martes, 9 de junio de 2009

En la Amazonía: Los gritos del silencio


Jorge Zavaleta (especial para ARGENPRESS.info)

Serpientes encantadas y extraños simios que habitaban con humanos engendrando monstruosas criaturas, son algunos de los mitos y fabulaciones que aparecen en las primeras crónicas del Perú y que marcaron la conquista de la agreste Amazonía. Esa visión aún no ha cambiando en esencia. La riqueza natural de esta vasta región sigue siendo presa fácil del mercado internacional, ahora más que nunca.

En el Perú, el actual gobierno extremadamente liberal, poniéndose de espaldas a la población nativa, acaba de provocar una masacre a sangre y fuego, cuyo número de muertos, heridos y desparecidos tardará en conocerse o probablemente no se conocerá nunca. Se trata de uno de los más brutales enfrentamientos entre los campesinos y las fuerzas del orden, después de la barbarie de Sendero Luminoso y la guerra interna.

El escenario de estos últimos sucesos ha sido Bagua, en la Región Amazonas, cerca de la frontera con el Ecuador, una de las ciudades selváticas más antiguas que fundó España, zona de yacimientos petrolíferos y que la administración aprista insiste en el ingreso del capital extranjero, despojando a los pobladores de sus territorios.

El segundo gobierno del Apra, cancela la social democracia que animó Haya de la Torre. Pasa de ese radical y frustrado intento estatizador de la banca en 1987, a un obsesivo afán privatizador. El año pasado, con anuencia del Congreso, emitió una decena de decretos, acompañado de un discurso basado en “El Perro del Hortelano”, ignorando los derechos de las comunidades nativas y el valor de la floresta amazónica como el pulmón del mundo.

Los decretos más cuestionados son el 1090, así como la Ley Forestal y de Fauna. Inclusive, algunos de estos decretos a favor de la inversión extranjera y adecuación al Tratado de Libre Comercio con EEUU no han sido aprobados por un sector de legisladores del partido Demócrata norteamericano, porque afectan derechos laborales reconocidos por la OIT.

El final sangriento de esta nueva agresión a las poblaciones amazónicas estaba previsto. Y tardará en volver la calma, porque el gobierno insiste tardíamente en una política económica que en América Latina está de retroceso, con excepción de Panamá, Colombia y México. Los ministros, legisladores, jueces peruanos con el liderazgo de Alan García, no escuchan a los reclamantes. Las movilizaciones cívicas han perdido eco, en tanto los mandos policiales pierden paciencia y eficiencia.

El Congreso se resiste o se vale de subterfugios para no derogar los decretos privatizadores mientras crece el horror y el repudio por lo sucedido. Una reciente información da cuenta que comuneros Kichuas y Ashuar en solidaridad con sus hermanos de Bagua, han tomado instalaciones de Pluspetrol en Trompeteros y Andoas, en Loreto, con el riesgo de que se paralice el fluido de petróleo a las refinerías por el Oleoducto Norperuano.

El sistema de negociación del Estado ha perdido vigencia, porque no existen partidos orgánicos en el interior del país, las comunidades confían su causa a la presión de los medios de comunicación, que en su mayoría son afines con el gobierno y el empresariado.

Este vacío es parcialmente cubierto por la Defensoría del Pueblo y un sector de la Iglesia. Precisamente la Vicaría de Amazonía y emisoras de esa región indican que los comuneros tienen miedo de retornar a sus casas y andan escondidos en el bosque porque la policía ha iniciado una persecución para rescatar las armas que lo comuneros arrebataron a los policías, en el cruento enfrentamiento del 5 de Mayo, para ironía el Día del Medio Ambiente.

El gobierno aprista ha perdido la imaginación y ya no puede ocultar la creciente corrupción en las diferentes instancias del poder y la complicidad de una diversidad de jueces. En la actual coyuntura, en lugar de concertar con los legisladores de otras tiendas políticas carga la tinta contra el movimiento nacionalista liderado por el ex comandante Humala, a la izquierda, algunas ONGs, al narcoterrorismo y a los gobiernos de Hugo Chávez y Evo Morales. La Oficina de Cooperación Internacional señala que la AIDESEP ha recibido en los últimos tiempos sumas considerables de diversas fuentes externas, sin especificar la labor que cumple esta organización, que ahora el gobierno busca desactivarla y dividirla.

AIDESEP - Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana- es una organización nacional y está presidida por un Consejo Nacional que se asienta en 6 organismos descentralizados del norte, centro y sur del país. Tiene 57 federaciones y organizaciones territoriales, que representan a las 1,350 comunidades donde viven 350,000 hombres y mujeres indígenas, agrupados en 16 familias lingüísticas. Forma parte de la Conferencia Permanente de los Pueblos Indígenas del Perú (COPPIP), que busca representar políticamente a las organizaciones indígenas de la costa, sierra y selva del Perú.

Su dirigente Alberto Pizango Chota se ha sido asilado en Nicaragua, para evitar su captura. Fuentes judiciales estiman que a este líder campesino le esperaría una condena máxima de 35 años de prisión.

Los hechos de Bagua, revelan una vez más, aquel dualismo cultural entre occidente y cristiano y el universo amazónico. Lo peor es que ningún ministro de Estado ni el presidente de la República tienen conocimientos mínimos de las lenguas nativas y ni siquiera cuentan con asesores para entablar diálogos productivos. De allí que más de un bárbaro legislador acusa al líder de AIDESEP de tergiversar los acuerdos después de reunirse con el Premier, el ministerio del Medio Ambiente y otras instancias.

El descontento de los comuneros no ha sido ni podrá ser aplacado. Para los siguientes semanas se anuncia jornada nacionales de lucha, varios paros y movilizaciones regionales, para exigir que el gobierno declare temporalmente inaplicables los Decretos Legislativos objetados, mientras el Congreso procesa las demandas de inconstitucionalidad y derogatoria.

Además, un sector de la oposición plantea la renuncia del gabinete del premier Yehude Simon. Desde otra óptica, la renovación de ministros no resolvería nada y más bien se demanda una investigación internacional para esclarecer las denuncias del presidente de la Corte Suprema sobre presiones políticas al Poder Judicial, así como el cese de la persecución a los dirigentes indígenas y el levantamiento del Estado de Emergencia y toque de queda.

La oposición revive el juicio a García, responsable de la revuelta de los penales de junio 1986. Según cifras oficiales peruanas, los violentos enfrentamientos de indígenas con agentes de la policía que intentaron desalojarlos cuando ocupaban una carretera dejaron al menos 33 muertos, entre ellos 24 policías y 9 aborígenes.

La masacre de nativos y policías en Bagua revela el fracaso de la capacidad negociadora del Estado. La inexistencia de partidos, la regionalización y descentralización del Estado en lugar de acercar a los pobladores ha acentuado la intransigencia. Se ha reducido o cerrado el espacio para la discusión de los conflictos sociales.

El gobierno insiste en la represión. La Vicaría de Medio Ambiente Apostólico de Jaén exige a las autoridades que expliquen las razones para que un grupo de heridos y muertos civiles que dejó la intervención policial en la zona denominada la “Curva del Diablo” estén siendo trasladados de manera sospechosa a un cuartel llamado “El Milagro”.

El gobierno de García Pérez insiste en mantener su política contraria a la Amazonía. La última constatación es la promulgación de una la ley aprobada por el Congreso que autoriza, a partir del 1 de julio a nivel nacional, el arresto ciudadano en casos de flagrante delito. La norma modifica el artículo 260 del Código Procesal Penal, referido al arresto ciudadano que obligaba la presencia de la autoridad judicial. La policía solo redactará un acta donde se hará constar la entrega y las demás circunstancias de la intervención.

La ira que atiza el aprismo en el Perú no se apaga con este tipo de decisiones. Solo azuza la violencia y la barbarie. La democracia está herida y abre espacios para la intolerancia y la marcha acelerada de la exacción de la Amazonía.

Foto: Perú - El presidente Alan García en un acto oficial después de sucedida la masacre de Bagua. / Autor: Dante Zegarra - Presidencia Perú


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