martes, 23 de junio de 2009

Bolivia aún vive con la pesadilla de la ENRON


ECONOTICIASBOLIVIA (especial para ARGENPRESS.info)

El gobierno de Morales ocultó las millonarias concesiones a las petroleras que, sin invertir ni un centavo, se habían apoderado de todo el sistema de distribución de hidrocarburos de Bolivia. El Estado paga en efectivo a la Enron-Ashmore-Shell 241 millones de dólares y asume sus deudas y pasivos por otros 350 millones de dólares.

El escandaloso fraude del consorcio Enron-Ashmore-Shell, --que sin invertir ni un centavo se había apoderado en los años 90 del lucrativo monopolio del transporte interno y de exportación de hidrocarburos de Bolivia--, sumó un nuevo capítulo este junio del 2009 cuando el gobierno del presidente Evo Morales dio a conocer que hace 10 meses atrás ya les había perdonado sus crímenes ambientales, asumido su pesada carga tributaria y sus millonarias deudas financieras, además de pagarles en efectivo otra millonaria suma, todo ello para comprarles las acciones que estas transnacionales tenían en la empresa Transredes.

Acosado por las denuncias, el presidente de la estatal petrolera YPFB, Carlos Villegas, reveló este jueves que el gobierno de Morales estaba pagando desde octubre del 2008 la deuda de 286 millones de dólares que el consorcio petrolero tenía con el Banco Interamericano de Desarrollo y con la Corporación Andina de Fomento y que también estaba asumiendo el pago de otros 34 millones de dólares que la transnacional adeudaba por tributos e impuestos, así como los millonarios gastos demandados para remediar el daño ambiental provocado por un gran derrame de petróleo en el 2000.

Todos estos pagos, que exceden los 350 millones de dólares debían ser realizados por las petroleras privadas que manejaban Transredes (Enron-Ashmore-Shell) y no por el Estado boliviano, según el decreto 29586 del presidente Morales, que en junio del 2008 establecía la “nacionalización” o compra forzosa de acciones de la empresa transportadora. Este Decreto señalaba que el pago compensatorio otorgado a las petroleras sería de 48 dólares por acción (241 millones de dólares, en total), monto del que, sin embargo, se debería deducir antes los pasivos (deudas financieras, tributos no pagados y daños ambientales).

Por ello, de haberse aplicado puntualmente este Decreto de Morales, las petroleras no deberían haber recibido ningún pago por la compra-venta de la empresa Transredes, ya que el valor de sus acciones sólo sumaría 241 millones de dólares, mientras que sus deudas y obligaciones superaban los 350 millones de dólares.

Sin embargo, pese a la aritmética y a las leyes, ocurrió todo lo contrario, a espaldas de la población. El gobierno boliviano selló nuevos compromisos en septiembre y octubre del 2008 con las petroleras, a las que les pagó en efectivo 241 millones de dólares, liberándoles de toda obligación y deuda, por lo que el pasivo de más de 350 millones de dólares se cargó al Estado boliviano.

El pago de los 241 millones de dólares a favor de Enron-Ashmore-Shell fue hecho público en septiembre y octubre de 2008, pero no el monto de los millonarios pasivos (más de 350 millones de dólares) que se mantuvo en secreto hasta la pasada semana, que recién se dio a conocer tras que el presidente del directorio de Transredes, Gildo Angulo, denunciara públicamente el caso, y por ello fuera inmediatamente destituido del cargo.

Angulo cuestionó el millonario costo que será cubierto por el Estado (casi 600 millones de dólares) y dijo que esta situación fue manejada con alto sigilo, ya que ni siquiera el nuevo Directorio de Transredes, nombrado por el gobierno de Morales, conocía de ello.

Frente a ello, el presidente de la petrolera estatal, Carlos Villegas, explicó que estas concesiones se realizaron para impedir que las petroleras acudan a un arbitraje internacional.

UNA HISTORIA DE PIRATAS

La historia reciente de los fraudes y latrocinios de la Enron en Bolivia arrancó en la década de los 90, en pleno apogeo del neoliberalismo, cuando las riquezas naturales del país altiplánico eran entregadas sin pudor ni vergüenza a las transnacionales que eran símbolo de la corrupción empresarial a nivel mundial. El 8 de diciembre de 1994, el primer vicepresidente indígena de Bolivia, el aymara Víctor Hugo Cárdenas, firmaba el Decreto Supremo 23908 que avalaba y convertía en ley un contrato entre el gobierno neoliberal y la Enron que sería rubricado un día después en Miami entre el presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada y los directivos de la petrolera. El Decreto y el contrato eran ilegales e inconstitucionales, ya que no fueron refrendados por el Congreso boliviano, pero igual entraron en vigencia porque permitía que la Enron, a cambio de “asesoramiento” y sin poner ni un centavo, tome el control del gasoducto entre Bolivia y Brasil.

Ya en Bolivia, la Enron, junto a la Shell, a fines de 1996 se apoderó, otra vez sin invertir ni un centavo, de toda la red de más de 6.000 kilómetros de ductos de petróleo y de gas que atraviesan siete de los nueve departamentos de Bolivia, logrando el monopolio de la distribución interna y de exportación de hidrocarburos. Para ello bastó que la Enron y la Shell prometieran a los gobernantes neoliberales, con los que se habían asociado en Miami, invertir en el desarrollo de ductos algo más de 200 millones de dólares.

Lucrando desde entonces con la red de gasoductos bolivianos y obteniendo millonarios créditos del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Corporación Andina de Fomento, el consorcio sacó las correas del mismo cuero y cumplió con sus inversiones, apresurándose a repartir millonarias utilidades entre sus accionistas y dejando en el piadoso olvido el pago de estas deudas financieras y los impuestos y tributos para el Estado.

Años después, en el 2006, y en plena bancarrota a nivel mundial, la Enron transfirió sus acciones a la británica Ashmore, compartiendo la mitad de las acciones con la Shell. Esta acción le permitió, además, diluir la acción de los sectores sociales que desde el levantamiento popular del 2003, que derrocó a los neoliberales que habían firmado los leoninos contratos con las petroleras en Miami, habían identificado a la Enron como el símbolo del latrocinio neoliberal, por lo que buscaban enjuiciarla, hacerla pagar por los daños cometidos en Bolivia y luego echarla del país.

A principios de la década, el ex delegado presidencial Juan Carlos Virreira cuantificó en 120 millones de dólares el daño inferido por la Enron al Estado boliviano, a lo que se sumaron otras denuncias por contrabando de hidrocarburos, evasión de tributos, falta de inversiones y conspiración política. Pese a ello, el juicio contra la Enron, iniciado por Virreira, fue dejado de lado por los gobiernos de la época, incluido el actual, al igual que las demandas de expropiación y nacionalización de las petroleras sin pagarles ninguna indemnización.

Por el contrario, el gobierno de Morales procedió a legalizar y renegociar la mayor parte de los ilegales contratos petroleros, procediendo en otros casos, como fue con Transredes (Enron-Ashmore-Shell), a la compra forzada de acciones, pagando millonarias sumas como indemnización a las compañías petroleras tras intensos procesos de negociaciones.

SALIDA AMISTOSA

Así, el 17 de septiembre de 2008, el gobierno boliviano acordó pagar en efectivo 120,5 millones de dólares a la holandesa Shell a cambio de sus acciones en Transredes. En esa ocasión, el Presidente Morales ponderó el proceso de “negociación amistosa con las empresas que operan en Bolivia” y destacó una vez más que el país precisa socios y no patrones para poder explotar sus riquezas naturales.

El Ministro de Hidrocarburos y Energía, Saúl Ávalos Cortez, destacó que el espíritu de Bolivia no era confrontar ni expropiar sino dialogar para establecer acuerdos conforme a normas nacionales e internacionales. “Los bolivianos somos muy respetuosos de los capitales”, dijo Ávalos, según los reportes de prensa del Ministerio de Hidrocarburos.

Lo propio aconteció un mes después, el 17 de octubre de 2008, cuando se hizo público el acuerdo por el que el Estado boliviano pagaba otros 120,5 millones de dólares a la británica Ashmore, heredera de la Enron

“Nos sentamos todos en la mesa de negociaciones. El resultado: el convenio que se firma, uno exactamente similar al de la empresa Shell, es decir, 48 dólares por acción, monto que los bolivianos consideramos justo y que la empresa ha considerado también justo para aceptar esta transacción”, dijo en la ocasión el ministro responsable de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, Héctor Arce.

PALABRAS AL VIENTO

En dicha ocasión, como reflejó el matutino La Razón, el vicepresidente Álvaro García Linera llegó a decir: “Transredes desde su inicio estuvo marcada por irregularidades. No se crea que nos hemos olvidado de esas oscuras reuniones del ex presidente Sánchez de Lozada con los representantes de Enron y el regalo de acciones y recursos del Estado”.

Otro que criticó a las petroleras fue el presidente Morales, que las acusó de conspirar contra su gobierno. “He aguantado desde el 2006. Tenía mucha información que esta empresa (Enron-Ashmore-Shell) estaba permanentemente conspirando contra el Gobierno nacional y la democracia, pero eso terminó, y que sepan las otras empresas que vengan a trabajar, que vengan a invertir, es su obligación trabajar y también recuperar su inversión, tienen derecho a las utilidades, eso está garantizado”, dijo.

El gobernante recordó, además, el daño que produjo Transredes al río Desaguadero después del derrame de 29 mil barriles de petróleo y afirmó que los efectos ambientales son irreversibles.

“Si quisiéramos revisar los daños que hizo Transredes en el río Desaguadero, daños irreversibles que jamás con dinero o cualquier recompensación se puede recuperar, a ellos más les interesa las ganancias y no les interesa el medio ambiente, la vivencia de los seres humanos, de plantas, de seres humanos. Si queremos revisar con seguridad veremos que estas empresas le hicieron mucho daño en el tema del medio ambiente; pero lo peor y no tengo por qué callar, no es posible que algunas empresas transnacionales, empresas extranjeras vengan acá hacer actividades políticas. No aceptamos autoridades o gerentes, o empresas que venga a conspirar contra la democracia o contra el Gobierno nacional”, agregó.

LA CRUDA REALIDAD

Pero, más allá de los discursos, la realidad financiera que ahora afronta la empresa estatal del petróleo que se hizo cargo de Transredes es la de pagar más de 350 millones de dólares en impuestos, deudas y mitigación ambiental.

“En la actualidad YPFB Transportes tiene una deuda de 286 millones de dólares, que son créditos que provienen de la Corporación Andina de Fomento, del Banco Interamericano de Desarrollo, los tenedores de bonos y la banca local”, explicó Carlos Villegas, presidente de la estatal petrolera.

Villegas informó que la nacionalizada transportadora de hidrocarburos tiene previsto pagar este año 55 millones de dólares de su deuda y 25 millones de dólares en intereses.

La empresa estatal también hace planes para pagar los millonarios tributos omitidos por Transredes y para afrontar los daños ambientales ocasionados por el derrame petrolero del 2000 y que son el nefasto saldo del paso de las petroleras por Bolivia, que aún vive la pesadilla de la Enron.

DERRAME PETROLERO

Esta transnacional fue la responsable del derrame de 29.000 barriles de petróleo crudo en el cauce del río Desaguadero, en el altiplano boliviano, ocasionado el 20 de enero del 2000 por la ruptura de un oleoducto.

Durante los siguientes días, el petróleo fue arrastrado río abajo por cerca de 200 kilómetros, contaminando la principal fuente de agua y de irrigación de 7.000 pobladores de unas 120 aldeas indígenas asentadas a orillas del Desaguadero.

Los daños fueron enormes y de magnitud. Durante 11 meses, más de 3.000 pobladores de la región, contratados por las petroleras, recogieron en bolsas el petróleo derramado en las orillas del río y limpiaron gran parte de los pastizales, marcando las zonas donde los daños fueron mayores y casi irreversibles.

A los comunarios, según la versión de las petroleras, se les entregó diversos tipos de compensación para el corto y mediano plazo, quedando en el tintero los programas de largo aliento que permitan mitigar y anular los efectos de la contaminación en el largo plazo.

Un estudio de Norma Mollo, especialista de la Liga de Defensa del Medio Ambiente, permitió establecer que el derrame afectó a aproximadamente un millón de hectáreas correspondientes a comunidades de los departamentos de La Paz y Oruro, con daños consecuentes a toda la fauna y flora existente en la región.

“Además del daño ambiental provocado, este incidente ha influido también en la estructura social de las comunidades. Diversos conflictos se han desatado entre comunidades y familias, conflictos que no han sido resueltos hasta la fecha y que quedan como secuelas silenciosas de ese suceso”.

El informe señala que Transredes aún tiene temas pendientes con comunidades del departamento de Oruro por el derrame del 2000. Estos temas pendientes y que hasta ahora no encuentran respuesta se resumen en los siguientes:

• La autoridad ambiental de entonces, el Viceministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente, había aplicado una multa equivalente a la suma de 1,9 millones de dólares por haber infringido la Ley de Medio Ambiente.A esa sanción se sumó otra multa de alrededor de 100 mil dólares por no haber tramitado la licencia ambiental respectiva para el depósito de los suelos impregnados con petróleo.
• La empresa que realizó la Auditoría Ambiental había efectuado una serie de recomendaciones, una de las cuales resalta la sugerencia de realizar un monitoreo a la salud humana, lo que debería efectivizarse en las personas que estuvieron expuestas al impacto del derrame. Se sugirió, también, la implementación de programas de atención a la salud de los animales, así como el monitoreo al agua, suelo y bentos en la cuenca del Desaguadero. Aspectos, todos estos, que no fueron atendidos.
• Finalmente, habrá que mencionar que los comunarios no fueron tomados en cuenta en la Auditoría Ambiental. Específicamente fueron soslayados los pobladores de Kochi Piacala (Municipio de El Choro) y la comunidad de Iroco, pese a estar asentada en la misma cuenca. Los primeros, inclusive, en varias oportunidades realizaron marchas y otras medidas presión para ser atendidos.

Foto: Bolivia - El Presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, en conferencia de prensa realizado en el Salón de los Espejos del Palacio Quemado. / Autor: JLQ - ABI


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