lunes, 9 de marzo de 2009

Argentina, Córdoba: Los cómplices de ayer no pueden ser jueces hoy

PRENSARED

Luis Baronetto, director de Derechos Humanos de la municipalidad de Córdoba, realizó una presentación judicial en la que objeta la participación del juez Otero Álvarez en el Tribunal que juzgará los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Unidad Penitenciaria Nº1 (UP1). El vocal era funcionario de la justicia cuando se ordenaron los traslados de 28 presos políticos puestos a disposición del PEN, y luego fusilados por aplicación de la "ley de fuga".

El Director de Derechos Humanos de la Municipalidad de la ciudad de Córdoba, Luís Miguel Baronetto, realizó una presentación ante el Tribunal Oral federal Nº 1, para hacerle conocer a su presidente que el vocal Carlos Otero Álvarez, ha sido objetado.

En su escrito le recuerda que primero realizó una denuncia y que luego fue ampliada “ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Nación, dando origen a las actuaciones 114/08, caratuladas “Baronetto Luís Miguel c/ Otero Álvarez Carlos”, las que hoy en día se encuentran en plena etapa de diligenciamiento probatorio”.

El actual funcionario municipal y ex preso político, lo recusa por la participación que le cupo en el asesinato de su esposa Marta Juana González de Baronetto y de otros presos políticos de la ex Unidad Penitenciaria número 1 de Córdoba (UP1) en 1976, quienes se encontraban a disposición del Juzgado Federal I de Córdoba, del cual Otero Álvarez el era secretario.

Baronetto considera que la participación del juez Otero Álvarez como miembro del tribunal es de tal gravedad institucional que “es susceptible de comprometer nuevamente la responsabilidad internacional del Estado Argentino: un juez de la república intervendrá en un juicio por violación sistemática de los derechos humanos durante el terrorismo de estado 1976-1983, siendo que al mismo tiempo está siendo juzgado por su propia institución, mediante proceso penal y administrativo, por su participación en hechos de idéntica naturaleza, cometidos en el mismo marco político e histórico”.

En ese sentido, recuerda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena a los Estados que violan acuerdos asumidos en defensa de los derechos humanos. Este sería el caso donde uno de los poderes-el judicial-pondría al país en esa situación. También le advierte que igual pedido realizará ante el Fiscal.

Baronetto, querellante particular en la causa denominada “Alsina, Gustavo Adolfo y otros p.ss.aa. imposición de tormentos agravados, etc.” (Expediente 17.468), que se tramitan por ante el Juzgado Federal III de Córdoba, explica en dicha presentación que tomo conocimiento de que “otras partes acusadoras en el mismo proceso han solicitado se investigue penalmente la participación del juez Otero Álvarez en el asesinato de los veintiocho presos políticos que se encontraban alojados en la UP1”.

Se refiere a la solicitud realizada por el abogado querellante Juan Miguel Ceballos, quien presentó un recurso de apelación para que se eleven las causas ante la Cámara Federal de Apelaciones y se revoque lo decidido con anterioridad, esto es, la desestimación de la solicitud de apartamiento de Otero Álvarez y otros funcionarios judiciales.

Justamente, miembros de la justicia como el ex titular del Juzgado Federal I de Córdoba, el juez Zamboni Ledesma (fallecido) y su secretario, el ahora vocal Otero Álvarez, actuaron en complicidad con militares y policías, ejecutores del terrorismo de estado en Córdoba.

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