jueves, 29 de enero de 2009

Argentina, La Pampa: Acción Social, el Caballo de Troya

LA ARENA

El daño que el juego causa en La Pampa tiene un número: creció un treinta por ciento solo en el último año. Los apostadores pampeanos pasaron a gastar de 85 a 111 millones en ese período.

Desde luego, se trata de cifras oficiales que indican sólo lo que creció el juego autorizado y controlado por el estado, el juego al que los funcionarios suelen definir como "legal" para diferenciarlo del otro, del "clandestino", que se diferencia de aquél, no en la mayor perversidad o daño que causa, sino simplemente porque no tributa impuestos. Tampoco se tiene en cuenta para el cálculo ese gran misterio nunca revelado que es cuántas monedas se tragan las máquinas así llamadas ni tampoco la "quiniela instantánea". Está claro entonces que el juego real, sumando lo "legal" con lo "clandestino", las "tragamonedas" y la "quiniela instantánea" ha crecido mucho más que los 26 millones que indica la simple operación de comparar una y otra cifra.

Pero aún limitando el análisis a los datos oficiales, las cifras espantan. Espanta la magnitud del juego y sus terribles consecuencias sobre los hogares pampeanos que caen en sus redes y, más aún, espanta comprobar que, finalmente, se ha logrado instalar y consolidar la cultura del juego en La Pampa, una provincia que se jacta de su pasado de trabajo y esfuerzo pioneros.

La historia del juego en La Pampa está íntimamente unida al partido del gobierno. Fueron sus gobernantes los que promovieron la proliferación de quinielas, bingos, loterías, casinos, y todo tipo de timba con la excusa de que al no poder combatirse el juego clandestino, lo mejor era legalizarlo, controlarlo y recaudar impuestos que fueran en beneficio del pueblo. La recaudación de impuestos al juego, se prometía, iba a tener como destino la acción social estatal.

Un cuarto de siglo después está claro de que ese planteo pecó de ingenuo o de perverso. Hace 25 años que se viene llevando a cabo una política de promoción del juego con el argumento de que tiene "destino social" pero las áreas sociales del estado lejos están de disponer de los recursos que les permitan solucionar los problemas que justificaron su creación.

Como contrapartida, el aumento del juego habla a las claras de un resentimiento de la situación social que alienta a los más débiles a creer que pueden salvarse jugando.

Lo único cierto en estos 25 años de promoción estatal del juego es que se ha logrado consolidar una verdadera cultura del juego. Mientras cada vez se juega más, mientras ese aumento del juego está impulsado por los sectores más vulnerables, mientras de esta forma la situación social se deteriora y los organismo encargados de paliarla no disponen de los fondos para hacer frente a esa emergencia, por otro lado, los empresarios del juego y los funcionarios encargados de las áreas correspondientes parece prosperar y enriquecerse.

El juego es, así, un generador de calamidades para el pueblo y un gran negocio para la burocracia dependiente de los capitalistas de juego a quienes no les importa si con su prosperidad se destruye las economía de miles de hogares, se achica el circulante en la provincia, o se sume en la miseria y la desesperación a las familias que tienen la desgracia de que un miembro adquiera ese mal tan común -aunque invisibilizado- que es la ludopatía.

Las áreas de gobierno que manejan estas cifras no parecen tomar nota de lo que revelan. Como un paciente avanzado por un mal, la magnitud del juego obliga al estado a comportarse como un médico que observa un análisis de sangre donde los valores en aumento son la confirmación de la enfermedad. Está claro que la inacción que se observa, si persiste, solo anticipa males mayores.

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