una cultura autoritaria de dos siglos, se manifiesta hasta en el seno del propio gabinete ministerial del Presidente Fernando Lugo, anomalía que la semana pasada forzó la renuncia de la Vice de Comercio, Gladys Bareiro de Módica, quien confesó estar harta de los insultos y malos tratos proferidos por el titular de esa cartera, Martín Heisecke, un poderoso empresario que financió parte de la campaña electoral luguista.

Ninguna aclaración pronunció Lugo, como tampoco lo hizo en esa ocasión y en la siguiente, al igual que la Secretaría de la Mujer, al menos en forma pública, cuando la semana pasada una joven suboficial de la Academia Militar, fue drogada y luego violada por cinco de sus camaradas de armas, en una demencial orgía sin consentimiento, dado que la víctima aparece como muerta en las fotografías que una amiga, también sádica, gozó filmando.

El juez civil que actuó en la causa, no encontró razones para encarcelar a los abusadores y ordenó que la víctima y sus victimarios, continuaran con las funciones de siempre, es decir, conviviendo en las mismas salas de la Academia, convirtiendo en normal lo anormal. Recién se rectificó y les decretó prisión domiciliaria a los cinco cuando comenzó a oír la indignación de mucha gente.

Los abusos en los cuarteles fue moneda corriente durante los 35 años de la tiranía estronista, que también utilizaba esas instalaciones para torturar y desaparecer opositores políticos, pero el pueblo tiene la facultad de pretender que los derechos elementales de las personas comiencen a ser respetados por el gobierno de la Alianza Patriótica para el Cambio, que asumió el 15 de agosto.

La Abogada Raquel Talavera denunció días atrás que Carmen Villalba fue torturada en la Cárcel de Mujeres en Asunción, y luego encerrada en una jaula sin poder beber agua siquiera. Tampoco hay información oficial de que ese hecho vandálico haya motivado el interés de Lugo ni de la Secretaria de Estado para la Mujer, Gloria Rubín, referente de la lucha femenina en Paraguay y fundadora de una ONG que dice defender a ese sector social.

Villalba, quien reivindica la lucha armada, está condenada a 25 años de cárcel por supuesta participación en el secuestro, en 2004 en Asunción, de una señora de gran fortuna.

El hecho fue muy confuso y algunos órganos de prensa descartaron el móvil político y lo vincularon con razones económicas y relaciones amorosas entre la víctima y Juan Arrom, presunto jefe de la operación y líder del Partido Patria Libre quien fue secuestrado y torturado días después de la liberación de la señora, en un episodio que involucró a policías y a un Ministro, ahora preso por malversación. Arrom se refugió en Brasil y ahí estaría radicado.

Cerca de 30 mujeres campesinas, de miserable existencia, instaladas en un rincón de una estancia de 17 mil hectáreas, han sido víctimas en los últimos días de agresión y desalojo, con la destrucción de sus humildes pertenencias. La propiedad figura a nombre de un ciudadano alemán no residente y está arrendada por la transnacional Agrosol, que presidiría el también germano Rudolf Handel, dedicada al cultivo mecanizado de la soja transgénica.
Tan ignorantes que parecen campesinos

El Presidente de la Asociación Rural, Néstor Núñez, referente de una clase enemiga de la buena educación y de recurrir al diálogo para buscar alguna salida al eterno conflicto entre latifundistas, buena parte con títulos falsos de propiedad, y campesinos sin tierra, viene amenazando desde hace días con recurrir a las armas para rechazar las invasiones.

En los casi veinte años de gobiernos de transición en Paraguay, más de cien campesinos han sido asesinados, pero ningún victimario o su patrón, ha sido aún encarcelado, pese a las denuncias formales de familiares y de sus organizaciones.

Frente a la postura del gremio patronal, las organizaciones campesinas, que reiteran su apoyo a Lugo, lamentan, sin embargo, la reacción del Presidente cuando afirma que el Estado respaldará a la propiedad privada por todos los medios, actitud que consideran una reconversión de sus promesas durante la campaña electoral, cuando el exObispo reconocía que, en algunas circunstancias, la invasión de latifundios es aceptable.

Pose similar a la del mandatario asume el Ministro del Interior, el socialdemócrata Rafael Filizzola, de reciente viaje a de Colombia, donde buscó asesoría policial para combatir la violencia popular, gestión aplaudida por la nueva Embajadora de Estados Unidos en Asunción, Liliana Ayalde, durante los últimos cuatro años Directora en Bogota del USAID, vocero oficioso de esa misión diplomática.

Sobrepasado por las reivindicaciones de las organizaciones campesinas, uno de sus más importantes apoyos desde antes de su triunfo electoral, pero que ahora pronuncian críticas y algunos dirigentes ya hablan de engaños y decepción, Lugo habría mencionado la posibilidad de desplegar unidades del Ejército para combatir los intentos de copamiento de latifundios, lo cual ahondará probablemente la disconformidad de los labriegos.

Estimulados por esas diferencias, representantes del Poder Judicial favorecen la represión y algunos, al incursionar en los medios de comunicación afines, califican a los labriegos de “animales, tan ignorantes que parecen campesinos”.
Los buenos signos son escasos

A poco de cumplirse el bautismal período de los 100 primeros días, una parte del pueblo no entiende cómo el Gobierno no ha encontrado alguna solución a los dramas del desempleo, de los bajos o nulos ingresos, de los miles de niños mendigos que copan las calles y de la penosa subsistencia de un tercio de los seis millones de habitantes, cuya situación podría aliviar un mínimo plan de urgencia alimenticia.

Ni siquiera está cubierta la entrega del vaso de leche en las escuelas públicas, tarea que compromete seriamente a Mercedes Lugo, hermana del Presidente, quien funge de primera dama, sorda al rechazo generalizado.

La Secretaría de Emergencia Nacional ha sido una excepción en un cumplimiento porcentual de sus tareas, pero su presupuesto y equipamiento están desbordados por la demanda de auxilio de cientos de familias víctimas de una ola de vientos huracanados que, en las últimas semanas, les han arrebatado lo poco que tenían. La naturaleza se cobra caro su destrucción en un país que, en 40 años, arrasó con siete millones de hectáreas de bosques y no se interesa seriamente en la reforestación.

Otra excepción plausible es el Ministerio de Salud que ordenó la gratuidad de la atención hospitalaria en todo el país, aunque la medida ha sido juzgada por varios médicos de apresurada y algo voluntarista e impracticable porque los nosocomios fueron vaciados de los materiales más básicos por las anteriores autoridades.

En muchos hospitales no hay ambulancias y donde hay alguna está sin motor o partes de él, y no tienen neumáticos ni equipamiento. Pero ese desface, ni tampoco el vandalismo, invalidan la medida ministerial, de evidente satisfacción social.

También ha sido un estímulo para la gente que pide justicia, la investigación de los grandes ilícitos económicos, que han emprendido los nuevos gerentes en algunos de los organismos del Estado, como las represas binacionales de Itaipú y Yaciretá, puertos, aduana, centros universitarios, empresas industriales, etc.

Sin embargo, ello rápidamente ha despertado desconfianza porque hasta ahora los indagados y cuyos rostros aparecen en la pantalla del televisor, son los cuadros inferiores, mientras que los nombres de sus exjefes enriquecidos, aún no figuran en la lista pública de imputados.
La democracia no llega sólo por deseos

Lugo dice que la etapa de transición a la democracia, que comenzó en 1989 con la caída de la tiranía del General Alfredo Strossner, terminó el día de su asunción al mando, pero ello es difícil de digerir mientras subsista la impunidad para robar y asesinar, y la estructura jurídica y los propios miembros de las altas instancias de justicia obedezcan a la oposición política y financiera y cubran a delincuentes y victimarios.

El nuevo gobierno está en deuda con la demanda popular de investigar a las grandes fortunas que existen en el país, donde destacan familias con un nivel de vida principesco pero con ingresos legales que jamás pueden justificar el gigantesco volumen de sus egresos. Una ecuación a resolver cuanto antes, máxime que muchos de los involucrados en irregularidades financieras, tendrían nexos con la violación de los derechos humanos.

Tampoco cuadra la composición de los estratos sociales, y la persona común, esa que trabaja o intenta encontrar trabajo, para vivir del producto de su esfuerzo, es decir, la gente decente y productora de bienes, con conciencia de que el país ha sido saqueado durante décadas por una rosca mafiosa, y que buscó combatirla eligiendo a Lugo el 20 de abril, comienza a decir que “nada ha cambiado”.

Es cierto que la decepción popular por la conducta de muchos políticos no es privativa de Paraguay, pero aquí es nueva y parece que duele más, pues la mayoría apostó por la moralización nacional.

Si Lugo quiere mantener su capital político, ganado con una excepcional rapidez que amamantó el deseo popular de cambios y el hartazgo ante la delincuencia institucional, tendrá que comenzar a dar muestras de que prioriza la satisfacción de las justas demandas de la población que, aunque en disminución, aún le reserva un alto apoyo.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

La re-estatización del sistema previsional en la Argentina (Parte I)

CENDA

En el marco del debate abierto por el gobierno nacional con el anuncio de la re-estatización del sistema jubilatorio, y con el objetivo de proporcionar elementos conceptuales y estadísticos que contribuyan a la discusión en curso, distribuimos un artículo sobre el sistema previsional publicado en septiembre 2006 y que formó parte del segundo número de Notas de la economía argentina.

El presente informe fue publicado originalmente en septiembre
2006 como artículo de Notas de la economía argentina, Nº 2,
CENDA.

Si bien la información no fue actualizada aún, el análisis realizado a fines de 2006 demostraba que el régimen privado de capitalización fue una verdadera estafa para los trabajadores argentinos. Hoy, en medio del vendaval financiero desatado por la actual crisis mundial, que devaluó implacablemente todas las colocaciones bursátiles, se pone de manifiesto con mayor claridad que los sistemas de este tipo, a escala mundial, no hacen más que convertir a los aportantes en rehenes de un juego especulativo que no conocen ni controlan, beneficiando a los bancos y a los numerosos intermediarios financieros, pero nunca a los jubilados.

En nuestro país, la re-estatización del sistema jubilatorio permite la reversión de uno de los componentes centrales de las reformas estructurales realizadas en la década pasada, en donde la creación de las AFJP y la merma de recursos que el nuevo sistema implicó para el sistema de seguridad social fueron determinantes en el incremento del déficit del sector público y, consiguientemente, en el aumento explosivo del endeudamiento estatal. A contramano del discurso enarbolado por los apologistas del sistema previsional privado, la revisión de los resultados de su desempeño por más de una década muestran de manera contundente que el sistema de capitalización lejos ha estado de preservar los aportes de los trabajadores. Por el contrario, las fluctuantes condiciones existentes en los mercados de capitales y las cuantiosas comisiones cobradas por las administradoras no hacían otra cosa que transferir recursos desde los trabajadores al sistema financiero. Si bien aún restan definir aspectos cruciales del proceso de re-estatización, es claro que esta medida permitirá la adquisición adicional de recursos genuinos para el sistema de seguridad social que posibilitarían la consolidación del superávit alcanzado en el sistema previsional en los últimos años y contribuirían así a asegurar el pago de las jubilaciones y pensiones de manera sostenida.

El sistema previsional privado en la Argentina: el reino de las promesas incumplidas

La decisión de la Corte Suprema de Justicia ordenando al Congreso Nacional que reestablezca un mecanismo de ajuste periódico para los haberes jubilatorios, ante la significativa pérdida de poder adquisitivo que vienen sufriendo en los últimos años, reavivó el debate sobre el sistema previsional en su conjunto. El debate no puede detenerse, sin embargo, exclusivamente en el monto de los haberes. Pese a que el gobierno, mediante declaraciones del ministro de trabajo Carlos Tomada, dejó en claro que “la eliminación de las AFJP [Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones] parece una decisión muy de fondo que en todo caso requerirá otro tipo de consideraciones que hoy no están en nuestro ánimo” (La Nación, 23/08/06), el progresivo deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores retirados y las escasas perspectivas de mejora para los futuros jubilados exigen un análisis crítico de este sistema -esté o no a tono el “ánimo” del ejecutivo -. Es imprescindible, por tanto, examinar la conveniencia de mantener el régimen privado de AFJP que, a lo largo de su vigencia, ha probado ser costoso e ineficiente.

En este artículo se realizará una caracterización general del régimen de capitalización vigente y sus efectos para el sistema económico en su conjunto. Asimismo, con el propósito de mostrar de manera concreta las dramáticas consecuencias que acarrea el régimen actual para los trabajadores individuales, se estimará la remuneración que percibiría al momento de su retiro un trabajador que se incorpora hoy al mercado laboral formal, en ausencia del componente garantizado por el Estado. La proyección evaluará distintos escenarios posibles y permitirá demostrar que el sistema no ha generado los beneficios que presuntamente iba a producir, según se argumentaba al momento de su implementación. Es, más bien, el reino de las promesas incumplidas.

Las magníficas promesas y las tristes realidades del sistema de AFJP

La reforma previsional introducida en 1994 alteró sustancialmente la lógica sobre la que se sostenía el Sistema Nacional de Previsión Social (SNPS), vigente desde 1967. (1) Sobre la base del cuestionamiento del tradicional principio de reparto (considerado ineficiente e insostenible intertemporalmente), se instauró un mecanismo que tendría a la capitalización individual como el elemento central de la futura jubilación del trabajador. La reforma estuvo inspirada en el modelo previsional promovido en América Latina por los principales organismos internacionales de crédito (notablemente el Banco Mundial), que tomaba como referencia explícita al “exitoso” sistema chileno. (2)

La Ley 24.241 (aprobada en septiembre de 1993) dio origen a un sistema de carácter mixto –denominado Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP)-, que combina un Régimen de Reparto y un Régimen de Capitalización.3 La incorporación al nuevo SIJP es casi compulsiva ya que los aportantes –que a partir de esa fecha comenzaron a ser llamados afiliados- deben explicitar por escrito y en forma perentoria su decisión de ser incluidos al Régimen de Reparto o, de lo contrario, son directamente incorporados al Régimen de Capitalización.4 A esta asimetría entre los regímenes en cuanto a la incorporación de las personas se agrega otra limitación: si bien es posible cambiarse del sistema estatal al privado en cualquier momento, el movimiento inverso sólo se pudo realizar durante los primeros dos años de funcionamiento del sistema, y en la actualidad está vedado. La afiliación es casi compulsiva y, además, es un camino sin retorno.

Los principales argumentos detrás de la propuesta de reforma eran que de este modo se iba a resolver el déficit crónico del sistema previsional, se incrementaría su cobertura y, al mismo tiempo, permitiría lograr un aumento del ahorro interno, fomentar el mercado doméstico de capitales y –consecuentementefuncionaría como un impulso al crecimiento económico que redundaría en mejoras en las condiciones de vida de la población y en mayores beneficios al momento del retiro. El éxito estaría garantizado por los incentivos que generaría el sistema para que los trabajadores se afilien y realicen sus aportes a la espera de una mayor jubilación, mientras que la propia competencia entre las AFJP por captar fondos redundaría en menores costos y mejor rentabilidad de las inversiones. Desde una perspectiva más pragmática, se aseguraba, además, que este mecanismo evitaría que los aportes previsionales fueran utilizados por el Estado o sus funcionarios, ya sea para cubrir el déficit fiscal o en meros actos de corrupción. La capitalización privada permitiría, se decía, la identificación del aporte individual y con ello se garantizaba que la totalidad de los fondos entregados fuera destinado exclusivamente al pago de la correspondiente jubilación.

Más allá de la retórica utilizada para fundamentar el nuevo esquema previsional, la evolución de las variables más relevantes del sistema muestra resultados muy pobres. Según la información concreta disponible –mucha de ella brindada por las propias AFJP-, el sistema no respondió, en los hechos, de la manera en que prometían los impulsores de la reforma. El motivo del fracaso, a la luz de la experiencia, puede exponerse sintéticamente: el sistema era inadecuado para la realidad del mercado laboral y para la estructura económica argentina. No todos, sin embargo, fueron perdedores: el esquema resultó altamente beneficioso y se convirtió en una fuente de grandes negocios para el sector financiero y el capital concentrado local e internacional.

Para fundamentar este diagnóstico se cotejarán a continuación, una a una, las promesas iniciales con los resultados reales obtenidos.

Baja proporción de aportes efectivos. El porcentaje de aportes realizados respecto del total de afiliados al sistema de capitalización ha resultado llamativamente bajo durante todo el período de vigencia del régimen: poco más de un tercio.

A su vez, en 2006 a más de 6 millones y medio de afiliados no se le han efectuado las contribuciones al sistema (6 de cada 10). Si bien luego de la crisis el indicador se fue recuperando, todavía se encuentra por debajo de su valor del año 2000. Estos datos muestran que el régimen de capitalización no reduce –como se argumentaba- la evasión o morosidad previsional. (5) En igual sentido, según información de la Dirección Nacional de Políticas de Seguridad Social (DNPSS), a la mitad de los afiliados se les realiza menos del 32% de los aportes que se deberían efectuar.6 El bajo nivel de aportes efectivos se traduce inexorablemente en un menor nivel de jubilación futura. Ahora bien, la situación descripta no es exclusiva de la Argentina, sino que parece ser inherente al régimen de capitalización. En Chile, sólo se ingresan aportes por el 50% de los afiliados, aunque únicamente para el 10% esto ocurre los doce meses del año.(7)

Baja proporción de afiliación voluntaria. La visión idílica de que el régimen iba a promover que los trabajadores buscaran maximizar su jubilación futura eligiendo la AFJP que les garantizara mayor rentabilidad estuvo lejos de verificarse en el período de vigencia del sistema. En efecto, pese a que actualmente el régimen de capitalización individual cuenta con alrededor del 80% de los afiliados al SIJP, la mayor parte del crecimiento de sus miembros se debe a la incorporación de los denominados “indecisos” (quienes al integrarse al mercado laboral formal no hacen una opción explícita por el sistema público ni por ninguna AFJP). El peso de los indecisos en el crecimiento de los afiliados es notable (Cuadro Nº 1). Así, la voluntad individual no parece ser lo que rige la afiliación al régimen de capitalización, sino la arbitrariedad, la falta de información o la indiferencia. Por otra parte, como consecuencia de ello, cobra más relevancia la forma en que se distribuyen los indecisos entre las AFJP que la propia competencia entre ellas. La “competencia” entre las AFJP, que se presentaba como garantía de eficiencia, rentabilidad y menores comisiones, es otra ilusión.

Baja proporción de aportes voluntarios. Otro argumento era que el sistema sería tan provechoso que los afiliados iban a optar por engrosar sus aportes voluntariamente, de forma de obtener una mayor jubilación en el futuro. La demostración más cabal de que los afiliados no creen en las presuntas bondades del sistema es que los aportes voluntarios son una parte despreciable de la recaudación total: menos del 1%. En otras palabras, los trabajadores no creen que las AFJP sean la mejor opción a la hora de garantizar una mayor jubilación futura. A pesar de contar con especialistas en negocios financieros, en los hechos, nadie parece dispuesto a entregar voluntariamente sus ahorros a las administradoras.

Bajo nivel de cobertura. Según se vaticinaba, el nuevo régimen subsanaría la presunta falta de incentivos para la afiliación al sistema previsional anterior, lo que debía expresarse en un aumento del nivel de cobertura. No obstante, es claro que –una vez más- las promesas no se plasmaron en la realidad.

En lo que respecta a los trabajadores activos, la relación entre aportantes y la población ocupada se redujo del 42,3% en 1995 al 38,6% en 2003; a su vez, el coeficiente aportantes/ población económicamente activa (PEA) cayó del 35,1% al 32,6% en igual período. Por su parte, el alcance de los beneficios recibidos por las personas en edad de jubilarse también se vio disminuido. En 1995, el 76,8% de las personas mayores de 65 años poseía cobertura previsional; en 2003, en cambio, la proporción de beneficiarios en ese rango de edad cayó al 70,9%. No sólo aumentó el porcentaje de excluidos del sistema previsional, sino que además casi tres cuartas partes de las personas en edad de jubilarse son indigentes y casi la mitad de los pobres no indigentes no poseen cobertura.(8)

La caída de la cobertura puede explicarse en parte por la trayectoria del mercado laboral, referida al aumento de la tasa de desempleo y la agudización de la precarización laboral, así como por las características de la reforma implementada, que elevó los requisitos de aportes y años trabajados y favoreció la expansión de la evasión. Estos fenómenos acentuaron la exclusión del sistema previsional en forma paralela a la exclusión del mercado laboral. Aunque es cierto que la situación económica contribuyó al resultado, el postulado de que con un sistema de cuentas individuales se iba a aumentar el porcentaje de aportes es, indudablemente, equivocado.

Se basa en una teoría que considera que realizar o no dicho aporte es una decisión del individuo que se ofrece a trabajar. En algún sentido, este razonamiento parece responsabilizar al propio trabajador por el trabajo en negro. Sin embargo, el empleo no registrado es resultado de condiciones estructurales del mercado laboral, donde deben considerarse entre otros factores el nivel de desempleo y, por lo mismo, la ausencia de controles estatales. En definitiva, el fracaso del sistema privado como un medio para incrementar el nivel de cobertura se origina en un error conceptual acerca de las causas mismas del trabajo no registrado.

Alta concentración del mercado. En cuanto a la supuesta competencia que se iba a producir entre las AFJP, desde que comenzó a funcionar el régimen se verificó un marcado proceso de concentración del mercado. De las 26 empresas que comenzaron a operar en 1994, en la actualidad sólo quedan 11. La disminución de la cantidad de agentes en el mercado se expresó, lógicamente, en un incremento de la participación de las AFJP más grandes en las variables clave. Un proceso similar se verificó en Chile, donde en la actualidad sólo operan seis empresas en el mercado, la mayor de las cuales administra los fondos de más de un 40% de los afiliados, y las tres mayores superan el 80%.9 Estos datos indican una tendencia a la oligopolización del mercado, que se opone a los presuntos incentivos para reducir costos y mejorar los servicios.

Baja proporción de traspasos. La tasa de traspasos entre AFJP es ínfima. Si consideramos el período de la post-Convertibilidad, el promedio anual indica que sólo el 4,3% de los afiliados cambió de administradora de fondos. No es cierto que los trabajadores elijan la AFJP que les brinda mejores beneficios ni que efectivamente opere la movilidad y la competencia en el mercado. De hecho, en un informe de la Superintendencia de AFJP del año 2003 se muestra que no existe una relación estadísticamente significativa entre la rentabilidad anual de las administradoras –variable que debería ser clave para la elección de los individuos- y las altas y traspasos de los afiliados. A este fenómeno ayudan, lógicamente, las distintas trabas que existen para pasar de una AFJP a otra y la imposibilidad de volver al régimen de reparto.

Altos costos del sistema. A los elementos señalados se suma un aspecto crucial del sistema: sus altísimos costos. Las AFJP cobran comisiones sobre los aportes realizados por los afiliados por los servicios que prestan, que se destinan a cubrir el seguro colectivo de invalidez y fallecimiento, los gastos de administración de las empresas y a engrosar las ganancias de las firmas.

Pese a que las administradoras no incurren en ningún gasto de recaudación, ya que la percepción total de aportes y contribuciones está a cargo del Estado a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), las AFJP se apropiaron en promedio de un tercio de los montos recaudados entre 1994 y 2006. En el pico de la serie (2002/2003), prácticamente 4 de cada 10 pesos destinados a los fondos de capitalización individual se perdían en concepto de comisiones de las AFJP.

Al mismo tiempo, el gran peso de las comisiones en las contribuciones anuales transformaron al sistema argentino en uno de los más ineficientes del mundo: por caso, hacia fines de la década de 1990, el costo administrativo del régimen privado nacional era 47% superior al chileno y 60% superior al uruguayo.(10)

Pero este costo no sólo es elevado respecto de otros regímenes privados, sino que se ha mostrado mucho más oneroso que el sistema previsional estatal local. Según información de la ANSES, los gastos operativos del régimen público representaron entre 1999 y 2005 tan sólo el 1,6% de las contribuciones y los recursos tributarios percibidos con fines previsionales, lo que resulta veinte veces más barato que el costo de administración del sistema de capitalización.(11)

Así, a lo largo del período de existencia del régimen privado, las AFJP cobraron comisiones por alrededor de 21.000 millones de pesos constantes de 2006. Esta transferencia de recursos de los aportantes a las administradoras de fondos superó los 10.600 millones de dólares entre julio de 1994 y junio de 2006, es decir, fue superior al presupuesto público de Seguridad Social aprobado para esos años. Como se ve, en lugar de la eficiencia el sistema parece concebido para maximizar el beneficio de las administradoras: la gigantesca transferencia de riqueza es injustificable. (6)

Notas:
1) Un poco de historia. Los primeros regímenes de beneficios previsionales en la Argentina aparecieron hacia finales del siglo XIX, pero recién en la década de 1940 la cobertura alcanzó una amplitud significativa. En 1954 tuvo lugar la primera reforma sustantiva del sistema, en la que se reemplazó la lógica de capitalización por el criterio de reparto, bajo la noción de que el sistema previsional debía ser un instrumento para la redistribución del ingreso y que, por lo tanto, el aporte realizado no podía ser el único criterio para determinar el haber. En 1967 se produjo una nueva reforma, que mantuvo la lógica de reparto y estableció que el haber jubilatorio debía representar un porcentaje de entre el 70% y el 82% del salario mensual promedio de los tres años de mayores remuneraciones dentro de los últimos 10 años de aportes. El haber era móvil con el objeto de que la situación de los pasivos acompañara a la de los activos y, con este fin, se aplicaba un coeficiente en el cálculo del haber que buscaba expresar los cambios producidos en el nivel general de las remuneraciones. Para una mayor profundidad de análisis ver Nahón, C. (2002), “Política social y acumulación de capital en la Argentina: la fragmentación regresiva de la educación, la salud y la previsión social en la década del noventa”, Revista FACES (Universidad Nacional de Mar del Plata), Nº 15, septiembre-diciembre.
2) A pesar de la campaña mundial en favor de este esquema, su grado de difusión internacional fue más bien un fracaso: a fines de la década de 1990, solamente 6 países periféricos habían privatizado total o parcialmente sus sistemas previsionales, otros 18 contaban con fondos de previsión y más de 100 (sobre un total de 142) mantenían el sistema del seguro social. Para más detalles ver Williamson, J. y Pampel, F. (1998), “¿En las naciones en desarrollo tiene sentido la privatización de la seguridad social?”, Revista Internacional de Seguridad Social, Vol. 51, Nº 4, Ginebra.
3) Las características del proceso de negociación legislativo de la ley, los intereses en pugna y las sucesivas modificaciones que fue sufriendo el proyecto presentado por el gobierno pueden estudiarse en Nino, M. (2003), “Reforma previsional: La subordinación del interés público en el proceso democrático de decisión y negociación en la Argentina”, Realidad Económica, Nº 195, Buenos Aires.
4) En el sistema público, el haber de los futuros pasivos se compone de una Prestación Básica Universal (PBU), una Prestación Compensatoria (PC) y una Prestación Adicional por Permanencia (PAP), todas a cargo del Estado. El régimen de capitalización, en cambio, está administrado por las AFJP y las Compañías de Seguro de Retiro (CSR), en su mayoría privadas y vinculadas entre sí. El haber de este nuevo régimen está compuesto por la PBU y la PC (también financiadas por el sector público) y el Haber por Capitalización (HC), financiado por las AFJP con los fondos capitalizados de sus afiliados. Una excepción al carácter privado de las AFJP lo constituye la administradora del Banco de la Nación Argentina, que fue conformada por la misma Ley 24.241.
5) Más allá de que los datos son contundentes, corresponde aclarar que este indicador no es un reflejo fiel de la situación real del sistema y puede disminuir por el simple paso del tiempo, debido a que entre los que dejan de ser aportantes se cuentan los desocupados, emigrantes, los que pasan a aportar a otros regímenes previsionales, los monotributistas, etc., que mantienen su categoría de afiliados por haber aportado en algún momento. Estas excepciones, no obstante, no pueden representar un cambio importante en los indicadores.
6) Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (2005), “Prospectiva de la previsión social. Valuación financiera actuarial del SIJP 2005/2050”, Buenos Aires.
7) Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, “Diez Mitos del Sistema Previsional Chileno”, en www.cep.cl.
8) Fuente de datos: Bertranou, F. y Bonari, D. (2005), “Protección social en Argentina. Financiamiento, cobertura y desempeño: 1990-2003”, Organización Internacional del Trabajo.
9) Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, “Diez Mitos del Sistema Previsional Chileno”, en www.cep.cl.
10) Baker, D. y Kar, D. (2002), “Defined Contributions from Workers, Guaranteed Benefits for Bankers: The World Bank´s Approach to Social Security Reform”, Center for Economic and Policy Research, Washington.
11) Volviendo al caso chileno como referencia, el sistema de capitalización privado también presenta altos costos para sus afiliados. Según CENDA-Chile, el sistema previsional público chileno tiene un costo de operación equivalente a un poco más de la cuarta parte de las comisiones netas cobradas por las administradoras de fondos.


Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Argentina: Partes de guerra

Miguel A. Semán (APE)

Todas las guerras en su justificación más primitiva necesitan de una visión maniquea de la historia. El universo partido en dos para encontrarle sentido a la aniquilación del otro. Eso pasa hoy en la sociedad argentina, donde parecen distinguirse con nitidez dos sectores: el de la gente buena de un lado, y el de los malos, los delincuentes, o los "menores delincuentes" del otro.

Determinados medios de comunicación, Radio 10, por ejemplo, se han encargado de mantener vivo y fogonear el conflicto, calificándolo como una verdadera guerra civil donde "Ellos (los menores delincuentes) nos odian y tratan de matarnos, y nosotros les tenemos miedo".

El tono bélico no faltó en los discursos de algunos jefes policiales, quienes al despedir los restos de los agentes caídos, parecían referirse más a soldados abatidos en un frente de batalla, en lucha contra un enemigo externo, que a policías muertos en enfrentamientos con delincuentes.

El peligro de que la sociedad haga suyo el concepto de guerra civil o en este caso "social", es que produce la instalación en forma permanente de un estado de excepción. Una excepción que se expande y contamina todos los momentos de la vida y altera cada uno de nuestros juicios.

Todos sabemos que tenemos una policía sospechada de corrupta, y que ninguno de los delitos que requieren cierta organización e inteligencia operativa, podrían llevarse a cabo, al menos en la provincia de Buenos Aires, sin la colaboración, la anuencia, el silencio o la pasividad de la fuerza o de algunos de sus miembros; sin embargo, el hecho de que se los considere ejército en lucha por la defensa de nuestras vidas y propiedades, es el terreno ideal para el surgimiento de cierta forma de "galtierismo", que trae aparejada la postergación, hasta un momento mejor, de toda mirada crítica sobre la institución y las conductas policiales.

De la misma manera, las urgencias de la guerra, nos llevan a suspender cuestionamientos a la dirigencia política y a la gestión de quienes nos gobiernan, y corre a un segundo plano cualquier exigencia no relacionada directamente con las políticas de seguridad, como ser la reducción del margen de inimputabilidad de los menores, agravamiento de penas, limitación de excarcelaciones y demás medidas reclamadas a viva voz para aniquilar al enemigo.

No es caprichosa ni casual la referencia a la guerra. Hace más o menos treinta años un sector importante de la sociedad consideró aceptable, o al menos no necesariamente condenable, la sustitución del gobierno democrático por un régimen sangriento y en atención a los sucesivos combates que le planteaba la propaganda oficial, suspendió críticas y cuestionamientos, e imperdonablemente, hasta alcanzó a llenar algunas plazas.

Y fue en esos tiempos, años más años menos, cuando empezaron a nacer los padres de los menores de hoy. Fue precisamente en esa época, cuando se construía la cultura de la culpa por sospecha y el "algo habrán hecho" se convirtió en el nuevo invento nacional. Cuando Martínez de Hoz nos condenaba a fabricar caramelos y las fábricas se usaban para torturar y desaparecer, pero nada de eso importaba demasiado porque había que ganarle, primero, la guerra a la subversión, después la final a los holandeses y, por último, teníamos que echar a los ingleses de Malvinas.

Más o menos por ahí, en esos años terribles, empezaron a nacerles padres a estos pibes que hoy se dan con el paco. Padres que fueron pibes en un país de represión y fábricas cerradas. De abuelos hambrientos y desocupados que caían uno a uno, como las hojas de un otoño interminable. Algunos no lo recuerdan. Otro sí. Pero nadie que haya vivido la Argentina puede considerarse ajeno al mal y al bien que nos rodean.

Podríamos, parafraseando a Kafka, hablar de insensatez sin temor a que la palabra suene demasiado fuerte, la insensatez de distinguir lo que es nuestro de lo que es del adversario cuando sólo hablamos de nosotros. Algo de eso pasa en San Isidro, y en cualquier otro lugar, cuando un intendente denuncia que le importan delincuentes de otro distrito. Entonces la policía va, busca y trae sin miedo a equivocarse. Estamos en guerra y todos los otros son el enemigo.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Argentina: "Cuando traspasamos esa puerta no estamos presas"

Agustina Bullrich (ARTEMISA)

El taller La Estampa es un espacio de arte que funciona desde el año 2000 en el Instituto Correccional de Mujeres N° 3 de Ezeiza dependiente del Servicio Penitenciario Federal. El mes pasado se presentó con stand propio y por segundo año consecutivo en la muestra de arte Expotrastiendas 2008. Sus integrantes nos cuentan la experiencia de trascender las fronteras del encierro.

El arte siempre ha sido, desde diferentes miradas y concepciones, ese territorio donde conviven significantes como pasión, libertad y rebelión. El arte como modo de trascender la realidad cotidiana, de entrar en otro tiempo, en otro espacio. Sin embargo, cuando esa realidad cotidiana está signada por el encierro, las restricciones y el sometimiento, entonces el papel del arte pareciera tornarse más urgente que nunca.

"Nosotras sentimos que cuando traspasamos esa puerta, cuando entramos al taller no estamos presas" dice Ana María con voz suave y paciente. Ella es una de las diez integrantes que actualmente conforman el taller La Estampa. Este espacio de arte funciona en el Instituto Correccional de Mujeres N° 3 de Ezeiza desde el año 2000, y se lleva a cabo en forma conjunta entre la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación y la Subsecretaría de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En él han participado, desde su creación, más de cien internas, que han sido condenadas o están siendo procesadas por diversos delitos. En un comienzo, se trabajó solo con serigrafías, luego con el paso del tiempo se fueron sumando trabajos en papel reciclado, escultura, dibujo y pintura. Por estos días, la producción se enfoca en la realización de obras colectivas de gran formato.

El taller está a cargo de los docentes Federico González y Elisa O'Farrell, que van allí a dar clases dos veces por semana cada uno. Pero más allá de estas horas de clase semanales, el taller funciona de lunes a viernes de 9 a 18 hs. A veces, estas horas parecieran no ser suficientes y a Ana María le gustaría seguir trabajando: "A veces pienso que si no hubiera llegado a la cárcel nunca hubiera sabido que podía hacer algo así... Hay días en que tengo ganas de pintar y ya van a ser las 6 y tenemos que guardar todas las cosas y seguiría pintando…Te hace bien". El taller no requiere ningún tipo de formación o conocimientos previos: "es un lugar donde se aprende haciendo, pero sólo entra la gente con conducta" explica Ana María y agrega que en su caso "no tenía nada de experiencia antes de entrar al taller. Yo soy docente y a mí me gusta escribir pero nunca había hecho nada de pintura. Ni sabía lo que quería decir serigrafía y poco a poco descubrí que si quería algo podía salirme, bueno o malo, pero algo podía salir".

En el penal hay, entre otros, talleres de tejido, costura, panadería y encuadernación. Sin embargo, el taller de arte "es un lugar completamente diferente al resto de los talleres que hay en la cárcel. Al principio era una autodisciplina total, ni siquiera teníamos personal que nos controlara, de vez en cuando se asomaba alguien" dice Silvia, que junto a Ana María, es una de las integrantes más antiguas del taller.

Eso que diferencia a La Estampa en relación a los otros talleres tiene que ver con ese otro modo de trabajo, de tiempo y de espacio. "Tenemos una biblioteca importante en base a donaciones de libros de arte, de ahí se aprende un montón. El día que entramos y no tenemos ganas de agarrar un lápiz o un pincel, elegimos un libro" dice Ana María y enseguida Silvia agrega que "a veces venía una maestra nueva (las guardias a cargo del taller), que no estaba acostumbrada al ritmo y decía 'bueno señora póngase a pintar', y nosotras decíamos 'no, este taller no funciona así', pero les explicábamos y entendían"
La historia de Silvia

Silvia es una de las más viejas del taller y a fines del año pasado salió en libertad. Para ella el arte fue su modo de conectarse con el exterior, un modo de conjurar distancias, de viajar, de reencontrarse con seres y lugares queridos. "Para mí significó tener mis colores, mis ruidos, mis lugares al alcance mío. Yo ya estaba en el taller pero al principio no trabajábamos con color, era todo blanco y negro, entonces me llevé una pinturitas del taller que nadie usaba a mi pabellón, a mi celular y ahí empecé a pintar paisajes, de mis recuerdos, sola". Silvia explica que antes de entrar al penal trabajaba como remisera en San Nicolás (su ciudad natal) y que siempre viajaba de un lado a otro y "de ahí saqué tantos paisajes".

"Después me dieron pintura de pared, amarillo, azul y rojo y pinté todos los pasillos del penal. Como yo no permitía que mi familia viniera a visitarme porque era un gasto tremendo y estaban en una situación económica muy mala, entonces yo viajaba todos los días a través de esos paisajes, los paisajes que eran tan conocidos para mí y que solamente podía reconocer mi familia. Cuando empecé a pintar los pasillos venía la guardia y me decía '…Y Vega ¿que va a hacer?' y yo le decía que no sabía. No lo pensé. Es como que sentía que no era yo la que pintaba eso, había algo mágico que me manejaba el pincel".

Actualmente Silvia realiza exposiciones en su ciudad y fue invitada por la Secretaria de Cultura de San Nicolás, para enseñar pintura a niños y niñas en situación de calle.
Obras

La Estampa presentó sus obras en el Centro Cultural Recoleta, el Centro Cultural Borges, el Museo Nacional del Grabado, arteBA, el Espacio Multiarte-SIGEN y Estudio Abierto, entre otros lugares, y formó parte del envío argentino a la Bienal de La Habana 2001. Las obras expuestas se venden y permiten el autoabastecimiento del taller. Del dinero que ingresa por la venta de las obras un 35 por ciento resulta en un incentivo para las integrantes (repartido en partes iguales) y el 65 por ciento restante es destinado a la compra de insumos. Luego de mucho esfuerzo se consiguió que el Servicio Penitenciario otorgara salidas extraordinarias a las integrantes del taller. Así, ellas pueden ir a las muestras a presentar sus propias obras.

La Estampa no es el único taller en el país que produce arte desde la cárcel. Sin embargo, pocas son las experiencias de este tipo que trascienden las fronteras del encierro y logran entrar en cierto circuito oficial. La Estampa lo ha logrado, con esfuerzo, trabajo y amor. Y es que si el arte tiene su razón de ser en función de la mirada de un otro que completa la obra, la participación de este taller en el sistema del arte, es tan importante como la misma creación de las obras.

Foto: "Quiero estar en un faro". En la foto vemos a Ana María junto a un paisaje pintado por ella: un lugar donde le gustaría estar. Esta fotografía, perteneciente a la serie "Queremos vacaciones" (2006) que ganó una Mención Especial del Jurado en el Concurso de Fotografía Expotrastiendas 2008 "¿Cuál realidad?".

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Argentina: El caso Eli Díaz, tan igual y tan distinto al de Romina Tejerina

Irina Santesteban (LA ARENA)

Elizabeth Díaz fue acusada de matar a su beba recién nacida, luego de parir sola en el baño de la casa donde era empleada doméstica. Fue juzgada y absuelta por un jurado popular en Villa Dolores, Córdoba. Por el mismo hecho, Romina Tejerina cumple condena en Jujuy.

Desde el establecimiento penitenciario en el cual cumple la condena a 14 años que le impuso la justicia jujeña, Romina Tejerina firmó el petitorio que las organizaciones de mujeres de Córdoba presentaron ante la Cámara Primera del Crimen de esa ciudad, pidiendo condena para Arturo Benavídez, el abusador de Elizabeth Díaz. La presentación, que incluía más de dos mil firmas de legisladoras, funcionarias, sindicalistas, dirigentes sociales y ciudadanas, provocó la furia del defensor del acusado, el abogado Carlos Hairabedian, muy conocido en el foro cordobés no sólo por su actuación como abogado penalista, sino porque es el co-conductor del programa televisivo "ADN", que se emite los domingos por Canal 10, y que intenta ser una versión cordobesa -y bastante menos pretenciosa- de CQC.

Hairabedian es también el defensor del ex presidente Carlos Menem, en la causa por las explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero, hecho ocurrido en noviembre de 1995 en esa localidad cordobesa.

Fue este abogado quien consiguió que Benavídez no afrontara el juicio en Villa Dolores, la sede judicial que corresponde a San Javier, el pequeño pueblito de Traslasierra adonde ocurrieron los hechos que se están juzgando. Es que esa pequeña comunidad, a diferencia de lo que ocurrió con Romina en Jujuy, tuvo una activa participación en el proceso que desembocó en la absolución de Eli Díaz, cuando fue juzgada por haber matado a su hija al nacer.

Historia conocida

La historia de Eli ha sido reflejada por los medios de prensa cordobeses y nacionales, y no se diferencia de muchos otros casos de abuso sexual infantil, muchos de los cuales no serán nunca conocidos, pero dejarán marcadas para siempre a sus víctimas. El aprovechamiento de la situación de poder del abusador es el elemento distintivo de estos casos, en donde casi siempre tenemos a un hombre como victimario (que puede ser joven o mayor, de clase baja, media o alta), y del otro lado, vulnerable e indefensa, a una niña como su víctima.

Otro rasgo distintivo de los casos de abuso, es su permanencia en el tiempo. En el caso de Ely Díaz, comenzó a los 9 años con tocamientos y manoseos; continuó luego cuando la obligó a practicarle sexo oral y finalmente, cuando quizás el abusador pensó que estaba "lista", con violaciones reiteradas, cometidas en su propia casa de familia.

Eli contó su calvario recién al tercer día del juicio que afrontó por la muerte de su beba, cuando se quebró frente al interrogatorio del fiscal y más aún, señaló a su victimario con nombre y apellido: Arturo Benavídez es un empresario conocido en la zona y semejante acusación cayó como una bomba en San Javier.

En esa oportunidad, el fiscal Emilio Andruet actuó con celeridad y ordenó la detención de Benavídez, y luego que los análisis de ADN ratificaran que la beba de Eli era su hija, fue imputado por el delito de abuso carnal reiterado. A pesar de la posición social del acusado y de que su víctima era una humilde joven, la justicia actuó correctamente. Pero la verdad es que a Eli la absolvieron los juzgados populares. Esta modalidad de juicio fue establecida en la constitución de Córdoba luego de su última reforma, y se la viene utilizando en diversos juicios, casi siempre homicidios o secuestros.

De los ocho juzgados populares, seis se pronunciaron por la absolución de Eli, por entender que había actuado bajo un estado de shock que le había impedido conocer la criminalidad de su acto. En cambio, los dos juzgados populares restantes y los dos jueces letrados, pidieron una condena de 8 años, la mínima para el homicidio simple, porque entendieron que había actuado bajo emoción violenta. De esta forma, la comunidad de San Javier absolvió a la joven, como una forma de reparar el terrible daño que había sufrido durante nueve años, en silencio, sin que nadie lo advirtiera ni la ayudara.

¿Habrá condena al violador?

En esta segunda etapa, la del juicio a Arturo Benavídez, se verá si la justicia es completa. Pues no sólo es necesario comprender lo que significa el infanticidio como resultado de un embarazo no deseado y fruto de una relación de abuso y violencia; sino que sólo habrá justicia si además de erradicar el abuso hacia los niños, niñas y adolescentes, se juzga, condena y encarcela a los abusadores. Esta última parte es la que cuesta tanto lograr que se cumpla en nuestro país.

A pesar de que cada día se conocen y se denuncian más casos de niñas y niños abusados, son muy pocos los juicios y menos aún, las condenas.

La posición de la jerarquía de la Iglesia Católica y los sectores más conservadores ligados a ella, no ayuda y el caso del cura Grassi, es un ejemplo, quien pese a las graves acusaciones por las que está siendo juzgado, todavía no ha sido separado de su función como sacerdote. Hay que esperar la sentencia condenatoria, dice la Iglesia.

Y frente a esta posición benigna para con sus hombres acusados de abuso, la Iglesia mantiene una cerrada negativa a aceptar que la figura del infanticidio sea incluida nuevamente en el Código Penal, luego de su desaparición en 1994. Ello a pesar que el infanticidio es un crimen que se da casi siempre en embarazos no deseados y frutos de violación o abuso.

En Jujuy, bajo la influencia de la Iglesia, una buena parte de la población piensa que Romina está bien condenada, por haber matado a su hija recién nacida. Sin embargo, en el caso de la jujeña, su violador nunca fue juzgado y sólo permaneció 23 días preso. Tampoco se permitió, como lo pidiera oportunamente la defensa, hacer el ADN al cuerpo de su hija muerta, para corroborar que era hijo de quien Romina señalaba como su violador.

Solidaridad activa

No será fácil obtener una condena para el abusador de Eli, pues además de contar con la defensa de un abogado hábil y conocedor del derecho penal, sino porque la prueba del abuso es difícil en casi todos los casos, mucho más si los hechos han ocurrido años atrás.

Pero Eli cuenta con una gran ventaja, la que no tuvo Romina. Su caso ha movilizado no sólo a las organizaciones de mujeres de Córdoba, sino que en Buenos Aires y en algunas ciudades del interior se han juntado firmas y se ha dado repercusión a su caso, siempre exigiendo condena para el abusador.

Pero lo más importante es que la comunidad que la vio nacer y crecer, desconociendo su terrible drama, la defiende y la protege. En San Javier, a partir de su caso, se ha desarrollado el programa "Un antes y un después", dedicado a la prevención de la violencia y el abuso en niños, niñas y jóvenes. A partir del mismo, se ha editado una cartilla con experiencias y opiniones de pobladores, adultos, jóvenes y niños, que hablan sin tapujos de un tema del que siempre se ha callado.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Argentina: La hora de hacer justicia

Katy García - Daniel Klocker (PRENSARED)

En la Cámara Primera del Crimen comenzó el lunes el juicio contra José Luis Arturo Benavídez, acusado de violar en la localidad de San Javier a Elizabeth Díaz. Numerosas organizaciones estuvieron en el edificio de Tribunales II para solidarizarse con "Eli" y para exigir la condena de su abusador. Galería de fotos.

El juicio por la violación sufrida por la joven de Traslasierra, Elizabeth "Eli" Díaz, que luego de dar a luz mató a su beba recién nacida, comenzó el lunes a puertas cerradas en la Cámara 1ª del Crimen. El acusado es el comerciante de la localidad de San Javier, José Luis Arturo Benavídez (57), quien habría abusado de "Eli" , cuando la chica tenía entre 9 y 18 años, está imputado de abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal reiterado y permanece preso desde noviembre de 2006.

El juicio se sustancia en la Cámara 1ª del Crimen, integrada por Jorge Fantín, Lorenzo Rodríguez y Mario Capdevila, acompañados por dos jurados populares. El fiscal es Marcelo Novillo Corvalán, mientras que el defensor de Benavídez es Carlos Hairabedian.

Hairabedian ya dejó entrever que su estrategia será demostrar que la víctima miente y que en realidad mantuvo relaciones consentidas con Benavídez, quién en el juicio en que Eli fue absuelta por haber matado a la criatura fruto de reiteradas violaciones, negó todo tipo de relación con la víctima.

Desde hora temprana, una diversidad de organizaciones sociales, mantuvo una vigilia permanente en Tribunales II y mientras esto ocurría, en la explanada del edificio una muestra de dibujos realizada por jóvenes y niños del lugar alertaba sobre el abuso sexual infantil y de género.

Asimismo, desde la localidad de San Javier y de otros pueblos vecinos del Valle de Traslasierra llegaron a la ciudad de Córdoba para apoyar a "Eli", un caso que conmovió al país a fines de 2006 por sus similitudes con el de Romina Tejerina, de Jujuy.

Díaz, entonces de 19 años, fue acusada de quitarle la vida a su beba recién nacida, supuestamente fruto de abusos sexuales, a minutos de dar a luz en soledad. Un tribunal popular la absolvió afirmando que la adolescente no fue dueña de sus actos aquel 8 de febrero de 2006. Luego, un ADN confirmó que el progenitor de la criatura era Benavídez, un comerciante vecino y ex empleador de "Eli".

Voces que piden justicia

"Como camarógrafo estoy haciendo la cobertura del caso, pero también formó parte de la agrupación "Antes y después" que se formó para apoyar a Eli durante todo este proceso. Realmente sentimos que esta chica esta sola en el mundo y por eso estamos en Tribunales acompañándola a sobrellevar este duro trance de tener que revivir momentos muy duros de su vida y también para demostrarle a la Justicia que no está sola en esta instancia donde se juzga al hombre que le destruyó la vida (Daniel Britos, camarógrafo e integrante del movimiento "Antes y después")

"Apoyo la causa de Eli porque durante diez años fue víctima de un abusador, que además era su patrón y que se aprovechó de su necesidad de trabajar para violarla sistemáticamente. Benavidez era una persona para la sociedad de San Javier, pero detrás de esa figura de aparente hombre bueno se escondía un monstruo que hizo mucho daño. Además utilizó su posición económica para tener el privilegio de que el juicio se haga en la ciudad de Córdoba y no en los Tribunales de Villa Dolores, como correspondía. (Maria del Valle Lipari)

"El movimiento Un antes y un después, a la que pertenezco, surgió después de conocerse el estremecedor caso de Eli y porque teníamos la necesidad de hacer algo para que esto no vuelva a ocurrir. Durante dos años estuvimos haciendo talleres temáticos para que los chicos del CBU rural realizaran trabajos sobre sexualidad, abuso infantil y violencia de género, que terminaron exponiéndose en la plaza de San Javier durante la marcha de la semana pasada. La expectativa para este juicio es que Benavides sea condenado y con cárcel efectiva porque sabemos que en este país el 95% de los abusadores quedan libres, más si tienen plata para pagar buenos abogados" (Adriana Pottel)

"Cuando nos enteramos de este caso fuimos a Traslarierra y después trabajamos para instalar el tema en la sociedad porque abusar de un niño es un crimen y debe tener su castigo. Hay que presionar a la justicia porque nosotros creemos que la justicia en este sistema no es justicia y menos para los pobres. Benavídez, como tiene plata contrató como defensor a un ´zorro viejo´ como Carlos Hairabedian, que seguramente apelará a todo tipo de artilugios jurídicos para conseguir la absolución de su defendido, pero ahí estará nuestra fuerza como pueblo para conseguir que se haga justicia" (Chela de la Multisectorial de la Mujer)

"Se trata de un caso muy conocido en traslasierra, muy paradigmático, porque es mujer, pobre y trabajadora y en estos casos, las condiciones de indefensión y de abuso de poder vivido desde los 9 hasta los 19 años y vivió una terrible experiencia. El abusador era el patrón y ella debía acercar el sustento para sus seis hermanos, sin poder hablar. En estos casos de abusos, lamentablemente, el sistema judicial habla de presentar prueba material. Algo imposible cuando la situación viene de muchos años. La única forma es creer en las víctimas, porque no mienten". (Cecilia, trabajadora de la salud, integrante de Pan y Rosas)

"Nosotros planteamos desde un arte ligado a las luchas populares y obreras y en el marco de la campaña por la condena a Benavídez vemimos participando con intervenciones. Estuvimos en Plaza San Martín y denunciamos la realidad de las mujeres que no tiene que ver con lo que dijo la presidenta respecto a que las mujeres ahora acceden al poder. Eso es solo para una elite. Creemos que casos como el de Romina y de Eli no dicen lo mismo". (Sofía, colectivo artístico Contraimagen)

"Que una agrupación artística tome partido desde los trabajadores, y considerando que el arte no tiene patrones, es importante. El caso de Eli es un reflejo de lo que le pasa a la mujer trabajadora". (Cecilia,Colectivo artístico Bataclana)

"Participamos porque hay una causa que viola los derechos de las mujeres. Queremos que el abusador vaya preso. Para eso es necesario fortalecer nuestros derechos, defenderlos, y lo que queremos es romper el silencio para que los grupos más vulnerables, siguen siendo las mujeres, los niños y los ancianos. Hay que denunciar la violencia de genero, fisica, sexual y psicológica y no como publicaqn los diarios y noticieros, que lo relacionan con crímenes pasionales o policiales". (María Cristina Cabreras, Programa Nacional Juana Azurduy).

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Argentina: Planteo de ANDHES por los derechos de los niños y adolescentes


PRIMERAFUENTE

La organización del NOA se presentará, junto a diferentes organizaciones de América del Sur, en la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington. Exigen crear un espacio para analizar instrumentos para subsanar la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Justo cuando desde la provincia de Buenos Aires se impulsa un proyecto para debatir la imputabilidad penal de los menores que delinquen, Darío Abdala, director Ejecutivo de Abogados y abogadas del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES)), presentó ayer ante la CIDH un documento sobre la Situación de Niñas, Niños y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal en los países del MERCOSUR. ANDHES.

El documento se entregó en Washington, sede de la CIDH, y Abdala lo hizo en calidad de integrante del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia (Argentina), que coordinó el documento para la audiencia con la Associacao Nacional dos Centros de Defesa da Crianca e do Adolescente (ANCED- Brasil), la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (CDIA - Paraguay) y Comité de los Derechos del Niño (Uruguay).

El informe hace hincapié en que respecto de "la delincuencia juvenil en América Latina vemos una profundización en el proceso punitivo generado por la penalización de la pobreza". En este sentido, denuncian la "supervivencia de sistemas tutelares en las formas de intervención en materia de justicia penal juvenil que deriva en la institucionalización como la principal respuesta de nuestros estados" y "las condiciones en que se llevan a cabo las privaciones de libertad, las cuales van en contra de la dignidad de cualquier persona".

Asimismo, insisten en "la casi inexistencia de políticas públicas integrales que tiendan a la defensa y protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes de nuestros países" y "la inexistencia de espacios de coordinación y articulación para la implementación, seguimiento, evaluación y adaptación de la implementación de planes, programas y acciones que tiendan a la plena vigencia de derechos de niñas, niños y adolescentes".

Partiendo del análisis de la situación, las organizaciones, a través del director Ejecutivo de ANDHES, Dario Abdala, plantearán "la incorporación de los derechos humanos en las políticas de control social de una infracción, que justifique cualquier acción que se aplique en relación a los adolescentes autores de una infracción" y la "obligatoriedad de que estas acciones estén dirigidas a la plena protección de los derechos de los niños y adolescentes infractores o presuntos infractores del régimen penal juvenil".

También insistirán en el "establecimiento de mecanismos de control social de una infracción, sobre la base de un sistema que promueve la prevención, políticas compensatorias, acciones y medidas especiales de protección destinadas a neutralizar la amenaza o violación de los derechos fundamentales de los adolescentes autores o presuntos infractores de la ley penal" y "la efectiva realización de las plenas garantías procesales, incluyendo sobre todo la gran ausencia de servicios adecuados de asesoría legal".

Para eso, recomendarán al Sistema Interamericano de Protección que realice un informe sobre los estándares mínimos que debe cumplir los estados en materias de justicia penal para adolescentes y que establezca estándares para una adecuada política criminal destinada a las personas menores de edad, respetuoso del marco normativo que refiere a los derechos humanos de las personas menores de edad. Al respecto, solicitarán que se instituya un mecanismo de seguimiento de estos parámetros.

Foto: Argentina, Tucumán - En situaciones de pobreza se vulneran los derechos de los niños. / Autor: PRIMERAFUENTE


Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Argentina, Tucumán: Los docentes de AMET y APEM quedaron liberados para retomar las medidas de fuerza

PRIMERAFUENTE

Luego de 30 días de discusiones en reuniones fijadas por la Secretaría de Trabajo en el marco de la Conciliación Obligatoria, los gremios docentes de AMET y APEM quedaron liberados para retomar las medidas de fuerza. En la última reunión que se realizó ayer, el Poder Ejecutivo no otorgó ninguna propuesta salarial como esperaban los dirigentes. En tanto, APEM ya convocó para mañana por la tarde a una asamblea general y allí se decidirán cuáles serán los pasos a seguir.

"La paciencia llegó al limite". Esto fue lo que dijeron varios dirigentes docentes al salir de la última reunión de Conciliación Obligatoria en la que participaron autoridades del Gobierno provincial y los representantes de los gremios de APEM y AMET. En el encuentro que se realizó ayer en la Secretaría de Trabajo se cerró el periodo del régimen laboral para discutir sobre la problemática salarial y otros puntos itinerantes para los docentes. Sin embargo, los resultados no fueron positivos y volvió el malestar en los niveles medios y técnicos de la docencia tucumana.

Los 30 días que duró la Conciliación no sirvieron para que los sectores encontrados lleguen a un acuerdo. Es por eso, que desde los sindicatos ya planifican volver a las medidas de fuerza. En este sentido, la titular de APEM, Isabel Ruíz, adelantó que se convocó para mañana por la tarde a una asamblea general en la sede gremial (La Rioja 259). En esta oportunidad los delegados y dirigentes analizarán qué pasos seguirán para exigir un aumento salarial.

"La sensación de bronca y tiempo desperdiciado está latente", dijo Ruíz cuando se le consultó sobre el cierre de esta discusión. "Directamente se nos informó que no habrá ninguna propuesta de mejoras salariales y esto genera molestia porque hasta último momento esperábamos alguna propuesta", manifestó la docente lamentándose por el fracaso de discusión.

La dirigente admitió que desde el sector entienden que la provincia y el país no pasan por un buen momento económico, pero a la vez recalcó que los trabajadores también sufren la pérdida del poder adquisitivo.

Lo que sí si avanzó fue en la intención de buscar la titularización de los docentes en toda la provincia. Pero para que esto se concrete primero los sindicatos deberán elevar propuestas para los niveles medios, técnicos y superior. Luego se espera que a fin de año, una vez que el Poder Ejecutivo cuente con todas las posiciones se envíe un proyecto para que se debata en la Legislatura.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Argentina, Catamarca: Denuncian que la Minera Alumbrera operó para que la justicia desaloje el corte en Tinogasta

COPENOA

La Justicia de Tinogasta se dispone en las próximas horas a desalojar el corte que impide la circulación de camiones de gran porte por el interior de esta ciudad.

Durante los últimos días, personal de Minera Alumbrera llegó a Tinogasta a intentar destrabar el corte, reuniéndose con autoridades de la municipalidad, la policía, la justicia y defensa civil. Tan es así que funcionarios del departamento Tinogasta se movilizaron por todas partes en vehículos de la empresa Alumbrera, acompañados por personal de la misma, tratando de destrabar el conflicto. Luego de diversas tratativas, aparentemente Minera Alumbrera ganó las negociaciones. ¿O habrá realizado una oferta difícil de rechazar, al estilo "El Padrino"?.

De la manera que haya sido, ya se encuentra en Tinogasta la guardia de infantería de la policía de la provincia, enviada especialmente para la ocasión. Aparentemente, la fiscal Dra.Silvia Álvarez habría cambiado de opinión con respecto a sus declaraciones, en las que pronunciaba que no era competente para entender en el tema. Al momento de redactar este comunicado, los diversos vehículos de Empresa Alumbrera se encuentran estacionados en frente a la Comisaría de Tinogasta, tal como si fueran móviles de policía.

Con respecto a la quema de la parte trasera de uno de los camiones, ya circulan versiones de que en las próximas horas, se ordenaría el allanamiento de las viviendas de integrantes del grupo de Autoconvocados, solamente por las meras conjeturas de las autoridades. Lo que continuaría con las diversas intimidaciones al grupo de Autoconvocados.

Todo esto nos lleva a la triste conclusión de que en Catamarca, no existen las libertades individuales, no existe la autonomía de los gobernantes, por encima de las autoridades, o paralelamente, existe todo un aparato de poder de Empresa Alumbrera, que compra y vende voluntades, que corrompe y obliga a las autoridades a actuar en función de los intereses empresarios.

Desde el grupo de Autoconvocados repudiamos todas estas tácticas de intimidación, que intentan adjudicar la quema de un camión, que según comentarios del mismo chofer, la policía dejó de custodiarlo momentos antes del "controlado" incendio de sus ruedas traseras. También denunciamos la manipulación de funcionarios para cumplir con intereses de la empresa.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Argentina: Sorprende la repatriación de fondos de pensión

ANSA

La Bolsa de Valores de San Pablo (BOVESPA) recibió con sorpresa la decisión argentina de repatriar en 3 días 567 millones de dólares de fondos de pensión privados.

Operadores consultados por el diario Valor Económico señalaron que el plazo de la reintegración de los fondos es breve y eso afectará el precio de venta de los papeles.

El Banco Itaú y la gestora inglesa Schorders son las entidades que ofertaron más acciones brasileñas a los fondos argentinos.

"Como liquidación de las ventas de las acciones en Brasil es una operación que lleva 3 días, los fondos deberían vender todo hoy para poder mandar el dinero esté de vuelta (en Argentina) el viernes" dijo Eduardo Mendes, de Schorders.

Pero la migración de los 567 millones de dólares argentinos no causó sobresalto en la plaza paulista que ayer subió más del 13 por ciento señalaron analistas a Valor.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

El Salvador: Los jóvenes salvadoreños superan el 13% del desempleo

Beatriz Castillo (COLATINO)

La situación de la juventud salvadoreña no mejora, el desempleo, específicamente para esa población ascendió entre el 13% y el 14% según un diagnostico presentado hoy por el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA).

Los factores que influyen en el incremento de la tasa de desempleo es la falta de educación entre este sector de la población y las pocas oportunidades laborales que abre la empresa privada.

Sonia Sánchez, consultora del diagnóstico, ejemplificó que para este 2008 un promedio de 70 mil jóvenes bachilleres se sometieron a la Prueba de Actitudes y Aprendizaje (PAES), y que al menos el país debe de estar preparado para ofrecer una oportunidad laboral a la mitad. Sin embargo, la condición real es que no hay un "empleo digno" para todo esa población.

Otro dato revelador es que el 36.9% de los jóvenes trabaja de forma subempleada en jornadas de larga duración o menos de la jornada laboral establecida por las leyes. Lo que los obliga a no gozar de una remuneración adecuada.

Según la consultora, estos datos son alarmantes porque si no se cambian las políticas enfocadas al sector de jóvenes de menos de 25 años, en el 2040 estos no tendrán garantizado su futuro.

"Si no cotizan desde hoy en el futuro van hacer indigentes o trabajarán hasta su muerte", agregó Sánchez.

La consultora explicó que el diagnóstico se realizó con base a los datos obtenidos del Censo de Población y vivienda 1992/2007 y el de Encuestas de Hogares y Usos Múltiples. "Creemos que esos resultados son la actuación del gobierno, del empresariado y las instituciones", asegura la experta.

Mientras que los indicadores en el tema de pobreza son más alarmantes. Uno de cada 10 jóvenes esta mal nutrido; dos de cada diez jóvenes no tienen educación y tres de cada diez jóvenes padece condición de pobreza.

Estos resultados son parte de lo que se cosechó en la guerra y la post guerra.

"Lo importante es tomar medidas para mejorar condiciones, para sembrar un buen futuro", acotó la experta.

Por su parte, Benjamín Cuéllar, director del IDHUCA, aseguró que con la elaboración de este diagnóstico buscan concienciar a la población de jóvenes para demandar "a los políticos condiciones para desarrollarse", más cuando se está a las puertas de un proceso electoral. No se puede permitir tener el mismo presupuesto de salud de hace siete años y el mismo presupuesto de educación de hace diez años.

Cuéllar aseguró que si de ahora en adelante el país no siembra cosas distintas "vamos a seguir cosechando", cosas iguales y graves.

"Creemos que es una violación permanente de los derechos humanos de los jóvenes salvadoreños", sentenció. El defensor de los derechos humanos criticó que el Estado salvadoreño no acceda a ratificar la Convención Iberoamericana de los Derechos de la Juventud, la cual garantiza mejores políticas para el sector que representa la mitad de la población.

El diagnóstico se presenta días antes que se desarrolle la XVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, donde se espera se aborden temas específicos a los jóvenes.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

El Salvador: Funes aventaja a Avila por más de 15 puntos

Iván Escobar (COLATINO)

La ventaja de más de quince puntos porcentuales, entre el partido FMLN y ARENA, en intención de voto presidencial se mantiene de acuerdo a la más reciente encuesta del Centro de Investigación de la Opinión Pública Salvadoreña (CIOPS), de la Universidad Tecnológica (UTEC).

La encuesta revelada esta mañana por la UTEC, refleja que el partido de izquierda FMLN mantiene un apoyo popular del 45.6% sobre su principal adversario ARENA, que obtuvo el 30.4% en la encuesta realizada entre el 24 y 26 de octubre.

A inicios de octubre, el Instituto de Opinión Pública de la UCA (IUDOP), también reveló un porcentaje similar en la intención de voto recabada en su encuesta, en la cual el FMLN tuvo un respaldo del 44.9% mientras que ARENA, un 30% del apoyo de los encuestados. Los mismos resultados se reflejan en la encuesta de la Universidad Francisco Gavidia. Es decir, las encuestas independientes de las más prestigiosas universidades concuerdan, lo que puede ser determinante para un análisis más realista.

En menos de un mes éstas dos instituciones académicas –UCA y UTEC- han coincidido con el porcentaje de diferencia, que mantiene al principal partido opositor que continúa arriba en las preferencias electorales de cara a los comicios presidenciales de marzo de 2009.

La encuesta de la UTEC, dijo Nelson Zárate, Vicerrector Académico de este centro de educación superior, hay un amplio porcentaje de personas que cree que el efecto de la elección del candidato vicepresidencial en ARENA, pueda influir en un incremento de votos.

Aunque cerca del 75% opinó que la elección del compañero de fórmula de Rodrigo Ávila, fue producto de una decisión tomada por el Presidente de la República, Elías Antonio Saca, o el COENA, máximo organismo de dirección del partido oficial.

Además, un 44.4% piensa que ARENA podría ganar elecciones con la publicidad que pueda intensificar en los meses que restan del año y en los cuales se intensificaría la campaña electoral, sin descartarse un aumento de la "campaña sucia".

La encuesta reveló también las preferencias electorales para diputados, en las cuales el partido FMLN obtiene el 43.2% sobre ARENA, quien obtuvo el 29.2%; para alcaldes, el partido opositor tiene un respaldo del 39.9% sobre 26.3% de ARENA.

Los encuestas consideran necesario un debate presidencial en esta campaña, y prevén que el candidato de la izquierda, desempeñaría un mejor papel, ya que en el candidato oficial, no ven capacidades ni características para gobernar.

El 40.3% de los encuestados cree que el candidato oficial representa "más de lo mismo", ya que señalan que es altamente dependiente del Presidente Saca y el 62.6% no ven en él una capacidad para organizar un gobierno diferente a los anteriores.

La encuesta midió también los niveles de confianza en el electorado de cara a los comicios del otro año, en donde se encontró que el 58.3% cree que habrá fraude electoral, de los cuales 37% dijo que estaría propiciado desde el gobierno, y el 34.3% que podría venir de los partidos políticos.

El 64.7% de los encuestados considera que hay campaña sucia, y el 48.1% cree que quien la realiza es el partido ARENA.

FMLN con apoyo para seguir en alcaldía capitalina

El partido FMLN cuenta con amplio apoyo por parte de los encuestados para mantener el gobierno de San Salvador.

El 40.2% de los encuestados considera que el FMLN debe continuar al frente de la municipalidad, mientras que el 33.3% dijo que debería ser ARENA. Aunque la encuesta señala una baja nota a la actual alcaldesa y aspirante a un segundo período municipal.

"Pareciera que la figura de Arturo Zablah en San Salvador ha tenido una mejor recepción que en el interior del país, sin menoscabar el trabajo que está haciendo el doctor Quijano", explicó Zárate.

"Tenemos 20 años de estar trabajando en opinión pública, las cuatro encuestas presidenciales han tenido un margen de error del 3%", dijo Zárate, en referencia a la credibilidad de las investigaciones que desarrollan en cada evento electoral, y en respuesta a los datos que este día aparecen en dos encuestas de los rotativos de mayor circulación nacional.

Zárate precisó que "si por los dos medios (diarios) que publicaron ahora encuestas, los resultados llegaran a ser ésos, en este país Luis Cardenal tuvo que haber sido alcalde, (según las encuestas de El Diario de Hoy y la Prensa Gráfica); Evelyn Jacir de Lovo, tuvo que haber sido alcalde, dijeron que lo iba a ser; Samayoa tuvo que haber sido alcalde… nuestro margen de error en las últimas encuestas para alcaldes y diputados fue inferior al 1%, por lo tanto, más que hablar de las otras instituciones, quiero sostener en el tiempo y en la exactitud que hemos tenido en otras conferencias de prensa".

La encuesta se desarrolló entre el 24 y 26 de octubre, en un universo de 2 mil 187 personas, a escala nacional. Y, además, indicó que el FMLN en comparación con la encuesta de junio de este año, ha disminuido tres puntos porcentuales y ARENA ha subido levemente, aunque reiteran que Funes está influyendo en el apoyo que ahora está recibiendo el partido de izquierda.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

México: Brad Hill, "Recordemos hasta que la justicia se sienta entre nosotros"

CONTRAIMPUNIDAD - INDYMEDIA

"...Una muerte más, otro mártir en esta guerra sucia, otra ocasión para llorar y sentir dolor, otra oportunidad de conocer el poder y su horrible cabeza, otra bala irrumpe en la noche, otra noche en las barricadas. Alguien mantiene las fogatas, otros se acurrucan y duermen, pero todos están con él mientras descansa, una última noche, bajo su mirada".

Esto escribía Brad Will sobre el asesinato de Alejandro García Hernández, miembro de la APPO abatido en una de las barricadas populares en Oaxaca en el 2006, una semana antes de que él mismo fuera asesinado por matones al servicio del Estado mexicano. Y esta es una verdad de verdades, filmada por su propio protagonista, estudiada por técnicos y organismos y expertos, vista por muchos y testimoniada por varios, solidarios, valientes, y por lo tanto hoy perseguidos, reprimidos y presos. El descaro con que la corrupción del poder se manifiesta en México parece no tener límites.

Mientras los asesinos de Brad continúan libres, quienes lo socorrieron cuando cayó, quienes pidieron justicia cuando murió, ahora son acosados y señalados desde la fábrica de mentiras del gobierno como los culpables de su muerte, en el colmo del absurdo, de la falta absoluta de escrúpulos, de la ausencia total de lógica, y desde la enorme desesperanza sentida ante la injusticia brutal y perversa que duele como otro asesinato más, otro crimen más sumado al de tantos hombres y mujeres barridos por gobiernos acostumbrados a no tener que pagar las consecuencias de sus actos, mientras manchan las memorias de sus víctimas, el recuerdo de sus vidas y sus luchas, con ese manto inmundo y pestilente que lo cubre todo en México: la impunidad. En el país de las mentiras, Bradley Roland Will murió por la osadía de mostrar la realidad, y es una muerte más, otro mártir en esta guerra sucia, otra ocasión más para llorar y sentir dolor... pero también para recordarlo, gritar su verdad y seguir exigiendo justicia sin rendirse, sin callarse y sin olvidar, tal como él lo haría...

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...

Estados Unidos: Buscan un sustituto del Japón para el suministro de combustible a la República Popular Democrática de Corea

Estados Unidos está buscando la manera de reemplazar a Japón en el suministro de fueloil a la República Popular Democrática de Corea (RPDC), dijo hoy el enviado nuclear de Estados Unidos, Christopher Hill.

"Hemos estado en contacto con otros países" en relación con el suministro de fueloil, dijo Hill a los reporteros después de una reunión en Washington con su homólogo japonés Akitaka Saiki y agregó que Estados Unidos da la bienvenida a la participación de otros países.

De conformidad con un acuerdo logrado en febrero de 2007, la RPDC recibiría un millón de toneladas de fueloil o su equivalente en energía de Estados Unidos, China, Corea del Sur, Rusia y Japón a cambio de desmantelar las instalaciones para la producción de plutonio.

Estas seis naciones han estado entablando conversaciones desde el 2003 para resolver el problema nuclear de la península de Corea a través de medios políticos.

Tras acusar a la RPDC de secuestrar a ciudadanos japoneses en los setentas y ochentas, el gobierno japonés amplió sus sanciones unilaterales contra la RPDC y ha tratado de encontrar a otros países para que se encarguen de su parte de combustible prometido a la RPDC.

La RPDC liberó a cinco de los secuestrados junto con sus hijos, pero señaló que los otros ocho murieron en el transcurso de los años. Sin embargo, el gobierno japonés cree que algunos de ellos aún podrían estar vivos y que podría haber otros secuestrados en la RPDC.

Estados Unidos apoya "al gobierno japonés y al pueblo japonés en la búsqueda de una solución al problema" del secuestro, dijo el lunes a los reporteros el vocero del Departamento de Estado Sean McCormack.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.

Ver texto completo...