miércoles, 24 de junio de 2009

Colombia: Síganse los buenos

Octavio Quintero

El sistema capitalista ha desarrollado una legislación de confidencialidad patrimonial que protege la corrupción pública y privada, apoderada hace años de la riqueza de las naciones en beneficio de unos cuantos, o lo que sería lo mismo decir, en perjuicio de la inmensa mayoría de todos nosotros.

Si en algún instante del tiempo se eliminará toda esa confidencialidad y pudiéramos libremente acceder a la información patrimonial de nuestros dirigentes públicos y privados, nos daríamos cuenta todos que estamos en manos de una caterva de ladrones y asesinos porque, unas veces adelante y otras atrás, la sangre acompaña a las fortunas mal habidas como huella indeleble de su origen.

La corrupción ha desfigurado a tal punto la democracia que tal vez hoy en día de esto sólo queda el nombre, porque la concentración de capital que prospera a su alrededor ha hecho posible que los corruptos sean los dueños de los altos cargos del Estado en sus esferas administrativa, judicial y legislativa. Ya no se disimula siquiera en la impartición de órdenes desde el sector privado para que el Estado, en sus diversas esferas, haga o deje de hacer.

Por citar dos ejemplos –cabeza y cola- en Estados Unidos se dice que Obama metió al bolsillo de wall Streat la Casa Blanca; y aquí en Colombia, no se dice sino que se ve que la Casa de Nariño recibe órdenes del poderoso banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo. Cada quien en su caso podrá sumar a la lista ejemplos parecidos.

Sellando el cofre de la corrupción, ese poder económico así mal habido se apoderó finalmente de los medios de comunicación implantando una dictadura informativa que sublima los hechos de los poderosos y minimiza el sufrimiento de la prole.

Estamos atrapados. La mafia estatal y privada funciona, como es apenas obvio, en defensa de sus intereses, que son, sobra decirlo, los de la clase predominante. Por eso uno ve a Obama haciendo ingentes esfuerzos por salvar al sector financiero a costa del bolsillo de los contribuyentes gringos, y por reflejo, a costa de todos los círculos influidos por su modelo económico; por eso uno ve a Uribe en Colombia jactándose de haber propiciado la inversión privada mediante la condonación de impuestos a las grandes empresas por más de 8 billones de pesos, mientras se le abre un hueco fiscal al Estado por más de 20 billones que seguramente buscará tapar con más impuestos indirectos o con el recorte de las inversiones públicas y los programas sociales.

Estamos atrapados, repito, no para desanimar a quienes luchan por liberarse de tan duras cadenas, sino para alertarlos de que la pelea es peleando en todos los estadios donde el enemigo planta sus reales y con las mismas armas que él utiliza, que aquí en Colombia fue, como ya es de dominio público, la combinación de todas las formas de lucha.

No se le puede pedir a nadie que se acoja a la ley cuando la ley se hace sólo para subyugarlo a un estado de cosas que le oprime y coarta las libertades más caras al desarrollo humano. Si las leyes son injustas, obedecerlas no eleva el espíritu democrático de los pueblos sino que refleja la conformación de una sociedad más bien falta de entendimiento y razón; una sociedad extremada y neciamente candorosa.

La primera lucha que tenemos que librar es contra nuestra misma manera de aceptar las cosas como inamovibles; o como asunto que no es de nuestra incumbencia; o, ingenuidad peor, esperar que en un arranque de desprendimiento, los dueños del poder se “sacrifiquen” en beneficio de los más necesitados. No, a estos habrá que arrancarles el cetro; sacarlos del establecimiento, y doy en creer que en Colombia infortunadamente va a tener que ser a las malas.

Y otra lucha, una vez alcanzada la concienciación de que no hay Chapulín Colorado que pueda ayudarnos mas que nosotros mismos, es contra la corrupción aupada en esa sutil legislación que protege los patrimonios personales de la fiscalización pública que les permite a los detentadores del poder robarnos la riqueza de nuestras naciones que bien repartida y administrada, y puesta al servicio del desarrollo social y económico de todos, y no de unos cuantos, debiera alcanzar para que pudiéramos llevar una vida digna con “la barriga llena y el corazón contento”, como seguramente en otros términos más eufemísticos diría Séneca.

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