viernes, 7 de noviembre de 2008

El Proyecto Censurado y América Latina: 32 años de dominación militar de EEUU y de decepción económica (I)

Nelson Calderon
Traducción: Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)


Durante 32 años, el Proyecto Censurado ha estado publicando las historias de noticias que los medios corporativos omitieron cubrir. Este trabajo describe la cobertura del Proyecto Censurado de noticias latinoamericanas ocultadas por tres décadas.

Las historias documentan cómo EEUU ha continuado en la tradición del colonialismo, intentando dominar, explotar y controlar la riqueza económica de las Américas. Las historias cubren esclavitud, agricultura corporativa, crímenes de guerra, maltratos a los pueblos indígenas, contaminación química, presos políticos, múltiples golpes militares fallidos y exitosos, explotación de los acuerdos comerciales, deforestación, hostigamiento de inmigrantes y manipulación de elecciones.

Desde su primera incursión desde Europa, la América blanca ha explotado a la América nativa de todas las naciones. Por siglos, las Américas han sido dominadas por la esclavitud, el latrocinio y la violación en todas sus formas. Durante el último siglo, Estados Unidos reescribió, de una manera neocolonial acelerada, el capítulo de la historia colonial portuguesa, española y británica de América Central y Suramérica.

Ahora, EEUU intenta imponer acuerdos comerciales forzados y aislar a los países que, además de Cuba, resisten intrusiones neocoloniales. La continua lucha por apropiarse de los recursos naturales y por controlar la alimentación indígena ha originado un aumento de la resistencia en muchos países de Centro y Sur América. Han emergido nuevos partidos políticos de izquierda para desafiar los mandatos neoliberales orquestados por EEUU a través del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Las naciones latinas se han unido para resistir la penetración corporativa privada de sus economías. Como reacción, el presidente George Bush brama en sus esfuerzos por conseguir en el Congreso la aprobación de los Tratados de Libre Comercio (TLCs) ya negociados con Colombia, Panamá y Corea del sur (Lafranchi, 2008), a la vez que resucita la IV Flota Naval en la región por mandato de las corporaciones salvajes para garantizar el libre comercio en la selva tropical.

En 1979, el Proyecto Censurado cubrió una historia titulada "El crimen corporativo del siglo". El magazine Mother Jones reveló que Estados Unidos descargó pesticidas en México utilizando prácticas inseguras en tal aplicación. Ésta fue una de nuestras primeras denuncias sobre "lucro y otros costos humanos", entre muchas otras actitudes de las corporaciones de EEUU hacia América Latina.

En 1980, estas prácticas de imponer cultivos más lucrativos llegaron a ser frecuentes en México y Brasil. Ésta fue una política económica estadounidense deliberadamente destinada a convertir a las economías de los países en exportadoras agrícolas, al precio de reducir su autosuficiencia alimentaria. Entonces, la proteína más producida en Brasil era el frijol [alubia, chícharo, poroto negro o caraota], pero la totalidad de la tierra fue sembrada con soja, cuya exportación era más rentable, de manera que el país fue obligado a importar frijoles. Lo mismo ocurrió con el maíz en México después que ese país suscribiera con EEUU y Canadá el Tratado de Libre Comercio conocido como NAFTA (su sigla en inglés), a mediados de los años 90. Estas políticas han abandonado a su suerte a muchos de los ciudadanos más empobrecidos, al bloquear la producción de la proteína más necesaria para el crecimiento humano normal, incrementando –por lo tanto– el hambre y la malnutrición a través de la región.

Las corporaciones multinacionales se han apropiado de los recursos, creando nefastos problemas en América Latina. La caída de las economías autosuficientes es un ciclo difícil de parar. Los países latinoamericanos comenzaron a convertirse en naciones importadoras de alimentos, quedando a merced del control del poderío de fuerzas externas de gran alcance. Este desequilibrio de poder hizo de lejos más fácil que las corporaciones asumieran el control de los minerales y otros recursos naturales.

Hacia la mitad de los 90, Georgia-Pacific, Alcoa, Amoco, Arco, Chevron, Exxon Mobil, Occidental Petroleum, Texaco y el Banco Mundial habían saqueado y ocupado los recursos naturales de la selva tropical en las regiones de Centro y Sur América. El proceso de apropiación de los recursos contaminó el agua e introdujo la polución en áreas enormes.

Cuba ha sido un país que ha resistido con éxito el control corporativo por cincuenta años. Cuba se ha consolidado por sí misma como una de las economías más sustentables y ocupa el lugar número uno en el mundo en cultivos orgánicos. El éxito de Cuba ha demostrado que existen alternativas frente a la dependencia de las corporaciones multinacionales.

Los Tratados de Libre Comercio representan el camino emprendido por las corporaciones multinacionales para crear diversas leyes destinadas a interrumpir el orden social. Una vez que han subvertido ese orden pueden inundar los mercados alimentarios con productos baratos, más fáciles de obtener, conduciendo a la obsolescencia a los agricultores modestos. Los TLCs convierten a las corporaciones más ricas en un virtual monopolio, pues la pequeña escala de sus cultivos les impide a los agricultores competir con los agro-negocios y deben huir a las ciudades en busca de trabajo para alimentar a sus familias. Los Tratados de Libre Comercio también han disminuido el empleo en EEUU. En marzo de 2007, las encuestas demostraban una desaprobación de 46 por ciento entre los estadounidenses hacia los TLCs por considerar que estaban lastimando al país y permitían que las corporaciones multinacionales consiguieran hacerse más ricas constantemente (Carlsen, 2007).

Los TLCs se han convertido en el caldo de cultivo para muchos problemas que se han presentado en América Latina. Insidiosamente, las corporaciones han escamoteado los derechos de patente de las semillas más necesarias para la agricultura indígena, tales como el maíz. Al socavar la agricultura rudimentaria de México muchos campesinos que perdieron su tierra deambulan hambrientos. Los TLCs han inundado el mercado con alimentos de corporaciones multinacionales, tales como ConAgra Foods. El NAFTA destruyó comunidades agrícolas y permitió que las multinacionales inundaran el mercado interno con maíz de EEUU. Los mexicanos emigran a EEUU debido a la inflación alimentaria y al hambre. Los precios de la tortilla de maíz se han elevado en más de 500 por ciento entre 1993 y 2000 (Global Exchange, 2008). Tres años antes de la puesta en marcha del NAFTA, la migración a EEUU había caído en 18 por ciento. Después de ocho años de NAFTA, la población migratoria creció en 61 por ciento (Global Exchange, 2008).

En 1998, Mattel cerró fuentes de trabajo en EEUU para abrir fábricas de juguetes en México. Mattel lo tuvo todo para ganar porque pudo pagar salarios más bajos a los mexicanos sin ningún beneficio social, haciéndolos trabajar mucho más horas. Los TLCs han probado repetidamente que América Latina consigue el extremo más corto del palillo. Los TLCs continúan creando problemas en los países latinoamericanos porque crean una atmósfera favorable para que las corporaciones invadan e inunden los mercados, debido a que los acuerdos comerciales introducen legislaciones internas que constituyen una herramienta facilitadora para la extracción de recursos naturales y utilización de mano de obra barata.

Organizaciones laborales y grupos de campesinos han protestado contra el TLC en Panamá. "Por meses, el acuerdo ha sido soportado como una erosión de la soberanía mientras EEUU demanda la adopción de estándares más flojos que las normas estadounidenses para la inspección de la carne. Los panameños también se oponen a la anunciada afluencia de empresas constructoras de EEUU cuando comienza una expansión del Canal por 5,2 mil millones de dólares" (Carlsen, 2007).

La Corte Suprema de El Salvador conoció un conflicto en que el Acuerdo de Libre Comercio Centro Américano (CAFTA) ha sido culpable de competencia injusta y de infringir las tarifas. CAFTA también fue objeto de disputas en Costa Rica donde fue aceptado pero todavía está pendiente su puesta en práctica.

Acuerdos de Libre Comercio y Corrupción Ambiental
Documentados Cronológicamente
por Proyecto Censurado:

1979 - El Crimen Corporativo del Siglo: Los medios de comunicación todavía no exploran ni exponen la tragedia internacional de la descarga de pesticidas en México. Es una práctica extensiva que pone en peligro la salud, la vida y el medio ambiente de millones de personas.

1980 - Algo está Podrido en el Supermercado Global: Las corporaciones multinacionales aumentaron sus beneficios aprovechándose de recursos de mano de obra barata del exterior. Pero los granjeros campesinos fueron desplazados y forzados a abandonar sus tierras.

El Círculo del Veneno: Los reporteros investigadores descubrieron que 50 a 70 por ciento de los productos químicos no se utilizan para producir alimentos para los hambrientos, sino en cosechas de lujo como el café y los plátanos destinados a EEUU y a Europa.

1993 - Los Conquistadores del Oro Negro Invaden y Perforan la Amazonía del Ecuador: En 1969 Texaco Petroleum Co. perforó el primer pozo petrolero en el territorio amazónico ecuatoriano. La perforación petrolífera se extiende hoy al 10 por ciento de los 12,65 millones de hectáreas de la Cuenca Amazónica del Ecuador. La destrucción dejada atrás por Texaco y continuada ahora por PetroEcuador ha sido tan grande que el Tribunal Internacional del Agua de Ámsterdam condenó moralmente a dos corporaciones por estropear los sistemas de agua de la Amazonía.

1994 - La Opinión Pública y el Descuido del Congreso Trabaron el NAFTA: El Tratado de Libre Comercio de Norte América –entre EEUU, Canadá y México–, citado quizás como una de las políticas comerciales internacionales más importantes de la historia, fue creado mediante lo que un miembro del Congreso llamó "quince meses de las negociaciones comerciales más reservadas que he supervisado jamás".

¿La Selva Tropical Está más en Peligro que Nunca?: Las corporaciones negociaron con los gobiernos los derechos para saquear grandes porciones del recurso bosque en la Amazonía.

1996 – Las Promesas Rotas del NAFTA: Los miembros dueños del NAFTA están rompiendo evidentemente las magníficas promesas de la coalición. Muchas de las corporaciones que hasta hace sólo un corto tiempo exaltaban las ventajas del NAFTA para los trabajadores de EEUU y la comunidad han cortado el trabajo, movido las plantas a México o continuado violando los derechos del trabajo y las regulaciones ambientales en ese país signatario del tratado.

1997 - Alianza Oscura: Atún, Libre Comercio y Cocaína: Con la ayuda del NAFTA –y con los barcos atuneros contrabandeando drogas–, México se ha convertido en uno de los países más importantes en el comercio legal y en el tráfico ilegal de drogas a través de la frontera de EEUU. Y los acuerdos de libre comercio continuarán haciéndole un favor a los cárteles del contrabando de drogas del mundo debido a la inspección relajada del tráfico fronterizo comercial entre México y EEUU. Además, las reglas liberalizadas de las actividades bancarias internacionales han hecho más fácil lavar y planchar miles de millones de dólares en réditos de la droga.

1999 - Acuerdo Comercial Internacional Secreto Socava la Soberanía de las Naciones: La meta evidente de las más recientes negociaciones comerciales internacionales consiste en salvaguardar inversiones corporativas multinacionales eliminando el control regulador democrático de las naciones-estados y de los gobiernos locales. El Acuerdo Multilateral en la Inversión (MAI, en inglés) planea instalar en su lugar una extensa serie de protecciones para la inversión extranjera al costo de la soberanía nacional.

2001 - Cuba Lidera al Mundo en Cultivos Orgánicos: Cuba ha desarrollado uno de los sistemas orgánicos más eficientes de la agricultura en el mundo y los agricultores orgánicos de otros países están visitando la isla para aprender los métodos.

EEUU Utiliza Hongos Peligrosos para Suprimir Plantas de Coca en Colombia: Estados Unidos planea desplegar –o ya pudo haber desplegado– armas biológicas nuevas en la guerra contra las drogas que amenazan seriamente a los seres humanos y al medio ambiente.

2003 – El NAFTA Destruye Comunidades Agrícolas de EEUU y del Exterior: El NAFTA y el FMI son responsables del empobrecimiento y de la pérdida de muchas pequeñas granjas en México y Haití. El NAFTA también está causando la destrucción económica de comunidades agrícolas rurales en Estados Unidos y Canadá. La pérdida resultante del empleo rural ha creado como consecuencia un derrumbe socio-económico y medio ambiental que está empeorando con el desmantelamiento y la desregulación continuada de las barreras comerciales.

El NAFTA Elimina Leyes de Protección Pública de los Países: Ciertas protecciones a la inversión del NAFTA están dando nuevos poderes a los inversionistas de negocios, atropellando la soberanía de las naciones, y están proporcionándoles una nueva y expansiva definición de los derechos de propiedad.

2004 - Plan Puebla-Panamá y el ALCA: El Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) fue un fallido acuerdo comercial diseñado para implantar las reglas del NAFTA en las otras 31 naciones latinoamericanas hacia 2005. Trabajando conjuntamente con el ALCA, el Plan Puebla-Panamá (PPP) es un programa de desarrollo multi billonario en dólares que se puso en marcha para englobar al sur de México y a toda América Central en una colosal zona del libre comercio destinada a competir en todo el planeta drenando salarios, lesionando las condiciones de trabajo, la protección al medio ambiente y los derechos humanos.

2005 - Brasil Apoya por Debajo las Negociaciones del ALCA, pero Ofrece Pocas Ventajas para los Pobres: EEUU ha reaccionado rápidamente haciendo acuerdos bilaterales individuales con los países de Centro y Sur América y amenaza con restringir su acceso a los mercados de EEUU si se oponen a cooperar. En muchos casos, estos países más pobres no tienen ninguna opción distinta a aceptar los acuerdos muy terminantes e injustos que exige Estados Unidos.

2006 - EEUU Planea Incluir a Canadá en la Integración Hemisférica: EEUU y Canadá han estado compartiendo información nacional desde la creación del NORAD (Comando Aeroespacial Norte Americano de Defensa) en 1958. Este acuerdo binacional, que proporciona advertencias y controles aeroespaciales a América del Norte, tiene su expiración programada para mayo de 2006. En la preparación para renovar este contrato, EEUU y los comandantes canadienses están proponiendo ampliar la integración de los dos países, incluyendo la cooperación en el programa "Guerra de las Estrellas", integración internacional de las estructuras de comando militar, inmigración, aplicación de ley y recolección de inteligencia, compartiendo el nuevo título de NORTHCOM, Comando Norte de EEUU.

2007 – Más que Nunca se Destruye la Selva Tropical: Los nuevos progresos en tecnología de proyección de imágenes basada en satélites revelan que la selva tropical de la Amazonía se está destruyendo dos veces más rápido que las estimaciones previas, debido a la práctica subrepticia de prospección selectiva.

Explotación de la Minería del Oro Amenaza Glaciares Andinos Milenarios: El Proyecto Pascua Lama de Barrick Gold representa una de las inversiones extranjeras más grandes de Chile en años recientes, sumando 1,5 mil millones de dólares. Sin embargo, unos 70.000 agricultores de aguas abajo emprendieron una campaña contra los planes de explotación minera, apoyados por organizaciones ambientales internacionales y activistas alrededor del mundo.

2008 - Frenesí de Acuerdos de Libre Comercio Cada Vez Más Destructivos: Un informe de la ONG Oxfam, "Firmando Lejos el Futuro," revela que EEUU y la Unión Europea están persiguiendo vigorosamente acuerdos regionales y bilaterales cada vez más destructivos del comercio y la inversión al margen de los auspicios de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Estos acuerdos requieren enormes concesiones irreversibles de los países en vías de desarrollo, mientras no ofrecen casi nada a cambio.

El Norte Invade México: El número de estadounidenses que viven en México aumentó en la última década de 200.000 a más de un millón, constituyendo un cuarto de todos los expatriados de EEUU. Con más de 70 millones de estadounidenses “baby-boomers” –nacidos entre 1946 y 1964– que esperan retirarse en las próximas dos décadas, los expertos predicen "una marea" de emigración a climas cálidos y más baratos. (Continúa).

*) Capítulo 15 del libro Proyecto Censurado 2009, de la Universidad Sonoma State de California, publicado por la editorial Seven Stories de Nueva York, 2008.

**) Nelson Calderón es un graduado de la Universidad Sonoma State que se desempeña como asistente de investigación del Proyecto Censurado. Hacia fines de 2008 comenzará la Maestría en Trabajo Social (Master in Social Work, MSW, en inglés) en la Universidad del Sur de California Sus padres se trasladaron a EEUU desde México y El Salvador.

Imagen: Obra de Matías Tejeda.


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El proletariado de las metrópolis y las semi colonias

Andrés Soliz Rada (especial para ARGENPRESS.info)

Marx y Engels, al escribir, en enero de 1848, el Manifiesto Comunista, pensaron que el fin del sistema capitalista estaba próximo y que el proletariado inglés tomaría pronto el gobierno de Londres, lo que convertiría a Inglaterra en el primer país socialista de la Historia.

La revolución industrial, con todas sus lacras: Jornadas de 15 y 16 horas, salarios ínfimos y empleo masivo de trabajo infantil y adolescente (el 45 % de obreros en la industrial textil tenían entre 10 y 18 años), no pudo detener la organización de los trabajadores, quienes estarían a la cabeza de la revolución mundial.

Después de una década, el optimismo de los fundadores del denominado socialismo científico comenzó a debilitarse. Engels, en carta a Marx del 7 de octubre de 1858, le dice: “…el proletariado inglés se está aburguesando cada vez más, la más burguesa de las naciones, aparentemente tiende a poseer una aristocracia burguesa y un proletariado burgués, además de una burguesía” (1). El 29 de noviembre de 1864, Marx, a nombre de los obreros de Europa, envió una carta a Lincoln felicitándolo por su reelección como Presidente de EEUU y de apoyo a su lucha contra la esclavitud. La mayoría de los trabajadores ingleses respaldó el documento, salvo los textiles del condado de Lancashire, quienes prefirieron respaldar a la burguesía inglesa, en su apoyo a los esclavistas norteamericanos, lo que fue calificado por Marx de “actitud cobarde”. Ese apoyo, dice Ramos, “no estaba respaldado en razones ideológicas, sino porque la industria textil inglesa se abastecía del algodón empapado en la sangre de los esclavos negros del Sur” (2).

Engels, a su vez, le dice a Kautsky, el 12 de diciembre de 1882: “Usted me pregunta lo que piensan los obreros ingleses de la política colonial. Pues exactamente lo mismo que piensan acerca de la política en general; lo mismo que piensa el burgués. Aquí no hay partido obrero, sólo hay conservadores y liberales radicales, y los obreros comparten gozosos las cadenas del monopolio inglés del mercado mundial y las colonias” (3). Si no había partido obrero en Inglaterra, 34 años después del Manifiesto Comunistas, ¿quien iba a destruir al capitalismo, construir el socialismo y liberar a los pueblos coloniales y semi coloniales?

Este proletariado inglés tampoco se movilizó contra las guerras del opio (1839 a 1842 y 1856 a 1860) por las que Inglaterra, Francia y Portugal obligaron a China a entregar Hong Kong y abrir varios de sus puertos para introducir el opio producido en la India británica y Turquía. En ese momento, China vendía a Inglaterra porcelanas, té, seda y condimentos. El gobierno de Londres, preocupado por los desembolsos de plata que le ocasionaban esas adquisiciones, optó por imponer, mediante la armas, el consumo de opio en China. De nada valieron las cartas a la Reina Victoria, pidiéndole que no incluya drogas tóxicas dentro del comercio internacional, ni reclamar en forma airada por los irreversibles daños que se causaba a la población china (4) Esa fue la primera guerra de las drogas, en la que Inglaterra encabezó el bando de los narcotraficantes.

Al finalizar el Siglo XIX, las potencias terminaron de ocupar las regiones susceptibles de ser colonizadas. A partir de entonces, las pugnas entre los imperialismos satisfechos e insatisfechos se dilucidarían también a través de las armas. Así se originaron las guerras mundiales, las que provocaron una alianza aún más sólida entre las burguesías y el proletariado de las metrópolis industrializadas. La primera revolución proletaria no tuvo lugar, como supusieron Marx y Engels, en alguno de los países más industrializados de Europa, sino en el Imperio Zarista, conocido como cárcel de pueblos, “en cuyo interior se habían comprimido la cuestión nacional, la cuestión judía, la cuestión agraria, la lucha contra el absolutismo y el duelo entre la burguesía y el joven proletariado. En ese gigantesco polvorín los bolcheviques no pudieron ser corrompidos como casi todo el resto de la socialdemocracia europea por las ventajas de la democracia parlamentaria, una cultura refinada y el bienestar material” (5).

Poco antes de la Segunda Guerra Mundial, el 5 de junio de 1938, León Trotsky, en nota titulada México y el Imperialismo Británico, demandó el apoyo del proletariado mundial, pero en especial del británico, a la nacionalización del petróleo mexicano. Estas sus palabras: “Sin renunciar a su propia identidad, todas las organizaciones honestas de la clase obrera en el mundo entero, y principalmente en Gran Bretaña, tienen el deber de asumir una posición irreconciliable contra los ladrones imperialistas, su diplomacia, su prensa y sus áulicos fascistas. La causa de México, como la causa de España, como la causa de China, es la causa de la clase obrera internacional. La lucha por el petróleo mexicano es sólo una de las escaramuzas de vanguardia de las futuras batallas entre los opresores y los oprimidos (6)”. La demanda de Trotsky a los sindicatos ingleses cayó en saco roto.

El internacionalismo proletario, postulado por los clásicos del marxismo, tuvo pocas expresiones concretas. El heroísmo de las brigadas internacionales que combatieron en la guerra civil española fue una de ellas. En cambio, la coordinación entre agencias de inteligencia de las Metrópolis para mantener el sometimiento de los pueblos periféricos es una constante. Esto ocurrió el 18 de agosto de 1953, cuando los servicios de inteligencia de EEUU, la CIA, y de Gran Bretaña, el M-16, derrocaron al nacionalista Muhmmad Hedayat Mossadegh, quien había obligado, el primero de mayo (el mismo día que Evo Morales recuperó el petróleo boliviano) de 1953, al Sha Mohammed Reza Pahlevi a nacionalizar el petróleo de Irán. Esta riqueza estaba en poder de la Anglo Iranian Oil Comapny, con sede en Londres, y que entre 1905 y 1932, había obtenido 171 millones de libras esterlinas de utilidades netas, en tanto que Irán recibió, en ese mismo lapso, 11 millones de libras. A partir del golpe CIA – M16, Londres tuvo que compartir con Washington los beneficios del negocio (7). Frente a la ingerencia en Irán, los obreros norteamericanos e ingleses, bien gracias.

¿A quien se le podría ocurrir pedir a los asalariados ingleses que respaldaran a la Argentina en la guerra de las Malvinas, de 1982, por la que el gobierno de Buenos Aires pretendió poner fin a la abusiva ocupación británica, iniciada de 1833, de las islas del Atlántico Sur? El justificar el apoyo de los obreros británicos a su gobierno se argumentó que se trataba de un conflicto entre la Inglaterra democrática con una dictadura militar genocida, frente al cual la elección era obvia. El único problema residía que los izquierdistas, que decían seguir a Trotsky, tuvieron que ocultar su nítida posición al respecto cuando escribió: “El imperialismo sólo puede existir porque hay naciones atrasadas en nuestro planeta, países coloniales y semi coloniales… en una guerra entre una república democrática imperialista civilizada y la monarquía bárbara y atrasada de un país colonial, los socialistas deben estar de lado del país oprimido, a pesar de ser monárquico, y en contra del país opresor, por muy “democrático” que sea”. (8)

No se trata, desde luego, de tolerar a las dictaduras militares impuestas casi siempre por Washington e inclusive por el narcotráfico. Se trata de construir procesos democráticos que fortalezcan la autodeterminación nacional y la estructuración de bloques defensivos regionales de los países oprimidos, de su soberanía y recursos naturales, a diferencias de seudo democracias, financiadas por los imperios y sus ONG. Nuestros procesos democráticos deben tener, como requisitos previos, la transparencia de los recursos económicos utilizados por los candidatos y su participación igualitaria en los medios de comunicación social, a fin de evitar que los centros de poder mundial, sus instrumentos de ingerencia política económica y sobre todo sus transnacionales distorsionen la voluntad de los pueblos.

La contradicción entre naciones opresoras y naciones oprimidas fue puntualizada en el segundo congresos de la Internacional Comunista, en cuyo informe (26 de julio de 1921) Lenin dijo: “¿Cuál es la idea… fundamental de nuestras tesis? Es la distinción entre naciones oprimidas y naciones opresoras... El rasgo distintivo del imperialismo consiste en que actualmente, como podemos ver, el mundo se halla dividido en un gran número de naciones oprimidas y, por otro, en un número insignificante de naciones opresoras, que disponen de riquezas colosales y de una poderosa fuerza militar” (9) Estas claras posiciones fueron desvirtuadas por los partidos estalinistas europeos, bajo la égida de Stalin, que consideraba que las revoluciones en el mundo colonial estaban supeditadas a los intereses de la URSS. Por esta razón el PC francés no apoyó la guerra de liberación de Argelia. Y, peor aún, el PC argelino, no participó en la resistencia anti colonial de su pueblo. Lo mismo ocurrió con las direcciones obreras de Portugal frente a la rebelión de Angola y Mozambique, de Bélgica en el Congo y de Holanda en Indonesia. Las protestas por las masacres del ejército francés en Argelia o de los marines norteamericanos en Vietnam no fueron encabezadas por sindicatos, sino por estudiantes, universitarios, profesores y empleados, es decir por capas medias.

La social democracia Europea ha organizado la Internacional Socialista, dentro de cuyos objetivos está el de enseñar el camino de la revolución a partidos y organizaciones de los países oprimidos. Un caso paradigmático es el del Foro Social Mundial (FSM), llamado también Foro Social de Porto Alegre (Brasil), cuyo financiamiento ha corrido a cargo de translaciones como la Ford, del gobierno inglés mediante OXFAM, de la Caixa Económica de España y de la Fundación Rockefeller. Habrá que decir que de dónde nos vienen los males difícilmente nos vendrán los remedios. Claudia Cinati es su trabajo “Guerra, Liberación Nacional y Revolución” dice que “las revoluciones nacionales en los países semicoloniales solamente pueden ser llevadas a cabo con éxito por el proletariado EN COLABORACION CON LA CLASE OBRERA DE LOS PAISES AVANZADOS” (10) ¿Cuánto tiempo habrá que esperar esa colaboración. ¿Y si no llega, nos quedaremos con los brazos cruzados?

Notas bibliográficas:
1) Marx – Engels: “Correspondencia”. Editorial “Cartago”. Buenos Aires – Argentina, 1957. Página 84.
2) Jorge Abelardo Ramos: “Historia de la Nación Latinoamericana”. Tomo II. Página 199. Editorial “Peña y Lillo”. Buenos Aires – Argentina. Segunda Edición. Agosto, 1953.
3) Marx – Engels (Ob. Cit). Página 264.
4) es.wikipedia.org/wiki/Guerra_del_Opio – 32k -.
5) Ramos: (Ob. Cit). Página 211
6) Centro de Estudios, Investigaciones y Publicaciones “León Trotsky”, de Argentina. Marx.org/español/trotsky/1930s/latin2.htm – 16k).
7) Roberto García: “La CIA en Irán: El golpe contra Mossadegh. 9-08-06. www.webslam.com/?idt=5467 Geopolítica Internacional.
8) Trotsky: “Por los Estados Unidos Socialistas de América Latina”. Editorial Coyoacán. Buenos Aires. 1961. Página 61.
9) Lenin: Obras Escogidas. Editorial “Progreso”. Moscú 1966. Tomo 3. Página 477).
10) Boletín “Estrategia Internacional. Fracción Trotskista”. Especial para Partes de Guerra” 17-04-03. Las mayúsculas son de ASR.


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La revolución no es pasiva, es subversiva

Homar Garcés (especial para ARGENPRESS.info)

Según los esclarecedores análisis realizados por Antonio Gramsci, el poder nunca está fijo en la sociedad, sino constituido por relaciones de fuerza entre las clases sociales que la integran. Los revolucionarios jamás deberían, en consecuencia, ser pasivos, sino rebeldes. Deben tomar la iniciativa para modificar las relaciones existentes de poder y de fuerza.

Esto se expresaría, en un primer momento, durante la etapa de insurgencia y de resistencia contra el orden capitalista establecido, siendo necesario acentuarlo una vez que se tome el poder, sea cual sea la vía utilizada: las armas o el voto. Sin embargo, muchos revolucionarios desatienden esta tarea vital e insoslayable, obedeciendo inconscientemente a los patrones de conducta inducidos por la cultura dominante que les hacen ver que bastan las buenas intenciones para transformar el mundo, cayendo así en el terreno fácil del asistencialismo oficial, titubeando -en algunos casos- respecto a la pertinencia o no de abrirle espacios de participación y de protagonismo a los sectores populares en la construcción efectiva del socialismo.

Esta situación ha sido una constante en la historia revolucionaria de nuestros pueblos, muchas veces traicionada y desviada por la falta de claridad ideológica de sus dirigentes, gran parte de los cuales se engolosina con el poder, volviendo las cosas a su punto de partida, sin transformar nada, sólo la nomenclatura. Al respecto, en muchos casos se ha desvirtuado el socialismo como alternativa revolucionaria al capitalismo, dándose la incongruencia de querer convivir con él, en lugar de trascenderlo, suprimiéndolo. Es decir, no hay la insurgencia anticapitalista por excelencia que debiera promoverse a todos los niveles posibles, sino adaptación al sistema capitalista, lo cual pervierte, desacelera y acaba finalmente con toda pretensión revolucionaria de envergadura, cuestión que debiera obligar a todo revolucionario auténtico a contribuir positivamente con el desarrollo de las condiciones subjetivas y objetivas que harán posible la revolución, impulsando un mayor nivel de organización y de conciencia revolucionaria entre las masas como actores sociales, a fin de acoplarlas a las condiciones objetivas del momento en lo que respecta al desarrollo y la crisis económica capitalista. En todo ello debe existir un proceso de formación de una voluntad colectiva que tenga sus asideros en la fundación de un nuevo Estado y de nuevas vías y estructuras sociales y nacionales, aunque se viva cierta incertidumbre -subsanable, por supuesto- respecto al futuro.

La revolución -lejos de ser un hecho previsible de la evolución humana- es algo que rompe con el orden y la estabilidad de los fenómenos. Representa, por lo tanto, un cambio que ha de ser radical, de manera que se extienda un abanico de reales oportunidades de acción para cada individuo, sin que lo contenga ningún comportamiento preestablecido de antemano, rompiendo con la lógica imperante de la indiferencia de las masas. Esto mismo vale en relación al capitalismo cuando se establece el pretendido carácter absoluto de las leyes del mercado y se relega todo lo humano o social a un segundo plano, prescindible según la óptica de la economía, pero que se fragmenta y se diluye si las masas emprenden conscientemente su organización, tanto política como reivindicativa, recuperando en una sola lucha todas las luchas populares del pasado. Con ello en mente, no será difícil plantearse un camino revolucionario de constantes cuestionamientos al orden establecido, lo cual servirá para trascender el marco secular de la sociedad capitalista.

Los cambios, por tanto, deben expresarse tanto individual como colectivamente, en lo económico, lo social, lo cultural, lo espiritual y, más aún, en lo político. No puede aceptarse fragmentación alguna, ya que toda lucha fragmentaria termina fracasando y no favorece esa visión de conjunto que debe manejar todo revolucionario en su empeño por hacer la revolución.

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Estados Unidos: La energía prometida

Hugo Palamidessi (MORENO)

La coincidencia en el tiempo entre el estallido de la crisis económica y financiera y el proceso electoral en los Estados Unidos, ha puesto a ese país, más que nunca, en el centro de la atención mundial. Pero ante el martes 4, las medidas anticrisis y los resultados de las bolsas de valores quedaron un poco de lado, para atender a los resultados de los comicios en EEUU.

Pronosticado en las encuestas, el triunfo de Barack Obama no ha sorprendido. Lo que sí ha superado las expectativas es la gran concurrencia de votantes. Sin embargo la masiva inscripción de nuevos electores, en su mayoría jóvenes, y la votación en días previos, preanunciaban el interés excepcional del pueblo norteamericano en esta elección. No cabe duda que las consignas más difundidas en la campaña de Obama, “Change” (cambio) y “Hope” (esperanza), han sido la expresión de deseos con los que se identificó gran parte de electorado.

Es claro que el interrogante que se nos plantea es en qué medida podrá el nuevo gobierno de EEUU llevar a cabo los cambios que prometió el candidato Obama, y cual será la repercusión en nuestro futuro. Muchos estamos inclinados a pensar –y en Argentina algunos analistas políticos ya lo han manifestado- que poco cambiará, porque los gobiernos norteamericanos han estado, y seguirán sometidos, a los intereses de las grandes corporaciones financieras e industriales. Además, EEUU por sí solo no podrá manejar la crisis económico-financiera global, de modo que las políticas de otras potencias económicas influirán en su evolución, además de lo que haga Washington.

Con todo, el amplio triunfo de los candidatos demócratas, que lograron una significativa mayoría tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, dan al Presidente Obama un margen de apoyo importante para llevar adelante las reformas que requieran del aval legislativo.

Por otra parte ha sido evidente que la situación económica y social interna de los EEUU ha sido el centro de la campaña. En medio del proceso de déficit fiscal, enfriamiento de la economía, aumento del desempleo, crisis de pagos de las hipotecas y otros males, la vieja consigna “¡Es la economía, estúpido!” sobrevoló la campaña, y las propuestas de los candidatos apuntaron, en gran medida, a los bolsillos de los contribuyentes. Y si bien no pudieron evitar pronunciarse sobre las guerras en Irak y Afganistán –sobre todo por el peso que significan para la economía norteamericana- la agenda internacional, tanto de Obama como de McCain, fue muy escueta, y América Latina casi ni figuró.

La política energética, y en particular la referida al petróleo, fue parte importante de las propuestas de los candidatos. El mercado petrolero a nivel global está en un período de paulatino decaimiento de las reservas que pueden explotarse a bajo costo, y se extienden los conflictos relacionados con el dominio de zonas petrolíferas, entre otras: invasiones en Irak y Afganistán, situaciones de guerra entre facciones en África, atentados terroristas en Nigeria, tensiones en las relaciones con Irán; la mayoría con la intervención directa o indirecta de los EEUU. La crisis financiera internacional ha contribuido a desequilibrar también al siempre sensible mercado del petróleo, y hemos visto el aumento desmedido del crudo en los últimos años hasta alcanzar en julio último un precio de u$s 147 el barril por efecto de la especulación en los mercados a futuro, para caer ahora en más de un 50% en apenas dos meses.

Los Estados Unidos han llegado a un grado de dependencia de la importación de hidrocarburos, que está contribuyendo fuertemente al desequilibrio comercial. De gran productor exportador de petróleo hasta hace pocas décadas, EEUU importa hoy el 65% del crudo necesario para su consumo interno y, de seguir así, en el año 2030 deberá llegar a importar el 75%; en el gas se pasaría del 17% actual al 21%. Hoy el rubro hidrocarburos contribuye con más del 40% al déficit de la balanza comercial.

Por otra parte, el consumo sigue aumentando, los precios también, y con ellos la carga sobre la economía de los ciudadanos, básicamente en el consumo domiciliario (calefacción en primer término) y en los combustibles para automóviles.

Desde la administración norteamericana hace tiempo se vienen proponiendo, y en muy poca medida poniendo en marcha, iniciativas para tratar de resolver esa dependencia de la importación y el creciente costo de la energía. En las cámaras del Congreso proliferan los proyectos de ley que sufren demoras bajo las presiones de los intereses petroleros e industriales y los avatares de controversias entre legisladores.

Los ejes principales de las propuestas son: aumentar la extracción local de hidrocarburos, racionalizar el consumo –aumentando la eficiencia energética, principalmente en la construcción y equipamiento de viviendas, y en el rendimiento de los motores de automotores- y desarrollar fuentes alternativas de energía primaria y de generación de electricidad (biocombustibles, solar, eólica, nuclear). Al mismo tiempo las propuestas contemplan reducir las emisiones de gases generadores de lluvia ácida y de efecto invernadero, para evitar la contaminación y el cambio climático.

Las propuestas de campaña de McCain y Obama sobre la cuestión energética han coincidido en las líneas generales de acción, si bien con diferentes grados de detalle en los distintos programas. Particularmente en lo referente a la importación de petróleo, ambos han señalado la necesidad de reducir la dependencia de las compras en el Oriente Medio y a Venezuela. Igualmente han planteado metas similares para la promoción de fuentes alternativas y el mejoramiento de la eficiencia energética, otorgando subsidios para el desarrollo y comercialización de autos híbridos y de bajas emisiones de gases, y para la reducción de emisiones en la industria.

En su momento, McCain puso en primer término de sus propuestas la ampliación de la producción local de petróleo y gas, impulsando la exploración y explotación en la Plataforma Continental Exterior (explotación offshore en la costa atlántica) y en el Refugio Nacional de Vida Silvestre en el Ártico. Ambos proyectos, fuertemente criticados por el peligro de alteración del medio ambiente y de accidentes de contaminación, favorecerían la expansión de las grandes petroleras que se beneficiarían con el impulso estatal. ExxonMobil, que ha ganado más de u$s14.800 millones en el último trimestre, quizá no crea necesitarlo.

En cambio el senador Obama puso en primer término un programa de subsidios para ayudar a los consumidores de combustibles y prometió invertir 150.000 millones de dólares en 10 años para promover energías limpias, augurando que en esos programas se crearían 5 millones de empleos.

Más allá del mayor o menor realismo –y oportunismo- de las propuestas, y de la capacidad del futuro presidente para llevarlas adelante, no parece un signo menor para la política energética de Estados Unidos – y quizá del resto del mundo- que, a partir de enero, el presidente no sea el ex-dueño de la fallida empresa Bush Exploration, que el Secretario de Estado no tenga el extraño nombre de un barco superpetrolero –Condoleezza Rice- y que, por último, el vicepresidente no sea un ex-director de Halliburton, proveedora de petroleras y beneficiaria de grandes negocios en Irak.

Hugo Palamidessi es Ingeniero. Miembro de la C.D. del MORENO.


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Los subsidios a la educación privada en la Ciudad de Buenos Aires

Santiago Duarte

“Qué cagada / que cagada /
con nuestro presupuesto /se subsidian las privadas”
Cántico de las marchas docentes
en la CABA durante las movilizaciones del 2008

La idea del presente texto es contribuir al debate que se desarrolla entre los docentes sobre la situación de la escuela pública en la Ciudad de Buenos Aires. Actualmente se intenta instalar desde el gobierno la idea de que el problema es la falta de recursos tanto para salarios como para becas, infraestructura, comedores, viandas, etc.

Quienes trabajamos en la Ciudad sabemos que esto no es cierto: habitamos en la Ciudad más rica del país. El problema es que el presupuesto educativo es bajo y que gran cantidad de recursos (unos 577 millones de pesos en el año 2008) se destinan a subsidiar la educación privada. Nosotros creemos que la cuestión presupuestaria debería ser un punto central de los debates de la nueva Ley de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, ya que influye directamente, entre otras cuestiones, en el carácter público de la educación.

Partimos de la idea de que el deterioro actual de la educación en la Ciudad es el resultado de un vaciamiento realizado por los gobiernos de turno durante años. Hoy en día, el actual gobierno de Macri avanza aún más en las políticas de destrucción de nuestra escuela pública (1).

Dos de los problemas centrales del presupuesto educativo tienen que ver con quiénes deciden en qué se gasta el mismo y, como resultado de lo anterior, en qué se decide gastarlo. Al no haber participación de los trabajadores en la discusión sobre en qué se debería usar el dinero suceden hechos como el que pasó en Septiembre de este año en la Legislatura: frente a los $ 1523 millones recaudados de más, que la Legislatura aprobó como ampliación del Presupuesto 2008, 426 millones fueron a las empresas privadas de basura. Particularmente, los docentes nos sorprendimos frente a un doble discurso del gobierno: mientras por un lado los docentes escuchábamos que no había dinero (2) para afrontar nuestros reclamos por los salarios, por las becas, por la falta de jardines y escuelas (en especial en la zona sur) (3), por la comida de los comedores, etc., los docentes escuchamos azorados cómo Macri le entregaba 100 millones de pesos extra a las escuelas privadas. Pero, ¿por qué el Estado les entrega dinero a las empresas privadas de educación?

1) Brevísima historia de los subsidios

Los subsidios a las escuelas privadas (4) comienzan a entregarse durante la primera presidencia de Perón. El objetivo declarado es que los alumnos puedan estudiar aún en zonas donde no haya colegios estatales o ayudar con el financiamiento de escuelas a la que asistan alumnos carenciados (5).

En 1955, la dictadura militar promueve la creación de Universidades privadas. Tres años después, el presidente Frondizi aprueba la equiparación de los títulos privados y públicos (debate “Laica o Libre”).

En 1964, a través del Decreto 15/64 se reglamentaron las proporciones de subvención estatal para el pago de los salarios docentes de privada, desde el 40% al 100% del valor de los salarios de la planta docente.

A partir de la década del ´90, con Susana Decibe como Ministra de Educación y Daniel Filmus como asesor, los técnicos educativos reformulan el concepto de educación pública, que pasa a ser el sistema en su totalidad. En el nuevo discurso se menciona a todas las escuelas como iguales, sólo que algunas son de gestión estatal y otras de gestión privada. Bajo esta máscara se busca encubrir que se trata de dos conceptos opuestos: lo público es lo de todos, mientras que lo privado pertenece sólo a algunos (6) Nosotros rescatamos el concepto de escuelas públicas como escuelas gratuitas de financiamiento estatal a las que puede acceder cualquier habitante, sin distinción de ninguna índole (7). La diferencia con la escuela privada es que justamente ella crea distinciones para que algunos no puedan acceder ya sea por motivos religiosos, ideológicos, de origen social, económicos (a través del cobro de cuotas que no todos pueden pagar) o por problemas de conducta (seleccionando o expulsando a los alumnos problemáticos).
El carácter público se manifiesta también por la forma de acceso a la docencia, ya que en los establecimientos públicos los docentes son elegidos por listados o concursos, sin discriminaciones. En cambio, los docentes de las privadas son elegidos o descartados por el empleador de acuerdo al perfil que la escuela quiera tener (8).

En 1991, el Poder Ejecutivo Nacional (primera presidencia de Menem) aprueba el Decreto Nº2542/ 91, en cuyos considerandos establece “que corresponde asegurar a todos los habitantes la igualdad de oportunidades para acceder a la educación mediante un sistema de financiamiento de la educación pública de gestión privada, que prevea la aplicación equitativa, racional y eficiente de los recursos de Estado.” Acá nos detenemos sólo para preguntarnos: los subsidios a las escuelas privadas, ¿generan igualdad de oportunidades? ¿Generan que todos los habitantes podamos acceder a la educación? ¿Promueven igualdad o desigualdad?

En este decreto se reafirma la voluntad del Estado para sostener el sistema privado de educación. Se establecen 3 categorías de subvención (80%, 60% y 40%) para escuelas con aranceles, y la posibilidad de percibir un 100 % sólo si no se cobra arancel (Artículo 5). Además, se establecen los criterios que deben cumplir las escuelas para poder recibir los subsidios (por ejemplo, cantidad de secciones o cursos y cantidad de alumnos).

Teniendo en cuenta que la mayoría de las escuelas subsidiadas son religiosas, otro argumento esgrimido para ser beneficiario de los subsidios se relaciona con el hecho de poder elegir si uno quiere o no que sus hijos aprendan religión, por lo que el Estado subsidia a una gran cantidad de colegios y escuelas confesionales. Esta elección de recibir o no enseñanza religiosa, que claramente pertenece al ámbito de lo privado, termina imponiéndose como una obligación del Estado que de acuerdo con este argumento debe velar por la elección religiosa de cada familia. El Estado no debería usar sus recursos en sostener empresas de educación bajo este argumento; por el contrario, la escuela debe enseñar contenidos verificables, discutibles, contrastables (9).

En 2003, luego de la sanción de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, se establece que en la Ciudad se pueden realizar aportes al funcionamiento de establecimientos privados de enseñanza y se dicta la resolución 163 con la cual se reglamenta el decreto Nº2542 (decreto del año 1991, mencionado antes).

En el año 2006, con la nueva Ley de Educación se continúa con la designación de “escuelas de gestión estatal o privadas”. Esta continuidad no es menor: se trata de continuar con los lineamientos impuestos a través de la Ley Federal de Educación para la educación privada. La ley no modifica en nada la relación con los subsidios a los establecimientos privados. Dice en su artículo 65: “La asignación de aportes financieros por parte del Estado destinados a los salarios docentes de los establecimientos de gestión privada reconocidos y autorizados por las autoridades jurisdiccionales competentes, estará basada en criterios objetivos de justicia social, teniendo en cuenta la función social que cumple en su zona de influencia, el tipo de establecimiento, el proyecto educativo o propuesta experimental y el arancel que se establezca”.

La fragmentación de la educación es, entonces, una política llevada a cabo por el mismo Estado desde hace años, ya que no sólo permite la existencia de colegios privados sino que además, en muchísimos casos, los financia a través de subvenciones (10).

En la actualidad, de acuerdo a la reglamentación vigente, el gobierno de la Ciudad cubre el valor de los sueldos (o parte de ellos) del personal de los establecimientos que reciben subvenciones. Las mismas van del 40 al 100 % y le significarán al final del 2.008, 577 millones de pesos.

Este breve pero necesario historial de los subsidios nos es útil para entrar de lleno en el debate que queremos plantear: el Estado, ¿debe financiar a la educación privada?

2) El resultado de los subsidios

El panorama actual muestra una creciente matrícula de las escuelas privadas en detrimento de las públicas. Para no excedernos en datos (11) diremos que:

- Más de la mitad de los establecimientos educativos de la Ciudad pertenecen al sector privado, aunque poco menos de la mitad de las secciones y de los estudiantes se concentran en ellas. La matrícula privada supera a la estatal en los niveles inicial y superior (en este nivel la duplica).

- En el Nivel Inicial el sector privado participa con el 70 % de las unidades educativas y el 56 % de los alumnos. Considerando el período más reciente, se observa que el año 2003 marca un cambio en la relación entre los sectores: como consecuencia de la caída en el sector estatal y del aumento en el privado, hoy la matrícula de nivel inicial privada supera en un 29 % a la equivalente estatal.

- En el Nivel Primario, en educación común (es decir, sin contar especial ni adultos) la participación de los sectores estatal y privado es similar, aunque el estatal predomina levemente tanto en establecimientos (51,2 por ciento) como en alumnos (55,7 por ciento). La distribución de la matrícula es pareja a lo largo del ciclo: hay unos 37 mil alumnos por grado. Dentro del sector privado, la matrícula es más alta en los tres primeros grados (unos 18 mil alumnos por grado) que en los cuatro siguientes (unos 16 mil alumnos por grado), lo que refleja el crecimiento de los últimos años.

Las escuelas públicas son aquellas a las que todos pueden acceder sin ninguna restricción y en las que sus docentes son elegidos por criterios objetivos, evitando así selección por origen social o posturas ideológicas. Cada vez está más lejos la posibilidad de una escuela pública como un espacio de todos, y cada vez está más cerca la de ser la escuela de los sectores más marginados. Se pierde la idea de la escuela como espacio en donde se comparten las diferencias sociales. En definitiva se pierde aquella idea de la escuela como un espacio democratizador, como un espacio de todos, profundizándose la desigualdad.

Las políticas llevadas a cabo por el Estado, aumentando los subsidios y favoreciendo a las escuelas privadas, son las responsables de esta situación. Pensemos que el 40% de los recursos de las escuelas privadas provienen del Estado y que éstas tienen entre un 16 a un 18% más de recursos que las escuelas públicas.

A pesar de las declaraciones de los sucesivos gobiernos y de las promesas electorales de defender la escuela pública, la situación actual en la que hay tantos alumnos en escuelas públicas como privadas, es el fruto de las políticas llevadas a cabo a partir de los años ‘90. Vemos con preocupación que esta tendencia no se está modificando sino por el contrario acrecentando, provocando más desigualdad y profundizando la fragmentación social.

Es por todo lo expuesto que proponemos como medida paliativa la supresión de subsidios del Estado a la educación privada, y en el caso de que haya escuelas que no puedan continuar existiendo por falta de fondos, que pasen a pertenecer a la esfera del Estado, con el mismo personal docente y no docente y la misma situación de revista.

Pensemos que con 577 millones de pesos más por año (que es lo que se ganaría sólo eliminando los subsidios), podríamos dar soluciones a varios de los problemas que venimos denunciando: los problemas edilicios, la falta de becas para los estudiantes, la falta de jardines y escuelas en la zona sur de la Ciudad, la incorporación de gabinetes psicopedagógicos en las escuelas, etc.
Los problemas educativos, entonces no se deben a la falta de recursos sino a la decisión política de usarlo para sostener la escuela pública y no para aumentar la desigualdad.

3) Veamos los números

Se presentan a continuación, a modo de ejemplo, la lista de los subsidios entregados a escuelas privadas en el Distrito Escolar 8 durante abril, mayo, junio y julio. Durante estos cuatro meses, por ejemplo, el Instituto Argentino Excelsior recibió, más allá de los ingresos por las cuotas que pagan las familias de los alumnos, $ 1.144.594,6 con los cuales el Gobierno de la Ciudad pagó la totalidad de los sueldos (subvención del 100 %). Los datos fueron extraídos de la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: http://estatico.buenosaires.gov.ar/areas/educacion/gestion_privada/aportes_abriljulio.pdf (en ese listado hay dos erroesr: se presentan como del Distrito Escolar 8 dos escuelas que no pertenecen al mismo: la Alberto Schweitzer pertenece al DE 6, y la Escuela de la Paz es del DE 7. Es por ese motivo geográfico que no se incluyen en el listado).

Recordemos que el monto total de los subsidios a las escuelas privadas en la Ciudad aumentó en 100 millones de pesos a mediados del 2008 por lo que en los meses siguientes recibirán más dinero.

A-0004 Instituto Argentino Excelsior.
Avda. Rivadavia 6028.
Subvención: 100 %
Jardín: $ 46.560,11
Primaria: $ 209.078,49
Media: $ 888.956,01
Total = $ 1.144.594,6 A-0011 Colegio Calasanz.
Avda. Directorio 29.
Subvención: 80 %
Jardín: $ 70.541,62
Primaria: $ 258.961,31
Media: $ 426.125,66
Total = $ 755.628,59 A-0012 Instituto Cardoso.
Hipólito Yrigoyen 4034.
Subvención: 70 %
Media: $ 151.208,5
Total = $ 151.208,55 A-0029 Inst. del Prof. Sagrado Corazón.
Avda. La Plata 82.
Subvención: 100 %
Superior: $ 633.670,85
Total = $ 633.670,85
A-0040 Inst. Gral. Justo José de Urquiza.
Víctor Martínez 81.
Subvención: 80 %
Media: $ 268.571,68
Total = $ 268.571,68
A-0059 Colegio Marianista.
Avda. Rivadavia 5652.
Subvención: 50 %
Jardín: $ 111.561,46
Primaria: $ 303.104,74
Media: $ 254.542,84
Total = $ 669.209,04
A-0076 Instituto Santa María.
Senillosa 568.
Subvención: 80 % en Jardín y Primaria y 70 % en Media.
Jardín: $ 114.488,65
Primaria: $ 190.773,5
Media: $ 233.549,14
Total = $ 538.811,29 A-0111 Inst. Sagrado Corazón.
Hipólito Yrigoyen 4350
Subvención: 80 %
Jardín: $ 224.533,79
Primaria: $ 397.276,05
Media: $ 460.574,61
Total = $ 1.082.384,45

A-0194 Inst. María Auxiliadora.
Avda. Juan de Garay 4353.
Subvención: 100 %
Jardín: $ 44.748,46
Primaria: $ 124.537,12
Total = $ 169.285,58 A-0226 Inst. San Antonio.
México 4050.
Subvención: 100 %
Jardín: $ 54.915,16
Primaria: $ 228.253,44
Total = $ 283.168,6
A-0267 Esc. Hogar Dr. Miguel V. Loureyro.
Cnel. Ramón L. Falcón 1551.
Subvención: 100 %
Primaria: $ 243.819,36
Total = $ 243.819,36
A-0270 Inst. Antonio Provolo
Avda. Juan Bautista Alberdi 1679.
Subvención: 100 %
Especial: $ 757.049,86
Total = $ 757.049,86

A-0468 Inst. Monseñor Sabelli.
Víctor Martínez 62.
Subvención: 100 %
Jardín: $ 82.762,46
Primaria: $ 254.325,57
Total = $ 337.088,03
A-0641 Colegio Canadá.
Avda. Pedro Goyena 1345
Subvención: 40 %
Jardín: $ 28.806,57
Primaria: $ 82.121,54
Media: $ 116.189,45
Total = $ 227.117,56
A-0939 Instituto Saint Exupery.
José Bonifacio 1075.
Subvención: 40 %
Jardín: $ 36.375,88
Primaria: $ 39.423,38
Media: $ 55.758,95
Total = $ 131.558,21
A-1058 Esc. Miguel Hernández.
Víctor Martínez 1739.
Subvención: 80 %
Jardín: $ 24.794,98
Primaria: $ 75.854,75
Total = $ 100.649,73

A-1107 Educativo Modelo.
Avda. Juan Bautista Alberdi 1577.
Subvención: 40 %
Primaria: $ 22.619,16
Total = $ 22.619,16

11) DISTRIBUCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA CABA Y MATRÍCULA

Nivel inicial

Establecimientos
educativos Matrícula

Públicos
230
46.668

Privados
490
59.367

Total
720
106.035

Nivel Primario

Establecimientos
educativos Matrícula

Públicos
580
157.902

Privados
472
119.802

Total
1.052
277.704

Nivel Medio

Establecimientos
educativos Matrícula

Públicos
268
130.663

Privados
367
92.176

Total
635
222.839

Nivel Superior

Establecimientos
educativos Matrícula

Públicos
49
30.157

Privados
202
62.928

Total
251
93.085


Fuente: Boletín de la Educación Porteña (Nº1, Mayo de 2008; Nº2, Junio de 2008; Nº3 Julio de 2008). Realizados por la DIE (Dirección de Investigación y Estadística, GCBA)
Algunos datos increíbles
Dijimos que la Ciudad destina 577 millones de pesos para subsidiar a las empresas privadas de educación y explicamos por qué nos oponemos a esto. Pero por si esto fuera poco, hay datos que son difíciles de creer. Por ejemplo, el Colegio Nuestra Señora de la Misericordia (que tiene cuotas de $ 240 en inicial, $ 267 en primaria y $ 412 en media) recibe $ 300.000 por mes. El Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús (que cobra $ 345 pesos en inicial, $ 720 en primaria y $ 885 en media) recibió más de $ 320.000 entre abril y julio. Y la lista es interminable. Cabe destacar que estos datos, por exagerados que sean, no justifican los aportes a escuelas y colegios con cuotas y subsidios menores: nos oponemos a todo subsidio que reciban del Estado. Recordemos además que el monto total de los subsidios a las escuelas privadas en la Ciudad aumentó en 100 millones de pesos a mediados del 2008, en pleno conflicto con los docentes porteños.

Mientras tanto en las Cooperadoras…

Hasta el año pasado se pagaban los siguientes subsidios a las Cooperadoras de las escuelas públicas: Equipamiento y Didáctico (que dependía de la cantidad de secciones y alumnos), Mantenimiento y Transporte escolar. Además, había partidas especiales como CO.DI.CO o el Decreto 863, que se asignaban a escuelas con alguna emergencia edilicia imposible de resolver con Mantenimiento.
En 2007 la Escuela Nº6 del DE8, San José de Calasanz, recibió $53.138 (12). En cambio, durante el 2008 ingresaron sólo $ 26.074 (13) y la promesa de dos cuotas de Mantenimiento. Las partidas especiales también fueron suspendidas.
El Colegio Calasanz (A011), privado religioso que queda en diagonal en la otra esquina, recibió $ 755.628,59 sólo entre abril y julio de este año.

Notas:
1) Para el 2008, se habían presupuestado 279 millones de pesos para obras en las escuelas. Pero hasta el 30 de junio, sólo se había utilizado el 6 % de esa cifra, unos 17 millones de pesos. Esto no es nuevo en las sucesivas gestiones del gobierno de la Ciudad, ya que en el 2007 sólo en cuatro escuelas del nivel primario se ejecutó lo planificado en el presupuesto. Más grave fue lo que ocurrió en el año 2006: de 37 escuelas presupuestadas se ejecutó el cero por ciento. (La plata que no se usa, Miradas al Sur, 19/10/2008)
2) El argumento de la falta de dinero es completa y absolutamente falso: el PBI de la Ciudad de Buenos Aires es similar al de países como Bélgica.
3) Por ejemplo, en la zona sur hay 6.000 chicos en lista de espera para entrar al jardín de infantes. En Lugano hay 14 escuelas para 10.200 alumnos. (Datos extraídos de Miradas al Sur, página 26 del día 19/10/2008).
4) El problema de los subsidios a las escuelas privadas es un problema nacional. Si bien en este trabajo se hace hincapié en la CABA, fue política de todos los gobiernos tanto nacionales como provinciales el sostener económicamente a las empresas privadas de educación. Sólo por dar un dato, en el año 2000, la provincia de La Pampa invirtió 97 centavos en educación privada por cada peso que puso en las escuelas del Estado. Es decir que del presupuesto educativo se utilizó casi lo mismo en los dos sectores. Valores similares se encuentran en las provincias de Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, Misiones, San Juan y Santa Cruz. (Extraído del documento del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, "Gasto Público Educativo 1991-2000").
5) Los únicos privilegiados son los niños (privados), Página/12, publicado el 20/10/08.
6) Pensemos, por ejemplo, que la Ley 1420, sancionada en el año1884, nombra a las escuelas privadas como “particulares”, es decir, de algunos, en contraposición a las escuelas de todos: las públicas. En este sentido, hemos retrocedido más de 100 años a partir de la sanción de la Ley Federal de Educación. Luego de la sanción de la 1420, la Iglesia, que había perdido el monopolio de la enseñanza a manos del Estado argentino, rompe relaciones con el gobierno argentino.
7) Esto es en el plano ideal: muchas veces ocurren en las escuelas públicas expulsiones solapadas, o se le niega la vacante a determinados alumnos. Sin embargo, no es un criterio aceptado sin discusión, como sí lo es en las escuelas privadas.
8) Defendemos el orden de mérito para acceder a los cargos contra los argumentos de los que pretenden poder elegir a sus docentes según determinado perfil. Sin embargo, sabemos que es un sistema perfectible, por ejemplo, porque muchos sindicatos se han dedicado al negocio de vender puntaje por cursos, carreras y hasta antecedentes culturales.
9) La ley 26.206, Ley de Educación Nacional, establece en su artículo 128 que los padres tienen derecho a elegir para sus hijos institución educativa cuyo ideario responda a sus convicciones religiosas. Objetamos esta definición porque se trata de, como ya dijimos, una cuestión privada. En cambio, las escuelas son ámbitos públicos de conocimiento. Esta cuestión fue abordada por diversos grupos de docentes que elaboraron un documento llamado “La Reforma Contraataca II” sobre el borrador de la ley de Educación Nacional (disponible en www.docentesdeizquierda.com.ar).
10) La subvención no es el único mecanismo de fragmentación de la educación: las escuelas charter, las conveniadas con las ONG´s, etc. forman parte del mismo diseño. No es el objetivo de este texto abordar específicamente el problema de la fragmentación del sistema público educativo. Sobre el tema se puede leer: “Buenos Aires. La educación más privatizada de Argentina”, escrito por Laura Marrone (disponible en www.docentesdeizquierda.com.ar).
11) Los cuadros de datos se encuentran al final del presente trabajo.
12) Ingresaron por Mantenimiento $22.470; Didáctico $ 12.080; Equipamiento: $ 12.988; Transporte Escolar $5.600. Total del 2.007: $ 53.138. Datos aportados por la Asociación Cooperadora de la escuela 6 del DE 8.
13) Ingresaron por Didáctico $ 5.440; Equipamiento: $ 6.194; Transporte Escolar $7.840. Se desdobló la partida del Club de Ciencias en $ 1.200 para Equipamiento y de otros $ 1.200 para Didáctico. Se creó un nuevo subsidio para Visitas Guiadas por $ 4.200. Total del 2.008: $ 26.074. Datos aportados por la Asociación Cooperadora de la escuela 6 del DE 8.


Santiago Duarte es maestro de la Escuela Nº6 DE 8.


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Una iniciativa del gobierno que conmovió la arena política

Eduardo Lucita (LA ARENA)

El proyecto conmovió políticamente al país y le permitió al gobierno retomar la iniciativa luego de la derrota por la Resolución 125. También le dio argumentos a la coalición conservadora para volver al ruedo político. En lo inmediato garantiza el pago de las jubilaciones.

Luego de la derrota frente a la alianza que se tejió alrededor de los reclamos del campo, el gobierno pareció inclinarse por una salida que trataba de agradar a los mercados financieros. Agudizada la crisis internacional, cambió la orientación. El Pago al Club de París quedó para "más adelante"; la apertura del canje a los houldouts se paralizó sin fecha; sólo queda en pie una negociación por los llamados Prestamos Garantizados, bonos entregados en el 2001 a los bancos de los que en 2009 vencen 4.500 millones de dólares. Acto seguido anunció la reestatización de las jubilaciones privadas, lo que implica el pase automático de los afiliados a las AFJP al sistema estatal.

Esta decisión impactó fuertemente en los mercados locales, también en Chile y Perú que tienen regímenes similares y aún en España, que con fuertes inversiones en la región cree ver el peligro -si la crisis mundial se agudiza aún más- de la intervención del Estado en las grandes empresas y el precedente de futuras nacionalizaciones. De hecho la posible expropiación de Aerolíneas Argentinas flota en el ambiente.

No a la solidaridad

En 1994, acompañando la política de privatizaciones de los servicios públicos, se traspasó compulsivamente, por ley nacional, a la totalidad de los aportantes al sistema de reparto al de capitalización. Los trabajadores solo tuvieron 90 días para optar por quedarse en el sistema estatal, lo mismo ocurrió con los nuevos trabajadores que ingresaban al mercado laboral. Así se transfirieron al sector privado unos 4000 millones de dólares al año, acentuando el vaciamiento de las cajas de jubilaciones estatales. Por otra parte se rompía con un criterio histórico de solidaridad previsional. Aquél que dice que las generaciones presentes con sus aportes colaboran al retiro de las generaciones pasadas.

De las 24 AFJP originales hoy quedan en actividad sólo 10, que atienden a 9,5 millones de afiliados de los cuales aportan efectivamente solo 3,6 millones. Durante estos años cobraron por adelantado unos 15.000 millones de dólares en concepto de comisiones y gastos de administración, que llegaron a ser del orden del 20 ó 30 por ciento del capital aportado. El sistema funcionaba así: la ganancia de las AFJP estaba garantizada, no había riesgo empresario, mientras que el capital acumulado por los afiliados dependía del sube y baja de los mercados bursátiles y del criterio inversor de las compañías. El sistema está sometido a la lógica del mercado y armado para períodos de alta rentabilidad, pero no tiene resguardo social alguno cuando la rentabilidad baja o las inversiones dan directamente pérdidas como ahora.

De los actuales 445.000 beneficiarios del sistema de jubilación privada, el Estado concurre al pago de las prestaciones en el 77 por ciento de los casos. 179.000 reciben complementos para que el cobro no sea inferior a la jubilación mínima establecida por ley, en tanto que 33.000 tienen ya su cuenta de capitalización consumida por lo que el Estado paga sus haberes completos. Esto implica erogaciones de las cuentas públicas por unos 6.000 millones de dólares al año.

Los cuestionamientos

a) Es una decisión estratégica del gobierno orientada a garantizar el pago de las jubilaciones ante la fuerte pérdida de rentabilidad de las AFJP y el fracaso del sistema. A esta altura no hay dudas que la jubilación privada ha resultado un fracaso por donde se la mire. No garantiza el pago de jubilaciones y pensiones a los beneficiarios de ese sistema, por lo que el Estado acude en su ayuda. No resulto útil para formar un mercado de capitales para financiar obras de infraestructura e inversiones productivas, tal lo planteado en los objetivos originales. Por si algo faltara no han ampliado la cobertura social que fue del 60% y ahora lo es del 40%, con tendencia a la baja.

b) El Gobierno busca ingresar fiscalmente los fondos del sistema privado de capitalización y así poder hacer frente a los vencimientos de la deuda pública que alcanzan en los próximos tres años los 38.358 millones de dólares. Las estimaciones conocidas indican que con el traspaso de las jubilaciones privadas ingresarán a la caja fiscal del Estado un flujo de unos 4.100 millones de dólares anuales y a la ANSES un fondo de inversiones valuado en 30.000 millones de dólares. Con lo que el Estado tendría el financiamiento asegurado.

Algunas respuestas

Así como está el sistema de jubilación privada no es sustentable y el Estado se ve en la necesidad de transferirle cada vez más recursos para sostenerlo. Quienes cuestionan la reestatización por inconsulta olvidan que cuando el sistema fue creado se hizo también en forma compulsiva y el Estado traspasó a las AFJP miles de millones de dólares.

Quienes plantean que los fondos depositados son de propiedad privada de cada uno de los afiliados desconocen que esos fondos fueron aportados por ellos, pero que no son de libre disponibilidad. Esto es: no pueden presentarse en la ventanilla de la AFJP y decir "quiero mi dinero".

Cuando liberales y neoliberales cuestionan la decisión política acusando al gobierno de hacerse de fondos para mejorar el superávit fiscal, algo bastante obvio, olvidan que cuando ellos proponen enfriar la economía, subir las tasas de interés y reducir el gasto público es precisamente para aumentar el superávit fiscal y también para hacer frente a las obligaciones estatales.

¿Cual es la diferencia? Que para ellos cuando el ajuste para hacer caja lo pagan los trabajadores y las clases populares está bien. Ahora, cuando la caja se hace ajustando al sector financiero, como es el caso actual, está mal. Se cuestiona porque es para pagar deuda. Lo que unos y otros ocultan es que en tanto se insista en "honrar las deudas" sin investigarlas, sin distinguir la comercial de la financiera, sin esclarecer cuanto de lo adeudado es legítimo y cuanto no, este gobierno y cualquier otro que venga se verá en la necesidad de hacer caja como pueda, porque los vencimientos son vencimientos.

El debate sigue

Cuando esta nota sea publicada seguramente el proyecto ya habrá salido aprobado de la Cámara de Diputados con modificaciones, las principales condicionan el uso de los fondos sólo a pagos del sistema provisional, establecen que la ANSES no cobrará comisiones por la administración de los fondos, no podrá invertir en el exterior, y se crean dos comisiones de control: una bicameral y otra asesora, en esta última los miembros serían designados por el gobierno.

Así como está el proyecto mejora la situación actual, pero no puede considerarse un proyecto integral: no contempla el efectivo 82% móvil, no resuelve una jubilación universal para todas las personas por el solo hecho de tener la edad jubilatoria, no hay garantías de financiamiento en el largo plazo, no hay autonomía real de la ANSES. Al menos recupera el rol del Estado y el principio de solidaridad intergeneracional. Vendrán nuevos debates.

Eduardo Lucita es Integrante del Colectivo EDI (Economistas de Izquierda).


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¿El fin del derecho laboral? Clarín criminaliza a los gráficos

LA VACA

La justicia decidió postergar hasta marzo el juicio oral a los delegados de la empresa Artes Graficas Rioplatenses del Grupo Clarín. El referente gremial Luis Siri consideró que “el aplazamiento se debe a la presión que hicimos los trabajadores, las organizaciones sociales y los medios que nos apoyan”. Calculan que la empresa durante ese lapso va a accionar políticamente en contra de los trabajadores, para ganar el conflicto como sea.

A última hora del lunes, el Juzgado Nº 13 acató un pedido del abogado del multimedio Clarín para posponer el juicio oral que debía comenzar el lunes 10 de noviembre contra trabajadores gráficos a los que acusaba como un modo de diluir su reclamo. Al abogado le bastó alegar problemas de salud para que la medida se efectivizara sin ser consultada por los representantes de los trabajadores.

Luis Siri, integrante de la Comisión Interna de Artes Graficas Rioplatenses interpretó que “Clarín vio que esto podía salirle mal porque había una movida importante para el día del juicio. Si bien el aplazamiento se debe a la presión que hicimos los trabajadores, las organizaciones sociales y los medios que nos apoyan, la empresa va a tener cuatro meses para accionar políticamente en contra nuestra.”

Dirigentes del Federación Grafica Bonaerense consideran que si “si el grupo Clarín es capaz de mandar a juicio a trabajadores organizados que hacen uso de su derecho constitucional de huelga, entonces se acabó el derecho laboral en el país”. En el mismo sentido, se expresó el encargado de prensa del sindicato Antonio Panszcyk quien resumió “Si esta batalla la perdemos, perdemos todos los trabajadores.”

¿Trabajadores secuestradores?

Este martes 4 la Federación Gráfica Bonaerense realizó un acto en las puertas de Artes Gráficas Rioplatenses en repudio a la instancia judicial al que serán sometidos los delegados de AGR; Luís Siri, Nicolás Rivera, Javier Alfonso y Cristian Quiroz. Se los acusa de una gama de delitos como usurpación, daño, coacción agravada, amenazas, hurto y hasta privación ilegítima de la liberad, como si se tratara de secuestradores.

La manifestación contó con la presencia de diversos gremios y organizaciones sociales. Al respecto Siri señaló que “la consigna convocante fue y sigue siendo ‘Si tocan a uno nos tocan a todos los trabajadores’. Para nosotros es el puntapié inicial para seguir ganando solidaridades y ver si le quebramos el brazo a este grupo”.

Criminalizar al que tiene raz
ón

Cuatro años atrás, los trabajadores de AGR rechazaron una medida impuesta por la empresa que pretendía establecer una jornada laboral ilegal. La maniobra empresaria buscaba bajar costos, pagar como horas simples las labores realizadas los sábados por la tarde y domingos. Luego de reclamar ante el Ministerio de Trabajo sin ningún resultado, una asamblea general del taller resolvió un paro total de actividades que se prolongó durante cuatro días y que culminó con un impresionante operativo policial.

Luego de este episodio, AGR decidió despedir 119 empleados y tras la conciliación obligatoria, 48 de estos trabajadores no fueron reincorporados, incluidos todos los integrantes de la Comisión Interna.

La estrategia del grupo Clarín no quedó ahí, se perfeccionó con denuncias ante la justicia penal y laboral para demostrar que la huelga fue en realidad una usurpación de la planta y que algunos de los trabajadores fueron intimidados por los delegados para obligarlos a participar de la medida. La gravedad de los delitos por los que se les acusa no tiene relación alguna con lo sucedido, y debe sumarse a las estrategias en boga en los últimos años de criminalizar cualquier intento de las personas de defender sus derechos.

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Argentina, Tucumán: "Los pobres no tienen acceso a la Justicia"

PRIMERA FUENTE

Así lo alertó ayer la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cecilia Medina Quiroga. "Cuando una persona tiene dinero y un buen abogado, sus posibilidades de éxito son muchos mayores. En este caso el abogado discute y pelea hasta el final. Un pobre sin abogado no está en condiciones de discutir con la Justicia", advirtió al referirse al problema que más le preocupa en materia de derechos humanos.

Para la jurista chilena, la solución es que haya más defensores públicos que garanticen la igualdad de Justicia. No quiso opinar sobre Bussi pero dijo que todos aquellos que usaron el poder para asesinar gente "son repudiables".

La Justicia no es para todos igual. Las personas que cuentan con mayores recursos económicos tienen más acceso al derecho de defensa que aquellos que son castigados por la pobreza. Este es el problema vinculado a los derechos humanos que más le preocupa a la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cecilia Medina Quiroga, quien alertó que en este sentido la Justicia es discriminatoria, aunque sus jueces no lo sean. "En realidad el sistema es discriminatorio", acotó en diálogo con PRIMERAFUENTE.

"Cuando una persona tiene dinero y un buen abogado, sus posibilidades de éxito son muchos mayores, por razones obvias. En este caso el abogado discute y pelea hasta el final. Un pobre sin abogado no está en condiciones de discutir con la Justicia", señaló. Para ello, dijo que es necesario que haya más defensores públicos y que estén debidamente capacitados para garantizar la igualdad de defensa en comparación a los que tienen dinero. "También hay que simplificar los procedimientos, hay que darle una mirada al Código Penal, ver cuan claros están tipificados los delitos; hay que revisar todo", opinó la especialista en derechos humanos.

"En general la Justicia no está muy preparada en debido proceso; sobre todo en la Justicia penal hemos vivido con un sistema acusatorio que era totalmente incompatible con la Convención Americana. Y para los jueces no fue fácil hacer el cambio", recordó.

Con una extensa y relevante trayectoria a nivel internacional, la jurista chilena fue distinguida ayer con el título de "Visitante Ilustre" por parte de las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). "La universidad es mi mundo y tengo gran confianza que desde aquí puede salir la gente que puede cambiar la historia", dijo mostrándose emocionada por el reconocimiento. Participaron del acto, el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Daniel Posse; la jueza de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Graciela Fernández Vecino; la jueza del Tribunal Oral en lo Criminal Federal, Alicia Nolia; abogados, familiares de desaparecidos y militantes de derechos humanos de la provincia.

Bussi, entre los "repudiables"

Para la jurista chilena Cecilia Medina Quiroga, el represor Antonio Domingo Bussi integra el grupo de gente "repudiable" que ordenó o cometió los crímenes de lesa humanidad durante las épocas de las dictaduras militares. "No tengo opinión puntual sobre Bussi, sino en general de la gente que cometió los delitos de lesa humanidad. Es gente muy repudiable; todos aquellos que usaron su poder para asesinar gente, para mantenerse en el poder, no son nada apreciables", sostuvo ante la consulta de primerafuente.

La presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos alertó que en muchos países de la región latinoamericana todavía hay represores que tienen mucho poder. "Eso es peligroso para una futura sociedad en la que todavía no se solucionó el pasado", aseveró. Sin embargo, resaltó que Argentina está haciendo "un buen papel" en cuanto al avance de las causas vinculadas a la última dictadura. "En toda la región sigue pendiente la investigación, el procesamiento y la eventual condena de los represores", puntualizó.

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Argentina, Tucumán: Pedido ante el juez Bejas. Fue perseguido por ser testigo de Jehová durante el mando de Bussi

PRIMERA FUENTE

Carlos Contreras le pidió al juez federal subrogante Nº 1, Daniel Bejas, que sancione a las autoridades militares, entre las que se encuentra el represor Antonio Domingo Bussi, por persecución y amenazas en su contra.

En 1955, Contreras había sido despojado de su cargo de cabo del Ejército por denunciar tratos crueles. Y en 1976, fue encerrado en una habitación y acusado de ser sedicioso y testigo de Jehová. "Las sucesivas dictaduras argentinas persiguieron a los testigos de Jehová como lo hicieron los nazis con los judíos", señaló su abogado defensor Bernardo Lobo Bugeau. También pidió que se libre oficios a la Nación para que su retiro de las fuerzas militares sea revisado.

En 1955 fue despojado de su cargo del Ejército Argentino por denunciar tratos crueles y degradantes durante el gobierno de facto autodenominado "Revolución Libertadora" . Y luego de reclamar en vano durante 18 años por sus derechos militares, después del 24 de marzo de 1976 fue citado al Comando de la V Brigada de Infantería, a cargo en ese entonces del represor Antonio Domingo Bussi. Allí lo encerraron en una habitación, lo amenazaron y lo acusaron de "ser sedicioso y testigo de Jehová", y por último le quitaron el beneficio de la jubilación.

Esto es lo que denunció Carlos Hugo Contreras el 30 de octubre pasado ante el juez federal subrogante Nº 1, Daniel Bejas, a quien le solicitó que libre oficios al Ministerio de Defensa, a la Secretaría de Derechos Humanos y a la Secretaría Legal y Técnica de la Nación para que su retiro con el grado de cabo sea revisado, como así también sean sancionadas las autoridades militares de la última dictadura por persecución, amenazas y otros delitos que cometieron en su contra, según la información proporcionada por su abogado patrocinante Bernardo Lobo Bugeau. El denunciante hoy tiene 74 años y es oriundo de la ciudad de Aguilares.

"Contreras pretende una reivindicación -no solo material si correspondiere, sino moral-, que se le devuelva el rango y el ascenso a un grado superior, en base al precedente que sentara el ex presidente Néstor Kirchner con el actual general Juan Jaime Cesio", explicó Lobo Bugeau. "Bregaremos para su reivindicación porque es inaudito que un estado democrático no valorice a quienes frontalmente defendieron los nobles ideales sanmartinianos de dignidad e igualdad entre hermanos", recalcó.

"Las sucesivas dictaduras argentinas persiguieron a los testigos de Jehová como lo hicieron los nazis con los judíos; porque fueron los primeros objetores de conciencia cuando existía el servicio militar obligatorio", señaló el abogado, quien también se desempeña en otras causas como querellante público en representación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Aseguró que se estima que unas 30 personas fueron perseguidas, encarceladas o segregadas por motivos religiosos, durante el último gobierno de facto.

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Argentina: La fiebre del oro enferma


Silvana Avellaneda (ARTEMISA)

Hasta el sábado 8 de noviembre ambientalistas de todo el país, nucleados en la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), manifiestan en Buenos Aires su repudio al Foro Minero Argentina 2008, reunido en un lujoso hotel de esta ciudad. Con un ayuno en la Plaza de los Dos Congresos el pueblo de las regiones andinas, con las mujeres como protagonistas, expresa su rechazo a la minería a cielo abierto.

Las provincias andinas, recostadas sobre la columna vertebral que delinea norte y sur de la Argentina, suenan a lugares lejanísimos y de culturas casi extrañas para el puerto. Para algunos, tiene música de un nuevo Eldorado (la legendaria ciudad buscada por aventureros durante más de cuatro siglos en las selvas y montañas de América del Sur y que nunca fue hallada), que como su par mítico, sólo supone la promesa de espejismos y consecuencias adversas para la gran mayoría de quienes pueblan las tierras donde se esconden los mayores yacimientos de oro y minerales de Sudamérica.

Por eso, desde el lunes 3 de noviembre ambientalistas de todo el país agrupados en la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) se congregan en la Plaza de los Dos Congresos de Buenos Aires con las consignas: "No a la minería a cielo abierto. No al saqueo. Repudio al Foro Minero Argentina Oro 2008". La protesta se sostiene en un "poner el cuerpo" extremo por parte de once de los protagonistas: ayunantes que vivencian la metodología como una limpieza de conciencias camino a una limpieza de la contaminación.

De esos once ayunantes, seis son mujeres cuyas voces no pararon de alzarse, y sin pensarlo, se convirtieron en símbolo de una demanda contra una nueva forma de caudillismo perverso: grandes capitales de transnacionales que se mueven amparados en figuras sin nombres propios, participantes activos en supuestas políticas de desarrollo local en municipios del interior del país, en complicidad con los funcionarios locales y el silenciamiento de las voces en contra.

"La lucha de las mujeres ha sido permanente, primero como pulsión a favor de la vida –dice Cristina Mandale, de la Asamblea de Mendoza- Es una apuesta de volver visible la cuestión minera a diferencia de la difusión que sí tienen cuestiones como la soja y las pasteras". El sol cae como estallido sobre la cúpula del Congreso y hasta las palomas sobrevuelan lentas con el calor del martes, día previo al primer "escrache artístico" que los manifestantes y ambientalistas adheridos realizaron el miércoles frente al hotel Emperador, nombre paradojal donde el oro fue el tema convocante.

Para Mandale, acompañada por una de sus tres hijos en la Plaza, "la Cordillera está muy lejos vista desde Buenos Aires pero no se piensa que son reservorios de agua y de ambiente que toda contaminación que tengan llega hasta el Atlántico afectando a todo el país y a toda Latinoamérica, no sólo a los que viven cerca o al pie de las montañas".

Al Foro, organizado en un hotel céntrico por la revista Panorama Minero, asisten los principales referentes de transnacionales mineras en el país, y funcionarios nacionales y provinciales que avalan la actual política estatal para el sector, amparada desde los '90 con la sanción del paquete de leyes conocido como Código Minero que, entre otras cosas, privatizó y facilitó la exploración y explotación de recursos minerológicos en el país. Con un agregado: la instalación de mega emprendimientos, en yacimientos expuestos a alta rotación de extracción, con tecnologías de "lixiviación" y uso de los cursos de agua como insumo principal de todo el proceso.

La explosión de la confrontación contra los mega emprendimientos mineros se desperezó y apenas se silenció en el interior de Catamarca, con la primera mega-explotación, Bajo La Alumbrera, la mayor mina de oro a cielo abierto y uno de los ejemplos esgrimidos por las políticas oficiales de gobiernos nacionales y provinciales –desde los 90 a esta parte- sobre las potencialidades de este modelo de desarrollo.

Un modelo cuestionado desde sectores no ligados a los beneficios económicos directos que las explotaciones reportan, pactos cómplices con medios y periodistas; y acuerdos y convenios con los funcionarios provinciales y municipales. Un marco en el que los representantes de las transnacionales, terminaron convertidos en actores principales de acontecimientos políticos y sociales de la provincia.

""Hace doce años que vivo en el Sur. Descubrir un mundo y un paisaje como ese y saber en lo que puede terminar un lugar adonde llevo a mis nietos, que generaciones íntegras sean privadas de acceder a ese mundo que es nuestro me llevó a participar", dice sin dudar Velia Wilson, integrante de la Asamblea Comarcal contra el Saqueo, de Chubut, que comenzó su militancia en los grupos que se opusieron a la instalación de la Meridian Gold en Esquel.

Estos grupos fueron los primeros en el país en lograr la sanción de una ley provincial (en 2003) que impidió la instalación de un emprendimiento que afecte con su rotación de alto impacto de extracción cursos de agua y demás recursos naturales. El principal argumento: el artículo 41 de la Constitución Nacional que sostiene el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano.

Sin embargo, Adriana Albornoz, explica desde la Asamblea Ciudadana de Tunuyán que la llegada a Buenos Aires también implica un reclamo concreto: hablar con la presidenta Cristina Fernández "porque queremos que se replantee el Código Minero que permite un saqueo millonario por parte de estas empresas que sólo dejan el 2 por ciento de sus beneficios totales a las provincias donde se encuentran los yacimientos y son subvencionadas con el 5 por ciento por el Estado Nacional si hacen los traslados de las extracciones por puertos patagónicos".

Hasta hoy, nadie los recibió ni se acercó a la plaza.

Wilson agrega que la minería "es un círculo que incluye gobiernos que venden terrenos fiscales, hacen travesuras con los pobladores originales para vender sus tierras, hay juicios contra quienes protestan, gente a la que se busca acallar; represas que se quieren levantar subvencionadas por las empresas que van a terminar usando el agua de esas presas…".

Para Pilar Castilla, de la Asamblea del Pueblo de Alvear, "los grandes medios no difunden todo lo que pasa. Nosotros mismos no sabíamos mucho sobre la minería contaminante pero las redes de trabajo, la conexión con otros grupos, los medios alternativos y el compromiso ayudan a que haya una mayor toma de conciencia, a que no quede en marchas en la plaza del pueblo y a que seamos concientes que por más que haya algunas leyes provinciales que impiden la instalación de estos emprendimientos, no es suficiente". Actualmente, las asambleas mendocinas trabajan para impedir la concreción del proyecto de la mina de potasio Río Colorado en el sur de Malargüe, que afectará a otras tres provincias (La Pampa, Río Negro y sur de Buenos Aires).

Según el documento de la UAC, hoy hay catorce provincias "afectadas o acechadas por la minería a gran escala contaminante, con explotaciones a cielo abierto y un sistema que demanda por día millones de litros de agua que se toman de los cursos hídricos de las poblaciones linderas". Un desarrollo que de 2003 y 2007, según la Secretaría de Minería de la Nación, tuvo un récord de inversión de 5.600 millones de dólares.

El peor ejemplo de lo que un mega emprendimiento minero realiza y deja a futuro es Catamarca: datos off the records de médicos y ONGs registran un aumento en los casos de leucemia en el oeste de la provincia; más denuncias por expulsión de campesinos de sus tierras; alto impacto en la flora y fauna de la explotación; denuncias por contaminación por el filtrado del mineraloducto de 300 kilómetros entre Catamarca y Tucumán; y el vertido de efluentes tóxicos del "dique de cola" (que afectan cursos de agua que llegan hasta las Termas de Río Hondo en Santiago del Estero), entre otras consecuencias.

Con la protesta en Congreso, que se sostiene hasta el sábado, "se trata de poner el cuerpo y a la vez, limpiarlo para que sirva como una metáfora de la limpieza del cuerpo social" –dice la mendocina Mandale-. Marcos Pastrana (de la comunidad calchaquí de Tafí del Valle) dice que "primero se contamina el alma, después viene todo lo demás".

La presencia en Plaza Congreso es una forma de sentar presencia en el ombligo aparente para evitar que la nueva forma de conquista de un Eldorado entregado, se propague.

Autor foto: ARTEMISA


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La lucha de clases en Bolivia adquiere las formas de una confrontación agraria: Tierra, élites, pueblos originarios

Carlos Antón (DATOS & ANALISIS)

El enfrentamiento de clases en Bolivia tiene varios componentes, pero el central de todos ellos es la lucha por la tierra. Por esta razón el conjunto de las contradicciones restantes (autonomías, regalías por hidrocarburos, racismo, etcétera), sin dejar de tener un peso importante en el conflicto actual, adquieren el rol de contradicciones secundarias. En tanto el imperialismo, viejo socio de las élites de la Media Luna intenta, a través de éstas, voltear al gobierno popular.

Tras varios meses de agudo enfrentamiento político, entre el gobierno boliviano y la derecha de la media luna, finalmente, el Congreso aprobó la convocatoria al referéndum constituyente para el 25 de enero de 2009. Sin embargo subsisten las contradicciones y algunos de los sectores sociales aliados al gobierno se oponen a las reformas consensuadas entre el 3 y 20 de octubre. Por su parte, el presidente Evo Morales afirmó, el 20 octubre al promulgar la ley de convocatoria al referéndum constituyente: "este proceso de cambio no tiene retorno”, y además le dijo al pueblo: “que jamás Evo va a mentir o engañar, saben que cuando no puedo hacer lo digo con sinceridad, cuando puedo atender demandas les digo 'vamos'".

El camino estuvo sembrado de profundas dificultades y luchas, cuyo punto más dramático fue el asesinato de 18 campesinos y estudiantes perpetrado el 11 de septiembre, por una banda de sicarios a las órdenes del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández. En la noche de ese trágico día el presidente Evo Morales declaró persona no grata al embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, al que ya había denunciado como parte del plan desestabilizador, para darle a continuación dos días para abandonar Bolivia. Con ese acto los prefectos de la Media Luna perdieron a un aliado experto en balcananización y la larga mano de la CIA y el Departamento de Estado recibió una herida de consideración.

Algunos días más tarde quienes hicieron sus valijas y se retiraron del país del altiplano fueron algunos agentes de la DEA. De esta manera en menos de un mes Washington sumó varios reveses políticos, que los medios de comunicación de derecha de toda América Latina calificaron negativamente. LA NACIÓN de Argentina expresa en un artículo del 16 septiembre: “¿Por qué expulsó, entonces, Morales al embajador si, al parecer, no existía tal conspiración? Las versiones son variadas, e incluyen el timing político, su alineamiento con el presidente venezolano, Hugo Chávez, y el narcotráfico”.

Pese a la campaña mediática de la derecha, las pruebas de la injerencia de la DEA en la política interna de Bolivia siguieron aumentando y el 1º de noviembre, el presidente Morales congeló las relaciones con la agencia antinarcóticos estadounidense: “Quiero comunicarles –es una decisión personal– a los comandantes de las fuerzas armadas, de la policía nacional, como también a los ministros y embajadores, que a partir de hoy día se suspende de manera indefinida cualquier actividad de la DEA norteamericana”, dijo en Chimoré, localidad cocalera de Cochabamba. En el mismo discurso no sólo denunció la acción desestabilizadora de la Drug Enforecement Agency, también dio datos sobre vuelos clandestinos, transporte de bultos no identificados ni declarados, casas de espionaje, etc. “Existieron agentes de la DEA que realizaron espionaje político, financiando a grupos delincuenciales para que atenten contra la vida de las autoridades, por no decir del presidente”, dijo Morales. Y denunció que “esas actividades han sido permanentes. Hasta ahora se han detectado al menos siete casas llamadas ‘de seguridad’, cuando son casas de control político, espionaje, control de llamadas telefónicas que hacen en el territorio nacional”.

La acción desestabilizadora imperialista comenzó a partir del momento en que Evo Morales fue elegido presidente y uno de los organismos imperialista que más ha trabajado para desestabilizar al gobierno es la Agencia de Cooperación Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) que apoyando a ONGs fantasmas subvenciona y apoya a la oligarquía boliviana.

Sin embargo el conflicto entre el gobierno del MAS y las élites de Oriente, al mismo tiempo que expresa el choque entre un pueblo soberano y el imperialismo es algo más. En el centro de la contradicción se encuentra el intento, que hasta ahora marcha a paso lento, de Reforma Agraria impulsada por el oficialismo para eliminar el latifundio y diversificar la producción agropecuaria de Bolivia. Los terratenientes de la Media Luna, verdaderos “barones” feudales, enriquecidos con las exportaciones de soja, la especulación inmobiliaria, y su asociación con las transnacionales petroleras, no están dispuestos a que se les ponga coto a sus astronómicas ganancias.

Reforma agraria de 1953 y el origen de la oligarquía de Oriente

En 1952 se produce en Bolivia la histórica revolución liderada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). En los primeros años el pueblo insurrecto desbordó la propuesta programática del MNR; los mineros, que tuvieron un papel descollante, expulsaron a los barones del estaño, impulsaron la nacionalización de las minas y la creación COMIBOL. Por su parte las masas indígenas y campesinas tras años de exclusión, pobreza y mal trato imponían la reforma agraria que fue una de las más drásticas de América Latina. Así, casi 50 años más tarde, los indígenas del altiplano boliviano transitaban por un camino similar al que recorrieron las masas campesinas mexicanas lideradas por Emiliano Zapata y Pancho Villa. Los indígenas de Cochabamba y del altiplano tomaron la justicia por sus manos, invadieron haciendas, ocuparon tierras y en un solo acto acabaron en Occidente con el régimen de haciendas (el cacicazgo) y el pongueo (trabajo gratuito indígena en las haciendas).

Al desterrar la estructura de las haciendas, la Reforma del ´53 permitió volver al régimen de comunidades o ayllus. Sin embargo el Estado se desentendió de ellas y durante casi medio siglo las comunidades se autogobernaron en medio del territorio rural, pero abandonadas, prácticamente sin ningún tipo de acompañamiento público y sin inversión estatal significativa. Esta Reforma Agraria inconclusa, no proveyó a las comunidades campesinas-indígenas –las legítimas dueñas de sus territorios- los medios de producción para desarrollar una producción agropecuaria moderna y competitiva. La consecuencia fue su empobrecimiento y el mantenimiento, con muchísimas dificultades, de una mínima economía de subsistencia, asentada en el minifundio. De allí que en Bolivia, ser campesino se transformó en ser pobre y excluido. Paralelamente, durante todo este tiempo debieron enfrentar el avance de las mineras, de las transnacionales, de las empresas privadas, de los terratenientes.

En las comunidades del altiplano de Bolivia persisten dos “formas” organizativas: la Comunidad o Ayllu originario y el Sindicato Agrario. Hoy, cuando se habla de la comunidad se remite a estas dos formas organizativas. El ayllu es la forma de organización sociopolítica más antigua, es la base de la existencia de las comunidades de hoy. Históricamente la comunidad indígena pasa del ayllu a la hacienda y esa situación se mantiene entre finales siglo XIX hasta 1953; a partir de ese año pasan de la hacienda al sindicato agrario y más tarde del sindicato agrario a la comunidad. La conformación de los sindicatos agrarios fue realizada copiando las formas sindicales de los mineros agrupados en la COMIBOL que surgió como un actor político determinante con la Revolución Nacional de 1952. En muchos casos, se dio una combinación entre las formas comunitarias y las sindicales dando lugar a los sindicatos campesinos, que han desarrollado un papel importante en todo el proceso que llevó al MAS al gobierno.

Entre las medidas progresivas de la revolución del ´52, se encuentra la creación y el desarrollo de YPFB a partir del excedente generado por las minas de COMIBOL. YPFB, concebida a partir del modelo de YPF de Argentina realizó sus trabajos de exploración y explotación en Santa Cruz y Tarija especialmente.

Como hemos visto, el MNR, no tenía como fin la restauración de los derechos indígenas, su política perseguía terminar con el régimen feudal de la hacienda porque era identificado como un freno para el desarrollo capitalista de la agricultura y para el desarrollo de un sistema de trabajo de salario libre. Es decir: el propósito de la política agrarista del MNR fue crear una burguesía agroindustrial en las tierras bajas de Bolivia que pudiera abastecer el mercado interno primero y luego exportar, y así, diversificar la economía del enclave minero. Está política de apoyo estatal a la empresa privada, estaba en consonancia con el financiamiento que Estados Unidos dio a la revolución desde 1956 y el modelo desarrollista que se consolidaba en el tercer mundo. A estos años se remonta el maridaje entre el imperialismo yanqui y la oligarquía cruceña. De esta manera la revolución del ´52 sentó las bases del latifundio y de las empresas agroexportadoras en Oriente, la zona más rica de Bolivia.

Los recursos naturales en el Neoliberalismo

A partir de 1985, luego de las sangrientas dictaduras narcofascistas llegan las “reformas estructurales” impulsadas por el FMI y el Banco Mundial. Ya a partir del gobierno dictatorial de Banzer, en 1971, las regiones de Santa Cruz y Tarija comienzan a cobrar mayor auge económico, pero con la introducción del neoliberalismo en el ´85 y el desguace de las empresas estatales, las burguesías de la Media Luna ven como su poder político y económico se dispara hacia las nubes.

Tras la liquidación de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), las minas más importantes fueron privatizadas y adquiridas por empresas multinacionales; otras fueron cerradas. A los llamados cooperativistas mineros se les entregaron sectores marginales de la minería, que tras el auge del valor de los metales les permitió transformarse en una suerte de pequeña burguesía minera.

En tanto, los ricos yacimientos petrolíferos de los departamentos de Oriente –Santa Cruz y Tarija- eran entregados a las multinacionales del área como Petrobras, Repsol-YPF, British Petroleun, PanAmerican, entre otras, que hicieron un negocio multimillonario. Al mismo tiempo esto permitió que la oligarquía oriental incrementara sus fuertes vínculos con las transnacionales petroleras y gasíferas. En 2004 del detonante que hizo estallar la llamada Guerra del Gas fue el Proyecto Pacific LNG, mediante el que se pretendía construir un gasoducto que llegara hasta el Pacífico chileno, para exportar gas a California. Esa iniciativa contaba entre sus principales impulsores al prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, y el actual senador por Tarija, Roberto Ruiz Bass Werner, que pertenece a PODEMOS el partido político de Jorge Quiroga. El proyecto, que procuraba exportar el gas en condiciones “africanas”, fracasó por la amplia rebelión de masas que culminó con el derrocamiento del presidente Gonzalo Sánchez de Losada, que debió exiliarse en los EEUU.

Tras la asunción de Evo Morales a la presidencia, se estatizaron el 51% de las ganancias de las petroleras y se declaró propiedad del pueblo boliviano a todas las reservas hidrocarburíferas. Estas medidas fueron un paso trascendente, ya que durante la etapa neoliberal de esas ganancias no quedaba prácticamente nada para el Estado boliviano y las petroleras eran dueñas de los hidrocarburos y de las reservas. Al mismo tiempo que se nacionalizaron varios campos petroleros y comenzó un proceso para la refundación de YPFB. Sin embargo esta política dista de estar acabada y todavía hay numerosas críticas hacia el gobierno de sectores que impulsan la estatización total de la explotación y comercialización de los hidrocarburos.

En tanto, la Nueva Constitución Política del Estado que deberá ratificarse en el próximo referéndum afirma taxativamente en su artículo 349: “Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del Pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo[...]”.

Y el artículo 352 dice: “La explotación de recursos naturales en determinado territorio estará sujeta a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, que será libre, previa e informada. Se garantiza la participación ciudadana en el proceso de gestión ambiental y se promoverá la conservación de los ecosistemas, de acuerdo con la Constitución y la ley. En las naciones y pueblos indígena originario campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios.

En tanto el artículo 359 afirma: “Los hidrocarburos, cualquiera sea el estado en que se encuentren o la forma en la que se presenten, son de propiedad inalienable e imprescriptible del pueblo boliviano. El Estado, en nombre y representación del pueblo boliviano, ejerce la propiedad de toda la producción de hidrocarburos del país y es el único facultado para su comercialización. La totalidad de los ingresos percibidos por la comercialización de los hidrocarburos será propiedad del Estado”.

Concentración de la tierra

Cuando en Bolivia se alude a concentración de la tierra en pocas manos no es una metáfora, ya que el 91 % de las tierras cultivables de Bolivia son de propiedad de latifundistas vinculados a los partidos políticos de la derecha y algunos medios de comunicación. En 2006, la Comisión Especial de Asuntos Indígenas y Pueblos Originarios señaló en un informe que, los grandes propietarios de tierras, que son el 5 % de la población son dueños del 89 % de los campos. Los medianos, que representan el 15 % de los habitantes, son dueños del 8 %, en tanto que los pequeños productores, que conforman el 80 % de la población, poseen tan sólo el 3 % de las tierras.

La aplicación de las recetas neoliberales impulsadas por el imperialismo, se tradujeron políticas agrarias que el Banco Mundial denominaba como “reformas agrarias asistidas por el mercado” y que dieron lugar a la constitución de gigantescos latifundios en los llanos amazónicos de Bolivia en manos de corporaciones transnacionales, inversionistas de países vecinos –fundamentalmente brasileños- y poderosos grupos de poder local: “los barones del oriente”.

Un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señala que este centenar de familias controlan 25 millones de hectáreas, cinco veces más que dos millones de campesinos que trabajan en otros cinco millones de hectáreas y que subsisten a duras penas en los minifundios, degradados por la sobreexplotación agrícola y la baja productividad.

En Santa Cruz, según los datos del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), 15 acaudaladas familias disponen de medio millón de hectáreas de tierras fértiles y cercanas a los mercados, que equivalen, en superficie, a 25 veces el tamaño de toda la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, que es de 20 mil hectáreas y en las que viven un millón de personas.

Durante los gobiernos militares de Hugo Banzer 1971 – 1978 y de García Mesa 1980- 81 en la región del Oriente, el Chaco y la Amazonía, empleados del gobierno permitían muchas transferencias de tierras ilegales a facciones políticas ligadas al poder. Posteriormente, el Consejo Nacional de la Reforma Agraria acabó legalizando muchas de estas propiedades. En 1992 la masiva corrupción en la distribución y saneamiento de tierras salió a la luz y llevó al gobierno de Jaime Paz (1989- 1993) a cerrar el CNRA y crear una comisión para poner fin al caos en la administración de tierras. Posteriormente Gonzalo Sánchez de Lozada, durante su primera presidencia (1993 – 1997) firmó un acuerdo con el Banco Mundial para impulsar un programa de administración de tierras. El resultado fue la llamada Ley INRA de 1996 que es vista por algunos como parte de un conjunto más amplio de leyes que fueron sancionadas en América Latina en ese momento, con el fin de alentar el mercado de tierras.

En los nueve años posteriores, hasta el ascenso a la presidencia de Evo Morales, se intentó vanamente llevar adelante lo que hasta ahora se denomina “saneamiento” de tierras. La propuesta central del saneamiento de tierras es establecer el cumplimiento de la Función Económica y Social – FES - y la legalidad de la adjudicación o adquisición de títulos de propiedad dentro de un límite de 10 años a partir de 1996. En la letra de la ley el Estado quedaba habilitado para recuperar la propiedad y la tierra queda disponible para redistribuirse entre aquellos que la necesiten, cuando las empresas agrícolas grandes no cumplieran esos requisitos.

El Banco Mundial y las oligarquías sellan la alianza sojera

A partir de mediados de la década del ´80 el Banco Mundial, promovió, planificó, financió y creó las condiciones de infraestructura para el desarrollo del cultivo de la soja y los agroderivados en Santa Cruz. En este Departamento el cultivo de la oleaginosa comenzó de cero hasta lograr la espectacular cifra de aproximadamente un millón de hectáreas por año. A esto se sumó la cadena agroindustrial de aceites, alimentos balanceados y las exportaciones. La soja y sus derivados son exportados a través de puertos en el Océano Pacífico a más de 2.000 kilómetros de distancia o por la vía fluvial hasta el Río de la Plata en el Atlántico. Este modelo agro-exportador sólo se ha podido sostener gracias a los subsidios estatales a los combustibles, la expansión de la frontera agrícola con la consecuente e indiscriminada tala de bosques húmedos tropicales, y en la existencia del latifundio.

La concentración de tierras y los negocios agroindustriales dio pie para el afianzamiento de la élite de la burguesía de la Media Luna, que está constituida por un centenar de familias, conectadas con capitales multinacionales. Estos clanes ejercen el control y el dominio sobre el conjunto de la actividad agropecuaria, la industria, la explotación de la riqueza forestal, el comercio exportador, la banca y los grandes medios de comunicación; y se han apoderado de las tierras más fértiles de Bolivia estableciendo gigantescos latifundios en las regiones orientales y del sur del país (Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija). Como ejemplo se puede citar a Branco Marinkovic, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, y su familia junto al clan de los Cronembol y dos transnacionales, una peruana y otra norteamericana, controlan toda la industria del aceite de soja y girasol. Además poseen casi la quinta parte de las acciones del Banco Económico.

En tanto un tercio de la producción y exportación de soja y oleaginosas es controlada por empresarios brasileños, varios de los cuales arriendan y/o compran tierras a los latifundistas nacionales. Otro tercio de la producción y exportación de tierras la controlan empresarios argentinos, rusos y pequeños productores menonitas canadienses y japoneses.

Como se señala más arriba, es el Estado quien ha subvencionado hasta ahora los combustibles y logrado convenios internacionales a través de la Comunidad Andina de Naciones para vender la soja a precios competitivos. Pero además los ingresos de la oligarquía oriental se acrecientan porque controlan todo el aparato burocrático de los Estados departamentales (prefecturas, poder judicial, cortes departamentales electorales, universidades públicas) y del nacional, cuando formaban parte de él, durante los gobiernos militares y neoliberales. Esto les ha permitido evadir impuestos y especular con el alza de los valores inmobiliarios de la tierra.

Como ejemplo se puede señalar que estos sectores han accedido a créditos que nunca devolvieron, tal como ocurrió –entre otros- con los 500 millones de dólares del Banco Agrícola, que eran el ahorro de todos los bolivianos pero no sirvieron para invertir en Potosí, Oruro o Cochabamba, sino exclusivamente en el agro cruceño. Por otra parte un informe del Banco Mundial, léase bien, el mismo ente que los prohijó, señala que las reducciones de impuestos sobre la propiedad de empresas rurales que fueron introducidas por el Presidente Bánzer en 1998, promovió la falta de incentivo para la distribución y el uso racional de la tierra. Y aunque la Ley INRA de 1996 introdujo un impuesto sobre el valor de mercado de la tierra para propiedades medianas y grandes, los terratenientes presionaron para cambiarlo y este impuesto se redujo hasta el límite en el que ahora pocos, si hubiera alguno, paga algún gravamen significativo sobre la tierra.

Aunque la agroexportación es el rubro más moderno de las oligarquías, existe un amplio sector de ganaderos medianos y grandes que buscan la defensa de la hacienda, y los indígenas sometidos a ella, para mantener su fuente de acumulación. Esta situación se da en numerosas haciendas de Oriente, pero la zona ganadera por excelencia son los estados de Beni y Pando.

Servidumbre en Oriente

En este marco de expansión de la frontera agrícola y ganadera, los latifundistas de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz mantienen indígenas “cautivos” sometidos a régimen de “servidumbre”. En marzo 2008, comisiones del Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA), llegaron a Alto Parapeti, para verificar la Función Económica y Social de las haciendas de más de 500 hectáreas. En la región, encontraron que numerosas familias guaraníes se encontraban en estado de semi esclavitud como lo había denunciando la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG).

Los “barones” del Oriente han establecido, en el caso del Chaco boliviano, una relación de patrón-siervo, que toma la forma del pongueaje; es decir la servidumbre al estilo de las viejas haciendas pre–revolución del ´52, se mantiene en estos Estados bolivianos. Ante las denuncias del INRA, se levantaron voces de protesta de diversos círculos del poder de la Media Luna, entre ellos el cardenal Julio Terrazas de Santa Cruz; sin embargo ha quedado demostrado que numerosas familias guaraníes viven en las haciendas y trabajan en forma gratuita para los terratenientes, a menudo pagando viejas deudas familiares que se pierden en el tiempo.

Los ganaderos de la provincia Cordillera, a cuyo frente se encuentra el estadounidense Ronald Larsen, realizaron el 8 de marzo, un acuerdo con la elite político empresarial cruceña en la localidad de Lagunillas para tomar acciones conjuntas en defensa de “sus territorios”, evitar el saneamiento de tierras en el Chaco cruceño, e impedir la creación de nuevas Tierras Comunitarias de Origen (TCO) demandadas por comunidades indígenas guaraníes. En esa reunión además de los ganaderos participaron, miembros de primer nivel del Comité Cívico y de la Prefectura de Santa Cruz.

El 27 de febrero de 2008, grupos de choque de los ganaderos cerraron las oficinas del INRA en Camiri y echaron a los técnicos. El 29 de febrero, el viceministro Almaraz, el director del INRA y el presidente de la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) Wilson Changaray, entre otros, fueron emboscados y amenazados de muerte en la puerta de entrada de la hacienda "Caraparicito" cuando se dirigían a la comunidad de Iviyeka para iniciar el saneamiento. El 4 de abril, el Viceministro fue agredido nuevamente en el mismo lugar. El 10 de abril, una caravana de vehículos de las alcaldías de la provincia y de la Prefectura y Comité Cívico de Santa Cruz transportó a una turba de la Juventud Cruceñista hasta el Hotel JR de Camiri, donde se alojaba la comisión gubernamental.

Estas acciones preanunciaban la masacre de Pando.

El gobierno del MAS y la Reforma Agraria

La propuesta de Reforma Agraria no es un aspecto aislado dentro de la política general del gobierno; por el contrario es una demanda de los sectores indígenas y campesinos y forma parte de un proceso histórico de cambios políticos, sociales y económicos que impulsa el gobierno. En ese marco, el modelo agrícola que promueve el MAS se asienta en el papel protagónico de las comunidades o ayllus, por sobre el de las grandes haciendas de terratenientes privados. Por esta razón es que se impulsa la diversificación productiva y la política agropecuaria se orienta a satisfacer la demanda nacional de productos alimenticios, en primer lugar, para exportar luego los excedentes. Esta actitud se opone a la creciente exigencia de los mercados internacionales --con precios cada vez más elevados-- para producir soja y caña de azúcar con destino a la producción de los agro combustibles; esto a su vez determina el alza del precio de la tierra en el oriente y alienta la especulación inmobiliaria en la región.

A mediados de mayo de 2006, el gobierno de Evo Morales anunció su decisión de revertir los latifundios improductivos del oriente y entregar gratuitamente tierras colectivas exclusivamente a campesinos e indígenas que no las poseyeran. El lanzamiento de esta Segunda Reforma Agraria se hizo en el marco de la Ley INRA con modificaciones en aspectos básicos, referidos principalmente a la capacidad del Estado para recuperar tierras ociosas (latifundios) que no están cumpliendo la Función Económica Social (FES).

El 3 de junio el Presidente anunció el inicio de la Reforma Agraria mediante siete Decretos Supremos en los que se disponía que todas las tierras fiscales del país serían entregadas en forma colectiva exclusivamente a indígenas y campesinos; al mismo tiempo se establecía el saneamiento de tierras como prioridad nacional.

El 28 de noviembre de 2006 se promulgó la Ley Nº 3545 de “RECONDUCCIÓN COMUNITARIA DE LA REFORMA AGRARIA” --modificatoria de la Ley INRA-- que fue concebida como transitoria hasta que la ASAMBLEA CONSTITUYENTE definiera el marco constitucional para el tratamiento del tema tierra. Esta nueva ordenanza legal establece que las familias o empresas privadas, nacionales o extranjeras ya no recibirán del Estado en forma gratuita ni onerosa, ni un metro cuadrado de tierra. Solo podrán ser beneficiarios de las dotaciones de tierra o territorio las comunidades o pueblos indígenas pero exclusivamente en propiedad colectiva. Esta decisión del gobierno central, de otorgar títulos de propiedad a los pueblos indígenas del oriente no solo entró en conflicto con las medianas y grandes haciendas sino también con indígenas del occidente que emigraron al oriente en busca de tierras y no las encontraban. En el caso de estos últimos, como veremos más adelante la Nueva Constitución, tiene en cuenta que en Oriente se pueden considerar Territorios Comunitarios de Origen para aymaras y quechuas, que hayan emigrado del altiplano y que estén dispuestos a acceder en forma comunitaria a la tierra.

A diferencia del ´53 ahora no se trataba sanear las haciendas feudales en el altiplano y valles sino los nuevos latifundios en las tierras bajas. Cuando los funcionarios del INRA comenzaron su trabajo se encontraron que las extensas tierras del oriente habían sido acaparadas por unas minorías y que no quedaban tierras disponibles. Incluso aquellas donde se encuentran asentadas las comunidades de los pueblos indígenas del oriente tenían nuevos dueños, a menudo con títulos fraguados dada su relación con las autoridades de los Estados orientales.

Uno de los puntos más contradictorios de la ley INRA, es que reconoce legal la propiedad de hasta 50 mil hectáreas, pero además no existe ni la definición ni la condena al latifundio. Por esa razón la Nueva Constitución del Estado, ha propuesto que las propiedades tengan como máximo 5 mil ó 10 mil hectáreas. Uno de los referéndum que se realizarán el 25 de enero de 2009, será para dirimir entre ambas propuestas.

En tanto, pasados poco más de dos años del inicio de la Reforma Agraria lo cierto es que esta se encuentra estancada. A pesar de ello el gobierno del MAS está desarrollando una política tendiente a afectar la base material que sustenta el poder político de las oligarquías agroindustriales del oriente, mediante el progresivo debilitamiento del monocultivo de la soja.

De esta manera, los grupos agroindustriales del departamento de Santa Cruz, antes privilegiados por políticas públicas de apoyo y subsidios están viendo como progresivamente se les retiran estos beneficios. Por otra parte, ha concluido el periodo de 10 años de preferencias arancelarias de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) para la soja boliviana. A pesar del notable incremento del precio internacional de la oleaginosa, dado que los “sojeros” bolivianos deben competir con los productores brasileños, argentinos o norteamericanos a lo que se suma los altos costos del flete de transporte en Bolivia, es previsible que el ritmo de ampliación de la frontera agrícola de la soja y oleaginosas (1 millón de hectáreas el año 2008) tienda a estancarse, con todos los efectos de desaceleración de la economía en la región oriental.

A pesar de las medidas enunciadas y aunque la voluntad política del gobierno de Evo Morales es clara, la iniciativa de la Reforma Agraria sólo se está intentando llevar adelante en el Oriente y marcha mucho más lentamente que lo que se esperaba. Atrincherados en sus prefecturas, y enarbolando la bandera autonomista, los latifundistas han logrado detener en muchas zonas la aplicación la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria. A dos años del lanzamiento se percibe que los terratenientes que han logrado nuclear a productores del oriente desde una ideología étnica-regionalista anti-colla y anti-indígena.

La aplicación de la Nueva Constitución del Estado, implicará la muerte del latifundio, de allí la oposición a ella por parte de las élites y su defensa de los Estatutos Autonómicos.

Los estatutos autonómicos defienden el latifundio

La contraofensiva oligárquica al saneamiento de tierras se plasmó, en el terreno jurídico-constitucional, en los Estatutos Autonómicos.

Formalmente el artículo 104 del ESTATUTO AUTONÓMICO DE SANTA CRUZ afirma que "El latifundio, entendido como grandes extensiones de tierras improductivas, no está reconocido por el Gobierno Departamental Autónomo de Santa Cruz, se lo persigue y sanciona por ser contrario al interés colectivo y no cumplir ninguna función social ni económica social", sin embargo otros artículos contradicen a este.

El Estatuto confiere al Gobierno Departamental, en verdad a su Gobernador, la potestad de definir sobre "la propiedad, la regularización de sus derechos, la distribución, redistribución y administración de las tierras del Departamento" y en la práctica elimina la figura de la reversión del latifundio (expropiación sin indemnización) vigente en la actual CPE y en la propuesta de NCPE. Al mismo tiempo crea un Consejo Agrario Departamental (CAD) cuyos miembros serán acreditados por el Gobernador y un Instituto Departamental de Tierras (IDT), para el saneamiento de las tierras, cuya máxima autoridad será designada por el Gobernador de una terna propuesta por el CAD. Además establece que será el Gobernador quien firmará todos los títulos de propiedad de las tierras del Departamento de Santa Cruz, en lugar del Presidente de la República.

También, entre otros puntos, el Estatuto establece que el Departamento de Santa Cruz elaborará y aprobará su propia ley de tierras.

En síntesis, el gobernador tendrá un poder prácticamente absoluto para resolver en el tema de tierras. Poder que inclusive estará por sobre el del presidente de la república. Al tiempo que niega el derecho a la tierra a sectores importantes de campesinos indígenas ya que sólo se reconoce a los pueblos indígenas oriundos del departamento el derecho a las Tierras Comunitarias de Origen, excluyendo así a la población migrante Quechua y Aymara, que constituye la mayoría indígena y campesina del departamento de Santa Cruz (los Quechuas y Aymaras son el 56 % del total de indígenas del departamento de Santa Cruz).

Referéndum revocatorio: las élites acusan el golpe

En el marco de la aguda lucha de clases y después que los Departamentos de la Media Luna realizaron sus referéndum –inconstitucionales- donde fueron aprobados los Estatutos Autonómicos, el presidente Morales promulgó la ley del Congreso que llamaba al referéndum revocatorio. Ese acto de singular valentía política, fue una respuesta inesperada para los prefectos fascistas y el imperialismo. En medio de rumores y acciones desestabilizadoras de todo tipo, de amenaza de los prefectos de no acatar el “revocatorio”, de ataques de las bandas fascistas parapoliciales como la Unión Juvenil Cruceñista, se llegó al domingo 10 de agosto.

Ante el estupor de la oligarquía ese día, el 67,7 % de los bolivianos refrendó al presidente Evo Morales y su vice, Álvaro García Linera, en un acto que fue sin duda una victoria del pueblo. No terminó allí la victoria popular, la oposición derechista sufrió una considerable pérdida de su legitimidad en las regiones de la Media Luna y dos importantes aliados en el Altiplano, los prefectos de Cochabamba y La Paz, fueron revocados por el voto popular. Las oligarquías pasaron a enfrentar a partir de ese domingo a un gobierno apoyado por dos tercios de la población nacional y que mantenía todos sus prefectos.

Durante meses, se anunció el apocalípsis y la casi inminente partición de Bolivia; inclusive se criticó la táctica gubernamental de llamar al referéndum del 10 de agosto, con el argumento de que el “electoral” es el terreno en el que mejor se mueve la burguesía. En el mes de mayo hubo una primer señal de que la derecha tenía problemas para encolumnar detrás de sí a una base de masas importante, cuando en los referéndum autonómicos, el abstencionismo y los votos por el NO igualaron o se acercaron en varios Departamentos a los votos por el SI.

El 10 de agosto la subjetividad de la élite señorial boliviana fue duramente castigada, aunque aún no ha sido derrotada definitivamente y por eso es más peligrosa.

La investigadora Ximena Sorucco afirma: “La élite hoy grita que lo único que tiene -–y que defenderá hasta la muerte-- es la tierra porque simboliza la hacienda, la relación con el indígena, el control político del poblado a látigo y pistola. También grita su odio al otro, al indio, porque no lo obedece más, porque ya no le tiene miedo; pero sobre todo porque no quiere ser como él, porque al no querer ser como él ha desquiciado su mundo, lo ha destruido”

Y es que los “barones” latifundistas a pesar de “no entender” a esa masa humana que se le opone tenazmente, si comprendieron con claridad lo que cualquier ser humano se da cuenta sólo con proyectar los guarismos del 10 de agosto: en el próximo referéndum la NCPE elaborada por la Asamblea Constituyente sería aprobada. Esto implica lisa y llanamente la muerte del latifundio, y por eso las élites de Oriente huyeron hacia delante e impulsaron el golpe y la intentona de guerra civil que fue abortada por acción decidida la movilización de masas y del equipo gobernante. Sin embargo no se pudo evitar la masacre de Pando.

Pando, la enajenación oligárquica

La masacre de campesinos y estudiantes perpetrada el 11 de septiembre en El Porvenir a pocos km. de Cobija, capital del departamento de Pando, fue sin duda un acto de total enajenación de clase. Los prefectos de la Media Luna, Leopoldo Fernández entre ellos, no pueden concebir como se dice más arriba que “los collas” rompan la sumisión que se pretende de ellos.

El punto culminante de la escalada que buscaba lanzar a Bolivia a la guerra civil fue la emboscada a un conjunto de pobladores y el asesinato, en ella, de los 18 campesinos, campesinas –-entre los que encuentran niños-- y estudiantes que marchaban a Cobija a participar de un acto en apoyo al presidente. Además continúa existiendo la certeza, que hasta la actualidad hay varios desaparecidos, presumiblemente muertos en las aguas del río Tahuamana o perdidos en la selva. La escalada desestabilizadora, había comenzado tres semanas antes con la toma violenta de instituciones de la administración pública en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija y Chuquisaca, pasando por el cierre de válvulas de los gasoductos de Brasil y Argentina, y que bien pudo haber culminado con un enfrentamiento entre bolivianos de proporciones inimaginables. Sin duda ese era el objetivo buscado por la oligarquía para que los EEUU impusieran algún tipo de condicionamiento al gobierno nacional, a través de la OEA, o en su defecto terminaran reconociendo la “independencia” de la Media Luna.

La respuesta del gobierno, fue contundente declarando el Estado de Sitio en Pando y enviando al ministro de la presidencia Juan Ramón Quintana que dirigió el 16 de septiembre, la captura del Prefecto pandino y no precisamente por la masacre de El Porvenir (donde Fernández actuó sin duda alguna al menos como directo autor intelectual, hecho que justamente deberá establecer la Fiscalía); si no por haber organizado actos y reuniones para atacar el gobierno central, en la ciudad de Cobija, en pleno Estado de Sitio que restringe ese tipo de actividades. Este hecho sumado a la expulsión del embajador estadounidense Philip Goldberg, el respaldo de UNASUR al gobierno boliviano, y la movilización de masas en apoyo al gobierno abortaron la escalada desestabilizadora y el intento de instaurar la guerra civil.

Luego de instaurar el Estado de Sitio en Pando, Evo Morales convocó a la oposición a dialogar, y buscar una salida al enfrentamiento. En tanto los sindicatos agrarios y urbanos, junto a movimientos sociales marcharon sobre Santa Cruz para cercarla y exigir entre otros puntos a los participantes del diálogo “aprobar la convocatoria a Referéndum por la Nueva Constitución Política del Estado para la refundación de la Patria”.

El periodista argentino Marcos Salgado que describió con singular belleza épica el cerco a Santa Cruz comienza su nota del 27 de septiembre, en el portal REBELIÓN diciendo: “¿Y cuándo carajo? ¡Ahora Carajo! Así culmina cada grito de los campesinos que marcharon hacia Santa Cruz y conjuraron, junto con otros movimientos sociales, un intento de golpe de Estado contra el presidente Evo Morales, ratificado hace semanas por el 67 por ciento de la población en un inédito referéndum. Una vez más, ante la coyuntura más difícil, quedó claro que la legitimidad y a la vez la única garantía de éxito del proceso político boliviano es la capacidad de organización y movilización de los postergados. La marcha de los campesinos bolivianos triunfó, pero habrá otras batallas. Por ahora, el proceso de cambios en Bolivia logró algo muy importante: mostró los alcances concretos de su impresionante apoyo popular”.

Una de las consecuencias de esta crisis fue la fractura interna del bloque de los prefectos “autonomistas”, que terminó de consumarse el 20 de octubre cuando además se dividió la bancada parlamentaria del principal partido derechista PODEMOS y ya no existe como agrupación política formal reconocida por la Corte Nacional Electoral. En tanto la derecha autonomista de tierras bajas desconoció a Jorge "Tuto" Quiroga como su representante en el Congreso. Cívicos autonomistas y sus grupos de choque como la Unión Juventud Cruceñista tienen menos apoyo popular y empresarial, y se han distanciado de las esferas políticas de las prefecturas, especialmente en Santa Cruz. En síntesis, en el corazón de la resistencia oligárquica hay una ruptura entre el Comité Cívico (cuyo líder es Branco Marinkovic) y la Prefectura (cuyo líder es el prefecto Rubén Costas), y entre los que continúan la lucha por principios y los que se fijan en sus intereses.

De Pando a Caracollo

“Para que (la Corte Nacional Electoral) no tenga pretextos, estamos enviando al Congreso Nacional hoy el proyecto para que la próxima semana pueda trabajar y aprobar esa ley”, señaló Morales en un mensaje transmitido por televisión, el sábado 6 de septiembre, al enviar la propuesta de ley de convocatoria al referéndum constitucional y el dirimidor.

La actual crisis boliviana y su resolución tiene variadas lecturas y propuestas. Desde aquellos que afirman que Evo Morales es un cretino como lo hizo James Petras en una entrevista con una radio uruguaya, en la semana en que la oligarquía se jugó a fondo. Allí Petras sostuvo que mientras la derecha era dueña de media Bolivia; el presidente boliviano se encontraba en el Altiplano “encastrado, impotente, incapaz de mantener el orden constitucional y la integridad del país. Mientras las masas populares empiezan a tomar su propia acción, independiente de este Presidente que hasta ahora sigue reclamando el diálogo [...]”. “Ese es el cretinismo del Presidente frente a la abierta intervención norteamericana, al golpe de Estado que ya está ocurriendo, la toma de poder por parte de la ultraderecha”

En tanto otros sectores críticos al presidente boliviano –como el portal econoticiasbolivia.org- concluyen que “Ya en el poder, Morales atemperó los ánimos populares sobre la expulsión de las transnacionales y logró nuevos acuerdos con las petroleras, legalizando sus contratos y garantizando sus propiedades, sus inversiones y ganancias” [...] y que “Todo ello agrada a Washington, aunque no es suficiente para anular el creciente apoyo estadounidense a la causa de la oposición oligárquica”.

A su vez algunas voces del campo popular boliviano condenan “el fundamentalismo indigenista de la Nueva Constitución Política del Estado que otorgaría derechos exclusivos a los pueblos indígenas sobre la totalidad de los recursos naturales renovables en sus territorios indígenas” y la “innecesaria agresividad verbal del gobierno que ayudó a construir una respuesta de parte de quienes controlan comités cívicos, prefecturas, cooperativas de servicios y medios de comunicación”. Además según estos sectores, “el MAS, en lugar fortalecer la alianza de indígenas y mestizos contra oligarcas, aisló a los indígenas al querer enfrentarlos con mestizos y agentes del imperialismo”.

Por su parte desde el gobierno la visión es distinta. En 2007 en Montreal (Canadá) el vicepresidente Álvaro García Linera afirmaba: “los indios en Bolivia han decidido ser actores políticos y tomar decisiones, este es el hecho político más importante de la historia republicana y que ha dado muerte al modelo neoliberal”. Dicho en otras palabras a partir de la asunción del MAS lo que ha sucedido en Bolivia es que se le quitó a las élites, que desde la independencia manejaron el país como un negocio propio, el manejo de lo político y ahora las masas populares se están apropiando del espacio democrático burgués”.

En el mismo el vicepresidente boliviano sostuvo “Dicen que ha llegado el momento en que este proceso de insurgencia indígena boliviana se ha gastado, ya no tiene energía, ya no tiene fuerza para continuar avanzando, que la derecha se está endureciendo, se ha reorganizado, que los cambios están siendo frenados por el imperialismo, y que sería tiempo de pactar, de concertar, que sería el tiempo de la madurez, de la inteligencia para pactar” … “Yo –dice Álvaro García Linera- afirmo tajantemente que vamos a dar un paso adelante y nosotros como gobierno no vamos a frenar este proceso, sino que vamos a facilitar la movilización de las masas y serán ellas las que digan hasta dónde ir, nosotros tenemos que seguir hasta donde las masas nos conduzcan, es nuestra obligación como intelectuales, como políticos y como ciudadanos acompañar a las masas hasta donde vayan, facilitar a los movimientos sociales a que den el ritmo del proceso y ojalá que los movimientos sociales nos rebasen”…

Podríamos continuar trayendo citas hasta el infinito de cualquiera de los sectores citados. Sin embargo en los últimos días han sido las organizaciones de masas las que impugnaron en la práctica a los detractores del gobierno. Con el mismo olfato de clase que las llevó a votar masivamente por Evo Morales para la presidencia y a ratificarlo el 10 de agosto, ahora se movilizan cerrando filas junto al gobierno. Como afirma Álvaro García Linera, los indios en Bolivia han decidido ser actores políticos y tomar decisiones.

La movilización por el referéndum constitucional

Días más tarde del cerco a Santa Cruz, el lunes 13 de octubre, la COORDINADORA NACIONAL PARA EL CAMBIO (Conalcam) convocó a varios miles de campesinos agrupados en torno a 95 organizaciones sociales y sindicales de todo el territorio nacional, para marchar hacia La Paz. La movilización contó en el inicio con la presencia del presidente Evo Morales y el objetivo era que el Congreso apruebe el llamado al referéndum constitucional. Sin embargo la presencia que mostró un cambio cualitativo, en esta histórica manifestación con respecto a otras, fue la presencia de la COB, con su secretario general Pedro Montes, que afirmó: “Desde la COB, les instruimos a todos los trabajadores del país a concentrarse el día lunes 13 a las 9.00 en Caracollo. Con todos nuestros estatutos vamos a castigar al primer indisciplinado” en obvia alusión a Jaime Solares que no acompañó la movilización. Hay que recordar la COB, tuvo serios encontronazos con el MAS y el presidente Evo Morales, prácticamente desde el inicio de la gestión. El cambio comenzó a darse cuando las organizaciones campesinas e indígenas originarias, a las que se sumo la COB, cercaron Santa Cruz para detener la escalada desestabilizadora.

El 20 de octubre, llegaron a la ciudad de La Paz al menos 30 mil personas, según calculaban algunos legisladores del MAS; otros estiman que marcharon más de 60 mil. Las imágenes áreas difundidas por medios de información mostraban que la densa columna humana, que esa mañana llegó a El Alto, tenía una longitud cercana a los ocho kilómetros. Al saludar la lucha y compromiso de los movimientos sociales, Morales Ayma, expresó: “La refundación de Bolivia nos ha unido…Saludo la decisión de la COB de unirse a la CONALCAM”.

A las 16 horas del 20 de octubre, el pueblo boliviano continuaba descendiendo hacia el centro de La Paz, por la autopista que une la capital con El Alto; pero a esa hora la Plaza Murillo y las calles y avenidas aledañas ya estaban abarrotadas de manifestantes. A las cinco de la tarde los medios comentaban que más de 100 mil personas participaron en la histórica marcha por la constitución plurinacional.

Finalmente, el 21 el Congreso aprobó la ley de convocatoria al referéndum sobre la Nueva Constitución Política del Estado, para el próximo 25 de enero. Al promulgar la ley, el propio presidente Evo Morales afirmó: “No volverá el neoliberalismo a Bolivia”.

Por su parte, la oligarquía y sus aliados intentaron, una vez, más desconocer al pueblo que se movilizaba por sus reivindicaciones más profundas y desplegaron una estrategia comunicacional por todos los medios comerciales, en la que afirmaban que sólo pasando por sus cadáveres aprobarían la constitución masista. La prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar, ex masista, dijo. “Los que apoyaron en el Congreso Nacional son traidores. No podemos aprobar esa constitución venezolana, haremos campaña por el no”; en tanto el diputado derechista Pablo Klinsky; del Comité Cívico de Santa Cruz rechazó los acuerdos congresales y declaró: “No fuimos tomados en cuenta [...] el tema competencial las autonomías no fue definido plenamente”

La batalla hasta el 25 de enero será larga y dura.

La NCPE, el latifundio y el polémico artículo 399

Para lograr el acuerdo en el Congreso, que permitiera la convocatoria al referéndum constituyente y el dirimidor se consensuaron aproximadamente 146 artículos aprobados por la Asamblea Constituyente. Aunque sólo unos 40 recibieron cambios sustanciales.

Esta constitución que había sido presentada desde los balcones del Palacio presidencial El Quemado, el 15 de diciembre de 2007, a pesar de las reformas introducidas, tiene un articulado muy claro que otorga la soberanía sobre la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente al pueblo boliviano; al tiempo que reconoce el Estado plurinacional.

En el Capítulo II, cuyo título es Recursos Naturales, la NCPE expresa en el artículo 348:

“I. Son recursos naturales los minerales en todos sus estados, los hidrocarburos, el agua, el aire, el suelo y el subsuelo, los bosques, la biodiversidad, el espectro electromagnético y todos aquellos elementos y fuerzas físicas susceptibles de aprovechamiento.

II. Los recursos naturales son de carácter estratégico y de interés público para el desarrollo del país”.

Y en el artículo 349 dice:

“Los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo”.

Y en el título Tierras el artículo 393 expresa:

“El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad individual y colectiva de la tierra, en tanto cumplan una función social o una función económica social, según corresponda”

En tanto que el siguiente, 394, afirma en el sub punto III:

“El Estado reconoce, protege y garantiza la propiedad comunitaria o colectiva, que comprende el territorio indígena originario campesino, las comunidades interculturales originarias y de las comunidades campesinas. La propiedad colectiva se declara indivisible, imprescriptible, inembargable, inalienable e irreversible y no está sujeta al pago de impuestos a la propiedad agraria. Las comunidades podrán ser tituladas reconociendo la complementariedad entre derechos colectivos e individuales respetando la unidad territorial con identidad”.

El artículo 398, le pone límites al latifundio, sin embargo como los asambleístas no pudieron ponerse de acuerdo sobre la extensión de lo que se considera latifundio, hay dos versiones que deberán ir a referéndum dirimitorio. El texto dice:

“Se prohibe el latifundio y la doble titulación por ser contrarios al interés colectivo y al desarrollo del país. Se entiende por latifundio la tenencia improductiva de la tierra; la tierra que no cumpla la función económica social; la explotación de la tierra que aplica un sistema de servidumbre, semiesclavitud o esclavitud en la relación laboral o la propiedad que sobrepasa la superficie máxima zonificada establecida en la ley. En ningún caso superficie máxima podrá exceder las diez mil hectáreas”.

La otra opción tiene la misma redacción pero dice: “En ningún caso superficie máxima podrá exceder las cinco mil hectáreas”.

La decisión de establecer el tamaño máximo en 5 mil o 10 mil hectáreas no es técnica es una decisión política y de la elección de una de ellas dependerá el nuevo modelo de reforma agraria y el tipo de estructura productiva que se piensa poner en marcha en el agro boliviano. Será el pueblo y no las élites oligárquicas quienes tomarán la decisión.

En las negociaciones realizadas entre el 3 y el 20 de octubre de 2008, entre las fuerzas con representación parlamentaria, MAS, UN, PODEMOS y MNR, acordaron las modificaciones al artículo 398 que se plasmaron en el artículo 399 que dice:

“I. Los nuevos límites de la propiedad agraria zonificada se aplicarán a predios que se hayan adquirido con posterioridad a la vigencia de esta Constitución. A los efectos de la irretroactividad de la Ley, se reconocen y respetan los derechos de posesión y propiedad agraria de acuerdo a Ley.

II. Las superficies excedentes que cumplan la Función Económico Social serán expropiadas. . La doble titulación prevista en el artículo anterior se refiere a las dobles dotaciones tramitadas ante el ex - Consejo Nacional de Reforma Agraria, CNRA. La prohibición de la doble dotación no se aplica a derechos de terceros legalmente adquiridos”.

El vicepresidente Álvaro García Linera relata así: “Lo que (era) la preocupación de muchas empresas productivas que sentían que iban a ser afectadas por el resultado de ese dirimidor no van a ser afectadas en tanto las empresas productivas están cumpliendo la función económica y social en sus 5 mil, 7 mil 10 mil, 15 mil o 20 mil hectáreas hasta antes del referéndum dirimidor no van a ser afectadas sus propiedades”. Este acuerdo es el que desató la polémica en distintos sectores populares.

Las polémicas que se desataron tras la inclusión del artículo 399, están dejando de lado la importancia del artículo 397 que no puede ser minimizada ni desconocida, en los análisis que se hacen de ahora en más sobre el proceso boliviano. Y las leyes que se implementarán para su aplicación plena dependerán de la correlación de fuerzas entre las clases, esta sin duda será la disputa más aguda en el futuro.

La Función Económica Social

Cabe preguntarse cuál es el eje central en lo que respecta a las tierras para el gobierno boliviano y sus aliados. A lo largo de este trabajo se ha visto como los terratenientes no sólo avanza sobre los territorios originarios, sino que usan sus propiedades para especular en el mercado de tierras o enriquecerse depredando la naturaleza y las vidas humanas. Esto se destierra al otorgarle rango constitucional a la Función Económica Social (FES) y la Función Social (FS) que hasta ahora eran sólo leyes, que por otra parte los latifundistas las sorteaban con distintas argucias legales.

Dice el artículo 397 en su apartado III.

“La función económica social debe entenderse como el empleo sustentable de la tierra en el desarrollo de actividades productivas, conforme a su capacidad de uso mayor, en beneficio de la sociedad, del interés colectivo y de su propietario. La propiedad empresarial está sujeta a revisión de acuerdo con la ley, para verificar el cumplimiento de la función económica y social”.

Por su parte el artículo 401 dice:

“I. El incumplimiento de la función económica social o la tenencia latifundista de la tierra, serán causales de reversión y la tierra pasará a dominio y propiedad del pueblo boliviano”.

La polémica está instalada. Mientras tanto hay quienes acusan de traición al MAS y a Evo Morales, inclusive avanzan más allá y hablan de la vuelta a los tiempos de la “rosca” es decir de los arreglos a puertas cerradas entre las fuerzas políticas.

Ciudadanos plenos

El tronco central de la NCPE, que se expresa en el preámbulo dice: “Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario”, expresa claramente hacia donde se dirige Bolivia, y eso no se alteró en las negociaciones.

Junto a esta definición del nuevo Estado, se encuentra el reconocimiento al papel protagónico de las comunidades indígenas originarias y campesinas que se expresa en su artículo 403:

“Se reconoce la integridad del territorio indígena originario campesino, que incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables en las condiciones determinadas por la ley; a la consulta previa e informada y a la participación en los beneficios por la explotación de los recursos naturales no renovables que se encuentran en sus territorios; la facultad de aplicar sus normas propias, administrados por sus estructuras de representación y la definición de su desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con la naturaleza. Los territorios indígena originario y campesinos podrán estar compuestos por comunidades”.

Como también se ha legislado sobre formas de democracia directa y participativa, que confrontará en el futuro con la democracia representativa que también es reconocida por la constitución.

El proyecto de la NCPE –como programa del sector hegemónico -, es el resultado de lo posible en las actuales condiciones de la lucha de clases en Bolivia. Ese resultado seguramente sufrirá modificaciones en el futuro y podrá virar hacia propuestas más radicales o conservadoras que serán el resultado de esa confrontación entre las clases.

Pero más allá de los cambios que pueda tener la NCPE en el futuro o la implementación práctica de la misma a través de las leyes que se promulgarán; el actual proceso boliviano ya ha producido un cambio cualitativo de singular importancia en la vida política del país; por primera vez en siglos, las masas indígenas originarias y campesinas adquieren rol de ciudadanos plenos.

En el pasado toda unidad, cohesión social y sentimiento de intereses que alcanzaban las masas en sus luchas terminaba disolviéndose y atomizándose en el mercado político, donde los ciudadanos particulares sólo podían aspirar a influir tardíamente sobre el Estado por intermedio de los partidos políticos, que en general no los tenían en cuenta.

Tras la irrupción, durante los últimos años, en la lucha social y política y la conquista del gobierno en 2005, los “nuevos ciudadanos” ya no se pueden definir simplemente en función de sus derechos individuales o de las relaciones que se establecen dentro de la sociedad política.

Ahora, la lucha por sus derechos sociales en el orden de la política implica inevitablemente cambio social. Ahora, los anónimos individuos, invisibles para las élites de las clases dominantes, se han transformado en una fuerza material con peso objetivo sobre la realidad. La Nueva Constitución Política del Estado, les otorga derecho de ciudadanía plena a las 36 naciones indígenas, reconoce a las comunidades y la propiedad comunitaria, como uno de los pilares de la nueva Bolivia, es decir se transforman en visibles, adquieren dimensión nacional por derecho propio. Ese es el cambio profundo del que no se podrá retroceder.

Cuando se critica el retroceso en el articulado de la NCPE, se está desconociendo que todo el proceso que comienza en 2005 está signado por una aguda lucha de clases. Y en este sentido hay dos elementos que juegan y pesan. El primero es el quiebre que se produce en la conciencia de las masas. Esto que se expresa más arriba, el papel visible y protagónico que comienzan a tener las masas indígenas originarias y campesinas, es un hecho determinante, que abre la posibilidad de la construcción de una nueva conciencia. Una conciencia revolucionaria, que está en gestación.

El otro elemento importante, es definir con claridad qué clase o sector de clase hegemoniza este proceso, quién dirige. En Bolivia, no dirige ni la clase obrera ni los indígenas originarios y campesinos; tampoco la derecha oligárquica e imperialista. Dirige y gobierna la pequeña burguesía democrática que no está ganada por el imperialismo. Que cuenta entre algunos de sus rasgos característicos el oscilar de posiciones muy radicales a otras conservadoras. Esta característica es la que se expresa a diario cuando figuras como García Linera pasan de un indigenismo radical a acuerdos con los sectores de la burguesía, casi sin solución de continuidad, como ha sucedido por ejemplo en temas referentes a los hidrocarburos. Al mismo tiempo hay un rasgo más que distingue esta pequeña burguesía radicalizada, y que le es inherente como sector de clase, sea que actúen en Bolivia, Argentina, Venezuela o cualquier otro lugar del planeta: ellos son los protagonistas de la historia, no las masas; aún cuando en su discurso se las reivindique en forma constante y explícita.

Estos son hechos objetivos, que sólo podrán ser modificados, en la medida que la conciencia y la práctica de las masas incline la balanza en la dirección de cambios más radicales e impulse ha este sector dirigente a radicalizar su programa y aceptar subordinarse a la vanguardia revolucionaria. Vanguardia que por otra parte, en Bolivia está por construirse y su ausencia es determinante en el actual proceso de cambios.

En el camino que transitó el pueblo boliviano para abortar la guerra civil y la intentona desestabilizadora fue auspiciosa la unidad de los trabajadores sindicalizados en la COB con los campesinos e indígenas. Pedro Montes, al expresar: “los neoliberales deben cavar su tumba para ser enterrados. El pueblo boliviano ahora ha triunfado y debemos organizarnos y prepararnos para gobernar y tomar el poder en los próximos 20 años” está trazando una línea al futuro, cuyo tránsito exitoso requerirá del esfuerzo y el trabajo cotidiano de las masas y los revolucionarios bolivianos.

Cabe preguntarse, si en ese camino Evo Morales y su gobierno ¿son enemigos del proceso de cambio que se desarrollará en los próximos años?. O dicho de otra manera ¿son un freno a la revolución?

Si las palabras tienen algún valor, el mensaje que el presidente boliviano hizo llegar a los movimientos sociales reunidos en Guatemala en el marco del III Foro Social Américas, adquiere el valor de un compromiso a favor de los pueblos y las transformaciones profundas de la sociedad.

Dadas las definiciones que hay en este documento, se lo transcribe en forma completa. Dice la carta:

“Hermanas y hermanos, a nombre del pueblo de Bolivia, saludo a los movimientos sociales del continente, presentes en este acto de la Jornada Continental de Solidaridad con Bolivia.

Acabamos de sufrir la violencia de la oligarquía, que tuvo su mas brutal expresión en la masacre en Pando, hecho que nos enseña que ostentar el poder en base a la plata y las armas para oprimir el pueblo no es sostenible. Fácilmente se derrumba, si no es basado en un programa y la conciencia del pueblo.

Estamos viendo que la refundación de Bolivia afecta a los mezquinos intereses de unas cuantas familias de grandes terratenientes, que rechazan como agresión las medidas a favor del pueblo como la distribución más equilibrada de los recursos del gas para nuestros abuelos y abuelas, igual que la distribución de tierras, las campañas de salud y alfabetización, y otras.

Para resguardar su poder y privilegios y evadir el proceso de cambio, las oligarquías latifundistas de la llamada media luna se encubren en las autonomías departamentales y la división de la unidad nacional, prestándose a los intereses yanquis de acabar con la refundación de Bolivia.

Pero, en el referendo revocatorio del 10 de agosto, acabamos de recibir el mandato de dos tercios del pueblo boliviano, para consolidar este proceso de cambio, para seguir avanzando en la recuperación de nuestros recursos naturales, en asegurar el Vivir Bien para todas las bolivianas y bolivianos, y unir a los distintos sectores del campo y la ciudad, de oriente y de occidente.

Hermanas y hermanos, lo que ha pasado en el referendo revocatorio en Bolivia es algo importante no solamente para los bolivianos sino para todos los latinoamericanos. Lo dedicamos a todos los revolucionarios de Latinoamérica y del mundo, reivindicando la lucha de todos los procesos de cambio.

Yo venía a expresar la forma de cómo recuperar la vivencia de nuestros pueblos, llamado el Vivir Bien, recuperar nuestra visión sobre la madre tierra, que para nosotros es vida, porque no es posible que un modelo capitalista convierta a la madre tierra en mercancía. Cada vez más vemos profundas coincidencias entre el movimiento indígena y las organizaciones de los movimientos sociales, que apuestan también por el Vivir Bien. Saludamos a ellos para que de manera conjunta podamos buscar cierto equilibrio en el mundo.

Y dentro ese marco, quiero compartir y proponer para un debate unos 10 mandamientos para salvar al planeta, a la humanidad y la vida, no solamente a este nivel sino también para debatir con nuestras comunidades, con nuestras organizaciones.

Primero, si queremos salvar al planeta tierra para salvar la vida y a la humanidad, estamos en la obligación de acabar con el sistema capitalista. Los graves efectos del cambio climático, de las crisis energéticas, alimentarias y financieras, no son producto de los seres humanos en general, sino es del sistema capitalista vigente, inhumano con su desarrollo industrial ilimitado.

Segundo: renunciar a la guerra, porque de las guerras no ganan los pueblos, solo ganan los imperios, no ganan las naciones, sino las transnacionales. Las guerras benefician a pequeñas familias y no a los pueblos. Los trillones de millones que se destinan a la guerra deben ser destinados para reparar y curar a la madre tierra que esta herida por el cambio climático.

Tercera propuesta para el debate: un mundo sin imperialismo ni colonialismo, donde las relaciones deben estar orientadas en el marco de la complementariedad, y tomar en cuenta las profundas asimetrías que existen de familia a familia, de país a país, y de continente a continente.

El cuarto punto esta orientado al tema del agua, que debe ser garantizada como derecho humano y evitar su privatización en pocas manos, ya que el agua es vida.

Como un quinto punto, quiero decirles que debemos buscar cómo acabar con el derroche de energía. En 100 años estamos acabando con la energía fósil creada durante millones de años. Como algunos presidentes reservan tierras para automóviles de lujo y no para el ser humano, debemos implementar políticas para frenar los agrocombustibles y de esta manera evitar hambre y miseria para nuestros pueblos.

Como sexto punto: respecto a la Madre Tierra. El sistema capitalista trae a la Madre Tierra como una materia prima, pero la tierra no puede ser entendida como una mercancía, ¿quién podría privatizar o alquilar, fletar a su madre? Propongo que organicemos un movimiento internacional en defensa de la Madre Naturaleza, para recuperar la salud de la Madre Tierra y restablecer la vida armónica y responsable con ella.

Un tema central como séptimo punto para el debate, es que los servicios básicos, sea agua, luz, educación, salud, deben ser tomados en cuenta como un derecho humano.

Como octavo punto, consumir lo necesario, priorizar lo que producimos y consumimos localmente, acabar con el consumismo, el derroche y el lujo.

Debemos priorizar la producción local para el consumo local, estimulando el auto sostenimiento y la soberanía de las comunidades dentro de los límites que la salud y los recursos menguados del planeta permitan.

Como penúltimo punto, promover la diversidad de culturas y economías.

Vivir en unidad respetando nuestras diferencias, no solamente fisonómicas, también económicas, economías manejadas por las comunidades y las asociaciones.

Hermanas y hermanos, como décimo punto, planteamos el Vivir Bien, no vivir mejor a costa del otro, un Vivir Bien basado en la vivencia de nuestros pueblos, las riquezas de nuestras comunidades, tierras fértiles, agua y aire limpios. Se habla mucho del socialismo, pero hay que mejorar ese socialismo del siglo XXI, construyendo un socialismo comunitario o sencillamente el Vivir Bien, en armonía con la Madre Tierra, respetando las formas de vivencia de la comunidad.

Finalmente, hermanas y hermanos, seguramente ustedes están haciendo seguimiento sobre los problemas que existen. Llego a la conclusión que siempre habrá problemas, pero quiero decirles que estoy muy contento, no decepcionado ni preocupado porque esos grupos que permanentemente esclavizaron a nuestras familias durante la colonia, la república y en la época del neoliberalismo, siguen agrupados en algunas familias, resistiéndome.

Es nuestra lucha enfrentar esos grupos que viven en el lujo y no quieren perder el lujo, perder sus tierras. Es una lucha histórica y sigue aún esta lucha.

Hermanas y hermanos, esperando que esta Jornada Continental del III Foro Social Américas culmine con fuertes lazos de unidad entre todos ustedes y con un firme Plan de Acción a favor del pueblo de Bolivia y todos nuestros pueblos, reitero mi saludo fraternal”.

La contradicción principal todavía está irresuelta: La tierra

La contradicción entre la visión de los pueblos indígenas originarios y campesinos con la de la burguesía del Oriente es antagónica. Y su resolución, más o menos violenta, dependerá de la relación de fuerzas en la sociedad, de los consensos que construyan las clases y pueblos en lucha, del papel que jueguen los imperialistas.

En tanto las organizaciones campesinas e indígenas, ya sean las influidas por el MAS, pero también aquellas pertenecientes a sectores críticos al gobierno mantienen una presión activa sobre este y al mismo tiempo se encuentran alertas ante los embates de la derecha, como lo demostraron en sus últimas acciones. Sin embargo esto no alcanza. La alianza de la oligarquía y el imperialismo yanqui, con el visto bueno de las transnacionales petroleras, es un enemigo poderoso que va a requerir más que algo de presión para ser derrotada.

Para los pueblos indígenas originarios, la clase obrera boliviana, los campesinos, los revolucionarios, continúa a la orden del día la necesidad de construir el Frente Único. En el cerco a Santa Cruz, en la marcha de Caracollo a La Paz, existieron elementos fundacionales que son auspiciosos y preanuncian una mayor unidad del pueblo boliviano.

Frente al magnífico hecho de las movilizaciones crecientes de masas en apoyo al gobierno, a la NCPE y en repudio a los “barones” de Oriente y contra el intento desencadenar la guerra civil, queda la convicción que más allá de las debilidades o desaciertos que pueda tener el gobierno, las masas bolivianas, los pueblos indígenas originarios y campesinos junto con los trabajadores urbanos están construyendo una sociedad distinta, muchas veces preanunciada como el despertar de los pueblos originarios.

“Ahora, esta masa anónima, esta América de color, sombría, taciturna, que canta en todo el Continente con una misma tristeza y desengaño, ahora esta masa es la que empieza a entrar definitivamente en su propia historia, la empieza a escribir con su sangre, la empieza a sufrir y a morir. Porque ahora, por los campos y las montañas de América, por las faldas de sus sierras, por sus llanuras y sus selvas, entre la soledad o en el tráfico de las ciudades o en las costas de los grandes océanos y ríos, se empieza a estremecer este mundo lleno de razones, con los puños calientes de deseos de morir por lo suyo, de conquistar sus derechos casi quinientos años burlados por unos y por otros”.(fragmento SEGUNDA DECLARACIÓN DE LA HABANA)

Fuentes consultadas:
De Bolivia: Bolpress, Fundación Tierra, Constituyente Soberana, Econoticiasbolivia.
Diarios bolivianos: La Razón, Los Tiempos, La Prensa, El Deber, El Mundo
Diarios argentinos: Página 12, La Nación, Clarín
Otros: Rebelión, El Insurgente, Visiones latinoamericanas
*del colectivo militante Bases Socialistas


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