viernes, 28 de noviembre de 2008

La participación popular en el nuevo escenario político venezolano


Homar Garcés (especial para ARGENPRESS.info)

El derecho a la participación popular debiera constituir una de las piezas claves de los nuevos gobiernos regionales y municipales que surgieron en la casi totalidad de la geografía venezolana a partir del 23 de noviembre pasado por voluntad de las mayorías.

Ésta es una fórmula necesaria e imperativa para hacer avanzar realmente la construcción del socialismo en Venezuela en beneficio de los grandes sectores populares, revirtiendo una situación de estancamiento del proceso revolucionario bolivariano que amenaza su continuidad en el futuro, especialmente cuando no se cuenta con un líder carismático más allá de Hugo Chávez. Con esto en mente, sería posible reforzar la construcción del socialismo a través de las Asambleas Populares Constituyentes, con el objetivo de hacer realidad continua la democracia participativa y protagónica y, por este camino, lograr el cambio estructural que permita disponer de un Estado auténticamente popular y socialista. Esto lograría, entre otras cosas, la inversión de prioridades, en el sentido de que la vida sea colocada por encima del mercado, del lucro y del capital, contando para ello con la visión de los dirigentes populares revolucionarios en lugar de la visión tecnocrática y deshumanizada de los tecnócratas que acostumbran ocupar los cargos de dirección de las diversas instituciones públicas. Por supuesto, esto implica que quienes impulsan el rumbo socialista del país estén también dispuestos a cambiar sus conciencias alienadas y, por consiguiente, su manera particular de entender el mundo, aceptando que el mundo ilusorio y excluyente del capitalismo es totalmente ajeno al ideal socialista.

Con esta propuesta, los sectores populares revolucionarios asumirán de una buena vez la participación y el protagonismo que les consagra la Constitución venezolana vigente, ya que podría ocurrir que los oportunistas y demagogos de siempre -ahora en posiciones de poder- aborten los cambios políticos, sociales, culturales y económicos que conduzcan verdaderamente al socialismo, limitándose a usufructuar el poder y a mimetizar la revolución en función de posiciones reformistas, contrarias a la misma. Esto se puede evidenciar en la actualidad cuando se observa la actitud deplorable asumida por algunos candidatos recién electos y personeros del PSUV que evidencian una falta de conciencia revolucionaria y una ambición desbordada de poder al pretender arrogarse la condición única de chavistas (condición que nunca les cuestionaríamos) y de revolucionarios (condición que les es difícil demostrar fehacientemente), siendo algo completamente incompatible con la amplitud humanista que debiera caracterizar al socialismo.

Por ello mismo, distinguimos desde hace ya bastante tiempo dos corrientes ideológicas enfrentadas en el seno del proceso bolivariano, una eminentemente reformista, burocrática y estalinista en abierta oposición al libre albedrío y a la participación popular, y otra popular, revolucionaria, rebelde y horizontal, unida a las expectativas de las masas populares respecto a un mejor destino colectivo. Tal enfrentamiento ha tenido diferentes escenarios (el más reciente, el de los comicios regionales y municipales), sin que la correlación de fuerzas a favor de la corriente revolucionaria de izquierda haya podido influir en el rumbo socialista que se le desea imprimir al proceso bolivariano, con Hugo Chávez como su líder fundamental actual. Es innegable que esta situación contradictoria se mantendrá un poco más en el tiempo, en tanto el pueblo adquiere una mayor madurez política que le permita deslastrarse de los viejos esquemas representativos heredados del régimen adeco-copeyano y se anime a acompañar -sin chantajes, ni presiones de ningún tipo- a esa vanguardia revolucionaria emergente que podría servir de puente para acceder al cambio estructural, el poder popular y el socialismo en Venezuela. En esto radica la mayor parte del trabajo revolucionario a cumplir por quienes encarnan dicha corriente dentro del proceso revolucionario bolivariano, no obstante las descalificaciones y la exclusión de las cuales serían víctimas a partir de ahora.

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Nicaragua: Desmintiendo los medios del imperio. Entrevista con el Presidente del Consejo Supremo Electoral

Toni Solo (TORTILLACONSAL, especial para ARGENPRESS.info)

Después de las elecciones municipales del 9 de noviembre de este año, la oposición política al gobierno del FSLN ha acusado al Consejo Supremo Electoral de haber cometido un fraude electoral a favor del partido del gobierno.

En general rechazan rotundamente los resultados e insisten que es necesario hacer un recuento de todos los resultados en todo el país o de hacer nuevas elecciones. Basan su rechazo en varias acusaciones falsas específicas. De estas falsedades lo más fácil de desmentir es la mentira que no hubieran observadores electorales. Hacia el fin de noviembre el Presidente del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua habló con Tortilla con Sal para responder de una manera concreta a las acusaciones y críticas que se han lanzado contra del Consejo Supremo Electoral.

TcS: Ya pasaron las elecciones del día 9 de noviembre. Ha habido mucha controversia después de estas elecciones. Han surgido muchas críticas, algunas específicas, algunas más generales. ¿Podemos hablar de las críticas específicas? Por ejemplo, personas como Julio López Campos o Monica Baltodano critican que el CSE no ha debido de usar porcentajes en sus anuncios de los resultados provisionales preliminares, sino las cifras de los votos, con las cifras de votos nulos y de las abstenciones. ¿Qué opina usted sobre esa crítica?

RR: Es un asunto de metodología. Si bien es cierto la ley habla sobre la presentación de los votos en números absolutos también la ley habla de resultados preliminares provisionales y habla de resultados provisionales. Nosotros en los resultados preliminares provisionales lo hemos hecho en porcentajes porque es una forma muy fácil en que la entienda el pueblo de Nicaragua que es el que elige y a quien le interesa a quien se eligió. Si tu lo mencionas al pueblo en una transmisión en directo en televisión números absolutos, votos en números, es muy difícil que ellos logren identificar quien va a la cabeza en la elección, y quien va en segundo lugar y quien va en tercer lugar. Ha sido únicamente por un asunto de carácter metodológico no porque no existen los números.

Sin embargo mi respuesta es muy concreta. En la presentación de los resultados provisionales en un medio de comunicación masivo como manda la ley, que se hicieron en El Nuevo Diario, salen los números absolutos de los votos tal como fueron presentados. Los votos nulos serán presentados en la memoria del Consejo Supremo Electoral que tiene que hacer después de cada proceso electoral.

TcS: Otra pregunta que sale después de las elecciones es que en los medios habían muchos reportes aparentemente contradictorios con respecto a las impugnaciones. Algunos reportes dieron la impresión que sí se habían hecho algunas impugnaciones, por ejemplo en León. Después salían otras declaraciones que dieron la impresión que no se había hecho impugnaciones. ¿Nos puede comentar sobre el tema de las impugnaciones y si o no se presentaron?

RR: Nuestro sistema es muy sencillo. En las juntas hay cuatro causales de impugnación una vez que se cierra el acto de escrutinio. Estas causales de impugnación te voy a mencionar dos de ellas. Una es de una mala constitución de la junta, otra puede ser por cambio de lugar de la junta y hay otras causales por allí, son las únicas cuatro, que es lo que hace que pueda declararse nula o no nula una elección en una junta determinada. Este recurso se resuelve en el Consejo Electoral Departamental. En el caso de León en el Consejo Electoral Departamental de León. En el caso del municipio de Managua, en el Consejo Electoral Departamental de Managua. Los partidos políticos frente a este recurso pueden presentar un recurso de revisión ante el Consejo Supremo Electoral que es la última instancia donde se puede recurrir. No hay otro tribunal.

¿Que ocurre en Nicaragua en materia de impugnaciones? Son muy pocas impugnaciones. A pesar de que podría ser un mecanismo que los partidos políticos utilizarían para generar confusión en un proceso electoral, lo hacen muy poco. No lo utilizan como un mecanismo, como un método para generar desorden en un proceso electoral. Y en el caso de León no hay las impugnaciones que en número, o que resolviéndolas mismas de forma negativa o positiva, cambiaría los resultados de las elecciones. Y eso es sumamente importante.

Hay dos grandes parámetros. Uno que los votos nulos nunca deben de significar ser más que la diferencia que hay entre un primero lugar y un segundo lugar. Y, dos, que los votos anulados en concepto de impugnaciones generen que un candidato pierde o gane. Pero si esas impugnaciones están de acuerdo a la ley, están bien fundamentadas y cumplen con todos los requisitos de ley, ni modo. Y eso cambie los resultados, pues sencillamente se aceptan como tal, el tribunal departamental y nosotros en casos de que se recurren ante nosotros, los revisamos y si es correcto, damos lo aprobado a estos.

TcS: ¿Y qué fue la situación en Managua? Porque Eduardo Montealegre el candidato que perdió en Managua sigue cuestionando y sin embargo, no presentó ninguna impugnación.

RR: Es correcto. No hay impugnaciones. Si tu regreses al nueve de noviembre tu te darás cuenta que todo esto es producto de algo muy bien planificado. Durante el día de las elecciones yo no vi en la televisión desordenes. Escuché denuncias de que había problemas con algunos fiscales, sé que algunas mesas se habían cerradas antes de la hora de cerrar. Personalmente hablé por teléfono con el Licenciado Montealegre, ex-candidato a la Alcaldía de Managua, y me dí la tarea de resolver todos y cada uno de los problemas que él me iba presentando. Sin embargo estos casos no pasaron de diez en dos mil ciento siete juntas receptoras de votos. Lo que te indica que además de ser un porcentaje casi inexistente, fueron solucionados los mismos. Así es que no hubo desorden.

Lo que hay y lo que hubo y existe y está de frente, es toda una campaña muy bien montada, muy bien orquestada y tiene su lógica. El candidato Montealagre a la alcaldía de Managua había sido candidato a la Presidencia del país y había quedado en segundo lugar. Lógicamente si él no tenía el favor del electorado nicaragüense del municipio de Managua, si no le era favorable para él, se iba a ver desde el punto de vista político en enormes problemas para una futura candidatura a la presidencia y tenían que estar ellos debidamente preparados para un revés de esa naturaleza o para una situación negativa, que es lo que ha ocurrido. Ahora, muy bien, con mucho dinero, apoyados por fuerzas externas, apoyados por algunos países han logrado montar todo un show queriéndose creer que en Nicaragua hubo fraude. Aquí lo único que hay es que se ha respetado la voluntad popular y el voto del pueblo nicaragüense ha permitido a la autoridad electoral declarar electos los 146 autoridades de los 146 municipios.

TcS: ¿Que piensa usted del incidente en que se halló material electoral en el municipio de Leon en un basurero? ¿Fue genuino o fue un montaje?

RR: Tengo la presunción porque todavía no tengo las pruebas, sospechamos que fue todo esto un montaje, por varias cosas. Aparecieron en el basurero del municipio de León, pero eran boletas del municipio de Nagarote. Esto no ponía en riesgo ni en juego la elección del municipio de León. Y fueron tres municipios muy concretos, Nagarote en el departamento de León, Tipitapa en el departamento de Managua, y Dolores en el departamento de Carazo. En ninguno de estos tres municipios había la más mínima duda de quien ganaba o quien perdía la elección. La diferencia de votos era lo suficiente como para un boleta que estaba en un basurero o varias boletas en un basurero cambiasen el rumbo de resultados en la elección. Esto me hace suponer que algún fiscal de algún partido político a la hora de ir entregar el material lo que hizo fue pasar botando el material por algún basurero con el fin de dar la apariencia de que había habido un desorden para tratar de confundir al pueblo de Nicaragua y que realmente se presentaba un fraude, con este argumento.

Esto lo contrasto yo con lo que pasó en 1996, donde el 50% o más de las juntas de Managua aparecieron en los basureros de Managua. Y la autoridad electoral en ese entonces no fue capaz de denunciar ante la Fiscalía y pedir una investigación. En el caso nuestro, hemos pedido a la Fiscalía y a la policía que se haga una investigación y lo están haciendo y le garantizo que los culpables que encuentren o hallaran por un debido proceso - y si es gente nuestra de autoridades del Consejo Supremo Electoral o funcionarios del Consejo Supremo Electoral - te garantizo que les caerá todo el peso de la ley a ellos.

TcS: Otro tema que se ha comentado es una declaración que usted hizo con respecto a una posible intervención electrónica en el sistema de cómputo. ¿Fue eso algo importante?

RR: Más que el sistema de cómputo, yo hice una declaración en el sentido de que a nosotros nos preocupa todo lo que se vuelve anormal el día de la elección. Y el día de la elección el sistema de transmisión se saturó. Y sobre todo en el caso de Managua. Esto nos hizo presumir y pensar que podría haber habido algún elemento externo que estuvo tratando de generar retrasos en el sistema de transmisión.

TcS: ¿Y el sistema de transmisión es un sistema de red?

RR: Si, pero utiliza líneas telefónicas. A pesar que funciona por red, utiliza líneas telefónicas en esa red y esto nos hace pensar a nosotros que algo, algo ocurrió. No sabemos exactamente si fue en el sistema de transmisión o si fue en la transmisión propiamente al poner las actas en el escaner que algo ocurrió. Porque igual nos ocurrió en otros dos municipios del interior del país que se llegó al proceso que las actas fueron puestos en el escaner y a la hora de transmitir no llegaron al destino final de nosotros. Estas actas habían quedado en algunos archivos. Pero este es un problema de carácter más informático que interferencia en el sistema de comunicación.

En el caso de Managua, lo que ocurrió fue que al retrasar la transmisión de Managua, portar el acta física fue mucho más rápido que terminar de transmitir el resto de los dos mil ciento siete juntas de Managua. Entonces allí tenemos un problema de carácter legal que una vez que recibimos el acta física original ya no podemos valernos por los resultados preliminares provisionales que vienen por la vía de la transmisión. Entonces, por esa razón es que cuando nosotros estamos grabando, grabamos únicamente mil cuatrocientos y no grabamos los dos mil ciento siete en el momento que nos entregaron los originales de esas actas. Entonces ya allí tenemos que pasar de ser resultados preliminares provisionales a ser resultados provisionales que es lo que salió como acumulado en los medios de comunicación masiva como "El Nuevo Diario".

TcS: La mayoría de los reportajes de los hechos después de las elecciones reportaron que hubo mucha presión sobre sus colegas los magistrados nombrados por el PLC. ¿Es posible comentar sobre ese aspecto de la situación después de las elecciones?

RR: En efecto me parece que es anti-democrático que un partido político presione a un magistrado que coincida ideológica y políticamente con ese partido, que lo presionen en el sentido de no hacer quorum de ley o no hacerse presente o obliguen al funcionario a faltar a su deber a no cumplir con su deber constitucional de estar presente en una situación como esta. Y hemos tenido la suerte de que el magistrado Rene Herrera, el magistrado José Marenco y el magistrado suplente Julio Osuna, que actuó en vez del magistrado propietario Luis Benavidez, participaron en la discusión de la declaración de electos, dieron sus puntos de vista, cumplieron con su deber constitucional.

Y la respuesta de eso fue que las auto-llamadas "fuerzas democráticas" procedieron a expulsar del partido a estos magistrados por haber cumplido con su deber constitucional, lo cual me parece totalmente fuera de lugar. No puede un grupo político o un movimiento estar hablando que es una fuerza democrática y ser lo más anti-democrático con sus afiliados exigiéndoles a no hacer quorum o no cumplir con su deber constitucional.

TcS: Algo que salió en la declaración de los resultado finales fue que se mencionó que algunos magistrados estuvieron cuestionando algunos resultados, por ejemplo el magistrado Emmet Lang cuestionó el resultado en El Crucero, y los magistrados del PLC cuestionaron varios resultados. ¿De que se trataba esos cuestionamientos?

RR: Esto vuelve nuevamente con los resultados. El cuestionamiento de los magistrados Herrera, Marenco y Osuna es que el total de votos obtenidos en algunos municipios en los resultados preliminares provisionales, en la transmisión de datos que recibimos aquí vía la red, estaba por encima el PLC del Frente Sandinista y a la hora que se queda con los resultados ya definitivos la situación es totalmente inversa. ¿Qué ocurre?

Es que como hay una cantidad de recursos que se resuelve producto de las impugnaciones de los tribunales intermedios hasta llegar al tribunal superior esto siempre cambia el total de los votos acumulados, por que si hay, por decirte algo, diez juntas impugnadas y los causales de la impugnación son correctas y estas juntas tienen un promedio de votantes de 200 por junta estaría hablando de 2000 votos que está restando de una fuerza política sobre la cual se puso la impugnación. Y eso te cambia los resultados electorales.

Entonces el cuestionamiento de ellos no estaba montado en que había o no había fraude, si no estaba basado el argumento en que los datos finales de los votos en números absolutos que nosotros tenemos se diferenciaba en alguna medida de los datos preliminares provisionales o sea los datos antes de resolver los recursos impugnados. Sin embargo, pues, están en su derecho. Si ellos consideran de que ese es un argumento válido yo lo someto a votación, ellos obtienen o no la mayoría de votación y sencillamente la cosa sale como el cuerpo colegiado decide que salga.

TcS: Algo parecido es que algunos corresponsales internacionales, por ejemplo John Carlin del periódico británico "The Independent", han comentado, que algunos resultados que salieron publicados en los periódicos no correspondían a los resultados en el sitio web....

RR: Esa tambíen es la respuesta. La diferencia que hay entre el sitio web y la publicación de los votos absolutos en un medio masivo de comunicación como manda la ley está en la resolución de los recursos interpuestos cuando nosotros grabamos no ponemos que la junta fue impugnada, en el preliminar. Nosotros grabamos todas las actas pero en ese momento no sabemos como se va a resolver la impugnación.

TcS: Una cantidad sorprendente de los reportajes internacionales estaban alegando todavía, después de las elecciones que Daniel Ortega había rechazado la observación electoral internacional....

RR: Eso es falso. Aquí hubo observadores internacionales. Hubo representantes de los tribunales electorales de América Latina, de América del Sur del Protocolo de Quito, de América Central y el Caribe del Protocolo de Tikal, hubo observadores del tribunal electoral de México, sobre todo de parte del tribunal de lo contencioso del TRIFE y lo que no hubo, sí hubo pero muy pocos, fue observadores nacionales. ¿Y por qué no hubo observadores nacionales? Porque sencillamente los observadores habían tomado partido. Los dos grupos que habían solicitado habían tomado partido.

Y prueba de eso es algo que yo dije a CNN el día de ayer. En los videos de las cámeras de televisión internacional y local, se puede ver claramente a representantes de estos dos grupos, que habían solicitado ser observadores, en un intento de manifestación de Señor Montealegre y el MRS en el Hotel Princess acá en la ciudad capital. Allí estaban todas estas personas que habían solicitado ser observadores. Entonces mi pregunta es, ¿iban a ser observadores o iban a ser representantes de los partidos políticos?

TcS: ¿Es posible tomar en serio en alguna medida la acusación del PLC que algunos de sus fiscales estaban prohibidos estar presentes en momentos cruciales en las juntas receptoras de votos o en procesos de conteo?

RR: Hubo diez casos en Managua, contados con los dedos de las manos, como te decía, que fueron resueltos personalmente. Envié gente a resolverlos. De los diez casos resolví al menos siete de esas situaciones. Y no presentó problema. Sin embargo puedo decirte algo, he tenido información, no tengo las pruebas a mano, de una persona que estuvo en las casa de campaña del Movimiento Vamos con Eduardo que es parte de la Alianza PLC, donde la persona vio que estaban haciendo un escaneado de las credenciales que el Consejo Supremo electoral había dado a los fiscales acreditados.

Y cuando la persona preguntó de que se trataba, la justificación que le dieron fue que el Consejo no le había entregado credenciales y entonces lo estaban haciendo allí de esa forma. En síntesis estaban falsificando credenciales de fiscales. Y eso puede haber provocado algún desorden en la junta cuando un ciudadano con una credencial falsificada intentó entrar fue detenido por la policía electoral de esa junta receptora de votos. Pero lo de los fiscales no fue un asunto que fue generalizado. De eso hay que estar claro. Hubo situaciones. No vamos a negarlo. Te digo en mi caso hasta donde yo recuerdo, diez casos muy bien identificados y de esos más de siete fueron resueltos favorablemente para la alianza del Partido Liberal Constitucionalista.

TcS: Ahora que han terminado las elecciones para los 146 municipios que votaron el 9 de noviembre, quedan a votar, creo que son 7 municipios en enero en la Región Autónoma Atlantico Norte. ¿Cómo van los preparativos para aquellas elecciones?

RR: Ya estamos trabajando en la Región Autónoma Atlántico Norte la organización de estas elecciones. Estamos montando todo el andamiaje que se tiene que montar para esto y la verdad es que no hay porque va a ver problemas.

TcS: Cuando hablamos hace casi dos meses, usted mencionó que el Consejo Supremo Electoral había querido hacer estas elecciones en abril para dar más tiempo para recuperar de las secuelas de Huracán Feliz en esa zona. ¿Se ha recuperado adecuadamente para hacer las elecciones en enero?

RR: Hemos hecho un proceso de verificación el día 9 de noviembre mientras en el resto del país se hacía elecciones. En los municipios del Atlántico hicimos un proceso de verificación en un especie de re-inscripción electoral, ¿verdad? No es obligatoria. Lo que pasa es que el ciudadano que no llega se deja en el mismo padrón donde está en el padrón permanente. Pero el ciudadano que llega y solicita cambio que esperamos que sea un ciudadano que solicita producto del huracán, sencillamente se le cambia y se le ubica en el lugar que el quiere que se le ubique.

Deje me decirte que fueron treinta mil cambios. Bastante alto. Lo cuál, nuestra presunción que el padrón electoral de la Costa estaba muy afectado como consecuencia del huracán, se ha confirmado con este proceso de verificación. Así es que lo que nosotros estamos haciendo es elaborando los padrones ya definitivos de la Costa. Esperamos que no haya mayor dificultad. No vemos por qué lo haya, si y tal vez la clase política, al no estar en juego la candidatura de un alcalde que quiere ser Presidente en un futuro, a lo mejor las cosas transcurren con más normalidad como han transcurrido siempre los procesos electorales que nos ha tocado conducir.

TcS: ¿Que fue la valoración que usted recibió de las y los observadores internacionales de las elecciones del 9 de noviembre?

RR: Esta observación hecha por especialistas, por técnicos, por personas que son magistrados, por personas que hacen elecciones, por personas que tienen experiencia en procesos electorales y te voy a agregar más, por personas que han conducido los procesos en los cuales han resultado electos la mayoría de los Presidentes que hoy tenemos en América Latina. Son observaciones que son muy serias, muy técnicas no están dirigidas a favorecer a un partido político determinado. Están dirigidas a indicarle al tribunal electoral si ven alguna debilidad en el proceso electoral como debe de corregirla y a denunciar si ellos notan alguna situación que podría dar indicios de que se trata de un fraude lo que está haciendo allí.

Entonces estos observadores internacionales nos han dado sus observaciones en relación a ciertos elementos muy, pero muy técnicos: como mejorar la apertura de la junta, como evitar por ejemplo que haya gente en la cola y que se atienda a tres ciudadanos al mismo tiempo, situaciones así, como manejar el asunto de los fiscales. Algunas observaciones, por ejemplo, alguno de ellos ha dicho que él considera que la observación nacional debió de haberse dado. Otros han dicho que no por la forma en que han visto conducirse estos grupos que han solicitado ser observadores y los han visto como un miembro más de un partido político. Pero sí hemos recibido la retro-alimentación muy positiva de ellos. Lógicamente no todo es color de rosas, Cuando le digo positivo es que es muy constructiva, Hay señalamientos que ellos hacen que pueden ser negativos de la manera como estamos trabajando, pero nos sirven para mejorarnos en el futuro.

TcS: En el pasado usted ha mencionado que usted y sus colegas están interesados en ver algunos cambios a la ley electoral tal como está. ¿Estas últimas elecciones les han confirmado su opinión en ese sentido?

RR: Sí. Definitivamente sí. No más que las otras elecciones. Cada vez que hay un proceso electoral que se termina, nosotros en la reflexión nos damos cuenta nuevamente de la necesidad de una reforma electoral pero más en el sentido político yo le diría en el sentido técnico. Por ejemplo el asunto de la acreditación de los fiscales, forzar a los partidos políticos a presentar con el tiempo suficiente la propuesta para acreditar a los fiscales. Por ejemplo el hecho de que se tenga que cerrar la fabrica de cédulas noventa días antes del día de la elección. Consideramos que eso no debe de darse para aquellas personas que están pidiendo su reposición del documento para que fueran céduladas.

Habría que cerrar el padrón electoral con más tiempo de anticipación. En países como Panamá el padrón electoral se cierre a un año antes. Y nadie anda protestando, diciendo que es amañado el cierre del padrón doce meses antes. Yo en lo personal eliminaría el capítulo de la ley electoral que refiere al registro de inscripción ad hoc porque esto se daba para cuando no había documento de identidad y no había padrón permanente. También eliminaría el capítulo que está referido a los medios de comunicación y únicamente lo dejaría con un solo artículo que dijera que los medios de comunicación, todos sin excepción, están obligados a dar espacios, siempre y cuando hay una obligación contratado con ellos, a los partidos políticos sin importar su ideología y sin importar los candidatos ni a que representan. Sería lo único que yo les haría. No haría tanta extensión en el capítulo de eso.

Y así hay una serie de elementos que yo creo que sí hay que considerar - los elementos de nulidad de una junta receptora de votos. Hay que considerar el sistema de dar los resultados porque la ley es muy marcada en eso ¿no? - resultados preliminares provisionales, resultados provisionales y resultados definitivos - y genera ese tipo de confusión que tu me estás diciendo que los dizques en algunos reportajes internacionales. Como el hecho que hay una diferencia entre los resultados provisionales publicados en un medio de comunicación masivo escrito y los resultados publicados en el sitio web producto de la grabación de la base de datos y hacer que la ley diga que las juntas impugnadas no debería el Consejo Supremo Electoral grabarlas en el centro de cómputo en tanto que no hay una resolución en esa junta. Entonces eso ya no generaría esa diferencia en los votos que se vean en el sitio web y la publicación de los mismos.

TcS: ¿Hay algo más que usted quisiera añadir como un comentario general sobre al experiencia de las últimas dos semanas?

RR: Solo que aquí lo que ha habido es la expresión popular depositada en las juntas receptoras de votos, que se ha respetado la ley al máximo, que cualquier situación que se haya dado no es una situación promovida ni provocada por nosotros. Si no sencillamente fue una situación que la ley nos manda a cumplirla de esa forma. Y que sí sentimos que hay toda una campaña, de que hay toda una planificación, de que hay todo un programa para dar la imagen que este proceso no ha sido un proceso legítimo, sino que ha sido un proceso ilegítimo lo cual es totalmente falso.

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La falsaria estatización del F.C. Belgrano Cargas (Parte V)

Juan Carlos Cena (especial para ARGENPRESS.info)

La verdad es lo que es
y sigue siendo verdad
aunque se cuente al revés.
Antonio Machado.

¿Como serán los trenes de carga?

Ya para julio del 2004, el gobierno del ex presidente Kirchner había decidido que los trenes de carga serían ferrocarriles sojeros/graneleros al servicio de los grandes cargadores de granos, nacionales e internacionales. Los empresarios cartelizados–graneleros-sojeros concurrirían a Administrar bajo un régimen de concesión al Ferrocarril General Belgrano de Carga. Con este proyecto de ferrocarril cartelizado-granelero-sojero, dejaba de cumplir el objetivo por el cual fue creado, aunque ya había renunciado a serlo durante la administración de la Unión Ferroviaria: La de ser una empresa de transporte ferroviaria integradora, vertebradora de las economías regionales, y que cumpla una función social.

Para afirmar que los ferrocarriles serán, sojeros/graneleros preferentemente, observemos las ganancias de las compañías de semillas más importantes del mundo según sus ingresos por venta de semillas en el año 2006.

Compañía Valor de las ventas en 2006
(Millones de dólares)
* 1. Monsanto (EEUU)
+ Delta & Pine Land (pro forma) $ 4 476
* 2. Dupont (EEUU) $ 2 781
* 3. Syngenta (Suiza) $ 1 743
* 4. Groupe Limagrain (Francia) $ 1 035
* 5. Land O`Lakes (EEUU) $ 756
* 6. KWS AG (Alemania) $ 615
* 7. Bayer Crop Science (Alemania) $ 430
* 8. Takii (Japón) estimación* $ 425
* 9. Sakata (Japón) $ 401
* 10. DLF-Trifolium (Dinamarca) $ 352
Fuente: Grupo ETC

Según sus ingresos en el 2006, las 10 compañías más grandes controlaron el 57% del mercado de semillas comerciales, con valor de $ 13.014 millones de dólares. Prestando atención a estos valores, más el volumen de la soja sembrada en la Argentina, sin dejar de tener en cuenta los respectivos desmontes de nuestros bosques, verdaderas devastaciones, mismas que se transforman en las zonas de mayor utilización de las semillas de estas multinacionales. Uno puede opinar sin temor a equivocarse, que los ferrocarriles en la Argentina serán sojeros/graneleros. Y que el peso político de estas empresas agrupadas en el seno del Estado es brutal.

El designio de los trenes de carga, especialmente el F.C. Belgrano Carga tiene que ver con el proyecto del Banco Mundial, monitoreado a través de un organismo llamado IRSA, ligado al ALCA, que ha diseñado los corredores bioceánicos. El mercado cautivo hoy es Asia, precisando: la República Popular China. Por eso, en la sociedad del F.C. Belgrano Carga están ellos como parte de la corporación. Por otro lado, la República Popular China nombró Senior para América Latina a don Francisco Macri, el convocado por Kirchner.

Este proyecto es controlado por el Banco Mundial, representante de las multinacionales cerealeras, como Monsanto, Cargill, Bunge y Born, entre otras.

La trasnacionalización de los trenes de carga

También concurren a este proyecto las transnacionales brasileras, en forma directa o indirecta. Una es Camargo Correa, accionista principal de la sociedad Loma Negra, que a su vez es dueña del paquete accionario de FERROSUR, empresa que tiene adjudicado en concesión el corredor del ferrocarril de cargas de la ex Línea Roca, que abarca toda la pampa húmeda de la provincia de Buenos Aires. Su dueño anterior era Amalita Fortabat, vendió la sociedad Loma Negra en la friolera de U$S 1.025 millones, a Camargo Correa.

La otra transnacional brasilera es Agrenco que administra ALL (América Latina Logística), empresa que compró el paquete accionario a Pescarmona; adjudicatario de los ramales que pertenecían al F.C. San Martín y del F.C. Urquiza. Es decir, con la adquisición de ambos paquetes accionarios los brasileros atraviesan todo el territorio nacional sobre una infraestructura que es del Estado Argentino para transportar cargas propias y de las multinacionales, hasta el Océano Pacífico. Las dos transnacionales brasileras cubren gran parte del territorio más rico de nuestro país. ALL, es la empresa que ha producido la mayor cantidad de accidentes ferroviarios.

Los brasileños transitan por nuestras líneas. Van de lado a lado por la geografía nacional sobre nuestros propios rieles; ellos, ahora, tienen salida al Pacífico. Cualquier semejanza con el colonialismo británico es sólo por parentesco. Vale la pena preguntar: ¿Qué papel jugaron los ferrocarriles bajo el punto de vista geopolítico cuando estaban en manos del Estado, y qué papel juegan ahora? En la actualidad fuera de pisotear nuestra soberanía y leyes nacionales, los brasileros, ahorran combustible no renovable, recursos por seguro de accidentes, evitan el deterioro y polución en sus propias carreteras, etc.

A esta distorsión de la trasnacionalización hay que agregar la garantía dada por el gobierno del ex presidente Kirchner a los otros concesionarios de carga sobre la continuación de sus contratos.

Del mismo modo ocurrirá con los concesionarios de los ferrocarriles metropolitanos (suburbanos de pasajeros) Ante esta situación podemos inferir con toda certeza, que esta es la respuesta y al mismo tiempo, la afirmación de que los ferrocarriles continuarán concesionados, por obra y gracia del ex presidente y la de su continuadora, su señora esposa.

La actual presidenta Cristina Fernández K., defendió enfáticamente al capitalismo en la Universidad de Columbia y cuestionó otra vez el papel del FMI. La exposición de sus ideas tiene que ver con una concepción política de Estado que se instaló desde el golpe de Estado de 1955, y que se consumó en tiempos del gobierno de Menem y que los diferentes administradores (Gobiernos) de este Estado continuaron preservando con celo, sin que ninguno haya intentado cambio alguno. Por todo esto podemos afirmar que la verdadera naturaleza de este Estado no ha cambiado. Tenemos un Estado colonizado que se corresponde con el Sistema Capitalista Imperial. Lo reafirmó antes de ser presidenta Cristina Fernández de K en la Universidad de Columbia. Sino veamos las políticas que concurren a la explotación minera, las energéticas, petróleo, gas, ferrocarriles, deforestación, contaminación, salud, educación, desnutrición infantil, entre otras, todas cuestiones que confirman su ideología. La desprotección de esas áreas y lo que ocurre en ellas, no es producto de la ausencia del Estado. Son políticas de Estado.

Esa concepción ideológica capitalista señala cuales deben ser las políticas de Estado. Pero nosotros somos un país dependiente de los países capitalistas centrales. Por ese señalamiento es que continuarán beneficiando a los concesionarios de los ferrocarriles, ya sean de carga o de pasajeros, argentinos o extranjeros. Es decir, el Estado está presente, no está ausente, para beneficiar a las empresas multinacionales. Hoy, hay que sumarles las grandes corporaciones mineras.

Todos comparten el aparato de este Estado, todos tienen representantes en los laberintos del poder estatal, todos viven del estado, todos guardan y cuidan a este Estado; unos lo administran, otros lo usufructúan, ya sean sojeros o mineros.

Repito un concepto esclarecedor de Ralph Miliband: “Como nunca los hombres viven a la sombra del Estado. Lo que desean realizar, individualmente o en grupos, depende hoy, en lo fundamental, de la venía y apoyo del Estado. Por la atención del Estado, o por su control, compiten los hombres; y contra el Estado rompen olas del conflicto social. En grado cada vez mayor, el Estado es aquello con lo cual los hombres tropiezan al enfrentarse a otros hombres¨.

Ese enfrentamiento entre los hombres, es el enfrentamiento entre intereses que conviven dentro del Estado y que viven de él, solamente eso. Todos son partes de ese Estado. Todo es armónico, aunque afloren disputas. Sino veamos: los concesionarios ferroviarios se organizan, se cartelizan, con el beneplácito de los Administradores del Estado Argentino. Todo está legitimado, hasta las asociaciones ilícitas.

Estas asociaciones de empresarios/gremialistas parasitarios actúan juntos, son una asociación, se han cartelizado, conformaron una corporación que se llama UGOFESA (Unión de Gestión Operativa Ferroviaria S.A), con la aquiescencia del Gobierno, cuya misión inicial fue la de ir haciéndose cargo de las empresas que le quitaban las licencias de concesión, como el caso Taselli. Debemos ser claros en la caracterización de estos cárteles nativos, este es un fenómeno de cartelización de un país dependiente, del subdesarrollo, colonizado, de una colonieta. No es la manifestación de la cartelización de los países capitalistas centrales. No, ni mucho menos.

Lo esencial para este gobierno, o sea la continuidad de K, es perpetuar la misma política privatista (concesionarista), por otras formas y medios. Esta es la política del transporte ferroviario diseñada por la Secretaria de Transporte y avalada por el Ministerio de Planificación Federal, con el asentimiento del Poder Ejecutivo Nacional, saliente y entrante.

El gobierno de Néstor Kirchner, al tiempo de asumir (repito), definió como sería la política de estado de su gobierno respecto a los ferrocarriles, los mismos “Serían ferrocarriles sojeros/graneleros al servicio de los grandes cargadores de granos, nacionales e internacionales! Nota publicada al principio del 2004, por al Agencia de noticias Argenpress info y otros medios como www.viilacrespomibarrio.com.ar. Y el 15/06/2004 por los mismos medios y reproducidos por otros

“LOS FERROCARRILES Y EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO-cuando la privatización es desnacionalización”.

Decía en ese trabajo que “Estos empresarios graneleros/sojeros seríán los que gerenciarán bajo un régimen de concesión al Ferrocarril General Belgrano de Carga. Otrora ferrocarril de Fomento, luego Ferrocarriles del Estado, y después de la nacionalización: Ferrocarril General Belgrano, que continúo transportando cargas y pasajeros, integrando y acarreando solidaridad a gran parte del territorio nacional, tal como fue ideado”.

“Con este proyecto de ferrocarril granelero/sojero, éste, dejará de cumplir el objetivo por el cual fue creado: Ser una empresa de transporte ferroviaria que cumpla una función social, es decir: Un servicio Público, y no como se quiere transformar ahora, en este nuevo intento: En un servicio privado con fines de lucro, ajeno a todo proyecto nacional”.

“El proyecto de reprivatización del Ferrocarril General Belgrano-Carga y el Ferrocarril Metropolitano (suburbano de pasajeros) es la respuesta y, al mismo tiempo, la afirmación de que los ferrocarriles continuarán concesionados. Porque lo esencial será continuar con la misma política privatista (concesionarista), por otras formas y medios. Esta es la política del transporte ferroviario diseñada por la Secretaria de Transporte y avalada por el Ministerio de Planificación Federal, con la aquiescencia del poder Ejecutivo Nacional”.

Paradojas argentinas, por primera vez en su historial se reconoce un núcleo estatal que data de la época en que José Figueroa Alcorta (1906-1910), ejercía el mandato presidencial, era un Gobierno conservador, de la generación del 80, lanzó la construcción de líneas ferroviarias de trocha económica o angosta para fomento de catorce territorios nacionales que luego pasaron a ser provincias. Es decir, el Estado fomentaba la integración del territorio. Era parte de un proyecto de país, así no nos gusten estos conservadores, éstos lo tenían y lo desarrollaron. Era otro diseño de la red ferroviaria, no hacia el puerto, sino al interior, integral, abarcador, penetraba en todas las espesuras del territorio nacional donde, por esos tiempos, lo permitían las redes de los ferrocarriles ingleses, "coloniales", en el decir de Scalabrini Ortiz. Mucho tiempo después toma las riendas de estos ferrocarriles del Estado el Ingeniero Pablo Nogués, conservador, organiza e integra todas las líneas férreas del Estado que circulaban en la zona norte y desde Bahía Blanca para abajo.

El ferrocarril del Estado, hoy Belgrano dio ganancias en sus balances y en su crecimiento como industria, desarrolló tecnología, entre ellas las primeras locomotoras de vapor, en 1943, en Talleres Córdoba. Con las ganancias compró el ramal Rosario a Puerto Buenos Aires rompiendo con la hegemonía inglesa. De no creer, los conservadores rompiendo la hegemonía del imperio británico.

Se cierra por el momento la paradoja. Mediante resolución del Ministerio de Planificación Federal, el gobierno de Néstor Kirchner aprobó las nuevas normas estatutarias de una concesión por cincuenta años de una red de trocha angosta que llegó a reunir más de 14.000 Kilómetros de vías, pero de las cuales sólo están bajo una precaria explotación comercial poco más de 7.300 kilómetros.

Promesas incumplidas, la reactivación esperada... se cumplirá un año de la promesa de kirchner de reactivar talleres ferroviarios de la plata-los hornos. (Titulo de una nota publicada por los medios mencionados).

Casi, uno podría comparar o parafrasear a Plutarco, como en Vidas Paralelas: Talleres La Plata-Los Hornos y Tafí Viejo. Los paralelizan las promesas incumplidas. Dos talleres ferroviarios, con destinos paralelos como los rieles. Uno, el de La Plata-Los Hornos, taller con tecnología de punta para la reparación integral de rieles, cambios y estructuras, todo computarizado. Moderno, instalado, allá, pasando la década de los sesenta.

Ambos talleres con historias de lucha que enorgullecen a cualquier ferroviario. La reapertura por parte del presidente de la Nación de ambos establecimientos hizo renacer fundadas esperanzas en que la industria ferroviaria volvería a ser lo que fue, dentro del marco de un sistema integrado de transporte ferroviario, de industrias y comunicación. Toda una simbología. Pero cuando los símbolos no se concretan y sé bastardean, éstos se disuelven en el aire, y el aire se hace viento enrarecido, cargado de frustraciones y engaños. Es decir, de lo prometido, nada se cumplió.

Durante todo ese período hasta hoy, en estos tiempos espaciales K, nos hemos ocupado de la temática ferroviaria y en especial del F.C. Belgrano.

Historiemos revisando archivos

Junio del 2005
LA VUELTA DEL TREN EN UNA URNA ELECTORAL Y DE LA MANO DEL BANCO MUNDIAL - (Parte 1-2-3-4) La Reestatización del F. C. Belgrano Cargas con Gerenciamiento privado no es una CUESTION NACIONAL, sino PRIVADA. Que tiene que ver con los CORREDORES BIOCEANICOS, exigencias de las multinacionales.

28/08/2005)
F.C BELGRANO CARGAS ¡LEVANTATE Y ANDA! (Parte I – 2 – 3))

12/09/2005)
DEL ANUNCIO ESTATIZADOR A LAS GARRAS DE MACRI
Da vergüenza: De la reestatización anunciada del F.C. Belgrano Cargas a la concesión a Francisco Macri más subsidios.
17 de abril del 2006 LA NUEVA CONCESIÓN DEL F.C. BELGRANO CARGAS, ¿UNA CUESTIÓN NACIONAL, O UNA VERGÜENZA NACIONAL?
22 de abril del 2006 - LA CONCESIÓN DEL F.C. BELGRANO CARGAS ES UNA VERGÜENZA NACIONAL
26 de junio del 2006 - EL F.C. BELGRANO CARGAS: FRUTO DE UN ÁRBOL ENVENENADO…
26 de junio del 2006 - F.C. BELGRANO CARGAS: LOS INTERESES DEL NORTE MUEREN EN MOYANO Por Haydee Dessal especial para Villa Crespo Digital

Con decía el maestro Scalabrini Ortiz: La historia de los ferrocarriles argentinos es, sin disputa, uno de los capítulos más vitales e importantes de la Historia Argentina. (Historia de los Ferrocarriles Argentinos)

Podemos decir con absoluta certeza, que la historia continúa, de acuerdo al itinerario histórico descrito por Scalabrini Ortiz. Sólo cambian las máscaras de los personajes actuantes, los tiempos políticos y el espacio territorial en disputa. Todo enmarcado dentro del sistema capitalista, que cambia en apariencia para seguir obteniendo lo que se llama ganancia, resultado que produce la dinámica del capital. Que transforma sin piedad, a través del lucro, un servicio público en uno privado, sin tener en cuenta nada más que la ganancia máxima…

Ver también:
- La falsaria estatización del F.C. Belgrano Cargas (Parte IV)
- La falsaria estatización del F.C. Belgrano Cargas (Parte III)
- La falsaria estatización del F.C. Belgrano Cargas (Parte II)
- La falsaria estatización del F.C. Belgrano Cargas (Parte I)

Juan Carlos Cena es autor de:
* El Guardapalabras, memoria de un ferroviario (agotado)
* El Cordobazo, una rebelión popular (agotado)
* El Ferrocidio 1º edición (agotado) 2 º edición (ampliada y corregida)
* Crónicas del Terraplén (cuentos)
* Secretario General del Organismo Central Capital Federal del Personal Técnico de los Ferrocarriles Argentinos (APDFA) (1984-1989)
* Miembro Fundador del Mo.Na.Re.FA - Movimiento Nacional por la Recuperación de los Ferrocarriles Argentinas.


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Argentina: Débora Giorgi y el oficio de la memoria


Horacio Fernández (ACTA)

Los neuquinos no tenemos un buen recuerdo de la flamante ministra de Producción, Débora Giorgi, engranaje fundamental en la extensión de la concesión del yacimiento de Loma de la Lata durante el Gobierno de la Alianza.

Más allá de los distintos antecedentes referidos a la formación profesional de la nueva integrante del Gabinete Nacional, Débora Giorgi, a sus fuertes vinculaciones con el sector industrial, específicamente con la UIA, lo que sumado a un nuevo paquete de medidas destinado a seguir subsidiando al sector empresario permiten entrever el sesgo de su gestión, los neuquinos recordamos un antecedente sobresaliente de la ministra en su paso por la Secretaría de Energía de la Nación durante el Gobierno de la Alianza.

En efecto, mientras Giorgi fue secretaria de Energía del gobierno de Fernando De la Rúa, se transformó en una pieza fundamental en la prórroga anticipada del yacimiento de Loma de la Lata pergeñada por el gobernador neuquino Jorge Sobisch.

El contrato que se prorrogó vencía recién en el año 2017. Sin embargo, y sin que mediara ninguna necesidad de Estado, en el año 2000 Repsol comienza a negociar con el gobierno neuquino una prórroga anticipada hasta el año 2027.

Si bien la Constitución Nacional reformada en 1994 consagra el dominio de las provincias sobre los hidrocarburos, la falta de modificación de la Ley de Hidrocarburos (efectivizada por la denominada Ley Corta en el 2007) colocaba en cabeza del Gobierno Nacional y de la Secretaría de Energía desde la autorización hasta las condiciones de esa explotación.

Es decir que la licenciada Giorgi fue artífice de la entrega del yacimiento gasífero más importante del país a la multinacional petrolera durante su gestión por un irrisorio cánon a favor del Gobierno Nacional de 300 millones de dólares, cuando las riquezas que se llevó Repsol eran equivalentes a más de 20 mil millones de esa misma moneda a valores del 2000.

La CTA Neuquén se entrevistó en su momento con la entonces secretaria de Estado. Lo hizo no sólo para denunciar el ruinoso negociado en curso, sino para alertar que, como autoridad de control de la explotación, podía perfectamente frenar la prórroga por el daño ambiental que producía. Daño que, según Giorgi, no constaba a la Secretaría de Energía.

Tal vez la funcionaria desconociera el informe del PNUD de las Naciones Unidas sobre el tema, donde además valuaba el daño de dicha explotación en la cuencas hídricas; o el amparo a que hizo lugar la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor del comunidades mapuches cercanas a Loma de la Lata por la contaminación ambiental.

Está claro que la gestión de la nueva ministra de Producción en su tránsito por la Secretaría de Energía del Gobierno de la Alianza no sólo continuó, sino que profundizó las políticas neoliberales en materia de recursos naturales.

La comunidad neuquina, que padece el régimen de saqueo al que es sometida por los grupos económicos trasnacionales y el poder político, registra en carne viva los nombres, los hechos y las circunstancias que jalonan su infortunio.

Foto: La presidenta Cristina Fernández de Kirchner saluda a Débora Giorgi más atrás el gobernador Daniel Scioli. / Autor: Presidencia de la Nación.

Horacio Fernández es Secretario General de la CTA Neuquén.

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Río Negro: La provincia se proyecta de cara a la renta petrolera y de espaldas al pueblo

OBSERVATORIO PETROLERO SUR

A un mes de la firma del decreto 1071 el pueblo de Río Negro supo por la prensa que el gobernador Miguel Saiz había adjudicado nuevas áreas, aquellas que habían sido ofertadas en la cuarta ronda de licitaciones del Plan Hidrocarburífero Provincial.

Otra vez las autoridades rionegrinas actúan de espaldas a la ciudadanía: desestiman las objeciones de los pobladores a la exploración –y consiguiente explotación de hidrocarburos en la Cuenca del Ñirihuau-; no informan debidamente sus actos, a sabiendas que existe preocupación al respecto; desconocen los reclamos de participación, evitando la convocatoria a audiencia pública y no haciendo partícipes a los municipios en decisiones que le competen; dan información falsa, como la brindada por la subsecretaria de Hidrocarburos, Tamara Pérez Balda, quien afirmó que el decreto no se había firmado cuando en realidad ya se había consumado la adjudicación. Otra vez las autoridades desconocen los derechos de Pueblo Mapuche, ya que concesiona su territorio sin consulta previa, libre e informada, como lo obligan leyes nacionales y tratados internacionales.

Nuevamente el proceder del Gobierno rionegrino abre un mar de dudas en torno a la suerte de la Cuenca del Ñirihuau y los demás territorios ofrecidos a la explotación de hidrocarburos. Ante los primeros alertas lanzados por pobladores de la región los funcionarios provinciales aseguraron que aplicarán estrictas normas de monitoreo y seguridad ambiental. ¿Qué garantías de sostenibilidad y sustentabilidad pueden ofrecer cuando hasta el momento la falta de transparencia de sus actos ha sido absoluta? ¿Qué garantías pueden ofrecer cuando, ante las críticas a la actividad petrolera, evitan responder con responsabilidad y se limitan a decir que el interés en Ñirihuau es por el gas? Sin dar cuenta que para extraer ese gas deben abrirse caminos, montarse torres de perforación, campamentos, locaciones, piletas para vertido de lodos y aguas de formación, ductos, plantas compresoras, etc. Una infraestructura que impactará negativamente tanto en lo social como en lo ambiental y cultural.

De espaldas al pueblo el gobierno provincial allana el camino para el desarrollo de una industria extractiva que se perpetuará por décadas en ese territorio, transformándolo de tal manera que anulará otras actividades económicas como la ganadería o el turismo. El agua, elemental para la vida, quedará expuesta a la contaminación tanto en las andinas nacientes de ríos, donde abunda, como en la meseta y estepa, donde escasea. Técnicos de la delegación Bariloche del Departamento Provincial de Aguas reconocen que no existen estudios hidrológicos exhaustivos de esa zona tan vasta como compleja que es la Cuenca Hidrocarburífera del Ñirihuau, pero el gobierno igual avanza adjudicándola. Y avanza con el aval de la misma legislatura, que recientemente rubricó la resolución 74/2008 del Parlamento Patagónico, la cual reconoce la importancia de preservar las nacientes de agua.

La Cuenca Neuquina –que comprende a la provincia de Río Negro- es un claro ejemplo de los costos sociales y ambientales que genera la explotación de hidrocarburos. Pero estos son invisibilizados: no se habla del deterioro del agua, suelo y aire, tampoco de su incidencia en el incremento de casos oncológicos que se registran en Cutral Co, Plaza Huincul o Añelo; menos aún de la pérdida total de la salud en las comunidades mapuche Kaxipayiñ y Paynemil. A tal punto se invisibiliza que el presidente del CODEMA, Oscar Echeverría, afirmó sin sonrojarse que desconocía esos antecedentes. A la vista queda su idoneidad para estar al frente del organismo encargado de velar por la preservación del medio ambiente.

Desconocen los costos sociales y ambientales, no así la pretendida bonanza económica derivada de la renta. Esa renta que alimenta la fantasía de los emiratos propios. La gestión que encabeza el gobernador Miguel Saiz pretende cumplir ese sueño y apuesta al desarrollo del sector energético. Pero producir energía ¿para quién? ¿Para satisfacer las necesidades de la población o para garantizar la electricidad que necesitan las empresas mineras? ¿Para satisfacer las necesidades de la población o para incorporarla al mercado internacional y exportarla?

La quema de combustibles fósiles se encuentra entre las principales causas del cambio climático, pero el Gobierno en vez de proyectarse a futuro, de buscar alternativas energéticas social y ambientalmente sostenibles, apuesta al beneficio en el corto plazo, hipotecando la calidad de vida de las futuras generaciones.

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Argentina: El anuncio de las nuevas medidas

José Castillo (LA ARENA)

El gobierno nacional finalmente ha reconocido que la recesión mundial ya está teniendo efectos sobre nuestra economía. El "plan anticrisis" tiene como centro un generoso blanqueo de capitales. ¿Servirá para evitar la ola de despidos y suspensiones?.

Parecería que, por lo menos, nos vamos poniendo de acuerdo en el diagnóstico. Es que cuando, a mediados del 2007, estalló la actual crisis económica internacional, lo que se venía escuchando desde los voceros más autorizados del gobierno nacional eran tendencias a minimizar cualquier consecuencia sobre la economía local. Durante el segundo semestre del año pasado se acuñó un término: "el desacople", insistiendo que, con los altos precios de entonces en las materias primas exportables (soja, trigo, girasol) no teníamos nada que temer. Se mostraba, como dato adicional, las reservas récord (se estaban por llegar en aquel momento a los 52.000 millones de dólar) y números récord de superávit fiscal. Parece que hubieran pasado siglos, pero ese era el "clima" de opinión económica oficialista hace apenas un año.

¿Cómo pega la crisis?

No vamos a entrar en la guerra de cifras. Es que, lamentablemente, al haber perdido toda credibilidad en nuestro país las estadísticas oficiales, sólo aportaríamos algunos "números más" a la sensación popular de que los datos no reflejan la realidad.

Vamos entonces a lo conceptual, blanco sobre negro: nuestro país tiene el año próximo vencimientos de deuda pública por alrededor de 20.000 millones de dólares. Y no hay claridad de que, con los recursos normales (proyección de recaudación impositiva más alguna renegociación de vencimientos) se los pueda sortear sin recurrir a medidas extraordinarias. Y estas son de dos tipos: o se mete mano en la "nueva caja" con que hoy cuenta el estado (los fondos jubilatorios de las AFJP recién transferidos al Anses) o, lamentablemente, deberá recortar o subejecutar partidas. Pedagógicamente, se trata de la reaparición del viejo término conocido como "ajuste". Hoy esto no es visible en el proyecto de presupuesto 2009, pero, una vez más, se acaba de votar en el Congreso la continuidad de la ley de emergencia económica, que permite al jefe de gabinete reasignar partidas, transformando a nuestra ley de leyes en una mera formalidad.

La otra realidad inobjetable es que, tras un primer año de crisis mundial con precios de las commodities por las nubes, éstas han descendido dramáticamente. Como muestra recordemos que, en lo más álgido de nuestro conflicto agrario, debatíamos con una cotización de la soja alrededor de los 600 dólares. Hoy oscila en los 320 dólares la tonelada.

Todo esto va a afectar, sin duda, a la Argentina del 2009. Pero hoy la crisis arribó a nuestras tierras con la forma de una impresionante ola de "recortes" de horas de trabajo. Liderado por las multinacionales que operan en el país; asistimos indignados a una avalancha de suspensiones, adelantamiento de vacaciones, recortes de tareas terciarizadas, y también, lamentablemente, despidos. En muchísimos casos, estas decisiones se toman incluso con anticipación a cualquier recorte en la demanda, generando con el miedo y la incertidumbre ante el futuro laboral de millones, la profecía autocumplida de un 2009 con recesión económica.

El paquete anticrisis

El actual conjunto de medidas anunciadas por la Presidente en la Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina apunta a un único eje: proveer de credibilidad, lanzar una "señal" al mundo empresario para que no reduzcan totalmente sus inversiones, despidan o suspendan lo menos posible y, tal vez, blanqueen a algunos trabajadores en negro.

El eje de las medidas es un amplísimo blanqueo de capitales. Analicémoslo en detalle. Todo aquel que declare capitales en el exterior, por el sólo hecho de hacerlo, sin ninguna exigencia de repatriarlos, sólo deberá abonar un 8% y quedará "legalizado". Si, con ese dinero, compra bienes terminados en la Argentina -por ejemplo, inmuebles o automóviles- el monto a abonar para blanquearse será del 6%. En el caso en que decida comprar bonos de la deuda pública (léase, le preste al estado), el costo por blanquearse bajará a un irrisorio 3%. Y el "mayor regalo" será para los que inviertan en el país en nuevos emprendimientos inmobiliarios, industriales o agropecuarios: en ese caso nadie les preguntará de donde salió el dinero, a cambio de que abonen apenas el 1%.

¿De qué dinero estamos hablando? Non nos queda otra que recurrir, con todas las dudas del caso, a los números del Indec: a fines del 2007, los fondos argentinos en el exterior se calculaban en 144.691 millones de dólares. Si le sumamos la fuga de capitales de este año, ya debemos pasar los 150.000 millones. Aunque resulte increíble, en ningún lugar consta cuánto de este dinero está blanqueado: estimaciones privadas calculan que lo no declarado asciende, por lo menos, a 100.000 millones de dólares.

El gobierno confunde, cuando dice que ese dinero no es otra cosa que el fruto de "honestos argentinos" que, ante la incertidumbre escondían su dinero. Como mucho, los billetes mantenidos en cajas de seguridad por la clase media (medidos por la capacidad de las cajas publicitadas por los propios bancos) pueden oscilar entre 20.000 y 30.000 millones de dólares. Esto incluye montos declarados y no declarados. Estamos hablando entonces de más de 100.000 millones de dólares que no se conoce el origen. Ni de dónde se obtuvieron ni cómo o porqué se fugaron del país. Obviamente mucho menos se sabe desde cuando no pagan impuestos, o si alguna vez lo han hecho.

Seamos claros: es una fenomenal oportunidad para que una masa increíble de dinero de dudoso origen "se blanquee" en el país. En un momento donde hay cada vez más datos de que nuestro país está en la "ruta" del narcotráfico internacional, se trata de una medida peligrosísima.

¿Pero servirá acaso, aunque sea, para reactivar la economía? Es muy dudoso. El criterio del blanqueo es fuertemente fiscalista. Como explicamos más arriba, ni siquiera hay obligaciones de "entrarlo" al país para ya empezar a gozar de beneficios. Más aún, hay que pagar menos si se compran papeles de la deuda que bienes tangibles.

"Beneficios" previsionales

La otra medida eje del plan es una amplitud de facilidades previsionales para las empresas que tomen o blanqueen personal. Acá tenemos que empezar por algo conceptual: las retenciones a los trabajadores y los aportes patronales son salario diferido, o sea dinero que les pertenece a los asalariados, para su futura jubilación.

Es increíble que tengamos que empezar por algo tan básico. Cuando un empresario no deposita los aportes o retenciones no está simplemente "evadiendo". Le está robando al trabajador. Ahora se anuncia que todas las empresas con hasta 10 empleados en negro podrán blanquearlos a costo cero, o sea que se les condonarán todas las deudas previsionales. ¿Y quién se hace cargo de la diferencia? La respuesta es clara: nadie. Por eso después aparece como una utopía que los jubilados cobren el 82% móvil que "garantiza" la Constitución.

Por supuesto que es entendible el problema financiero de las pequeñas y medianas empresas. Pero esto no es el centro del problema del trabajo en negro: se calcula que más del 40% de la fuerza laboral está en esa situación. En pequeñas, pero también en medianas y grandes empresas. Y lo está ante la vista gorda del propio Ministerio de Trabajo. La salida no puede ser beneficiar al que delinque, y menos aún a costa de los trabajadores. En todo caso, si se quiere que las pymes paguen menos cargas sociales, que se les incremente a las grandes empresas hasta un monto en que el efecto recaudatorio para el Anses sea neutro. Y para que no se diga que "se están aumentando los impuestos al trabajo", se lo podría hacer por medio de un impuesto a las superganancias de las grandes empresas.

Defender realmente el empleo

Todas las medidas anunciadas tienen tras de sí un supuesto: que otorgándoles beneficios a los empresarios, estos los "derramarán" sobre la clase trabajadora, en principio no despidiendo ni suspendiendo. La realidad histórica no permite sostener este argumento.

Si de verdad queremos evitar la naciente ola de despidos y suspensiones, hay que prohibirlos por ley, haciendo uso de la tan mentada "ley de emergencia económica" -para que, de una vez por todas sirva para algo, más que para reasignar partidas a gusto del Jefe de Gabinete-. El blanqueo de los trabajadores debe ser inmediato y automático. Y con respecto a los capitales en el exterior, podríamos empezar evitando que se sigan fugando, estableciendo controles estrictos sobre la banca y el comercio exterior, hoy el verdadero "colador", junto con los pagos de la deuda externa, por donde se va nuestra riqueza. Recién ahí empezaríamos a hablar seriamente de defender el trabajo argentino.

José Castillo es economista. Profesor de Economía Política y Sociología Política en la UBA. Miembro del EDI (Economistas de Izquierda).


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Absolvieron al estudiante que fue sometido a juicio por hacer pintadas por la aparición de López

ACTA

Los testigos declararon ayer por primera vez porque el caso se realizó por el sistema de flagrancia. Los testigos de la policía contradijeron a los uniformados y el perito era el encargado de mantenimiento de la comisaría."Este juicio fue un papelón, y una condena hubiera sido un retroceso para la democracia", dijo Fernando Grenno sin ocultar su alivio y felicidad por haber sido absuelto.

Ayer el Tribunal Oral en lo Criminal 18 resolvió que no cometió el delito de daño calificado al haber pintado en la pared de un edificio público la consigna "Aparición con vida de Julio López". La audiencia tuvo momentos de escándalo ante las carcajadas del público por las absurdas explicaciones que dio un supuesto perito policial. "Esto es fruto del sistema de flagrancia porque si los testigos que declararon aquí ya lo hubiesen hecho este expediente no llegaba a juicio", dijo la abogada María del Carmen Verdú al pedir la absolución de su defendido.

Fernando Grenno nació en Pehuajó, tiene 27 años y cursa las últimas materias de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires. Además de tocar la guitarra (dice ser autodidacta), milita en la agrupación Plan B. El 1º de mayo del año pasado iba a participar con sus compañeros en actividades por la aparición de Jorge Julio López, el testigo del caso Etchecolatz que está desaparecido desde hace más de dos años. Estaba caminando hacia la Facultad de Ciencias Sociales cuando fue detenido, estuvo preso diez horas y a los pocos días recibió una citación de la fiscalía de Nancy Romero. El requerimiento fiscal decía que el joven estaba imputado de haber provocado daños permanentes en un edificio de tribunales de Marcelo T. de Alvear y Callao, por haber pintado con aerosol negro la frase Laissez Faire Rock. Como no hubo etapa de instrucción por la aplicación del procedimiento sumarísimo o "flagrancia", ayer fue la primera vez que declararon los testigos. Uno de los policías de la comisaría 17ª que intervino en la detención de Grenno dijo que lo vio pintando la frase Lai-ssez Faire López. Cuando le mostraron la foto, una de las pocas pruebas del caso, el policía dijo que la palabra López estaba a la izquierda, pero cuando declaró el otro policía que lo acompañaba ese día la ubicó a la derecha. "Era una frase en inglés", trataron de explicar los uniformados, al tiempo que empezaban las primeras risas del público.

Los dos testigos que aportó la policía afirmaron que vieron dos aerosoles (uno rojo y otro negro) y no uno y que los uniformados eran tres y no dos. También afirmaron que no vieron a nadie pintando nada.

A esa altura el relato de los hechos era más que confuso y la declaración del sargento Salas no ayudó a esclarecerlos. El informe pericial de su autoría, que estableció que la pintada "no sale con solvente", lo elaboró sólo mirando la pared, sin tomar muestra alguna. Ante las preguntas de Verdú surgió que no era un perito, apenas tenía estudios primarios y es el encargado de mantenimiento de la comisaría.

–¿Quién le señaló la frase que tenía que analizar? –preguntó la abogada.

–Nadie, fue lo primero que vi, era la más grande –respondió el policía.

En ese momento las carcajadas eran tan sonoras que la jueza Cristina Camiña amenazó con desalojar la sala. Sólo quedó probado que en esa pared alguna vez alguien pintó Laisse Faire Rock y que Grenno pasó por ahí. El fiscal Guillermo Pérez de la Fuente no formuló acusación y los jueces Camiña, Estela Cárcamo y Alejandro Nocetti Achával absolvieron al estudiante. Poco antes, la abogada Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), había expresado que "un año y medio de trabajo, todo el despliegue del juicio oral con una persona sometida a proceso, se resolvía con seis declaraciones tomadas a la semana del hecho". Afuera, militantes de la FUBA y otras organizaciones sociales y de derechos humanos festejaron la salida del absuelto. "Todo lo que vi y escuché fue un bochorno", le dijo a Grenno la sobreviviente Nilda Eloy, compañera de López en la querella contra Etchecolatz.

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Argentina, Córdoba: En memoria de los fusilados de la UP1


PRENSARED

La comisión de homenaje de la Unidad Penitenciaria Nº 1, conformada por hijos, familiares, amigos y compañeros de los presos políticos asesinados en la Cárcel San Martín, entre 1976 y 1978, convoca a vecinos, amigos y público en general a compartir la muestra: "Nuestros tesoros... objetos y recuerdos de la otra memoria".La muestra se compone de objetos, fotos y cartas que se lograron recuperar a pesar del tiempo y quedarán plasmados como testimonio de vida.


Mirando atrás, la muestra "Nuestros tesoros… Objetos y recuerdos de la otra memoria" comienza a gestarse cuando un grupo de familiares se juntan para organizar el acto-homenaje en memoria de sus seres queridos fusilados en la cárcel San Martín treinta años atrás. Será el 13 de diciembre, a las 18, en el predio de la penitenciaría.

Por aquellos días se conocieron y reconocieron a partir de historias comunes. "Habían pasado más de 30 años en los que muchos de nosotros, sin recordarlo, nos cruzábamos en los pabellones de la cárcel los días de visita; algunos nacíamos por esos días, y otros desconocíamos el destino de nuestros padres", expresan.

Ya constituidos como grupo, a la par de exigir justicia, reclaman que el predio de la cárcel San Martín se convierta en un museo de la memoria activa. "Porque la democracia no se puede construir sobre el olvido, ni la libertad puede crecer a la sombra de la desmemoria, estamos aquí compartiendo nuestros tesoros… "Objetos y recuerdos de la otra memoria" para rendir un humilde homenaje a nuestros padres, hermanos, familiares, esposos/as, amigos y compañeros, que murieron por una causa noble, que entregaron su vida por una Argentina más libre, justa y soberana", afirma el texto de los hijos y familiares de las víctimas.

La muestra está compuesta de tres bandos de 1.00x1.50 metros, un cortometraje (en formato DVD) realizado por Ana Mohaded y una presentación audiovisual editada por Miguel Mozé, prevista para reproducirse permanentemente en la sala o lugar en que la muestra este itinerando.
Los hechos y su historia

La cronología del terror comienza en el Cabildo Histórico de la Ciudad, donde entonces funcionaba la temible División de Informaciones de la Policía Provincial (el "D 2"), el centro de torturas del Comisario Telleldín. Allí, el 30 de abril de hace 31 años, asesinaron a Daniel Eduardo Bártoli, María Eugenia Irazusta y Víctor Hugo Chiavarini.

El Tercer Cuerpo de Ejército, comandado por el inefable General Luciano Benjamín Menéndez, informaba –y el diario La Voz del Interior reproducía textualmente- que las muertes habían sido el desenlace de un intento de fuga de los presos. La realidad es que fueron "rematados" porque estaban ya moribundos de tanta y tan brutal tortura impartida con saña por los sicarios de la D 2.

En la Unidad Penitenciaria Nº 1 de barrio San Martín, la cronología del terror comenzó la misma madrugada del 24 de marzo, cuando la cárcel quedó bajo el mando del General Juan Bautista Sassiaíñ.

El 17 de mayo de 1976 Sassiaíñ se cobró sus primeras seis víctimas: Miguel Ángel Mozé, José Alberto Svagusa, Luis Ricardo Verón, Eduardo Alberto Hernández, Diana Beatriz Fidelman y Ricardo Alberto Yung fueron "trasladados" con la autorización del juez federal Zamboni Ledesma. Murieron en un supuesto "intento de fuga" que nunca existió; fueron fusilados a quemarropa en las inmediaciones del puente Santa Fe mientras permanecían maniatados y con vendas en los ojos.

La misma metodología se aplicó once días más tarde con los detenidos José Pucheta y Carlos Sgandurra, a quienes se fusiló en las inmediaciones del Chateau Carreras. Los "intentos de fuga" no cesaron: el 19 de junio fusilaron a Claudio Zorrilla, Miguel Angel Barrera, Esther María Barberis y Mirta Abdón; el 30 le llegó el turno a Marta Rossetti de Arquiola y José Cristian Funes, también asesinados a sangre fría.

El 5 de julio, la maquinaria del horror devoró a Raúl Augusto Bauducco. La mentira oficial dijo que "Paco" intentó arrebatarle el arma a un oficial: la verdad es que fue ultimado a sangre fría de un balazo en la nuca mientras estaba arrodillado por la brutal golpiza que acababa de recibir.

Diez días después, la patota de Mones Ruiz, Alsina, Pérez, Arroyo y Rosales estaqueó a René Moukarzel al piso del patio por más de diez horas. Era pleno invierno: lo dejaron desnudo a la intemperie y cada tanto le arrojaban agua helada sobre el cuerpo. Hasta que, después de una larga agonía, su corazón dejó de latir.

Los crímenes siguieron: el 12 de agosto fusilaron a Miguel Hugo Vaca Narvaja (h), Higinio Arnaldo Toranzo y Gustavo Adolfo De Breuil ante la presencia del hermano de este último, Eduardo De Breuil, a quien dejaron con vida para que trasladara su vivencia del horror al resto de los detenidos.

Ocho días después le llegó el turno a Ricardo Daniel Tramontini y Liliana Páez. El 11 de octubre, la ya célebre "ley fuga" le fue aplicada a Florencio Díaz, Pablo Balustra, Jorge García, Miguel Ceballos, Oscar Hubert y Marta González de Baronetto. La lista macabra se completó en julio de 1977 con el crimen de Osvaldo Sigfrido De Benedetti.

Fueron 29 crímenes premeditados y cometidos con alevosía, perpetrados por militares que respondían a las órdenes del General Menéndez. Fueron 29 crímenes que sus cobardes autores nunca asumieron como tales; por el contrario, hablaron de "enfrentamientos" e "intentos de fuga" para no asumir que en realidad fusilaron a hombres y mujeres indefensos, maniatados y amordazados; dijeron que actuaron en defensa propia cuando en realidad dispararon a quemarropa a la nuca de un prisionero arrodillado; y hasta mintieron sobre la horrenda muerte que le provocaron a Moukarzel.

Solo recordando lo que pasó construiremos un futuro mejor, sin mentiras, sin hipocresía, sin crímenes, sin impunidad.

Estamos para llorar, porque nuestro llanto limpiará las impurezas de esta tierra manchada con sangre. Pero también estamos para reír, porque en nuestra risa vive cada uno de ellos.

Y estamos, sobre todo, para exigir, para reclamar que la Justicia Federal de Córdoba cumpla de una vez por todas con su obligación y encierre para siempre a Menéndez y su siniestra corte de asesinos cobardes y decadentes. Por la verdad, por la justicia, por un sueño.

Autor foto: PRENSA RED.


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Argentina, Misiones: La policía admite "grave" abuso de arma contra menor

MISIONES ON LINE

El policía fue pasado a disponibilidad y la familia del chico lo quiere ver preso.

El Jefe de la fuerza provincial, comisario general Benjamín Roa se refirió al policía César Daniel Domínguez, de 28 años, quien el pasado 21 de este mes, disparó contra un menor de 16 años, al que intentaba detener por un supuesto robo del que fuera objeto, el vehículo de su propiedad. El menor continúa internado grave en el sector de terapia intensiva del Hospital Madariaga.

Aquel día el informe policial decía que el hecho ocurrió cerca de las 5:45, cuando el efectivo César Daniel Domínguez, de 28 años, estaba descansando en su casa, ubicada en inmediaciones de la avenida Zapiola y calle 64, del barrio Yacyretá. Su mujer, Laura Méndez, también agente de la fuerza, escuchó ruidos en el garage, cuando salió a ver que sucedía, observó a un joven dentro de su vehículo marca Fiat Uno, color rojo.

Al parecer, el joven logró huir cuando observó a los dueños de casa, saltó el cerco de la vivienda, y el agente lo persiguió por las calles del barrio.

Cuando el policía logró reducirlo, en un forcejeo, efectuó un disparo que impactó en el tórax del adolescente.

Domínguez, avisó a la comisaría seccional sexta de Posadas, haber sido víctima de un intento de robo en su hogar y que tenía demorada a una persona.

Una patrulla llegó hasta el lugar y trasladaron a Oliver Orlando S., de 16 años, hasta la sede policial, donde se constató que éste presentaba una lesión sangrante a la altura de la tetilla derecha, por lo que fue inmediatamente trasladado al hospital Madariaga para que reciba atención médica.

Roa, explicó que "toda vez que es detenido un policía por una situación especial, en este caso el uso de arma, muy grave, atendiendo a un delito contra la propiedad que se consumaba, él, al momento de ser detenido pasa a una situación de disponibilidad, y en esta oportunidad como ya fue liberado por el juez de turno, está en libertad, imputado en la causa, pero en disponibilidad en lo que hace a lo institucional".

La familia pide carcel

Paulina Sanabria, madre del menor reclamó "justicia para su hijo". Pidió que "el policía quede preso, que no le pegue ni le haga más daño a nadie". Contó que con mucho esfuerzo se ocupó sola de la crianza y "que no puede ser que ese hombre esté libre, la justicia se tiene que hacer valer, no puede andar paseando contento por el barrio después de lo que hizo". Continuó diciendo que "una autoridad que conoce la ley debería apretar y esposar a la persona, no hacía falta pegarle un tiro que le destroce la vida".

Paulina indicó que su hijo salió temprano ese día a trabajar porque tenía ganas de comprarse unos botines de fútbol, y que después, mediante un mensaje de texto, desde la comisaría sexta le avisaron lo que había ocurrido. Denunció que "en por lo menos siete oportunidades, Orlando sufrió agresiones por parte de la policía, porque él anteriormente se drogaba y tenía malas juntas, pero que de un año y medio a esta parte se estaba portando bien, ya que entre otras cosas, su novia quedó embarazada y eso lo había hecho cambiar, inclusive hace dos años que se está tratando para dejar la adicción"

Terminó diciendo que "yo no quiero que le pase a otro lo que estoy sufriendo yo acá, espero que la justicia tome medidas, y que demuestre que existe".

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Tensión en Picún Leufú: Petrolera intenta ingresar a la comunidad Huenctru Trawel Leufu


OBSERVATORIO PETROLERO SUR - INDYMEDIA

El lof Huenctru Trawel Leufu denunció que desde principios de mes Petrolera Piedra del Águila (PPA) intenta ingresar a su territorio para realizar trabajos de exploración sísmica. La empresa cuenta el respaldo del gobierno provincial que, a pesar del compromiso de esperar el dictamen de la Comisión Evaluadora del Impacto Ambiental y Cultural antes de que se realice cualquier intervención en el lugar, envió efectivos de la policía lugar para garantizar los trabajos. La compañía también tiene el respaldo del intendente local y de un grupo de desocupados vinculado a la firma y al gobernante Movimiento Popular Neuquino.

A fines de 2007 y durante todo el verano se vivió un alto clima de violencia no sólo en el Paraje Cerro León, donde se encuentro la comunidad, sino también en el área urbana de Picún, los comuneros sufrieron atentados y amenazas. Aquél escenario fue revertido con el acuerdo alcanzado en febrero, que derivó en la conformación de la Comisión Evaluadora, pero esa instancia de consulta y participación hasta el momento no ha sido puesta en marcha porque el gobierno neuquina dice carecer de fondos para garantizar su funcionamiento. En diálogo con el Observatorio Petrolero Sur, Juan Carlos Curruhuinca, traulín kullín del lof, explicó el delicado escenario actual y anunció futuras movilizaciones. El 6 de diciembre realizarán una volanteada informativa sobre la ruta 237.

-Las cosas no andan bien en la comunidad.

Si bueno, tenemos inconvenientes otra vez en la comunidad Huenctru Tahuel Leufu, que está asentada en el Paraje Cerro León, a 134 km al sur de la capital del Neuquén. En este momento tenemos a la policía dentro del territorio, custodiando y garantizando el acceso de la Petrolera Piedra del Águila. Provincia, la policía, el intendente local, han hecho una asociación, todos luchan para que la Petrolera Piedra del Águila ingrese al territorio. Los desocupados son otros grupos aparte que Petrolera Piedra del Águila los tiene amenazados, que si no se reúnen, no se juntan unos 30 o 40 para presionar a la comunidad, dejarán de pagarle. En eso están Santiago Gastaldi, Gabriel Obrador, con sus abogados, Juan Pablo Kohon, con el abogado Diez… Esto es lo que está sucediendo.

Ayer [por el martes] a las 12 del mediodía en Neuquén Capital teníamos reunión con el ministro [de Gobierno Jorge] Tobares. Y el ministro Tobares, otra vez burlándose de la comunidad, no nos pudo atender, mandó a decir que no tenía una decisión fija para tomar y que no podía sentarse en la mesa porque, más allá de que él es el ministro de la provincia del Neuquén, el que toma las decisiones es [el gobernador] Jorge Sapag.

-Hasta octubre estaba estancada la mesa de diálogo con el gobierno y la empresa pero se vivía un clima de 'normalidad' en la comunidad. ¿Cuándo empieza esta situación? La policía dentro de la comunidad y el grupo de desocupados activo.

Más o menos del 1º al 5 de noviembre entraron los desocupados a la tranquera a presionar para abrirla. Esta vez andaba metido el intendente local, Facundo Suárez, y el comisario de Picún. A partir de ese momento se empezó otra vez a generar el conflicto, empezaron a llegar diferentes representantes de Petrolera Piedra del Águila, personas que nunca habíamos visto, abogados, gerentes… En realidad todos daban un nombre distinto y las veces que intentaban encontrarse con la comunidad aparecían otros. Nunca pudimos saber si eran representantes de la empresa, porque en realidad conocemos a Obrador como presidente de la empresa, a Santiago Gastaldi que es gerente, pero esas personas dejaron de ir.

Proponían arreglos que no tenían nada que ver con los derechos nuestros, todos arreglos por el Derecho Civil, y lo que ofrecían para ingresar al territorio eran limosnas, y siempre presionando con la policía. Nosotros dijimos que era un Territorio Mapuche, que no íbamos a permitir que ingresen las personas que ellos estaban mencionando.

Hacemos responsable al gobierno de la provincia del Neuquén, a Jorge Sapag, porque él es el que tiene que tomar la decisión política y de una vez por todas dejar de esquivarle a las verdades, a los derechos que tenemos, reconocer la [propiedad] comunitaria y su personería jurídica [otorgada por Nación] y poner en funcionamiento la Comisión Evaluadora de Impacto Ambiental y Cultural dentro de la comunidad. Hoy la provincia dice que no tiene plata y que hay que tratar de buscar fondos por otros lados, y que la gente que por ahí puede colaborar con los fondos -menciona a la Nación-... la plata no está.

-¿Por qué motivo ahora está dentro de la comunidad la policía?

Acá todos son cómplices de Petrolera Piedra del Águila, el gobierno anterior era uno y el gobierno de hoy también es cómplice, arrancando por el ministro Jorge Tobares, arrancando por el ministro [de Seguridad, Trabajo y Justicia] César Pérez y el gobernador de la provincia, son ellos los que autorizan a la policía, en complicidad con el comisario [general Juan Carlos] Lepen, que es el Jefe de la Policía de la Provincia del Neuquén. El ministro César Pérez autorizó al Comisario General de la Provincia del Neuquén y Lepén bajó las órdenes a Picún para que la policía ingrese al territorio y garantice el trabajo que tiene que hacer la Petrolera Piedra del Águila.

-¿No estaba garantizado ese trabajo?

No. No estaba garantizado porque la comunidad se lo impide y se lo va a seguir impidiendo porque no va a permitir que entre una petrolera a destrozar o a destruir todo su territorio. Estas son las cosas que están pasando acá, y es lamentable que el gobernador de la provincia del Neuquén, que por un lado sale por los medios siempre con su discurso político barato de que quiere la paz social, que no quiere inconvenientes, que basta de enfrentamientos… Y, por otro lado, manda la policía a presionarte para que abandones el territorio.

Hoy por hoy el único responsable de todo esto es el gobierno de la provincia del Neuquén, que ha entregado estas tierras a Petrolera Piedra del Águila sabiendo que ahí existe una comunidad. Hace más de 100 años que esas tierras las está ocupando la comunidad, más allá que hablamos de una preexistencia.

-¿Creen que se puede repetir el escenario de violencia, de amenazas e intimidaciones que se vivió el año pasado?

Como están las cosas... Petrolera por un lado moviliza, agita a los desocupados que se tienen que organizar, agrupar... y la policía local que se presta… El lonko [Victorino Curruhuinca] y la inal lonko [Teresa Curruhuinca] fueron a hacer una denuncia a la comisaría y el comisario los llamó y [les dijo que] quería hacer una reunión con los desocupados, con Petrolera Piedra del Águila y con el intendente local. Entonces los integrantes de la comunidad dijeron que no, que ellos habían ido a hacer la denuncia y que no querían reunión con ninguna de las personas que acabo de mencionar, porque no eran quienes tenían que reconocer a la comunidad. Él es un auxiliar de la Justicia, no es la persona que va a decidir, tomar decisiones políticas.

Creo que se va a volver a repetir porque este circo ya lo están armando, ya lo están generando. [El gobernador] Jorge Sapag es la continuidad de Jorge Sobisch, esto es lo que estamos viendo nosotros, la voluntad política no aparece, son todos discursos, y el conflicto se va a volver a generar en cualquier momento. O sea, ya se instaló otra vez y la comunidad va a salir a denunciar por todos los medios y a defender su territorio como tiene que ser.

-El año pasado, incluso este verano, hubo hostilidades de pobladores de Picún Leufú hacia la comunidad. ¿La población cómo está tomando estos sucesos?

El año pasado a esta época estaban muy complicadas las cosas y era un clima muy fuerte, donde la comunidad organizada impedía el ingreso de las petroleras y controlaba a los desocupados. La policía nos salían a reprimir junto con los desocupados…, todo lo negaron en la Justicia, hoy ellos están libres de culpa y cargo.

El tiempo fue testigo, la sociedad de Picún Leufú se dio cuenta que el trabajo que buscaban los desocupados eran todas mentiras, fue todo un circo armado para vencer la resistencia de la comunidad. Los 400 puestos de laburo que ofrecía Piedra del Águila nunca aparecieron, más allá de que tienen el 95% de los estudios sísmicos [hechos]. En Cerro León, Paso Aguirre, Limay Centro, Lago Abajo, en todas esas zonas hicieron los estudios y en toda esa zona no hay ni 50 [personas] trabajando, la desocupación en Picún sigue. Entonces [la empresa] sigue manteniendo esos grupos nada más que para generar conflicto, para presionarnos, y toda la sociedad de Picún se dio cuenta que era mentira, que Petrolera Piedra del Águila no es una empresa seria, que es una empresa fantasma, no la conoce nadie, de la noche a la mañana aparecieron. Cada vez aparecen más personas allegadas al gobierno provincial, algunos ex diputados, que son socios de la empresa Petrolera Piedra del Águila.

-¿Han dado intervención a la Confederación Mapuche Neuquina?

La Confederación Mapuche Neuquina está al tanto de todo. Martín [Velázquez] Maliqueo, que es werken de la Confederación [Mapuche] Neuquina y es el coordinador de la Zonal Centro, vivió junto a nosotros y los abogados Juan Manuel Salgado y Micaela Gómez [el plantón] en Gobernación. Los ministros hicieron oídos sordos a nuestros reclamos y nos dejaron plantados con la reunión que teníamos pactada a las 12. Estuvimos hasta las 3 de la tarde, mandaron a una persona que no tenía la capacidad suficiente para tomar decisiones, nada más fue a buscar informaciones para tratar de llevársela a Tobares, a Jorge Sapag, a César Pérez, era un representante que no lo conocía nadie y por lo tanto le dijimos que no podíamos hablar porque no tenía decisiones políticas y nosotros íbamos a buscar una solución política.

Quieren es romper la Comisión Evaluadora y aparentemente este ministro [Tobares], quiere apuntar, como [el ex gobernador] Jorge Sobisch… Por un lado, hablar con la Confederación, plantearle una cosa, y a la comunidad plantearle otra cosa. ¿Qué es lo que quiere hacer? Dividir comunidad y Confederación, y no lo va a lograr porque hoy estamos más unidos que nunca y sabemos que el Movimiento Popular Neuquino es un hueso duro que le gusta discriminar, marginar, sembrar el hambre, la miseria y la pobreza, porque se alimentan de eso. Todo lo que le pertenece al pueblo se lo llevan ellos porque ellos son cuervos que se mantienen es de esta manera.

No vamos a permitir que en el territorio el Movimiento Popular Neuquino, en complicidad de la Policía, intendentes -que son de la rama política del MPN- vengan a humillarnos, nos vengan a marginar. Vamos a levantar nuestra bandera, vamos a salir otra vez a la lucha, a cortar los caminos y a denunciar por todos los medios lo que está pasando en Picún Leufú, en la comunidad de Huenctru Trawel Leufú. Vamos a salir a enfrentar a este poder que quiere quedarse con nuestras tierras, a este poder que quiere corrernos de nuestras tierras con la policía, le vamos a decir no.

Autor foto: INDYMEDIA.


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Argentina, Tucumán: Según la defensa, Bussi no entiende de qué se lo acusa

PRIMERA FUENTE

Por segunda vez en la semana, el represor Antonio Domingo Bussi fue ayer a Tribunales Federales. Esta vez, escuchó las imputaciones por la desaparición de José Díaz en junio de 1976 pero no dio explicaciones sobre el hecho.

"Su grave estado de salud no le permite entender acabadamente de qué se lo está acusando", aseguró su defensor público adjunto Edgardo Berttini al término del acto procesal que duró un poco más de una hora. El letrado amenazó con pedir la nulidad de la indagatoria al sostener que si bien las pruebas están exhibidas es imposible, dado su volumen, su lectura. Por un error, Bussi mostró la cara y quedó expuesto frente a los fotoperiodistas.

No sabe, no contesta. Esta parece ser la actitud del represor Antonio Domingo Bussi cada vez que escucha las graves imputaciones en su contra por delitos de lesa humanidad cometidos en los años sangrientos de la última dictadura militar. Según la defensa pública, el ex gobernador de facto no se encontraba ayer en condiciones de declarar pese a que los chequeos médicos que le realizaron antes de la indagatoria indicaron que se encontraba estable. "Su grave estado de salud no le permite entender acabadamente de qué se lo está acusando ni tampoco hacer una defensa efectiva", aseguró Edgardo Berttini, el defensor público oficial adjunto, quien estuvo sin la presencia de la defensora titular Amalina Assaf en el acto procesal que se realizó ayer en la Secretaría de Derechos Humanos del Juzgado Federal Nº 1, a cargo de Daniel Bejas.

Por segunda vez en la semana, Bussi fue trasladado ayer desde el country de Yerba Buena donde cumple arresto domiciliario a Tribunales Federales, para dar explicaciones por la desaparición de José Díaz ocurrida en junio de 1976, cuando estaba al frente de la V Brigada de Infantería del Ejército y del gobierno de la provincia. "Se hizo una lectura de los hechos con una referencia compleja de las pruebas. Y cabe aclarar que si bien las pruebas se encuentran en el lugar físico donde se presta declaración, el volumen de las pruebas genera la imposibilidad material de su lectura, a lo que se suma el estado grave de salud que padece Bussi", sostuvo a la prensa Berttini al término de la indagatoria que duró un poco más de una hora. El letrado alertó que si bien se dio por terminado el acto procesal, este "sería pasible de nulidad por no haberse cumplido con los requisitos formales".

Berttini insistió en que Bussi no está en condiciones de declarar. "Al inicio de las audiencias, Bussi es sometido a un chequeo de su presión arterial y su frecuencia cardíaca. Y lamentablemente los resultados son parámetros que dan normales debido a la cantidad de medicamentos pero no refieren directamente a sus patologías cardiorrespiratorias", sostuvo. El abogado también indicó que si bien este acto procesal iba a ser el último del año, le informaron que se agregó una nueva citación por parte del juez Bejas. Según especulaciones periodísticas, se estima que podría ser el 4 de diciembre próximo.

Por un error, Bussi se entregó a las cámaras

Por un error de los médicos del Siprosa que conducían su silla de ruedas, Antonio Domingo Bussi quedó atrapado sin salida ante las cámaras de los fotoperiodistas que hacían guardia en los pasillos del segundo piso de Tribunales Federales. Aparentemente, se trataba de médicos que no conocían el camino que conduce desde el ascensor (por donde ingresa al edificio desde el subsuelo) hasta el despacho de la Secretaría de Derechos Humanos del Juzgado, donde es habitualmente indagado.

Sorpresa y media fue para los fotoperiodistas cuando vieron que Bussi se dirigía hacia ellos que no dudaron en captar el momento, siempre impedido por un sigiloso operativo de seguridad que se monta para evadir las cámaras de la prensa. Al advertir el camino errado, los médicos dieron la vuelta e ingresaron a la Secretaría junto al defensor público adjunto Edgardo Berttini.

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Argentina, Santa Fe: EPE de la herencia a la continuidad

TMO

La mirada retrospectiva a veces esconde hechos históricos ineludibles. Ante la llegada de los cortes de energía, el gobernador habló de "la herencia" de la EPE. Paradojas del destino, hoy Binner conformó un frente político con ex usandizaguistas, quienes avalaron oportunamente el intento de privatización de la empresa, que fue complementado por una política de desguace. Puertas adentro de la EPE también sorprende que Binner sostenga a los hombres que generaron los males heredados que denuncia.

Gran parte de los funcionarios que fueron parte del proceso de desinversión de la EPE durante el reutemismo, como el Gerente de Administración Antonio Risso Gietz, (denunciado por avalar sobreprecios en compras de transformadores), sigue manejando las cuentas de la EPE. Risso, hombre que siempre supo poner la firma a balances "a medida de las gestiones de turno", no es el único de aquella época que hoy ostenta cargos gerenciales. Dante Adalia, quien actuó al frente del área de fraudes en la época de la "EPE Paralela", (cuando subió exponencialmente el robo de energía), hoy sigue en su antiguo cargo. Otros viejos socios de Antonio Caro, el mentor reutemista de la privatización de la EPE, como Andrés Gobernatori (en 1.998 Subgerente Regional Rosario) o Leopoldo Miranda (ex Jefe de Fraude Regional Rosario), hoy siguen en la EPE.

La otra EPE paralela

(Investigación publicado por la revista TM durante 2003, difundida por El Ciudadano, Notife y La Capital de Rosario)

Pese a ser objetada por una Comisión de Estudio, la Intervención de Antonio Caro avaló recientemente la adquisición de transformadores con un sobreprecio estimado en seiscientos ochenta mil pesos. El caso involucra a tres funcionarios que justificaron los precios perjudiciales a la EPE: Lidio Molina, Antonio Risso y Oscar Russo. Las irregularidades entorno a las compras en la principal empresa del Estado provincial aparecen como la punta del iceberg de otra "EPE paralela" amparada por la impunidad oficial.

La adquisición de transformadores eléctricos a mediados de 2003 por parte de la Empresa Provincial de la Energía con un sobreprecio estimado en seiscientos ochenta mil pesos, un 20% del monto total finalmente abonado en la compra de esos equipos por la EPE –según se desprende del análisis de la "Comisión de Estudio de la licitación 1602/03" de la distribuidora eléctrica local llamativamente desestimado por la Intervención-, vuelve a poner en el ojo de la tormenta la actual gestión. Pese a contar con elementos suficientes para ordenar sumarios internos contra los funcionarios que avalaron estos pagos que suponen un considerable perjuicio económico para la empresa santafesina, el Interventor de la EPE Antonio Caro optó por ratificar la operación y silenciar el caso. Ni siquiera se tuvo en cuenta la insolvencia económico-financiera de una las empresas oferentes, de acuerdo a información brindada por el Banco Central.

La cuestionada compra de transformadores que llevó a algunos empleados de la empresa a sugerir la no adjudicación de la licitación, es un botón de muestra que parecería revelar tras las compras en la EPE una verdadera "caja paralela", integrada por funcionarios de segunda línea de la EPE que responden a dos grupos de poder en la empresa. Los nombres de Lidio Molina (Gerente de Desarrollo), Antonio Risso (Gerente de Administración) y Oscar Russo, (Jefe de Logística) son claves en este "esquema". Sus referentes son el actual Interventor Antonio Caro y el Senador Daniel Depetris, quien no desempeña funciones en la distribuidora pero cuenta con hombres de su riñón político en el área encargada de las adquisiciones (y los pagos de éstas) dentro de la empresa eléctrica local.

Como en el caso analizado en esta nota, las justificaciones del "blanqueo" de pagos irracionales se basan generalmente en un argumento utilizado hasta el hartazgo durante la década menemista: "Razones de emergencia". Los montos destinados a compras no son para nada despreciables dentro del funcionamiento de la empresa. Sólo entre 1994 y el año 2001 la EPE destinó alrededor de trescientos millones de pesos-dólares en este sentido. "Simple diferencia numeraria" A principios de este año la Unidad Ingeniería de la EPE de Rosario dependiente de la Gerencia de Desarrollo inició trámites internos para la compra de "Transformadores de Distribución para el cambio de tensión primaria en la ciudad de Rosario". El pedido derivó en la Licitación Pública 1602/03, destinada a la adquisición de dichos equipos. El presupuesto oficial fue establecido en $ 3.500.000, IVA incluido.

El 24 de abril se procedió al acto de apertura de los sobres de la licitación, en el que participaron seis firmas oferentes. Una Comisión de Estudios integrada por Oscar Martín, Elizabet Leguizamón y Roberto Vila (empleados de la EPE de distintas reparticiones), fue la encargada de estudiar la legalidad y conveniencia económica del proceso licitatorio. El 14 de mayo dicha comisión concluyó que "el monto del presupuesto oficial es excesivo y adolece de fallas en su conformación, ya que para realizarlo el área técnica se remitió únicamente a importes promedios a valores de plaza obtenidos de empresas líderes".

Una aseveración que dejó claro la inexistencia de parámetros de costos "propios": Los funcionarios encargados de compras en la EPE (Logística), no contaron con un estudio comparativo de precios provistos por distintos proveedores de transformadores en el país. Tampoco se dispuso la designación de técnicos que indiquen el costo pieza por pieza de estos insumos. En otras palabras, los funcionarios encargados de "defender" las finanzas de la EPE dejaron supeditado los precios pagados a las ofertas presentadas por los proveedores privados que se presentaron en la licitación.

Curiosa manera de proteger los intereses de la empresa santafesina. Pero la observación más importante realizada por la "Comisión de Estudios" es la relativa a las ofertas presentadas en la licitación. Los sobreprecios de los distintos tipos de transformadores oscilaron entre un 11% y un 30%, según el informe firmado por Martín, Leguizamón y Vila. Para arribar a esa conclusión estos empleados de la EPE estudiaron una compra de idénticos insumos (1) efectuada en septiembre de 2002 por la empresa distribuidora eléctrica de la provincia de Chaco (SECHEEP).

De haberse adquirido los transformadores aplicando los valores analizados por la Comisión de Estudios, la EPE podría haber ahorrado alrededor de $680.000. Dicho en otros términos, en lugar del valor total de la adjudicación finalmente avalado por los miembros de la Gerencia de Administración de la EPE ($3.282.499,08), dicha cifra tendría que haber llegado a $2.600.000 aproximadamente. Un ahorro considerable.Otra de las objeciones planteadas fue las exigua rebaja porcentual (un 2%) ofrecida por las empresas proveedoras en sus ofertas como "premio" al pago anticipado de la EPE del 50% del valor total de la adjudicación. De acuerdo a las conclusiones de los agentes de la EPE encargados de evaluar la conveniencia económica de las ofertas "el descuento no debía ser inferior al 6%, teniendo en cuenta la tasa que cobran los bancos para anticipos en cuentas corrientes para empresas de primera línea" (2).

Una apreciación razonable si se tiene en cuenta que a través del "pago anticipado", los proveedores "eliminaban su riesgo empresario" en un 50%, pudiendo utilizar el propio capital de la EPE para comprar o fabricar los transformadores a vender a la distribuidora eléctrica santafesina. Vila, Martín y Leguizamón luego de un análisis de precios realizado con un criterioso y holgado margen de incrementos consideraron inválidos los justificativos presentados por los proveedores para argumentar los insignificantes descuentos ofrecidos a la EPE. La conclusión final de la Comisión de Estudio se emitió el 23 de mayo de 2003. Allí sus tres miembros sugirieron a las autoridades de la EPE "no adjudicar la Licitación Pública 1602/03, por precios no convenientes". Sin embargo, gracias a los argumentos esgrimidos en un informe elaborado por Lidio Molina y Oscar Russo el 3 de junio de este año, el criterio expuesto por la Comisión de Estudio fue desestimado (3).

Como si fuera un decreto dictado en las mejores épocas del ex presidente riojano, el informe ratifica la adjudicación de la licitación apelando a razones de "necesidad y urgencia" de la obra. Pero el análisis de estos dos funcionarios de la EPE que despierta mayores interrogantes es el relativo a los sobreprecios estudiados por Martín, Leguizamón y Vila. Según expresan Molina y Russo en el informe que ratificó la licitación de transformadores, seiscientos ochenta mil pesos constituyen apenas una "simple diferencia numeraria".

Paralelas

El principal déficit estructural de la EPE es el hurto y fraude de energía, estimado en 700 millones de pesos-dólares durante la década comprendida entre 1992 y 2002. Las pérdidas económicas que le ocasiona este "fenómeno" a la distribuidora eléctrica estatal son directamente proporcionales a los millonarios beneficios que obtiene una cada vez más eficiente y aceitada "EPE paralela", cuya existencia sería inviable sin el silencio y la inacción de la Intervención de Antonio Caro. En el período citado, el "robo" de electricidad creció un 125% (del 8% al 18 % del total de energía puesta en las redes por la empresa). Pero esta "caja" de dimensiones descomunales no parece ser la única fuente de irregularidades en la distribuidora eléctrica local. Las sobrevaluaciones en las licitaciones y el elevado porcentaje de "compras directas" amparados por las actuales autoridades de la EPE no constituyen excepciones sino una auténtica regla en el accionar de las áreas de la empresa encargadas de determinar las adquisiciones. El sobreprecio de seiscientos ochenta mil pesos en la compra de transformadores debería haber motivado la anulación del proceso licitatorio, tal como lo solicitó la comisión de la EPE encargada de evaluar su conveniencia económica, y un sumario administrativo para sancionar a los funcionarios que convalidaron una operación perjudicial a los intereses de la EPE.

La connivencia de Antonio Caro con esta adquisición de transformadores potencia la hipótesis acerca de la existencia de otra "EPE paralela" enmascarada tras las compras "regulares" en la distribuidora. Un "esquema recaudatorio" favorecido por la labor de varios funcionarios de segunda línea de la EPE, funcionales a la fallida estrategia privatista impulsada por el segundo gobierno de Carlos Reutemann: Lidio Molina (Gerente de Desarrollo), Antonio Risso (Gerente de Administración) y Oscar Russo, (Jefe de Logística). La aprobación de este sobreprecio millonario aparece como la punta del iceberg de irregularidades ocultas tras los cuantiosos fondos administrados por estos empleados de la EPE: Sólo entre 1999 y el año 2001 la empresa eléctrica realizó compras por un valor aproximado a los 107 millones de pesos-dólares. La responsabilidad del manejo de esos dineros recayó sobre Molina, Risso y Russo, amparados bajo el paraguas protector de Antonio Caro y Daniel Depetris.

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