miércoles, 4 de febrero de 2009

El trabajo no es salud. Mito y realidad de la "cultura del trabajo"

Meriem Choukroun (especial para ARGENPRESS.info)

La conflictividad laboral es un continuo histórico y universal bajo el binomio capital-trabajo. Dentro de ese marco donde caben todas las expresiones de la producción capitalista, los riesgos ocupacionales y los mal llamados accidentes de trabajo, son el clásico embate que enfrenta el derecho laboral argentino para velar por el respeto de todos los trabajadores y sus derechos reconocidos en el artículo 14 de la Constitución Nacional. Su contenido, jamás realizado, es una denuncia permanente de traición e injusticia porque los derechos existen si se los ejerce.

La mayor intensidad del trabajo y la extensión de las jornadas son las variables esenciales para aumentar la productividad, la ganancia y el siniestro en la salud del trabajador, sea enfermedad profesional o los previsibles accidentes de trabajo. Rara vez, se puede atribuir el crecimiento económico a una ampliación de la infraestructura dada o a la incorporación de nueva tecnología.

En este sentido, para rastrear las políticas en Argentina, el siglo XIX es clave, ya que accionó el acelerador a fondo para imponer la ‘cultura del trabajo’. Los campos ya estaban oréganos y alambrados, los ferrocarriles marchaban sobre rieles hacia las zonas de alta productividad y el colonizador en sus marcas aguardaba mano de obra a granel. En tanto el Estado creó una legislación para regular las condiciones en que las personas debían incorporarse y relacionar en el Mercado como fuerza de trabajo. La metodología se amparó en leyes contra la ‘vagancia’, la represión o muerte a quien se negara a trabajar. El ‘certificado de buena conducta’ exigía por lo menos un conchabo.

Así las cosas, el imaginario colectivo fue construyendo la ‘cultura del trabajo’ como práctica de gente honrada y saludable.

A su vez, la inestimable ayuda de los multimedios de comunicación que manipulan y escamotean información como cómplices interesados, redondean el panorama.

El continente Latinoamericano produce el 60% de fuerza de trabajo precarizada aumentando la posibilidad de riesgo laboral.

En Argentina, cortos circuitos, evacuaciones por incendios, intoxicaciones y derrumbes, voladuras de fábricas de aerosoles, mineros atrapados en Río Turbio, trabajadores de subterráneos embestidos por algún tren o los obreros de Aluar aplastados por un techo, se alzaron con la vida de cientos de trabajadores. Como tantas situaciones, ocurren a diario y sólo tienen prensa cuando ya ocurrió un hecho trágico que se presenta como aislado. La noticia es “La mampostería impactó e hirió en la cabeza a un trabajador” y el diagnóstico de la ART sobre la salud del trabajador es ‘traumatismo contuso-cortante con pérdida de conocimiento’. Pero el verdadero diagnóstico fue el castigo que le zampó la empresa a un empleado díscolo enviándolo a un salón precario a trabajar, por ejemplo.

La Superintendencia de Riesgos del Trabajo dio cuenta que en el año 2006 los accidentes crecieron un 14% respecto del año anterior a pesar del ciclo expansivo de la economía. Porque la siniestralidad laboral es un fenómeno mundial resultante de la permanente búsqueda de mayores índices de producción y rentabilidad.

Según la OIT ocurren unos 430 millones de accidentes laborales al año en el mundo, de los cuales 270 millones corresponden a accidentes de trabajo propiamente dichos (AT) y 160 millones a enfermedades profesionales (EP). Del conjunto, unos 2 millones de personas mueren año tras año.

Los siniestros son informados por las empresas a las ART según las normativas vigentes, pero no incluyen los accidentes de los trabajadores informales que conforman más del 40% de la fuerza de trabajo en Argentina pues no están registrados.

El Estado abandonó su responsabilidad de proteger la salud laboral, cediendo terreno al sector privado con las aseguradoras de riesgos profesionales, mercantilizando este derecho con políticas desregulatorias.

Los mayores riesgos en Argentina se registran en la construcción y la agricultura, dos sectores que emplean mayor cantidad de trabajadores en negro. Puede admitirse entonces, sin lugar a equívocos, que estimaciones no oficiales eleven la cantidad de accidentes laborales en casi al doble de los notificados y que el número de muertes se eleve a 2.000 al año.

El 50% de los accidentes se produce en las PyMES. Un alto porcentaje de ellos, donde hubo accidentes seguidos de muerte de trabajadores, no se registró presencia de las ART desarrollando planes de prevención.

Aunque creció la cantidad de trabajadores con cobertura de las ART las cifras se corresponden con las tendencias mundiales de mayor imprevisión de la salud.

La Argentina tiene una Población Económicamente Activa de casi 15 millones de personas.

Luego de la década del ’90, centrada en las privatizaciones y desmantelamiento de las empresas del Estado, el crecimiento económico despuntó hasta llegar entre un 8 y 10% anual basado en la exportación de soja, trigo y maíz y un aumento a la par del PBI. El empleo se incrementó en un 5.40% y por cada punto porcentual de crecimiento industrial aumentó un apreciable 0.65% el empleo.

El Código redactado por Eduardo Acevedo y Dalmacio Vélez Sarsfield, sancionado en 1859 para el Estado de Buenos Aires y en 1862 para toda la Nación, incorporó por primera vez en la legislación argentina el principio del riesgo profesional.

La primera Ley de Accidentes de Trabajos fue sancionada en 1916 y con modificaciones estuvo vigente hasta 1996.

En 1949 la nueva Constitución Nacional consagró los derechos de los trabajadores con una distribución del PBI del 45% para la clase trabajadora. Pero los altibajos de la historia echaron por tierra conquistas fundamentales como las derogaciones de leyes sobre la materia, durante el gobierno menemista que en 1996 creó el sistema de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, entidades con fines de lucro, y la Súper Intendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

De las 29 aseguradoras que actualmente operan en el mercado, 7 de ellas concentran alrededor del 70% de los casi 7 millones de asegurados.

Dos leyes esenciales protegen la salud laboral: Ley de riesgos del trabajo y Ley de higiene y seguridad en el trabajo.

Pero los empresarios manifiestan su oposición a que los trabajadores puedan recurrir a la Justicia Civil en reclamo de injustos resarcimientos y a su participación y creación del delegado sindical de seguridad y salud en el trabajo, entre otros cuestionamientos.

El sector social más castigado es la niñez excluida de casi todo, la que silenciosamente denuncia a fondo tanta perversidad. Y en condiciones que no mejoran será la niñez desnutrida, sin fuerzas para luchar por una vida digna.

En Argentina hay 57.000 niños, niñas y adolescentes que trabajan con el cartón y otros desperdicios arrojados en la vía pública.

Los riesgos son permanentes: cortes en su cuerpo, contaminación, enfermedades de la piel, infecciones diversas e incluso la muerte.

La porteña Ley 992 no contempla el trabajo infantil. Pero se ha inscripto en el Registro Único de Recuperadores a menores de 14 años. Dicho de otro modo: se legalizó el trabajo infantil.

Según datos del INDEC de 2006, son más de 400 mil chicos de entre 5 y 13 años, 6% del total de niños de esas edades, involucrados en trabajo.

Las reivindicaciones en el marco de esta conflictividad en general, no alcanzan aún la clásica categoría del reclamo salarial. La persistencia de la precariedad laboral y el temor a perder el trabajo llevan a naturalizar lo que es una real creación.

El castigado gremio de la Construcción reaccionó con medidas de fuerza y a nivel nacional sólo ante casos fatales y múltiples. Un ejemplo de ello fue el grave siniestro en Minas de Río Turbio donde murieron 14 mineros y el pueblo vengó su dolor con una rebelión en la Patagonia.

Trabajadores del Neumático de la Provincia de Buenos Aires y

Telefónicos de Capital Federal realizaron específicas denuncias sobre los efectos de la precarización laboral en la salud. En esa línea también trabajó la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución.

En 1997 se llevó a cabo el primer Encuentro del MERCOSUR de Salud y Trabajo para Sindicatos y Universidades y la creación de la Red de Salud, Trabajo y Ambiente de esa región.

Las negociaciones colectivas son un espacio propicio si se llega con propuestas muy trabajadas con bases amplias de acuerdo. Puede aspirarse también a negociaciones más frecuentes, entre convenio y convenio, que finalmente devienen actas con fuerza de convenio. Hoy, en la mayoría de los convenios colectivos el tratamiento de condiciones de trabajo y salud no hacen referencia a especificidades de la actividad que se trate sino al cumplimiento de leyes en general.

No cabe duda, la Salud Laboral pertenece a los tiempos largos de la historia. Alcanzarla es un gran desafío que requiere sistemas propios de información con la mayor participación y exigir el cumplimiento de lo mucho escrito y prometido. Si el trabajo es salud, que no nos enferme.

Fuentes consultadas : Red de Salud en el Trabajo de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (Alames) – Periódico ‘El Aromo’ - Tel (Taller de Estudios Laborales) – Argenpress (Eduardo Lucita, economista).


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