José Antonio Vera (especial para ARGENPRESS.info)
La prueba de los cien primeros días ha llegado, los ansiosos y cortoplacistas lamentan haberle votado y mucha gente ve languidecer sus esperanzas pero el primer anillo persiste en exhibir un relativo conformismo.
Fernando Lugo llegará este sábado 15 a los primeros tres meses de Gobierno, envuelto en resbaladizas indecisiones que han comenzado a debilitar las esperanzas populares de cambio y de combate a las desigualdades sociales, depositadas por un pueblo que nunca las había manifestado con tal fuerza de adhesión a otro candidato en las últimas seis o siete décadas.
Hay un nexo notorio entre los primeros pasos del Gobierno con la improvisación, confusión y malestar de algunos miembros del gabinete frente a las críticas que nacen en sus propias filas, dos desencuentros que no se agravan más porque los enemigos políticos no consiguen reponerse de la derrota electoral y se atomizan cada día más.
El empresariado, en particular el ganadero y el agroexportador, encabeza las diatribas contra Lugo, abrazado a la prensa comercial y a políticos estronistas..
Otro elemento perturbador es el engañoso papel que está jugando el Vicepresidente Federico Franco, del Partido Liberal, principal fuerza electoral de la gobernante Alianza Patriótica para el Cambio (APC), quien al mes de asumir Lugo ya presentó en público su candidatura para las presidenciales del 2013, revelando una pueril y desmedida ambición, que algunos interpretaron como un mensaje a sus divididos correligionarios-adversarios. No sólo a ellos, al decir “por el momento… soy el número dos”.
En las últimas horas, Franco se ha visto obligado a desmentir a José Ledesma, el Gobernador del Departamento de San Pedro, el más agitado del país por los reclamos de la siempre esquiva e indefinida reforma agraria, quien lo acusó de haber mantenido reuniones recientes con el exGeneral Lino Oviedo, de reciente reaparición con insultos a Lugo, y con el procaz y muy influyente Senador colorado Juan Carlos Galaverna.
Semanas atrás, Oviedo, en los últimos doce años desestabilizador de dos gobiernos, por lo cual ha estado preso, fue denunciado por un alto jefe militar de reunir, en forma conspirativa en su casa, al ex mandatario Nicanor Duarte, a los actuales presidentes del Senado Gonzalo Quintana y del Tribunal Electoral Juan Morales, un alto jerarca castrense y otros personajes de Estado, todos enemigos de Lugo.
Para la tribuna y evitando el escándalo, Lugo sonríe, minimiza los efectos, pide a Franco que pruebe que tiene sus teléfonos pinchados, como denunció, y la dice que la confianza se construye de a poco, aspiración que cada día se aleja más con relación a su Vice, quien se comporta como niño despechado, al declarar que nada “puede hacer porque el Presidente prefiere a Filizzola”, el actual Ministro del Interior.
La influyente Conferencia Episcopal, muy impugnada últimamente y que acaba de elegir autoridades con clara inclinación conservadora, reclama a Lugo medidas concretas, “como una reforma agraria”, sin comprometerse más allá de esa actitud.
Sin brújula y viejos métodos
Es innegable que, si algún día existió, la brújula del equipo de gobierno se extravió, lo que vuelve urgente la aparición de un barógrafo, que sea capaz de medir el peso de la desorientación de dirigentes y ciudadanía, que lo registre seriamente y lo comunique al pueblo, abriendo una consulta masiva y estimulando la participación que se ofreció y reclamó durante la campaña electoral, pero que la cúspide está olvidando.
Prueba grosera de los errores del novel gobierno es la persistencia en los métodos de represión policial, con un campesino muerto y decenas de heridos en menos de un mes, agravado por la rectificación de Lugo en algunas de sus posturas de apoyo a los sectores más marginados, olvidando sus propias palabras, cuando decía que “cambió la expectativa de la gente al tomar confianza en el cambio, y de que es posible transformar este país para mejor”. Entre los humildes se siguen registrando las víctimas del Estado.
Otra frustración para quienes han apostado por el cambio lo está generando la actitud de ciertos militantes con años de luchas en las calles, convertidos ahora en miembros del Gobierno, que defienden la represión y la protección de la propiedad privada, y hasta pretenden convencer a las organizaciones campesinas y a los sindicatos obreros y de docentes, de la necesidad de defender las instituciones y la Constitución Nacional, ignorando la legitimidad de la impugnación popular de esa vetusta superestructura, que mantiene intocable a la Policía y al Ejército, con negros antecedentes ambos.
Hace año y medio, Lugo afirmaba que “la Corte Suprema de Justicia es una vergüenza, sometida a intereses políticos y económicos perversos”. Y añadía: hay que preguntarles si hay justicia en el país a las víctimas del Ycuá Bolaños, el supermercado incendiado el uno de agosto del 2004, con 400 muertos y cerca de 300 huérfanos y lisiados, porque los propietarios, hasta ahora sin condena, ordenaron bloquear las puertas para que no se robara mercaderías, que para ellos valían más que los seres humanos.
Sin embargo, cuando miles de luchadores de los movimientos sociales se concentraron días atrás frente a la Fiscalía General, reclamando el reemplazo del titular Candia Amarilla y de cinco Ministros de la Suprema, lo que recibieron fue una feroz represión con balines, garrotes y patadas a numerosos niños, mujeres y ancianos, derribados al suelo por un inesperado malón uniformado, como hacía años no se veía en Asunción.
La desproporción del ataque fue tal que hay sospechas de que la acción pudo ser provocada por personajes del propio Poder Judicial, para desprestigiar al Gobierno por su manifiesta incapacidad para reducir la violencia callejera.
Ganar elecciones no es igual que gobernar
Ante el claroscuro de la acción del Gobierno de Lugo, es bueno recordar que el triunfo electoral del 20 de abril, resultó de una suma de factores, entre los que destacó la conformación de la APC, acuerdo heterogéneo y electoralista, que se benefició del hartazgo mayoritario ante la corrupción estatal y privada, de la cual no estuvo ausente parte de la membresía de la actual administración, que vio una ocasión de blanqueo.
En ese triunfo, también jugó rentablemente la novedosa adhesión crítica de los movimientos sociales y de algunas organizaciones políticas pequeñas, cuyo voto consciente marcó una diferencia substancial con la manada obediente que, desde los años cincuenta, manipulaban a su antojo los colorados.
La idea de que era posible revertir algo la situación del deterioro nacional, comenzó a germinar el 29 de marzo del 2006, bajo la consigna “Dictadura nunca más”, cuando 40 mil personas, en pleno centro de Asunción, auparon al entonces Obispo para que encabezara un movimiento político abierto, democrático, abarcante, que sacara al pueblo del prolongado letargo y convocara participación masiva.
Justo un año después, con el eslogan “Unidos para el cambio”, nació la gran esperanza que, en un año y casi ocho meses más, hizo posible la derrota del Partido Colorado y su desalojo del Gobierno el 15 de agosto, que ocupaba desde 1947 en forma corrupta, prebendaria, desprolija, habiendo convertido el Estado en una factoría propiedad de unas cien familias que amontonaron inmensas fortunas malhabidas, que están gozando con total impunidad titulares y herederos.
De la mano de los Generales Nicolás Morínigo, 1947/51 y de Alfredo Strossner 1954/89, bajo el pretexto de combatir el comunismo y defender la democracia y la libertad, miles de paraguayos fueron presos, torturados, asesinados y la generación más instruida sometida o exiliada, en aplicación del Consenso de Washington y la hipócrita estrategia de la Seguridad Nacional, corolario del transnacional Plan Cóndor de exterminación de opositores en toda Sudamérica durante la década y media de tiranías militares.
En febrero de 1989, había comenzado la llamada transición a la democracia que, a poco de andar, se tradujo en una simple transacción, típico gatopardismo.
Lo positivo fue que permitió desplazar al tirano Strossner y decantó a la oposición, cuya pobreza ideológica arrojó numerosos militantes en brazos del corrupto aparataje estatal y dio nacimiento a un tejido de organizaciones no gubernamentales que, salvo excepciones, constituyen otra de las grandes frustraciones de este pueblo.
Al asumir la banda presidencial, Lugo declaró terminada la transición hacia la democracia pero, examinando un poco la realidad de estos tres primeros meses de su administración, esas palabras apenas tienen valor de anhelo, dado que los mayores males que aquejan al país permanecen sin modificación, y sus causas sólo reciben amenazas verbales, tan débiles que para nada inquietan a los principales responsables.
La medida más justa de este Gobierno y de amplia aprobación popular, ha sido el decreto de asistencia gratuita en todos los centros de salud del país, aunque ello es impracticable en un cien por ciento porque los hospitales están sin presupuesto y vaciados de medicamentos, instrumental y vehículos. La medida vale, pero es su soledad, en lo que debiera ser un paquete gubernamental, lo que más la destaca.
Hay voluntad y buenas intenciones, pero…
Voceros de algunos ministerios y secretarías, difunden enunciados encomiables, pero en la práctica es muy poco lo que se traduce para aliviar a más de un millón de paraguayos que sufren hambre, sin que aparezca un mínimo plan alimenticio, como tampoco surge alguna luz en el oscuro camino al acceso a la tierra de los labriegos expulsados por el latifundio y la falta de políticas de desarrollo rural, que se arrastra desde hace 130 años. Cada año ingresan al mercado laboral 300 mil jóvenes, pero no hay trabajo para nadie.
En los últimos 19 años, la población rural bajó de 60 a 40 por ciento, con relación a los seis millones de habitantes del país, que tiene cerca de un millón de emigrantes. En ese mismo período, la soja, mayor parte transgénica, se desarrolló con fuerza y este año ocupa tres millones de hectáreas, haciendo del país el cuarto exportador mundial.
Los beneficiados, casi sin gravamen fiscal, conforman una ensalada de productores y de personajes de dudosa reputación, vinculados al tráfico de drogas, vehículos y personas, entre quienes destaca Tranquilino Favero, quien explota entre 45 a 55 mil hectáreas, distribuidas en 13 de los 17 departamentos del país. Es un misterio el origen de su fortuna como su título de propiedad y real extensión. El país carece de catastro.
Favero, vinculado al estronismo, al igual que muchos de sus colegas, encuentra mano de obra barata entre los 500 mil brasiguayos residentes en la frontera del Paraná, muchos emigrantes ilegales, que representan el 10 por ciento de la población de Paraguay.
Los niveles de violencia de todo tipo van en aumento, y hasta es dable presumir que hay una estrategia deliberada de intensificación para provocar malestar y temor entre la gente, en leve guerrita sicológica para obstaculizar los esfuerzos de gobernabilidad de un Ejecutivo que, hasta ahora, aparenta carecer de ideas para combatir la drogadicción e impulsar la creación de puestos de trabajo de utilidad social y de inserción en cursos de capacitación profesional. Una parte de los miles de desocupados podría tener alivio.
Las cárceles, depósitos de marginados, muchos con sida y tuberculosis, tienen capacidad para cientos, pero amontonan miles de presos, el 80 por ciento sin condena, están convertidas en fuente de delitos extramuros, porque muchos jefes de bandas dirigen desde adentro sus acciones. Con celulares chantajean con secuestros a sus víctimas, de las que tienen pormenorizados datos personales y de su familia, o encomiendan a sus socios que asalten personas, vehículos y domicilios.
Frente a ello, el nuevo gobierno está ausente y, al igual que los anteriores, carece de planes para intentar recuperar a esa población.
Días atrás le comunicaron a un preso que podía irse y se le vio traspasar el portón de la cárcel sólo con roídas sandalias y una camisa y un pantalón, sin idea dónde ir ni qué hacer, pues ni siquiera se le facilitó estudiar o aprender algún oficio, mientras se consumía la mitad de su juventud. Entró por robar un poco de ropa y lo condenaron a cuatro años, pero pasó 11 de más, olvidado por abogados, carceleros, fiscales y jueces.
Foto: Fernando Lugo, presidente de Paraguay. / Autor: Ubaldo González - XINHUA.
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jueves, 13 de noviembre de 2008
Paraguay necesita un barógrafo
El Presidente Colombiano Álvaro Uribe Vélez, loquea entre su furiosa adhesión a Bush, y la política que anuncia Barack Obama
Apolinar Díaz – Callejas (especial para ARGENPRESS.info)
El Presidente Álvaro Uribe Vélez de Colombia ha sido el más abyecto ejecutor de las políticas del Presidente Bush de Estados Unidos, quien es señalado en todo el mundo como el gobernante norteamericano más inepto, guerrerista y retardatario de la historia de ese país.
Esta circunstancia empujó las políticas guerreristas y represivas de Uribe Vélez en Colombia, señalado como un Presidente agresivo, violento, enemigo feroz del movimiento sindical y de las organizaciones colombianas de campesinos e indígenas. A todo ello se agrega la desnacionalización por Uribe Vélez de la economía colombiana y su apertura para que pase a manos de capitales extranjeros o privados nacionales, con una política de privatización de nuestra economía, que arrasa con más de 200 años de lucha colombiana por un desarrollo nacional propio. Uribe Vélez, además, liquidó y acabó de matar la reforma agraria.
En estas circunstancias, la política, que esperamos del Presidente de Estados Unidos, Barack Obama, junto con las exigencias del Partido Demócrata que demandó a Uribe Vélez poner fin a los asesinatos de líderes obreros, campesinos e indígenas, introducirá grandes cambios políticos sociales del gobierno norteamericano en Colombia.
¡Una información de última hora! En estos momentos recibo la información auténtica de que un Fiscal antiterrorista solicitó a las universidades públicas y a 2 privadas (Universidades Autónoma y Libre de Colombia), las bases de datos de estudiantes y profesores desde el año de 1992 hasta la fecha, es decir, desde hace 16 años. A su vez, el Presidente Uribe acaba de pedir en México a los colombianos y mexicanos que delaten a sus compatriotas colombianos "vinculados" a actividades ilícitas. Los Rectores de las universidades afectadas con este acto macartista, protestaron. También se pronunciaron en contra la medida el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo. Los demócratas colombianos pensaron en un principio que podía ser un abuso, a la vez que ignorancia del Fiscal, pero la medida fue respaldada por el Vice- Fiscal General de la Nación. Esto evidencia que el régimen está transitando descaradamente por los senderos de la dictadura. El régimen represivo de Uribe Vélez no se da por vencido.
El escándalo político y universitario en Colombia por todo esto es vigoroso y de fuerte protesta.
Al mismo tiempo, hoy ha circulado en Bogotá una carta del 8 de este mes enviada por la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca al nuevo Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en la que dice que: " Le escribimos este mensaje con la convicción de que su elección expresa los profundos deseos de cambio de la mayoría del pueblo estadounidense, cambio en el manejo de la economía, en las relaciones sociales y en las relaciones internacionales y desde luego en la relación entre los Estados unidos de América y los pueblos indígenas. Lo felicitamos por haber sido elegido por y para tan noble aspiración de su pueblo".
Agrega la carta de la Asociación de Indígenas del Norte del Cauca: "Desafortunadamente los gobiernos de Estados unidos con el Plan Colombia y el apoyo a la que el actual gobierno colombiano llama "seguridad democrática", han contribuido mucho a nuestra situación. Grandes empresas transnacionales, se han beneficiado con contratos petroleros o de gas, concesiones mineras, privatizaciones y bajos salarios y apuntan a la explotación de la biodiversidad de nuestros territorios".
Agregan los indígenas colombianos, además:
"Creemos que el espíritu de cambio de su pueblo es incontenible. Que es una poderosa fuerza que se juntará con nuestra palabra inmemorial y con la necesidad de cambio que expresa toda América Latina. Lo invitamos a que la oiga aquí en Colombia y estamos dispuestos a ir a nombrarla allá si usted decide invitarnos para que podamos llegar con ella hasta Washington. Aquí o allá es el mismo planeta que tenemos como misión cuidar y en las circunstancias actuales, salvar, juntos, todos".
No tengo otro modo de mostrar la situación actual de Colombia, con un gobierno retardatario sometido a las órdenes del presidente Bush de los Estados Unidos, que retomar las palabras del gran poeta colombiano Eduardo Carranza en Bogotá, hace varios años al poeta Pablo Neruda, cuando le dijo: "Esta es Colombia, pablo".
Foto: Alvaro Uribe, presidente de Colombia, saluda a George W. Bush a su llegada a la Casa de Nariño. / Autor: César Carrión Ayala - SNE.
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Argentina: Los nacionales tocan "Fondo (Monetario)". Hay una salida para la crisis cada vez más grave del capitalismo
Marcelo Ramal (PRENSA OBRERA, especial para ARGENPRESS.info)
En la mañana del lunes 10, los Kirchner esperaban iniciar una semana "tranquila" en los "mercados". Pero en ese momento, una densa columna de trabajadores mecánicos irrumpía en el centro financiero de la Ciudad.
La marcha del Smata colocaba en el centro de la crisis a una clase obrera sacudida por suspensiones, despidos, vacaciones anticipadas y reducciones salariales en todos los gremios. Según las "estadísticas" oficiales, los obreros afectados por la crisis no suman más de 20.000. Pero otras estimaciones colocan esa nómina entre 80.000 y 200.000 trabajadores. Los voceros oficiales, al igual que los Moyano o José Rodríguez, aseguran que "no se producirán despidos". Cuando dicen eso, ni consideran a los miles de contratados o tercerizados que ya han sido cesanteados. Pero preparan el camino de las cesantías, desde las vacaciones adelantadas hasta la supresión de turnos. Según el diputado cegetista Héctor Recalde, con la oleada de despidos la patronal "busca obtener ventajas sectoriales como, por ejemplo, beneficios impositivos" (La Nación! , 9/11). La burocracia sindical, asesorada precisamente por Recalde, está gestionando que las patronales no paguen los aportes previsionales u otros impuestos. Estas patronales han fugado otros 4.700 millones de dólares sólo en octubre.
¿"Reactivación" o fraude?
La impotencia de la burocracia frente a la crisis sólo se parangona con la del gobierno que defiende. De cara al derrumbe económico, los Kirchner prometen una reactivación de la mano de la Anses, luego de la estatización de los recursos jubilatorios. Pero más de la mitad de los 5.000 millones de dólares de los aportes que se recaudarán en 2009 aportarán al sostenimiento de la deuda pública; o sea, el mismo destino que tenían esos recursos cuando estaban en manos de las AFJP. Así quedó establecido, por otra parte, en el proyecto oficial que los "K" consensuaron con Lozano y Macaluse. En definitiva, el gobierno solamente posa de "reactivador"; los planes de "obra pública" pomposamente anunciados para 2009 son "lo mismo que figura en el Presupuesto del año próximo" (Clarín, 11/11). En ese caso, la disponibilidad de fondos que brinda la caja del Anses servirá "más que para incrementar la cantidad de obras, (para) reducir la demora en los pagos" (ídem). O sea que no hay un nuevo plan de obras, sino solamente un régimen de pronto pago para los Macri, Roggio y toda la "patria contratista". Para obtener fondos adicionales para obras, el gobierno plantearía reducciones en los subsidios tarifarios. Pero eso significa nuevos aumentos de tarifas, con la consiguiente reducción del consumo popular.
Algo parecido ocurre con los fondos previsionales que financian préstamos al consumo. La Anses, la "usina de la reactivación", acaba de prestarle a Frávega unos 30 millones de pesos, a la "módica" tasa de interés del ¡29% anual!, en la línea de la suba de rendimientos bancarios que el gobierno dispuso para frenar la corrida cambiaria. Más que nunca, los créditos al consumo constituirán una hipoteca usuraria sobre aquellos que los contraigan.
El plan kirchnerista para "reactivar la economía" es, sencillamente, un fraude.
Morir en el Fondo
Aun echando mano a los aportes de 2009 y refinanciando la deuda ya contraída con la Anses, al gobierno le restarían unos 4.000 millones de dólares para cumplir con los usureros, o sea en el mejor de los casos. Frente a este cuadro, los "nacionales y populares" ya han pedido la toalla: al Fondo Monetario Internacional. En la reunión de ministros del Grupo 20, en Brasil, el ministro Carlos Fernández pidió que "las instituciones financieras internacionales (o sea el FMI) provean instrumentos de liquidez de corto plazo" a los países "en dificultades" (Ambito, 10/11). En Washington, la Presidenta tendrá la oportunidad de colocar a la Argentina en la cola de países que pidan algún crédito al FMI. Los que el Fondo acaba de otorgar a Hungría y a Ucrania están atados a pesados ajustes presupuestarios. De todos modos, luego de la estatización de las AFJP, los Kirchner tendrán que hacer el ajuste en seco, sin liquidez desde afuera. El interés que hubiera podido tener el Fondo (salvar a los capitales españoles en América Latina) no incluye a la Argentina. Lo que surge de aquí es claro: está en marcha una gran crisis con el capital internacional, que sólo puede ser resuelta positivamente con la nacionalización sin indemnización de la banca y el repudio definitivo de la deuda externa.
Una salida obrera
Los Kirchner creen que podrán capear la crisis con el envío de inspectores al mercado de cambios, incluso cuando China acaba de reconocer su propio hundimiento con un paquete de rescate de 600.000 millones de dólares, el tercio de su PBI; o sea, el mayor rescate de la historia de la humanidad. Pretenden recibir de regalo el rescate armado por la Reserva Federal para Brasil, como si 50.000 millones de dólares en una operación de canje de corto plazo de reales por dólares alcanzaran para detener el desplome de nuestro vecino. Los Kirchner tienen una caracterización muy limitada de la crisis mundial y han llegado demasiado tarde para neutralizarla.
Con la escalada de despidos, suspensiones y ataques al salario, la clase obrera es empujada a irrumpir en el escenario de la crisis, como ya ocurre en otros países (Italia, España, Alemania). La descomposición económica, por otra parte, golpea desde hace rato a los trabajadores. Una encuesta privada acaba de revelar que el número de pobres ya llega a 11,5 millones de argentinos, "la misma cantidad que en la crisis de 2001" (La Nación, 9/11).
La burocracia sindical (CGT y CTA) oficia de lobbysta de los vaciadores del país, pero hay una salida popular para la crisis: La prohibición inmediata de suspensiones y despidos, el reparto de las horas de trabajo sin afectar los salarios, el cese del pago de la deuda externa, la constitución de un gran fondo de capital para impulsar las obras de infraestructura y de industrialización bajo control obrero, el 82% móvil para los jubilados y la dirección de la Anses por obreros y jubilados, el salario mínimo igual al costo de la canasta familiar y un Congreso de trabajadores para ofrecer un programa económico y político de salida al derrumbe capitalista.
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Argentina: "Se pone fin al chantaje de la Personería Gremial, como atributo político de ser más en el Movimiento Obrero"
José Rigane (FETERA)
El fallo de la Corte Suprema de la Nación que se acaba de conocer, dictaminó en forma unánime lo que hace tiempo la CTA viene denunciando en nuestro país, en relación a la falta de democracia y libertad sindical.
Esta decisión de la justicia, se pone a tono con el pronunciamiento que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) viene decidiendo desde el año 1998, en relación a exigir a los distintos gobiernos nacionales que modifiquen la Ley de Asociaciones Profesionales N 23551, en virtud que la misma certifica la existencia del unicato sindical, que hasta aquí hemos denunciado sin respuesta del poder político; este fallo permite la discusión en otro ámbito para modificar la Ley de Asociaciones Sindicales ya que ahora los sindicatos sin personería tienen derecho a elegir sus delegados o comisiones internas estando estos representantes amparados con el fuero sindical que inhibe a las patronales a las represalias, pero todavía no incurre en el tema de fondo como es darle la misma potestad al sindicato inscripto de representar colectivamente los intereses de los trabajadores, ya que no se expide sobre la potestad estatal de legislar sistema de preferencia en base a la mayor representación.
Si bien es cierto que estas decisiones no se ponen en marcha con la sola resolución de la Corte Suprema, dado que se necesita una iniciativa legislativa nacional, lo que si, queda claramente determinado, es que hasta aquí, la decisión del no otorgamiento del reconocimiento de la CTA, ha sido una falta de voluntad política, que solo benefició y beneficia al poder económico expresado por las patronales mas importantes del empresariado que actúa en nuestro país y que necesita de este régimen para que el conjunto del Movimiento Obrero no se pueda organizar.
Acá lo que queda claro es que los trabajadores, no necesitan autorización previa para organizarse, constituirse en fuerza laboral y menos aún para la afiliación sindical; la Corte termina con el fallo, priorizando “… el derecho de los trabajadores a elegir sus representantes dentro de la organización que ellos decidieron afiliarse o constituir”
Hoy podemos decir con sano orgullo, que todos aquellos que luchamos contra los actos arbitrarios y discriminatorios en el Movimiento Obrero, estamos avalados por una decisión legal, que si bien no va a terminar con las burocracias sindicales, la falta de democracia y las estructuras sindicales empresariales de manera automática; si pone fin al chantaje de la personería gremial, como atributo político de ser mas en el Movimiento Obrero.
José Rigane es Secretario de Organización CTA Nacional.
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Argentina: Entrevista a Horacio Meguira, Abogado Laboralista de la CTA: "Es el fallo más trascendente sobre libertad sindical
FETERA
El conflicto surge ante la convocatoria a elección de delegados de personal en el ámbito del Estado Mayor del Ejército y del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, realizada por la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, situación a la que se opuso la Unión del Personal Civil de las Fuerzas Armadas (UPecifa), ya que según el análisis realizado, la facultad de convocar a elecciones está establecida solo a los sindicato con personería gremial.
Por su parte, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social desestimó el recurso de ATE, basando su decisión en lo que dice el art 41, inc a de la ley 23.551. que dispone que para ser delegado de personal se requiere "estar afiliado a la respectiva asociación sindical con personería gremial y ser elegido en comicios convocados por ésta". A su vez, esta decisión fue confirmada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala VI).
Por esta razón, y ante la importancia histórica de esta decisión de la Corte Suprema, para la clase trabajadora, la Agencia FeTERA, entrevistó telefónicamente al abogado Laboralista Horacio Meguira, quien fue asesor legal de ATE y quien correspondería la autoría en este Fallo.
Entrevista
Agencia FeTERA: Hace escasos minutos, los medios de comunicación (en la web) dieron la noticia del Fallo de la Corte Suprema de la Nación en relación a admitir la libertad sindical de agremiación.
¿Qué significa para los trabajadores, qué significa para la CTA?
Horacio Meguira: Es el fallo más trascendente sobre libertad sindical de la historia de CTA, desde que fue creada, porque establece la libertad sindical de representación directa, que es lo más importante, lo más esencial. Cualquier sindicato se construye a partir de la representación en los lugares de trabajo.
AFeTERA: Hacia adonde apunta este fallo?
HM: El fallo apunta a la esencia del modelo sindical que es donde demostró tener mayor debilidad que es esta estadística que venimos manejando desde hace mucho tiempo en cuanto al famoso 12,7% de las empresas son las que tienen representación en el lugar de trabajo.
El Fallo dice “es este el espacio concreto donde hay que reconstruir el sindicato”, por eso es un fallo de suma, de muchísima trascendencia.
El tema puntual era que a ATE le excluyeron de la convocatoria en un espacio que estaba un sindicato con personería gremial que es UPeCIFA y ATE no tenía personería en ese espacio, entonces, lo que dice es que tiene pleno derecho de convocar y ordena que a la Sala VI reordenar, revocar el fallo y a un nuevo fallo en cuanto que había confirmado la Resolución del Ministro Tomada donde le daba la razón a UPeCIFA.
AFeTERA: Al tratarse de un caso de ATE, imagino que usted era asesor de ATE.
MG: Sí, en ese momento era todavía asesor de ATE, por eso es un Fallo de mi autoría.
AFeTERA: ¿Cuáles son los fundamentos de este Fallo?
HM: Sus fundamentos son otras de las cosas más importantes, ya que el fallo se basa en que el Convenio 87 tiene jerarquía constitucional y por ende debe ser aplicado por los jueces, de acuerdo a la interpretación que hicieran del convenio los organismos de control, justamente la Comisión de Expertos y el Comité de Libertad Sindical, eso es lo más revolucionario del fallo; y lo más revolucionario a su vez no necesariamente el monopolio a elecciones en el lugar de trabajo es el sindicato con personería gremial y otro también, que es de suma trascendencia es que el delegado de base no necesariamente tiene que estar afiliado a un sindicato con personería gremial.
Esos son los tres hechos más trascendentes del fallo. Que como todo fallo de la Corte tampoco dice con precisión que es lo que tenés que hacer, pero que, obviamente modifica absolutamente el modelo sindical argentino que está basado en lo que es el sistema de representación en los lugares de trabajo, que son sistemas de representación sindical no de los trabajadores, sino que prioriza al sindicato por encima de la representación de los trabajadores.
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Argentina: Un fallo histórico
LA ARENA
Con razón ha sido calificado de "histórico" el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia en favor de la libertad gremial al declarar inconstitucional un artículo de la Ley de Asociaciones Sindicales que impide participar como delegados a los trabajadores que no están afiliados a las organizaciones gremiales con personería jurídica.
Según datos del Ministerio de Trabajo, en el 83 por ciento de las empresas argentinas no existen delegados. Por ello no sorprendió que el debate sobre los alcances de la decisión del máximo tribunal del país estallara apenas se conoció.
El gobierno nacional no pudo ocultar su desagrado y por boca del ministro del área declaró que se trata de una medida de "alcance limitado" y que comprende únicamente a los sindicatos del sector público. Sin embargo, un conocido abogado laboralista porteño salió a refutar esa opinión al señalar que mal puede un artículo de la ley sindical ser declarado inconstitucional sólo para una parte de la actividad gremial –la pública– y no para la restante –la privada–.
En las filas sindicales también hubo reacciones dispares. Del lado de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) hubo festejos y se habló de un fallo "histórico" que marca "un antes y un después" en el gremialismo. Recuérdese que la central disidente viene luchando desde hace muchos años por lograr su personería jurídica, un derecho que todos los gobiernos –incluidos los dos kirchneristas– le han negado.
La contracara fue el malestar de los "gordos" de la CGT, para quienes la sentencia del máximo tribunal argentino fue un "disparate" y una "provocación". Los lamentos están justificados pues se trata de un duro golpe a la burocracia sindical y a la concentración monopólica del poder gremial en sindicatos y centrales apañadas por el poder del Estado.
Cuando el peronismo llegó al gobierno, en la década del cuarenta, uno de sus objetivos fue la cooptación del movimiento obrero. Desde la Secretaría de Trabajo, primero, y desde la Presidencia de la Nación, después, el líder del movimiento trazó un hábil plan que le permitió sumar como adeptos a una dirigencia sindical dócil y a amplias capas de trabajadores que se alinearon con quienes obtenían mejores negociaciones a la sombra del poder estatal. Se conformó un sistema de sindicatos únicos nucleados en una –también única– central nacional, la CGT, que perdió toda independencia del gobierno y se convirtió en una oficina de negociaciones antes que una genuina representación de los intereses de los trabajadores. Esa gimnasia del acatamiento vertical al líder del justicialismo le imprimió una lógica que hizo de la transacción su principal arma. De allí a sus posteriores acercamientos con gobiernos militares y a ser usada por el justicialismo como arma política para socavar gobiernos de otro signo, hubo sólo un paso.
El fallo de la Corte Suprema, que fue aprobado en forma unánime por todos sus miembros, está en consonancia con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional que garantiza la "asociación sindical libre y democrática" y sigue los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo y los tratados internacionales sobre derechos humanos y laborales.
Un especialista en derecho laboral señaló que esta decisión de la CSJ fue aún más lejos que la "ley Mucci" que quiso sancionar el gobierno de Raúl Alfonsín en sus comienzos, cuando logró la aprobación de la Cámara de Diputados y no pudo, por un solo voto, pasar la de Senadores. Aquella iniciativa tuvo como objetivo primordial la representación de las minorías en las conducciones sindicales. Este fallo introduce una modificación más radical en la estructura de la organización sindical al otorgar el máximo de valor no a la cúpula dirigente o a la estructura formal del sindicato sino a la organización libre en la base, en los propios lugares de trabajo.
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Argentina: Los delegados de Base-Suteba La Plata reclaman, “Queremos un Suteba combativo y antiburocrático”
Delegados de Base-Suteba La Plata
Una lectura política de las elecciones en los Tribunales de Clasificación.
-I-
¿Qué votamos?
Después de 18 años, durante los cuales los Tribunales de Clasificación tuvieron un funcionamiento irregular y antiestatutario, la DGCyE ha convocado para el próximo 27 de noviembre a la elección de representantes docentes para integrar dichos Tribunales – tanto centrales como descentralizados- cumpliendo de esta manera con los artículos 40 al 49 del Estatuto del docente.
De esta manera, los docentes estamos llamados a votar dos instancias de tribunales: la del Tribunal Central, que se vota provincialmente, donde participa una lista de unidad de la burocracia (lista 1 Frente Gremial) y la de los descentralizados (región I) donde compiten 4 listas.
La existencia, desde el año 2003, de seccionales opositoras a las conducciones burocráticas del Frente Gremial -en los Sutebas llamados combativos- y el carácter obligatorio que tienen estas elecciones para todos los docentes provinciales con un hasta un año de antigüedad (cualquiera sea su situación de revista) les confieren a estas elecciones un carácter extraordinario.
Desde “Delegados de base” intentamos leer políticamente estas elecciones y caracterizar cada una de las fuerzas que compiten. La lectura puramente administrativa de las mismas es una forma de escamoteo sobre lo que está en juego y sobre la proyección a futuro de nuestra vida sindical.
-II-
La burocracia intenta revalidarse. Votar en blanco en la provincia
A no confundirse, con esta elección el Frente Gremial intentará revalidarse ante las bases docentes provinciales; sobre todo después de haber firmado con el gobierno de Scioli uno de los acuerdos paritarios más espurios de los que tengamos conocimiento en la historia sindical argentina.
Gracias a las gestiones de Baradel y Petrocini el último aumento salarial no sólo fue financiado por los propios trabajadores de la educación, con el descuento de los días de paro, sino que, la burocracia aceptó además la violación de la propia legislación laboral vigente.
Ciertamente, cuando las maestras y profesores salimos a la lucha, sabemos que lo que se juega es ganar o perder. Pero perder pretendiendo haber ganado es el “último” de los descubrimientos de los dirigentes del Frente Gremial, tan poco original como su ánimo de entregadores profesionales.
Es ley, que ningún trabajador -como ningún ciudadano común- tiene la posibilidad de renunciar o de evitar el derecho, aun desconociéndolo.
El paro de trabajadores, que reclaman reivindicaciones a la patronal estatal o privada, está avalado constitucionalmente; más que esto: en nuestro caso, cuando el Gobierno -como patronal- acepta la demanda y finaliza firmando un acuerdo (por más miserable que este sea) terminará legalizado y justificado la medida; esto es, al aceptar y acordar un aumento de salarios el gobierno opta por darle entidad al paro y los descuentos por los días parados ya no corresponden.
Diferente sería la situación si la correlación de fuerzas estuviera a favor del gobierno-patronal, en este caso Scioli desconocería los reclamos, declararía ilegal los paros y avanzaría con descuentos y otras medidas disciplinadoras en contra de los trabajadores.
La última acta-acuerdo firmada por Baradel-Petrocini y compañía, va en la dirección contraria a los intereses del conjunto de los trabajadores del magisterio, ya que autoriza a la patronal para que realice descuentos y que extienda el ciclo lectivo.
Roberto Baradel, con esa postura de compadrito patético que lo caracteriza, intentó cubrir esta entregada al afirmar ante los medios: “la extensión del ciclo lectivo no nos importa a los docentes, porque estamos en la escuela hasta finales de diciembre”. Este hombre, además de entregador profesional es un ganso, que se siente con derecho a declarar esto por la simple razón que desde hace por lo menos una década que no pisa una escuela. Con esta postura, Baradel, además de avalar toda la campaña antidocente lanzada al ruedo por los sectores más reaccionarios del gobierno (que mientras critican las medidas de fuerza de los trabajadores viven subsidiando a las escuelas confesionales y laicas privadas y haciendo negociados a costa de la escuela pública) demuestra un desconocimiento supino de cómo funcionan las escuelas: ¿quienes cierran el año pedagógico-administrativo? ¿Quiénes cierran notas; expiden certificaciones; entregan boletines, con los niños y adolescentes dentro de la escuela?
¿Acaso Baradel acordó secretamente con el gobierno que los docentes nos pasemos las navidades haciendo planillas? Demasiado ganso para pretenderse candidato
Estas elecciones son una formidable oportunidad para repudiar este ánimo entregador que inunda la mentalidad colonizada por la patronal de estos representantes de la burocracia docente.
“Delegados de base” convoca entonces a votar en blanco en provincia de Buenos Aires; el voto en blanco es el dispositivo que nos permite repudiar a los candidatos de Baradel-Petrocini para los tribunales centralizados.
-III-
Una nueva elección, una nueva división
El 11 de setiembre una reunión de delegados del Suteba La Plata votó por la confección de una lista única, que sirviera para competir en contra de las dos listas que la burocracia presenta en nuestra región (I) la cosa no pudo ser.
En la en la Región Educativa I (La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Punta Indio y Brandsen) encontraremos 4 listas.
El Frente gremial localmente va dividido en tres. Por un lado se presenta la celeste, por el otro la Feb. De las 25 regiones educativas en las que se divide la Provincia de Buenos Aires la burocracia sindical del Frente Gremial sólo pudo ponerse de acuerdo en 7; en el resto van divididas por apetitos electorales. La cantinela de que la unidad se impone “por sobre el sectarismo” es un puro verso dirigido a envenenar la conciencia de los combativos docentes provinciales en contra de un alineamiento junto a las seccionales de oposición. Decididamente estamos en contra de votar por las opciones que presentan tanto la lista celeste o la Feb a los Tribunales descentralizados.
Como tercera opción, aparece el rompimiento “estratégico” de la Azul y Blanca, que comparte la directiva provincial del Suteba, y en algunos distritos la Comisión Directiva seccional. En nuestra región (Berisso) la AyB comparte la Secretaría de actas con la lista celeste en el CES seccional.
El frente celeste-azul y blanca fue considerado estratégico en 2003 y sirvió para consolidar a Yaski en la conducción del Suteba, junto a integrantes de la AyB en diferentes secretarías de la conducción provincial. El carácter “estratégico” de este frente no soportó que el rabioso oficialismo yaskista en 2007, dejara fuera de puestos de conducción a sus aliados azules y blancos en las elecciones de Ctera. El “estratégico armado” se desmoronó rápidamente, aunque hasta ahora ningún directivo de esta agrupación haya renunciado a su cargo o denunciado los tejes y manejes de los dirigentes del Frente con el gobierno. Esta “coexistencia pacifica” de la Azul y blanca con la burocracia de Baradel y compañía no tiene ni punto de comparación con la agresividad discursiva demostrada en contra de las seccionales opositoras que hasta ayer “eran responsables de dividir el gremio a favor del gobierno” o las que “con su sectarismo impulsaban medidas funcionales a la derecha”… y toda otra sarta de pavadas.
Para “Delegados de base” es importante esta caracterización, que de ninguna manera consideramos una chicana, porque la participación de la Azul y blanca fue decisiva para que no se cumpliera con lo votado por el cuerpo de delegados el 11/9, orientado a concretar una lista de unidad donde se expresaran todos los sectores combativos de la región.
“Delegados de Base” hace una lectura política de esta elección a los tribunales y de la conformación de las listas participantes; y de ninguna manera nos contentamos con el “amuchamiento demagógico” que se justifica en que juntos somos más.
Suteba La Plata es nuestro gremio y lo defendemos hasta las últimas consecuencias, señalando el carácter progresivo que hemos logrado al retomarlo para los trabajadores desde junio del 2003; pero esto, no nos impide que analicemos políticamente las tendencias que se expresan dentro del mismo y que seamos críticos del desenvolvimiento de muchas de las agrupaciones que lo componemos.
La realidad muestra que en la integración de las listas para los representantes docentes a los Tribunales de Clasificación se han arribado a acuerdos de agrupaciones por encima de los intereses históricos de los trabajadores, no sólo de los trabajadores docentes sino de los trabajadores en general.
“Amucharnos demagógicamente” con sectores que defienden una política devaluatoria del peso frente al dólar, para beneficiar a los sectores agroexportadores (De Angeli-Buzi-Sociedad Rural) o a patrióticos industriales multinacionales, es conspirar contra los intereses de los trabajadores y el pueblo argentino.
“Amucharnos demagógicamente” con los que se movilizan en contra de la estatización de las AFJP, significaría hacerle el juego a los grandes empresarios y a los bancos que lucraron con los aportes jubilatorios durante más una década y que, en la búsqueda de subsidios por sus estafas financieras, liquidaron del presupuesto nacional lo que debería destinarse a salud y educación.
“Amucharnos demagógicamente”, en la falacia de que “la unidad todo lo cura” seria mentirles a nuestros compañeros, que han visto durante estos años que la “unidad plural” está hecha de internas que confunden más de lo que aclaran.
Somos concientes de que si alguna importancia tienen las próximas elecciones de representantes docentes a los Tribunales de Clasificación esta no se encuentra simplemente en el reclamo administrativo, sino en la proyección política que cada una de las listas representan para la opción de los trabajadores del magisterio.
Queremos un Suteba combativo y antiburocrático. No un Suteba aliado a la lucha de la oligarquía que es la responsable histórica del hambreamiento del pueblo argentino.
Queremos un Suteba que no manifieste simpatías por ningún frente patronal aunque se vista de opositor.
Un Suteba que luche por las reivindicaciones históricas de los educadores, tanto salarialmente como culturalmente. Los trabajadores nos debemos independencia, frente al dramatismo que adquiere la situación política y económica nacional e internacional.
Este balance impugna nuestro voto a la lista 10, integrada por agrupaciones asociadas, hoy al “campo popular patronal”, como ayer estuvieron “estratégicamente” asociadas a la burocracia sindical. No consideramos que el “amuchamiento demagógico” sirva para justificar el macartismo o el chusmerio siniestro en contra de una organización sindical que lucha
-IV-
Como votamos los “Delegados de base”
Por errores propios y ajenos “Delegados de base” no tiene representación en ninguna de las listas participantes, pero, apoya a la lista 7.
Creemos que la Lista 7 representa, aun en forma muy limitada, la experiencia combativa que nos sirvió para recuperar el Suteba La Plata para los trabajadores en 2003 y para ratificar esta conducta en 2006.
Defendemos el voto independiente que se expresa en la lista 7.
Defendemos el sindicato que lucha, que se pronuncia a través del voto en Asamblea de los trabajadores.
Defendemos la cultura de la Asamblea y de un vigoroso cuerpo de delegados.
Defendemos la lucha por el salario.
Defendemos la educación pública, laica y gratuita.
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Argentina: Cristina Kirchner decidió aumentar el derretimiento de los glaciares
ASAMBLEA DE VECINOS AUTOCONVOCADOS DE ESQUEL - AGENCIAS
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó la ley de protección de los glaciares y ambientes lindantes recientemente sancionada por ambas cámaras del Congreso.
En una maniobra inesperada, decidió esta semana vetar la ley 26.418 de protección de los glaciares que el Congreso sancionó por amplia mayoría el 22 de octubre pasado. A través del decreto 1837/08, publicado el 10 de noviembre en el Boletín Oficial, Cristina Kirchner rechazó la norma que impulsaba la creación de un inventario nacional de Glaciares, que significan un 75% de la reserva hídrica. Para dar un ejemplo, el Perito Moreno tiene un frente de 5 kilómetros de longitud y más de sesenta metros de alto, una superficie similar a la de Capital Federal. La ley 26.418 prohibía que en los hielos y en su entorno se realicen actividades que puedan afectar su condición natural o que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance, como por ejemplo la exploración y explotación minera o petrolífera. Según los considerandos y con toda desfachatez se privilegian los intereses de algunos grupos económicos por sobre cuestiones vitales cediendo vergonzosamente ante las presiones de los grandes capitales mineros. Las mineras que extraen oro de los glaciares de alta montaña como Barrick Gold producen la contaminación de las aguas por el cianuro que se usa para separar el mineral, indispensable para los agricultores en zonas donde el riego es primordial como Mendoza, La Rioja y San Juan". Barrick Gold tiene dos proyectos millonarios para la extracción de oro de la Cordillera de Los Andes. Se trata de las excavaciones de Pascua Lama, compartida por San Juan y Chile, y en Famatina, La Rioja. También aducen que gobernadores de la zona cordillerana -sin especificar quiénes- se oponen porque "repercutiría negativamente en el desarrollo económico y en las inversiones que se llevan a cabo en dichas provincias". A buen entendedor...
Boletín Oficial de la República Argentina. Publicación del 11/11/08 - Decreto 1837/08 - POLITICA AMBIENTAL NACIONAL - Observa Proyecto de Ley 26.418
POLITICA AMBIENTAL NACIONAL
Decreto 1837/2008
Obsérvase el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 26.418
Bs. As., 10/11/2008
VISTO el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 26.418, sancionado por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION el 22 de octubre de 2008, y
CONSIDERANDO:
Que el Gobierno Nacional se encuentra comprometido con la protección del medio ambiente ya que es esencial para la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras. La preservación del ambiente constituye un aspecto fundamental de la agenda política internacional con impactos crecientes en el territorio nacional, declarándose al desarrollo sustentable como una política de Estado.
Que se ha avanzado en la incorporación de la dimensión ambiental en todos los niveles de Gobierno, optimizando el uso de instrumentos tales como el ordenamiento territorial, la obligatoria evaluación del impacto ambiental, la adopción de sistemas de diagnóstico e información ambiental, la participación ciudadana y el régimen económico de desarrollo sostenible.
Que en ese sentido, la Ley General del Ambiente Nº 25.675 establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable.
Que la referida Ley General del Ambiente dispone que los instrumentos de la política y la gestión ambiental son: el ordenamiento ambiental del territorio, la evaluación de impacto ambiental, el sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas, la educación ambiental, el sistema de diagnóstico e información ambiental y el régimen económico de promoción del desarrollo sustentable.
Que además, establece el Sistema Federal Ambiental con el objeto de desarrollar la coordinación de la política ambiental, tendiente al logro del desarrollo sustentable, entre el Gobierno Nacional, los Gobiernos Provinciales y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, instrumentado a través del Consejo Federal de Medio Ambiente.
Que, por otra parte, establece las normas que regirán los hechos o actos jurídicos lícitos o ilícitos que, por acción u omisión, causen daño ambiental de incidencia colectiva, definiéndolo como toda alteración relevante que modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos.
Que por el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 26.418 se procura establecer los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas hidrográficas.
Que a través de los artículos 3º, 4º y 5º del mencionado Proyecto de Ley se crea el Inventario Nacional de Glaciares, donde se individualizarán todos los glaciares y geoformas periglaciales que actúan como reservas hídricas existentes en el territorio nacional con toda la información necesaria para su adecuada protección, control y monitoreo; se determina la información que deberá contener dicho Inventario y el plazo para su actualización; y se prevé su realización por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales con la coordinación de la Autoridad Nacional de Aplicación de la norma sancionada.
Que al respecto, como bien ha señalado el MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO, la gran mayoría de los glaciares que están ubicados en el territorio continental argentino, se encuentran en las adyacencias del límite internacional con la REPUBLICA DE CHILE, en áreas que se encuentran aún pendientes de demarcación, y la inclusión o exclusión de glaciares en el inventario puede tener efectos en relación con los trabajos de demarcación en curso.
Que el artículo 6º del Proyecto de Ley prohíbe, en los glaciares, las actividades que puedan afectar su condición natural o que impliquen su destrucción o traslado o interfieran en su avance, en particular las siguientes: a) la liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos químicos o residuos de cualquier naturaleza o volumen; b) la construcción de obras de arquitectura o infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica; c) la exploración y explotación minera o petrolífera, incluyendo en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial saturado en hielo y d) la instalación de industrias o desarrollo de obras o actividades industriales.
Que, tal como señala la SECRETARIA DE MINERIA del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS, el establecimiento de presupuestos mínimos no puede limitarse a la absoluta prohibición de actividades, sino por el contrario a fijar parámetros mínimos que las provincias deben asegurar, pudiendo éstas establecer parámetros más rígidos aún, de acuerdo a su especial situación ambiental.
Que, en la actualidad, previo a la autorización de cualquier actividad y la concreción de cada inversión debe verificarse a nivel provincial la posibilidad, viabilidad técnica y ambiental de su realización, y así únicamente se procede a autorizar las actividades que implican o conllevan la posibilidad de realizarse en el marco de un desarrollo sustentable con cuidado del medio ambiente.
Que la prohibición de actividades descripta en el referido artículo 6º del Proyecto de Ley, de regir, podría afectar el desarrollo económico de las provincias involucradas, implicando la imposibilidad de desarrollar cualquier tipo de actividad u obra en zonas cordilleranas. En este sentido, la prohibición de construcción de obras de infraestructura no toma en cuenta que muchas de ellas tienen carácter público y son de uso comunitario como los pasos fronterizos; y la prohibición de la exploración y explotación minera o petrolífera, incluyendo en dicha restricción aquellas que se desarrollen en el ambiente periglacial saturado en hielo, daría preeminencia a los aspectos ambientales por encima de actividades que podrían autorizarse y desarrollarse en perfecto cuidado del medio ambiente.
Que, en virtud de que la Ley General del Ambiente Nº 25.675 prevé el sistema de evaluación de impacto ambiental previo a la autorización de toda obra o actividad susceptible de degradar el ambiente, la prohibición contenida en el artículo 6º del Proyecto de Ley sancionado resulta excesiva, no pudiendo constituir válidamente parte de un presupuesto mínimo ambiental.
Que el artículo 7º del Proyecto de Ley dispone que todas las actividades proyectadas en los glaciares o el ambiente periglacial, que no se encuentran prohibidas, estarán sujetas a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica, según corresponda conforme escala de intervención, previo a su autorización y ejecución, conforme a la normativa vigente, con excepción de las actividades de rescate, científicas y deportivas.
Que el referido artículo 7º del Proyecto de Ley condiciona cualquier otra actividad no prohibida a la presentación y aprobación de estudio de impacto ambiental.
Que el artículo 15 del Proyecto de Ley establece que las actividades descriptas en el artículo 6º, en ejecución al momento de la sanción de la norma, deberán, en un plazo máximo de CIENTO OCHENTA (180) días, someterse a una auditoría ambiental en la que se identifiquen y cuantifiquen los impactos ambientales potenciales generados, y en caso de verificarse impacto significativo sobre glaciares o ambiente periglacial se ordenará el cese o traslado de la actividad y las medidas de protección, limpieza y restauración que correspondan.
Que el referido artículo 15 del Proyecto de Ley, toda vez que pretende someter a las actividades en ejecución a una nueva auditoría ambiental a resultas de la cual, podría disponerse el traslado o cese de la actividad, no pondera que cada actividad en ejecución en las provincias involucradas pasa por las evaluaciones y autorizaciones ambientales pertinentes previo a entrar en ejecución y es objeto de monitoreo constante por parte de las autoridades ambientales provinciales.
Que las actividades que la norma prohíbe en su artículo 6º y la realización de una auditoría ambiental de las actividades en ejecución prevista en el artículo 15, no contempla que las provincias involucradas, a través de las instituciones y las normas nacionales y locales existentes, cuentan con los controles suficientes para evaluar y autorizar las actividades de infraestructura, industriales, mineras, hidrocarburíferas, etc., en plena armonía, equilibrio y cuidado del medio ambiente.
Que por ello, Gobernadores de la zona cordillerana han manifestado su preocupación con lo dispuesto por la norma sancionada, toda vez que repercutiría negativamente en el desarrollo económico y en las inversiones que se llevan a cabo en dichas provincias.
Que el artículo 41 de la Constitución Nacional garantiza a todos los habitantes el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Asimismo, dispone que corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales.
Que el Proyecto de Ley sancionado, al disponer sobre recursos provinciales, excede el alcance de las facultades reservadas a la Nación en el artículo 41 de la Constitución Nacional.
Que las observaciones desarrolladas en los considerandos anteriores impiden la promulgación parcial del Proyecto de Ley, por cuanto su aprobación parcial implicaría alterar el espíritu y la unidad del proyecto sancionado por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.
Que el Gobierno Nacional, comprometido con la preservación del medio ambiente y en salvaguarda de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, considera oportuno invitar a los Señores Gobernadores, Senadores Nacionales y Diputados Nacionales, de las Provincias cordilleranas, a constituir un foro interdisciplinario para la discusión de las medidas a adoptar en orden a la protección de los glaciares y del ambiente periglacial.
Que el PODER EJECUTIVO NACIONAL se encuentra facultado para dictar el presente en virtud de lo dispuesto por el artículo 83 de la CONSTITUCION DE LA NACION ARGENTINA.
Por ello,
LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA:
Artículo 1º — Obsérvase el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 26.418.
Art. 2º — Devuélvase al HONORABLE CONGRESO DE LA NACION el Proyecto de Ley mencionado en el artículo anterior.
Art. 3º — Invítase a los Señores Gobernadores, Senadores Nacionales y Diputados Nacionales, de las Provincias cordilleranas, a constituir un foro interdisciplinario para la discusión de las medidas a adoptar en orden a la protección de los glaciares y del ambiente periglacial.
Art. 4º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
— FERNANDEZ DE KIRCHNER. — Sergio T. Massa.
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Argentina: Subsidios para municipalitarios de Santa Fe "Condado"
Ricardo Monje (TMO)
El Gobernador de la Ciudad de Santa Fe, Mario Barletta, subsidió, por intermedio de la Resolución Nº 283 del 13 de agosto de 2008, otorga becas a su fuerza de choque política para que participen del "Programa de Gobernabilidad y Gerencia Política" de la Escuela de Postgrado de Gerencia Pública de la Universidad George Washington".
El ex rector de la UNL, obviamente, no confía en la Universidad Pública. Los Camisas Moradas beneficiados, son funcionarios y contratados municipales. Bolognesi Sivia ; Ortiz Mónica; Montenotte Sebastián, Wendler Norma, Suarez Isabel, Arrietti Andrea, Arrietti Cecilia, Dall Aglio Ramiro, Cejas Mariano, Albrecht Maria, Pizzi Pablo, Frette Celina, Bay Georgina, Egaña Pilar, Franco Felipe, Saade Carlos, Bardus Mario, Vinda Raquel, Pino de Olivera, Long Alicia, Battistutti Maria Cecilia, Lauría Sara, Cardamone Guadalupe, Sorbellini Belkis, Marchetti Hugo, Alico Marcelo, Platino Florencia.
Por una Universidad Pública Nacional y Popular... americana
¿Para que invadir un país si se puede implementar las políticas antinacionales a partir de los mismos representantes de la soberanía política de los pueblos? La Municipalidad o Gobierno de la ciudad (próximamente Alcaldía o Condado)
¿Qué más se puede agregar cuando una Universidad privatizada en sus intereses, como la del Litoral, no solamente degrada las instituciones al punto de usar una casa de altos estudios y sus fondos como un partido político sino que, además, subsidia la formación de sus cuadros burócratas en una Universidad Privada, cuyo programa es, ni más ni menos, que política de formación trasnacional.
La Maestría en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés, responde a una urgente necesidad del sector público: el fortalecimiento de la eficacia y la eficiencia del Estado en los aspectos vinculados a la su administración así como a su capacidad de análisis, formulación e implementación de estrategias públicas. Desarrolla su accionar con una activa presencia en el ámbito internacional a través de diversas Redes, entre las que se destacan: la Red Latinoamericana de Maestrías en Administración y Políticas Públicas, coordinada por el Wilson Center (Washington D.C.); y el Center for Latin American Social Policy (CLASPO), con sede en la Universidad de Texas.
Dentro del ámbito de la Maestría, se lleva adelante el Programa de Formación Continua en Política y Gestión Pública, a través del cual se ofrece formación de alta actualización en temáticas específicas. Se dirige en primer lugar a los propios maestrandos que tengan interés en profundizar en algún tema en particular, y en segundo lugar a especialistas, funcionarios públicos o personas de la sociedad civil vinculados al proceso de diseño e implementación de políticas.
En el marco del Programa de Educación Continua se ofrecen, además, programas de Formación para la Alta Dirección Pública, dirigidos a funcionarios con responsabilidad directiva en el sector público nacional, provincial y municipal. Los contenidos, el abordaje metodológico y las herramientas pedagógicas están diseñadas en función de la especificidad de la función directiva en el ámbito público.
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Argentina, Tucumán: La Justicia está al borde del colapso y no hay acuerdo en el sistema para designar a los jueces
PRIMERA FUENTE
Todos coincidieron en el estado de emergencia del funcionamiento del Poder Judicial pero no llegaron ni a un principio de acuerdo respecto a cómo diseñar un sistema de selección y designación de jueces.
Esto es lo que quedó ayer de la inédita audiencia de conciliación que convocó la Corte Suprema de Justicia de la provincia para que el Gobierno provincial y el Colegio de Abogados lleguen a un acuerdo en el litigio que mantienen por la conformación del Consejo Asesor de la Magistratura que fija la Constitución provincial de 2006. "Lo que se trata aquí es de responderle a la ciudadanía cómo hacemos para nombrar jueces permanentes", aseguró a primerafuente el vocal de la Corte, Alberto Brito. Lejos de un acuerdo, las partes sólo ratificaron que seguirán con el proceso judicial. En los próximos días la Corte se pronunciará sobre los dos recursos extraordinarios.
En un intento fallido, la Corte Suprema de Justicia de la provincia quiso que el gobierno provincial y el Colegio de Abogados debatieran cómo se resuelve el grave problema de la designación de magistrados en el marco del conflicto judicial que mantienen por la conformación del Consejo Asesor de la Magistratura que fija la Constitución provincial de 2006. Pero esto no sucedió, en menos de una hora que duró la audiencia de conciliación que se realizó ayer en Tribunales las partes sólo coincidieron en el diagnóstico de emergencia judicial, ratificaron que continuarán con el proceso judicial y aclararon que sólo están dispuestos al diálogo extrajudicial.
Y en medio de este pleito, los que pagarán los platos rotos serán los ciudadanos. Y así lo admitió el vocal de la Corte, Alberto Brito, en diálogo con primerafuente. "Se está incrementando el número de jueces que faltan y por lo tanto las vacantes son cada vez mayores. Esto irá impactando en todos los juicios y seguramente va a afectar el ejercicio de la profesión de abogados y el derecho de los ciudadanos", alertó y precisó que esto se traducirá en que las peticiones y aspiraciones de Justicia de los tucumanos "se verán demoradas ante la ausencia de jueces titulares".
Como el ejemplo más evidente citó el de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la capital, donde a partir del 1 de diciembre sólo quedarán dos magistrados de un total de seis. En el Poder Judicial se registran en la actualidad 13 retiros por jubilaciones de un total de 19, a los que en diciembre se prevé que se sumarán otras dos vacantes.
Brito descartó que la convocatoria haya buscado que las partes desistan del juicio, aunque advirtió que la invitación surgió teniendo en cuenta que el proceso de resolución final del juicio en manos de la Corte de la Nación demandará más de un año. "Que desistan o no sería una consecuencia de posibles acuerdos. Lo que se trata aquí es de responder a la ciudadanía cómo hacemos para nombrar jueces permanentes con la garantía de la inamovilidad", señaló al recordar que se necesita un sistema que permita seleccionar a jueces con una idoneidad técnica, ética, jurídica y gerencial. "Son los perfiles que tienen que tener un buen juez", acotó.
Para el magistrado, la audiencia no fracasó porque cumplió con su objetivo de abrir un espacio para que las partes se expresen sobre este tema. "La Corte abrió el espacio para que las partes se expresen respecto al tema, pero manifestaron que quieren seguir con las actuaciones judiciales, aunque mostraron voluntad de seguir el diálogo extrajudicial", explicó.
La Corte resolverá en los próximos días los dos recursos extraordinarios
Ahora, la Corte se abocará en los próximos días a pronunciarse sobre si concede o no los dos recursos extraordinarios planteados por las partes. Uno corresponde a la apelación que presentó el Gobierno provincial en contra del fallo del 8 de setiembre en el que el máximo tribunal echó por tierra la conformación del CAM y el sistema de enmiendas que se fijaron en la Carta Magna de 2006 dando lugar de esta manera a un planteo de los abogados. El otro se refiere a la disconformidad de los letrados en cuanto a la conformación del Jury de Enjuiciamiento, punto que no recibió objeciones por parte de los alto tribunal. "El Jury de Enjuiciamiento no representa todas las expresiones de la Cámara y no existe una composición equilibrada de todos los factores que integran la administración de Justicia ni del marco político", recordó el presidente del Colegio de Abogados, Antonio Bustamante, al referirse al planteo de la institución.
"La Corte de la Nación puede no abrir el recurso o ratificar lo que dijo la Corte tucumana, con lo cual estamos en el punto que estamos hoy. También puede decir que hay que dictar una nueva sentencia fijando algunas pautas con lo cual estaríamos más atrasados que en la actualidad porque hay que volver a integrar una Corte para que falle nuevamente y empezar de nuevo el circuito procesal", explicó Brito en cuanto a las alternativas que existen en manos del máximo tribunal de la Nación.
"Debemos participar en la selección de jueces para que lleguen los mejores abogados a la Justicia", dijo Bustamante
Todos coincidieron en el estado de emergencia del funcionamiento del Poder Judicial pero no llegaron ni a un principio de acuerdo respecto a cómo diseñar un sistema de selección y designación de jueces. Esto es lo que quedó ayer de la inédita audiencia de conciliación que convocó la Corte Suprema de Justicia de la provincia para que el Gobierno provincial y el Colegio de Abogados lleguen a un acuerdo en el litigio que mantienen por la conformación del Consejo Asesor de la Magistratura que fija la Constitución provincial de 2006. "Lo que se trata aquí es de responderle a la ciudadanía cómo hacemos para nombrar jueces permanentes", aseguró a primerafuente el vocal de la Corte, Alberto Brito. Lejos de un acuerdo, las partes sólo ratificaron que seguirán con el proceso judicial. En los próximos días la Corte se pronunciará sobre los dos recursos extraordinarios.
En un intento fallido, la Corte Suprema de Justicia de la provincia quiso que el gobierno provincial y el Colegio de Abogados debatieran cómo se resuelve el grave problema de la designación de magistrados en el marco del conflicto judicial que mantienen por la conformación del Consejo Asesor de la Magistratura que fija la Constitución provincial de 2006. Pero esto no sucedió, en menos de una hora que duró la audiencia de conciliación que se realizó ayer en Tribunales las partes sólo coincidieron en el diagnóstico de emergencia judicial, ratificaron que continuarán con el proceso judicial y aclararon que sólo están dispuestos al diálogo extrajudicial.
Y en medio de este pleito, los que pagarán los platos rotos serán los ciudadanos. Y así lo admitió el vocal de la Corte, Alberto Brito, en diálogo con primerafuente. "Se está incrementando el número de jueces que faltan y por lo tanto las vacantes son cada vez mayores. Esto irá impactando en todos los juicios y seguramente va a afectar el ejercicio de la profesión de abogados y el derecho de los ciudadanos", alertó y precisó que esto se traducirá en que las peticiones y aspiraciones de Justicia de los tucumanos "se verán demoradas ante la ausencia de jueces titulares".
Como el ejemplo más evidente citó el de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de la capital, donde a partir del 1 de diciembre sólo quedarán dos magistrados de un total de seis. En el Poder Judicial se registran en la actualidad 13 retiros por jubilaciones de un total de 19, a los que en diciembre se prevé que se sumarán otras dos vacantes.
Brito descartó que la convocatoria haya buscado que las partes desistan del juicio, aunque advirtió que la invitación surgió teniendo en cuenta que el proceso de resolución final del juicio en manos de la Corte de la Nación demandará más de un año. "Que desistan o no sería una consecuencia de posibles acuerdos. Lo que se trata aquí es de responder a la ciudadanía cómo hacemos para nombrar jueces permanentes con la garantía de la inamovilidad", señaló al recordar que se necesita un sistema que permita seleccionar a jueces con una idoneidad técnica, ética, jurídica y gerencial. "Son los perfiles que tienen que tener un buen juez", acotó.
Para el magistrado, la audiencia no fracasó porque cumplió con su objetivo de abrir un espacio para que las partes se expresen sobre este tema. "La Corte abrió el espacio para que las partes se expresen respecto al tema, pero manifestaron que quieren seguir con las actuaciones judiciales, aunque mostraron voluntad de seguir el diálogo extrajudicial", explicó.
La Corte resolverá en los próximos días los dos recursos extraordinarios
Ahora, la Corte se abocará en los próximos días a pronunciarse sobre si concede o no los dos recursos extraordinarios planteados por las partes. Uno corresponde a la apelación que presentó el Gobierno provincial en contra del fallo del 8 de setiembre en el que el máximo tribunal echó por tierra la conformación del CAM y el sistema de enmiendas que se fijaron en la Carta Magna de 2006 dando lugar de esta manera a un planteo de los abogados. El otro se refiere a la disconformidad de los letrados en cuanto a la conformación del Jury de Enjuiciamiento, punto que no recibió objeciones por parte de los alto tribunal. "El Jury de Enjuiciamiento no representa todas las expresiones de la Cámara y no existe una composición equilibrada de todos los factores que integran la administración de Justicia ni del marco político", recordó el presidente del Colegio de Abogados, Antonio Bustamante, al referirse al planteo de la institución.
"La Corte de la Nación puede no abrir el recurso o ratificar lo que dijo la Corte tucumana, con lo cual estamos en el punto que estamos hoy. También puede decir que hay que dictar una nueva sentencia fijando algunas pautas con lo cual estaríamos más atrasados que en la actualidad porque hay que volver a integrar una Corte para que falle nuevamente y empezar de nuevo el circuito procesal", explicó Brito en cuanto a las alternativas que existen en manos del máximo tribunal de la Nación.
"Las cuestiones de Estado no son negociables", aseveró el fiscal de Estado
El PE no quiere negociar con los abogados el sistema de selección y designación de jueces y, en cambio, ratificó que seguirá dando pelea en el proceso judicial. Esto es lo que quedó en claro luego de la audiencia de conciliación que fue convocada por la Corte, luego de que el fiscal de Estado, Pedro Giúdice, reconoció que no tenía mucho sentido el encuentro cuando todo seguirá su curso por la vía judicial, aunque se ocupó de recalcar que existe voluntad de diálogo por parte del Gobierno. Para reforzar la postura oficial, Giúdice aseveró una afirmación categórica: " Las cuestiones de Estado no son negociables".
"Hoy jueces con carácter permanente no se pueden designar. Lo demás está abierto para discutir a través de proyectos de ley, pero negociar la designación permanente de magistrados es aberrante", acotó el fiscal quien fue el único que asistió en representación del Ejecutivo provincial sólo para enterarse de qué se trataba la llamativa invitación del máximo tribunal.
"La reunión tuvo sentido sólo porque no sabíamos cuál era el objeto de la convocatoria. El hecho de que la Corte haya mostrado su preocupación de que la situación se agrava día a día, significa un llamado de atención para que activen los resortes necesarios para tomar medidas", explicó en diálogo con primerafuente.
"Como la cláusula del artículo 101, inciso 5, de la Constitución provincial quedó desarticulada por la conformación del Consejo Asesor de la Magistratura (fue declarada inconstitucional por la Corte) la designación permanente de jueces no es posible en la actualidad, por eso hay que ir a la vía de la designación de jueces subrogantes para cubrir las vacantes", opinó al sostener que esto último representa la única salida rápida a la crítica situación judicial y recordó que al respecto hay dos proyectos en danza en la Legislatura.
Foto: La audiencia entre las partes duró menos de una hora y sólo hubo coincidencias en el diagnóstico de la crisis judicial. / Autor: PRIMERA FUENTE.
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Argentina, Salta: El profesor de la UNSA y Ministro de Medio Ambiente Julio Nasser admitió la posibilidad de desmontes en tierras aborígenes
COPENOA
"Es probable que en una zona roja –comunidades indignes- puedan existir zonas verdes – desmontes- pero estás son en una escala menor y particular" Afirmo Nasser en la reunión que se llevo a cabo con las comisiones de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputas de esta provincia.
Acompaño al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta Julio Nasser, la también profesora de la Universidad Nacional de Salta (UNSA) y Secretaria de Política Ambiental del gobierno de Urtubey, Cristina Camardelli. La que admitió que en el 2008 son ya 400 mil las hectáreas desmontadas en la provincia de Salta.
El ordenamiento territorial de Nasser
El ministro Nasser informó que la cartera a su cargo se encuentra a punto de concluir con la primera etapa del proceso de ordenamiento territorial en nuestra provincia. El funcionario señaló que como consecuencia de este trabajo se elaboró un proyecto de ley provincial integral, que ingresará a la Legislatura en los próximos días, y que contemple un ordenamiento dinámico que acompañe el proceso productivo y social de Salta. Asimismo, sostuvo que esta ley abarca los aspectos económicos, sociales y ambientales de la provincia en un marco de desarrollo sostenible.
De rojo a negro
La secretaria de Política Ambiental explicó detalladamente todo el proceso realizado ara el ordenamiento de los bosques nativos de nuestra provincia, e indicó que para ello se elaboró un mapa provincial donde se establecen determinadas zonas de acuerdo a lo que estipula la ley nacional; dichas zonas están determinadas por colores: gris (zona desmontada), roja (pueblos originarios y pequeños productores), amarilla (crítica - no se permite desmonte) y verde (explotación forestal - si se permite el desmonte).
También explicó a los legisladores que en el año 2007 se aprobaron 11 mil hectáreas para la explotación forestal y que en la actualidad son 400 mil las hectáreas desmontadas en nuestra provincia.
Todo se puede
De la reunión participaron empresarios madereros los que indagaron a Nasser sobre cómo será la situación de los productores, inversores que en la actualidad se encuentran en zonas críticas dentro del mapa provincial de ordenamiento territorial y, como la situación de los pequeños productores. A lo que el ministro explicó que la ley presenta un mapa a escala general pero que una vez aprobada la normativa, la ley contempla la escala particular y aclaró: "es probable que en una zona roja puedan existir zonas verdes pero estás son en una escala menor y particular".
Nasser por ultimo anunció que el proyecto de ley de Ordenamiento Territorial ingresará en los próximos días para su análisis y debate en las Cámaras Legislativas.
Foto: Deforestación en Salta. / Autor: COPENOA.
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Argentina, Córdoba: El periodista Tomás Méndez fue agredido por un concejal
PRENSARED
El incidente ocurrió luego de la sesión de ayer en el Concejo Deliberante, cuando Méndez intentaba obtener declaraciones del edil Miguel Siciliano en relación a la investigación del programa ADN que reveló que su padre es propietario de un cortadero de ladrillos, donde se explota a trabajadores bolivianos. El Concejo iniciará un sumario y un grupo de legisladores provinciales condenó el episodio.
El Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación de Córdoba (Cispren) manifiestó su "repudio ante las agresiones físicas y verbales que padecieron el periodista Tomás Méndez y otros dos integrantes de su equipo, por parte del concejal Miguel Siciliano y varios allegados".
El episodio ocurrió luego de la sesión de ayer en el Concejo Deliberante, cuando Méndez, junto al productor periodístico Miguel Ponce de León y el camarógrafo Benjamín Ratti, intentaban obtener declaraciones de Siciliano en relación a la investigación del programa televisivo ADN que reveló que el padre del edil del Bloque Eva Perón es propietario de un cortadero de ladrillos, donde se explota a trabajadores de nacionalidad boliviana, incluidos menores de edad.
Lejos de responder a la requisitoria periodística, Siciliano y sus acompañantes "comenzaron a insultar, amenazar y agredir a golpes a los periodistas, protagonizando -como si se tratara de un grupo de matones- una escena doblemente condenable por ocurrir en un ámbito democrático".
"El Cispren expresa su solidaridad con los trabajadores de prensa víctimas de esta agresión, que pone al descubierto la prepotencia e intolerancia de cierta clase política, que no respeta elementales derechos democráticos como la libre expresión y el derecho a la información de la ciudadanía", concluye el comunicado del gremio.
Luego de este episodio, las autoridades del Concejo Deliberante iniciaron un sumario para investigar lo sucedido entre Méndez y Siciliano y sus colaboradores y reivindicó "la libertad de expresión".
Repudio de legisladores
Por otra parte, en la sesión de hoy de la Legislatura Provincial, el bloque Concertación Plural presentó un proyecto de declaración en el que expresa "el más enérgico repudio por el ataque verbal y las agresiones físicas recibidas durante la cobertura de una nota en el Concejo Deliberante" y reivindica "la libertad de expresión y de prensa".
"No es la primera vez que nos encontramos ante sucesos de tal gravedad institucional, donde quienes abusando de su condición y el lugar que ocupan actúan con tamaña cobardía. Aquí se atentó contra la libertad de prensa, con coacción, todo a partir de una denuncia que sacaba a la luz graves violaciones a los derechos de los niños y los trabajadores", se añade en los fundamentos del proyecto.
Foto: Tomás Méndez / Autor: PRENSARED.
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Argentina, Córdoba: "El gobierno provincial debe reconocer a ATE como gremio"
María Teresa Romero (PRENSARED)
En un comunicado, la regional ATE-Córdoba manifiesta que Schiaretti no puede "desconocer un fallo de tal envergadura para la vida gremial del país porque significa ignorar los derechos de los trabajadores, que están claramente establecidos en el artículo 14 BIS de la Constitución Nacional".
"El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación conocido hoy dio la razón a nuestra organización respecto al derecho que tienen los trabajadores a ejercer la libertad de agremiarse según su propio criterio.
Así, el máximo tribunal dictó sentencia a favor del reclamo que ATE vino realizando desde el momento que los trabajadores iniciamos el camino de la democracia sindical y la libre agremiación, al fundar la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).
En la provincia este derecho se ha visto cercenado al negar el gobierno provincial la representación que ATE tiene para con los trabajadores del Estado provincial y los municipios del interior.
Primero José Manuel De la Sota, después Juan Schiaretti, han negado a los trabajadores estatales la posibilidad de elegir libremente sus delegados gremiales al rechazar la legítima representación de los compañeros que ATE detenta.
En ese sentido, el Gobierno de la Provincia niega reconocimiento a las autoridades del Consejo Directivo Provincial de ATE en una actitud que ha estado marcada por la connivencia según sus propios intereses con otras organizaciones sindicales.
Ahora, el gobierno de la provincia deberá actuar en consecuencia a lo resuelto por la Corte Suprema y reconocer a ATE como la entidad sindical en condiciones de representar a los trabajadores estatales de la provincia, pues desconocer un fallo de tal envergadura para la vida gremial del país significará desconocer los derechos de los trabajadores, que están claramente establecidos en el artículo 14 BIS de la Constitución Nacional.
Esperamos que el gobernador Juan Schiaretti tenga la sensatez de dar una repuesta a la altura de las circunstancias".
María Teresa Romero es Secretaria General ATE Córdoba.
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Argentina: Corrientes retrocedió su consumo energético en octubre
MOMARANDU
La provincia de Corrientes figura entre los distritos que más bajaron en octubre su consumo con respecto al octubre de 2007. En el plano nacional se adjudicó el freno en la demanda energética a la menor actividad de las actividades productivas.
Según un informe privado, en octubre, la demanda eléctrica experimentó una caída del 1,3% respecto a septiembre, con lo cual el acumulado de los primeros diez meses del año llega a sólo un 2,4%, menos de la mitad del crecimiento que este sector había registrado a lo largo de 2007.
En la comparación interanual, las jurisdicciones que tuvieron un retroceso del consumo fueron el sur de la provincia de Buenos Aires (-4,2%); Misiones (-3,9%); Corrientes (-3,1%) y Tucumán (-1.4%).
Corrientes venía registrando de un incremento leve en los últimos meses en la comparación interanual, en tanto en 2007 había sido la provincia con mayor ritmo de crecimiento en su consumo.
La provincias que mostraron las mayores subas de demanda fueron: Santa Cruz (30%); La Pampa (16,7%); Formosa (15,5%); Jujuy (6,6%) y Catamarca (5,9%).
En tanto, en el plano nacional tal como se perfila el último bimestre, el 2008 va camino a cerrar con un variación interanual del orden del 2%, la más baja de los últimos seis años.
Si bien la comparación de octubre de este año contra el mismo mes de 2007 muestra una suba del 1,3%, el dato más llamativo del consumo eléctrico es el descenso intermensual que se explica básicamente por el freno de la actividad productiva y la caída del consumo.
Según el informe elaborado por la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (FUNDELEC), en lo que respecta a la demanda de potencia, el trabajo de FUNDELEC señaló que el pico del último mes fue de 16.652 MW, muy lejos del récord que se había anotado en junio con 19.126 MW.
Con respecto al cambio del huso horario que aplicaron casi la mitad de las provincias, el informe destacó que "después del 19 de octubre, el promedio de los picos de potencia de días hábiles registró una baja de 264 MW respecto al de las primeras tres semanas del mes.
Por el lado de la generación, el 49,8% de los requerimientos de energía de octubre se cubrieron con el aporte de las usinas térmicas. Las centrales hidroeléctricas, en tanto, cubrieron el 44,4; mientras que la producción del sector nuclear llegó al 5,5%.
A diferencia de los meses de invierno donde la provisión externa funcionó a full, en octubre sólo fue necesario importar de Brasil y Uruguay el equivalente al 0,4% de la demanda total.
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Chile: Deficiencias y negligencias por la insuficiente gestión hospitalaria
Las deficiencias y negligencias en los hospitales de Chile han provocado que al menos 320 personas no hayan sido notificadas que son portadoras del virus de inmunodeficiencia humana para recibir tratamiento.
El nuevo ministro de Salud, Álvaro Erazo, admitió también que hay otros 60 casos en investigación, 80 pacientes con el mal de Chagas y un número intedeterminado con hepatitis B y C que no han sido informados.
Estos graves problemas en la salud pública han afectado la credibilidad de este sector y le costaron el cargo la pasada semana a la ministra María Soledad Barría.
Según las primeras investigaciones, en los centros asistenciales varias personas con sida fallecieron debido a que no tuvieron acceso al tratamiento médico debido, otros tantas personas murieron por complicaciones derivadas de la carencia de material quirúrgico esterilizado.
La presidenta chilena, Michelle Bachelet, doctora y ex ministra de Salud, ha insistido en que el sector "no está en crisis", aunque admitió que la falta de control y tratamiento en los enfermos de sida es inadmisible.
"El gobierno no niega las dificultades, yo he sido ministra de Salud y conozco las dificultades que habitualmente pueden existir en un sector", indicó la mandataria, quien destacó, no obstante, que Chile tiene indicadores de salud que le sitúan a nivel de los países más desarrollados.
La oposición ha criticado la gestión de las autoridades de salud e insiste en que el sistema de hospitales estatales carece de una estructura de incentivos que fomente la buena atención, hay ineficiencia en el uso de los recursos y falta de compromiso del personal médico y paramédico.
El escándalo se inició en octubre pasado cuando se descubrió que en la norteña ciudad de Iquique 25 personas con exámenes con resultado positivo de sida, de las que cuatro murieron posteriormente, no habían sido notificadas por las autoridades del hospital de esa localidad.
A ello se sumó el pasado fin de semana el que cinco personas a quienes se les detectó el virus de inmunodeficiencia humana tras donar sangre en el hospital El Salvador de Santiago no fueron notificadas de su situación.
El nuevo ministro admitió que es probable que existan más casos como estos, aunque carece de información para confirmarlo, y anunció que en tres meses se implementará un plan de contingencia para resolver los problemas de gestión y reducir las listas de espera.
Los establecimientos públicos atienden al 75 por ciento de la población en Chile y en los últimos meses se ha observado que el sistema público de hospitales no ha podido dar respuesta adecuada de servicio y atención que la población demanda.
Estos problemas no se deben a la insuficiencia de recursos, puesto que el presupuesto de salud para este año es tres veces mayor que el promedio de los ejecutados entre 1996 y 2006.
Desde abril de 2005 entró en funcionamiento el sistema AUGE, que establece un régimen general de garantías explícitas en salud para 40 enfermedades, cuyo tratamiento es prácticamente gratuito para la población.
En 2007, durante el actual gobierno, se incrementaron a 56 el número de enfermedades cubiertas por este plan y se prevé que para el 2010 serían 80.
En Chile se desarrolla un ambicioso plan de construcción de hospitales a fin de satisfacer la red pública asistencial en todo el país, donde los centros de salud privados tienen un gran peso.
El gobierno ha llamado a recuperar la confianza en el sistema público de salud, mientras el nuevo ministro hace esfuerzos por ordenar y elevar la gestión hospitalaria.
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Costa Rica: La policía usaría armas prohibidas para reprimir manifestaciones
Gerardo Ruiz Ramón (DIARIOEXTRA)
José Merino cuestionó una reforma al reglamento de la Ley de Armas y Explosivos publicado ayer en La Gaceta.
El diputado José Merino, del Partido Frente Amplio, difundió un comunicado de prensa donde advirtió que la Fuerza Pública podría usar armas prohibidas para reprimir huelgas y manifestaciones populares.
Merino considera que la reforma al artículo 19 del Reglamento a la Ley de Armas y Explosivos deja abierta esa posibilidad poniendo en riesgo la paz social.
“Lo que está haciendo el Poder Ejecutivo mediante este reglamento es delegar en los jefes de las unidades policiales una competencia que la ley expresa y exclusivamente le confiere a dicho poder de la República. Estos jefes policiales podrán decidir a su antojo cuando se justifica el uso de armas prohibidas”, alegó Merino en su comunicado.
El diputado afirmó que el reglamento en cuestión no excluye de su artículo 29 el uso de armas prohibidas para dispersar manifestaciones y huelgas, por lo que teme que los jefes de las unidades policiales justifiquen en estos casos el uso de armas prohibidas.
“Sin duda nos encontramos ante una actuación arbitraria e inconstitucional del Poder Ejecutivo. Es una vergüenza que el Premio Nobel de la Paz pretenda abrir portones legales como este para reprimir violentamente a la población”, enfatizó Merino.
El reglamento de la Ley de Armas y Explosivos enumera como armas prohibidas las que con una sola acción del gatillo disparan en ráfaga más de un proyectil. Dentro de esa categoría están las ametralladoras, fusiles, subametralladoras, carabinas semiautomáticas, entre otras.
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Nicaragua: FSLN: 93 alcaldías; PLC: 47 y ALN: 3, según últimos datos
RADIO LA PRIMERISIMA
El izquierdista Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, triunfó en al menos 93 alcaldías de las 146 en disputa en los comicios del pasado domingo, de acuerdo con el último reporte oficial del Consejo Supremo Electoral, CSE, en su página web, mientras que el derechista Partido Liberal Constitucionalista, PLC, obtiene sólo 47 y la Alianza Liberal Nicaragüense únicamente 2.
Según las últimas actualizaciones del informe del recuento de votos realizado por el CSE y publicado en su página web, el gobernante FSLN gana además en la capital, Managua, y en otras 10 cabeceras departamentales, mientras que el PLC debe conformarse únicamente con 5, cuando el tribunal de elecciones ha escrutado el 86.1 por ciento del total de las juntas receptoras de votos, es decir 10,162 de las 11,808 a nivel nacional.
Cabe destacar que el CSE aún no registra, en su informe de este miércoles, los resultados de las elecciones en tres municipios: Puerto Morazán, del departamento de Chinandega, Dolores del departamento de Carazo, y Comalapa, del departamento de Chontales, sin que haya una explicación oficial de ello hasta ahora.
De acuerdo con esos datos, en Managua y con el 77 por ciento de las juntas receptoras de votos escrutadas, el candidato del FSLN, el tri-campeón mundial de boxeo Alexis Arguello registraba una votación del 51.30 por ciento, mientras que el banquero Eduardo Montealegre, del PLC, sólo obtiene el 46.45 por ciento de los sufragios.
Los sandinistas también ganan en los municipios de San Francisco Libre, Villa El Carmen, Mateare, Tipitapa, Ticuantepe, San Rafael del Sur y Ciudad Sandino, del departamento de Managua, mientras que el PLC sólo gana en El Crucero, donde reside el ex presidente y reo por corrupción, Arnoldo Alemán, de acuerdo con ese informe.
El CSE señala que en el departamento de Nueva Segovia, con el 100 por ciento de las juntas receptoras de votos escrutadas, el FSLN triunfó en la capital departamental, Ocotal, y en los municipios de Jalapa, Santa María, Macuelizo, Dipilto, San Fernando y El Jícaro, mientras que el PLC lo hizo en Mozonte, Ciudad Antigua, Murra, Quilalí y Wiwilí.
Añade que en el departamento de Madriz, con el 99 por ciento de las juntas receptoras de voto escrutadas, el FSLN triunfa en la cabecera, Somoto, y en el resto de municipios: Yalagüina, Palacagüina, Totogalpa, Telpaneca, San Juan de Río Coco, San Lucas, Las Sabanas y San José de Cusmapa, en una barrida total al PLC.
En informe del CSE señala que en el departamento de Estelí, con la totalidad de las juntas receptoras de votos escrutadas, el FSLN retiene la capital de esa región, y los municipios de Pueblo Nuevo, Condega y San Juan de Limay, mientras que el PLC gana en San Nicolás y La Trinidad.
Agrega que en el departamento de Chinandega, con el 91.5 por ciento de las juntas receptoras de voto escrutadas, el FSLN gana en la capital del mismo nombre, y en los municipios de San Pedro del Norte, San Francisco del Norte, Santo Tomás del Norte, Cinco Pinos, El Viejo, Somotillo, Vila Nueva, El Realejo, Chichigalpa y Posoltega, mientras que el PLC se hace de Corinto.
En este departamento el CSE aún no publica datos del municipio de Puerto Morazán.
Los datos del CSE señalan que en León, con el 91 por ciento de las juntas receptoras de voto escrutadas, el FSLN gana la capital del mismo nombre y en el resto de municipios: Achuapa, El Sauce, Santa Rosa del Peñón, Telica, Quezalguaque, Lareeynaga, El Jicaral, La Paz Centro y Nagarote, en otra barrida a la derecha.
Según el informe, en el departamento de Masaya y con el 93 por ciento de las juntas receptoras de votos escrutadas, el FSLN sólo gana los municipios de Niquinohomo, Catarina y San Juan de Oriente, mientras que el PLC gana en la cabecera departamental del mismo nombre, y en Nindirí, La Concepción, Tisma, Masatepe y Nandasmo,
Añade que en el departamento de Carazo, con el 95 por ciento de las juntas receptoras de voto escrutadas, el FSLN gana la capital departamental, Jinotepe, y el resto de municipios: San Marcos, Diriamba, El Rosario, La Paz de Carazo, La Conquista y Santa Teresa, aunque aún no se publican datos del municipio de Dolores.
El CSE señala que en el departamento de Granada, con el 99 por ciento de las juntas receptoras de voto escrutadas, el PLC ganó la cabecera departamental del mismo nombre, mientras el FSLN lo hizo en los municipios de Diriomo, Diriá y Nandaime.
Según el informe, en el departamento de Rivas, con el 99 por ciento de las juntas receptoras de voto escrutadas, el FSLN gana la capital departamental del mismo nombre, y los municipios de Belén, Buenos Aires, Moyogalpa, Tola, Altagracia, San Jorge, San Juan del Sur y Cárdenas, mientras que el PLC se tuvo que conformar sólo con Potosí.
En el departamento de Chontales, con el 92 por ciento de las juntas receptoras de voto escrutadas, el PLC gana la capital departamental, Juigalpa, así como los municipios de Santo Domingo, Santo Tomás, Acoyapa, Villa Sandino y San Francisco de Cuapa, el FSLN sólo triunfa en La Libertad, y la Alianza Liberal Nicaragüense, ALN, gana en San Pedro de Lóvago y en El Coral.
Un décimo municipio de ese departamento, Comalapa, aún no registra datos de votación en la página web del CSE.
En el departamento de Boaco, con el 86 por ciento de las juntas receptoras de votos escrutadas, el FSLN triunfa en la capital del mismo nombre y en San Lorenzo, mientras que el PLC lo hace en San José de los Remates, Santa Lucía, Camoapa y Teustepe, dice el informe.
De acuerdo con el informe, en el departamento de Matagalpa, con el 99.40 por ciento de las juntas receptoras de voto escrutadas, el FSLN retiene la cabecera departamental y los municipios de El Tuma-La Dalia, San Isidro, San Ramón, Ciudad Darío, San Dionisio, Esquipulas y Muy Muy, mientras que el PLC ganó en Rancho Grande, Río Blanco, Sébaco, Matiguás y Terrabona.
Añade que en el departamento de Jinotega, con el 94 por ciento de las juntas receptoras de voto escrutadas, el PLC triunfa en la capital del mismo nombre y los municipios de Wiwilí, El Cuá, Santa María de Pantasma, San Sebastián de Yalí, San Rafael del Norte, y San José de Bocay, mientras que el FSLN gana en La Concordia.
En el único municipio de la Región Autónoma del Atlántico Norte en disputa el domingo, Waslala, ganó el PLC. Los restantes siete municipios de la RAAN van a elegir sus autoridades municipales en enero próximo, a la espera que mejoren las condiciones tras la devastación sufrida por el huracán Félix, de septiembre de 2007.
Según el informe del CSE, en la Región Autónoma del Atlántico Sur, RAAS, y con el 87 por ciento de las juntas receptoras de voto escrutadas, el PLC retiene la capital regional, Bluefields, y los municipios de Bocana de Paiwás, El Rama, El Tortuguero, La Cruz de Río Grande, Nueva Guinea y El Ayote, mientras que el FSLN ganó Laguna de Perlas, Kukra Hills, Corns Islands y La Desembocadura del Río Grande.
En la RAAS el partido ALN obtuvo su tercera municipalidad en estos comicios: Muelle de los Bueyes.
Añade que en el departamento de Río San Juan, con el 88 por ciento de las juntas receptoras de voto escrutadas, el FSLN retuvo la capital departamental, San Carlos, y en los municipios de Morrito y San Juan de Nicaragua, mientras que el PLC lo hace e El Almendro, San Miguelito y El Castillo.
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