miércoles, 24 de junio de 2009

Argentina: Violencia y negocios en las cárceles. Trabajo sucio

Luciana Hernández Lois (EN MARCHA - AJB - ACTA)

En el penal de San Martín, efectivos del Servicio Penitenciario Bonaerense aprietan y utilizan a los presos para cometer ilícitos. Incluso, prometen drogas, alcohol y armas caseras a quienes los ayuden a limpiar a los internos molestos.

Ocho de enero de 2009. El calor era insoportable, agobiante. En el cuarto apenas se colaba un pequeño rayo de sol. De las paredes brotaba humedad, lo que le daba a la oficina un aspecto lúgubre, escalofriante. De repente se abre la puerta y entran tres hombres. Dos de uniforme y borcegos los esperaban. Los hacen pasar. El que parece ser el jefe los mira y en tono serio, prepotente, dispara: - Tienen que hacer un laburito para nosotros.

- ¿Qué?

- Nos tienen que sacar de encima a Alegre y a su señora. Están molestando demasiado...

Silencio.

- A cambio les damos vía libre para andar por acá y todo lo que necesiten.

Los tres hombres se miran entre sí, titubean. No saben qué contestar. Saben que cualquier respuesta tiene graves consecuencias. Vacilan, intercambian miradas, gestos.

Una voz se alza y dice con firmeza:

- No lo vamos a hacer.

- ¿Se quieren quedar acá? Tienen que laburar para nosotros, si no los hago trasladar. Y no me hago responsable de lo que les pueda pasar acá adentro. Mándense a mudar y piénselo bien, ¡cagones!

Nerviosa, asustada, el 12 de enero por la noche llega a los tribunales de San Martín Lidia Santamaría y radica una denuncia. “Temo por la integridad física de mi marido. Me contó que dos jefes del Servicio Penitenciario lo están amenazando a él y tres compañeros de celda. Los amenazan porque no hacen lo que ellos les están pidiendo, que es matar a dos pibes de la unidad carcelaria”.

Ante el instructor judicial, Lidia presenta cinco fotografías tomadas desde un celular en donde puede verse a su marido, a los compañeros de celda y a una mujer con facas, medicamentos, pastillas, wisky, porros y cocaína. “Se los dan a mi marido y a los otros tres para que cumplan con lo que están pidiendo. Es más, los dejan andar libres”. Su marido está alojado en la Unidad 47 del Penal de San Martín, ubicado en Camino del Buen Ayre y De Benedetti, José León Suárez.

Engolosinados

Todo comenzó el 20 de diciembre de 2008, cuando el director del Penal de San Martín, Carlos Armando Sosa; el Jefe del Penal, Acosta y el Subjefe, Machado, mandaron a llamar a cuatro internos de la Unidad Carcelaria Nº 47. Juan Ramón Bogado, Walter Alegre, Maximiliano Cortez y Néstor Gómez, entraron a la oficina del Director y ahí recibieron un botín tan tentador como sospechoso.

“Nos dieron facas que están secuestradas y también droga: marihuana, un par de pastillas y un poco de cocaína. Nos dijeron que si en algún momento necesitaban algo nos iban a avisar”, señala Bogado en su declaración ante la Fiscal Amalia Belaunzarán.

Nada es gratis en la vida y menos dentro del sistema penitenciario. Eso está claro. Y la contrapartida a tanta generosidad no se hizo esperar. A los pocos días le encomendaron su misión: “darle un par de puñaladas a Alegre y a su mujer, Viviana Aguirre porque estaban molestando con las visitas y con el Comité contra la Tortura y que si se nos iba la mano no había problema”, declaró Bogado.

“Nos dieron varias facas de todas clases y con ellas teníamos que agredir a los internos que ellos nos decían. A nosotros no nos requisaba nadie”, señaló Néstor Gómez ante la Fiscal.

Casi un mes antes, el 25 de noviembre, Juan Manuel Casolati, Secretario de Ejecución Penal de San Martín, denunció que “el personal de la Unidad Carcelaria Nº 46, estaría vendiendo facas y drogas a los detenidos, que estarían promoviendo, permitiendo y amparando hechos de violencia entre la población allí alojada de modo tal de hacer posible distintos negocios entre ellos”.

Además, informó que “en los últimos seis meses se han producido muchos hechos de violencia, peleas entre internos usando lo que comúnmente se conoce como arpones, producto de lo cual se produjeron heridos graves”.

Un tiempo atrás, el interno Ferreyra, del pabellón 3 de la Unidad Nº 46, recibió treinta y cinco puntazos en sus miembros inferiores, sufriendo graves complicaciones vasculares. También el interno Letieri Lartiga fue gravemente herido por un interno de apellido Amarilla. Pero no pasó nada. La vida siguió corriendo normalmente dentro de la cárcel.

“En los últimos dos meses pude advertir un marcado clima de violencia en los pabellones como también la existencia de armas caseras, facas y arpones. Es tal el grado de violencia que muchos de los internos deben armarse para repeler las agresiones de otros pares que estarían trabajando para llevar adelante negocios ilícitos con agentes penitenciarios”, manifestó Casolati.

Sin embargo, su denuncia cayó en saco roto y nada se hizo. Los agentes del Servicio Penitenciario siguieron haciendo de las suyas: apretando presos, comercializando drogas y alcohol, y sacando del medio a todo aquel que fuese un estorbo para sus intereses.

Coche bomba

Acorralados, temerosos de la represalia de los agentes penitenciarios, los tres presos no tuvieron otra alternativa que recurrir al afuera para intentar defenderse. Era la única alternativa que les quedaba para proteger su vida. “Le dije a mi mujer por teléfono que fuera a hacer la denuncia porque me estaban presionando para que matara a Alegre y le dieran un par de puñaladas a la mujer. Y yo tenía miedo que si no lo hacíamos, nos podía pasar cualquier cosa. Nos dijeron que si nos pasaba algo adentro de la unidad ellos no se hacían cargo”, informó Juan Ramón Bogado a la Fiscal Belauzarán.

Según su testimonio, lo eligieron para hacer estos trabajos porque “hace bastante que estoy detenido y me conoce toda la población de las unidades. A mí me presionan para que les saque de encima a los presos que a ellos les molestan, a nosotros nos utilizan como lo que se conoce como coche bomba”.

En un primer momento, la Fiscal Amalia Belauzarán instruyó la causa por presunta coacción agravada. Y el 13 de enero dispuso un allanamiento en la celda de la Unidad 47 donde se alojan Bogado, Alegre, Gómez y Cortez. Para su sopresa, o no tanto, encontró “una botella de wisky, dos facas de 40 centímetros, un cuchillo tipo tramontina, otras tres facas y cinco cigarrillos de marihuana”.

Ante la Fiscal, Cortez, al igual que el resto de sus compañeros de celda, fue muy claro: “Yo no voy a matar a nadie”. Y pidió ser trasladado para evitar la “venganza” del Servicio Penitenciario.

Una changa

Deshacerse de alguien no era la única tarea que los directivos del penal tenían para Bogado, Gómez y Cortez. Además, según consta en la declaración de Gómez, también tenían que “vender marihuana, cocaína y pastillas. Uno de los que la traía era el Subjefe de turno, que el otro día vino y se llevó dinero y zapatillas. Nosotros podíamos recibir cualquier cosa a cambio de la droga”.

Es claro que estos tres mercaderes actuaban bajo la venia de los agentes, porque su celda era zona liberada. “A nosotros en ningún turno nos requisan –afirma Gómez- Tenemos vía libre siempre y cuando trabajemos para ellos”.

El interno Bogado también declaró haber vendido drogas en el penal: “Yo tenía más marihuana y cocaína y se las dí a otros internos de la 47”. Y apuntó al corazón del Servicio Penitenciario: “La droga la entrega el Jefe de turno o el Subjefe del penal. Nos dan pastillas, marihuana, cocaína. Todo esto empezó el 20 de diciembre”.

Zafaron

Gracias a las artimañas judiciales, la causa finalmente quedó en manos de la Fiscal Adjunta de la UFI Nº 9, Diana Mayko, quien el 5 de febrero solicitó un nuevo allanamiento en la Unidad Nº 47. Para entonces, todos dentro del penal estaban alertados y no había nada fuera de lugar.

La visita de la Fiscal se produjo con normalidad y hubiese tenido un final feliz de no ser por la descuidada aparición del guardia Leonardo De Nocco, quien transportaba “una zorra que contenía elementos varios entre ellos, treinta y ocho elementos conocidos como arpones, cuchillos, todos de fabricación casera, que estaban envueltos en tela y muy mojados”. El guardia no pudo precisar de dónde habían salido tantas facas mojadas.

Una vieja treta conocida en las distintas unidades carcelarias es guardar las facas, cuchillos y armas caseras secuestradas a los presos en los tanques de agua hasta que las necesiten para entrar en acción. Eso podría explicar por qué esas treinta y ocho facas estaban empapadas…

Más allá de las fotografías que entregó la mujer de Bogado (que fueron tomadas por un agente penitenciario que pidió resguardar su identidad), las denuncias de los internos, las armas caseras y las drogas allanadas en el Penal de San Martín, la Fiscal Mayko archivó la causa de la Unidad Nº 47 aduciendo “faltas administrativas” y dificultad para probar la extorsión. Lo llamativo es que esta no es la única causa que involucra al Servicio Penitenciario y que de la mano de esta Fiscal no prospera.

La única medida tomada ante tanta evidencia fue de carácter interno. En abril, el Director del Penal, Carlos Armando Sosa, fue desplazado de su cargo. Y acá no ha pasado nada…

Mientras todo esto ocurre puertas adentro, la sociedad reclama mano dura y encierro. Encierro que cuesta la vida de los presos, los expone a extorsiones, ilícitos y que está muy lejos de cumplir con su función: resocializar a los detenidos.

AJB: Asociación Judicial Bonaerense


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