viernes, 29 de mayo de 2009

¿En manos de quién deberían estar las industrias estratégicas?

José Castillo (LA ARENA)

La estatización en Venezuela de dos empresas pertenecientes al grupo Techint fue duramente cuestionada por las cámaras empresarias argentinas. Se escucharon exigencias de que "se defienda el capital nacional amenazado". La presidenta se comunicó con Chávez para "expresarle preocupación" ¿Qué es realmente lo que está en discusión?.

El pasado 21 de mayo, el gobierno venezolano de Hugo Chávez supuestamente "sorprendió" con sus declaraciones públicas: "El sector briquetero nacionalícese, la empresa Matesi nacionalícese, Comsigua nacionalícese, Orinoco Iron nacionalícese, Venprecar nacionalícese y la empresa de tubos Tavsa". Las repercusiones sobre Argentina consisten en que dos de esas empresas pertenecen al grupo Techint: Matesi -controlada por Ternium (Grupo Techint) que posee el 50,2% de las acciones) y Tavsa (Techint 70% y CVG 30%).

Inmediatamente se desató una ola de reclamos. Todas las entidades empresarias argentinas, sin excepción, salieron a repudiar el hecho y a exigirle al gobierno argentino que actuara "defendiendo los intereses del capital nacional", supuestamente amenazado de expropiación por el chavismo. El mismísimo Hugo Moyano, secretario general de la CGT, se puso del lado de Techint, oponiéndose a la estatización con argumentos de que "eso no es lo que nos enseñó Perón". Idéntico alineamiento tuvo Antonio Caló, dirigente de la UOM, gremio bajo cuya jurisdicción se encuentran los obreros de las empresas de Techint en la Argentina, que exigió que Chávez debe "respetar los acuerdos bilaterales de protección de inversiones".

Los políticos de los dos agrupamientos principales de la oposición, el "peronismo disidente" de Macri-De Narváez-Solá y el "panradicalismo" de Carrió-Cobos-Ricardo Alfonsín, salieron con dureza a exigirle al gobierno argentino que se pusiera incondicionalmente del lado de Techint. La presidente Cristina Kirchner, por su parte, tuvo, y dejó trascender por todos los medios, una dura conversación telefónica con Hugo Chávez, reprochándole la falta de consideración hacia la seguridad de las inversiones argentinas en la república bolivariana, ante lo que aparecería como una "preferencia" venezolana por el capital brasileño. Mientras tanto, desde diversos voceros del oficialismo, se salía a poner paños fríos asegurando que el gobierno argentino abogaría por "la máxima indemnización posible para Techint".

Derecho soberano

Quien esto escribe no es "chavista". Tiene serias diferencias con las políticas del presidente de Venezuela. Más aún, no cree que se esté realmente "trascendiendo el capitalismo" o "avanzando hacia el Socialismo del Siglo XXI", como se propagandiza desde Caracas. Pero defiende incondicionalmente el derecho soberano del estado venezolano a hacerse de sus propios recursos económicos. Porqué está plenamente convencidos que no hay proyecto, ya no de socialismo, sino siquiera de independencia económica si nuestros pueblos latinoamericanos no recuperan su petróleo, sus industrias básicas, su banca, y el conjunto de su riqueza económica ferozmente saqueada durante décadas. Desde esta perspectiva, mientras se observa la lamentable "cola de críticos a las nacionalizaciones de Chávez", o la no menos lamentable de los funcionarios del gobierno para que "Techint cobre lo más posible", uno prefiere preguntarse: ¿por qué en la Argentina no se hace lo mismo que en Venezuela? Si países mucho más vulnerables económica y políticamente, como Bolivia y Ecuador recuperaron parte de su renta petrolera, ¿qué esperamos en Argentina? ¿Acaso que YPF Repsol agote hasta el último metro cúbico de nuestro subsuelo? ¿Por qué dejamos que la Barrick Gold saquee nuestras riquezas mineras y destruya nuestro acervo ecológico?

¿Burguesía nacional?

Muchos de los políticos, oficialistas y opositores, que no podrían esbozar la mínima respuesta a los interrogantes de más arriba, sin embargo posan de "defensores de la soberanía nacional" cuando se trata de defender a Techint. Se trataría, según ellos, de un prominente miembro, el más importante quizás, de la "burguesía nacional".

No es la primera vez que en la historia económica argentina se habla de proyectos de desarrollo, industrialización, o independencia nacional de la mano de una supuesta "burguesía nacional" progresista. No es el objetivo de esta nota entrar en debates historiográficos o ideológicos acerca de si alguna vez existió tal sector social. Lo que sí hay que señalar, es que darle esa etiqueta a Techint requiere, cuanto mucho, un alto esfuerzo de imaginación.

No sólo porque la sede del grupo se encuentra en Luxemburgo (vale como hecho simbólico que la nota formal de "protesta" ante las estatizaciones en Venezuela salieron salieron de esa sede). Mucho más importante es saber que el dinero que Techint acaba de cobrar del propio gobierno venezolano por la estatización de Sidor, realizada el año pasado, fue directamente depositado... en Alemania. Y se trataba nada más y nada menos que de 1.970 millones de dólares por el 60% de las acciones de esa compañía. Que se trató de un negocio redondo para la multinacional "argentina" -cobraron mucho más que el valor de mercado de la empresa- , lo certifica que al día siguiente las acciones de Siderar, la mayor empresa del grupo en nuestro país, subieron a su mayor cotización en siete años. Pero lo más vergonzoso de todo es que ese monto de indemnización fue alcanzado gracias a la presión del propio gobierno argentino, como lo reconoció la propia Presidente Cristina Kirchner en declaraciones a El Universal de Caracas: "Fue preci
samente la intervención de esta Presidenta lo que les permitió obtener por el 60% de las acciones expropiadas la bonita suma de 1.970 millones de dólares" (26/5).

Pero quizá lo más importante es que el grupo Techint forma parte de la triste historia de ese saqueo llamado "privatizaciones de la década del ´90". En el año 1992 la acería Somisa, la más grande del país, fue privatizada y entregada a la multinacional. Según el llamado entonces "Informe Braxton" (Página 12, Suplemento Cash, 8 de marzo de 1992), el valor de mercado de la firma oscilaba entre los 400 y los 700 millones de dólares. Pero los "interventores" de la empresa encargados de la privatización (primero Jorge Triaca y después María Julia Alsogaray) decidieron que la empresa podía venderse en 300 millones. Finalmente, ni eso sucedió: por Somisa se pagaron 100 millones de dólares en efectivo, 40 en pagarés y 12,5 millones en títulos de la deuda externa. Así terminó naciendo Siderar, la misma empresa que, a pesar de las ganancias que reconoce ella misma en sus balances públicos presentados en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, amenaza hoy con despedir a 700 trabajadores, "por la crisis".

En la Argentina hubo y hay defensores de nuestro petróleo, de nuestros ferrocarriles, de nuestra riqueza minera. Muchos pensamos que, sin reestatizarlos y volcarlos como herramientas para un proyecto de desarrollo al servicio de la clase trabajadora, no hay independencia posible. Lo mismo sucede con nuestra industria siderúrgica. Es hora de pensar en Techint. Mucho más, cuando se acaban de cumplir los 199 años del 25 de mayo de 1810 y hace tantas décadas que perdimos nuestra independencia económica.

José Castillo es economista. Profesor de Economía Política y Sociología Política en la UBA. Miembro del EDI (Economistas de Izquierda).


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