martes, 19 de mayo de 2009

Argentina, Corrientes: Comunicado de la FETRACCOM, rechazo a la penalización de dos periodistas


TMO

La Comisión Nacional de Libertad de Expresión y Formación Profesional (CNLE) de la FeTraCCom-CTA –de la que el Sindicato de Prensa Rosario forma parte-. manifiesta su más profundo repudio por la imputación que sufrieron los periodistas Sergio López de Activa F.M. e Ignacio Villanueva del canal de cable Tele 10, de Paso de los Libres, Corrientes, por informar acerca de hechos de tortura ocurridos en la pasada dictadura militar. La denuncia fue presentada por parte del teniente coronel Celestino Mosteirín, jefe del Destacamento de Inteligencia 123, de esa ciudad.

Sergio López e Ignacio Villanueva, informaron sobre los hechos ocurridos en “La Polaca ”, una estancia ubicado a unos 15 kilómetros de la ciudad de Paso de los Libres, donde funcionó entre 1976 y 1983 un centro de detención clandestino controlado por el destacamento citado y que generó una causa judicial en la que se investiga la detención y desaparición de personas. En septiembre del año pasado un soldado arrepentido, por voluntad propia, declaró como testigo ante el Juzgado que tiene a su cargo la causa. Así mencionó que cuando cumplía con el servicio militar, en un lugar denominado “Local 13” , dentro de un predio de Gendarmería Nacional, pudo ver cómo un grupo de personas torturaban a un detenido.

El periodista Sergio López obtuvo esta declaración, proporcionada por el abogado de la parte querellante en la causa, el Dr. Jorge Olivera, para darla a conocer en su programa de Activa FM. Al día siguiente, Ignacio Villanueva hizo lo mismo en su propio programa.

A partir de esta información, el teniente coronel Mosteirín, presentó una denuncia por violación del art. 222 del Código Penal, por “alterar el orden y la tranquilidad del estado”. En su presentación Mosteirín aduce que en la lectura del expediente se mencionó a agentes del estado cuyo nombre no podría conocerse públicamente.

Sergio López aseguró a esta CNLE que él leyó una declaración textual de un documento público, donde se mencionaba a personal del servicio de inteligencia. “Yo no tengo por qué conocer quién es quién”, dijo

Ante la denuncia de Mosteirín, la justicia decidió allanar Activa FM, de propiedad de López. La orden fue firmada por la jueza Federal ad hoc María Inés Morales de Paulo, quien libró el oficio con el fin de encontrar una copia de la grabación de lo emitido al aire. López se negó a entregar cualquier material de trabajo, la reserva de las fuentes de información periodística es un derecho constitucional. Es entonces cuando la Jueza actuante, decidió enviar a la Gendarmería para que proceda a secuestrar la grabación del programa.

Semanas atrás López fue requerido por el Juzgado y se presentó pensando que debía prestar una declaración testimonial. El abogado de los periodistas, el Dr. Tomás Chalup, tomó conocimiento de que eran citados como imputados y presentó un escrito de nulidad. De acuerdo a lo que Chalup declaró ante esta Comisión, él entiende que “es un absurdo la acusación de violación de los secretos del estado y tal como fue planteado este llamado a declarar, se trata lisa y llanamente de un apriete… Es de esperar, que el fiscal a cargo de la causa, Benito Pont, solicite el archivo de las actuaciones”.

Ante el despropósito de la situación que enfrentan los colegas esta Comisión le solicita al Doctor Pont, fiscal que investiga este hecho, que escuche nuestra preocupación y se haga eco de la misma. Por otra parte continuaremos en la denuncia de este caso como una violación a la libertad de expresión y al derecho a la información de toda la sociedad.

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