lunes, 9 de febrero de 2009

Canje de préstamos garantizados. La deuda no se resuelve financieramente: Volver a empezar

Claudio Lozano (PROYECTO SUR)

El 2009 es un año complejo para la vida económica, política y social de la Argentina. Signado por la disputa electoral, evidencia una notoria desaceleración de la actividad económica, un agravamiento social –que al debilitamiento de los ingresos agrega los problemas de empleo–, restricciones fiscales crecientes que limitan la capacidad de maniobra del Gobierno y que se expresan también en la expansión de los déficit provinciales, un preocupante cuadro de fuga de capitales y un debilitamiento mayúsculo del comercio exterior en el marco de la recesión mundial.

En este contexto, y rotas las condiciones que hicieron posible el consenso kirchnerista, el mapa político dominante parece reordenarse bajo las recomendaciones del viejo hit de Alejandro Lerner “Volver a empezar”.

Como si la historia no existiese, proliferan los intentos de reconstruir el viejo formato bipartidista. De un lado, el cuadro de anemia que vivió en los últimos tiempos el radicalismo les ha abierto el paso a aquellos hijos pródigos que en su momento fugaran de la debacle partidaria y que al ser bendecidos por la varita del consenso (Carrió, Cobos, Stolbizer) aparecen hoy como un respirador artificial dedicado a revivir al centenario partido. Del otro, el carácter pragmático del justicialismo gobierna la reaparición de viejas figuras al amparo de la pérdida de consenso y la menor disponibilidad de recursos del gobierno nacional. Kirchner ha dejado de ser el ordenador por excelencia para ser uno más de los que comienzan a pujar por conducir el reordenamiento futuro del PJ (Solá, De Nárvaez, Duhalde, Reutemann, Das Neves, Rodríguez Saá, etc.).

No está claro aún cómo terminará ordenándose la disputa, y hasta la propia derecha macrista aparece tironeada por esta discusión. No se sabe si primarán los criterios que pregonan una mayor transversalidad que articule ambos espacios en dirección a unificar lo que se denomina oposición tras el objetivo de derrotar al gobierno en 2009, o las propuestas que en el interior del justicialismo buscan un tácito acuerdo con Kirchner que le otorgue a éste la posibilidad de llegar a 2011 pero resignando su continuidad. Más allá de las dudas que puedan existir respecto del modo en que se ordene el tablero político dominante, es claro que no pueden abrigarse expectativas sobre modificaciones de importancia para el conjunto de los argentinos. Todos los que bailan en el interior de este tablero han sido corresponsables de los problemas de fondo que exhibe la Argentina contemporánea, y nada demasiado novedoso puede esperarse de ellos en tópicos como el endeudamiento externo, la concentración de la economía, la revisión del proceso de privatizaciones y el control sobre la explotación de nuestros recursos naturales, la desigual distribución del ingreso o el cambio en la matriz productiva. Nada novedoso porque ya gobernaron y han demostrado escasa voluntad para discutir con el poder establecido.

Es más, quienes transitando estas filas pueden alegar no haber estado involucrados en gobiernos pasados se han cuidado muy bien de rodearse de quienes dan crédito de nunca haber pretendido modificar nada. Más aún, hasta podríamos coincidir en que en alguno de los temas mencionados el gobierno de Kirchner ha mostrado mayor novedad. Condicionado por un proceso popular que cuestionó el orden establecido y acompañado por una situación regional que repudió al neoliberalismo, planteó novedades parciales en tópicos como endeudamiento y privatizaciones. Novedades que si en algún momento parecieron apuntalar una impronta de cambio, rápidamente fueron ubicándose en el terreno de la gobernabilidad convencional. Es en este marco de un mapa político dominante que se ordena en torno a una disputa donde el presente confronta con el pasado dispuesto a volver a empezar donde se inscribe el carácter convencional con el que pretende administrar la crisis el gobierno nacional. Sus pasos no buscan replantear el futuro de la Argentina. Sólo intentan mantener el orden vigente evitando el default, un proceso hiperinflacionario y la conflictividad social creciente.

Una administración a la defensiva

Esta administración convencional y defensiva, compartida en sus objetivos por muchos de los que aparecen como opositores en el mapa político dominante, afronta el riesgo del default emitiendo señales de que se pagará todo (Club de París, reapertura del canje), incursionando en una nueva refinanciación que asume que para ganar tiempo hay que pedalear vencimientos aceptando mayores tasas de interés e incrementando los pagos futuros (canje de préstamos garantizados), y tomando recursos de donde se pueda vía estatización de las AFJP y uso del Fondo de Garantía de la ANSES, así como las disponibilidades del Banco Nación y del Banco Central.

En ningún caso aparece en la evaluación oficial la idea de acompañar una visión como la ecuatoriana (investigación de la deuda y suspensión de pagos) para inclinar la balanza regional hacia una estrategia que aproveche la crisis mundial para revisar el tema de la deuda latinoamericana. Ni siquiera se escucha un argumento elemental como la necesidad de asociar la evolución de los pagos a las vicisitudes de la recesión mundial. Si ésta implica menores divisas y menor recaudación, parece absurdo que no se intente asociar esto con una reducción en los pagos. Es más, el giro pro-deuda kirchnerista viene acompañado de la resurrección de la vieja y falsa idea de recuperar la confianza de los inversores.(1)

Mientras tanto, y casi como una ironía, los últimos dos años demuestran el retorno de la fuga de capitales (salieron 31.977 millones de dólares). Este señalamiento nos permite saltar al segundo objetivo oficial consistente en evitar una crisis inflacionaria. La política monetaria y cambiaria ha validado la monumental salida de divisas mencionada inscribiéndola en un proceso de administración “fina” de la flexibilidad cambiaria que busca hacer compatible una nueva devaluación que vuelva a transferir ingresos sin condiciones al sector exportador, con los menores efectos inflacionarios posibles. Obsérvese que se asume como correcta una política cambiaria y monetaria que en lugar de permitir el uso de las divisas para financiar nuestro desarrollo ha posibilitado en los últimos dos años la dilapidación completa del saldo positivo de nuestro comercio exterior.

No forman parte del imaginario oficial (tampoco de la oposición dominante) la posibilidad de declarar a la divisa un recurso esencial y de utilidad pública, la centralización de las operaciones de comercio exterior y endeudamiento en el Banco Central, la administración estatal del valor del dólar, la eliminación de los privilegios de los que gozan petroleras y mineras para dejar fuera del país buena parte de lo que exportan y el establecimiento de un férreo control cambiario y de la oferta de divisas.

La estrategia antiinflacionaria se completa con el intento de establecer pautas para la negociación salarial que convalidan la pérdida del poder adquisitivo que los trabajadores tuvieron en los últimos dos años y que definen que la distribución del ingreso vuelve a profundizar su regresividad cuando la ligera recomposición vivida luego de la crisis de 2002 ni siquiera había permitido retornar a la situación de 2001.

Por si esto fuese poco, pese a los ingresos de los que dispone la ANSES, el presupuesto 2009 sólo incluye una recuperación del 15% en los haberes sin incluir palabra alguna acerca de la recomposición de la movilidad en un sistema donde el 76% de los jubilados se ubican hoy en la mínima. No existen políticas públicas que transfieran ingresos hacia la mayor parte de una fuerza laboral que, como es sabido, transita por fuera del circuito formal y de los convenios colectivos. Es más, el plan de obra pública, que en la lógica oficial debería impactar positivamente sobre estos sectores, aparece hasta el momento, y en el marco del comportamiento de la recaudación (en enero sólo creció 12%) sin financiamiento disponible.

Por último, la estrategia oficial pretende administrar la conflictividad en acuerdo con el dispositivo cegetista que obtura la democratización de la vida sindical, al tiempo que no garantiza fidelidad alguna ya que es sabido que en contextos de crisis social y fragmentación del PJ, dicho valor resulta más que difícil de mantener. En un marco donde el tablero político dominante reproduce lo de siempre, la débil administración gubernamental de la crisis deteriora la democracia, despilfarra recursos y agrava el cuadro social. El sistema político dominante de la Argentina atrasa, hace falta futuro, y una nueva experiencia política.

(1) Canje de préstamos garantizados. La deuda no se resuelve financieramente.

La Presidenta de la Nación celebró haber concretado el canje de deuda más importante realizado en la Argentina. Nada se ha dicho acerca de la irrelevancia que tiene el monto de deuda del cual se habla frente a los vencimientos que se avecinan. Olvidándonos de los $1.900 mill.de intereses que el gobierno deberá abonar por el BONAR 14 entre el 2009 y el 2011, la información oficial indica un alivio de $ 15.100mill.que, según se dijo, supondría una aceptación del 97% ya que la deuda total sujeta a canje sería de $ 15.600mill. Lo que no se explicó, es que el gobierno deliberadamente restringió el universo de la deuda sujeto a este cambio para poder decir que había existido un alto grado de adhesión. En esta primera fase de la operación (la otra se hará el 13 de febrero) se dejaron afuera expresamente $8.500mill.correspondientes a residentes argentinos y $6.400mill.en poder de extranjeros. Es decir, que de los vencimientos totales correspondientes al período 2009-2011 que totalizan $30.500mill., el alivio obtenido solo representa el 49,5% del total y no el 97%. Este porcentaje se alcanzó manipulando la primera fase del canje para que en ella solo participen los bancos y compañías de seguros que operan en la plaza local, y que por razones de política institucional, siempre deben ingresar en operaciones de este tipo. Además, la cifra promocionada por el gobierno ($15.100mill.), es apenas el 14,6% de los $103.400mill. de vencimientos totales de deuda pública para dicho período. Pero como si esto fuese poco, los $15.100mill de los que se habla incluyen $7.900mill de bonos en manos de instituciones estatales (Ej: el Banco Nación) que obviamente no son ajenas a la política oficial. En síntesis, la adhesión real del canje es de apenas el 21% del total de los Préstamos Garantizados y de solo el 7% de los vencimientos que nos depara la deuda pública. No hay forma de resolver el tema del endeudamiento si se mantiene la discusión en términos de administración financiera de la misma. El canje realizado supone elevar tasas y vencimientos futuros en función de un alivio insignificante. La única salida a este tema es la politización del problema de la deuda aprovechando la coyuntura mundial, el contexto político de América Latina y el dato que está marcando la experiencia ecuatoriana (investigación y suspensión de pagos).

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