miércoles, 19 de noviembre de 2008

Colombia se desmorona entre asesinatos, robos, desempleo y crisis social


Apolinar Díaz – Callejas (especial para ARGENPRESS.info)

En pocos días termina el año 2008, en el que ha caído sobre Colombia una espantosa crisis humanitaria, política y social, como aterradora expresión de los daños que ha causado al país el gobierno del Presidente Uribe Vélez.

El país fue convertido por el actual gobierno en el más abyecto de América a los intereses políticos y dictados del gobierno del Presidente George Bush.

La situación es tan grave que periódicos como El Tiempo, el de mayor circulación nacional, ahora propiedad de una empresa de la ultraderecha española, que fue en el pasado de reconocida independencia nacional y política, ha tenido que denunciar el desmoronamiento de la vida y economía de los colombianos. El diario liberal El Espectador, uno de cuyos directores, Guillermo Cano, fue asesinado hace varios años, ha renacido manteniendo la política informativa sobre la realidad de una disolución nacional del país bajo el gobierno Uribe Vélez que mantiene la nación bajo el peso de crimines y asesinatos de toda clase de gentes, de despojo del campesinado por narcos y paramilitares, de represión y encarcelamiento de estudiantes de importantes universidades de Bogotá, y de asesinatos de miembros de organizaciones campesinas, de ataque directo y a bala a los grupos indígenas y ciudadanos originarios de razas africanas.

Algunos ejemplos muestran lo dicho. El gobierno y la prensa inventaron la frase "falsos positivos" para describir asesinatos y crímenes de miembros del ejército y la policía contra jóvenes y gentes del pueblo. En sólo Bogotá fueron asesinados 19 jóvenes, cuyos cadáveres aparecieron a varios miles de kilómetros del lugar de los hechos, enterrados en tumbas colectivas. Pero resultó que lo que parecía un hecho aislado es una política criminal practicada y ejecutada en la mayoría de las regiones colombianas. Como autores de esos asesinatos han aparecido miembros del ejército y de la policía.

En estos momentos ha estallado en todo el territorio nacional, especialmente en los Departamentos del Valle, Nariño, Boyacá, Antioquia, Putumayo y el propio Bogotá, el escándalo de empresas privadas con distintos nombres, DRFE (Dinero Rápido, Fácil y Efectivo), DMG (David Murcia Guzmán), que se robaron miles de millones de pesos. Este último personaje estuvo en el Palacio Presidencial de Colombia, reunido con el Secretario de Prensa, Cesar Mauricio Velázquez, lo que prueba que el Presidente de la República y sus altos empleados sabían lo que estaba pasando. Por eso en sus últimos discursos públicos, el Presidente Uribe Vélez ha tenido que invocar la ayuda de la "divina providencia", al tiempo que en cuestión de pocas horas lanzará un montón de decretos para tratar de detener el caos. Además de lo anterior, fueron creadas empresas particulares, que ofrecían grandes utilidades a los depositantes en ciudades y zonas rurales. Las gentes creían que era un "milagro" de la divina providencia. No es aventurado expresar que las pérdidas de los depositantes, gentes de clase media baja, sobrepasan los cien mil millones de pesos. El Procurador General de la Nación Edgardo Maya Villazón, ha exigido a los alcaldes municipales, distritales y locales que de forma inmediata practiquen visita de investigación y control a las decenas de empresas que se lanzaron a recoger ahorros de los pobres de Colombia. El gobierno Uribe Vélez que sabía lo que estaba pasando, se mantuvo impasible, preocupado por sus intrigas para obtener la inclusión del tema del TLC entre Estados Unidos y Colombia que impulsan Bush y Uribe Vélez en el temario del Presidente Barack Obama.

A su vez, los jueces investigadores de la masacre cometida en el Palacio de Justicia hace varios años, han encontrado nuevos elementos para esclarecer la responsabilidad gubernamental en los crímenes de entonces. Uribe Vélez mantiene su guerra y agresión contra las organizaciones de indígenas colombianos que iniciaron hace varias semanas una marcha a pie hacia Bogotá, para exigir del gobierno el cumplimiento de los compromisos con esa población y la de origen africano. Se ha conocido un correo electrónico del grupo ultraderechista "Águilas Negras", que señala como su objetivo militar inmediato a 32 estudiantes y egresados de 4 facultades de la Universidad Nacional.

El Tiempo destaca que el Presidente Uribe llegó tarde a esta crisis y por ello "la reacción visceral de los ahorradores ha sido de culpar al Estado más que a su propia avidez". Como historiador, subrayo que el mediocre desarrollo capitalista colombiano, que viene desde la Colonia, ha tenido numerosos sucesos de estafas y robos de los ahorros del pueblo. Algunos personajes nacionales de alto relieve fueron encarcelados por esos delitos.

Foto: Alvaro Uribe Vélez presidente de Colombia. / Autor: Zhang Chuanqi - XINHUA


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Barack Obama y las primeras medidas


Juan Francisco Coloane (especial para ARGENPRESS.info)
Más allá de Guantánamo

Uno de los pilares de la agenda de cambio que propulsó Barack Obama y que contribuyó definitivamente en su victoria electoral, consiste en mejorar la imagen internacional de EEUU.

En este plano, el cierre inmediato de la cárcel de Guantánamo, conocida oficialmente como Delta Camp, trabaja por el lado del símbolo, más que por su peso político específico. Los problemas en la guerra internacional contra el terrorismo son variados y de calado profundo.

Allí se cruzan una variedad de temas y objetivos de una densidad no reflejada en otros problemas hasta cierto punto bien delineados, como el económico, o el de la supremacía política. La guerra internacional contra el terrorismo trasciende más allá.

Seguridad y finanzas, los dos ejes de un sistema que intenta propagarse a una mayoría de países, no admite distracciones. Hay que asegurarlo inyectando una alta dosis de autoritarismo en los gobiernos bajo la pátina de la gobernabilidad.

Se podrá cerrar el Campo Delta, sin embargo el problema de instrumentos internacionales que legitimen o respalden este tipo de guerra contra el terrorismo, permanece, y tal vez se asiente más que antes. Con resolver Guantánamo, o resolviendo la ocupación de Irak, o la próxima a gran escala de Afganistán, no se cierra el capítulo negro en el sistema de relaciones internacionales.
Guantánamo y el régimen de excepción

Con posterioridad a los atentados del 11 de septiembre, la guerra internacional contra el terrorismo es la figura política central adoptada en la administración Bush. Es respaldada en mucho sentido, por una resolución de la ONU en 2001 (Res: 1373-2001), que otorga un amplio margen de maniobra a cualquier gobierno para protegerse del terrorismo con redes internacionales.

A siete años de los atentados y por los resultados, los países que forman la ONU, tienen la obligación de revisar esta resolución que impulsa medidas para que los Estados funcionen bajo condiciones al límite de un régimen de excepción, en cuanto a libre circulación y protección de libertades individuales.

Bajo un estado en régimen de excepción, llega a Guantánamo el 10 de enero de 2002, un grupo de prisioneros de Afganistán. El 15 de enero del mismo año, se inicia la controversia si los prisioneros tienen derechos bajo la Convención de Ginebra. Donald Rumsfeld, secretario de Defensa, declara que al no ser prisioneros de guerra, no les corresponde ese derecho.

El 11 de marzo de 2003, al comenzar la invasión a Irak, la Corte de Apelaciones de EEUU establece que los detenidos del Campo Delta no tienen derecho a las cortes civiles. Guantánamo continuaba en segundo plano hasta que el 10 de octubre de 2003, por primera vez, un oficial de la Cruz Roja “filtra” que hay alrededor de 600 detenidos sin debido proceso, y maltratados. El asunto explotaba, aunque sin el simbolismo actual.

Desde la perspectiva de los instrumentos existentes, el Gobierno de Bush se ha sentido respaldado. Como que la ocupación de Irak, hubiera absorbido la energía y también las atrocidades que se cometerían en aras de la guerra internacional contra el terrorismo. Por otra parte, en términos de Derecho Internacional, éste “deja en manos de los estados la elección de los medios conducentes a la observancia de sus compromisos internacionales”. (Remiro Brotóns.A; Derecho Internacional, pp 398. Mac Graw Hill. 1997).

El andamiaje jurídico en EEUU siente no obstante el peso de dos factores: primero, la ilegalidad del Campo Delta con 600 prisioneros sin debido proceso; y segundo, la ausencia de un marco jurídico local e internacional para legitimar el cauce legal que enjuicie a los detenidos. El 10 de noviembre de 2003, la Corte Suprema examina si las detenciones se pueden insertar en el sistema jurídico norteamericano.

Desde el pronunciamiento de la Corte Suprema, pasaron casi tres años, y el 16 de febrero de 2006 por primera vez oficiales de la ONU llaman al cierre inmediato del campo, denunciando abusos y torturas. El Gobierno de EEUU entraba en la zona del alegato de Lord Hoffman contra Augusto Pinochet en 1998, cuando le acusa de ser responsable de tortura como política de Estado.

El 16 de junio de 2006 tres detenidos se suicidan, y en menos de una semana G.W. Bush insinúa la posibilidad del cierre del campo. La Corte Suprema declara el 26 de junio que el gobierno no tiene la autoridad de juzgar a los sospechosos a través de un tribunal militar, abriendo la puerta para que el Congreso se pronuncie.

El 29 de marzo de 2007, Robert Gates el nuevo secretario de Defensa, urge al Congreso a encontrar la forma de cerrar Guantánamo. Las presiones de los grupos de DDHH continúan, aunque el tema adquiere nueva notoriedad internacional con la elección de Barack Obama en noviembre de 2006.
Cambio o transición

Para EEUU, con un presidente como Barack Obama que aspira a rectificar errores mayores de la actual administración, Guantánamo representa la punta del iceberg en una masa de problemas que requerirá de tiempo y reconstrucción política. Por su magnitud, es probable que la palabra “cambio” de lugar a una aspiración más acotada, como el de una “transición prolongada”.

Donde se observan dificultades, -por el clima internacional especialmente -, es en abordar cuestiones no resueltas en el derecho internacional, y en las Constituciones de los países. En este sentido, por los resultados que se observan en dos ejemplos distintivos como Colombia y Pakistán, la guerra contra el terrorismo internacional ayuda más bien a gobernar, que a controlar el terrorismo. En tiempos de crisis social y política, el uso de cualquier brecha legal para instalar medidas de excepción como las que impulsa la guerra contra el terrorismo, se torna aún más relevante.

El equipo político que decide iniciar la guerra internacional contra el terrorismo, - deliberadamente o por error- desata la inadecuación de la maquinaria legal sobre la cual se sustenta la idea de “nuevo orden internacional” esbozada a partir de dos variables: libre mercado y seguridad. Los problemas de fondo están más allá de Guantánamo, y lo que se haga respecto a esta guerra, desborda las fronteras de EEUU, y los márgenes del actual debate.

Foto: Barack Obama, presidente electo de los Estados Unidos de Norteamérica. / Autor: BARACK-OBAMA.TV.


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Menores en riesgo: Algunas observaciones psicológicas


Marcelo Colussi (especial para ARGENPRESS.info)

En el nada paradisíaco mundo en que vivimos cada día 10.000 niños mueren de hambre. Pero muchísimos más, aunque con dificultades, sobreviven; claro que, a veces, a un alto costo: muchos deben trabajar a una corta edad -se calcula en más de 600 millones en todo el planeta la cantidad de menores trabajadores.

(Ante cosas así es que cabe cuestionarse cómo es aquello del "trabajo, esencia probatoria del Ser Humano", que "el trabajo dignifica" o que "nos hace libres"…). Inclúyase en ese "trabajo" la prostitución infantil. Pero todavía estamos hablando de niños que viven bajo un techo; más grave es aún la situación para los 150 millones que viven en las calles de las grandes urbes.

"Los niños primero" suele escucharse. Muy literalmente se entendió esto en la guerra de Irán-Irak donde los párvulos iban al frente para detectar las minas enemigas, pisándolas. Pero no: "los niños primero" no en ese sentido sino como esperanza de algo mejor. Porque a todas luces lo actual puede -¡y debe!- ser mejor (un perrito hogareño del Norte come más carne roja que un habitante del Sur, mientras que uno de los negocios en mayor expansión actualmente es la pornografía infantil).

Menores hambrientos, explotados, marginados; niños víctimas cuando deberían ser privilegiados; niños que mendigan, que no juegan, que no sueñan; niños soldados, niños objeto sexual, niños que estorban, que sobran, que tienen ya -apenas iniciada su vida- trazado un sombrío destino. Sin dudas debemos mejorar mucho todavía el cuidado de los niños. Aunque legalmente se supone que todo menor está protegido por derechos constitucionales en cualquier parte del mundo, la cruda realidad enseña que no son pocos los lugares donde un niño trabaja, no termina su educación académica siquiera de escuela primaria, padece enfermedades previsibles o se cría en contextos de extrema violencia.

¿Qué significa "menores en riesgo"? Es éste un concepto amplio, más descriptivo que operativo; suele hablarse también de "circunstancias especialmente difíciles". Caen en esta categoría desde niños que viven en zonas de guerra a los hijos de familias disfuncionales (padres alcohólicos, por ejemplo), desde menores de barrios marginales de las grandes ciudades o que se salieron de sus hogares y viven en las calles a huérfanos por los más diversos motivo. Está claro que cualquiera de estas vicisitudes -todas ellas difíciles de sobrellevar por su naturaleza traumatizante- coloca a un ser en formación ante un alto riesgo de afectar su normal desarrollo, tanto biológico como psicológico. A veces se pueden prevenir, y ocasionalmente evitar, las circunstancias desfavorables; otras veces, aunque no evitarlas, disminuir los riesgos de su carácter nocivo. Hay ocasiones en que sólo se podrá trabajar una vez consumando algún daño. Estamos, entonces, ante distintos niveles de un mismo e intrincado problema.

La Psicología Clínica es un instrumento definitivamente válido para arreglar algunos de estos problemas, pero sólo aplicable cuando ya está en curso un trastorno puntual. Ante muchos de los acuciantes problemas de millones de niños en el mundo son, o deberían ser, otros los medios para actuar. El "riesgo" que generan "circunstancias especialmente difíciles" a tantos infantes hay que abordarlo desde otros campos: lo social, lo político.

¿Por qué mueren de hambre tantos niños y niñas? ¿Por qué cantidades tan enormes están condenadas a criarse en los límites de la subsistencia?: poca comida, sin agua potable, escasa o ninguna escuela o atención médica. ¿Por qué un niño puede ser regalado o vendido? ¿Acaso alguien elige trabajar a los 6 años de edad? ¿Alguien elige compartir el escaso pan con una docena de hermanos, o soportar los castigos de un padre alcoholizado? No son los niños quienes deciden la guerra, aunque les toque sufrirla.

La estructura económico-social que presenta el mundo beneficia a unos pocos y condena a los más. Esta tendencia se acentúa en las áreas más pobres, aquellas donde no está en juego la discusión sobre la calidad de vida, sino su posibilidad (uno de cada dos nacimientos se da en una zona urbano-precaria del Sur). La Psicología poco tiene que hacer al respecto. Para la lógica dominante la mejor alternativa a la pobreza es detener la proliferación de más bocas que alimentar (léase: evitar que haya más pobres). De ahí la insistencia en campañas de contracepción, y no precisamente con un ánimo reivindicativo para la mujer. El riesgo que corren millones de pequeños (hay 3 nacimientos por segundo en el mundo) es sencillamente nacer pobres, nacer marginados; más aún, el riesgo es simplemente "nacer". La única prevención posible para que ese alumbramiento no agregue una cifra más a las estadísticas de menores en condiciones de alta vulnerabilidad no es evitarlo, sino evitar que siga habiendo pobreza. Tal vez todo el mun
do sabe que la situación de la Humanidad no mejorará mientras no se potencie al máximo el cuidado y preparación de los niños, nuestra semilla de futuro. Es cada vez más palmariamente notorio que la riqueza de las naciones está en su capital humano. Pero, aunque se sepa todo esto, ¿qué impide que se actúe en consecuencia?

Ese es un primer nivel de acción: trabajar en la estructura económico-social que, por sí, es ya riesgosa para muchos. Trabajo político, sin dudas. Quizá la Psicología, tal vez no la práctica clínica sino su dimensión colectiva, tenga algo que aportar. Al menos si se piensa que hay quienes, desde las actuales condiciones, apelan a ella para perpetuar el estado de cosas. "En la sociedad moderna el rumbo lo marca la suma de apoyo individual de millones de ciudadanos incoordinados que caen fácilmente en el radio de acción de personalidades magnéticas y atractivas, quienes explotan de modo efectivo las técnicas más eficientes para manipular las emociones y manejar la razón" (Z. Brzezinski, asesor presidencial de James Carter y uno de los ideólogos de los Documentos de Santa Fe). Aunque duela, eso también es una forma de Psicología, tanto o más efectiva que la clínica.

Pero no sólo constituye un riesgo para millones de niñas y niños su status material; también lo es la dimensión cultural, los valores y creencias en que se crían. El machismo, el autoritarismo, el verticalismo, la negligencia paterna, la impunidad y la corrupción, la cultura de la violencia en su sentido más amplio son otras tantas formas de sembrar problemas en los futuros adultos, por tanto de cosechar problemas en el tejido social.

Son pocos los lugares donde realmente es tenida en cuenta la palabra de un menor, donde alguien puede ir preso por golpear a un niño. Los derechos infantiles no son, de momento, una realidad inamovible; son aspiraciones. La consigna de: "el que manda, manda, y si se equivoca vuelve a mandar" (de algún militar latinoamericano) ocupa aún un lugar de privilegio en la cosmovisión de mucha gente en muchos sitios. Modificar muchos patrones adoptados como normales y que no son objeto de cuestionamiento (que "los pantalones los llevan los varones", que "los homosexuales son despreciables", que "a golpes se hacen los hombres" o que "los pobres son pobres porque no quieren trabajar"…) puede ser un poderoso factor protectivo y promover bienestar. En ese sentido la Psicología puede aportar, tal vez no la clínica, pero sí su perfil social, para trabajar en pos de una necesaria transformación cultural. Salud Mental Comunitaria podría llamarse con más precisión este campo; eso no es patrimonio de la Psicología sino terreno
de entrecruzamiento de prácticas y discursos varios. La Salud Mental de una comunidad no es la falta de conflictos en su interior sino su madurez para afrontarlos y tratarlos.

Sin dudas es un importante elemento para reducir los riesgos de la marginación (y posterior condena) de cualquier minoría el promover una actitud tolerante (no digamos ya solidaria): reconocer que no hay "escoria" social porque sí sino que una sociedad "produce" sus marginales, que todos tenemos que ver con ese asunto.

Como siempre en cualquier orden, el eslabón más débil es el primero en cortarse. Cuando hay pocos recursos económicos, cuando se vive al borde de la subsistencia, la vida no vale nada y no existe proyecto de futuro, ese eslabón lo ocupan casi indefectiblemente los niños. En los sectores más sumergidos los primeros en recibir los golpes -en todo sentido- son los menores. Por cierto, ser marginado dentro de la marginación no da muy buen pronóstico.

Seguramente el grupo en más alto riesgo que pueda encontrarse son los niños que, por distintos motivos, dejaron su hogar de origen y viven en la calle. Ahí el riesgo es casi absoluto: riesgo de morir (en Río de Janeiro, Brasil, los escuadrones de la muerte "limpian" cinco cada día), de devenir drogadicto, delincuente, prostituirse, contraer el VIH-SIDA. En general el riesgo de todo esto se materializa.

¿Puede la Psicología hacer algo al respecto? Como práctica profesional está lejos de actuar sobre los cimientos sociales que producen desigualdad y exclusión. Pero puede ser un importante instrumento para la prevención de prejuicios estigmatizantes, de más violencia. Por otro lado, cuando las condiciones de vida sirven para producir daño en la subjetividad de alguien, cuando asistimos a conductas erráticas o en cortocircuito con lo esperado, a partir de lo que se genera malestar, es momento de intervenir clínicamente.

Un menor criado en contextos desfavorables y donde el peligro de que suceda algo no deseado, traumatizante, desgraciado, ya dio lugar a un problema de disfuncionalidad (porque delinque, o se droga, o es madre soltera, o se callejizó, o porque presenta síntomas psicológicos diversos: desadaptación, mal rendimiento académico, inhibiciones varias) necesita un abordaje clínico. ¿Es un enfermo acaso?, ¿se reconoce él como tal? Lo significativo es que, en general, estos niños no demandan explícitamente tratamiento psicológico, ni tampoco sus familias. Tal vez ahí está el meollo: nadie demanda por ellos. ¿Cómo pensar en un sano desarrollo si no hay Otro que vele por el pequeño ser en formación? Puede haber ser humano "normal" en tanto hay otro (función simbólica de la familia, transmisión de la Cultura, de la Ley). Como dijo Bertold Brecht: "sólo no eres nadie, es preciso que otro te nombre". Cuando ese Otro viene tan mal articulado, el futuro abre serios interrogantes.

Todo ser en formación que atraviesa experiencias traumáticas (sea conflicto armado, pobreza extrema, violencia familiar, abuso sexual) presenta secuelas psicológicas asociadas. Las posibilidades de recuperación están en estrecha relación con la estructura profunda y la historia previa. La guerra, una catástrofe natural o un accidente importante dejan marcas, a veces indelebles. Pero hay -la experiencia clínica lo confirma- muchas y buenas posibilidades de superación. Esas agresiones vienen, por así decirlo, totalmente de por fuera de la historia del sujeto. Impactan, con mayor o menor fuerza, sobre una estructura psicológica ya de alguna manera preformada. Eso es lo que hace que puedan ser medianamente absorbidas. Distinto es el caso de agresiones a la integridad subjetiva de un pequeño ser, dadas no por aquel tipo de cataclismos externos sino por condiciones estructurales.

Un ser humano, para conformarse como tal, necesita de un complejo y arduo proceso de humanización. Un nacimiento, en su dimensión puramente biológica, no asegura por sí mismo el futuro de la criatura llegada al mundo en orden a una posición social, una identidad sexual, una aceptación de su entorno. Todo esto implica un recorrido; al final del mismo puede encontrarse, quizá, la normalidad (que es siempre relativa, coyuntural, histórica). Devenir un ser adaptado, uno más de la serie, es algo que se mediatiza a través de la incorporación de la Ley. La Ley como principio ordenador que pone límites y permite la vida social. Eso se juega siempre en una dinámica intersubjetiva que, hoy por hoy y en nuestra cultura -ni la única ni la mejor- asume la forma de la actual familia exo y monogámica, la cual -preciso es decirlo- comienza a hacer agua por varios lados. ¿Qué pasa cuando ese dispositivo falla? Ahí la agresión a la subjetividad tiene un carácter estructurante. Si falla el modo de ingreso a la dimensión de la Ley, si eso no se efectúa como proceso "natural" en el seno de una pareja parental, si la realidad de un pequeño es solamente violencia física, carencia afectiva y ausencia de transmisión de normas (todo lo cual sucede cada vez más frecuentemente en muchos sectores sociales: los más postergados, los excluidos) las consecuencias psicológicas pueden ser fatales: nos encontramos con menores desintegrados de la red social, con todo lo que ello conlleva.

Las políticas neoliberales en curso producen cada vez más exclusión. En todas las grandes ciudades crecen vertiginosamente sus cinturones periféricos (los sin-tierra del área rural deslumbrados por la megápolis). Crece también en forma alarmante la delincuencia juvenil así como los niños de la calle (en general son las zona urbano-precarias las productoras de estos fenómenos). La marginación, cruda realidad de nuestros días, aumenta. Los que no están integrados a la normalidad, a la lógica dominante, los que "sobran" son cada vez más. ¿Puede alguien sobrar? Técnicos en economía llegan a hablar de "poblaciones excedentes". Estar de más es estar por fuera de la Ley, de la norma social. Los barrios marginales están al margen de la Ley (se habla de "asentamientos irregulares"). El riesgo que corren los que allí se crían es quedar al margen de la Ley, en todo sentido; la psicología de un "sobrante" se moldea en relación a ello.

Un niño crecido en esas circunstancias, donde lo posible es, con suerte, la pura subsistencia, donde la violencia de los hechos tiene el fragor de una guerra pero con la diferencia de ser no un acontecimiento extraordinario sino lo cotidiano, lo normal, ha de manifestar dolorosamente todo lo recibido. Si su condición humana es transgredida día tras día, es altamente probable que luego pueda ser trasgresor (se repite activamente lo que se sufre pasivamente, enseña la práctica clínica).

La experiencia del trabajo psicológico confronta con menores que, crecidos al margen de todo (buena alimentación, familia integrada y funcional, respeto, escolarización, atención médica, afecto) tienen severas dificultades para salirse de su situación de marginales. Son niños expulsados; expulsados de todo: de sus hogares, de la dinámica intersubjetiva de sus familias, de las normas sociales. Niños que "sobran" en sus casas, niños que "sobran" en poblaciones que "sobran". Si alguien se siente "de sobra" ("mi mamá me regaló cuando tenía cinco años y me crió otra señora" decía alguno de estos menores), ¿cómo y por qué habría de apegarse a la Ley?, ser un "ciudadano de bien".

Con una intervención clínica se puede comenzar -a veces, y no en todos los casos- a construir una historia nueva. ¿Qué cosa autoriza entonces un acercamiento terapéutico si no hay un pedido expreso al respecto? Tengamos en cuenta, además, que no nos referimos a una aproximación psiquiátrico-forense para "certificar" la locura o desadaptabilidad de alguien legalizando, desde una pretendida asepsia técnica, su reclusión en un manicomio o en un reformatorio. ¿Por qué, pues, psicología clínica para estos niños víctimas de historias tan abrumadoras, de abuso, violencia, miseria, humillación? Simplemente porque lo necesitan, aunque no puedan decirlo. Nadie dudaría que un desnutrido o un discapacitado necesiten una intervención médica. De lo que se trata es de brindar las condiciones necesarias para que esas historias tan dramáticas de los menores violentados puedan ser puestas en palabras. He ahí el arte de la Psicología Clínica: propiciar la expresión, invitar -y conseguir- que alguien pueda preguntarse acerca de sí, pueda hacerse cargo de su propia historia.

Los medios para lograr esto son variados, y por cierto no está dicha la última palabra al respecto. Psicoanálisis (que es, ante todo, un cuerpo teórico y una metodología de trabajo, no debiendo asociarse a estereotipos tales como diván, altos honorarios o tratamientos interminables), terapias conductuales, terapia familiar sistémica, grupos de autoayuda o dispositivos varios (dramatización, teatro terapéutico, músicoterapia) pueden ser caminos para lograr que un menor con serios trastornos comience a replantearse su subjetividad y encuentre nuevas alternativas.

Las instituciones que trabajan con menores en situación de alto riesgo, sean estatales o fundaciones no gubernamentales (obviamente no las hay privadas porque este no es un rubro rentable), con diversas propuestas en su accionar: punitivas (los centros de reorientación públicos) o humanitario-caritativas (en general todas las organizaciones no gubernamentales) no destinan mayores esfuerzos a la intervención clínica. Desde ya los abordajes psicoterapéuticos no son por sí mismos la solución para este grupo de población. Pero seguramente (¿por prejuicio, por desconocimiento?) no se los explota todo lo que se podría. Apelar a la buena conciencia, al sermón, al amor incondicional, al saber oficial que indica el camino correcto, pareciera no resolver mayormente los problemas acumulados. Tal vez, y creemos que vale la pena el intento, combinando todo esto con un mayor énfasis en la Psicología Clínica se podría permitir que, quizá, un niño o joven víctima de cualquier historia desgarradora pueda encontrar nuevos rumbos a sus pesares. Hablar de los propios problemas -y eso se hace en un tratamiento psicológico justamente- nunca es malo. Al contrario: puede ser el inicio de un cambio positivo.

Debemos trabajar para que no haya injusticia, para que no haya más pobres en el límite de la subsistencia, ni guerras, ni tráfico de drogas o niños abandonados; pero si, pese a todo el empeño del caso, sigue habiendo de todo esto, la Psicología como práctica social puede hacer bastante para remediar sus efectos perniciosos. Pero no hay que pedirle más de lo que puede dar a un ejercicio profesional. No son necesarios psicólogos para enseñar que el futuro son los niños. Aunque debe quedar claro que los cambios de raíz nos los puede aportar una ciencia particular en definitiva, ni la Psicología ni ninguna otra; los cambios de raíz, cambios en la estructura de los poderes, son políticos.

Foto: Trabajo infantil en América Latina. / Autor: Organización Panamericana de la Salud.


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Argentina: En la ribera

Daniel Cadabón (especial para ARGENPRESS.info)

“Nosotros vivimos tras las rejas, mientras los presos están libres”(sic)
de la marcha de Blumberg

Verdades oxidadas

En el debate sobre la “inseguridad ciudadana” se demuestra claramente que tanto en sus enfoques como en sus proyectos, a la burguesía la motoriza el odio clasista en contra de los sectores populares y una desbordante y permanente excitación reaccionaria. No podría ser de otro modo en una sociedad que se asienta en relaciones de producción basadas en la explotación y en la desigualdad.

Los capitalistas, que promueven y participan de este debate, no olvidan ni por un instante que en la sociedad existe una constante guerra de clases y que, en la guerra, no es bueno dormirse en los laureles. Las clases dominantes hacen circular a diario “verdades” recubiertas de oxido -como si se tratara de realidades indiscutibles y novedosas- donde lo que predomina es el odio social.

Mientras conciencia lingüística común, no pueda descifrar los intereses latentes de las clases dominantes detrás de las afirmaciones y alternativas políticas propuestas por los representantes de la burguesía en el gobierno para frenar la ola de inseguridad, el programa de “la derecha” ira consolidando sus hipótesis en forma desbastadora.

Los hombres y las mujeres comunes, aquellos que desde el punto de vista político y mediático han sido bautizados como “la gente”, pagarán cotidianamente los altos costos de trasformarse en víctimas de estas grotescas maniobras políticas.

Los trabajadores y el pueblo, sólo en circunstancias muy excepcionales pueden llegar a comprender que detrás del debate por la inseguridad se expresan cuestiones de profundidad política que los tienen por protagonistas.

La ideología del temor

Cada vez es más evidente, que el fenómeno de la delincuencia no es una cuestión de resolución policial y que, hoy por hoy, se ha transformado en un campo de maniobras donde repercuten las posiciones más reaccionarias de una clase social cuyo único eje y su argumento de mayor peso es la represión.

La apelación al miedo, tiene la virtud de comprometer gran parte de la conciencia y de los sentimientos de las clases populares a intereses ajenos a ellas mismas, y claramente opuestas a reivindicaciones que deberían formar parte del patrimonio social.

El miedo, entra en “la gente” y genera conductas y opiniones subordinadas al engaño, la negación y la violencia social propiciada por los sectores dominantes.

De lo que se trata en esta nueva cruzada, que demanda sangre, es de crear la ficción de un enemigo social emparentado con los sectores que históricamente forman parte de las clases populares y que potencialmente están en condiciones de rebelarse contra el régimen de explotación.

Esta ideología del temor tiene un largo proceso de engendramiento y está asistida por toda una serie de cuadros científicos sociales, que son los encargados de explicar las razones por las cuales la violencia se instala socialmente: a partir de la consolidación de la marginalidad como una opción individual o, a lo sumo, grupal y con una orientación unilateral: de abajo hacia arriba, del suburbio al centro. La indignación que manifiestan los funcionarios del estado y de las clases poseedoras en contra de los “pobres que delinquen”, jamás toma en cuenta que la violencia y la opresión es lo que justifica la existencia del estado capitalista.

Vivir al margen (en la ribera)

Las políticas de hambreamiento sistemático, precariedad laboral, desocupación y recortes de los “gastos sociales”, hunden a sectores cada vez más numerosos de la población dentro de una dimensión de barbarie planificada. El “ejército de reserva”, armado originalmente por la burguesías para atentar en contra del salario del trabajador ocupado ha tomado un carácter permanente y amenaza con incrementarse en los próximos meses y años.

Sin embargo para los capitalistas “vivir al margen” (en la ribera) no es un producto del capitalismo, para la burguesía es una construcción voluntaria.

“La ribera”, bajo el capitalismo, se forma y se explica como una conspiración delincuencial que tiene una única función: ocultar y proteger a los delincuentes necesitados de guaridas donde amontonarse después de sus fechorías. Pasando de esta manera de ser el producto que expresa un régimen de profunda desigualdad, a ser la opción y el convencimiento que anida en un grupo de argentinos y latinoamericanos por una forma de vida que nadie quiere.

Los poetas le pueden cantar a la ribera, adulando una diferenciación cultural, como si se tratara de una tribu suburbana más, pero en definitiva no es más que la radiografía de todo un régimen político profundamente desigual y acabado.

Andar derecho

Mientras el terror se va apoderando de las conciencias de los sectores de clase media amenazados por las plagas sociales inherentes al funcionamiento del régimen capitalista, la situación política se agravará y el avance de la posiciones de la reacción serán una constante. En este sentido, el kirchnerismo y la centroizquierda, no tienen una política para frenar este avance derechista, que se justifica en la falta de seguridad, sino que, por el contrario, son la causa del fortalecimiento de estas posturas.

Ahora está de moda identificar a la delincuencia en el rango que se ubica entre la indigencia y la línea de la pobreza. Esto, no es menor, da la base de sustentación para los que pretenden reconocer el robo y el asesinato como resultado del resentimiento de los sectores empobrecidos de la sociedad en contra de los que se ganan la vida honestamente.

El rango socioeconómico da cuenta también del enemigo más buscado: pobre, radicado en villas o barrios marginales y en general, joven y menor.

Tenemos así 3 elementos centrales para la elaboración de una estrategia de guerra de clases que sostiene las siguientes hipótesis de conflicto.

Una zona geográfica: “La ribera”; los barrios pobres de capital y suburbanos.

Un enemigo: Los pobres.

Un perfil: el joven o el menor, que destruido por el paco, el pegamento y el tetrabrik, se ha convertido en una especie de animal violento y cebado, al que sólo atrae la propiedad privada ajena.

Los vecinos indignados amasan todos estos componentes y elaboran su reclamo, auspiciados por la “inescrupulosa derecha que pide mano dura y balas a los delincuentes”.

El “progresismo” no ayuda, explicar la delincuencia en términos de la injusta distribución de la riqueza y de falta de oportunidades para los más jóvenes; no cambia un ápice a las hipótesis de conflicto elaboradas por la derecha. Deberían explicar el porque en medio de un cuadro de pobreza que alcanza a 10 millones de personas sólo algunos pocos optan por el delito, mientras la mayoría se conforma en una resistencia pasiva de ganarse el mango diario; mientras que, los últimos y rutilantes hechos de sangre tienen como protagonistas a dueños de mansiones, autos importados y elementos reclutados en las fuerzas de seguridad.

Las alternativas

Por supuesto, que a la hora de discutir alternativas al delito hay diferencias entre derecha y progresismo.

Para la zona de conflicto, la derecha, propicia la militarización o una mayor intervención policial, ejerciendo un poder discrecional sobre vidas y bienes de la población de la ribera.

La centroizquierda, promueve la autogestión de entidades comunitarias y ONGs que generen políticas de saneamiento “que permitan una vida más digna para nuestros pobres”. Estas políticas de autogestión rápidamente caen en desuso o son capturadas para el negociado de punteros que responden a los políticos en el poder. El armado de un “cordón sanitario”, que permita la pobreza digna y feliz, fracasa estrepitosamente “por que la gente no se compromete o porque le gusta vivir así”

Para el enemigo: la derecha propicia las rejas, los muros, las empresas de seguridad privadas y un plan de expulsión sistemática de las ciudades.

Mientras tanto, la centroizquierda plantea la captación clientelar, con políticas subsidiarias del estado (planes sociales, asistencia económica), además de técnicos y profesionales que, como nuevos punteros pedagógicos, expliquen el evangelio de la resignación a la pobreza democrática, esta es un valor superior a cualquier reivindicación popular. Por las dudas, el progresismo también apela a una mayor intervención policial, aunque, eso si, “sin abusos”.

Para el joven y el menor: la derecha se relame en una baja en la edad de imputabilidad, un mayor endurecimiento de las leyes, el gatillo fácil y otras recetas de muerte.

La centroizquierda progresista, por el contrario, declara al joven pobre como una victima y no como victimario, que se ve obligado a delinquir producto de su entorno cultural y falta de proyectos a futuro. En realidad, el progresismo con esto no hace más que seguir reconociendo en los jóvenes y menores pobres, el sujeto social responsable del delito.

Determinados desde la cuna

La baja de edad de imputabilidad a los 14 años, es una cantinela destinada a sacarle presión a los vecinos indignados, que vienen reclamando en movilizaciones callejeras la sanción de leyes penales mas duras en contra de la delincuencia.

La heterogénea tribuna que orienta estas marchas, compuestas por rabinos, ex comisarios, ex militares, ex ingenieros, etc. levanta fundamentalmente posiciones ideológicas que están muy lejos de dar una respuesta a los familiares de los asesinados en hechos delictivos.

El discurso es duro, afectado de planteamientos políticos, que asocian la supuesta protección de los delincuentes por parte de los jueces garantistas y de las leyes permisivas al desenlace de la resolución 125, al costo de los insumos para la industria lechera, a la defensa de las AFJPs y a luchar en contra de que se establezca una doble o triple indemnización para los trabajadores despedidos. Un planteamiento político redondo que no disimula nada.

El sciolismo, en provincia de Buenos Aires, le pone letra a la música que tocan tanto la derecha como la centroizquierda: “pobre soy, robar es mi destino” y determina la impugnación del delito, impugnando a la pobreza, no para terminar con ella, sino… para terminar con ellos. Está determinado.

Bajar la edad de imputabilidad a los 14, o si los dejamos a los 12, es la denuncia de un sistema que está podrido y que ya no tiene más respuestas para los sectores más dinámicos de la sociedad: los jóvenes.

La delincuencia ¿es institucional?

Recién llegado al poder el ex presidente Kirchner denunciaba las redes que unían a la delincuencia con la caja política y policial en los distritos de conurbano bonaerense.

Los vecinos indignados, que en ocasiones van a las marchas de la derecha y defienden las reformas de mano dura sin importarle lo bárbaras y podridas que parezcan, tienen en el imaginario el concepto del chorro cuentapropistas como parámetro.

El infantilismo que rodea sus concepciones represivas se resumen en la consigna de “muerto el perro, se acabó la rabia”; justifican y facilitan la intervención del gatillo fácil, “de última son ellos o nosotros”; aprueban la cultura de la razzia y de la militarización de barrios y asentamientos.

Pero, el chorro cuentapropista que de sus “afanos” incrementa sus bienes y capital es uno de los más graves y peligrosos errores de los vecinos manoduristas. La zona liberada, la comisión a la yuta, el proteccionismo político se pagan.

Si bien no se puede negar la aparición del cuentapropismo, por lo menos en una primera etapa de la “carrera delincuencial” esto no dura. Con el tiempo la mayoría de los delincuentes se “proletarizan” y comienzan a trabajar bajo patrón. Lo mismo sucede con otras actividades ilegales (“laburos” en la jerga callejera): prostitución, juego clandestino, narcotráfico.

Directa o indirectamente el botín termina en mano de representantes institucionales (“si no arreglas sos boleta) Sea mediante comisiones directas, sea cuando el botín termina en manos de los narcos y/o el proxeneta que maneja el negocio con complicidad politico-policial.

Scioli y derecha, intentan tranquilizar el animo de los sectores de clase media, otorgando licencia para que se aplique la mano dura tanto a menores delincuentes como a menores pobres en general; con una idea mas amplia: el acostumbramiento de la mirada social a la militarización de las barriadas y a la represión policial.

La aceptación del cerco de Gendarmería a “Fuerte apache”, la vuelta indisimulada de las razzias, el desalojo de asentamientos y villas, implican el disciplinamiento ciudadano al movimiento de tropas.

La crisis mundial avecina un crecimiento de la conflictividad social. La burguesía, justificada en la cruzada contra la inseguridad, ya ha señalado un enemigo: barrios, villas, asentamientos: el núcleo duro de la pobreza.

La inseguridad, desde hace mucho tiempo es, desde el punto de vista económico, un negocio rentable para muchos sectores con poder.

Ahora, se preparan para ganar una batalla ideológica que los sostenga al frente de un régimen podrido que se cae a pedazos.

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El fallo de la Corte Suprema de Justicia: Las normas no suplantan la construcción de base; a veces ayudan

PRENSA DE FRENTE

Vilipendiado por la CGT, como enemigo de la “unidad de los trabajadores”, o idolatrado por la CTA, como la llave que abre las puertas a la “libertad sindical”, el fallo de la Corte Suprema de Justicia -que declaró inconstitucional la obligación de pertenecer a un sindicato con personería gremial para que un asalariado pueda ser electo delegado de sus compañeros- está lejos de determinar por sí solo el modelo sindical.

Aun si es cierto que sus efectos puedan generar un paraguas de protección para los ensayos de organización en la base de los trabajadores con mayor independencia respecto de la burocracia y de los acuerdos de esa burocracia con las patronales. Es revelador que, con la larga y en algunos aspectos rica experiencia que tiene acumulada el sindicalismo tradicional peronista para argumentar a favor de la unicidad sindical, los jefes de la CGT y sus intelectuales orgánicos –el abogado y diputado Héctor Recalde- hayan centrado su ofensiva verbal contra el fallo de la Corte sobre todo en temas ordenancistas, como el de la aplicación de la tutela sindical a delegados eventualmente electos por fuera de la estructura gremial reconocida, o el de la “anarquía” que implicaría para la relación con los patrones la existencia de varias comisiones internas en una misma planta.

Estos argumentos, sobre todo el segundo, también son esgrimidos por los empresarios. A despecho de los elogios “ideológicos” al fallo emitidos por los medios que los representan, los patrones también están que trinan por las posibilidades de representación alternativa que se le atribuyen a la decisión de la Corte, con un argumento contundente: “es mejor negociar y discutir con la dirigencia que conocemos que con delegados independientes e imprevisibles”.

Sin embargo, es cierto que, como coinciden en advertir dirigentes cegetistas y algunos representantes de la izquierda tradicional, la eliminación del requisito de la afiliación a un sindicato determinado para el aspirante a delegado también abre la posibilidad de que las patronales armen su propio esquema de organización sindical en sus plantas, con delegados que les respondan. Tan posible como que quienes aprovechen esa eliminación sean referentes auténticos de sus compañeros y compongan cuerpos de delegados dispuestos a impulsar organización de base masiva y democrática y defender con firmeza los intereses de los trabajadores, sin los condicionamientos de la relación entre patrón y cúpula sindical.

Más allá de las posibilidades teóricas que genera el fallo, resulta por lo pronto muy poco discutible que no hay armado que se haya mostrado más funcional y complaciente con las patronales que el de los muy “únicos” sindicatos tradicionales. Y la historia muestra que no son las determinaciones jurídicas, o de orden, las que determinan comportamientos consecuentes con los trabajadores o con los patrones por parte de las organizaciones sindicales. Sitrac y Sitram, sindicatos de empresa de Fiat, creados en Córdoba a fines de los 60 para dividir el temido –por los patrones- poder de SMATA entre los trabajadores mecánico. En muy poco tiempo, liberados del peso de la burocracia de SMATA, los trabajadores de Fiat generaron en sus sindicatos conducciones tan combativas que pasaron a ser el núcleo de lo que se llamó “sindicalismo clasista”. Su peso político fue lo suficientemente fuerte como para que en 1972 un acuerdo entre la patronal de la Fiat, Rubens San Sebastián –ministro de Trabajo de la dictadura de la época- y el jefe de la CGT, José Ignacio Rucci, dispusiera la disolución de Sitrac y Sitram y el retorno de sus afiliados a la órbita de SMATA.

También el problema de la supuesta falta de tutela sindical de delegados electos por afuera de los sindicatos con personería depende más de los hechos –y de la representatividad, organización de base y aval de sus compañeros- que de las normas.

La jurisprudencia generada en el fuero laboral circunscribió el alcance de la protección contra acciones hostiles de la empresa que dispone el artículo 47 de la misma ley de asociaciones sindicales a los delegados electos según los preceptos el ahora declarado inconstitucional inciso a) del artículo 41, esto es respetando su pertenencia a un sindicato con personería gremial. Pero la letra del artículo 47 es muy clara en cuanto a que la protección debe regir para cualquier trabajador que decida tener actividad gremial.

La realidad es que un gremio de la CGT, e incluso de la CTA, no tienen garantizada la representatividad real en los lugares de trabajo, ni el control de un cuerpo de delegados, por el mero imperio de una norma.

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Argentina: Violencias contra las mujeres, las políticas detrás de las cifras


Gabriela Barcaglioni (ARTEMISA)

Cada 25 de noviembre se renuevan compromisos, se hacen anuncios oficiales y se difunden estadísticas vinculadas a las violencias de género. En el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, la dedicación por incluir el tema en la agenda mediática revela una realidad concreta: la de rimbombantes anuncios gubernamentales que luego no se sostienen en las prácticas y los compromisos políticos que se caen ante la falta de decisión para sostenerlos.

La violencia contra las mujeres sigue sosteniendo su ritmo y vuelve a ser pública cuando algún caso, sobre todo de femicidio, pone en debate las fallas del sistema policial y judicial, la falta de respuestas desde el Estado y la naturalización de las prácticas que conllevan al asesinato.

Artemisa mes a mes publica los femicidios que los medios registraron y dieron cobertura, así llegamos a esta fecha a los noventa y dos asesinatos en el país según esta modalidad de registro.

La Provincia de Buenos Aires fue noticia en treinta y dos oportunidades, Córdoba ocho veces y Tucumán cinco, el resto de las provincias lo fueron en menor proporción pero excepto Tierra del Fuego todas las demás fueron incluidas en las noticias por algún femicidio.

Como siempre se destaca en estas columnas, no es una cuestión de números, de estadísticas - aunque planteamos en reiteradas oportunidades la necesidad de un registro único nacional que permita abordar desde el Estado el problema - sino que se trata de historias de vida truncadas y que podían haberse evitado si hombres y mujeres se relacionaran de manera diferente, si la cultura los hubiera posicionado social y políticamente de manera distinta, si las diferencias entre ambos no se tradujeran en jerarquías –en desventaja para las mujeres-.

Qué dicen los datos

Si se observa la edad de las víctimas, hay características que se mantienen.

Decíamos el año pasado que ''el 33,69 por ciento de las mujeres asesinadas tenían entre 15 y 24 años; también en este intervalo se concentraban la mayor parte de los 197 femicidios, (31 por ciento), registrados entre el 2004 y los primeros seis meses del 2007''.

Al recorrer los noventa y dos femicidios del año en curso (primeros diez meses) y observar detenidamente las edades de las mujeres asesinadas, el 34 por ciento tenía entre 15 y 24 años. Intérvalo de edad donde más femicidios se registraron también durante 2008.

Si comparamos los datos del 2007 y los de este año también se mantiene en los mismos niveles – con una mínima diferencia - los femicidios que incluyen menores de 15 años. En 2007 el 12 por ciento de los femicidios tiene por protagonistas a menores de 15 años y este año el 9 por ciento.

Las edades son un factor importante a tener en cuenta sobre todo valorando que si se trata de mujeres muy jóvenes los asesinatos se produjeron en relaciones de noviazgo, como por ejemplo, el caso que conmovió a Rosario cuando Gabriela Nuñez de 16 años logró avisarles a sus padres por mensaje de texto, minutos antes de ser asesinada que su novio, Andrés Sosa, la quería matar.

Las crónicas periodísticas del hecho remarcaron una y otra vez que los padres de Gabriela le habían aconsejado que terminara con esa relación. Habían notado en él actitudes y comportamientos violentos, que no siempre son entendidos como tales sobre todo porque se interpretan como celos y hasta amor por entender que la controla, sigue cada uno de sus pasos, sus salidas, quiere estar siempre con ella, aislándola de sus relaciones habituales porque la quiere.

En esta relación necesaria entre el problema, sus características y las respuestas traducidas en políticas públicas, programas, acciones concretas para erradicarlo sería necesario tomar en cuenta el dato para formular líneas de acción en las escuelas sobre noviazgos violentos.

Un fondo para la emergencia de la violencia

En la provincia de Buenos Aires, se ha impulsado recientemente la creación de un Fondo Permanente Especial para la atención en la emergencia de mujeres víctimas de violencia.

Esta iniciativa se desarrolla desde el Programa de Atención a Mujeres Victimas de Violencia –AVM- que la Secretaría de Derechos Humanos lleva adelante en el Marco de la Ley de Violencia Familiar.

Claudia Prince, directora provincial de Igualdad de Oportunidades de la Secretaría de Derechos Humanos destacó que el fondo ''facilita las condiciones para que la mujer pueda iniciar y sostener el proceso de salida de la violencia'' y subrayó que ''promueve la autonomía, para que pueda sostener esa decisión y no se vea obligada a mantener un vínculo por razones económicas''.

El dinero del que dispondrán los servicios locales de prevención y atención a la violencia familiar, como las organizaciones no gubernamentales que integran el sistema, servirá para pagar un hotel, un traslado, comprar pañales o ayudar a una mujer en una situación crítica.

Los convenios firmados entre la citada secretaría y los municipios incluye en esta primera etapa a los distritos de Almirante Brown, Avellaneda, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Lanús, La Plata, Morón, Quilmes, San Fernando, Tigre, Hurlinghan, José C Paz, La Matanza, Lomas de Zamora y General Pueyrredón.

El programa Atención Violencia Mujer comenzó a funcionar en enero de este año y hasta la fecha se han atendido 10.000 llamados -derivados del 911 a un equipo especializado que brinda contención, asistencia y derivación a servicios locales que trabajan en el tema-.

El fondo será de 1000 pesos, renovable automáticamente cuando se gaste el 70 por ciento.

La decisión de en qué y cuánto se destinará a resolver la emergencia será tomada en cada distrito y con la participación de las áreas especializadas locales, ONG y organismos provinciales, una forma de involucrar en la toma de decisiones a todos los sectores.

Violencias contra las mujeres: un ritmo que no cesa

Según datos propios elaborados a partir del monitoreo de los principales medios argentinos*, durante octubre se registraron en nuestro país 8 femicidios. El número de víctimas fatales de este año se eleva a 92, y sigue en ascenso.

Femicidios octubre 2008

1- Agüero, Tatiana, 8 años, Rosario, Santa Fe.

12 de octubre - Violada y asesinada por José Orlando Sánchez (25 años) ex convicto en Rosario.
El subcomisario Javier Leiva, jefe de la Brigada de Homicidios de la Unidad Regional II de policía, dijo que el detenido, pidió declarar ante el Juez Penal 11 de Rosario y confesó que fue el único autor del crimen.

2- Barbieri, Gilda, 34 años, Banda del Río Salí, Tucumán

3 de octubre - Degollada por su marido, Víctor Zelarayán (50 años) quien tras cometer el asesinato se entregó a la Policía.
El hecho se produjo en Banda del Río Salí, a cinco kilómetros al este de la capital tucumana.
Zelarayán, empleado municipal, confesó haber matado a su esposa ''luego de una violenta discusión'', según consigna el cable de TELAM que además indica que ''Zelarayán tomó un cuchillo de la cocina en medio de la disputa y se lo clavó en el cuello a la mujer''.

3- Canteros, Ana María, 30 años, Corrientes

17 de octubre - Fue acuchillada por su pareja Ramón Echeverría, (44 años) en presencia de sus dos hijos, con quienes iba de compras en Paso de los Libres, Corrientes.
El diario La república de Corrientes dice que ''enceguecido por la ira, el peluquero se tiró encima de su amante y le asestó varias puñaladas a la vista de testigos circunstanciales que se quedaron atónitos. La mujer quiso defenderse pero fue en vano, ni los gritos desesperados de auxilio y el clamor de los menores ahuyentaron al homicida que continuó con la agresión hasta que la víctima quedó en estado de agonía''.
El asesino fue detenido.
El informe forense constató que presentaba 52 puñaladas en diferentes partes del cuerpo. El caso fue caratulado como ''supuesto homicidio'' y tomó intervención el Juzgado de Instrucción de Paso de los Libres.

4- Costilla, Inés, 53 años, Tucumán

22 de octubre - Juan de Dios González (63 años) apuñaló a su novia, y luego intentó suicidarse con la misma arma, en su departamento de la capital tucumana.
El crimen se produjo en el departamento del homicida.
El diario La Gaceta, relata que ''alrededor de las 5:30 los vecinos escucharon gritos desesperados de la novia de González, llamada Inés Costilla, en los que reclamaba 'auxilio' y denunciaba la intención homicida de su pareja''.
La mujer murió desangrada por una profunda herida en su abdomen.
''Según se supo, la pareja había iniciado una relación sentimental cuatro meses antes y ninguno de los allegados sabía de antecedentes violentos'', dice el diario El Día de La Plata.
También registra que ''la mujer se había separado primero de su esposo y luego de otro hombre con el que convivió e inició una relación sentimental con un hombre al que había definido como cariñoso''.

5 – López, Alejandra, 29 años, Córdoba

25 de octubre - Eduardo Abba, de 32 años, su ex pareja, la baleó en la localidad de Huinca Renazco, a 430 kilómetros al sur de la capital cordobesa.
''La mujer estaba caminando, acompañada por una de sus hermanas, cuando apareció su ex novio y ambos mantuvieron una breve discusión'', dice Clarín.
El asesino, cercado por la policía, se suicidó. El diario dice que para no ir a la cárcel.

6- Matto, Eugenia, 38 años, Córdoba

13 de octubre - Carlos Rubén Dellanoy (50), asesinó a balazos a su ex mujer y a su concubino Jorge Gabriel Ceballos (39). y luego se suicidó, en la localidad cordobesa de Villa Nueva.
El caso, caratulado como ''doble homicidio seguido de suicidio'', es investigado por el fiscal de Villa María, Félix Martínez.
Dice la crónica del diario La Nueva Provincia, que ''los investigadores judiciales y policiales procuran determinar si Natto había denunciado días atrás a Dellanoy por presuntos acosos de parte del hombre cometidos luego de la separación entre ambos''.

7- Sosa, Paola, 24 años, Córdoba

22 de octubre - Su cuerpo fue hallado en un departamento del Barrio Nueva Cordoba, en la capital cordobesa.
Por el femicidio fue detenido Sebastián Vera, agente policial y novio de la víctima, quien se desempeña en el escuadrón de la ciudad de Río Segundo.
Las pericias determinaron que la víctima fue asesinada de cuatro balazos disparados a corta distancia con un arma de grueso calibre.
El policía quedó alojado incomunicado en una comisaría de la capital provincial donde se instruyeron actuaciones por ''homicidio calificado''.

8- NN

22 de octubre - El cuerpo de una mujer fue hallado con signos de haber sido golpeada, asfixiada y violada.
Por el ataque fue detenido su esposo, Marcelo Rubén Santana, de 34 años quien fue denunciado por un vecino cuando intentaba ocultar el cadáver, en la localidad de Derqui, partido de Pilar.
Según informaron fuentes policiales, un hombre se comunicó al 911 para denunciar que su vecino le había confesado que había asesinado a su mujer e intentaba des9:33 18/11/2008hacerse del cuerpo.

* Los principales diarios nacionales y las agencias de noticias Telam, Dyn y NA.

Autor foto: ARTEMISA


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Argentina: Incendios

Carlos del Frade (APE)

El Calafate es un arbusto que crece en las provincias de la Patagonia, mitológica tierra plagada de riquezas en manos extranjeras.

Especie de uva pequeña que rodea a poblaciones que supieron mostrar las bellezas increíbles de glaciares de hielo celeste que avanzan desde los cerros hasta meterse en los lagos de aguas azules.

El Calafate figura en la geografía mimada del turismo internacional y es parte de la provincia de Santa Cruz, de donde surgieron los integrantes de la familia que preside la Argentina en la última media docena de años.

Todo parece una postal en El Calafate, salvo la realidad.

Esa terca demostración que se empecina en hacer saber que la Argentina es un país injusto, donde sus mayorías no la pasan bien por más que haya números oficiales y campañas publicitarias que hablen del paraíso terrenal allí mismo, en el sur del sur, en las tierras de El Calafate.

"Una mujer y sus cinco hijos de entre uno y 17 años murieron ayer en un incendio en la vivienda en la que habitaban en la localidad santacruceña de El Calafate, mientras que el padre de los chicos se encontraba internado en estado grave en el hospital de Río Gallegos, informaron fuentes policiales", dice la noticia que grita la contradicción entre las riquezas y el poder de unos pocos y las urgencias insatisfechas de los que son más.

"Por las condiciones de la vivienda, una casa construida con madera, el fuego se propagó rápidamente", aseguró el jefe de la comisaría de la zona. Las llamas se devoraron la vida de la mamá y sus cinco pibes, cuatro varones de 17, 13, 6 y un año de edad y una chica de 15.

Pero la culpa no es del fuego, sino de la injusticia.

El incendio no es producido por la verdad, sino por la mentira reciclada.

Los paraísos de El Calafate están privatizados.

Forman parte de los nuevos dueños de casi todo.

Los que están afuera se quedan afuera de la postal glamorosa.

La familia de Don Francisco Hassan, trabajador gastronómico que se vino a estos parajes desde el Gran Buenos Aires, nunca estuvo en la película de exportación de El Calafate.

Ellos querían ganarse la vida y la perdieron. No por culpa de las bellezas naturales y las riquezas de la Patagonia sino como consecuencia de un desarrollo que no tiene nada que ver con la justicia y la igualdad, por más que lo grite el himno nacional.

La familia de Don Francisco no tenía derecho a disfrutar de los hielos celestes que avanzan contrariando las leyes de gravedad e inercia, tampoco estaban autorizados a disfrutar de las riquezas casi inagotables del subsuelo. Ellos, los pibes de la familia Hassan, estaban condenados a los varios incendios que desde hace años imponen los dueños de la Patagonia.

Las llamas que se tragaron a los integrantes de la familia Hassan no figurarán en las postales de El Calafate.

Apenas ingresarán en una crónica menor de una historia que sigue gritando indiferencia y explotación, más allá que se multipliquen los manjares a base de cordero patagónico y el dulce de calafate en las comidas presidenciales.

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Argentina, Tucumán: Bussi dijo que eran "insólitas" las acusaciones por delitos de lesa humanidad en Campo de Mayo

PRIMERA FUENTE

Durante dos horas, el represor Antonio Domingo Bussi fue indagado ayer por el juez federal de San Martín, Alberto Suáres Araujo, por siete hechos de desapariciones y secuestros ocurridos en 1978 cuando se desempeñaba como segundo comandante de Campo de Mayo."Bussi no admitió la responsabilidad en ninguno de los casos", aseguró Suares Araujo.

Por su parte, la defensora oficial Amalina Assaf aseguró que Bussi dijo -en las pocas palabras que pronunció en el Juzgado- que le parecían "insólitas" las imputaciones en su contra. En medio del acto procesal se descompuso por una suba de presión. El viernes, Bussi debe volver a Tribunales Federales por una citación de Bejas.

Una vez más el represor Antonio Domingo Bussi negó su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la última dictadura militar. El ex gobernador de facto escuchó ayer las imputaciones de siete hechos de desapariciones y secuestros ocurridos en 1978 cuando se desempeñaba como segundo comandante de Campo de Mayo, frente al juez federal en lo Criminal y Correccional Nº 2 de San Martín, Alberto Suáres Araujo, quien vino a la provincia para tomarle declaración indagatoria en el marco de esta causa que se tramita en Buenos Aires.

"Bussi no admitió la responsabilidad en ninguno de los casos", aseguró a la prensa Suáres Araujo al término de la audiencia que se realizó por más de dos horas en la Secretaría de Derechos Humanos del Juzgado Federal Nº 1, a cargo de Daniel Bejas.

El acto procesal comenzó a las 10 y luego de una hora, el personal médico del Siprosa tuvo que asistir a Bussi afectado por una suba de presión arterial. "No soy médica pero para mí no estaba en condiciones de declarar", afirmó la defensora pública oficial Amalina Silvia Assaf, quien acompañó al represor durante su declaración. El militar retiradofue trasladado desde el country de Yerba Buena en un móvil de Gendarmería Nacional, escoltado por una ambulancia del Siprosa, en la que venía un cuerpo médico compuesto por un clínico, cardiólogo y un siquiatra.

"Estuvo mal durante la declaración, las imputaciones son muy largas, vagas e imprecisas. Cuando se terminaron de leer todos los hechos él se olvidó de los primeros. En sus pocas palabras Bussi dijo que le parecía insólita la imputación y negó rotundamente haber intervenido en los hechos", agregó Assaf. Según la abogada, no hubo una coincidencia de fechas, ya que algunos hechos imputados fueron cometidos en el '77 y Bussi recién estuvo en Campo de Mayo a partir de febrero de 1978. "El nunca se abstiene de declarar porque siempre quiere declarar , pero su estado de salud no se lo permite", acotó Assaf, quien aclaró que si bien se dio por terminada la declaración no llegó a exhibirse la prueba.

Por su lado, Suares Araujo sólo se limitó a decir que Bussi "estaba muy abatido" y aclaró la causa seguirá su curso en el Juzgado. "Bussi seguirá detenido y hay un pedido de detención domiciliaria de su defensa que tendremos que evaluar", culminó. El magistrado tendrá que decidir ahora si procesa o no al ex goberandor de facto tras su declaración en la causa.

El viernes, otra vez a Tribunales

Debido a que la defensora pública oficial Amalina Silvia Assaf pidió que el represor Antonio Domingo Bussi sea llamado en diferentes días por cada una de las causas pendientes, el juez federal subrogante Nº 1, Daniel Bejas, dispuso indagarlo el 21 de noviembre por la desaparición de José Díaz, en el marco de la megacausa de la ex Jefatura de Policía, y el 25 de noviembre por el asesinato de los dirigentes y hermanos Francisco y Arturo Arancibia, quienes fueron acribillados en la sede de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) en la madrugada negra del 24 de marzo de 1976. Ambas indagatorias están previstas realizarse en Tribunales Federales, en Congreso y Las Piedras.

Según altas fuentes judiciales, la abogada pública argumentó que Bussi necesita de unos días para reponerse de su estado anímico cada vez que es llamado a declarar por la Justicia.

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Argentina: Polémica por las cifras del trabajo infantil en Mendoza

Selva Florencia Manzur (MDZOL)

Se trata del estudio que asegura que tres de cada 10 chicos de escuelas urbano marginales trabaja.

En su paso por Mendoza, el ministro de Educación, Carlos Tedesco, dijo que los datos son viejos y no pueden ser tan altos. La titular de Empleo de la provincia, Dora Balada admitió que son del 2003 y que se trata de una población específica y no general.

Dora Balada, directora de Empleo en Mendoza, fue una de las encargadas de dar a conocer en el día de ayer alarmantes cifras sobre trabajo infantil en Mendoza. Dijo que tres de cada 10 chicos en escuelas marginales trabaja. Sin embargo, hoy el ministro de Educación de la Nación desestimó las cifras y aseguró que son viejas.

Juan Carlos Tedesco, titular de la cartera nacional de Educación está en Mendoza para firmar diversos convenios de financiamiento y educación en contextos de encierro. Durante su paso, fue consultado sobre los datos de labor infantil y aseguró que las encuestas deben ser viejas y que no hay estadísticas de este tipo de trabajo porque es ilegal.

Concretamente, el estudio al que hace referencia es de la Comisión Provincial de Erradicación de Trabajo Infantil y se hizo sobre una población de 667 niños de escuelas urbano marginales del Gran Mendoza.

Debido al entredicho entre la funcionaria provincial y el ministro, MDZ consultó a Balada quien le dio la razón a Tedesco. "Tiene razón porque es verdad que este diagnóstico que se hizo en una muestra de escuelas urbano marginales con lo cual ahí ya tenemos una hipotésis que tiene que ver con que estas escuelas tienen niños con mayor nivel de pobreza por lo que la cantidad que trabaja asciende", aseguró la profesional.

Por otro lado, también reconoció que se trata de un estudio "viejo" ya que se realizó en 2003 y que, es cierto que, tal como dijo el ministro, "no se puede registrar el nivel infantil porque es ilegal".

Por su parte, Tedesco dijo que "es un tema preocupante y tiene que ver con que todavía Argentina, a pesar del alto crecimiento económico, no ha logrado una distribución del ingreso justa que permita a las familias mantener a sus hijos en las escuelas y no tener que hacerlos trabajar".

No obstante, y a pesar de la polémica desatada hoy, para Balada es destacable el nivel de difusión que tuvieron las cifras hoy ya que permiten "que se instale una situación de problema y de pensar en este tema. Ayer y hoy la sociedad supo que tres de cada 10 niños de escuelas urbano marginales trabaja, puede ser discutido a nivel de análisis, pero nos sirve para solucionar la problemática", concluyó la directora de Empleo.

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Argentina, Salta: Caso Ferraris; Justicia bastarda

Carlos Humberto Saravia (COPENOA)

El rechazo del amparo interpuesto por el Colegio de Abogados de Salta, persiguiendo la nulidad de la designación de Gustavo Adolfo Ferraris como ministro de la Corte de Justicia no ha sorprendido a nadie. La demora de más de once meses en el trámite de un juicio naturalmente expeditivo hacía presagiar el resultado que profundiza los niveles de incredulidad ciudadana.

El sistema republicano ha sufrido otro golpe brutal. El Gobernador había pedido la confirmación del polémico abogado con su firma, lo que puede equipararse a una orden de sólo considerar el estado de una Justicia que profundiza sus niveles de dependencia respecto del poder político y en la que gravita sigilosamente el padre del mandatario.

La acción, que contó con la adhesión de una centena de letrados del foro salteño, atacó transversalmente al Senado Provincial que aprobó su pliego en menos de doce horas y violó el principio de publicidad de la postulación; al Gobernador que lo propuso y luego firmó el decreto de designación –Juan Carlos Romero- y a los ministros de la Corte que le habían tomado juramento. El planteo quimérico se ha encontrado con su destino estéril aunque vale la pena reconocer el esfuerzo y la hidalguía de quienes eligen perder a consentir semejante asalto institucional.

Ferraris, una semana antes de ser propuesto, obtuvo el sobreseimiento en la causa penal en la que se lo acusaba de excesos durante el inédito desalojo que ejecutaron más de 700 efectivos policiales en el asentamiento denominado San Expedito y en la que había sido indagado. La fiscal que tenía encomendado en ese caso el reproche del Estado por la comisión de un delito se durmió el día que debía interponer la apelación e ingresó el escrito siete minutos después. Acaso podemos creer en sobreactuaciones de este tipo? No se conoce que exista una actuación disciplinaria tendiente a sancionar la negligencia, aunque puede presumirse -a estas alturas- que al Procurador General no le interesa investigar una omisión que a la postre contribuye a los argumentos desestimatorios.

El antecedente ayuda a comprender que la secuencia que culmina en un fallo ritualista está plagada de episodios bastardos que contribuyeron a maquillar una designación bochornosa. Son tan criticables los seis magistrados que firmaron la sentencia en tiempo casi record –dos días para la complejidad del cuestionamiento- como la fiscal cuyo percance parece más cercano a la complicidad que a la desidia o los camaristas que inventaron un sinnúmero de excusas para evitar la integración de un tribunal superior con voluntad predispuesta. Algunos de ellos habían bajado una mañana al hall de la Ciudad Judicial para manifestarse con unos minutos de silencio ante lo que consideraban una ataque directo al principio de acceso por idoneidad y un "per saltum" inadmisible en la carrera judicial.

Para esta Corte no interesa que Ferraris carezca de antecedentes académicos siquiera moderados. Tampoco que contara con una sanción por deshonestidad en un examen que le valió una suspensión de seis meses en la Universidad Católica de Salta. Mucho menos, que algún medio periodístico pusiera al descubierto el uso impropio de una camioneta 4 x 4 de dudoso origen. La sanción que le impusiera el Tribunal de Ética y Disciplina por abusar en el cobro de honorarios como patrocinante de un discapacitado ya ni siquiera merece ingresar a la balanza del demérito.

Este tribunal pasó de superior a inferior y prefirió descargar las culpas en la Cámara Alta y por ello pregona que esta cuestión es política y no justiciable. Presume que los senadores son honestos y que éstos no pueden ser cuestionados aún cuando le den acuerdo a bendecidos sospechados o delincuentes. El Procurador General no se ha quedado atrás a la hora de impostar lo virtual por sobre lo real y sostiene sin pudor que los amparistas no han acreditado que se hubiera impedido a los ciudadanos ejercer impugnación en las escasas horas que duró el proceso de selección.

Ni en este mundo de sofisticación comunicativa puede llegar a presumirse que en cuestión de horas los salteños hubieran contado con tiempo para formular las objeciones y presentarlas por escrito en una mesa de entradas reticente. Por el contrario, el vértigo fue el ingrediente que anuló las quejas en un debate simulado que contó con la oposición de los radicales y los renovadores y la justificación de la decisión con un escueto currículum que leyó Fernando Yarade.

La institución abogadil también ha sufrido el embate de la sinrazón. El Procurador General Pablo López Viñals ha puesto el acento en un hecho curioso. Sostuvo que el colegio incursionaba por la contradicción al sostener que Ferraris no cumplía con los diez años de ejercicio –ante la incompatibilidad con el cargo de Secretario de Seguridad- cuando el ex presidente Daniel Tort firmó un dictamen unipersonal y casi privado por el cual lo autorizó a ejercer la profesión. El escrito existe y pocas explicaciones dio el firmante sobre la emisión de una opinión por fuera del Consejo Directivo y contrastante con las prohibiciones que surgen de la Ley de Ministerios.

Algunos de los firmantes mudaron sus discursos casi con impudicia. El 27 de Noviembre de 2.007 Abel Cornejo dio a entender en una emisora radial del periodista Martín Grande que estas designaciones dejaban mucho que desear. Ya como nuevo integrante de la Corte de Justicia intentó evadir el compromiso invocando violencia moral para tratar este tema por el sólo hecho de que se encontraba a diario con Ferraris en los herméticos pasillos de la Corte. Cuando rechazaron sus motivos no tuvo escrúpulos en contradecirse y firmar la sentencia desestimatoria.

Otro de los camaristas ad hoc -que ha excedido con creces la edad jubilatoria-propagó con virilidad simulada que lo actuado por los tres poderes era inconstitucional. En poco tiempo se decidió a participar del tribunal y la conveniencia lo condujo a la promiscuidad de criterios.

No pueden albergarse dudas de que el ingreso de Ferraris a la cúspide del Poder Judicial es la decisión gubernamental que ha generado más repudio, aún cuando a la queja se le haya opuesto el acuerdo político más sólido. Tampoco que su preservación tiene por ahora consecuencias insondables. Por su escaso margen de autonomía está obligado a integrar la mayoría complaciente de la familia Urtubey.

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Argentina: Veto presidencial a la ley de protección de glaciares. El poder político y el empresarial reafirman su alianza

INDYMEDIA

Después del veto de Cristina Fernández de Kirchner a la ley de Protección de Glaciares, hubo múltiples repercusiones de rechazo a la medida. Para las organizaciones populares que luchan contra las empresas mineras esto no fue otra cosa que la reafirmación de loa negocios entre el poder político y las empresas que llevan más de una década. Según la asociación Ecologista Inti Chuteh, la minería en alta montaña es la principal causa de contaminación y derretimiento de los glaciares en los últimos 15 años.

Los glaciares de la zona de Pascua Lama deberían tener color blanco intenso, pero esto no es así. La actividad minera y el paso de vehículos lo han oscurecido. Varios estudios revelan que se deposita 1mm de material particulado sobre un glaciar acelera en un 15% su derretimiento. El año pasado se difundió un informe de la Dirección General de Aguas en cual se daba a conocer el daño que han sufrido los glaciares de la zona de Pascua Lama, durante el proceso de prospección y exploración minera. En el informe queda probado que los mismos disminuyeron hasta un 70% en algunos casos y han desaparecido masas de hielo (futuros glaciares), producto de la actividad de exploración en la zona comprometiendo además la formación de los mismos a futuro.

La minería en alta montaña es la principal responsable de la y derretimiento de los glaciares en los últimos 15 años, así lo demuestran diferentes estudios realizados.

* MINERA LOS PELAMBRES (Pachon del lado Argentino) La Universidad de Waterloo de Ontario Canadá advierte pérdida de reservorios de agua en la zona norte. El informe dice que entre 2000 y 2006 la minera intervino hielo rocoso equivalente a 2,84 millones de metros cúbicos de agua, pérdida que para una zona semiárida resulta de "importancia crítica". La empresa niega todo. Sea por remoción de glaciares rocosos, o por depositar roca estéril sobre ellos o por construcción de caminos, entre 2000 y 2006 la minera Los Pelambres (MLP) ha afectado reservorios permanentes de agua fosilizada equivalentes a un máximo de 2,84 millones de metros cúbicos del vital elemento, pérdida que según un estudio de la Universidad de Waterloo, fue producida por intervenciones "no anunciadas por ninguno de los estudios ambientales presentados a la autoridad entre 1997 y 2004".

* CODELCO Y ANGLOAMERICAN La publicación más actual sobre los glaciares de roca en la cordillera central, del geógrafo e investigador de la Universidad de Waterloo, Canadá, Alexander Brenning, contempla una advertencia poco alentadora: su destrucción por faenas mineras de la División Andina de Codelco, y de Los Bronces, de Angloamerican. Su investigación dice que desde 1990 a 2005 han agotado 21 millones de metros cúbicos de agua.

El veto presidencial a la ley 26.418, mediante decreto 1837/08, fue total a pesar de haber sido votada por unánimemente en la cámara de Diputados y con solo tres oposiciones en el Senado. Esto significa que se permite la explotación minera indiscriminada, cuyo principal exponente es el emprendimiento binacional Pascua Lama. Este proyecto minero, a cielo abierto, produce un impacto ambiental impresionante produciendo entre otras cosas el deshielo de los glaciares afectando los reservorios de agua. La gravedad radica en que esta mega minería, a cielo abierto, produce un impacto ambiental gigantesco en los glaciares, produciendo, entre otras cosas, su deshielo, afectando un reservorio de agua inmensurable.

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Colombia: “El carbón expulsará a los indígenas de sus tierras”

Luna Bolívar/ Mirjam Gehrke (DEUTSCHE WELLE)

El Catatumbo colombiano es rico en materias primas y pobre en respeto de los derechos humanos. Tres representantes sociales de la región visitan Europa, y cuentan en Deutsche Welle como el carbón amenaza a los indígenas.

El perfil ecológico de la canciller alemana, Angela Merkel, tiene tres grandes talones de Aquiles. El primero es la todopoderosa industria automovilística, a la que tiende por naturaleza económica a hacer concesiones. El segundo es el de la energía nuclear, que trata de presentar como alternativa “limpia”, pero cuyos residuos le ocasionan problemas desde la época en que era ministra de Medio Ambiente. El tercero es el carbón.

“Asesinas medioambientales” llaman los ecologistas a las centrales de carbón: mientras Alemania siga apostando por ellas, el objetivo de reducir las emisiones contaminantes quedará muy lejos. Pese a ser promotor ante sus colegas europeos de este fin climático, el Gobierno alemán no se plantea prescindir de la piedra negra. La estrategia se llama “fomento de la independencia energética”, de un país energéticamente dependiente, o “control de los precios de la electricidad”.

“Tenemos la esperanza de que el interés que está despertando el cambio climático se pueda invertir en la protección no sólo del medio ambiente, sino también de los derechos humanos de colectividades tan importantes como son los pueblos indígenas y las comunidades campesinas”, dice Judith Maldonado, colombiana y directora del Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez.

El 10% del carbón que importa Alemania procede de Colombia, donde la expansión minera está arrinconando a los indígenas, acabando con sus posibilidades de supervivencia, cuando no lo hace con su vida. Las centrales de carbón no son sólo un problema ecológico o económico, sino también humanitario.

Recorriendo Europa

Maldonado lleva días recorriendo Europa. La acompañan Juan Carlos Quintero, de la Asociación Campesina del Catatumbo, una región situada en el noreste de Colombia, y Ashcayra Arabadora, representante de la Asociación de Comunidades Motilón Bari, el pueblo originario de la zona.

El Catatumbo es “tierra sin ley” para los paramilitares, denuncian. Por su riqueza petrolera llevan décadas exterminando a indígenas y campesinos, que residen y cultivan sobre ricas tierras, aseguran. Ahora, los yacimientos de carbón, que tras la frontera venezolana ya se están explotando y que diversas empresas mineras ya se reparten, amenazan con desencadenar otra masacre, han contado en el Parlamento Europeo, en Italia y en Alemania.

“Colombia ofrece oportunidades de negocio interesantes en el campo de la sanidad, las técnicas de seguridad, la explotación minera, los bienes de consumo, los productos agrarios, la infraestructura y los transportes”, escribe la Cámara de Comercio Germano-Colombiana. “Explotación minera” aparece en negrita.

Carbón barato, carbón caro

Tres centrales de carbón se encuentran ahora mismo en construcción en la costa alemana del Mar del Norte, y otra planta en la ciudad de Mannheim está siendo ampliada. Según el ministro de Medio Ambiente alemán, el socialdemócrata Sigmar Gabriel, “Alemania necesita, aparte de las que se están edificando, de 10 a 12 centrales de carbón más”.

Sólo las subvenciones mantienen con vida al carbón alemán. Traída desde Colombia, esta materia prima es mucho más barata, lo que pronostica, como aventuraba la Cámara de Comercio, un rentable futuro a la minería del otro lado del Atlántico. Frente a los intereses económicos, Maldonado, Quintero y Arabadora tratan de concienciar a los europeos del coste humano de este gran negocio, y sentados en torno a los micrófonos de Deutsche Welle nos contaron por qué.

Un artículo de DW-World, la página web de la Deutsche Welle.

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Ecuador: Se realizarán las elecciones generales el 26 de abril del 2009

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador resolvió fijar para el domingo 26 de abril del 2009 la primera vuelta de las elecciones generales, tras la aprobación de la nueva carta magna del país.

De acuerdo con el nuevo calendario electoral, que aprobó hoy el pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), el próximo domingo 23 de noviembre se hará la convocatoria oficial del proceso electoral.

Omar Simon, presidente del CNE, dijo este martes a la prensa que con la convocatoria también se inicia el proceso de registro electoral con el cambio de domicilio.

El funcionario agregó que el 5 de enero del 2009 se iniciará la inscripción de candidaturas, proceso que culminará el 5 de febrero.

La primera vuelta se realizará el 26 de abril del 2009 y, en caso que haya una segunda ronda, las elecciones se realizarán el 14 de junio del mismo año.

En estos comicios se elegirá al presidente, vicepresidente, asambleístas, cinco representantes del Parlamento Andino, alcaldes, prefectos y representantes de juntas parroquiales, entre otros cargos de elección popular.

Ecuador vive desde la semana pasada un nuevo periodo electoral, considerado como el más complejo de los vividos en los últimos años en el país, debido a que en esta ocasión se elegirán unos 6.000 titulares a cargos públicos.

Se trata del cuarto proceso electoral desde que Rafael Correa asumió la jefatura del Estado, en enero del 2007, quien responde a la propuesta de transformación radical de las estructuras de la nación sudamericana.

Quedó determinado que la Asamblea Nacional (antes Congreso) estará integrada por 124 legisladores, de los cuales quince serán nacionales, 103 provinciales y seis del exterior.

La provincia de Guayas, la de mayor población de Ecuador, contará con mayor representación en el Legislativo, con 17 delegados, mientras Pichincha tendrá 12.

En las venideras elecciones se seleccionarán además 24 prefectos provinciales y 221 alcaldes.

Simon destacó asimismo que los ciudadanos no podrán presentar su candidatura de manera independiente, pues deberán contar con el auspicio de una agrupación política.

Aclaró que el artículo cuarto del Régimen de Transición establece que se pueden presentar aspirantes con el membrete de algún movimiento o partido.

En este proceso votarán por primera vez los militares y policías, así como los jóvenes desde los 16 años de edad.

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Guatemala: Alarmante número de deportados; podrían arribar casi 30 mil este año

CERIGUA

Veinticinco mil guatemaltecos han sido deportados desde Estados Unidos (EEUU) en lo que va del 2008, superando la cifra del año pasado cuando fueron expulsados más de 23 mil.

Dos aviones procedentes de EEUU llegaron este día a la Fuerza Aérea Guatemalteca, con 226 connacionales en total; la Dirección General de Migración (DGM) dio a conocer que con esta cantidad sumarían 25 mil los que retornan forzosamente a la nación.

Diversos activistas promigrantes y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) habían advertido que la cantidad de deportados se incrementaría en el 2008, como producto de las masivas redadas en varios estados de la Unión Americana contra los latinos.

A ese ritmo, este año podría terminar con unas 27 mil deportaciones, ya que el promedio mensual de expulsados ha sido de dos mil, según registros de la DGM.

Hace falta mayor beligerancia por parte de las autoridades guatemaltecas para evitar, a través de negociaciones con Estados Unidos, que los chapines sean perseguidos, capturados y encarcelados en el norte, manifestó el Relator de las Naciones Unidas para los Derechos de los Migrantes, Jorge Bustamante.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, signada por Guatemala, establece en su artículo 13, literales 1 y 2, que Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y regresar a su país.

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Nicaragua: Miles de sandinistas hacen fracasar show Montealegre


RADIO LA PRIMERISIMA

Decenas de miles de simpatizantes sandinistas hicieron fracasar este martes la anunciada manifestación del candidato a Alcalde de Managua por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC, derecha), Eduardo Montealegre, quien quería protestar por lo que denomina "fraude" en las elecciones municipales del pasado día 9, porque la votación no le favoreció.

Los miles de simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), izquierda), tanto de la capital como de los municipios cercanos, iniciaron su concentración desde horas tempranas, reforzando la presencia de "los rezadores", personas mayores de edad que permanecen en las rotondas de la ciudad desde hace meses, supuestamente "orando por la paz".

Poco después de mediodía, los seguidores de Montealegre se concentraban en el llamado "sector financiero", en el centro de la ciudad, llegando en pequeños grupos, generalmente el padre y madre de familia, y en ocasiones un amigo, y protegidos por una fuerte presencia de las tropas de la brigada antidisturbios de la Policía Nacional, por los cuatro costados.

La legada de los liberales estuvo precedida por no pocos incidentes, ya que en muchos casos intentaron pasar por en medio de la concentración de los grupos de sandinistas que cercaban a lo lejos el lugar de concentración liberal, bajo el reclamo de estos que esa acción "era una provocación", pero sólo en una ocasión se llegó a las manos, acción provocada por dos mujeres.

Montealegre hizo presencia temprano y anunció a su parafernalia de medios de comunicación que llegaba "para que la gente sepa que estoy aquí, que no le tenemos miedo al gobierno de (el sandinista) Daniel Ortega, marcharemos con 50 personas si es necesario, y llegaremos hasta donde nos dejen avanzar las turbas sandinistas".

Horas después llegó al lugar el compañero de fórmula de Montealegre, Enrique Quiñónez, en un despliegue de varias camionetas de lujo atestadas de personas armadas y jóvenes de los barios humildes en los bordes y parte trasera, supuestamente sus escoltas, y enfrascándose en un altercado con los oficiales de la Policía, que intentaron no dejarle pasar en vehículo.

En las imágenes mostradas por la televisión local se pudo apreciar a varios de los acompañantes de Quiñónez portando pistolas, vestidos de ropa militar de camuflaje, unos a bordo de motocicletas y otros a pie, en los momentos en que el también diputado alegaba su inmunidad para penetrar el perímetro de seguridad a la marcha de Montealegre, en sus vehículos.

Avanzada la tarde, y ante una concentración de unas 1,500 personas, muchos de ellos con camisas y blusas blancas, y de pantalones azules, colores de la bandera nacional, mientras que las "fuerzas de choque" estaban ataviadas con camisetas rojas representativas del color del PLC, Montealegre y los demás líderes avaluaban iniciar la marcha, en interminables consultas entre sí, igual que con oficiales de la Policía.

Montealegre había planificado evitar la concentración de sandinistas ubicados en la rotonda de Metrocentro, sólo a unos 300 metros de su punto de reunión, donde los rojinegros demandan al Consejo Supremo Electoral la inmediata proclamación de los electos el pasado día 9, pero le informaron que los miles de sandinistas también estaban apostados al occidente de esa zona.

Después de nuevas consultas, Montealegre se subió a una camioneta, provista con poderosos equipos de parlantes, para anunciar la suspensión de la marcha, "para evitar choques con las turbas sandinistas", aunque aseguró que continuará en la lucha denunciando el "fraude" en su contra en las elecciones, las que a su juicio son extensivas a todo el país, incluso en los municipios donde ganaron candidatos del PLC.

Quiñónez, visiblemente nervioso, también hizo uso de la palabra para repetir su discurso en contra del líder sandinista Ortega, y trataba de ser gracioso ante los gritos de sus seguidores. No fue el caso del diputado PLC Maximino Rodríguez, ex comandante "contra" conocido como "Wilmer", quien también habló ante la concentración liberal, ataviado de militar con uniforme camufle, quien habló tranquilo y con sarcasmo.

Tras el anuncio de que la marcha no avanzaría, porque los miles de sandinistas acordonaban cualquier paso hacia el norte de la ciudad, al "parque de la paz, donde terminaría la manifestación de Montealegre, los liberales comenzaron a retirarse, siempre en pequeños grupos, temerosos algunos y otros en abierta confrontación con los piquetes de sandinistas, retenidos por la Policía.

Como producto de la "magia", Montealegre desapareció del lugar, protegido por sus escoltas y por patrullas de la Policía, utilizando las calles aledañas, rumbo al sur de Managua, casi igual que hacía un poco más de 24 horas en el kilómetro 14 de la carretera sur, donde las autoridades lo sacaron en medio de una nube de gas mostaza, lanzada a piquetes de sandinistas que intentaron que mostrara supuestos resultados electorales que las autoridades alteraron.

Quiñónez también se lanzó por otra calle aledaña, rodeado de sus escoltas y jóvenes humildes guindados de sus camionetas para protegerlo por los cuatro costados, mientras que otros diputados PLC, de los pocos que asistieron, como Rodríguez y Carlos Noguera, comenzaron a caminar en busca de sus autos, que dejaron en lugares alejados.

La acción de repliegue de Montealegre y sus compañeros fue tan intempestiva, que dejaron olvidado a su jefe de campaña y diputado ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen), Eliseo Núñez Morales, quien se refugió en la sede de la agencia de viajes Munditur, a la espera de que se "calmaran las cosas" y se replegaran los simpatizantes sandinistas.

Horas después Núñez Morales salió hecho un energúmeno y la emprendió con ofensas ante los periodistas, señalando de "vendidos" a los que trabajan en los medios de comunicación de perfil sandinista, negando que se escondió como un cobarde y alegó que había buscado esa calle aledaña a la concentración, pues andaba "en busca de mi carro", pero luego le rogó a una patrulla de la Policía que lo evacuara del lugar.

El retiro de los líderes de la marcha de Montealegre y el PLC no fue "pacífico", sino que piquetes de jóvenes, previamente contratados según se denunció, se dedicaron a acciones "de distracción", incursionando a sectores aledaños a los sitios donde estaban apostados los sandinistas, iniciando los enfrentamiento a pedradas, que les respondían también con piedras y disparos de morteros de fabricación casera.

La cobertura del retiro de los dirigentes de la "marcha cívica" degeneró en una serie de enfrentamientos entre los piquetes de jóvenes liberales y sandinistas que respondían a las provocaciones desde sectores al oriente y occidente de donde estaban ubicados, frente a los policías antidisturbios, trasladando la zona de confrontación lejos de donde huían los líderes del PLC.

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