
José Antonio Vera (especial para ARGENPRESS.info)
La prueba de los cien primeros días ha llegado, los ansiosos y cortoplacistas lamentan haberle votado y mucha gente ve languidecer sus esperanzas pero el primer anillo persiste en exhibir un relativo conformismo.
Fernando Lugo llegará este sábado 15 a los primeros tres meses de Gobierno, envuelto en resbaladizas indecisiones que han comenzado a debilitar las esperanzas populares de cambio y de combate a las desigualdades sociales, depositadas por un pueblo que nunca las había manifestado con tal fuerza de adhesión a otro candidato en las últimas seis o siete décadas.
Hay un nexo notorio entre los primeros pasos del Gobierno con la improvisación, confusión y malestar de algunos miembros del gabinete frente a las críticas que nacen en sus propias filas, dos desencuentros que no se agravan más porque los enemigos políticos no consiguen reponerse de la derrota electoral y se atomizan cada día más.
El empresariado, en particular el ganadero y el agroexportador, encabeza las diatribas contra Lugo, abrazado a la prensa comercial y a políticos estronistas..
Otro elemento perturbador es el engañoso papel que está jugando el Vicepresidente Federico Franco, del Partido Liberal, principal fuerza electoral de la gobernante Alianza Patriótica para el Cambio (APC), quien al mes de asumir Lugo ya presentó en público su candidatura para las presidenciales del 2013, revelando una pueril y desmedida ambición, que algunos interpretaron como un mensaje a sus divididos correligionarios-adversarios. No sólo a ellos, al decir “por el momento… soy el número dos”.
En las últimas horas, Franco se ha visto obligado a desmentir a José Ledesma, el Gobernador del Departamento de San Pedro, el más agitado del país por los reclamos de la siempre esquiva e indefinida reforma agraria, quien lo acusó de haber mantenido reuniones recientes con el exGeneral Lino Oviedo, de reciente reaparición con insultos a Lugo, y con el procaz y muy influyente Senador colorado Juan Carlos Galaverna.
Semanas atrás, Oviedo, en los últimos doce años desestabilizador de dos gobiernos, por lo cual ha estado preso, fue denunciado por un alto jefe militar de reunir, en forma conspirativa en su casa, al ex mandatario Nicanor Duarte, a los actuales presidentes del Senado Gonzalo Quintana y del Tribunal Electoral Juan Morales, un alto jerarca castrense y otros personajes de Estado, todos enemigos de Lugo.
Para la tribuna y evitando el escándalo, Lugo sonríe, minimiza los efectos, pide a Franco que pruebe que tiene sus teléfonos pinchados, como denunció, y la dice que la confianza se construye de a poco, aspiración que cada día se aleja más con relación a su Vice, quien se comporta como niño despechado, al declarar que nada “puede hacer porque el Presidente prefiere a Filizzola”, el actual Ministro del Interior.
La influyente Conferencia Episcopal, muy impugnada últimamente y que acaba de elegir autoridades con clara inclinación conservadora, reclama a Lugo medidas concretas, “como una reforma agraria”, sin comprometerse más allá de esa actitud.
Sin brújula y viejos métodos
Es innegable que, si algún día existió, la brújula del equipo de gobierno se extravió, lo que vuelve urgente la aparición de un barógrafo, que sea capaz de medir el peso de la desorientación de dirigentes y ciudadanía, que lo registre seriamente y lo comunique al pueblo, abriendo una consulta masiva y estimulando la participación que se ofreció y reclamó durante la campaña electoral, pero que la cúspide está olvidando.
Prueba grosera de los errores del novel gobierno es la persistencia en los métodos de represión policial, con un campesino muerto y decenas de heridos en menos de un mes, agravado por la rectificación de Lugo en algunas de sus posturas de apoyo a los sectores más marginados, olvidando sus propias palabras, cuando decía que “cambió la expectativa de la gente al tomar confianza en el cambio, y de que es posible transformar este país para mejor”. Entre los humildes se siguen registrando las víctimas del Estado.
Otra frustración para quienes han apostado por el cambio lo está generando la actitud de ciertos militantes con años de luchas en las calles, convertidos ahora en miembros del Gobierno, que defienden la represión y la protección de la propiedad privada, y hasta pretenden convencer a las organizaciones campesinas y a los sindicatos obreros y de docentes, de la necesidad de defender las instituciones y la Constitución Nacional, ignorando la legitimidad de la impugnación popular de esa vetusta superestructura, que mantiene intocable a la Policía y al Ejército, con negros antecedentes ambos.
Hace año y medio, Lugo afirmaba que “la Corte Suprema de Justicia es una vergüenza, sometida a intereses políticos y económicos perversos”. Y añadía: hay que preguntarles si hay justicia en el país a las víctimas del Ycuá Bolaños, el supermercado incendiado el uno de agosto del 2004, con 400 muertos y cerca de 300 huérfanos y lisiados, porque los propietarios, hasta ahora sin condena, ordenaron bloquear las puertas para que no se robara mercaderías, que para ellos valían más que los seres humanos.
Sin embargo, cuando miles de luchadores de los movimientos sociales se concentraron días atrás frente a la Fiscalía General, reclamando el reemplazo del titular Candia Amarilla y de cinco Ministros de la Suprema, lo que recibieron fue una feroz represión con balines, garrotes y patadas a numerosos niños, mujeres y ancianos, derribados al suelo por un inesperado malón uniformado, como hacía años no se veía en Asunción.
La desproporción del ataque fue tal que hay sospechas de que la acción pudo ser provocada por personajes del propio Poder Judicial, para desprestigiar al Gobierno por su manifiesta incapacidad para reducir la violencia callejera.
Ganar elecciones no es igual que gobernar
Ante el claroscuro de la acción del Gobierno de Lugo, es bueno recordar que el triunfo electoral del 20 de abril, resultó de una suma de factores, entre los que destacó la conformación de la APC, acuerdo heterogéneo y electoralista, que se benefició del hartazgo mayoritario ante la corrupción estatal y privada, de la cual no estuvo ausente parte de la membresía de la actual administración, que vio una ocasión de blanqueo.
En ese triunfo, también jugó rentablemente la novedosa adhesión crítica de los movimientos sociales y de algunas organizaciones políticas pequeñas, cuyo voto consciente marcó una diferencia substancial con la manada obediente que, desde los años cincuenta, manipulaban a su antojo los colorados.
La idea de que era posible revertir algo la situación del deterioro nacional, comenzó a germinar el 29 de marzo del 2006, bajo la consigna “Dictadura nunca más”, cuando 40 mil personas, en pleno centro de Asunción, auparon al entonces Obispo para que encabezara un movimiento político abierto, democrático, abarcante, que sacara al pueblo del prolongado letargo y convocara participación masiva.
Justo un año después, con el eslogan “Unidos para el cambio”, nació la gran esperanza que, en un año y casi ocho meses más, hizo posible la derrota del Partido Colorado y su desalojo del Gobierno el 15 de agosto, que ocupaba desde 1947 en forma corrupta, prebendaria, desprolija, habiendo convertido el Estado en una factoría propiedad de unas cien familias que amontonaron inmensas fortunas malhabidas, que están gozando con total impunidad titulares y herederos.
De la mano de los Generales Nicolás Morínigo, 1947/51 y de Alfredo Strossner 1954/89, bajo el pretexto de combatir el comunismo y defender la democracia y la libertad, miles de paraguayos fueron presos, torturados, asesinados y la generación más instruida sometida o exiliada, en aplicación del Consenso de Washington y la hipócrita estrategia de la Seguridad Nacional, corolario del transnacional Plan Cóndor de exterminación de opositores en toda Sudamérica durante la década y media de tiranías militares.
En febrero de 1989, había comenzado la llamada transición a la democracia que, a poco de andar, se tradujo en una simple transacción, típico gatopardismo.
Lo positivo fue que permitió desplazar al tirano Strossner y decantó a la oposición, cuya pobreza ideológica arrojó numerosos militantes en brazos del corrupto aparataje estatal y dio nacimiento a un tejido de organizaciones no gubernamentales que, salvo excepciones, constituyen otra de las grandes frustraciones de este pueblo.
Al asumir la banda presidencial, Lugo declaró terminada la transición hacia la democracia pero, examinando un poco la realidad de estos tres primeros meses de su administración, esas palabras apenas tienen valor de anhelo, dado que los mayores males que aquejan al país permanecen sin modificación, y sus causas sólo reciben amenazas verbales, tan débiles que para nada inquietan a los principales responsables.
La medida más justa de este Gobierno y de amplia aprobación popular, ha sido el decreto de asistencia gratuita en todos los centros de salud del país, aunque ello es impracticable en un cien por ciento porque los hospitales están sin presupuesto y vaciados de medicamentos, instrumental y vehículos. La medida vale, pero es su soledad, en lo que debiera ser un paquete gubernamental, lo que más la destaca.
Hay voluntad y buenas intenciones, pero…
Voceros de algunos ministerios y secretarías, difunden enunciados encomiables, pero en la práctica es muy poco lo que se traduce para aliviar a más de un millón de paraguayos que sufren hambre, sin que aparezca un mínimo plan alimenticio, como tampoco surge alguna luz en el oscuro camino al acceso a la tierra de los labriegos expulsados por el latifundio y la falta de políticas de desarrollo rural, que se arrastra desde hace 130 años. Cada año ingresan al mercado laboral 300 mil jóvenes, pero no hay trabajo para nadie.
En los últimos 19 años, la población rural bajó de 60 a 40 por ciento, con relación a los seis millones de habitantes del país, que tiene cerca de un millón de emigrantes. En ese mismo período, la soja, mayor parte transgénica, se desarrolló con fuerza y este año ocupa tres millones de hectáreas, haciendo del país el cuarto exportador mundial.
Los beneficiados, casi sin gravamen fiscal, conforman una ensalada de productores y de personajes de dudosa reputación, vinculados al tráfico de drogas, vehículos y personas, entre quienes destaca Tranquilino Favero, quien explota entre 45 a 55 mil hectáreas, distribuidas en 13 de los 17 departamentos del país. Es un misterio el origen de su fortuna como su título de propiedad y real extensión. El país carece de catastro.
Favero, vinculado al estronismo, al igual que muchos de sus colegas, encuentra mano de obra barata entre los 500 mil brasiguayos residentes en la frontera del Paraná, muchos emigrantes ilegales, que representan el 10 por ciento de la población de Paraguay.
Los niveles de violencia de todo tipo van en aumento, y hasta es dable presumir que hay una estrategia deliberada de intensificación para provocar malestar y temor entre la gente, en leve guerrita sicológica para obstaculizar los esfuerzos de gobernabilidad de un Ejecutivo que, hasta ahora, aparenta carecer de ideas para combatir la drogadicción e impulsar la creación de puestos de trabajo de utilidad social y de inserción en cursos de capacitación profesional. Una parte de los miles de desocupados podría tener alivio.
Las cárceles, depósitos de marginados, muchos con sida y tuberculosis, tienen capacidad para cientos, pero amontonan miles de presos, el 80 por ciento sin condena, están convertidas en fuente de delitos extramuros, porque muchos jefes de bandas dirigen desde adentro sus acciones. Con celulares chantajean con secuestros a sus víctimas, de las que tienen pormenorizados datos personales y de su familia, o encomiendan a sus socios que asalten personas, vehículos y domicilios.
Frente a ello, el nuevo gobierno está ausente y, al igual que los anteriores, carece de planes para intentar recuperar a esa población.
Días atrás le comunicaron a un preso que podía irse y se le vio traspasar el portón de la cárcel sólo con roídas sandalias y una camisa y un pantalón, sin idea dónde ir ni qué hacer, pues ni siquiera se le facilitó estudiar o aprender algún oficio, mientras se consumía la mitad de su juventud. Entró por robar un poco de ropa y lo condenaron a cuatro años, pero pasó 11 de más, olvidado por abogados, carceleros, fiscales y jueces.
Foto: Fernando Lugo, presidente de Paraguay. / Autor: Ubaldo González - XINHUA.
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