jueves, 21 de mayo de 2009

¿Qué pasa en Guatemala? Los alcances del descontento

Rosalinda Hernández Alarcón (CIMAC)

Una vez que bajan de tono las reacciones a un video en el que un banquero y empresario, Rodrigo Rosenberg, inculpa al presidente de Guatemala de su muerte, es posible descubrir cómo una fuerza sin identidad, obscura, puede en pocos días debilitar un gobierno elegido para un periodo de cuatro años a partir de enero de 2008.

El manejo de la información de monopolios como CNN y Televisa jugaron un papel muy importante, ya que presentaron a nivel internacional al presidente Álvaro Colom con cargos como presunto asesino, quien junto a su esposa y más cercanos colaboradores hacían además manejos turbios de las finanzas públicas en el Banco de Desarrollo Rural (Banrural), el único en Guatemala no controlado por la oligarquía.

Para tales medios, las inculpaciones ameritaban que dejara el cargo como garantía para la transparencia de la investigación de la muerte de Rosenberg.

Los opositores de derecha –cuyas voces predominan en los medios guatemaltecos-- tuvieron la gran oportunidad de exacerbar sus críticas al gobierno de Colom y convocaron a manifestaciones públicas.

Primero para exigir la salida del presidente de la República e insultar a su esposa, Sandra Colom, y después para demandar justicia y seguridad, ya que se dieron cuenta que la ciudadanía, cansada de la impunidad, respondería más claramente a un llamado pacifista, con indumentarias blancas, si ponían en el centro el castigo a los asesinos de Rosenberg y otros empresarios, de choferes del transporte público, de personas secuestradas, etcétera.

Cabe señalar que entre estos opositores gubernamentales figura un ex militar reconocido por su participación en la guerra contrainsurgente, un catedrático conservador que rechaza el apoyo internacional en materia de justicia y dos figuras evangélicas de gran aceptación; todos ex candidatos perdedores a la presidencia de la República en las pasadas elecciones. El equipo productor y distribuidor del famoso video está integrado por sujetos vinculados a intentos de golpes de Estado, a la inteligencia militar y a acciones convocadas en el pasado por un partido anticomunista.

En las marchas multitudinarias del domingo 17 de mayo se hizo evidente que quienes participaban vestidos de blanco no necesariamente exigían la caída de Colom. Los niveles tan altos de violencia en este país fue motivo suficiente para convocar a un importante conglomerado de la ciudadanía, que cansada de las agresiones no le importó engrosar filas que intentaban romper con el orden constitucional.

Hasta el momento no se ha presentado prueba alguna que inculpe al primer mandatario o a otros funcionarios, más allá de las palabras de Rosenberg, quien a pesar de decir que se sentía amenazado de muerte realizaba su viaje cotidiano por bicicleta cuando le dispararon.

Por otro lado, la gente que apoyaba a Colom y a Sandra Torres principalmente es la beneficiada con programas asistencialistas que el gobierno lleva a cabo en diferentes partes del país donde se registran los índices mayores de pobreza. Entre los asistentes también se contaban personas que veían importante defender la institucionalidad, mantener su fuente de trabajo o respaldar las alianzas que existen entre algunos funcionarios de alto nivel con ciertos grupos sociales en la obtención de beneficios para sus afiliados.

Ocho días después de la publicación del video, se deja en claro que ya no existe esa cúpula empresarial cohesionada, que logró años atrás quitar o debilitar gobiernos. Hay un grupo de grandes empresarios y representantes de la comunidad internacional interesados en respaldar este gobierno, como parte de la institucionalidad resultado de los Acuerdos de Paz suscritos hace 12 años.

El rechazo a la impunidad es un reclamo al que se ha sumado una ciudadanía antes pasiva o con escasa experiencia de participación política, pero no incluye el castigo a los responsables de los crímenes perpetrados contra miles de mujeres y hombres indígenas y mestizos durante el conflicto armado. La justicia que se demanda descarta acabar con los privilegios que mantienen los finqueros y capitalistas en Guatemala a nivel laboral y fiscal.

La ciudadanía que tiene memoria histórica del genocidio y de la discriminación contra las mujeres, que crítica la falta de balance en el manejo de la información de los medios tradicionales, que se opone al papel clientelar y utilitarista de los partidos políticos, que cuestiona la impunidad con que actúa la oligarquía, que señala los errores y limitaciones del gobierno de Colom autodenominado social-demócrata, que exige libertad a los presos políticos y alto a la represión a movimientos independientes, que demanda la reactivación de las pequeñas economías campesinas o bien una vida sin violencia para las mujeres, que rechaza el modelo neoliberal y racista, que se pronuncia por una transformación social o una democracia radical, ésta no se han movilizado.

Alguna por cautela, otra porque carece de un liderazgo y otra más porque afirma ser ajena a esta confrontación entre el gobierno y sectores de la derecha.

Rosalinda Hernández Alarcón es Periodista mexicana radicada en Guatemala, integrante de la Red de Periodistas de México, Centroamérica y el Caribe; de la Red Latinoamericana de Periodistas y de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.

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