miércoles, 8 de abril de 2009

Perú: Fujimori se graduó de asesino

Gustavo Espinoza (NUESTRA BANDERA (especial para ARGENPRESS.info)

Con todos los honores, y ante un Jurado especialmente calificado, Alberto Fujimori Fujimori se graduó oficialmente de asesino la mañana de ayer, martes 7 de abril, en Lima.

A poco de iniciada la diligencia final de la causa, se hizo luz en el proceso. El Presidente de la Sala, el Juez César San Martín, antes de dar la palabra a la relatora de oficio para que revelara el contenido de los documentos que portaba, señaló a las 9 y 25 de la mañana, que el veredicto final -y unánime- del Colectivo Judicial había encontrado culpable al acusado de los delitos que le fueran imputados, y que estos revestían “suma gravedad”, razón por la que la sentencia era condenatoria.

Textualmente el Presidente del Tribunal dijo: “Esta Sala tiene la certeza, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad del acusado, y en consecuencia, la sentencia será condenatoria…”.

Y lo fue, en efecto. Dos horas y media después, a las 12 del día, el país supo que el ex mandatario había sido condenado a 25 años de prisión efectiva y que cumpliría su sentencia -con los descuentos de ley- sólo el 10 de febrero del año 2032, al cumplir 93 años de edad.

No sorprende, en realidad el contenido de la sentencia. Por la naturaleza de los hechos juzgados –la matanza de Barrios Altos y La Cantuta y los secuestros en los Sótanos del Servicio de Inteligencia Nacional en perjuicio del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer- se preveía una decisión judicial claramente desfavorable al reo.

Lo que no se esperaba, sin embargo, es la contundencia argumental del fallo, su consistencia jurídica, su lógica implacable y su calidad profesional.

Los Jueces no encontraron ningún atenuante que beneficiara al procesado. Por el contrario, dieron por probados virtualmente todos los puntos que sustentaron la acusación y desestimaron uno a uno los recursos esbozados por la Defensa así como por el propio Fujimori a través de sus exposiciones de la semana pasada.

Los jueces César San Martín, Víctor Prado Saldarriaga y Hugo Príncipe Trujillo -más allá de todo prejuicio- arribaron a conclusiones que pasarán a la historia confirmando el deber de derrotar la impunidad y restablecer los principios de verdad y de justicia, incompatibles con los procedimientos pérfidos que impusiera al país la administración depuesta.

La sentencia dictada, sin embargo, no es aún definitiva. La parte afectada –y el propio Fujimori con voz temblorosa- anunció que apelaría de la decisión ante la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, la misma que dispondrá la revisión de la Causa.

El nuevo tribunal dispondrá de un plazo prudencial de seis meses para dictar un fallo definitivo luego del cual la causa quedará -como se dice en lenguaje forense- Consentida y Ejecutoriada.

Hay quienes sostienen la tesis de un posible indulto que beneficie al reo. Este, en efecto, podría dictarse sólo después de confirmada la sentencia en Segunda Instancia, es decir, luego de votada la resolución definitiva. Pero los Procuradores especializados aseguran que ese artificio no es procedente porque no tiene aplicación para casos como éste, en los que se juzga delitos de lesa humanidad.

Lo disponen así la legislación internacional y los convenios referidos a los Derechos Humanos, a los que está adscrito el Perú.

A partir del 12 de mayo, Fujimori tendrá que afrontar nuevos juicios, ya que están pendientes las otras siete causas por las que fuera extraditado de Chile en el año 2007. Pero comparados con estos delitos ya juzgados, los que se avecinan resultan menores. Y en el Perú no existe la legislación que permita la acumulación de Penas. El reo, cumple la mayor, que, sin duda, será ésta.

Es claro que el juicio -y su desenlace- tendrá una definida incidencia en el proceso político peruano.

El fujimorismo buscará presentarse como “víctima” de un proceso de “venganza”. Y pretenderá ganar la sensibilidad ciudadana para favorecer a la heredera familiar y política del reo, la hoy congresista Keiko Fujimori.

Eso abrirá una nueva etapa del caso: la batalla de las ideas, que deberá ser ganada por las fuerzas democráticas de la sociedad peruana a fin que no se permita la reedición de hechos aciagos como los ocurridos en el Perú en la última década del siglo pasado.

Pero lo que sí es claro, es el hecho que quien deberá ir poniendo las barbas en remojo, es el actual Presidente Alan García Pérez, que afronta denuncias -y procesos abiertos- por delitos similares a los enrostrados a su antecesor.

Es verdad -y lo ha subrayado ya el actual Mandatario- que los escenario fueron diferentes, y que mientras Fujimori pateó el tablero e impuso un régimen de facto, García buscó protegerse tras formales expresiones democráticas.

Pero también es verdad que los muertos de los Penales -El Frontón y Lurigancho, junio de 1986- y las víctimas de las matanzas de Accomarca, Llocllapampa, Pomatambo, Parcco Alto, Puccas, Cayara, Los Molinos y otros, también lo fueron como resultado de delitos de lesa humanidad, y por lo tanto imperdonables e imprescriptibles.

Alberto Fujimori Fujimori, formalmente graduado de asesino, podría tener en el futuro, un compañero de celda tan ilustre como él.

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