viernes, 31 de octubre de 2008

Las 25 noticias más censuradas en 2007-2008: CARE rechaza ayuda alimentaria de Estados Unidos


Ellen Massey - REVOLUTION COOPERATIVE
Título original: CARE Rejects US Food Aid
Traducción: Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)


CARE, una de las organizaciones estadounidenses de caridad más grandes y más conocidas, anunció agosto de 2007 que rehusaba recibir 45 millones de dólares al año en ayuda alimentaria del gobierno de Estados Unidos.

CARE se quejó que la ayuda de EEUU –por la manera en que se entrega– es más bien una causa estructural del hambre que un alivio en los países en donde se recibe. EEUU presupuesta 2 mil millones dólares por año para la asistencia en alimentos, comprando cosechas de EEUU para alimentar poblaciones que hacen frente al flagelo en medio de la crisis o que sufren hambre crónica.

El aviso de la organización incitó la discusión sobre las formas y los objetivos de la ayuda otorgada por EEUU y otros grandes poderes a los países del Tercer Mundo y respecto al papel que desempeñan la mayoría de las organizaciones de caridad. El razonamiento detrás de la decisión de CARE forma parte de un debate de largos años que ha influido sobre toda la legislación comercial y doméstica de EEUU y tiene atascada a la Ronda Doha de la Organización Mundial de Comercio.

El informe CARE 2006, llamado "Documento Blanco sobre la Política de Ayuda en Alimentos", precisó que el programa actual de ayuda de alimentos está motivado más bien por la búsqueda de beneficios que por el altruismo. La política de ayuda, que dicta que el dinero donado sea utilizado para comprar alimentos en el país de origen, genera un programa conducido por "los objetivos de exportar los excedentes disponibles en exceso en el país exportador" y no por las necesidades de la gente con hambre.

La política de EEUU implementa en la práctica la monetización, una política de ayuda alimentaria que consiste en que el gobierno de EEUU adquiere los alimentos sobrantes de los negocios agrícolas estadounidenses, que ya fueron abundantemente subvencionados, y los exporta vía líneas de transporte de EEUU (cuyos costos de transporte encima devoran bastante de los 2 mil millones dólares anuales de ayuda alimentaria proporcionada por el gobierno de EEUU) con destino a las organizaciones de ayuda que trabajan alrededor del mundo.

Las organizaciones de ayuda entonces venden las encarecidas cosechas estadounidenses a las poblaciones locales, a un precio dramáticamente reducido. Las organizaciones de ayuda usan los ingresos procedentes de estas ventas en financiar sus programas de desarrollo y de anti-pobreza. Pero varios grupos, con CARE en la vanguardia, han precisado que esta política tiene como efecto la ruina de los granjeros locales y desestabiliza los mismos sistemas de producción de alimentos que las organizaciones de ayuda están trabajando para consolidar.

Una política que deja fuera de competencia a los granjeros locales y mina la agricultura de los países en vías de desarrollo se convierte en parte de un proceso por el cual esos países pierden los medios para desarrollarse y así crece más la dependencia de las naciones más fuertes y más dominantes. Estos países llegan a ser más vulnerables en cada esfera, no sólo en la económica, sino también políticamente. El resultado probable es más hambre y menos soberanía pues los países se atan siempre con mayor firmeza al mercado mundial.

"No estamos contra la ayuda alimentaria de emergencia para eventualidades como sequía y hambre", dijo Alina Labrada, portavoz del CARE. "Pero, mediante este mecanismo, los granjeros locales están siendo lastimados en vez de ayudárseles".

La Unión Europea también ha sido crítica del programa de ayuda de alimentos de EEUU. Todos los países europeos eliminaron la práctica de la monetización en los años 90. Solamente el 10 por ciento de su ayuda de alimentos presupuestada está reservado para cosechas crecidas en Europa. Aumentan las suspicacias de que EEUU intensifique la monetización de sus programas de alimentos para evitar límites a sus subsidios a las granjas, cuestionados universalmente.

El Programa Mundial de Alimentos de la ONU, el distribuidor más grande de la ayuda de alimentos en el mundo, ha rechazado la práctica de la monetización y no permite que su grano sea vendido por las ONGs.

Recientemente, dos congresistas EEUU propusieron cambiar porciones del presupuesto de ayuda en alimentos por donaciones de granos pagados en efectivo, para hacer posible que la gente en necesidad pueda comprar localmente las cosechas de alimentos. Ambas tentativas fueron votadas en contra.

Foto: Uwizeye Sekugabanye y su familia transporta alimentos entregados por el PMA de la ONU en Nyanzale, Rutshuru distrito oriental de la República Democrática del Congo. / Autor: Marcus Prior (PMA - ONU)

Fuentes:
Inter Press Services, 23 de julio, 2007
Título: “Mutiny Shakes US Food Aid Industry”
Autor: Ellen Massey

Revolution Magazine, 1 de octubre, 2007
Título: “Starvation, Aid Agencies and the Benevolence of the Imperialists”
Autors: Revolution Cooperative

Estudiantes investigadores: Susanna Gibson, Cedric Therene y Chris Armanino,
Faculty Evaluator: Keith Gouveia, JD


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CAFTA: Primer Referéndum en Costa Rica


Ing. Gerardo Fumero Paniagua (especial para ARGENPRESS.info)

La figura del referéndum se legalizó en Costa Rica en el año 2006. Se utilizó por primera vez el 7 de octubre del 2007, ante el gran debate que dividió al país en dos bandos, dada la intensidad de la discusión ideológica en torno a la aprobación o rechazo del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, Centro América y República Dominicana, CAFTA-DR, por sus siglas en inglés.

Ante tal polarización, surgió la solicitud ciudadana para un referéndum. El Tribunal Supremo de Elecciones, TSE, la aceptó. Sin embargo, el gobierno, impulsor del Tratado, retomó la idea y pidió a la Asamblea Legislativa que solicitara al TSE convocar el referéndum, con el propósito de adelantar su trámite, pues de haberse hecho por la vía ciudadana, se disponía de 9 meses para recolectar el 5% de las firmas inscritas en el padrón electoral, tiempo que se ahorraron al solicitarlo el Poder Ejecutivo en conjunto con el Legislativo. El TSE, a pesar de haber aceptado formalmente la primera solicitud, la desechó para acoger la de los Poderes.

El bando del SI al CAFTA ha gastado más de 10 millones de dólares durante el proceso de su aprobación, en “propaganda”, intentando convencer a un pueblo de las “bondades” del mismo. El alcance y la profundidad del compromiso, tanto del poder político como del gran capital, quedó al descubierto cuando se conoció lo que se dio en llamar el “memorando del miedo”, documento elaborado por el Vice Presidente de la República, Dr. Kevin Casas y el Diputado y sobrino del Presidente de la República, Dr. Fernando Sánchez, un maquiavélico plan para ganar ese referéndum a como hubiera lugar. La campaña mediática fue devastadora, se intensificó en los tres días previos al 7 de octubre, precisamente cuando se debía respetar -por ley-, una tregua.

La batalla en los medios fue totalmente desigual, más del 95% de la publicidad fue pautada por la tendencia del SI. Se gastaron para ello importantes recursos, muchos del erario público, manejados como si fueran privados. Sin embargo, lo más denigrante fue el nivel de cinismo, de mentira y de engaño, con que se abordó toda la campaña a favor del Tratado, desde el inicio.

Una de las más prestigiosas firmas de encuestas, UNIMER, reveló una semana antes del referéndum, que la tendencia del NO ganaba por un 12%. Finalmente este se realizó con la participación del 60% de la población. La tendencia del SI ganó con el 51% de los votos emitidos, equivalente al 30% de los electores empadronados y el 17% del total de la población.

El país se enfrentó luego a la vergonzosa aprobación de la “Agenda de Implementación” del CAFTA, que concedió aun más beneficios que los negociados -entregados-, en ese Tratado. No solo va esa legislación más allá del mismo Tratado, sino que violenta la Constitución Política, CP, y transforma nuestro Estrado Social de Derecho, que ha hecho de este país el más equitativo, justo e incluyente del Continente latinoamericano.
La Ley del Referéndum

En Costa Rica se abre la posibilidad del referéndum el 9 de marzo del 2006, con la aprobación de la Ley No. 8492, sustentada en las reformas aprobadas en el año 2002, al artículo 9, y durante el 2003, al artículo 105 de la CP. (1)

La Ley, en su artículo 3 considera tres modalidades: “a) De iniciativa ciudadana: convocado al menos por un cinco por ciento (5%) de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral. b) Legislativo: convocado por la Asamblea Legislativa mediante la aprobación de dos terceras partes del total de sus miembros. c) Ejecutivo: convocado por el Poder Ejecutivo junto con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa”.

Establece el artículo 6, inciso “e) El interesado en la convocatoria a referéndum contará con un plazo hasta de nueve meses para recolectar las firmas….”.

De acuerdo con el artículo 19, “El aviso de convocatoria al referéndum y su texto serán publicados en La Gaceta por el TSE, que podrá difundir, además, en la medida de sus posibilidades, una síntesis del texto, por medio de las estaciones de televisión y radio nacionales y regionales y los periódicos de circulación nacional y regional”.

El artículo 20 establece: “a) Prohíbese al Poder Ejecutivo, las entidades autónomas, las semiautónomas, las empresas del Estado y los demás órganos públicos, utilizar dineros de sus presupuestos para efectuar campañas a favor o en contra de los textos o proyectos sometidos a la consulta del referéndum;…”.
El CAFTA

En el año 2003 se iniciaron las negociaciones del CAFTA. Para los Estados Unidos, (USA), El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua y República Dominicana (que se incorpora a las negociaciones un poco más tarde), entró en vigencia en el 2006. En USA, la Cámara de Representantes lo aprobó por 217 contra 215 votos. Algunos -se supo luego-, votaron afirmativamente gracias al “lobby” de la industria farmacéutica, en lo que invirtió más de $3 millones.

Los textos del Tratado en nuestro país, se manejaron subrepticiamente y en el más absoluto secretismo, el pueblo jamás los conoció hasta que ya estuvieron negociados. Se mintió y engañó a todo el país, desde el principio. Por ejemplo, el mismo Presidente de la República y todo su equipo negociador, mientras se llevaban a cabo las diferentes rondas de negociación, juraron que no se incluirían temas tan sensibles para el país, como los servicios de telecomunicaciones (2) y de seguros, pero finalmente fueron agregados al botín, en la penúltima ronda de negociaciones, luego de presiones del gobierno norteamericano.

En ninguno de los países centroamericanos hubo mayor discusión o análisis de ese documento de más de 2.500 folios. El Salvador fue el primero en aprobarlo, lo hace en la madrugada del 17 de diciembre del 2004, luego lo aprueba Honduras, en donde 124 diputados de 128 votan a favor, el 3 de marzo del 2005.

En Guatemala, el 9 de marzo del 2005 fue presentando a la Asamblea Legislativa sin haberse realizado ninguna discusión o estudio. Fue ratificado al día siguiente y notificado al Presidente de la República para su respectiva publicación. Contó con la aprobación de 126 votos y 12 en contra, y fue aprobado con la prioridad de “emergencia nacional”.

En República Dominicana se aprueba el 6 de setiembre del 2005, con 118 votos a favor, 4 en contra, 20 abstenciones y 8 ausentes y en Nicaragua se somete a discusión en el mes de setiembre del 2005 en dos ocasiones, pero en ambas no fue posible su discusión. El 7 y 8 de octubre del 2005, el representante comercial de USA, Robert Zoellick, visita ese país y se reúne con el Presidente y miembros de los partidos Liberal Constitucionalista y Sandinista. Fue ratificado tres días después, el 11 de octubre del 2005, dejando la Agenda Complementaria como anexo del dictamen de mayoría.

En Costa Rica por el contrario, ha sido sometido a la mayor discusión nacional de que se tenga memoria. Quienes lo impusieron (gobierno, cámaras empresariales y capital extranjero), acapararon con su dinero los medios de comunicación, invirtiendo más de $10 millones en propagada –no información-. Se gastaron dineros del gobierno –del pueblo-, de las cámaras empresariales, de la Fundación Costa Rica - USA, CR-USA, de la Fundación de Cooperación Estatal, FUCE, donaciones de entidades financieras internacionales y países amigos, administrados a través de esas fundaciones y del Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE, como si fueran fondos privados, a pesar de que muchos no lo eran.

En el bando opuesto, el pueblo invitó a foros y debates en cada barrio, surgieron cientos de líderes comunales y nacieron espontáneamente más de 140 “Comités Patrióticos”, que junto con muchas otras fuerzas sociales, sindicales, intelectuales, ambientalistas, estudiantiles, etc., llevaron a cabo las más multitudinarias marchas de la historia, se organizaron infinidad de charlas y emisiones radiales, se publicaron más de 50 libros y folletos, infinidad de volantes y comunicados.

Dos elementos hacen que este Tratado cobre especial relevancia para el país: uno es el hecho de que más que un acuerdo comercial, a diferencia de los demás, regula prácticamente todos los aspectos de la vida nacional, tal y como si fuera otra CP.

Este Tratado cambiaría radicalmente nuestro modelo de desarrollo como país. El modelo actual, basado en un Estado Social de Derecho y de servicios públicos al costo, ha sido sumamente exitoso, al extremo de que el Dr. Carmelo Mesa-Lago, (3) escribe un Libro (4) en el que analiza 20 variables socio - económicas de tres naciones, durante varias décadas, para concluir que “si bien es cierto no existen los sistemas ideales y cada país es diferente, en Latinoamérica Costa Rica puede servir como guía para las naciones que andan en busca de un modelo económico y social. …puedo decir que, en conjunto, la experiencia costarricense fue la más exitosa. Innegablemente los chilenos han tenido el mejor desempeño en la parte económica, pero socialmente no presentan los resultados de Costa Rica, y lo más impresionante es que el modelo costarricense se ha dado en medio de un sistema siempre democrático”. (El subrayado no es del original).

Sin embargo, toda esa herencia de casi 60 años ha sido traicionada por funcionarios y empresarios nacionales, en un Tratado como el CAFTA. El embajador de Costa Rica en Washington por ejemplo, durante la administración del Presidente Pacheco, Sr. Tomás Dueñas, en un discurso ante la Heritage Foundation, el 9 de febrero del 2005 manifestó: “El DR-CAFTA es mucho más que mero comercio (…) más bien es un esquema muy interesante mediante el cual se nos concede acceso al mercado a cambio de reformas institucionales, que serán la columna vertebral del esfuerzo del DR-CAFTA. (…) el acceso al mercado es importante, pero la reforma institucional es la columna vertebral (…) Este Acuerdo proveerá (…) de nuevas oportunidades para los bienes y servicios de los EE. UU. en nuestros mercados (…) para que la economía americana, construida hoy alrededor de servicios, tenga una nueva oportunidad de expansión. Estoy hablando de telecomunicaciones, servicios financieros, seguros…”. (El subrayado no es del original).

El segundo elemento es que no habrá forma de reversarlo. Una vez ratificado, el compromiso que adquiere cada país es de tal fuerza y magnitud, que denunciarlo -aunque legalmente se contempla esa posibilidad- significaría activar una serie de mecanismos coercitivos que se traducirían en demandas tan cuantiosas, que nuestros países no podrían hacerles frente.

Costa Rica es signataria de la Convención de Viena y, como tal, debe ser respetuosa de los acuerdos y convenios internacionales. USA en cambio, no ha ratificado todavía esa normativa internacional. Pero aun si eso no representara -como efectivamente lo es-, otra asimetría más en este negocio tan desigual, USA ratificó el Tratado a través de la Ley de Implementación del CAFTA-DR, (5) la cual declara expresamente que tiene un rango inferior al de la Constitución o cualquier otra ley. (6)

En contraste, nuestra CP otorga potestades a los tratados internacionales por debajo de esa normativa, pero por encima de toda nuestra legislación. En consecuencia, nuestras propias entidades judiciales estarían en la obligación de hacer respetar el Tratado, así hubiera que cambiar toda nuestra legislación. Más aún, cualquier demanda de una empresa en contra del Estado -un derecho garantizado en el CAFTA (para las empresas pero no al revés, y tampoco para las persona físicas), sería resuelta en un arbitraje internacional, de acuerdo con la normativa dispuesta en el Tratado, con lo cual se compromete la soberanía misma del Estado costarricense.

Ante una eventual renuncia de cualquiera de los países signatarios, el CAFTA prevé mecanismos en defensa de las empresas, que podrían poner en muy grave situación a los países que así lo hagan, según lo advierte Lory Wallach, (7) Directora de Observatorio de Comercio Global, cuando afirma: “Si los parlamentarios de los países centroamericanos aprueban el Tratado Comercial con Estados Unidos (CAFTA), cualquier desaceleración de sus economías podría exponerlos a indemnizaciones multimillonarias reclamadas por las empresas extranjeras que utilizan las normas sobre protección de las inversiones extranjeras. ¿Difícil de creer? Pues ya ha sucedido antes. Tras la crisis financiera de Argentina en 2001, las empresas extranjeras de servicios públicos que operan en ese país entablaron 27 demandas contra el Estado argentino ante un organismo especial de arbitraje del Banco Mundial. Estas compañías aparentemente están reclamando que la devaluación del peso argentino y las medidas de emergencia adoptadas por el Gobierno para capotear la crisis representaron una “expropiación” indirecta de sus ganancias, violando las normas consagradas en diversos tratados bilaterales de inversión (TBI) que garantizan privilegios especiales para los inversionistas extranjeros”.
Intereses detrás del CAFTA

La historia latinoamericana registra muchos intentos de dominación por parte de potencias extranjeras. Específicamente en Costa Rica, el primer intento se da en 1856, cuando un grupo de forajidos al mando de William Walker trató de tomar por las armas las nacientes y débiles naciones centroamericanas. En aquella ocasión, nuestros valientes ancestros, al mando del Presidente, Juan Rafael Mora Porras, terminaron afirmando no solo nuestra independencia, sino la de toda Centroamérica. A pesar de esa acción heroica que costó a la Patria el sacrificio del 10% de su población, consecuencia de la peste del cólera que se desató a raíz de la guerra, entre 1856 y 1857, sentenció el filibustero Walker: “lo que no pudieron los fusiles, podrán los dólares”, profecía que se cumpliría literalmente 150 años después, el 7 de octubre del 2007, con la aprobación del CAFTA.

El siglo XX tampoco estuvo exento de tales intentos, aunque ya no por las armas, sino mediante la dominación comercial. Aparecen en consecuencia, manifestaciones en contra de la Electric Bond & Share (8) por ejemplo, en 1941, y más recientemente en contra de ALCOA (9) en 1968, y del Combo (10) en el 2000.

Las presiones económicas y diplomáticas han sido constantes. Por ejemplo, durante la negociación del CAFTA se envía al representante de comercio, Robert Zoellick, quien en Casa Presidencial, haciéndose eco de la doctrina del “Big Stick”, (11) el 1 de octubre del 2003, exigió la inclusión de los servicios de telecomunicaciones y seguros en ese Tratado.

Acciones como esta (en lo comercial y otras en lo militar), logran afirmar la hegemonía norteamericana y en conjunto defienden los intereses de sus grandes empresas transnacionales.
Consecuencias del CAFTA

El desarrollo social alcanzado por nuestro país, entre finales de la década de los años 40 y 70, se pone paulatinamente en riesgo a partir de los 80. El país cae, al igual que el resto de países latinoamericanos, en el torrente neoliberal, aunque con un dinamismo mucho menos acelerado, gracias a la resistencia pacífica del pueblo.

Se ponen en marcha nuevas políticas de gobierno, que terminan mermando la capacidad del Estado. Leyes y decretos son dictados para limitar las potestades de las instituciones autónomas y debilitar la labor social. Al menos dos de los artículos constitucionales, el 50 (12) y el 74, (13) están hoy prácticamente vaciados de contenido. Muchos otros son violados, por ejemplo, el 132, que prohíbe a los ex presidentes ser reelectos, a pesar de lo cual la Corte Constitucional, que existe para hacer cumplir la Constitución Política, no para interpretarla y menos para cambiarla, le permitió al actual Presidente, Dr. Óscar Arias Sánchez, volver a ser candidato en el 2006, (14) en lo que constituyó el último y desesperado intento del capitalismo por concluir las reformas neoliberales en éste, su último reducto en Latinoamérica.

Si bien es cierto Costa Rica se defendió de muchas otras pretensiones del capital foráneo –por colonialistas-, en los últimos 25 años ha entregado muchos de sus recursos y servicios públicos, y se enrumba irónicamente (porque el mundo está más bien alejándose de esa tendencia), hacia un modelo de libre mercado, en donde la competencia y el lucro sustituyen los principios solidarios. El CAFTA y su Agenda de Implementación coronan ese proceso, en un momento en que el péndulo de la economía viene de vuelta, proceso que se acelerará en los próximos meses, ante el fracaso del mismo sistema, hoy manifestado en la mayor crisis financiera desde los años de la gran depresión.

Las reformas han reducido el Estado costarricense, liberalizado y privatizado los mercados. Se vendieron al público acciones de las empresas comerciales, en ese entonces bajo la cobertura de la Corporación de Desarrollo S. A., CODESA, con el pretexto de “democratizar la economía”, acciones que fueron finalmente adquiridas -a precios ridículos- por transnacionales extranjeras. Se privatizaron empresas estratégicas como Cementos del Pacífico S. A., CEMPASA, Fertilizantes de Centro América S. A., FERTICA y Líneas Aéreas Costarricenses S. A., LACSA. Se propició la restricción y se comprometió la calidad de los servicios públicos, al extremo de que florecen hoy los negocios de la educación, la salud y la seguridad privadas, desaparecen o anulan las entidades encargadas de la agricultura y la seguridad alimentaria, de la regulación de los precios de productos básicos, de la vivienda popular, de la reforma agraria, se abren los servicios bancarios y desaparece la banca de desarrollo, (los bancos del Estado se convierten en una opción más entre los bancos comerciales), se privatiza la administración del aeropuerto internacional, la revisión técnica de los vehículos y algunos de los puertos. Más recientemente se otorgan en concesión algunas carreteras y se pretenden privatizar las cárceles, los parques nacionales y los servicios de agua.

A partir de 1990 no solo se abre a los privados la generación eléctrica hasta en un 30%, sino que por ley se obliga al Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, a garantizar su compra a todas las plantas privadas (algunas propiedad del ex presidente, Ing. José María Figueres Olsen, promotor de la Ley, hijo de José Figueres Ferrer), así el país la ocupara o no, y a precios tres veces lo que le costaba al ICE producirla.

En 1996, durante el gobierno de Figueres Olsen, del Partido Liberación Nacional, PLN, se intentan abrir totalmente los servicios eléctricos y de telecomunicaciones, sin éxito. El gobierno de oposición que le sucede, del Dr. Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, del Partido Unidad Social Cristiana, PUSC, retomando los proyectos de privatización de tales servicios del gobierno anterior, (pues ya desde antes los dos partidos tradicionales comparten la misma agenda neoliberal, en lo que se ha dado en llamar el PLUSC, PLN + PUSC), logró aprobar en el año 2000 el histórico “COMBO”: Ley de Reforma del ICE, Ley General de Electricidad y Ley General de Telecomunicaciones. Eso provocó las mayores protestas populares de la última mitad del siglo XX, y finalmente un gobierno que pendía de un hilo, debió enviar al archivo tales proyectos, pero empezó desde entonces una campaña de desprestigio en muchos de los medios de comunicación aliados al gran capital, en contra de las instituciones estatales y los servicios que ellas prestan, especialmente en contra del ICE.
Referéndum: ¿salida a una difícil decisión?

El tema de la apertura de los servicios públicos y sobretodo de su privatización, ha sido sumamente controversial en nuestro país, heredero de una tradición democrática, de justicia social, del mejor reparto de la riqueza y de una sociedad solidaria. (15) De modo que ante el enorme duelo ideológico desatado a raíz del CAFTA, dado que contraviene todos esos principios, el exdiputado, Lic. José Miguel Corrales Bolaños y otros, solicitaron al TSE autorización para recolectar las firmas y convocar a un referéndum, mediante el cual los ciudadanos lo aprobaran o lo improbaran.

El TSE, mediante Resolución No. 790-E-2007, el 12 de abril del 2007, acogió tal petición. Dice el TSE: “Se autoriza la recolección de firmas,... Por innecesario, se omite ordenar la publicación del proyecto en La Gaceta. Se ordena a la Coordinación de Programas Electorales diseñar el formulario que este Tribunal debe autorizar para la recolección de firmas, el cual contendrá la siguiente leyenda: Respaldo la convocatoria de un referéndum para que la ciudadanía apruebe o impruebe el “Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica-Estados Unidos” (TLC), expediente legislativo n.º 16.047, según el texto dictaminado por la Comisión Especial de Asuntos Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa y que fuera publicado en el Alcance n.º 2 a La Gaceta n.º 19 del 26 de enero del 2007. Se aclara que la autorización conferida no suspende la tramitación legislativa del referido proyecto, lo cual únicamente se produciría con la eventual convocatoria a referéndum, en los términos del artículo 11 de la indicada ley, y que dicho efecto suspensivo sólo alcanzaría su votación en el plenario legislativo”.

Nótese que se somete a referéndum no el CAFTA, sino un texto ya reformado y enmendado por la Asamblea Legislativa, dictaminado mediante Expediente No. 16.047.

Pero el Presidente de la República sorprende al país al anunciar que, amparado en el criterio positivo del TSE, ha decidido acoger la idea del referéndum y el 13 de abril del 2007 solicitó a la Asamblea Legislativa, vía Decreto, que ordene su realización.

Dictamina el Ejecutivo: “Se propone la convocatoria a referéndum para que la Ciudadanía apruebe o impruebe el “Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica-Estados Unidos” (TLC), expediente legislativo Nº 16.047, según el texto dictaminado por la Comisión Especial de Asuntos Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa y que fuera publicado en el Alcance Nº 2 a La Gaceta Nº 19 del 26 de enero del 2007”. En el segundo artículo el Decreto solicita: “Póngase en conocimiento de la Asamblea Legislativa esta iniciativa para su decisión, conforme a lo dispuesto en el art. 13 de la Ley 8492, Ley Sobre Regulación de Referéndum. A tal efecto, conforme a lo establecido por el inciso a) del artículo supraindicado se adjunta el texto del proyecto de Ley que será sometido a consulta popular”.

El TSE aceptó finalmente las gestiones de los Poderes, basado en la tercera opción que ofrece la Ley, el 7 de mayo del 2007 y convocó el referéndum Ejecutivo (no el Ciudadano), irrespetando el principio de que “primero en tiempo, primero en derecho”.
Advertencia ante un posible desequilibrio informativo

El Observatorio de la Libertad e Expresión, (16) OLE, en una nota fechada el 18 de mayo del 2007, dirigida al TSE y con una gran visión de lo que se avecinaba, expuso: “Por encima del régimen de propiedad de los órganos de comunicación, están las libertades fundamentales y los derechos constitucionales como la libertad de conciencia; la libertad de expresión del pensamiento; la libre circulación de las ideas; la prohibición de la censura previa; derecho a la información adecuada, veraz y oportuna; la garantía del pluralismo y el respeto de la diversidad. Hay además, un campo de coincidencia entre el artículo 46 constitucional –derecho ciudadano a la información adecuada y veraz-, y el compromiso formal de las empresas particulares de comunicación con la verdad, fundada en la búsqueda de la precisión, la imparcialidad y la equidad”.

Termina recomendándole el OLE al TSE:

1.- Disponer que los medios y recursos de comunicación de propiedad del Estado queden, por 90 días, bajo la supervisión del Tribunal, desde la convocatoria hasta la realización del referéndum, a fin de asegurar igualdad real en la difusión del Sí y del No, en la publicidad, información, espacios de análisis y de opinión.

2.- Proponer a los propietarios y directores de medios de comunicación de propiedad particular que, por 90 días, establezcan y respeten un acuerdo cívico, depositado voluntariamente ante el Tribunal como garante de honor, que, sin afectar la libertad de prensa, asegure un trato de igualdad, cualitativa y cuantitativa, al Sí y al No, en la información, en los espacios de opinión.

3.- Considerar que, en último caso de interés o de necesidad pública, relacionado con el referéndum, se puede regular, de manera calificada y transitoria, el derecho a la libertad de empresa o de comercio, con el objeto específico de garantizar una igualdad amplia e irrestricta en el trato, si se estima claramente lesionada.
Campaña por el Referéndum

El nivel del debate entre los bandos del SI y del NO fue sumamente intenso, principalmente a partir de la convocatoria al referéndum, unos en defensa de los poderosos intereses que se esconden detrás de un tratado como ese (por convicción o engañados por una poderosa propaganda mediática), y otros porque consideramos que este Tratado definitivamente transforma para mal nuestro actual modelo de desarrollo. Cambiaría un modelo basado en principios solidarios, por uno regido por el libre comercio, la libre competencia, y no solo le pondría freno sino que revertiría los importantes logros alcanzado por el país en materia social, reconocidos por múltiples estudios nacionales (17) e internacionales. (18)

Durante la campaña del Referéndum se cometieron muchas irregularidades, entre otras el gasto indebido en el Ministerio de Comercio Exterior, (19) COMEX, la beligerancia del gabinete de gobierno y del propio Presidente Arias a favor del SI. En sus giras por el país, Arias promocionó el Tratado, al extremo de ofrecer un aeropuerto en la zona sur y de afirmar que los “que vienen en bicicleta, con el TLC vendrán en motocicleta BMW, y los que vienen en un Hyundai, vendrán en un Mercedes Benz”. (20) Las denuncias fueron planteadas ante el TSE, órgano que finalmente terminó justificándolo todo. (21)

Las violaciones a nuestro régimen de derecho y democrático fueron todavía más allá. En el mes de septiembre del 2007 se filtra a la prensa nacional un documento cuya autoría fue negada en un principio, pero finalmente aceptada por el Vicepresidente de la República, Dr. Kevin Casas Zamora (22) y el sobrino del Presidente y Diputado, Dr. Fernando Sánchez Campos. El primero se vio obligado a renunciar a su puesto, al segundo no le alcanza todavía la vergüenza para hacerlo.

Este documento refleja la disposición del gobierno de hacer cualquier cosa para ganar el referéndum. Por el grado de cinismo es importante transcribir algunos de sus párrafos.

“La coalición que tenemos en contra es formidable: universidades, Iglesia, sindicatos, grupos ambientalistas, etc. Y del otro lado a favor del TLC, sólo están el gobierno y, a medias, los grandes empresarios. Así no hay forma de ganar. Es urgentísimo meter en la campaña, por lo menos, a los pequeños empresarios, a los solidaristas y a lo que se pueda del cooperativismo. Y cuando decimos meter en la campaña es, simplemente, que “aparezcan” por todo lado las caras de algunos de sus líderes.

Dictar un receso en la Asamblea es clave para sacar a nuestros diputados -que son más que los de oposición y que no enfrentan ninguna limitación para hacer campaña- a las comunidades, para organizar la campaña “de a pie”. Es evidente que esto puede tener algún costo para el avance de la agenda legislativa, pero en este momento ese es un problema de tercer orden. Lo primero es, evidentemente, ganar el referéndum. Además, la continuación de las negociaciones en sede legislativa nos expone a constantes chantajes de nuestros “aliados” legislativos, que terminan reflejándose en la campaña del SÍ.

Existe una carta firmada por 72 alcaldes que no es, en absoluto, desdeñable. En ella, ofrecen su apoyo al TLC, pidiendo, como es enteramente esperable, algunas cosas a cambio. Pero hay que hacer algo más, particularmente con los 59 alcaldes del PLN. Hay que hacerlos responsables de la campaña, en cada cantón y transmitirles con toda crudeza, una idea muy simple: el alcalde que no gana su cantón el 7 de octubre no va a recibir un cinco del gobierno en los próximos 3 años. El mismo razonamiento puede aplicarse a los regidores, a quienes se puede hacer responsables de distritos específicos. En este último caso hay que recordarles sus aspiraciones personales: de ganar el referéndum depende que tengan posibilidades reales de segur siendo regidores o de llegar a ser alcaldes o diputados.

La estructura oficial del PLN (Directorio, Comité Ejecutivo) tiene que salir hablando inequívocamente en defensa del TLC en el entendido de que uno de los principales ganadores o perdedores del referéndum va a ser el PLN.

Estructurar y lanzar campaña masiva en medios de comunicación: más allá de lo que se pueda hacer en las comunidades y en las empresas, es tan poco el tiempo que queda, que no hay que tener pudor alguno en saturar los medios de comunicación con publicidad.

Desbancar la idea de que esta es una lucha de ricos contra pobres. Eso requiere escoger muy bien los rostros de la comunicación masiva del SI y utilizar casi exclusivamente trabajadores y pequeños empresarios. Asimismo, debemos subirle muchísimo los decibeles y la presencia mediática y discursiva a la agenda social del gobierno.

Estimular el miedo. Ese miedo es de cuatro tipos:

1) Miedo a la pérdida del empleo. Aquí pareciera muy recomendable utilizar intensivamente testimoniales de gente muy sencilla y en situación precaria, que puede perder el empleo o ya lo perdió como consecuencia de la no aprobación del TLC. Esto además es vital para reforzar la idea de que esta no es una lucha de ricos contra pobres.

2) Es crucial convertir al SI en equivalente con la democracia y la institucionalidad (es lo que decía Eduardo Ulibarri: hay que ir llenando al SI de un contenido de valores) y al NO en equivalente de la violencia y la deslealtad con la democracia. Aquí hay algo muy importante: esta campaña ya dejó de ser racional y en consecuencia, sobre el contenido del TLC. Así, el argumento de la defensa de la democracia es el único recurso que nos queda para movilizar la emoción de la gente que está a favor del TLC. En este momento la gente que está a favor no sólo no tiene motivación alguna, sino que se siente intimidada por la motivación que muestra la gente del NO. Hay que entender una cosa: nadie está dispuesto a “morir” por el libre comercio, pero tal vez si por la democracia. Hay que darle una motivación ética y no sólo instrumental al SI.”

3) Miedo a la injerencia extranjera en el NO. Hay que restregar por todas partes la conexión del NO con Fidel, Chávez y Ortega, en términos bastante estridentes. Es posible que este tipo de campaña pueda incomodar a alguna gente, pero es casi seguro de que puede tener un impacto considerable entre la gente más sencilla, que es donde tenemos los problemas más serios.

4) Miedo al efecto de un triunfo del NO sobre el Gobierno. Todas las encuestas detectan un grado importante de satisfacción con el Presidente y el Gobierno. Mucha gente simplemente no ha hecho la conexión de que un triunfo del NO en el referéndum, dejará al Gobierno en una posición precaria, con su efectividad totalmente reducida, y al país en una situación de ingobernabilidad. Esa conexión hay que inducirla.

Asimismo, es muy importante fortalecer la presencia en la radio (tanto nacional como local) y en los medios rurales escritos, donde tenemos grandes problemas. Hay que poner a funcionar baterías en todos los programas de opinión y mejorar la pauta publicitaria del gobierno en una serie de programas de radio conducidos por gente que tiene toda la disposición de ayudar al gobierno. Si la presencia del SI en radio no mejora drásticamente, esto seguirá manifestándose en nuestra debilidad en las zonas rurales.

Uno problema serio que tenernos quienes estamos haciendo proselitismo a favor del TLC es la ausencia total de documentación de fácil digestión, que pueda circular masivamente. Como ya es sabido, ese es un punto que el NO ha desarrollado particularmente bien. En este momento tienen empapelado el país con volantes.

La documentación que hay que hacer es de tres tipos: La que aclare, en lenguaje muy simple, algunos de los argumentos más insidiosos contra el TLC (medicinas, agua, celulares; etc.). Como parte de esto, es muy importante que algunas instituciones clave (p.e. ICE, CCSS, AyA, MTSS) generen oficialmente volantes que contesten en términos muy contundentes los volantes que están siendo repartidos en sus propias instalaciones por los sindicatos de las instituciones.

Organizar un programa sistemático de visitas a las empresas por parte de altos funcionarios del gobierno: En este momento, el espacio de proselitismo más fácil de aprovechar y el que nos ofrece las mejores oportunidades es, por mucho, el de las empresas. Ahí hay más de un millón de trabajadores. Debemos organizar un esfuerzo sistemático de visitas a las empresas más grandes del país, con charlas a favor del SI impartidas por personas de alto nivel y con documentación en la mano. Ningún esfuerzo de proselitismo es potencialmente tan efectivo como este.

Organizar un acto multitudinario de fuerza para darle motivación a la campaña: Existe gran desmotivación entre quienes están a favor del TLC, desorientación por la ausencia de una campaña y, en muchos casos, miedo de expresar las opiniones. Hay que motivar a los partidarios del SI, hacerles sentir que la campaña está haciendo cosas, que no están solos, que somos muchos. Es recomendable organizar un acto público o un festival multitudinario (podría ser una marcha, pero ahí casi siempre tenemos problemas). Pero la gente tiene que sentirse acompañada y motivada.”

Ese documento, vergonzoso, contiene recomendaciones maquiavélicas, que el gobierno efectivamente aplicó al pie de la letra.

Para el 1 de octubre del 2007, las encuestas daban 12 puntos de ventaja al NO. (22) Según las leyes electorales del país, debe respetarse una tregua durante los últimos tres días anteriores a cualquier votación popular. Pero precisamente durante esos tres días, las fuerzas del SI utilizaron todos los medios de comunicación del país, (incluida por supuesto, la Cadena Nacional de Radio y TV, propiedad del Estado), multiplicando sus ataques, mentiras y falacias. Hicieron que muchas transnacionales amenazaran a sus empleados con retirarse del país y dejarlos sin trabajo si no se aprobaba el Tratado, obtuvieron declaraciones (contraviniendo las normas diplomáticas de no intervención en asunto internos del país), del embajador de los USA en San José, Mark Langdale, y de otras autoridades, como la representante comercial de USA, Susan Schwab, amenazando con retirar al país de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, entre otras cosas. Aprovecharon la cadena internacional de TV, CNN, para entrevistar a Ricardo Ernst, de la Georgetown University, declaraciones que se encargaron de repetir una y otra vez, en la mayor empresa televisiva nacional, durante el día anterior a las votaciones, en horas de máximo “rating”.

Todo esto sucedió con la mayor permisividad, condescendencia y desatención por parte del TSE, a pesar de que se aplicaba un plan de previo anunciado (memorando del miedo) y que todas esas acciones y en especial durante los tres días anteriores al referéndum, violentaban claramente la legalidad.

Finalmente el Tratado fue aprobado con un 51% de los votos emitidos, equivalente al 30% del padrón electoral. Poco menos del 30% votó NO y un 40% se abstuvo.

El Referéndum legitimó un Tratado impuesto por el gran capital, nacional e internacional, por la fuerza de los dólares, cumpliéndose así la profecía de Walker. Constituye el Tratado el mayor engaño, el Referéndum la mayor decepción, la campaña pre referéndum el mayor fraude mediático y todo el proceso la mayor de las tomaduras de pelo para el pueblo, pues entre otras cosas, el texto del Tratado que se votó, ya había sido enmendado en tres ocasiones, con el consentimiento del gobierno de Costa Rica, pero jamás de los ciudadanos y en consecuencia, no votamos los costarricenses el Tratado vigente, sino un documento que ya había sido modificado y por tanto legalmente ineficaz.

Se violenta también el Referéndum

Las decisiones que se aprueban en un referéndum son sagradas, aunque en este caso obviamente el resultado fue manipulado -adulterado-. Sin embargo, 38 diputados (del PLUSC, del Movimiento Libertario, ML, y otros independientes que se les unieron, algunos a un alto costo, en promesas a cambio del apoyo), se atribuyeron la potestad de modificar la voluntad de todo el pueblo, -manifestada en el referéndum del 7 de octubre-, y aprobaron en forma sistemática y mecánica, no solo los proyectos de ley de la Agenda de Implementación del Tratado, sino las enmiendas hechas al mismo.

Tales enmiendas habían sido aprobadas por los demás países sin el consentimiento de Costa Rica, dado que no era ni es todavía Parte. Por eso fue necesario agregar a esa Agenda (en el caso de Costa Rica conformada por un paquete de 12 leyes, que reforman decenas de otras leyes), una más, para “enmendar” lo que todo el pueblo decidió el 7 de octubre del 2007.

Lo que en apariencia constituyó una insensatez del gobierno, haber sometido a votación en el referéndum la primera versión del CAFTA, sin tomar en cuenta las tres modificaciones –enmiendas-, que ya se le habían hecho para entonces, fue producto de que durante toda la campaña el Presidente de la República juró que era tal la inmutabilidad de ese Tratado, que era más fácil cambiar los Diez Mandamientos. (23)

Las tres enmiendas acordadas por el resto de países son obligatorias para Costa Rica, aunque no hubiera participado de ellas. La primera fue acordada por USA y El Salvador, cuando solamente esos dos países habían aprobado el Tratado y por tanto solo ellos podían reformarlo. Cambió esa enmienda la forma en que en adelante entraría en vigencia dicho Tratado para el resto de los países. A partir de ese momento, en vez de depositar cada país ante la Organización de los Estados Americanos, OEA, los documentos que debían aprobar –lo cual era suficiente para que entrara entonces en vigencia-, sería necesario entregarlos al Presidente de los USA para su “revisión”, y cumplir así con el requerimiento de la CERTIFICACIÓN, que exige la “Implementation Act”, (24) que demanda tal cosa para aceptar nuevos socios comerciales y que fue emitida con posterioridad a la aprobación del CAFTA en ese país.

Durante los 29 meses del gobierno del Presidente Arias, hasta la fecha, no se ha ocupado la Asamblea Legislativa de ningún proyecto sustantivo, aparte del Tratado mismo y de las 13 leyes que impuso el mismo, (Agenda de Implementación).

Uno de los últimos proyectos aprobados, el que modifica la voluntad popular manifestada en el referéndum, y que aprobó las enmiendas al Tratado, suma al menos dos más a las muchas violaciones que estos proyectos contienen a nuestra CP. Violenta por una parte la voluntad popular, al modificar lo que ya el pueblo había aprobado, y que solo podría ser modificado mediante otro referéndum, y somete la soberanía del país al Presidente de USA, al aprobar el proceso de Certificación.

Tanto los diputados que aprobaron esas leyes como los magistrados de la Corte Constitucional, han cohonestado las múltiples inconstitucionalidades que todos esos textos contienen, a criterio de muchos expertos constitucionalistas y catedráticos universitarios.
Corrupción: combustible detrás del proceso del CAFTA

Hoy todavía no terminan de denunciarse actos ilegales, y sobretodo inmorales, que se han venido cometiendo en este gobierno para lograr la aprobación del Tratado. Por ejemplo, en julio del 2008 se denuncia que el Ministro de Vivienda, Lic. Fernando Zumbado Jiménez, desvió una donación de $1.5 millones del gobierno de Taiwán, destinada a construir 600 casas para familias pobres de los suburbios de la capital, para pagar asesorías y otros gastos. Más vergonzoso aún, el Presidente Arias, apenas a meses de esa donación, rompió relaciones diplomáticas con Taiwán, para establecerlas con China Continental. (25) Dicha donación era por $2.5 millones, pero precisamente a raíz del rompimiento, Taiwán no giró el resto. Vale destacar que durante el gobierno anterior, había ese país donado también el puente de la “Amistad”, el más largo del país.

A través de las asesorías se contrataron a allegados, amigos y funcionarios públicos, que tenían absoluta prohibición de recibir otros ingresos profesionales, mientras mantuvieran sus puestos en el Estado. Se otorgaron incluso algunos contratos a empresas fundadas por el propio Ministro, quien finalmente se vio obligado a renunciar. Aparte de esos dineros, que fueron administrados por el BCIE, pero que por ley debieron de haber ingresado y ser administrados por el Fondo de Subsidios para Vivienda, FOSUVI, se denuncia también que se gastaron otros 2 millones de dólares en asesorías para la campaña del SI, durante el referéndum, procedentes de donaciones externas, canalizadas también a través del BCIE. Donativos similares habrían sido hechos al resto de países del Caribe y miembros del CAFTA, para la tramitación del Tratado.

Entre los asuntos que se descubren con los dineros administrados por el BCIE, está el hecho de que el gobierno contrató al Lic. Jorge Hidalgo Vega, del ML, socio del magistrado suplente de la Corte Constitucional, Lic. Federico Sosto López, (26) quien debió dictaminar al menos 6 de las leyes de la Agenda de Implementación. Más recientemente el magistrado Sosto visitó al hermano del Presidente y Ministro de la Presidencia, Lic. Rodrigo Arias Sánchez, en Casa Presidencial, y ante los cuestionamientos aceptó que los asesoraba pero gratuitamente. Más grave todavía es que ante tanta denuncia y presión de la opinión pública, -cansada de tanta corrupción-, la Corte Suprema de Justicia archivó todas las recusaciones contra el magistrado Sosto, ni siquiera intentó investigar, en lo que parece una confirmación y un agravante de tales irregularidades. El mismo presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Luis Paulino Mora Mora, quien escogió a dedo al magistrado Sosto, de entre los suplentes, para dictaminar algunas de las leyes de la Agenda de Implementación, cuando por ley tal escogencia debe ser hecha mediante sorteo, llegó a manifestar que él no era un juez ético sino de legalidad. (27) El magistrado Sosto se vio obligado, finalmente, a renunciar el 2 de setiembre del 2008. (28)

Apenas el pasado 1 de octubre se denuncia el último escándalo conocido. El Diario Extra informa que: Andrea Morales cree que no hubo conflicto de intereses en la intervención del abogado Luis Pal, esposo de la diputada Mayi Antillón, en la discusión del proyecto que reforma la Ley de Propiedad Intelectual. Pal es jurista experto en inscripción de patentes. La diputada independiente Andrea Morales, presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Congreso, aceptó haber solicitado asesoría al abogado Luis Pal Hegedüs, experto en inscripción y representación de marcas, durante el trámite del proyecto que agrega y modifica varias normas en materia de propiedad intelectual. Esa última iniciativa de la agenda de implementación del TLC con Estados Unidos está pendiente de cambios al haber sido cuestionado su trámite por la Sala Constitucional. Luis Pal Hegedüs es el esposo de la diputada Mayi Antillón Guerrero, ex jefa de fracción de Liberación Nacional y actual presidenta de la Comisión de Asuntos Internacionales y Comercio Exterior. (29)

Todos estos hechos demuestran un ilimitado tráfico de influencias por una parte y que los tres Poderes del Estado costarricense están “alineados”, violentando de esa forma uno de los más sagrados principios de cualquier democracia, la independencia entre poderes. En este gobierno de plutócratas, los hechos hacen pensar que el Ejecutivo dicta a los demás –Judicial y Legislativo-, cómo y cuándo hacer, qué cosas. Esta fusión de poderes no es otra cosa que la ejecución de un plan ya sugerido por el mismo Presidente de la República, cuando en el 2005, todavía candidato, sentenció que sería necesario, “promover una tiranía en la democracia”. (30)

La corrupción ha sido tal que quienes considerábamos que jamás se presentaría de nuevo algo semejante a los hechos denunciados en el 2004, nos hemos sorprendido. Para entonces, dos expresidentes de la República, ambos del PUSC, y casi simultáneamente, el Lic. Rafael Ángel Calderón Fournier, hijo del Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia (31) y el Dr. Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, fueron encarcelados (32) como medida precautoria, acusados de recibir millonarios donativos para facilitar cuantiosas compras por parte del Estado, el primer donativo supuestamente entregado por proveedores de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS y el segundo por parte de proveedores del ICE. El mundo entero conoció tales hechos, pues el Dr. Rodríguez era en ese momento, el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, OEA, primer centroamericano en ocupar ese puesto. Se vio obligado sin embargo, a renunciar y regresar a dar cuentas. A su llegada al país fue apresado en el aeropuerto, ante las atónitas miradas de quienes seguían en vivo las imágenes por la televisión, que se transmitían al mundo entero.

Definitivamente a los dos partidos que conforman el PLUSC, solo les queda sus nombres, pues los principios “social demócratas” del PLN y “social cristianos” del PUSC, han sido totalmente saqueados por un liderazgo al servicio del capital salvaje, trasnochado y obsoleto. Quizá permanezcan en ellos todavía, algunos costarricenses de buena fe, que no han querido despertar a la realidad o que ingenuamente aspiran a rescatar los fundamentos de esos partidos, hoy convertidos en simples maquinarias electoreras, testaferros del poder económico.

La capacidad de violentar la Constitución y las leyes no ha tenido límites durante el proceso de tramitación del Tratado. El descaro de los 38 diputados que formaron el G-38, de votar como autómatas todas las leyes de la Agenda de Implementación, muchas de las cuales legislan para otorgar concesiones que van mucho más allá de lo que demandó el mismo Tratado (34) y por tanto de lo aprobado en el referéndum, no tiene paralelo en nuestra historia. Las reformas a casi toda nuestra legislación, para adaptarla al Tratado, por tener éste rango superior a las leyes, solo favorece a los capitales transnacionales y privados, en perjuicio del pueblo, que permanece todavía, y a pesar del extraordinario movimiento patriótico surgido a raíz del referéndum, inconsciente de las consecuencias, dado que todavía no han surtido efecto en la práctica.

Durante el proceso de discusión del Tratado y las leyes de la Agenda, hubo consultas a muchas instituciones, organizaciones y movimientos sociales, pero solo para burlarse de quienes con gran patriotismo y esperanza comparecimos ante las diferentes comisiones de trabajo de la Asamblea Legislativa. Fuimos burlados, pues si algo hicieron fue usar todas esas comparecencias para anunciarse como muy democráticos y participativos, pero en realidad no tomaron en cuenta ninguna de nuestras opiniones o propuestas, y por el contrario, endurecieron las leyes en contra del pueblo y en beneficio de las transnacionales. (25)

Mediante el Tratado y la Agenda de Implementación se abrieron los mercados de los servicios de telecomunicaciones y seguros, cuyos precios se encarecerán enormemente, pues la apertura implicará a muy corto plazo un enorme rebalanceo de las tarifas hoy subsidiadas, las básicas hasta en un 400%. Entre las cosas inaceptables para una Ley General de Telecomunicaciones como la aprobada, No. 8642, está la preservación de la Ley de Radio y TV, aprobada en 1954 y que fijó desde ese entonces los montos de los cánones que todavía pagan esos medios de comunicación por las concesiones de las frecuencias radioeléctricas, patrimonio del Estado, (montos hoy totalmente ridículos), en un evidente acto de retribución por los servicios prestado durante la campaña mediática del referéndum.

La legislación sobre patentes impondrá gravosos costos sobre muchos productos, con nefastas consecuencias sobre la salud y la seguridad alimentaria del pueblo. Algunas de las normas aprobadas en el Tratado van más allá de lo que establecen incluso otros tratados y organismos internacionales y pondrán en riesgo nuestros recursos naturales y ambientales, so pena de demandas millonarias que ahora no podrán ser rechazadas como en anteriores ocasiones (36) y excesos que solo podrían ser interpretados como concesiones en retribución a intereses personales, obediencia ciega al líder, ignorancia o corrupción.
Conclusión

La revolución de las telecomunicaciones, a partir de la aparición de la Internet, si algo ha “globalizado” es el sistema financiero mundial. Simultáneamente, la caída de las economías de Estado, (muro de Berlín y Unión Soviética), convierte al neoliberalismo en el sistema hegemónico del mundo desarrollado. Sus promotores, el gran capital transnacional, -Consenso de Washington-, se encargó de imponerlo al resto del mundo, a través de sus brazos de extensión: el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, etc.

Para ese modelo, el libre comercio, la competencia y el lucro constituyen prioridades que se ubican por encima de la persona, a la que reducen a una variable de la productividad y competitividad de la empresa, o un integrante del mercado al que se dirigen sus productos y servicios. Antepone las ganancias al bienestar de los pueblos, generando abundante y fácil dinero, a través de medios como la especulación financiera o el sacrificio de millones de seres humanos, que hoy mueren de hambre o por enfermedad, ante la necesidad de alimentos y medicinas, cuya circulación restringen a través de costosísimas patentes.

Nuestros países no pueden ser entregados a los dictados del mercado, so pretexto de que es necesario participar del comercio mundial y de la libre competencia. Su bienestar y el de sus habitantes, debe tener prioridad frente a los intereses mercantilistas de los grandes capitales y sus empresas trasnacionales.

En el caso costarricense, un Estado Social de Derecho ha garantizado hasta hoy servicios públicos que son brindados al costo y bajo principios solidarios, lo que ha asegurado una prestación al alcance de todos, logrando el más universal acceso en el contexto latinoamericano.

Los embates del neoliberalismo sin embargo, durante más de dos décadas, han venido reduciendo -y la aprobación del CAFTA lo hará aun más-, las posibilidades de mantener la equidad social, al entregar al “mejor postor” los servicios públicos y los mercados internos, lo que tendrá consecuencias nefastas a muy corto plazo.

La concentración de la riqueza y el consecuente deterioro de las condiciones de vida del costarricense harán aumentar la pobreza a extremos insospechados, lo cual llevará a exacerbar aun más la violencia y la descomposición social, la corrupción, y todas las lacras que la pobreza extrema y la inequidad acarrean.

La corrupción que se genera en el proceso de venta y privatización de los bienes del Estado, ha carcomido las entrañas mismas de nuestras institucionalidades latinoamericanas. Los escándalos de corrupción de los últimos gobiernos, en la mayoría de nuestros países, desencantan a los pueblos y traicionan aun más profundamente su confianza. Los ciudadanos, cansados y sin esperanza, se han vuelto apáticos e incrédulos, pues lo único que la mayoría de sus líderes ofrecen son promesas que jamás cumplen y mentiras o engaños teñidos de sueños, con que logran en muchos casos anestesiar a las masas.

Solo el despertar de nuestras consciencias patrias y la unión de todas las fuerzas que hoy luchamos por destituir de los gobiernos al neoliberalismo, hará renacer la esperanza, quienes no lo logren seguirán rumbo al despeñadero, por el que nos han conducido las fuerzas del capital salvaje, que aunque ya probó su fracaso, sigue teniendo sus defensores.

Los acontecimientos de los últimos meses, específicamente el desplome del sistema financiero norteamericano -y mundial-, que provoca ya una profunda crisis económica, de la que no se repondrá en una y quizá dos décadas, ha obligado la intervención de los gobiernos norteamericano y europeos principalmente, en lo que sería la mayor contradicción de los postulados económicos defendidos precisamente por los adalides del neoliberalismo, todo lo cual provocará necesariamente cambios estructurales en el ajedrez económico mundial.

La gigantesca operación “rescate” del Presidente Bush, sin que tal plan asegure contener la debacle, confirma algunas de las principales inconsistencias que por años se le han señalado al neoliberalismo: 1) La desregulación exacerba el afán de lucro de las empresas y principalmente de las grandes y poderosas transnacionales, multiplicando injustamente sus ganancias, 2) La desregulación conlleva a la concentración de los recursos económicos en muy pocas manos, en perjuicio de las grandes mayorías, -las que precisamente menos tienen-, 3) Da rienda suelta a un desenfrenado consumo, -irracional e ilimitado-, de los recursos naturales del planeta, acelerando el agotamiento de tales fuentes y amenazando la supervivencia misma de la humanidad, 4) La desregulación que propicia es la de los mercados (precios) y de las empresas, pero en cambio impone la más absoluta protección a sus intereses, al pretender patentar hasta la vida misma, 5) Privatiza las ganancias y socializa las pérdidas, pues cuando la irresponsabilidad y la ambición desenfrenada desembocan en una crisis como la actual, los bancos centrales de los países son obligados a rescatar las empresas con dineros del pueblo, 6) Solo considera al Estado cuando se le necesita para socorrer a las empresas, cuando estas no han sido capaces de detener sus propios excesos y desenfrenos, al extremo de autodestruirse y 7) Es un sistema deshumanizante, imbuido por el lucro, sin consciencia social, guiado por la ley del más fuerte, en detrimento de cualquier principio social o solidario.

Para vergüenza de Costa Rica, a pesar de la irrefutable realidad de un péndulo que regresa, en busca de una economía regulada, este país acelera su encuentro con un neoliberalismo ya fracasado y corrupto.

Notas:
1) Promulgada en 1949, cuando se funda la Segunda República, luego de la Revolución de 1948. Surgió como un Pacto Social al que concurrieron todas las fuerzas políticas, Jose Figueres Ferrer, caudillo triunfante de la revolución y fundador del Partido Liberación Nacional, PLN, Rafael Ángel Calderón Guardia, caudillo derrotado de la revolución, cuya herencia recoge luego el Partido Unidad Social Cristiana, PUSC, Manuel Mora Valverde, del Partido Comunista y Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez, de la Iglesia Católica.
2) “El representante comercial de Estados Unidos, Robert Zoellick, advirtió a las autoridades nacionales que Costa Rica podría ser excluida del TLC si persiste en su actual posición de mantener el sector de telecomunicaciones fuera de la negociación. El mensaje lo transmitió al presidente, Abel Pacheco, en una reunión que tuvieron el miércoles anterior. Desde el inicio de las rondas de negociación, el gobierno de Pacheco ha insistido en que el país no abrirá a la participación privada el mercado de las telecomunicaciones.” Alexander Ramírez, La Nación, 6 de octubre 2003.
3) Mesa–Lago, Carmelo. Buscando un modelo económico en América Latina, ¿Mercado, Socialista o Mixto?, Chile, Cuba y Costa Rica, 2000.
4) El chileno y catedrático Joseph Ramos, comenta respecto al libro: “La editorial Nueva Sociedad acaba de publicar la versión en español de este estudio comparado sobre la evolución económica de Chile, Cuba y Costa Rica en los últimos 30 a 50 años, publicado en inglés por Johns Hopkins University Press en el año 2000. La obra es fruto de al menos una década de investigaciones en terreno por el autor, y, como habría de esperarse del Profesor Mesa-Lago así como de sus colaboradores, es un trabajo completísimo y riguroso, con conclusiones robustas y de gran interés para los demás países en desarrollo”.
5) Public Law No. 109-53.
6) Dice literalmente: “La ley de los Estado Unidos prevalecerá en el conflicto. Ninguna disposición de este Acuerdo, ni la aplicación de esa disposición a cualquier persona o circunstancia que sea inconsistente con cualquier ley de los Estados Unidos, tendrá efecto. Nada en este Acuerdo se entenderá que reforma o modifica ninguna ley de los Estados Unidos, a no ser que se señale específicamente en este Acuerdo”.
7) Wallach, Lory. “CAFTA implicaría demandas por desaceleración”, 10 de noviembre de 2004, circuló por Internet.
8) Desde 1928 la Electric Bond and Share, transnacional con sede en Nueva York, había adquirido las tres empresas que prestaban el servicio eléctrico en Costa Rica. Durante 20 años de control extranjero del recurso eléctrico, prácticamente no se construyeron nuevas plantas hidroeléctricas en el país, para responder al crecimiento de la demanda. Como resultado, el país se vio sumido en una crisis de apagones y congelamiento de servicios nuevos, lo que se convirtió en motivo de descontento popular. Torres, Margarita. Historia de la Electrificación en Costa Rica, Colección Patrimonio Futuro, Noviembre 2005, Museo Histórico y Tecnológico del ICE.
9) La Alluminum Company of America contrató con el gobierno de José Joaquín Trejos Fernández y su Ministro de Planificación, Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, un convenio para explotar la bauxita de Pérez Zeledón, el cual debería ser aprobado por la Asamblea Legislativa. Según el convenio, a la compañía se le darían 30 mil manzanas de tierra para excavar a medio metro de profundidad. Fernando Chaves Molina denunció que la ALCOA contaría con todos los derechos de aduana, no pagaría ningún impuesto y recibiría del gobierno agua, cal y electricidad casi gratis, y que esas ricas tierras del sur se iban a convertir en un desierto. Una docena de diputados se opuso al proyecto, liderados por el Lic. Rodrigo Carazo Odio. El día 24 de abril los diputados le dieron al proyecto el tercer debate. Ese día los estudiantes y otros manifestantes, ante la represión de la policía, terminaron dispersándose por toda la ciudad de San José. El 24 de abril pasó a la historia como día de las luchas antiimperialistas de los estudiantes costarricenses. Aunque el convenio fue aprobado por los diputados, la explotación del aluminio nunca se realizó. Delgado, Manuel. “35 años después de la lucha contra Alcoa”, Siete Días, 25 de Abril del 2005. http://www.teletica.com/archivo/7dias/2005/04/alcoa.htm
10) Conjunto de tres leyes, enviadas por el presidente Miguel Ángel Rodríguez Echeverría a la Asamblea Legislativa, en el año 2000, para abrir el mercado eléctrico y de telecomunicaciones del país y reformar la Ley del ICE. Este proyecto fue aprobado en primer debate el 20 de marzo del 2000, por 45 votos a favor, 10 en contra y 2 ausentes. El 23 de marzo, ante los miles de costarricenses que se manifiestan en las calles, el Partido Liberación Nacional le retira el apoyo, y posteriormente se declara la ley inconstitucional por “vicios sustanciales que invalidan el proceso”, según Sentencia No. 3220-2000 de la Corte Constitucional. El movimiento de huelga que se generó desde el 21 de marzo hasta el 5 de abril, fue uno de los más importantes en la historia del país, por el amplio apoyo popular que tuvo. Una encuesta de la Universidad de Costa Rica dio cuenta de que para el 29 de marzo, un 72% de los costarricenses estaba en contra del proyecto.
11) La versión Roosevelt de la Doctrina Monroe estableció las bases de la hegemonía económica y militar que llevó a los Estados Unidos a constituirse en el poder dominante del Hemisferio Occidental. La nueva doctrina fue una franca declaratoria de que los USA estaban deseosos de buscar ventaja sobre los gobiernos de Latinoamérica, actuando como un poder policíaco internacional en la región. Descrita como una política de “hablar suave” pero portando un “big stick” (gran garrote), el anuncio del presidente Roosevelt lanzó la era del big stick. La Doctrina Monroe fue expuesta en 1823 y proclamaba la opinión norteamericana de que las potencias de Europa no debían, en adelante, colonizar las Américas o interferirían con los asuntos de las naciones soberanas allí constituidas, tales como los USA y otros. A cambio, los USA se mantendrían neutrales en conflictos armados entre potencias europeas y en las guerras entre las potencias europeas y sus colonias. Sin embargo, en caso de que este último tipo de guerra pudiera producirse en las Américas, los USA verían tal acción como hechos hostiles en su contra. http://www.wikipedia.org
12) “El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza”.
13) “…serán aplicables por igual a todos los factores concurrentes al proceso de producción, a fin de procurar una política permanente de solidaridad nacional”.
14) Según el Dr. Guido Sáenz, Ministro de Cultura durante el primer mandato del Dr. Arias, este habría influido en la decisión de los magistrados de la Corte Constitucional para que aprobaran la reelección y que pudiera ser candidato en las elecciones de febrero del 2006. El Dr. Sáenz se refiere al primer intento del Dr. Arias por reformar la Constitución. Sáenz declara: “De los siete votantes de la Corte Constitucional, cuatro se pronunciaron en contra, tres a favor. Lo llamé (a Arias), en cuanto me enteré de la catástrofe. “Guido, yo estaba ciento por ciento seguro de que me pasaban la reforma. Tenía la promesa de cuatro magistrados. Uno me traicionó”. Sáenz, Guido, Piedra Azul, página 361, 2003.
15) Principalmente reflejados en los artículos 50 y 74 de la CP, y en muchas otras leyes.
16) Integrado el 12 de junio del 2006. En ese momento lo conformaban Pablo Barahona, Giselle Boza, María Eugenia Bozzoli, Alberto Cañas, Hilda Chen, Gerardo Fumero, Glenm Gómez, Juan Rafael Quesada, Luis Sáenz, Iván Salas, Luis Guillermo Solís, Gerardo Trejos, Enrique Villalobos, Armando Vargas y Juan Manuel Villasuso. Actualmente está residenciado en la Universidad de Costa Rica y recién publicó el primer Informe al país: El Derecho a la información en Costa Rica, Editorial Juriscentro, 2008.
17) Fumero Paniagua, Gerardo. El Estado Solidario frente a la Globalización, Zeta, Servicios Gráficos S. A., 2006, y http://www.concostarica.com/blog-entry/3926renegociar
18) Mesa-Lago, Carmelo. Buscando un modelo económico en América Latina, ¿Mercado, Socialista o Mixto?, Chile, Cuba y Costa Rica, 2000.
19) De acuerdo con datos de la Contraloría General de la República, el país había gastado al 2006, más de ¢1.300 millones en promover el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, mediante un convenio interinstitucional que mantienen el Ministerio de Comercio Exterior, COMEX y su brazo derecho, la Promotora de Comercio Exterior, PROCOMER. Ruiz, Milton, “Infidelidad Diplomática”, Semanario Universidad, 7 de julio del 2006.
20) “En inauguración de Techno Park en Cartago, Arias enfatiza campaña del sí al TLC en actos públicos. En el lanzamiento de los Centros Comunitarios Inteligentes (CECI), a los muchachos del colegio de la Ciudad de los Niños les dieron volantes para convencer sobre el sí al tratado”. http://www.prensalibre.co.cr/2007/mayo/30/nacionales01.php
http://www.comitespatrioticos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=756:tse-acordo-archivar-denuncia-contra-oscar-arias&catid=63:politica&Itemid=99
21) En una publicación en la revista The Epoch Times, el Dr. Casas califica sin embargo, la discusión que se dio en Costa Rica, en relación con el CAFTA, de “baja calidad”. http://en.epochtimes.com/n2/opinion/free-trade-developing-world-4514.html
22) “La preferencia electoral por el NO al TLC supera por primera vez a la del SÍ, a tres días del referendo del domingo. Si la elección fuera en este momento, entre los costarricenses decididos a votar, el NO obtendría el 55% de los votos y el SÍ el 43%. Así lo revela la más reciente encuesta de la firma Unimer para La Nación, divulgada primero ayer a las 2:56 p. m. en el sitio nacion.com. Con ese resultado quedó atrás el virtual empate entre las dos opciones que habían reflejado las dos encuestas anteriores efectuadas por Unimer en setiembre. La diferencia entre el NO y el SÍ es de 12 puntos porcentuales, cifra que supera con creces el margen de error de 3,7 puntos que tiene la muestra de electores decididos. Hoy es el último día en que la ley electoral permite la publicación de encuestas, por lo cual, pese a lo volátil de las preferencias en esta contienda, lo que ocurra de aquí al cierre de las urnas no se podrá medir de previo”.
23) http://www.nacion.com/ln_ee/2007/octubre/04/pais1263988.html
24) http://www.nacion.com/ln_ee/2006/marzo/14/pais3.html
25) Public Law No. 109-53. Título I, sección No. 101, “(b) condiciones para la entrada en vigencia del acuerdo. En el momento en que el Presidente determine que los países enumerados en la subsección (a) (1) han cumplido con las disposiciones necesarias para cumplir con las disposiciones del acuerdo, que deben ser efectivas en el momento de su entrada en vigencia, el Presidente está autorizado para poner en vigencia el tratado respecto de dichos países”.
26) El 1 de junio del 2007, el Ministro de Relaciones Exteriores, Lic. Brugno Stagno y el Ministro de Hacienda, Lic. Guillermo Zúñiga, firmaron un memorando de entendimiento para el establecimiento de relaciones diplomáticas con China. Ese acuerdo incluyó la compra de Bonos de la deuda interna de Costa Rica, por $300 millones y una donación de $130 millones, lo cual fue ocultado por meses por el gobierno. Más adelante se informó sobre los Bonos y la cooperación, pero los detalles financieros de los Bonos fueron declarado secreto bursátil. La operación fue denunciada por el presidente de Taiwán, en declaraciones a Taipei Times, como la compra por parte de China, de las relaciones con Costa Rica. En agosto del 2008, la Corte Constitucional obligó al gobierno a revelar los detalles de la venta de Bonos. Se conoce entonces que el Banco BCT es el custodio de tales documentos. El Lic. Antonio Burgués está vinculado y fue directivo de ese Banco y dejó ese puesto para ocupar la Embajada en China.
27) Por otra parte, casi simultáneamente se ve obligado el ICE a declarar desierta una licitación, con la que pretendía adquirir 1.5 millones de líneas celulares de tercera generación y otros suministros. El monto estimado por el ICE fue de $225 millones, el precio cotizado por la única firma que participó, Huawei Technologies de China, fue de $583 millones. Los diputados de oposición recién denuncian que precisamente meses antes, el Presidente Oscar Arias, el presidente del BCIE y ex tesorero de campaña de Oscar Arias, Lic. Alfredo Ortuño, y el presidente ejecutivo del ICE, Ing. Pedro Pablo Quirós, responsable de la Ley General de Telecomunicaciones, una de las leyes de la Agenda de Implementación, estuvieron de visita en la fábrica de Huawei, en China.
28) Federico Sosto publicó en La Nación el 15 de enero del año 2007, un artículo titulado “Más allá del TLC”, en conjunto con los abogados Alan Thompson, Rubén Hernández y Rodrigo Oreamuno, en abierto respaldo al Tratado.
29) “Luis Paulino Mora sobre caso de magistrado suplente Federico Sosto. Presidente de la Corte: “No soy un juez ético, sino de legalidad” Votó a favor de archivar queja contra Sosto por asesorar a la Presidencia. Asegura que el magistrado no incurrió en ninguna ilegalidad”.
30) http://www.nacion.com/ln_ee/2008/julio/24/pais1632377.html
31) Para cuando renuncia el Magistrado Sosto, todavía faltaba dictaminar un proyecto más, el cual debió ser analizado por otro juez suplente. La Corte Constitucional sí reconoció inconstitucionalidades en este último proyecto, con lo cual obligó al gobierno a solicitar al resto de países miembros del CAFTA, una nueva prórroga (ya habían concedido una que venció el 1 de octubre del 2008).
32) http://www.diarioextra.com/2008/octubre/01/nacionales03.php
33) “La ingobernabilidad se ha adueñado de la administración Pacheco de la Espriella… es mejor evitar el caos y la anarquía y promover la tiranía en la democracia”. Declaraciones recogidas por Esteban Arrieta Arias, en “Arias defiende “tiranía” en elección de diputados”, La Prensa Libre, 3 de setiembre de 2005.
34) http://www-ni.laprensa.com.ni/cronologico/2004/octubre/23/elmundo/
35) http://www.nacion.com/ln_ee/ESPECIALES/ice-alcatel/n050315.html
36) Por ejemplo, en lo referente a telecomunicaciones, el CAFTA hace referencia unas 6 veces a los “servicios públicos” de telecomunicaciones, pero la ley aprobada como parte de la Agenda de Implementación los califica en cambio de “servicios disponible al público”, despojándolos del carácter de servicio público –universal-, que tenían, para convertirlos en simples mercancías. Exige la ley además, portabilidad numérica y desagregación de la red, no incluidas en el Anexo No. 13 del CAFTA.
37) Por ejemplo, el primer proyecto de Ley General de Telecomunicaciones que llegó a la Asamblea Legislativa, consideraba la creación de un Fondo Nacional de Telecomunicaciones, (para construir proyectos de beneficio social, en zonas no rentables), constituido con el aporte de un mínimo del 4% de los ingresos brutos de los operadores en el mercado. Sin embargo, ese porcentaje, después de furibundos ataques del empresariado nacional, (posiblemente sirviendo de testaferros del capital transnacional), se bajó al 1.5%. Hoy el país (el ICE), dedica un 9% de sus ingresos brutos a subsidios para garantizar universalidad.
38) A la empresa Millicom, el gobierno del Dr. Oscar Arias Sánchez, en su primer mandato, 1986-1990, le otorgó por Decreto, no por ley como correspondía, una concesión para la explotación de la telefonía celular en Costa Rica. En octubre de 1993, la Corte Constitucional declaró inconstitucional tal Decreto y Millicom debió abandonar sus operaciones en el país. Millicom puso entonces una demanda en contra el Estado Costarricense, por $400 millones. Otro caso fue el de Harken Energy, la cual obtuvo en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, un contrato de concesión por 20 años para explorar posibles yacimientos de petróleo en la provincia de Limón. En febrero del 2002, el gobierno del Dr. Pacheco debió rechazar por incompletos los estudios de impacto ambiental presentados por la empresa. A finales del 2003, la empresa demandó al Estado costarricense por $57.000 millones, ante el CIADI. El monto exigido corresponde, según la empresa, al costo de la “expropiación indirecta”, es decir a las ganancias que supuestamente iba a reportarle la explotación petrolera. Ese monto equivale a 15 veces la deuda externa de Costa Rica. Ninguna de las dos demandas ha tenido éxito todavía.


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Los retos a la economía nicaragüense


Toni Solo (TORTILLA CON SAL, especial para ARGENPRESS.info)

En una entrevista a inicios de octubre 2008, el Presidente del Banco Central de Nicaragua, Dr. Antenor Rosales habló sobre el impacto de la crisis financiera internacional sobre Nicaragua. Dio también algunas apreciaciones con respecto a otros desafíos que enfrentan a Dr. Rosales y sus colegas para garantizar la estabilidad de precios en la economía nicaragüense.

Por otro lado, la entrevista da un retrato intelectual importante de un profesional quien - con sus colegas en un gobierno revolucionario, sin mayoría en la asamblea legislativa del país - está decidida llevar a cabo un proyecto consecuente para realizar las aspiraciones tan anheladas de su pueblo en un entorno adverso a nivel nacional y más complicado todavía a nivel internacional Dr. Antenor Rosales.

P: En otras entrevistas con altos responsables del gobierno, estos han externado que encontraron varios problemas en las instituciones o ministerios que recibieron de la administración anterior. ¿Que fue la experiencia de usted y sus colegas cuando recibieron el Banco Central en enero 2007?

Antenor Rosales: Lo que podría decirte es que el proceso de asumir la dirección del Banco Central de Nicaragua estuvo ligado digamos a una visión que traíamos, después de haber conversado con el Presidente Ortega, en el sentido de que en el Banco Central era necesario impregnar un pensamiento de cambio en la continuidad. O sea, que nosotros venimos al Banco Central con el propósito de desarrollar en esta institución lo mejor de la misma con los cuadros, con los recursos, con los que ya contábamos, imprimiéndoles la filosofía del gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional.

En ese sentido, pues, trabajamos con el presidente saliente del banco, el Dr. Mario Arana, y dado los niveles de organización que han existido en el Banco, hay que recordar que nosotros teníamos presencia como partido político en el Consejo Directivo del Banco Central antes del triunfo de Presidente Ortega, en la persona del Dr. Silvio Conrado. En esa medida, pues, el trabajo se nos facilitó, por así decirlo, por la comprensión de la realidad estructural orgánica, organizativa del Banco Central.

P: En términos de lo que ustedes encontraron, ¿ustedes sintieron que estaban recibiendo una entidad que sí, estaba cumpliendo debidamente con el papel, los objetivos y la misión del Banco Central de Nicaragua?

AR: El Banco tiene su ley orgánica. Efectivamente las administraciones anteriores trataron de apegarse a la ley en el ejercicio de sus atribuciones, obviamente que en eso no siempre contaron todas las autoridades con el beneplácito de la sociedad nicaragüense y ese es un tema pues, que todavía está pendiente, como sería el famoso caso de los CENIs.

Lo que nosotros mantuvimos, desde el primer momento, es que en instituciones como esta, debíamos tomar un conjunto de acciones que permitieran fortalecer la institucionalidad del Banco Central. Y por lo tanto podríamos decir que eso ha sido el principal objetivo al interno del Banco Central y por supuesto también en la sociedad nicaragüense. Lo que hemos querido es que los nicaragüenses sintamos que este Banco es un Banco de Nicaragua, es un Banco de Nicaragua y es de los y las nicaragüenses para impulsar un determinado proyecto que como nación tenemos.

En ese sentido, digamos, cuando asumimos este cargo, lo hicimos convencidos que las grandes decisiones de política económica debían de responder a las políticas que como gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional hemos propuesto, por supuesto, todo esto en estricto apego a la ley.

P: Uno de los temas que se ha manipulado bastante por las personas que critican al gobierno ha sido la inflación. En la primera parte del año parecía que la inflación iba a disparar fuera de control. Sin embargo usted y sus colegas en el gobierno han logrado controlarlo. ¿Quiere comentar sobre las perspectivas con respecto a la inflación aquí en Nicaragua y en la región?

AR: Por supuesto. El fenómeno de la inflación, actual, en este año es un fenómeno que nos ha golpeado al mundo entero. No corresponde, digamos, a las realidades de una región o de un país, como ha sido la experiencia histórica en los estudios que se han hecho en materia económica sobre ese fenómeno. En Estados Unidos, en Canadá, en México, en Sur-América, en Europa no digamos, en Asia misma, en China por ejemplo. Los niveles de inflación alcanzados en el año 2008 han sido verdaderamente sorprendentes.

Nosotros en el año, nos propusimos una meta inicial que tuvimos que revisarla en el transcurso de las discusiones con el Fondo Monetario Internacional, porque efectivamente la función fundamental del Banco Central es lograr la estabilidad de los precios. Y por eso en conjunto con otras instancias del gobierno elaboramos un plan anti-inflacionario, un plan anti-inflacionario que permitiera ejercer un control de la inflación en el sentido de que no se nos disparara a niveles superiores, digamos, a las que tuvimos el año pasado.

En ese plan, en lo fundamental, expusimos la importancia que teníamos para que en Nicaragua existiera una oferta de productos. La base del plan anti-inflacionaria es la oferta de productos. Es decir, garantizar que los productores nicaragüenses, los pequeños, los medianos y los grandes productores, en particular los pequeños y medianos, que son los que más producen los alimentos, en Nicaragua fuésemos capaces de sacar al mercado nacional el frijol, el maíz y aquellos productos que son, digamos, la base del sustento de la economía popular.

Eso lo hemos ido logrando. Seguramente vos, porque estudias la realidad nacional, te podas dar cuenta que en julio, agosto y en septiembre, hemos tenido un verdadero impacto en el ritmo inflacionario, habiendo logrado importantes resultados. Aquí ahora, tenemos ya un problema y hay que decirlo.

Que estas lluvias actuales van a tener un efecto objetivo en la producción nacional. ¿Cuál es el impacto? Todavía no sabemos. Pero creemos que de forma inevitable lo va a tener. Vamos a tener seguramente menos producción de la que estábamos previendo. Que es la base de nuestro plan anti-inflacionario.

P: Usted ha mencionado que el objetivo principal del Banco Central de Nicaragua es de garantizar la estabilidad de los precios. Eso es muy parecido al mandato del Banco Central de Europa. En cambio, en Estados Unidos el banco central allí, la Reserva Federal, también tiene la responsabilidad de promover en la medida posible el pleno empleo. ¿Qué opina usted sobre ese tema aquí en Nicaragua?

AR: Esa sí es una discusión digamos que tiene defensores y que tiene por supuesto también detractores – cuál es la función principal de un banco central. Hay quienes que sostienen que debe de ser con exclusividad el control de los precios. Hay otros que sostienen que debe de ser con otros objetivos – como el caso de la Reserva que mencionas, porque efectivamente ellos están por desarrollar el empleo. Me parece que en estos momentos la importancia fundamental, aún en Estados Unidos, es, antes de este problema financiero, era el control de la inflación. Y efectivamente en Nicaragua tenemos que, tal y como está en la ley, el Banco Central, su objetivo fundamental debe ser el control de la inflación. Entonces, necesitaríamos un cambio jurídico que conduzca a que sea esa otra de las grandes tareas del Banco Central. De manera que no tenemos previsto en este momento un planteamiento de esa naturaleza, de que responda también por la promoción del empleo, el Banco Central de Nicaragua.

P: Quedando con el tema de la inflación, desde medianos de 2007 el Banco Central Europeo ha estado inyectando liquidez de una manera enérgica y desde diciembre de 2007 la Reserva Federal en Estados Unidos ha abierto varias facilidades para hacer disponible grandes cantidades de liquidez a su sistema financiero. Pero aún estas medidas han sido superadas últimamente por las medidas coordinadas que se han tomado a nivel mundial para abastecer el sistema financiero global con un monto de liquidez sin precedentes. ¿No temen usted y sus colegas que ese fenómeno podría generar efectos inflacionarios muy complicados en los meses que vienen para países en las regiones como América Central?

AR: Seguramente va a existir en Nicaragua y en Centroamérica un efecto producto de la situación financiera internacional. Pero aquí lo que hay que analizar es ¿vamos a controlar el problema de hoy o comenzamos a tomar medidas de lo que puede suceder en el mañana? Parece ser que la decisión de los grandes centros financieros es resolver el problema de hoy. El problema de hoy lo enuncio como la crisis de las Cs. Hay crisis del Capital. Hay crisis del Crédito. Hay crisis de Confianza y hay una crisis de Control. ¿Por qué? Porque a pesar de la inyección de que me has hablado, todavía no es suficiente, a pesar de que las entidades requieren volver a recoger fondos para capitalizarse, no se ha podido. Ha tenido que ser el Estado, una vez más, el que juega ese papel.

Hay una crisis de crédito porque como hay una desconfianza absoluta sobre la realidad de los estados financieros de las instituciones, los bancos no quieren prestarse entre ellos. Y obviamente todo eso va a tener repercusiones en Nicaragua. Eso es indubitable. ¿En qué ámbito puede tener repercusión la situación financiera internacional? En varios. Te anuncio algunos.

Primero, había una tendencia que algunos analistas incluso pronosticaron que iba a ser de muchos años, un crecimiento en el precio de los alimentos. La tendencia ahorita que se está manifestando es a la baja. Los principales rubros de exportación en Nicaragua son los productos primarios. Eso entonces seguramente va a tener un efecto objetivo en la economía nicaragüense.

Nosotros tenemos unas importantes fuentes de empleo que son las zonas francas. Independientemente de que estemos o no de acuerdo con el sistema de trabajo en la zona franca, independientemente de eso, de manera objetiva allí está. Hay un número de nicaragüenses que trabajan en la misma. Ahora bien, el mercado principal de esos productos que se producen en territorio nacional, bajo el régimen de la zona franca, es el mercado de Estados Unidos. Y los datos nos arrojan claramente de que en este último mes hay una disminución en las tiendas por la compra de los productos que nosotros hacemos aquí, vestuario, toda la rama textil.

Entonces, una disminución de la capacidad de compra en los Estados Unidos, una disminución del nivel de consumo en el mercado estadounidense, tiene una afectación en Nicaragua porque estas empresas de acá, de la maquila, van a tener una disminución en los pedidos que sus representantes consiguen de las empresas distribuidoras de sus bienes.

En el turismo vamos a tener una afectación. Para algunos, incluyendo en Honduras también, he leído que el Ministro de Turismo igual que el nuestro decía que era una oportunidad, porque va a ver un turismo, digamos, de menos recursos que pueden venir en estos momentos. Quizás no puedo ir a otro lugar del mundo pero puedo escoger un lugar como Nicaragua. Eso es posible. Pero lo real hay que analizarlo con profundidad, porque el asunto parece que se mueva ahora en el sentido de que, ni siquiera tengo los recursos para movilizar y tener un turismo barato. Ahorita la incertidumbre es muy grande. Digo del ciudadano normal, del ciudadano común. Y entonces también en el turismo lo podemos ver bastante afectado.

Hablemos también de la inversión extranjera. ¿En qué sentido se puede tener aquí un problema con la inversión? En el sentido de que en situaciones como esta, el sistema capitalista lo que hace es exacerbar las contradicciones de los necesitados y así, como Nicaragua es un país muy pobre, hay un montón de países pobres que pueden tomar medidas que atraigan la inversión. Y esa atracción de la inversión se tiene que hacer, ya sabemos a qué costo, y no necesariamente Nicaragua va a estar en los primeros lugares para que los inversionistas quieran venir.

O sea no es tan sólo de que el inversionista quiera o no venir sino la competencia para que esa inversión venga, que entre los mismos países necesitados de la inversión a veces desarrollamos. Salvo obviamente pues, cuando tenemos un tipo de inversión o comercio ajustado a otros parámetros, como el comercio justo, por ejemplo, ¿no?, o la inversión Sur-Sur.

Pero eso es otra cosa que todavía nosotros no hemos desarrollado al máximo aunque tengamos digamos como horizonte la importancia de diversificar las exportaciones. Pero ahorita no vamos a diversificar exportaciones de la noche a la mañana. Desde la noche a la mañana que esos productos de la zona franca o los productos que exportamos vamos a decir, ya no al Norte, ahora el 50% va para tal lado, no es cierto.

Otro problema que seguramente va a ver afectado – y no los estoy dando en orden – está ligado a la financiación de parte de los bancos extranjeros a los bancos nacionales. Por un lado. Y la financiación de bancos extranjeros a productores nacionales, porque no todas las empresas radicadas en Nicaragua se fondean con recursos del sistema financiero. Algunos lo hacen directamente con bancos extranjeros porque consiguen tasas de interés más baratas. O sea la continuación de las líneas de crédito comprometidas entre esas instituciones y los bancos y entre esas instituciones y las empresas directamente pueden ser reducidos. De hecho se han reducido.

Estamos en este momento, hablando al menos con las empresas más importantes de Nicaragua, para conocer cuáles son sus obligaciones y con los bancos mismos para conocer cuáles son sus obligaciones de corto plazo, las que tienen que pagar a esos bancos y cuál ha sido el comportamiento de esas líneas de crédito. Estamos en un seguimiento diario porque imagínate que representaría si un banco de estos internacionales decide de repente suspenderle la línea de crédito que tiene un banco nacional.

Y por último, y no por eso menos importante, habría que enunciar que esta situación va a ser también que tengamos que competir fuertemente por la cooperación internacional. Vamos a competir por la inversión. Pero también vamos a competir por la cooperación internacional. ¿Por qué? Porque en alguna medida nosotros tenemos, digamos, algunas dificultades en relación con otros algunos países. Nosotros no podemos recibir fondos que no sean concesionales en virtud de ser miembro de una iniciativa de países pobres muy endeudados, HIPC por sus cifras en inglés.

Y obviamente que eso dificulte que nosotros podamos obtener fondos digamos en términos no-concesionales que muchos países, la gran mayoría de los países en el caso del hemisferio occidental, pueden en este momento acceder a ellos, ¿no?, ya tanto el BID, como el FLAR o la Corporación Financiera de Inversiones han anunciado unos montos casi de diez mil millones a la orden de los países emergentes y en este caso los países latinoamericanos con el BID.

Pero, bueno, hay que recordar que allí en América hay verdaderamente monstruosos para así decirlo, México, Brasil, Argentina. Y cuando ellos vayan a acceder a ese crédito, acceden ese crédito, pero no es lo mismo que Nicaragua u Honduras o Guyana. O sea, hay algunas dificultades que están objetivamente presentes en el escenario financiero internacional y aunque son los instrumentos como el Banco Interamericano de Desarrollo que son bancos nuestros en teoría para facilitarnos el desarrollo. De manera que nosotros vemos con mucha atención, con mucha preocupación el desarrollo de la situación financiera internacional.

P: ¿Hasta ahora no ha llegado causar problemas significativos adentro del sistema bancario nacional este problema de la falta de confianza entre los bancos?

AR: Entre otras cosas habría que decir que esa falta de confianza entre los bancos en aquellos países se produce en la medida en que el mercado inter-bancario es bien desarrollado. O sea que los préstamos entre los bancos se realizan por las noches para poder garantizar liquidez para el día siguiente etcétera. En nuestro caso ese mercado inter-bancario es muy bajo, muy pequeño y yo diría que nuestra principal preocupación ahorita es conservar las líneas de crédito que los bancos nacionales tienen de parte de esos fondos internacionales. Esa es nuestra preocupación fundamental.

Porque recuerda que las reglas que caracterizan ese mundo financiero capitalista son distintas a las que se producen en las relaciones entre otro tipo de estado o países que tienen una visión diferente, pues, la solidaridad, el comercio justo, una visión integracionista etcétera. Porque allí la gran mayoría de las líneas de crédito establecen que en cualquier momento se pueden suspender. No tenés garantía de que se van a mantener siempre. Si hay una debilidad de riesgo país, un debilitamiento en el índice del riesgo país, o si ellos consideran que va a ser afectado su liquidez, o cualquier otra razón es suficiente para exigirte que vos devuelvas esa plata.

P: ¿Ve usted aquí en la región o en América Latina en general la posibilidad que algún país o grupo de países podría asumir la misma posición que asumió inicialmente Irlanda de garantizar todos los depósitos, para que recibió muchas críticas en el momento....?

AR: ¡Recibió la crítica pero allí nomasito todos volvieron a decir lo mismo!....incluso el grupo Euro también acuerdan asumirlo, lo asumen después de la decisión de Irlanda pero lo asumen diferenciados, porque España dijo que no, yo no me ajusto a eso, yo voy a dar más, por decirte un ejemplo. Islandia por ejemplo dijo todo. Alemania seguramente va a decir todo y Grecia dijo todo, Portugal dijo todo.

O sea aquí lo que estamos viendo también es una observación de las contradicciones en el mismo sistema capitalista. Porque lo que se trata de meter ver es como quedan las posiciones. Aquí se ve el capital financiero estadounidense luchando contra el capital financiero europeo. No podemos nosotros negar eso. La misma posición del Primer Ministro Brown al principio fue una, ahora es otra. Y la posición de Sarkozy y la posición de Berlusconi con relación a la posición que tuvo Alemania es diferente.

Aquí, lo que estamos viendo es que no existe, digamos, una estrategia coordinada verdaderamente. Por eso la reunión anual del Fondo Monetario Internacional el Consejo Financiero y Monetario Internacional manda a revitalizar el Fondo Monetario Internacional y le manda decir que juegue un mejor papel para establecer una política verdaderamente coordinada, porque el capitalismo como sistema requiere en este momento esa coordinación, porque a lo contrario vamos a tener lo que siempre ha existido: la lucha de los capitales para la hegemonía.

P: ¿Qué riesgo existe que podría pasar algo parecido en América Latina?

AR: Es que en América Latina me parece que ahorita lo que va a plantearse es, con los grandes países, un nuevo diseño de la arquitectura financiera internacional.

P: ¿Se trata del Banco del Sur?

AR: No solamente Banco del Sur, porque por ejemplo ahorita Brasil, la India y Sur África, están ahorita en una reunión. Allí está el Presidente Lula, exigiendo un nuevo diseño de la arquitectura. Zoellick lo ha dicho claramente, no basta los siete, necesitamos que ahora seamos catorce. Que venga Brasil, que venga México, que venga Rusia ya plenamente, que venga Sur África, que venga la China, que venga la India. ¿Por qué? Porque como sistema necesitamos, y ellos necesitan, un cambio. No se puede dirigir tal y como hasta ahora se ha estado dirigiendo las finanzas internacionales. Y por eso es que el capitalismo europeo lo veo claramente que dice ese modelo no quiero seguirlo, el modelo de desregulación absoluta.

Y Sarkozy lo dijo anteayer y lo volvió a decir ayer, que necesitamos controlar esos fondos de inversión, esos "hedge funds", hay que regularlos. Porque esa es una de las crisis, la crisis del control del Estado. Entonces, yo veo que estamos acercándonos a una posición en que todo va a ser distinto, me parece. Las finanzas internacionales van a cambiar. Ya esa visión absolutista de que los Estados Unidos eran los únicos que iban a impulsar, por así decirlo, la política financiera internacional. Al ritmo que ellos van yo creo que eso no va a volver en los próximos años.

P: Volviendo a un nivel aquí en Nicaragua, a un nivel comercial, ¿usted y sus colegas no han percatado de algunos problemas por ejemplo de las empresas grandes con respecto, por ejemplo, a las cartas de crédito u otros mecanismos esenciales para los negocios?

AR: Bueno, eso es lo que estamos investigando más a profundidad con ellos para saber que es el verdadero impacto sobre las líneas de crédito que ellos tenían y fundamentalmente en los últimos meses, independientemente de esta crisis, nosotros hemos venido prestándole atención a un problema que se ha manifestado en Nicaragua. Que es el incremento del crédito de consumo. Para decirte un ejemplo para ilustrar la preocupación. Si tuviéramos una reducción de las ventas de los productos de la zona franca que exportamos a Estados Unidos, podría generarse un desempleo en la zona franca. ¿Vos tenés una idea del porcentaje de los trabajadores en la zona franca que tiene tarjeta de crédito? Es muy alta. ¿Y qué va a pasar con ese trabajador a quien le ha dado una tarjeta de crédito? No va a poder pagarla, porque no tiene empleo.

Entonces, la política del crecimiento del consumo ha sido una preocupación nuestra en el año 2008. Incluso allí en la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras se dictó una norma prudencial con el propósito de ayudar a fortalecer más el crédito productivo. Nosotros creemos que es importantísimo, por supuesto, de que existe en Nicaragua crédito para la producción que vaya a impulsar a niveles superiores la competitividad de Nicaragua y la productividad de los nicaragüenses. Pero el ritmo que llevamos del crecimiento del consumo es atentatorio para los niveles de capacidad de pago que tenemos los nicaragüenses

P: Parece ser que existe en Nicaragua el mismo fenómeno de los préstamos predadores que se extienden, aún sabiendo perfectamente que los clientes no van a poder pagar.

AR: Existe un fenómeno parecido exactamente, puesto que, digamos, por los niveles de, por así decirlo, rendimiento que se obtiene en ese mercado, uno puede aceptar como empresa que su mora sea alta para poder lograr una recuperación que satisfaga los planes de negocio que esas empresas tienen. Pero en definitivo lo que se necesita en este momento me parece es estar muy atento al desarrollo internacional, muy atento a las políticas de crédito y muy atentos a fortalecer la posición de Nicaragua en una situación difícil.

Vos mencionaste el tema hace poquito, cuál podría ser la política de garantía de los depósitos en Centroamérica. Nosotros ya mandamos hacer un cálculo y prácticamente con los diez mil dólares que es la garantía de fondos de depósitos que se tiene, se cubre mucho del número de depositantes que hay en Nicaragua. Porque ese es el principal problema.

El principal problema es que si ese fondo de garantía de depósitos, ¿qué es capaz de proteger? No se trata aquí de proteger, digamos, por proteger. Ya conocemos esa política de protección a todos los depositantes. Sino aquí, lo que se trata es de proteger para que se garantice estabilidad y confianza. Al gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional no le conviene un problema de confianza, ni problemas sistémicos en la banca nacional.

Pero ahora no dependemos solo de nosotros, porque esto está demasiado inter-relacionado. Todos los bancos nicaragüenses, prácticamente todos, tienen presencia en Centroamérica. Y es absolutamente seguro, podemos afirmar, que si se produce un problema en cualquier otro país, eso va a tener una repercusión en Nicaragua. Y si se produce en Nicaragua también va a tener una repercusión en Centroamérica. De manera que aquí lo más importante es de garantizar la estabilidad del sistema financiero, ser prudentes en la regulación, mejorar la regulación del sistema financiero por parte de las autoridades nicaragüenses. Hay que jugar un papel muy activo, muy fuerte, muy consecuente para velar por los intereses nacionales siempre, pero en un momento tan complejo como este con mucha mayor razón.

P: Cambiando tema un poquito. Se supone que las relaciones con el FMI son muy importantes para usted y sus colegas. Entiendo que había otra reunión recientemente...

AR: Fuimos nosotros allá a la reunión anual el Fondo Monetario Internacional. El Presidente del Banco Central ejerce la gubernatura ante el Fondo Monetario Internacional. Entonces, fuimos a conversar con ellos en una reunión donde están todos los Ministros de Hacienda y presidentes de banco central del mundo porque también es la reunión del Banco Mundial y aprovechamos para hablar con los señores del Fondo Monetario Internacional para establecer digamos una línea contingente, si es necesario por parte de Nicaragua para recibir apoyo a la balanza de pagos, para proteger reservas, pues, en particular en el caso que se presentan problemas. Y los señores del fondo entendieron claramente de que esa probabilidad de presentarse requeriría de unas formas rápidas de desembolso de esos recursos y que no tendríamos que estar pasando por todo ese proceso que caracterice este tipo de desembolso.

De manera que yo considero para el Banco Central de Nicaragua que, efectivamente, este viaje fue muy positivo porque nos ha permitido primero el acordar con el Fondo Monetario Internacional que en una situación particular se podría dar un aumento de la cuota que actualmente nosotros como país tenemos en el marco del programa de Servicio, Crecimiento y Lucha contra la Pobreza. Que podría ser hasta unos US$80 millones más, si los requiriéramos, si los necesitáramos.

Y segundo, logramos precisar la fecha para la segunda revisión del programa que se va a producir en noviembre, va a ser exactamente la venida del Fondo Monetario. De manera que lo veo como muy positivo los resultados de ese viaje.

TcS ¿Y le ayuda bastante a Nicaragua el aval del FMI en sus relaciones con otras entidades internacionales?

AR: Mira, para serte sincero, nosotros lo que hemos sostenido siempre, con ellos también, es que, si bien es cierto lo que decías es real, en el sentido que muchos al ver que estamos en un programa con el Fondo, que el Fondo mantiene relaciones con nosotros y en donde que llegamos a determinados acuerdos es importante para hacer relaciones, nosotros lo que hemos sostenido es que debemos de separar. Nicaragua con el Fondo, discutamos Nicaragua con el Fondo. Y cualquier otro país u organismo internacional discuta con Nicaragua sin decirme necesitamos que vos te pongas de acuerdo con el Fondo.

Eso no es fácil. Porque algunos, pues, quieren llevar a conducirnos a solamente si tenés un programa con el Fondo, entonces platiquemos, entonces te desembolso. Algunos. No todo, ¿verdad? Porque muchos de ellos entienden que aquí lo más importante es que Nicaragua garantice la estabilidad macro-económica, que Nicaragua garantice una política de finanzas sanas, un control del gasto y resultados en la lucha contra la pobreza, para continuar con la cooperación que históricamente hemos recibido.

De manera que siempre nosotros, en ese, tema somos un poquito firme, ¿no? Pero bueno, las realidades a veces se imponen. Efectivamente, cuando tenemos un programa con el Fondo, en alguna medida, observamos menos dificultades, por así decirlo, en arreglar relaciones para lograr lo que queremos que son inversión, cooperación y elevar la capacidad productiva nacional.

P: Volviendo al tema de la estabilidad macro-económica, el caso de los CENIs que usted mencionó al inicio ha sido muy controvertido. El Banco Central y el gobierno han logrado estabilizar la situación por medio de una negociación con los bancos involucrados. ¿Usted siente que ese es un capítulo cerrado, o podría volver a ser problemático en el futuro con el desarrollo del caso llevado por la Fiscalía?

AR: Desde la perspectiva del Banco Central, el caso de los llamados CENIs solamente requiere de la aprobación del Consejo Directivo del Banco. Una vez que se logre eso, nosotros, desde el punto de vista financiero ¿verdad? vamos a cerrar esa página. Porque creemos que es conveniente para Nicaragua seguir fortaleciendo la credibilidad del Banco Central. Y esta decisión de haber negociado estos bonos bancarios, a juicio del Banco Central ha ayudado el fortalecimiento institucional. Ha ayudado que se siga teniendo confianza en los papeles del gobierno, en los títulos del Banco Central de Nicaragua. Eso, por supuesto, no tiene nada que ver con lo que se desarrolle en el campo judicial acerca de las atribuciones o facultades para haberlos emitido o cualquier otra situación que esté en entredicho.

Para nosotros se puede decir que con la firma, o aprobación más bien, del Consejo Directivo, podríamos decir que ese es un capítulo cerrado para el Banco Central.

P: Y con respecto a la formación del Consejo Directivo que aparentemente está siendo atrasado por la Asamblea Nacional, ¿hasta qué punto es eso un problema político y hasta qué punto está trabando las actividades del Banco Central?

AR: A estas alturas hay una serie de funciones que solamente el Consejo Directivo puede desempeñarlas, por ejemplo la aprobación del presupuesto del 2009 del Banco Central. La revisión del presupuesto actualmente, que no está acabado porque no hemos podido hacer algunos movimientos en algunas partidas. Porque solo el Consejo Directivo los puede aprobar, la revisión de la política monetaria, la revisión que tiene que ver con el encaje legal, todos esos son elementos que se requiere la presencia del Consejo Directivo del Banco Central.

Incluso, en una situación como esta, imagínate que tuvimos la necesidad de inyectar, así como están haciendo en otros países pues, recursos a un banco, requeriríamos de la presencia del Consejo Directivo, digo en momentos normales. Como no está pues, tenemos que asumir esa tarea pero ya va a ser objeto de otra situación de que si estamos facultados o no. Pero, bueno, en este momento allí lo importante va a ser salvar, digamos, cualquier situación difícil o problema que tengamos. De manera que sí, yo pienso que es necesario saltar esa muralla política, por así decirlo, porque eso está en la Asamblea Nacional y que los diputados proceden al nombramiento del Consejo Directivo.

P: ¿Usted es optimista que pronto lo resolverán?

AR: Yo creo que el Banco Central quiere creer que los diputados son serios e interesados en que Nicaragua y las instituciones se fortalezcan y funcionan. Y además es un compromiso con el Fondo Monetario para haberse utilizado en septiembre en una segunda discusión, porque era para antes. Teníamos una discusión para ponerse septiembre como plazo.

P: Obviamente la crisis internacional ha creado una serie de desafíos quizás imprevistos. Si no hubiera sido por la crisis, ¿qué habrían sido las prioridades para usted y sus colegas en el Banco Central en los años que vienen?

AR: El objetivo, la tarea, la función principal es la estabilidad de los precios. Esa es una tarea a que hay que prestarle mucha atención. Solamente con una coordinación estrecha entre las políticas de gobierno, en este caso el ejecutivo y el Banco Central, y con el apoyo de toda la sociedad nicaragüense es posible lograr objetivos anti-inflacionarios en Nicaragua. Fíjate que según los estudios que realizan los técnicos del Banco. Un alto porcentaje de la inflación en Nicaragua se produce por expectativas inflacionarias. O sea es trasladado directamente a los costos de los productos y los servicios lo que creo yo que va a ser la inflación.

Entonces eso se resuelve únicamente a través de confianza, de seguridad, a través de la transmisión por parte, no solo del gobierno sino de los operadores y los agentes económicos, de la seguridad y la confianza en la política anti-inflacionaria, que se traduce entre la ciudadanía, y entre la población, disminuye esas expectativas a los niveles normales por así decirlo en una sociedad tan compleja como la nicaragüense.

P: Una pregunta final, ¿Qué tal relevante es el proyecto de Banco del Sur o el proyecto del banco del ALBA?

AR: Nosotros hemos estado trabajando muy de cerca con el Banco del ALBA. Efectivamente el Banco del Sur, te puedo decir es una oportunidad, una alternativa para que verdaderamente esos recursos con lo que nos contamos y lo que podemos conseguir los países latinoamericanos pueden ser invertidos verdaderamente en el desarrollo. En el caso del Banco del ALBA, que es un proyecto más particular, pues, digamos de Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua, estamos a la espera de la ratificación del acuerdo del nacimiento del banco. Y está pendiente una reunión de los encargados del banco. Lo habíamos previsto para ahora en septiembre, el 21, pero por motivo de razones de múltiples ocupaciones no pudimos coincidir los ministros de finanzas y el que habla ahorita, que es el encargado del Banco del ALBA, para que ese sea una realidad. Pero nos parece una alternativa interesante, importante y, más que importante, necesaria, imprescindible para garantizar el desarrollo de nuestros pueblos.

Foto:
Dr. Antenor Rosales, presidente del Banco Central de Nicaragua.

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