martes, 11 de noviembre de 2008

El Proyecto Censurado y América Latina: 32 años de dominación militar de Estados Unidos y de decepción económica (Parte III - Final)


Nelson Calderon
Traducción: Ernesto Carmona (especial para ARGENPRESS.info)


Coberturas de derechos humanos Documentadas cronológicamente
Por Project Censored

1977 - "Extranjeros Ilegales": La mayoría de los empleadores se benefician de los inmigrantes indocumentados, porque pueden exigirles más trabajo por menos remuneración. Los patrones suelen también utilizar la amenaza de notificar a la patrulla de frontera para mantener trabajando a sus empleados bajo condiciones extremas.

1980 - Informes Distorsionados Sobre la Crisis de El Salvador: Con información falsa o ignorancia voluntariosa, los principales medios de información de EEUU han contribuido a una política exterior equivocada que amenaza con embrollar a los estadounidenses en otra guerra de Vietnam.

1982 - La Verdadera Historia de América Central: El público estadounidense ha estado mal informado sobre el malestar social en América Central. La nueva evidencia sugiere que la administración Reagan financiará guerras múltiples en América Central para ampliar el control de EEUU.

1984 – Todavía Persiste el Peor Derramamiento de Radiación en América del Norte: Doscientos ciudadanos mexicanos están muriéndose lentamente por la contaminación con Cobalto 60 en un incidente tan escasamente divulgado que la mayoría de los estadounidenses fueron ignorantes de esta situación.

1986 – Críticas a las Políticas del Presidente Pueden ser Peligrosas: Los opositores a las políticas de la administración Reagan para América Central han sido blanco de robos misteriosos, de intervenciones del IRS [Internal Revenue Service, agencia gubernamental de impuestos], de preguntas del FBI y de vigilancia física que condujo a muchos a sentirse inseguros de su libertad para expresar con seguridad la disensión.

Medios de El Salvador Anuncian Listas de la Muerte: Ronald Reagan castiga a Nicaragua para que se comprometa con los principios de la libertad de prensa, en tanto los medios de comunicación pertenecientes a la oligarquía de El Salvador se someten al capricho del gobierno de ese país dando por resultado la publicación de "listas de la muerte".

1987 - Tortura en El Salvador: El Informe Censurado sobre la Prisión de Mariona: El informe, compilado por cinco prisioneros miembros de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES), documenta la "rutina" y el uso "sistemático" de por lo menos cuarenta métodos de tortura contra los presos políticos mantenidos en la prisión de Mariona.

EEUU Envía Balas a Niños Muertos de Hambre: La ayuda militar y económica de EEUU a Honduras saltó de 31 a 282 millones de dólares en un año, registrando el aumento más grande en ayuda militar desde 1979. A cambio, Honduras aceptó convertirse en la base de unos 15.000 "contras” nicaragüenses.

La Tragedia de Grenada Desde el 25 de Octubre de 1983: Los medios permitieron que Reagan hablara de Granada como una exitosa historia americana pero no cuestionaron sus dichos. Aunque los medios de EEUU han permitido esta falacia, el pueblo de Granada no está comprando la versión de Reagan sobre su tragedia.

Puerto Rico: La Revolución en Nuestro Umbral: El comité de la ONU para la descolonización votó para pedir por 11ma vez que EEUU se retire inmediatamente de Puerto Rico y reconozca el derecho de los puertorriqueños a la independencia.

1988 - La Presencia de EEUU Significa Muerte en América Central: Las raíces de la actual crisis ambiental de América Central se pueden remontar a las décadas de las políticas de desarrollo que han favorecido la producción para la exportación por encima de la producción para las necesidades locales, con la ayuda de los bancos multilaterales de desarrollo, del gobierno de EEUU, de los bancos privados y de las corporaciones multinacionales.

Acuerdo Mexicano Estadounidense para que Regresen a EEU los Residuos Tóxicos: Un acuerdo presidencial mexicano-estadounidense requirió que las plantas de propiedad de EEUU a lo largo de la frontera mexicana devuelvan los residuos tóxicos a depósitos de EEUU. El acuerdo es violado rutinariamente por las plantas maquiladoras.

¿Qué Sucede en Guatemala?: Las atrocidades de derechos humanos han estado ocurriendo en Guatemala por lo menos desde hace más de treinta años, desde que la CIA derrocó al gobierno democrático de Jacobo Arbenz en los años 50.

Rutinario Abuso de Mujeres en la Frontera: Las mujeres latinoamericanas que procuran ingresar a EEUU como trabajadoras indocumentadas sufren rutinariamente abusos, desde chantaje y apaleo a violación. Debido a su estatus de inmigrantes ilegales no están en disposición de divulgar estos crímenes, en tanto los abusos patronales continúan desenfrenados.

1989 - Sangre de Guatemaltecos en la Manos de EEUU: La implicación militar de EEUU en Guatemala incluye la venta de 16.000 rifles al ejército guatemalteco, entrenamiento de paracaidistas y enseñanza de tácticas de supervivencia en la selva. La cooperación creciente con los militares guatemaltecos pone inevitablemente una impronta de aprobación tácita de EEUU a la opresión militar en curso.

¿Qué Realmente Sucedió en Panamá? Una Historia Diferente: Ahora se publica que todo lo relativo a Panamá se ha falsificado para el pueblo estadounidense, desde las implicancias legales de la invasión, la relación Bush-Noriega y las condiciones reales de la post-invasión. Pero quizás la cobertura de noticias más fraudulenta sea la que se ocupó de los números verdaderos sobre las fatalidades civiles y muertes en combate.

Bombardeo de la CIA en La Penca: ¿Una Acusación de Asesinato y Ninguna Noticia?: Una investigación judicial oficial de Costa Rica recomendó que se procese por asesinato a dos ciudadanos de EEUU –John Hull and Felipe Vidal–, quienes desempeñaron papeles prominentes en el affaire Irán-Contra y en los crímenes conectados al bombardeo de La Penca en 1984.

1994 - Haití: Drogas, Asesinos, CIA y Disuasión de la Democracia: El silencio de la administración Clinton sobre el flujo haitiano de la droga ha conducido a algunos críticos del Congreso, tales como John Conyers (demócrata por Michigan), a sugerir que este silencio refleja el apoyo de hecho al tráfico de drogas de los militares haitianos y una repugnancia a apoyar substantivamente al democráticamente elegido presidente Bertrand Aristide.

Maquiladoras en Silicon Valley: La gente que trabaja en las líneas de montaje de las plantas haciendo tableros de circuito impresos y otros componentes electrónicos para compañías como IB Mand Digital Microwave Corporation, gana cerca de 6 dólares por hora, no tiene ningún subsidio por enfermedad y debe manejar rutinariamente sustancias altamente tóxicas sin uniforme ni el equipo más rudimentario de seguridad, como guantes y anteojos.

Millares de Cubanos Pierden la Vista por Desnutrición: El embargo de EEUU es culpable de las condiciones aterrorizantes de salud de los cubanos causadas por la desnutrición. El embargo ya le ha costado a Cuba más de 37 mil millones de dólares en pérdidas del comercio e inversiones. La escasez de combustibles –creada e intensificada por el embargo– ha retardado el desarrollo agrícola e industrial y ahora incide en que diez millares de personas tengan dificultades de visión por carencia de cuidado alimentario apropiado.

1997 - Al Interior de los Centros de Detención de Inmigrantes: Racismo, Abuso y Ninguna Responsabilidad: La superpoblación de inmigrantes indocumentados bajo custodia del Servicio de Naturalización e Inmigración (INS, su sigla en inglés), dependiente del ministerio de Justicia, se está transfiriendo ahora extensamente a las cárceles locales a través del país. Esta transferencia de presos tiene no sólo la meta de reducir la cantidad de inmigrantes en los nueve centros del INS, sino que también se ha convertido en un negocio abusivo y con frecuencia lucrativo.

1998 - Plutonio Ruso Perdido Sobre Chile y Bolivia: El 16 de noviembre de 1996, la nave espacial de prueba Marte 96, de Rusia, se rompió y quemó mientras descendía sobre Chile y Bolivia, dispersando su restos en un área de 16.000 kms cuadrados. La nave de prueba portaba unos 250 gramos de plutonio mortal dividido en cuatro vasos de su batería.

Pequeña Ley Federal Pavimenta el Camino para la Tarjeta de Identificación Nacional: En septiembre de 1996, el presidente Clinton firmó La Ley de Responsabilidad y Reforma de la Inmigración Ilegal. En aproximadamente 650 páginas fue enterrada una sección que crea el marco para establecer una tarjeta nacional de identificación para el público estadounidense. Esta legislación fue deslizada sin fanfarria ni publicidad.

Mattel Corta Trabajos en EEUU para Abrir Fábricas y Explotar Mano de Obra en Otros Países: Gracias al NAFTA y al Acuerdo General de Comercio y Aranceles (GATT, su sigla en inglés), las fábricas de juguetes de EEUU han despedido de una sola vez una fuerza de trabajo estadounidense de 56.000 personas, justo la mitad de su mano de obra, y enviaron muchos de esos trabajos a otros países donde los trabajadores carecen de los derechos fundamentales y son empleados con salarios más bajos.

Las Compañías Papeleras de EEUU Conspiran para Aplastar a Zapatistas: El NAFTA ha llevado a una era de dominación militar y corporativa sin precedentes sobre los ciudadanos indígenas ya cercados de México. El día que el NAFTA entró en vigencia, los zapatistas de Chiapas, en el sur de México, se manifestaron en rebelión contra la explotación que temen traiga consigo el NAFTA. Aunque la violencia inicial no fue larga, los zapatistas anunciaron que continuarán resistiendo la intrusión en las tierras sostenidas por sus comunidades, llamadas ejidos. Habitados por los pueblos indígenas de México, los ejidos se han cultivado colectivamente por siglos.

1999 - Los Dólares del Impuesto de EEUU Apoyan los Escuadrones de la Muerte en Chiapas: El 22 de diciembre de 1997, en la aldea de Acteal, en las montañas del estado mexicano de Chiapas, 45 hombres indígenas, mujeres y niños, fueron balaceados durante una ceremonia y arrojaron sus cuerpos a un barranco. En otro lugar, fuera del estado de Chiapas, mujeres indígenas desarmadas hicieron frente al ejército "con los puños y en el clímax de su rebelión y lanzaron a sus bebés con una honda desde su hombro". En Jalisco, más de una docena de hombres jóvenes fueron secuestrados y torturados.

2001 - Silicon Valley Utiliza Ingenieros Inmigrantes para Ahorrar Sueldos: Las empresas gigantes de electrónica del Silicon Valley invocan la ampliación de una ley de inmigración que fija límites a la cantidad de visas tipo H1-b que la industria puede utilizar para emplear a ingenieros inmigrantes. Las compañías presionan por más mano de obra tipo H1-b, mientras los trabajadores de ese estatus sufren los devastadores efectos de los fondos corporativos sobre ellos mismos.

Pueblos Indígenas Desafían a los Propietarios Privados que Patentan la Vida: El 25 de julio de 1999, una reunión de pueblos indígenas firmó un documento que llamó para una enmienda al acuerdo llamado TRPS que sería puesto como un ítem prioritario en la agenda de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en Seattle.

2003 - Políticas de EEUU Apoyan Asesinatos Masivos en Colombia: La tasa anual de asesinatos de Colombia asciende a 30.000 personas. Se informa que alrededor 19.000 de estos crímenes son cometidos por fuerzas paramilitares ilegales de derecha. Muchos líderes de estos grupos paramilitares alguna vez fueron oficiales del Ejército colombiano y recibieron entrenamiento en la Escuela de las Américas de EEUU.

2004 - La Crisis de Argentina Alienta el Crecimiento Cooperativo: Los ciudadanos de Argentina están reconstruyendo cooperativamente su país, levantándose sobre la devastación financiera causada por décadas de privatización bajo liderazgo militar. En diciembre de 2001, el Fondo Monetario Internacional (FMI) "recetó" los valores de la modernidad que llevaron consigo niveles amargos de empleo perdidos y destruidos. La imposición del FMI recomendó utilizar préstamos para apoyar a un signo monetario supervalorado y estimuló la privatización multinacional de las compañías de Argentina.

2005 - La Desestabilización de Haití: El 29 de febrero de 2004, el presidente Jean-Bertrand Aristide fue forzado al exilio por militares de EEUU. Mientras EEUU escuchaba los alegatos de secuestro, actuó rápido para desacreditarlos y negar su responsabilidad. Los funcionarios de EEUU y los grandes medios informativos no le hacen caso a las circunstancias subyacentes en la situación actual en Haití y, asimismo, ignoran la historia de la implicación del gobierno de Washinton.

Wal-Mart Ofrece al Mundo Desigualdad a Precios Bajos: La estrategia corporativa de Wal-Mart para instalarse en otros países trajo a colación esta cuestión: Al incorporar un nuevo mercado, la corporación nunca se abre directamente al público; en su lugar compra una compañía establecida completamente operacional y toman lentamente su control. Primero eliminan a un competidor de gran tamaño, entonces Wal-Mart obtiene sus propiedades inmobiliarias y sus empleados, creando una presencia masiva en su mueva localización.

2006 - El Nuevo Plan de Inmigración Favorece los Negocios Sobre la Gente: Está emergiendo un esfuerzo bi-partidario –republicano y demócrata– para que el gobierno federal cierre la frontera con México, aumentando las barreras de contención de los inmigrantes "ilegales" y, a la vez, estableciendo un “programa del trabajador huésped” que limita la permanencia de la mano de obra durante un tiempo específico.

2008 - Otra Masacre de las Tropas ONU en Haití: Un testigo presencial confirmó matanzas indistintas cometidas por las fuerzas de la ONU en la comunidad de Cité Soleil de Puerto Príncipe, Haití, el 22 de diciembre de 2006. Las matanzas se entendieron como un castigo colectivo contra la comunidad por una demostración masiva de adherentes al partido Lavalas, cerca de 10.000 personas que se reunieron para exigir el regreso del presidente Bertrand Aristide y expresaron una condenación clara de la ocupación militar extranjera de su país.

Cacerías de Trabajadores Inmigrantes Benefician a Gigantes Corporativos de EEUU: El NAFTA inundó México con productos agrícolas baratos subvencionados por EEUU en un proceso de competencia desleal que desplazó de sus trabajos a millones de campesinos mexicanos. Entre 2000 y 2005, México perdió 900.000 trabajos rurales y 700.000 plazas industriales, con el efecto de un desempleo profundo en todo el país. Las fuerzas del Servicio de Inmigración y Aduana (ICE, en inglés) –creado en 2003 como brazo armado y presidio del ministerio de Seguridad de la Patria– invaden los lugares de trabajo a través del país en verdaderas cacerías de “inmigrantes ilegales", justificando estas incursiones con el pretexto de mantener la “seguridad de la patria” y prevenir el terrorismo. Sin embargo, el verdadero propósito de estas acciones pretende interrumpir el flujo de fuerza de trabajo inmigrante en EEUU y canalizarlo hacia el esquema no sindical y estrictamente regulado denominado “programa del trabajador huésped”.
Conclusión

La historia entre América Latina y EEUU ha estado dominada por el poder. Las drogas, el comercio del sexo, la propiedad monopólica de terrenos, los golpes, las elecciones robadas y las prácticas sombrías de negocios han tenido el apoyo de invasiones militares, re-ocupaciones y amenazas continuas de EEUU. Los estadounidenses creemos que nuestro país es una nación diplomática. Pero las noticias censuradas cuentan otra historia. Quizás los norteamericanos necesitaríamos prestarle atención a las palabras de Hugo Chávez y de Evo Morales, dos presidentes que están creando una amplia variedad de cambios sociales para beneficiar a la gente trabajadora de sus países.

Nos da gusto pensar en nosotros mismos como una nación pacífica, pero desmiente esa creencia un largo historial de nuestro “destino manifiesto” en América Latina en beneficio del poder corporativo de EEUU. Si "nosotros el pueblo" eligiéramos la diplomacia en vez de las amenazas y la ocupación militar, las Américas podrían comenzar el proceso curativo. La respuesta sería la diplomacia –no la fuerza militar– con los países latinoamericanos. El petróleo, el agua y la energía alternativa llegaran a ser más esenciales que nunca.

Las Américas tienen que trabajar juntas para asegurarse que toda la gente esté consiguiendo alimentos, agua y abrigo.

Ver también:
El Proyecto Censurado y América Latina: 32 años de dominación militar de EEUU y de decepción económica (I)
El Proyecto Censurado y América Latina: 32 años de dominación militar de EEUU y de decepción económica (II)

*) Capítulo 15 del libro Proyecto Censurado 2009, de la Universidad Sonoma State de California, publicado por la editorial Seven Stories de Nueva York, 2008.

**) Nelson Calderón es un graduado de la Universidad Sonoma State que se desempeña como asistente de investigación del Proyecto Censurado. Hacia fines de 2008 comenzará la Maestría en Trabajo Social (Master in Social Work, MSW, en inglés) en la Universidad del Sur de California Sus padres se trasladaron a EEUU desde México y El Salvador.

Fuentes:
- L. Carlsen, “Moratorium on Free Trade Agreements”, Foreign Policy In Focus, June 10, 2008, http://www.fpif.org/fpiftxt/4135
- H. Lafranchi, “US Free Trade Accords Face Rocky Road”, Latin Américan Post, June 9, 2008, http://www.latinamericanpost.com/index.php?mod=seccion&secc=2&conn=5246
- L. Oualalou, “US Navy Aims its Big Guns at Latin América”, San Francisco Bay View, May 7, 2008, 1,11.
- S. Shashikant, “The Politics of United States Free Trade Agreements”, Third World Resurgence, 167, 1-12.
- “Roots of migration”, Global Exchange, June 11, 2008, http://www.globalexchange.org/countries/americas/mexico/migration.html.pf
- “Human Trafficking &Modern-day Slavery”, June 6, 2008, http://gvnet.com/humantrafficking/Mexico.htm
- The Project Censored crew (SSU faculty, students, and PC staff).


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La batalla de los indígenas


Juan Diego García(especial para ARGENPRESS.info)

El racismo ha estado siempre presente en la historia de Latinoamérica. El sistema colonial era profundamente racista y el fenómeno permanecerá como característica de estas sociedades durante el largo proceso de su formación republicana.

Hoy, con matices, la situación no es muy diferente. Ni las revueltas populares ni las escasas y dispersas cuotas de democracia de la que han gozado estos pueblos han sido suficientes para borrar este elemento malsano de la cultura criolla. La mayor discriminación se ejerce contra los indígenas pero no es menor contra la población negra. El fenómeno se atenúa con los mestizos, por el “mejoramiento de raza” que supone su mezcla con los europeos.

El discurso racista, como sucede en todas partes, no es más que una justificación de los privilegios que se abroga e impone un grupo étnico o nacional sobre los demás. El edificio del racismo comienza por la economía pero inevitablemente afecta todas las esferas del orden social. No debe extrañar entonces que la división de clases registre un cierto paralelismo con la división étnica aunque la generalización de las relaciones capitalistas y el paso de las sociedades agrarias tradicionales al desarrollo industrial y al urbanismo generan alguna capilaridad que permite ascender modificando la estructura de castas. El mayor disolvente de estas relaciones sociales es por supuesto eldinero pero también tienen su papel el ejercicio de la ciencia, la práctica del arte, el oficio militar o la vocación religiosa que son igualmente vías de ascenso social muy comunes (aunque siempre a posiciones secundarias).

En Bolivia, el discurso de la derecha según el cual los indígenas son una raza inferior que no debe dirigir los destinos del país esconde el propósito de mantener el orden existente amenazado por la avalancha del movimiento popular y asegurar así los intereses económicos de la elite (sobre todo la tenencia de la tierra y el control de los recursos del gas natural). Es evidente el rol del racismo como instrumento ideológico en defensa de la oligarquía tradicional blanca a la cual se añade ahora una nueva burguesía de inmigrantes (católicos croatas y sectas protestantes, sobre todo) y cierta base social compuesta por mestizos asimilados, muchos de ellos de rasgos tan indígenas como aquellos a quienes denigran.

No es muy distinto el panorama en Chile aunque la cuestión indígena tenga allí dimensiones diferentes. En la tierra de Neruda el racismo sirvió (y sirve) para los mismos fines: genocidio en unos casos, sometimiento y asimilación en otros. Pocos lograron sobrevivir al primer ataque colonizador de los españoles o a las batidas sistemáticas de los colonos alemanes especialmente traídos para “civilizar a estos salvajes irreductibles”. En el sur profundo quedaron sin embargo los Mapuches, pueblo de especial bravura que aún resiste y lucha por conservar las pocas tierras que les han dejado. Ahora, se enfrentan a la amenaza de una multinacional española que construye una enorme central hidroeléctrica inundando el resguardo. En pleno siglo XXI reaparecen los viejos argumentos que les denigran como rezagos del pasado y como rémoras vergonzosas para la civilización, con el claro objetivo de criminalizar su movimiento de protesta. Su vida comunitaria y su relación con la tierra se muestran en el discurso racista como conductas primitivas, contrarias a la nación y sobre todo opuestas a la racionalidad capitalista, al reino incontestable de las ganancias y -como no!- al progreso, la misma baratija con la cual en el pasado se dio carta blanca a la destrucción de civilizaciones enteras, consideradas incompatibles con el capitalismo en expansión.

Brasil no es la excepción. Más bien puede mostrarse como uno de los casos más escandalosos de genocidio con la complicidad de las mismas autoridades civiles y militares que acceden gustosas a las presiones de hacendados, multinacionales y colonos. Con todas las matizaciones del caso la situación se repite en México y Centroamérica y no es muy diferente la suerte de las etnias aborígenes del norte del Continente.

En Colombia, en pleno proceso de contrarreforma agraria e impulso del neoliberalismo más radical, se adelanta desde hace décadas una política de exterminio de las etnias indígenas locales. En este año se han realizado grandes movilizaciones a las cuales se responde indefectiblemente con la agresión de policías, soldados, paramilitares, funcionarios del Estado y –como no podía ser menos- con el concurso entusiasta de las grandes multinacionales que pretenden explotar los recursos de los resguardos. El racismo, tan evidente en los medios de comunicación locales, no hace más que responder a los intereses que se mueven en esta guerra contra el indígena. En estos mismos momentos se desarrolla una gran movilización en el sur del país, con la inevitable cuota de muertos, heridos, presos y desaparecidos que trae consigo cualquier manifestación de descontento en Colombia. Solo que esta vez la represión parece haber dado más ánimo a las protestas y la marcha indígena ya se dirige a Bogotá recibiendo a su paso el apoyo de la población y la adhesión del resto de las etnias del país y de obreros, estudiantes, intelectuales y hasta de las llamadas “clases medias”. Las demandas de los indígenas se limitan a reclamar el cumplimiento de sentencias emitidas hace décadas por las más altas autoridades judiciales que exigen la devolución de tierras de resguardo a las comunidades. Por supuesto, para Uribe Vélez detrás del movimiento indígena se esconden las FARC y en consecuencia toda represión será poca.

Por su parte, los medios de comunicación (casi todos en manos de multinacionales) intentan confundir a la opinión pública acusando al movimiento indígena de promover un regreso a formas primitivas de vida, incompatibles con la modernidad. Pero tales afirmaciones ocultan deliberadamente que lo esencial del discurso indígena está lejos de tales pretensiones. Existen por supuesto algunos grupos que añoran el orden anterior a la colonia, idealizado como una suerte de socialismo aborigen. Pero ellos no representan sino pequeñas fracciones del movimiento, sin mayor importancia práctica. Sirven, eso sí, para desprestigiar al movimiento, aislarlo del resto de la población yalimentar otras formas de racismo folclórico. La inmensa mayoría es sin embargo ajena a tales mitos y tienen los pies muy puestos en la tierra; saben que viven en medio de una civilización capitalista que determina lo esencial de su existencia; pero conocen también el valor inestimable de buena parte de sus tradiciones de trabajo comunitario, sentido de pertenencia, idioma, conocimientos médicos y formas de participación que recuerdan la más pura democracia directa (¿es loable la democracia “de mano alzada” en Suiza pero deleznable en Los Andes?); y no falta quien sugiera considerar seriamente la relación de sano equilibrios que ellos intentan con el medio natural mientras nuestro consumismo desenfrenado afecta de manera tan dramática la vida cotidiana y pone en riesgo la misma supervivencia de la especie.

Especialmente amenazadas se encuentran las etnias amazónicas y de otras regiones de selva húmeda tropical. Es todo un reto para los gobiernos del área encontrar la manera de conservar estas etnias y su entorno, respetar sus derechos constitucionales, aceptar su autonomía y sobre todo – para empezar- impedir que curas misioneros les destruyan su cosmovisión como primer paso para su desaparición como pueblos. Su escaso número y dispersión por selvas inmensas (repletas de recursos naturales) les hace especialmente vulnerables. Los gobiernos de progreso del continente no pueden comportarse como Uribe o como Calderón, enviandoa la soldadesca a la caza del indio. El respeto a sus derechos y la extensión efectiva de la ciudadanía a estas etnias sigue siendo un reto inmenso para sociedades que se precian en público de no ser racistas pero actúan siempre considerando a los indígenas como estorbos a eliminar o como pobrecitos alos cuales hay que tender una mano generosa. Ni agresión ni lástima son aceptables; se trata de simple y necesaria solidaridad.

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Argentina: Scioli retoma la campaña de Blumberg pero peor, con consejos de Uribe


Emilio Marín (LA ARENA)

El crimen de Ricardo Barrenechea, en la zona norte del conurbano bonaerense, disparó otra vez el debate sobre endurecimiento de penas y la baja de edad para imputar a menores. Ya se demostró que eso no es solución.

Es notable cómo la vida pero también la muerte tiene distintos significados para los medios de comunicación, según la billetera del muerto. La muerte del ingeniero Ricardo Barrenechea, en la segunda quincena de octubre en Acassuso, conmovió a toda la provincia, con gran impacto nacional. Hizo que el gobernador Daniel Scioli sacara de la computadora su viejo proyecto, conversado con su amigo, el nunca recibido ingeniero Juan C. Blumberg, para penalizar a la niñez y adolescencia.

En cambio, el asesinato de un indigente en Caballito, baleado por una pareja bien vestida el domingo último, será noticia de un día o dos. Después se apagará como un fósforo. No interesará, como no interesa a la mayor parte de la clientela sanisidrense que en Argentina mueren diariamente 50 niños menores de cinco años, por enfermedades curables. ¿A quién le importa, si en el barrio La Horqueta de San Isidro son afiliados a empresas de medicina prepaga? Aunque lo digan los informes de la ONU, esos decesos infantiles no importan a ese público clasista, que marchó a la intendencia de San Isidro y luego hizo dos menguadas marchas del luto ante la Quinta presidencial de Olivos. Ya se sabe quién es el blanco predilecto para quejarse por lo que llaman falta de seguridad...

En San Isidro, el domingo 26 de octubre, concurrieron unas 12.000 personas. Un reflotado Blumberg aprovechó para lanzar una convocatoria para ir a Plaza de Mayo el 13 de noviembre. El público, donde se mezclaban los habitantes de countries y el medio pelo bonaerense, le dijo que iría. Mañana se sabrá pero hay muchas posibilidades de que ese llamado del apócrifo textil sea un fracaso total, como lo fue su candidatura a gobernador por el partido de Jorge Sobisch.

Buena parte de esa "gente como uno" clamaba por el "ojo por ojo" y " muerte a la muerte", apuntando sin muchos disimulos contra "los negros de las villas", en primer lugar, y contra "los políticos" que no hacen nada, en el segundo. Entre los denostados no figuran Blumberg ni Mauricio Macri al que quisieran tener de gobernador de "este" lado de la General Paz. En 2007 Macri les había propuesto el muleto, su primo Jorge, en yunta con Francisco de Narváez, pero los votos no alcanzaron.

A modo de premio consuelo, los buenos vecinos tuvieron como orador al rabino Sergio Bergman, que en las concentraciones de Blumberg de 2004 había reemplazado "libertad" por "seguridad" en la letra del Himno. Rabino de Córdoba y Libertad, en la Capital, el secuaz de Lilita Carrió se cruzó al conurbano para encontrarse con el ingeniero trucho y relanzar la campaña por la "mano dura" y la "seguridad", esta vez orientada contra los menores.
Aconsejado por expertos

Las críticas de aquellos vecinos de capas medias y altas contra los "políticos" en general son también injustas porque otro que busca complacerlos es Scioli. A la semana de la muerte de Barrenechea, en reunión con 30 intendentes del conurbano, anunció la entrega de 1.800 patrulleros. ¿Acaso no es eso lo que quieren? ¿No querían un policía en cada esquina y un patrullero cada tantas cuadras? En esa dirección policíaca está trabajando quien fuera ministro de Carlos Menem y Eduardo Duhalde, y vicepresidente de Néstor Kirchner.

Más aún, el ex empresario de electrodomésticos no se quedó en la ciudad de las diagonales sino que partió raudamente, como en sus tiempos de motonauta, rumbo a Colombia.

Allí se entrevistó con Álvaro Uribe en el Palacio de Nariño, pidiendo asesoramiento para la lucha contra la inseguridad. "A mi juego me llamaron", habrá dicho el colombiano, experto en apadrinar paramilitares y narcotraficantes, responsable de las mayores violaciones a los derechos humanos del continente en los últimos años.

Diez días después de la entrevista, Uribe debió aceptar la renuncia del jefe del Ejército, general Mario Montoya, luego que 27 oficiales fueran dados de baja por el asesinato de decenas de jóvenes de barrios pobres, secuestrados en esas barriadas y muertos posteriormente para ser presentados como supuestos guerrilleros abatidos. Es que en los marcos del "plan Colombia" financiado y respaldado por Estados Unidos, los 2 millones de dólares diarios de sustento requieren de resultados tangibles, a tanto por guerrillero abatido. Y cuando no hay muertos de las FARC, hay que inventarlos.

No se crea que es un método ajeno al que emplean muchas policías de la Argentina, que los fines de semana tienen que levantar equis cantidad de presos para rellenar las estadísticas. No importa que los detenidos no hayan cometido delitos. Los asesoramientos del Manhattan Institute del comisionado policial William Bratton y el ex alcalde neoyorquino Rudolph Giuliani indican esos procedimientos. Blumberg fue su representante en Argentina; los entonces gobernadores Sobisch y José M. de la Sota, firmaron esos convenios. La mejor maldita policía del mundo no necesitaba de esos consejos; desde mediados de los ´50 acrecentó una bien ganada fama al punto que Rodolfo Walsh la definió como "la secta del gatillo alegre y los dedos en la lata".

Al fin de cuentas, que Scioli, que expresa a la derecha dentro del justicialismo, se haya asesorado con Uribe, que expresa a ese mismo extremo a nivel continental, era lógico. "Dos potencias se saludan", pudo decir el primero al entrar a Nariño, parafraseando al Mono Gatica frente al general Perón.
Menores en riesgo

La presión política de la zona norte fue importante luego del caso Barrenechea. No fue solo Scioli el que reaccionó con su proyecto de bajar la edad de imputabilidad de los menores, que ahora es de 16 años, hacia los 14 o menos aún, al recordar que Brasil lo tiene fijado en 12 años. Néstor Kirchner, que no sólo abrocha acuerdos electorales con los barones del PJ del conurbano sino que también comparte muchas políticas, se la agarró con los jueces garantistas, al conminar a los magistrados a que "se pongan los pantalones" para condenar a los delincuentes. La presidenta, en referencia al homicidio del ingeniero, lamentó que "la policía detiene y detiene pero la justicia libera y libera". Al disertar en el 44º Coloquio empresarial de IDEA en Mar del Plata, y a tono con esa platea que vive en barrios cerrados, el titular de la Corte pidió a los jueces que terminen con la "puerta giratoria" por la que entran y salen en un mismo giro los delincuentes.

La mesa de la "mano dura" estaba servida. La sazonó Clarín (2/11) titulando: "Son 14.000 los presos que están libres en la Capital y la Provincia". El toque de clarinete apuntaba contra la minoridad porque en otra cobertura arriesgó que había crecido 80 por ciento el número de delitos cometidos por menores.

Aunque no hacía falta, sumó su autorizada voz el jefe de la maldita policía, Daniel Salcedo, afirmando que "los menores en la provincia cometen un millón de delitos graves por año". Esto daría 2.739 delitos graves por día, lo que parece una estadística inflada como los "falsos positivos" del general colombiano. Con esa clase de estadística, manipulada, se consiguen rápido los 1.800 patrulleros informados por Scioli el 30 de octubre.

Afortunadamente se han escuchado varias voces saliendo al cruce de esa barbarie jurídica e ideológica que ya ha fracasado en el país y el mundo. En Argentina, porque el peronismo y los partidos de derecha compraron en 2004 el discurso de Blumberg y convirtieron el Código Penal en un zafarrancho de penas de 50 años para los delitos más diversos. ¿Cambió en algo? No parece, a estar por las quejas sobre el empinamiento de la delincuencia escuchadas en los reportajes a vecinos de Zona Norte.

En el mundo también hubo un fracaso similar. Estados Unidos, el espejo de los vecinos ricos y pobres que quieren serlo, endureció todas las penas y considera a los menores como carne de prisión perpetua. Tiene la población penal más numerosa del planeta, con 2,2 millones de presos, y además de las prisiones federales construye numerosísimas prisiones privadas, que a su vez demandan de más presos para justificar las inversiones. Ese puede ser el modelo de Scioli pero no debería ser el de los argentinos. Hay que probar por el lado del empleo decente, los ingresos suficientes, la inclusión social, la educación, la cultura y la solidaridad. Y si de modelos se trata, el gobernador y la presidenta, en vez de ir a Bogotá y Nueva York, tendrían que ir sin prejuicios a La Habana. Cuba es un modelo de sociedad con bajo índice de delitos, en particular bajísimo índice de delitos violentos y aberrantes. ¿Por qué será?

Foto: Daniel Scioli, gobernador de la Provincia de Buenos Aires. / Autor: Casa de la Provincia.


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Argentina: Posse vs. Posse


Oscar Taffetani (APE)

"Lo cierto es que las villas-miseria están allí, habitadas por argentinos expulsados de sus tierras y por los que las abandonaron más o menos voluntariamente, porque su trabajo no los salvaba del hambre. No fue culpa de ellos si la estructura económica del país los condenaba al infraconsumo y debieron salir a ensanchar su horizonte. No han venido aquí por su voluntad. No han llegado a invadirnos ni a despojarnos de nuestro confort (...) Vinieron empujados por la necesidad, eso es todo. Y ni siquiera lo hicieron para cobrarse cuentas viejas...".

"Ciertamente, se aloja en esos tugurios un pequeño por ciento de descarte social; pero otro tanto ocurre, si bien se mira, en los barrios residenciales y en los suntuosos departamentos de las grandes ciudades..."

"Lo que puedo adelantar ya mismo es que mientras siga registrándose una migración interna sistemática y el interior continúe volcando en la Capital sus brazos ociosos, las villas miserias no podrán ser erradicadas, del mismo modo que no puede secarse un lago en el que permanentemente vuelca sus aguas un río..."

(M. A. Posse, Los desarraigados, 1964)

El médico pediatra Melchor Ángel Posse (1932-2004), que fue cinco veces intendente electo de San Isidro, dedicó el libro Los desarraigados a sus tres pequeños hijos, entre ellos Gustavo, actual intendente de San Isidro.

Seguramente Gustavo, nacido en 1962, tuvo tiempo de leer -cuando hacía sus estudios de Derecho o bien cuando decidió abrazar la carrera política- aquel libro anticipatorio de su padre.

Lo que no es seguro es que haya entendido su significado. Ni tampoco es seguro que quiera hoy (algo que le pasa a muchos dirigentes del país) hacer un ejercicio de memoria.
Escribe Melchor

Los desarraigados es un ensayo político que contiene las reflexiones de un joven militante radical cuya familia, procedente de Rosario, se radicó en San Isidro por los desplazamientos que causó el reacomodamiento económico argentino de los años '30 y '40.

El desarraigo propio le dio a Melchor Posse, tal vez, una sensibilidad especial hacia los problemas y necesidades de los migrantes internos, esos criollos que habían empezado a hacer sus quinchos y ranchos, sin ir más lejos, en baldíos aledaños a la fábrica Standard Electric de San Isidro, en terrenos bajos e inundables de un paraje inhabitable conocido como La Cava.

"Hablaban -escribe Melchor- el idioma de Buenos Aires, compartían la historia de la ciudad fabulosa y soberbia. Mas los porteños, de pronto, no reconocieron en ellos a sus hermanos. Y ellos se sintieron solos, aislados, desarraigados de su tierra".

"Cuando convino a su negocio -dice en otro pasaje- la oligarquía terrateniente abandonó la agricultura y consagró sus campos a la ganadería. Si con ello quedaban sin ocupación millares de campesinos, poco podía importarle. Un campesino muriéndose de hambre en un rancho no significaba para la oligarquía mucho más que lo que podía significar un arado oxidándose en un galpón..."

"En última instancia -acotaba el médico- la miseria de esas villas, que no es miseria moral, por cierto, es el producto directo del egoísmo de la oligarquía terrateniente".
Habla Gustavo

Fiel a la consigna de actuar sobre el efecto y nunca sobre las causas (directiva impartida por los medios de masas a los políticos que compran el discurso del presente absoluto), Gustavo Posse se apuró a declarar -luego del conmocionante asesinato de un ingeniero que vivía en su distrito- que la responsabilidad era del ministro del Interior, "por haber retirado la Gendarmería de la Cava".

A continuación, el intendente decretó luto oficial en San Isidro, por 48 horas, y adelantó que el Concejo Deliberante debatiría una ordenanza por la cual se decretará el estado de emergencia en materia de Seguridad, en el partido de San Isidro.

En cuestión de horas, volvió la Gendarmería a La Cava.

"Tenemos mucha inversión puesta en el lugar, queremos avanzar cada vez más y podemos mostrar al segundo lo que nos ocurre. Hoy no nos sirve porque murió alguien, pero creemos que hay una fuerte vinculación con el estado de las leyes y su interpretación, honesta, pero equivocada", expresó el Intendente a los medios.

"No hay voluntad política de crear más cárceles para poner allí a todos los que corresponda", dijo también.

Finalmente -sin dejar de ser abogado- Gustavo Posse manifestó que "las calles son cada vez más duras y las leyes no son, tal vez, las más adecuadas para el momento que se vive..."

Había escrito su padre Melchor, cinco décadas antes: "La ley se ha hecho para el hombre, y no el hombre para la ley. Y una ley que no está hecha a la medida del hombre común, una ley que consolida el hambre, que solidifica la miseria, no merece llamarse ley".

Dijo Gustavo a la prensa: "La evolución en materia delictiva tiene su correlato con el origen social del delito pero también tiene su correlato en la pérdida de valores respecto a quienes deben cuidar y qué valores deben tutelar."

Escribió su padre, Melchor: "Cuando el pueblo vive sometido a la explotación económica, no hay libertad posible. Cuando una minoría exclusivista y cerrada usufructúa la mayor parte del ingreso nacional, la democracia, que se basa en la igualdad de oportunidades, es un escarnio. ¿Hay igualdad de oportunidades en un país donde los niños de las villas-miseria carecen de techo, de alimentos y de formación espiritual?
El futuro ya llegó

"En lo que concierne a aguas corrientes y desagües cloacales -escribió el Cholo Posse en 1964- vivimos en plena Edad Media, sentados sobre un volcán de gérmenes, bajo la amenaza de las peores epidemias. (...) Estas son las obras de fondo que requiere el conurbano y es obvio que no son las comunas las que pueden realizarlas. Se trata, ciertamente, de obras de gran alcance, pero su comienzo no admite demoras. La ejecución demandará sumas fabulosas, que un país empobrecido, de economía deficitaria, no puede proveer. Es claro: la oligarquía tiene la solución: '¡que se vuelvan al campo!' Pero ¿es que en el campo les darán agua corriente, cloacas y electricidad? Ciertamente, no. ¿Y por qué millones de argentinos deben vivir en condiciones infrahumanas, privados de los más indispensables elementos de higiene y confort, mientras otros atesoran sumas millonarias en los bancos extranjeros?"

Finalmente, con gran visión del futuro, afirmó: "Esas villas comportan la única posibilidad de arraigo definitivo con que cuentan los inmigrantes del interior del país".

Medio siglo después, en las 30 hectáreas que ocupa La Cava -como se ha denunciado- los índices de desnutrición y malnutrición de los pibes superan la media nacional, las napas freáticas están contaminadas y, dado que el Municipio no cumple con la frecuencia necesaria con el desagote de pozos ciegos, éstos se desbordan continuamente.

"Desde hace dos años y medio -denuncia en su periódico una organización de izquierda- La Cava está militarizada, por Prefectura antes y por Gendarmería hoy. Las razzias son frecuentes y violentas. Recorren los pasillos disparando a mansalva e incluso empleando gases. En La Cava se han denunciado más de 50 casos de gatillo fácil en los últimos años".
Estilo San Isidro

"Las herramientas idóneas para la prevención del delito -dijo Gustavo Posse a la prensa- se basan en la reconstrucción de valores ligados a la interacción social, el respeto, solidaridad y libertad responsable, con políticas que deben fortalecer a la familia, la educación, el empleo y demás acciones tendientes a resolver la problemática social que aún padecen sectores de nuestra población".

Sin embargo, el único plan de vivienda en marcha es el Federal, realizado en conjunto con la Nación, y que ofrece 1.200 casitas para una población de 20.000 habitantes. Pero además -se ha denunciado- esas viviendas son pequeñas, fueron construidas con malos materiales, están sobrevaluadas y, por si fuera poco, la adjudicación fue puesta en manos de punteros políticos.

Además, desoyendo los consejos que había dado Melchor, el Municipio está licitando y vendiendo los predios adyacentes a La Cava. Ya se licitó el de la Standard Electric, que fue adquirido por la empresa de shoppings Cencosud para construir un "megacentro comercial" y varias torres "de 12 pisos".

¿Así planea el intendente Gustavo Posse hacer arraigar a los desarraigados?

En el orden de la "prevención", la única acción del municipio es la que aparece en el sitio oficial de San Isidro, en un punto referido al Programa Comunidades Vulnerables (PCV):

Dicho programa dice apuntar a la "prevención y reinserción social de jóvenes, de los barrios La Cava y el Bajo de San Isidro, sin trabajo ni estudio con riesgo de ingresar al delito o habiendo egresado de instituciones carcelarias y comisarías..."

Para ingresar al PCV, los pibes que se sientan con ganas de delinquir (perdón por la ironía) no tienen más que llamar al 4723-3574, de lunes a viernes y de 8 a 14. También pueden comunicarse por e-mail: pcvsanisidro@yahoo.com.ar

Y si no alcanzan a llamar por teléfono o a mandar el e-mail para entrar en el sistema de prevención, esos pequeños delincuentes de San Isidro, asesinos y criminales en potencia, se las tendrán que ver con la Gendarmería Nacional, con la Policía Federal, con la Policía Bonaerense o con todas a la vez.

¿Cincuenta casos de gatillo fácil, en unos pocos meses? ¿Menores desesperados, esclavizados por la droga, lanzados a matar o morir? ¿Planes de vivienda que no alcanzan? ¿Fábricas cerradas, en la autopista Panamericana?

Para estas preguntas, el abogado Gustavo Posse no tiene respuestas. Su padre, médico pediatra, hace mucho que las tenía. Pero se murió.

Foto: Gustavo Posse, Enrique García y Juan Carlos Blumberg. / Autor: Municipalidad Vicente López.


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Argentina, Mendoza: Muertes en la cárcel, una realidad que pocos quieren ver

MDZOL

Leonardo Palacios estaba acusado por la muerte de Laura Abonassar. Sin embargo, y más allá de sus errores, su muerte a causa de las precarias condiciones de la Penitenciaría, significa una triste advertencia para las autoridades. No se puede permitir que más ciudadanos sigan padeciendo las lamentables condiciones de encierro.

Con la muerte de Leonardo Palacio, uno de los acusados por la muerte de Laura Abonassar, ya son cuatro las personas que este año perdieron la vida en el sistema penitenciario de la provincia.

La cifra, lamentable, pone al descubierto las patéticas condiciones de encierro, en las que la seguridad ni la salubridad, están de ninguna manera garantizadas. Así, el cumplimiento de la pena, se transforma además en un tortuoso y cotidiano pasaje, que apela a la indignidad, más que al acatamiento de una sentencia judicial.

El problema carcelario pareció verse superado cuando el gobierno de Julio Cobos terminó y habilitó las obras del complejo Almafuerte, en Cacheuta. Sin embargo, los hechos han demostrado que poco han cambiado las condiciones. El hacinamiento producto de la súper población, las constantes peleas entre internos con sus saldos de heridos y muertos, los accidentes como en el caso de Palacio al intentar una conexión eléctrica clandestina, significan demasiados puntos oscuros para las cárceles de Mendoza.

No está de más recordar que nuestra provincia ya ha sido advertida por organismos internacionales sobre las condiciones de encierro, y además, con sus incumplimientos y violaciones de pactos suscriptos por el país ha arrastrado a la Nación a severas reprimendas.

Es hora que las autoridades tomen en serio las condiciones en las que se procede a encerrar a los procesados y condenados. Paralelamente, que se otorguen los recursos presupuestarios necesarios para establecer un estándar mínimo de humanidad para las personas allí alojadas.

Como dice la Constitución Nacional, las cárceles deben ser para encierro y no para castigo, asegurando en todo momento la reinserción y recuperación de los condenados. Evidentemente, esto no se cumple. No lo cumple la provincia, a pesar de los esfuerzos de los últimos años, pero tampoco lo cumple la Nación que todavía adeuda un importante resarcimiento por el alojamiento durante décadas de los denominados presos federales.

A esta altura de los acontecimientos, urge la concreción de una cárcel federal, y de todas aquellas iniciativas que apunten a descomprimir la situación: desde pequeñas unidades regionales, hasta el mejoramiento de las condiciones diarias.

No podemos permitir que sigan muriendo más personas en nuestras cárceles. Eso sería un atropello absurdo que nada tiene que ver con la institucionalidad, la vigencia de derechos y la democracia que en tantos órdenes se predica y que aquí nadie parece advertir.

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Argentina: La Corte Suprema admitió la libertad de agremiación

DIARIO HOY

En un fallo que altera el tradicional sistema de organización sindical en la Argentina, el Tribunal expresó que no hace falta estar asociado a un gremio con personería para ser delegado. La CGT lo tildó de "provocación".

La Corte declaró la inconstitucionalidad del art. 41 inc. a de la ley 23.551 de asociaciones sindicales porque afecta la libertad de agremiación de los trabajadores.

El máximo tribunal de la Nación dijo que la exclusividad que otorga la norma a los sindicatos con personería gremial afecta el derecho de los trabajadores al exigirles la afiliación y además limita a los sindicatos que no gozan de esa personería en el ejercicio de su representatividad. La libertad sindical significa el derecho de los trabajadores a la constitución de sindicatos sin autorización previa.

El conflicto planteado en este caso se suscitó a raíz de que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a elecciones de delegados de personal en el ámbito del Estado Mayor del Ejército y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, a lo que se opuso la Unión del Personal Civil de las Fuerzas Armadas (Pecifa) por considerar que sólo ella era quien tenía facultades para realizar ese acto en razón de la personería gremial que le había sido conferida.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social resolvió la controversia desestimando el recurso de ATE. Al efecto tuvo en cuenta que la ley dispone que para ser delegado de personal se requiere "estar afiliado a la respectiva asociación sindical con personería gremial y ser elegido en comicios convocados por ésta" (art. 41, inc. a de la ley 23.551), por lo cual la única asociación que podía convocar la elección y cuya personería gremial comprendía específicamente al personal de los entes referidos era Pecifa. Tal decisión fue confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala VI).

Ante ese resultado, ATE acudió a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario federal en el cual planteó, por una parte, que lo resuelto era arbitrario y, por otra, que la norma en la que se basaron tanto los jueces como la autoridad ministerial para resolver en el sentido indicado, vulnera el derecho a una organización sindical libre y democrática, consagrado en la Constitución Nacional (art. 14 bis).

La Corte consideró que el primer planteo resultaba inadmisible pero el segundo, en cambio, merecía ser tratado. Examinó las normas internacionales que consagran la libertad de asociación y, en especial, la llamada "libertad sindical" y su recepción en el derecho interno.

Hizo hincapié en que el Convenio N° 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como instrumento que define los alcances de dicha libertad, obliga a los Estados miembros de la organización internacional a poner en práctica las "disposiciones" que la garanticen, lo que implica, en primer lugar, reconocer el derecho de los trabajadores a la constitución de sindicatos sin autorización previa y la afiliación sindical.

"Carece de sentido común"

El dirigente de la CGT y titular del gremio de los judiciales, Julio Piumato, afirmó esta tarde que el fallo de la Corte Suprema sobre la libre agremiación "carece de sentido común" porque "afecta a los trabajadores" y es "un acto de provocación para enturbiar el clima social".

"Este fallo carece de sentido común, afecta a los trabajadores y hasta habría que tomarlo como un acto de provocación para enturbiar el clima social de la Argentina", afirmó Piumato.

El dirigente de la CGT que lidera Hugo Moyano consideró que el fallo de la Corte "es un verdadero disparate con intencionalidad política porque tiende a fragmentar al movimiento sindical".

A continuación el texto completo del fallo de la Suprema Corte de Justicia:

"ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO C/M1DE
TRABAJO"
S.C. A. n° 201, L. XL.
Procuración General de la Nación
S u p r e m a C o r t e :
-IContra
la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo, Sala VI, que confirmó la resolución del
MTESS n° 197 que ratificó la procedencia del planteo deducido
por la Unión del Personal Civil de las Fuerzas Armadas -PECIFA-
respecto de las elecciones de delegados convocadas por la
Asociación de Trabajadores del Estado -ATE-, en el ámbito del
Estado Mayor General del Ejército y Estado Mayor Conjunto de
las Fuerzas Armadas (fs. 133/134 y 153), la actora interpone
el recurso extraordinario (fs. 138/146 y 148), que fue replicado
(fs. 161/168 y 169/173) y denegado a fojas 175, dando
origen a la queja en examen (fs. 37/43 del cuaderno respectivo).
El decisorio apelado tuvo en cuenta que si bien la
resolución n° 414/66 -por la cual se otorgó a PECIFA la personería
gremial en el ámbito en cuestión- fue dictada, en el
plano de la ley n° 14.455, con pautas para el otorgamiento de
personería distintas a las que se encuentran en vigor (ley n°
23.551), lo cierto -señaló- es que subsisten las otorgadas de
conformidad con aquellas exigencias legales, excepción hecha
de que se haya verificado un conflicto intersindical (vgr.
disputa de personería o encuadramiento sindical), lo que no se
ha planteado en el expediente.
Añadió que la resolución n° 416/66 -que no fue objeto
de impugnación- excluye a la ATE del ámbito de Capital Federal
y de algunos partidos del Gran Buenos Aires -Vicente López,
San Martín, Tres de Febrero, La Matanza, Lanús y Avellanedaen
lo referido al personal agrupado en la PECIFA de Capital
Federal; y que es nulo y carente de efectos el llamado a
elecciones de delegados realizado treinta y siete años después
de dictada aquella resolución. Descartó por inoficiosos
planteos fundados en los principios de libertad sindical y
representación, legislados en los convenios n° 87, 98 y 135 de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como
numerosas citas de decisiones de la Comisión de Expertos en la
Aplicación de Convenios y del Comité de Libertad Sindical,
señalando que las observaciones realizadas por el último organismo
mencionado a los artículos 38, 39, 41, 48 y 52 de la
ley n° 23.551 no interesan para la dilucidación del caso, por
encontrarse en juego los alcances de una personería gremial ya
otorgada, con la consiguiente exclusión de otra asociación
sindical de dicho ámbito de actuación (fs. 133/134 y 153).
-IIEl
argumento principal de la recurrente -en síntesis-
es que el fallo en crisis omitió considerar planteos
conducentes para la dilucidación del caso, pues nada se dijo
sobre dos resoluciones anteriores del Ministerio de Trabajo
que dan cuenta de la existencia de pluralidad sindical en el
ámbito de la Administración Pública Nacional. Afirma que
existe una verdadera coexistencia de entidades gremiales que
altera la regla de exclusividad de los derechos de las asociaciones
con personería sindical y que, en todo caso, el
desplazamiento produce efectos sobre los derechos relativos a
la negociación colectiva sectorial. Agrega que no se consideró
la ley n° 24.185, que contempla la coexistencia de entidades
con personería gremial, regulando la negociación colectiva en
el sector público y confiriendo el derecho a la negociación
colectiva, para todo el ámbito de la representación, a la ATE
y UPCN -Unión del Personal Civil de la Nación-, dejando la
"ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO C/M1DE
TRABAJO"
S.C. A. n° 201, L. XL.
Procuración General de la Nación
negociación colectiva sectorial para los sindicatos de cada
uno de esos sectores.
Refiere que sin perjuicio de que el régimen de personería
y exclusividad que prevé la ley nacional es incompatible
con los convenios n° 87, 98 y 135 de la OIT, entre otros
acuerdos internacionales, el decreto n° 1096/00 establece el
compromiso del gobierno argentino de compatibilizar de la
legislación sindical con los convenios referidos, en el marco
de lo establecido, especialmente, por el artículo 75, inciso
22, de la Constitución Nacional. A todo evento y en forma
subsidiaria, plantea la inconstitucionalidad de la resolución
n° 414/66 por violar -entre otros- los artículos 14bis y 16 a
19 de la Carta Magna, haciendo hincapié en el desconocimiento
de los principios en la materia de igualdad, bilateralidad y
primacía de la realidad (v. fs. 138/146 y 148).
-IIIConsidero
que en el supuesto traído a dictamen se
configura, tal como lo sostiene el apelante, el extremo de
falta de tratamiento de cuestiones conducentes para la ajustada
solución del caso, que V.E. ha ponderado como causal de
la tacha de arbitrariedad de los pronunciamientos judiciales.
En efecto, ha dicho esa Corte que se viola el principio de
congruencia cuando el fallo impugnado omite decidir peticiones,
alegaciones o argumentos oportunamente propuestos a la
consideración del tribunal y que deben integrar la resolución
del litigio (cf. Fallos: 312:295, 451; 313:978; 314:313;
315:981, etc.). En el sub lite, la Cámara no se ha pronunciado
sobre la pretensión de la accionante fundada en que en
el ámbito de la Administración Pública Nacional media la posibilidad
de que coexistan personerías gremiales otorgadas a
distintos sindicatos que relativizan el principio de la exclusividad
representativa o unicidad promocionada. Dicho argumento
se basó, en esencia, en que existen antecedentes de
resoluciones ministeriales que así lo avalaban (res. n° 51/87 y
1101/94) y en que ello fue reconocido, también, mediante la
ley n° 24.185 de negociación colectiva en el sector público,
temas sobre los cuales, en rigor, no dio respuesta alguna.
Vale recordar que por resolución n° 51/87 -anterior a la ley n°
23.551 promulgada en 1988-, se reconoció a los sindicatos con
personería gremial y con actuación en el marco del Estado
Nacional, provincial y municipal la retención de cuota sindical
y la representación del personal de conformidad a lo determinado
en sus estatutos, sin afectar las personerías respectivas
oportunamente acordadas. Por su parte, tampoco son
objeto de adecuado tratamiento los artículos 4 y 6 de la ley n°
24.185 -citados junto con las resoluciones por la recurrente
(cfse. fs. 78: 10/18)- así como también, ampliamente, otros
preceptos de los decretos n° 1096/00 -invocado también por la
quejosa-; 757/01 y 760/01; resolución conjunta de la AFIP y la
Subsecretaría de Relaciones Laborales n° 103/01 y general n°
1027/01; y resolución MTEySS n° 255/03 -posterior a estas
actuaciones- entre otros. En ese contexto, adquiere igualmente
verosimilitud la protesta de la actora en el sentido de que,
en suma, ha omitido ponderarse la razonabilidad sobreviviente
de lo actuado en el marco de la resolución n° 414/66.
En tales condiciones, entiendo que la decisión no se
sustenta, sin que ello implique anticipar opinión sobre el
fondo del problema, aunque me exima de considerar los restantes
agravios.
-IV"
ASOCIACION TRABAJADORES DEL ESTADO C/M1DE
TRABAJO"
S.C. A. n° 201, L. XL.
Procuración General de la Nación

Por lo expresado, estimo que incumbe hacer lugar a
la queja, declarar procedente el recurso, dejar sin efecto la
sentencia impugnada y restituir las actuaciones al tribunal de
origen para que, por quien competa, se dicte nuevo pronunciamiento
con arreglo a lo expuesto.
Buenos Aires, 07 de septiembre de 2007.
Marta A.Beiró de Goncalvez
Es copia

Buenos Aires, 11 de noviembre de 2008.
Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la actora
en la causa Asociación Trabajadores del Estado c/ Ministerio
de Trabajo s/ Ley de Asociaciones Sindicales", para
decidir sobre su procedencia.
Considerando:
1°) Que la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales
hizo lugar a la impugnación formulada por la Unión del
Personal Civil de las Fuerzas Armadas (PECIFA), y declaró la
invalidez de la convocatoria a elecciones de delegados del
personal efectuada por la Asociación de Trabajadores del Estado
(ATE) en el ámbito del Estado Mayor General del Ejército
y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Contra esa
decisión, ATE interpuso un recurso jerárquico que la señora
Ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social desestimó, en
abril de 2003, teniendo en cuenta que: a. el art. 41, inc. a
de la ley 23.551 de asociaciones sindicales disponía que para
ser delegado del personal se requería "estar afiliado a la
respectiva asociación sindical con personería gremial y ser
elegido en comicios convocados por ésta"; b. la única asociación
profesional con aptitud para "convocar, organizar y fiscalizar"
las elecciones de delegados era aquella cuya personería
gremial abarcaba al personal del ámbito en cuestión, y
c. tal asociación era PECIFA de acuerdo con una resolución de
1966. Finalmente, la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo confirmó lo resuelto por la autoridad ministerial.
Ello motivó el recurso extraordinario de ATE, cuya
denegación dio origen a la queja en examen.
2°) Que en la apelación extraordinaria, además de
cuestiones fundadas en la doctrina de la arbitrariedad, la
recurrente reitera el planteo Cya expuesto ante la sede administrativa
y ante la cámaraC de que el citado art. 41, inc. a,
vulnera el derecho a una organización sindical libre consagrado
por el art. 14 bis de la Constitución Nacional y por
diversos tratados internacionales.
A juicio de esta Corte, los agravios aludidos en
primer término resultan inadmisibles (art. 280 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación). Empero, una conclusión
opuesta se impone en cuanto a la impugnación constitucional
(art. 14.3 de la ley 48), de manera que, al estar reunidos
los restantes recaudos de admisibilidad, corresponde
hacer lugar a la queja y habilitar esta instancia con tales
alcances.
El art. 41 de la ley 23.551 dispone que "[p]ara
ejercer las funciones indicadas en el art. 40 se requiere: a)
estar afiliado a la respectiva asociación sindical con personería
gremial y ser elegido en comicios convocados por ésta
[...]". De su lado, el citado art. 40 contempla a la representación
ejercida por los "delegados del personal, las comisiones
internas y organismos similares, en los lugares de
trabajo o según el caso, en la sede de la empresa o del establecimiento
al que estén afectados".
3°) Que el desarrollo progresivo del que ha sido
objeto la regulación del derecho de asociación, ya previsto en
la Constitución Nacional de 1853-1860 (art. 14), puso de
manifiesto el doble orden de notas esenciales contenidas en
aquél, las cuales, en pareja medida, resultan decisivas para
esclarecer el sub lite. Por un lado, reveló las dos inescindibles
dimensiones que encerraba ese derecho: individual y
social. Por el otro, advirtió la especificidad de la asociación
en el campo de los sindicatos, dando lugar a la profundización
de la llamada libertad sindical. De todo ello, da
cuenta una sucesión ininterrumpida de numerosos instrumentos
internacionales que, desde 1994, tienen jerarquía constitu
cional (Constitución Nacional, art. 75.22, segundo párrafo).
Así, para abril de 1948, la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre previó que "[t]oda persona tiene
el derecho de asociarse [...] para promover, ejercer y proteger
sus intereses legítimos de orden [...] sindical" (art.
XXIII), al tiempo que, pocos meses después, la Declaración
Universal de Derechos Humanos sumó a la norma general de su
art. 20: libertad de "asociación" (pacífica) y prohibición de
pertenencia obligatoria a una asociación, la del art. 23.4:
"[t]oda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse
para la defensa de sus intereses". Siguieron a estos
antecedentes, los dos Pactos Internacionales de 1966. El relativo
a Derechos Civiles y Políticos, según el cual, "[t]oda
persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso
el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para
la protección de sus intereses" (art. 22.1); y el concerniente
a Derechos Económicos, Sociales y Culturales que, de manera
estrechamente vinculada con la temática sub discussio,
reconoció el derecho de toda persona "a fundar sindicatos y a
afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los
estatutos de la organización correspondiente, para promover y
proteger sus intereses económicos y sociales" (art. 8.1.a). La
Convención Americana sobre Derechos Humanos, a su hora (1969),
estableció que todas las personas "tienen derecho a asociarse
libremente con fines [...] laborales [...]" (art. 16.1). Por
cierto, se emplaza en medio de este decurso el art. 14 bis de
la Constitución Nacional, introducido en 1957, que prevé la
"organización sindical libre y democrática", sobre lo cual se
volverá infra.
Más aún, bajo variadas modalidades, los citados
instrumentos internacionales establecieron, al modo previsor
del art. 14 bis, marcados ámbitos de libertad sindical. De
esta suerte, el art. 8 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, enunció el "derecho de los
sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones
que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una
sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del
orden público, o para la protección de los derechos y
libertades ajenos" (inc. 1.c). Además de ello, su inciso 3 se
hizo eco, preceptivamente, de un hito mayúsculo del historial
antes reseñado, al disponer que "[n]ada de lo dispuesto en
este artículo autorizará a los Estados Partes en el Convenio
de la Organización Internacional del Trabajo de 1948 relativo
a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación
a adoptar medidas legislativas que menoscaben las
garantías previstas en dicho Convenio o a aplicar la ley en
forma que menoscabe dichas garantías". El Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos, de su lado, mediante el art.
22.2 y 3, se expresó en términos sustancialmente análogos a
los del antedicho art. 8.1, y compartió ad litteram el inciso
3 de éste. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en
su oportunidad, siguió puntualmente los mencionados arts. 8.1
y 22.2 (art. 16.2). Y todavía pueden sumarse a estos preceptos,
diversos enunciados del art. 8 del Protocolo Adicional a
la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San
Salvador, 1988), de jerarquía supralegal (Constitución Nacional,
art. 75.22, primer párrafo), como el "derecho de los
trabajadores a organizar sindicatos y a afiliarse al de su
elección, para la protección y promoción de sus intereses"
(art. 8.1.a), la prohibición de la pertenencia compulsiva a un
sindicato (art. 8.3), y la reiteración del art. 16.2 de la
Convención Americana (art. 8.2).
4°) Que, desde luego, todos los textos legales reA.
201. XL.
RECURSO DE HECHO
Asociación Trabajadores del Estado c/
Ministerio de Trabajo s/ Ley de Asociaciones
Sindicales.
cordados precedentemente, tributaron al desarrollo progresivo
de un designio que ya revistaba en el acto de creación de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), vale decir, la
Sección I de la Parte XIII del Tratado de Versalles, de 1919,
y contenido en el Preámbulo de su Constitución: el "reconocimiento
del principio de libertad sindical" como requisito
indispensable para "la paz y armonía universales", que encuentra
su correlato en la categórica proclama de la llamada
Declaración de Filadelfia, del 10 de mayo de 1944, por la cual
fueron reafirmados no sólo los principios fundamentales sobre
los cuales está basada la OIT, sino, "en especial", que la
"libertad [...] de asociación es esencial para el progreso
constante" (I, b). Argentina es miembro de la citada Organización
desde los orígenes de ésta: 1919.
Incluso, la Declaración de la OIT relativa a los
Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo, adoptada en
1998, después de memorar que, "al incorporarse libremente a la
OIT, todos los Miembros han aceptado los principios y derechos
enunciados en su Constitución y en la Declaración de
Filadelfia, y se han comprometido a esforzarse por lograr los
objetivos generales de la Organización en toda la medida de
sus posibilidades y atendiendo a sus condiciones específicas",
y afirmar que "esos principios y derechos han sido expresados
y desarrollados en forma de derechos y obligaciones
específicos en convenios que han sido reconocidos como fundamentales
dentro y fuera de la Organización", declaró que "todos
los Miembros, aun cuando no hayan ratificado los convenios
aludidos, tienen un compromiso que se deriva de su mera
pertenencia a la Organización de respetar, promover y hacer
realidad, de buena fe y de conformidad con la Constitución,
los principios relativos a los derechos fundamentales que son
objeto de esos convenios", inter alia, "la libertad de aso−
ciación y la libertad sindical" (1, a y b, y 2.a -el Anexo
prevé, además, un régimen de seguimiento de la DeclaraciónC).
5°) Que lo expuesto en el considerando que antecede,
muestra con elocuencia que la libertad de asociación sindical
remite muy particularmente al ya recordado Convenio N° 87, de
lo cual es ejemplo la sentencia de esta Corte recaída en el
caso Outón (Fallos: 267:215, 223 - 1967). Esto es así, por un
cúmulo de razones. El Convenio, además de haber sido
ratificado por la Argentina (en 1960) y estar claramente comprendido
en la citada Declaración de la OIT relativa a los
Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo, ha sido hecho
propio, de acuerdo con lo ya señalado, por dos tratados con
jerarquía constitucional.
A este respecto, resulta nítida la integración del
Convenio N° 87 al Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales por vía del citado art. 8.3, so riesgo
de vaciar a éste de contenido o de privarlo de todo efecto
útil, lo cual constituye un método poco recomendable de exégesis
normativa (Madorrán c. Administración Nacional de Aduanas,
Fallos: 330:1989, 2001/2002 - 2007). Análoga conclusión
surge del criterio del Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, al recomendar a los Estados, en repetidas
oportunidades, que adecuen su legislación al Convenio N° 87 (v.
Concluding Observations: Australia, 31-8-2000, E/C.12/1 Add.
50, párr. 29; Concluding Observations: Germany, 31-8-2001,
E/C.12/1/Add. 68, párr. 22, y Concluding Observations: Japan,
21-8-2001, E/C.12/1/Add. 67, párrs. 21 y 48, entre otras). Del
mismo modo corresponde discurrir en orden al ya transcripto
art. 22.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (v. Nowak, Manfred, Covenant on Civil and Political
Rights. CCPR Commentary, Kehl/Estrasburgo/ Arlington, N.P.
A. 201. XL.
Engel, 1993, p. 400). Y aun se debe agregar a estos dos
instrumentos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
a poco que se repare en la aplicación que ha hecho del
Convenio N° 87 la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Caso Huilca Tecse vs. Perú, fondo, reparaciones y costas,
sentencia del 3-3-2005, Serie C No. 121, párr. 74).
El Convenio N° 87, según sus considerandos, se inspira
en los principios y valores de la Constitución de la OIT
y de la Declaración de Filadelfia, supra indicados. Con ese
sustento, dispone que todo Miembro de la Organización para el
cual esté en vigor, "se obliga a poner en práctica" determinadas
"disposiciones" (art. 1), entre las que se destacan,
para el presente caso, que "los trabajadores [...], sin ninguna
distinción y sin autorización previa, tienen el derecho
de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así
como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola
condición de observar los estatutos de las mismas" (art. 2),
así como, que las "organizaciones de trabajadores [...] tienen
el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos,
el de elegir libremente sus representantes, el de
organizar su administración y sus actividades y el de formular
su programa de acción". Por otro lado, así como las
"autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención
que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio
legal" (art. 3.2), la "legislación nacional no menoscabará ni
será aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas
por el presente Convenio" (art. 8.2). Todo Miembro, añade,
también "se obliga a adoptar todas las medidas necesarias y
apropiadas para garantizar a los trabajadores [...] el libre
ejercicio del derecho de sindicación" (art. 11). El término
"organización", aclara el art. 10, significa "toda organización
de trabajadores que tenga por objeto fomentar y defender
los intereses de los trabajadores [...]".
6°) Que todo el corpus iuris de los derechos humanos
pone de resalto el contenido del derecho de asociación
sindical y las dos inseparables dimensiones de éste: individual
y social. Según lo juzgó la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, los términos del art. 16.1 de la Convención
Americana establecen "literalmente" que "quienes están bajo la
protección de la Convención tienen no sólo el derecho y la
libertad de asociarse libremente con otras personas, sin intervención
de las autoridades públicas que limiten o entorpezcan
el ejercicio del respectivo derecho, lo que representa,
por lo tanto, un derecho de cada individuo", sino que,
"además, gozan del derecho y la libertad de buscar la realización
común de un fin lícito, sin presiones o intromisiones
que puedan alterar o desnaturalizar su finalidad" (Caso Huilca
Tecse vs. Perú, cit., párr. 69 y su cita). La libertad de
asociación en "materia laboral", por ende, así como en su
dimensión individual "no se agota con el reconocimiento teórico
del derecho a formar sindicatos, sino que comprende además,
inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio
apropiado para ejercer esa libertad", en su dimensión social
resulta "un medio que permite a los integrantes de un grupo o
colectividad laboral alcanzar determinados fines en conjunto y
beneficiarse de los mismos" (ídem, párrs. 70/71). Y esta
libertad, como también lo ha entendido el tribunal interamericano,
radica "básicamente", en la facultad tanto de constituir
organizaciones sindicales, cuanto de "poner en marcha su
estructura interna, actividades y programa de acción, sin
intervención de las autoridades públicas que limite o entorpezca
el ejercicio del respectivo derecho" (Caso Baena Ricardo
y otros vs. Panamá, fondo, reparaciones y costas, sentencia
del 2-2-2001, Serie C No. 72, párr. 156). En todo caso, son
dos dimensiones que "deben ser garantizadas simultáneamente",
puesto que "[l]a libertad para asociarse y la persecución de
ciertos fines colectivos son indivisibles, de modo que una
restricción de las posibilidades de asociarse representa
directamente, y en la misma medida, un límite al derecho de la
colectividad de alcanzar los fines que se proponga" (Huilca
Tecse vs. Perú, cit., párrs. 70 y 72).
Llegan a análogas conclusiones todos los restantes
instrumentos internacionales precisados en el considerando 3°,
sobre todo los dos Pactos de 1966, y muy especialmente el que
regula los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Otro
tanto se sigue del Convenio N° 87.
Con todo, la sustancia de los principios a los que
debe responder la reglamentación del derecho de asociación
sindical, están contenidos con igual vigor en el art. 14 bis
de la Constitución Nacional.
7°) Que, en efecto, el art. 14 bis resultó no sólo un
temprano continuador de los documentos internacionales que lo
precedieron, al dar cabida a los impulsos del constitucionalismo
social desplegados, a escala universal, en la primera
mitad del siglo XX ("Aquino" Fallos: 327:3753, 3770, 3788 y
3797 - 2004). También se erigió, con no menor significación,
como norma anticipatoria de los que le seguirían. Así, puso
una precisa y definitoria impronta: "organización sindical
libre y democrática". La libertad, en el plano individual,
enunciada a fin de que el trabajador sin ataduras disponga
afiliarse, desafiliarse o no afiliarse y, de ser lo primero,
en la organización que escoja. En breve, la "afiliación libre
y consciente", que no puede verse herida con "supuestas razones
de interés sindical y bien común" (Outón, cit., p. 223). Y
la libertad para los sindicatos, con el propósito de que
puedan ser fundados y realizar sus actividades sin obstáculos
o limitaciones del Estado, que reduzcan injustificadamente las
funciones que les son propias: la promoción, ejercicio,
defensa, fomento y protección de los intereses legítimos de
orden sindical. "Nosotros Cobservó el convencional constituyente
Becerra, en 1957C no hemos calificado la forma del sindicalismo,
y no lo podemos calificar porque somos respetuosos
del derecho de asociación y del derecho de los obreros. Deseamos
que los obreros agremiados libremente se den la forma
sindical que mejor les parezca y que mejor crean que atiende a
sus propios intereses" (Diario de Sesiones de la Convención
Nacional Constituyente Año 1957, Congreso de la Nación, Buenos
Aires, 1958, t. II, p. 1356; v. asimismo, entre otras, las
intervenciones de los convencionales Jaureguiberry y Peña,
ídem, ps. 1222 y 1257, respectivamente). El reconocimiento de
un sindicato "por la simple inscripción en un registro
especial", como también lo dispone el art. 14 bis, resulta un
elemento reforzador de esta última finalidad (v., asimismo, la
exposición del convencional Prat, Diario de Sesiones, cit., t.
II, p. 1401).
La democracia, a su turno, fue reconocida como
prenda de convivencia, de apertura franca y amplia hacia el
pluralismo y la participación, tanto para la persona que libremente
se incorpora a una organización, cuanto para las
relaciones entre todas y cada una de éstas en el concierto de
los sindicatos que, no menos libremente, los trabajadores
deseen formar. La democracia gremial es un "signo" expresamente
consagrado por el art. 14 bis (Albornoz c. Nación Argentina,
Fallos: 306:2060, 2064 - 1984; Sindicato de Empleados
de Comercio Capital Federal, Fallos: 310:1707 - 1987).
El precepto constitucional, en consecuencia, manda
que el régimen jurídico que se establezca en la materia, antes
que impedir o entorpecer, debe dejar en libertad las mentadas
actividades y fuerzas asociativas, en aras de que puedan
desarrollarse en plenitud, vale decir, sin mengua de la
participación, y del eventual pluralismo de sindicatos, que el
propio universo laboral quiera darse. Los términos "libre y
democrática" que mienta el art. 14 bis, no por su especificidad
y autonomía, dejan de ser recíprocamente complementarios.
8°) Que este orden conceptual se corresponde con la
interpretación del Convenio N° 87 y la labor de dos órganos de
control internacional de la OIT. Por un lado, el Comité de
Libertad Sindical Ccreado por el Consejo de Administración de
la OIT en su 1170 reunión de noviembre de 1951C, destinado al
examen de las alegaciones relativas a la violación de la libertad
sindical (Compendio normativo aplicable al Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, adoptado
por el Consejo en su 2920 reunión, marzo de 2005, anexos
I y II). Por el otro, la Comisión de Expertos en Aplicación de
Convenios y Recomendaciones de la OIT Cinstituido por resolución
adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo
en su octava reunión (1926)C, que ejerce el control regular de
la observancia por los Estados Miembros de las obligaciones
derivadas de los convenios que han ratificado (Manual sobre
procedimientos en materia de convenios y recomendaciones
internacionales del trabajo, Sección VI). De estas fuentes,
por lo demás, hizo mérito la Corte Interamericana de Derechos
Humanos tanto en Huilca Tecse (cit., párr. 75) cuanto en Baena
(cit., párrs. 157, 164 y 165). Y tampoco ha faltado la
oportunidad para que el Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales exhortara a un Estado a que revise su
legislación laboral con vistas a adaptarla a las observaciones
de la Comisión de Expertos relativas al Convenio N° 87 (vgr.:
Concluding Observations: Malta, 26-11-2004, E/C.12/1/ Add.
101, párr. 35, y Concluding Observations: Poland, 29-11- 2002,
E/C/C.12./1/Add. 82, párr. 44).
De consiguiente, es de importancia puntualizar los
criterios elaborados por dichos órganos, en particular, los
concernientes a los llamados por éstos "sindicatos más representativos",
condición que, en el ordenamiento nacional, es
reconocida por la autoridad del trabajo mediante el otorgamiento
de la personería gremial (ley 23.551, art. 25). Al
efecto, en fecha reciente, la Comisión de Expertos ha "recordado"
al Estado argentino, "que la mayor representatividad no
debería implicar para el sindicato que la obtiene, privilegios
que excedan de una prioridad en materia de representación en
las negociaciones colectivas, en la consulta por las
autoridades y en la designación de los delegados ante los
organismos internacionales" (Observación individual sobre el
Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación, 1948 (núm. 87), Argentina (ratificación:
1960), 2008). El recordatorio, cabe acotar, alude a anteriores
observaciones de la Comisión de análogo contenido que la
antedicha (v. Observación individual sobre el Convenio núm.
87, Libertad sindical y la protección del derecho de sindicación,
1948, Argentina (ratificación: 1960), 1999, punto 2, que
reitera, vgr., las observaciones de 1998 y 1989).
Con ello, ciertamente, la Comisión no hacía más que
persistir, a la letra, en los límites que ya había enunciado,
con alcances generales, respecto de las legislaciones que,
"preocupadas por encontrar un justo equilibrio entre la imposición
de la unidad sindical y la fragmentación de las organizaciones,
consagran la noción de sindicatos más representativos
y suelen conceder a éstos derechos y ventajas de alcance
diverso" (Libertad sindical y negociación colectiva, Informe
de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones, Conferencia Internacional del Trabajo, 81°
reunión, 1994, Informe III, Parte 4B, párr. 97).
Más todavía, ya en 1989, al formular sus observaciones
sobre la ley 23.551, la Comisión de Expertos advirtió
que no parecía estar en conformidad con el Convenio N° 87 la
disposición de aquélla, conforme a la cual, "las funciones de
representante de los trabajadores en la empresa sólo pueden
ser ejercidas por los miembros de [las] organizaciones que
poseen la personería gremial", al paso que recordó: "cuando
[...] el legislador confiere a los sindicatos reconocidos, que
de hecho son los más representativos, ciertos privilegios
relativos a la defensa de los intereses profesionales [...],
la concesión de tales privilegios no debe estar subordinada a
condiciones de tal naturaleza que influyese indebidamente en
la elección por los trabajadores de la organización a la que
desean afiliarse" (Observación individual sobre el Convenio
núm. 87, Libertad sindical y la protección del derecho de
sindicación, 1948, Argentina (ratificación: 1960), 1989).
Estos criterios de la mentada Comisión resultan,
indudablemente, del todo concordes con los del Comité de Libertad
Sindical: si bien a la luz de la discusión del proyecto
de Convenio n° 87 y de la Constitución de la OIT (art. 5.3),
"el simple hecho de que la legislación de un país establezca
una distinción entre las organizaciones sindicales más
representativas y las demás organizaciones sindicales no debería
ser en sí criticable", es "necesario" que la distinción
no tenga como consecuencia "conceder a las organizaciones más
representativas [...] privilegios que excedan de una prioridad
en materia de representación en las negociaciones colectivas,
consultas con los gobiernos, o incluso en materia de
designación de los delegados ante organismos internacionales".
En otras palabras, la distinción no debería "privar a las
organizaciones sindicales, que no hayan sido reconocidas como
las más representativas, de los medios esenciales para
defender los intereses profesionales de sus miembros, ni del
derecho de organizar su gestión y su actividad y de formular
su programa de acción, previsto por el Convenio núm. 87" (Libertad
sindical: Recopilación de decisiones y principios del
Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de
la OIT, Ginebra, OIT, 40. ed. revisada, 1996, párr. 309).
No huelga expresar que esta repercusión negativa
también se proyecta, con pareja intensidad, en el plano individual,
por cuanto las funciones limitadas que la legislación
reconoce a determinadas categorías de sindicatos, podrían
tener por efecto indirecto restringir la libertad de los trabajadores
para adherirse a organizaciones de su elección. Así
lo sostuvo el Comité de Libertad Sindical, por las siguientes
razones: "de manera general, la posibilidad para un gobierno
de conceder una ventaja a una organización determinada, o de
retirársela para beneficiar a otra, entraña el riesgo, aunque
no sea esa su intención, de acabar por favorecer o desfavorecer
a un sindicato frente a otros, cometiendo un acto de discriminación.
Es más, favoreciendo o desfavoreciendo a determinada
organización frente a otras, los gobiernos pueden influir
en la decisión de los trabajadores cuando elijan una
organización para afiliarse, ya que es indudable que estos
últimos se sentirán inclinados a afiliarse al sindicato más
apto para servirlos, mientras que por motivos de orden profesional,
confesional, político u otro, sus preferencias los
hubieran llevado a afiliarse a otra organización. Ahora bien,
la libertad de los interesados en la materia constituye un
derecho expresamente consagrado por el Convenio núm. 87" (Libertad
sindical: Recopilación..., cit., párr. 303).
En resumida cuenta, hay una "diferencia fundamental"
entre el monopolio sindical "instituido o mantenido por la
ley" directa o indirectamente, y el que "voluntaria y libremente"
quieran establecer los trabajadores. El primero,
cuando trasciende los límites señalados en este considerando,
"está en contradicción con las normas expresas del Convenio N°
87", el cual, aun cuando "manifiestamente no apunta a imponer
el pluralismo sindical", sí exige que éste "[sea] posible en
todos los casos" (confr. Libertad sindical y negociación
colectiva, cit., párr. 91).
9°) Que se sigue de cuanto ha sido expresado, que el
art. 41, inc. a de la ley 23.551 viola el derecho a la
libertad de asociación sindical amparado tanto por el art. 14
bis de la Constitución Nacional como por las normas de raigambre
internacional de las que se ha hecho mérito, en la
medida en que exige que los "delegados del personal" y los
integrantes de "las comisiones internas y organismos similares"
previstos en su art. 40, deban estar afiliados "a la
respectiva asociación sindical con personería gremial y ser
elegidos en comicios convocados por ésta".
La limitación mortifica dicha libertad, de manera
tan patente como injustificada, en sus dos vertientes. En
primer lugar, la libertad de los trabajadores individualmente
considerados que deseen postularse como candidatos, pues los
constriñe, siquiera indirectamente, a adherirse a la asociación
sindical con personería gremial, no obstante la existencia,
en el ámbito, de otra simplemente inscripta. En segundo
término, la libertad de estas últimas, al impedirles el despliegue
de su actividad en uno de los aspectos y finalidades
más elementales para el que fueron creadas. En tal sentido,
para ambos órdenes, corresponde reiterar que el monopolio
cuestionado en la presente causa atañe nada menos que a la
elección de los delegados del personal, esto es, de los representantes
que guardan con los intereses de sus representados,
los trabajadores, el vínculo más estrecho y directo,
puesto que ejercerán su representación en los lugares de labor,
o en la sede de la empresa o del establecimiento al que
estén afectados. La restricción excede, y con holgura, el
acotado marco que podría justificar la dispensa de una facultad
exclusiva a los gremios más representativos, del que ya se
ha hecho referencia.
Por lo demás, no se ha invocado, ni esta Corte lo
advierte, la existencia de razón alguna que haga que la limitación
impugnada resulte necesaria en una sociedad democrática
en interés de la seguridad nacional o del orden público, o
para la protección de los derechos y libertades ajenos. Antes
bien, parece marchar en sentido opuesto a dichos intereses y,
principalmente, a las necesidades de una sociedad del tipo
indicado, la cual, si algo exige, es que el modelo que adoptó
permee los vínculos asociativos, sobre todo aquellos que, como
los sindicales, están llamados a coadyuvar, de manera notoria,
en la promoción del "bienestar general".
10) Que, en consecuencia, corresponde revocar la
sentencia apelada en cuanto desconoció el derecho de ATE a
intervenir en la celebración de los comicios de delegados del
personal en el ámbito del Estado Mayor General del Ejército y
el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con base en
que, pese a comprender dicho ámbito de actividad, no gozaba en
éste de personería gremial.
Por ello, habiendo dictaminado la señora Procuradora
Fiscal, se hace lugar parcialmente a la queja y al recurso
extraordinario interpuestos, y se revoca la sentencia apelada
con el alcance indicado, con costas (art. 68 del Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación), de manera que la causa
A. 201. XL.
RECURSO DE HECHO
Asociación Trabajadores del Estado c/
Ministerio de Trabajo s/ Ley de Asociaciones
Sindicales.

deberá ser devuelta a fin de que, por quien corresponda, sea
dictado un nuevo pronunciamiento con arreglo al presente.
Hágase saber, acumúlese la queja al principal y, oportunamente,
remítase. RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON de
NOLASCO - CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JUAN
CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI.
ES COPIA
Recurso de hecho interpuesto por Horacio David Meguira y Matías Cremonte, letrados
apoderados de la actora (ATE)
Tribunal de origen: Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

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Argentina, Córdoba: Ocho años de prisión para el abusador de Elizabeth "Eli" Díaz

Katy García (PRENSARED)

Tras una tensa espera, Arturo Benavídez, acusado de abusar sistemáticamente de "Eli" durante diez años, fue condenado en fallo unánime de los jueces Jorge Luis Fantín, Lorenzo Víctor Rodríguez, Mario Capdevila y los jurados populares Mónica Guerrero y Omar Arguello. Los fundamentos se conocerán el 25 de noviembre, a las 12.

Con más tres horas de retraso, fue leído el fallo que condenó al comerciante de la localidad de San Javier,Arturo Benavídez (57 años) a cumplir ocho años de prisión. Hasta que la condena quede firme, el preso permanecerá enla cárcel de Bower. El caso, puso sobre el tapete la problemática del abuso a niños y niñas y concitó la atención de medios alternativos y masivos, nacionales y provinciales.

Apenas"20 civiles", en su mayoría mujeres,fueron autorizadas a ingresar a la sala de audiencias de la Cámara Primera del Crimen. Sorprendió la cantidad de policías que custodiaban el recinto y el edificio de Tribunales II, y el celo puesto de manifiesto por la policía femenina en "descubrir" a quienes no fueran periodistas y pudieran ingresar a la sala.Pasadas las 14,se leyó la sentencia tras una larga espera ya que la sesión estaba anunciada a media mañana.

Los integrantes del jurado decidieron declarar porunanimidad aArturo José Luis Benavídez"autor materialy penalmente responsable de los de delitos de abuso deshonesto continuado, abuso sexual con acceso carnaly autor del delito de lesiones leves todo en concurso real, e imponerle la pena de 8 años de prisión, accesorias y costas".

Terminada la lectura, los vecinos y familiares presentes en la sala expresaron con tímidos aplausos su aprobación a lo decidido por los jurados.No fue igual la reacción de los abogados y de otros grupos de mujeres que opinaron que la pena no guarda relación con el delito.

En tal sentido,Felipe Celli, abogado querellante en la causa, quien había solicitado la pena de 20 años de prisión, argumentó que lo hizo por una cuestión jurídica. "La forma de aplicar una pena menor es decir que hubo delito continuado, en vez de concurso material de delitos. Eso significa una cantidad innumerable de hechos que no pudieron cuantificarse; que fueron muchos y estaban probados", afirmó.

Destacó además lasrazones del daño y la relación asimétrica entre victimario y víctima. "Una total desproporción: un poderoso frente a una víctima absolutamente indefensa, abusada desde los 9 años de edad en un daño inconmensurable", agregó. Luego analizó que "nos guste o no", en algún momento saldrá en libertad, pero esa es la ley. En coincidencia con lo anterior,se expresó la letrada Leticia Celli,"Creemos que esto demuestra que hay dos justicias: una para pobres y otra para ricos", opinó.

El abogado defensor del acusado, Carlos Hairabedián, manifestó que luego de conocer los fundamentos de la causa y analizar "porqué el jurado le dio credibilidad a la víctima"decidirá si presentará un "recurso de casación", según lo establece la ley procesal penal de Córdoba, en los 15 días subsiguientes.

Criticó la actitud de reprobación al fallo manifestada por algunos de los presentes. "La gente buscaba una pena desproporcionada, una pena absurda", sostuvo.Benavídez seguirá detenido en la cárcel de Bouwer hasta que la condena quede firme.

Elizabeth "Eli" Díaz estuvo presente en la sala acompañada de familiares y militantes sociales. Tímida y de bajo perfil, no habló con la prensa en el lugar. Según personas allegadas estaba tranquila y conforme por haber tomado la decisión de testimoniar en el juicio.

Como se recordará, Eli fue absuelta en un juicio por haber dado muerte albebé que parió en la casa de su patrón y abusador.

Durante unas cuatro horas, permanecieron a la intemperie y bajo una tenue llovizna militantes y activistas de organizaciones políticas y sociales haciendo el aguante a la víctima.

Mujeres organizadas opinan

"Este dolor que ella padeció no se compara con los años que se le dio al abusador. Pero es interesante que haya sido condenado y reconocido todos los cargos. Tenemos que concientizarnos de que hay muchos violadores sueltos que deben ser condenados" (Estela Paredes, de Comisión de Apoyo a Eli).

"En primer lugar, ocho años para un violador es poco. Lo que demuestra que hay justicia para los ricos. Pero también hay que decir la verdad: la movilización de los familiares, vecinos y organizaciones de mujeres han puesto lo suyo para que este tipo sea condenado. Porque es un empresario que sabemos bien, actúa como señor feudal. Espero queesto sirva como elemento para juzgar a otros violadores como los de San Pedro ySarmiento" (Liliana Olivero, legisladora provincial).

"Si bien esperábamos más, creo que en las condiciones en que vinimos y nos enfrentamos al dinero y al poder fue para nosotras un triunfo" (Gloria González, directora de la escuela primaria de San Javier).

"No es lo que esperábamos, pero es una condena. Él estuvo dos años preso, y en dos más estará afuera. Mientras que ella fue sometida a 10 años de tortura. Si siguen avalando estas condenas simbólicas, irrisorias y es lo que fomenta la violencia contra las mujeres"(Doris, Partido Obrero).

"Creo que es una burla para todas nosotras que venimos descubriendo violadores de niñas y niños. No esperábamos otra cosa. La justicia no es para los pobres ni mucho menos para las mujeres. El colegio de abogados, tendría que haber estado presente y no dejar que nos manoseen como si nosotras fuéramos las delincuentes, mientras el abusador estaba sentado allí... Pero, no podemos dejar de ver que fue un logro para todas las mujeres que luchamos y hemos llegado a esta instancia. Que los violadores sepan que allí donde se vayan los iremos a buscar" (Chela, Movimiento de mujeres).

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