jueves, 4 de junio de 2009

Miami: Donde el sistema se desmiente

Jorge Gómez Barata (especial para ARGENPRESS.info)

Criticas aparte, durante siglos, la doctrina liberal que propone una estructura en la cual los poderes del Estado son independientes unos de otros, ha sido una opción para alcanzar la democracia.

Según esa doctrina, los legisladores hacen las leyes, los gobernantes gobiernan de acuerdo con ellas y los jueces juzgan a quienes las incumplen. El esquema no supone que los políticos hagan o apliquen la ley como tampoco que los jueces dicten los cursos de la política, menos aun que se involucren en la política exterior del Estado.

Obviamente el juez de Miami, Peter Adrien, que concedió a Gustavo Villoldo una indemnización por ¡mil doscientos millones de dólares! a cuenta de fondos pertenecientes al Estado cubano, congelados en los Estados Unidos, faltó a clases el día en que los preceptos doctrinarios acerca de la separación de poderes fueron explicados.

El juez no sólo accedió a la demanda de Gustavo Villoldo, un cubanoamericano que culpa al gobierno de la Isla por el suicidio de su padre, que por su voluntad, sin que nadie lo instigara ni lo ayudara, con sus propias manos se quitó la vida, favoreciéndolo con una indemnización multimillonaria.

El magistrado, un individuo vinculado a elementos contrarrevolucionarios de origen cubano asentados en la Florida, a quienes según se afirma debe su elección, no se limitó a dictar una sentencia absurda y que crea un precedente de incalculables consecuencias, sino que olímpicamente declaró que lo hacía para: “Enviar un mensaje al pueblo cubano”.

El capital a que alude la sentencia es propiedad cubana depositados e inmovilizados en instituciones bancarias norteamericanos al amparo de las llamadas Regulaciones para el Control de Activos Cubanos del 8 de junio de 1963, dictadas como parte del bloqueo a la Isla.

Esos fondos, originalmente unos treinta millones de dólares, se engrosaron con dinero que la empresa estatal cubana de telecomunicaciones, ENTELCUBA adquirió por pagos efectuados por servicios prestados a clientes en los Estados Unidos durante casi treinta años y que no le fueron transferidos.

La demanda, aun cuando comporte un drama familiar o personal, no puede ser más peregrina y alude a Gustavo Villoldo (padre) que en 1959 se suicidó en La Habana, cosa de la que, cincuenta años después, sin aportar ninguna prueba concreta, Gustavo Villoldo (hijo) culpa al gobierno cubano por el hecho de que en esa época, los negocios de su padre en Cuba fueron nacionalizados entre otros cientos de empresas.

Basta imaginar qué ocurría si los habitantes de la India, China o cualquier ex colonia inglesa, reclamaran indemnizaciones a cuenta de los fondos de la Corona Británica en Estados Unidos por agravios sufridos por sus parientes. Todo el dinero de Fort Knox no alcanzaría para resarcir a los descendientes de africanos esclavizados en Norteamérica por los sufrimientos ocasionados a sus familiares durante cuatro siglos de esclavitud.

Todo se aclara cuando se conoce que Villoldo, hijo es un ex agente de la CIA, consagrado a la actividad contra Cuba, participó en la invasión de bahía de Cochinos y en cumplimiento de misiones de servicio estuvo involucrado en la muerte de Ernesto Che Guevara en Bolivia en 1967. Antes de beneficiarse con la sentencia de Miami, Villoldo había lucrado al subastar un mechón de cabellos de Ernesto Guevara, de los cuales se apoderó como un vulgar depredador.

Durante siglos, por sus propios caminos, venciendo dificultades, el pueblo norteamericano se ha esforzado por edificar un sistema político asentado en los principios de la separación de los poderes del Estado en los que mayoritariamente cree y que en términos generales garantizan el funcionamiento del sistema en todo el país, excepto en Miami donde, tratándose de atacar, agraviar o perjudicar a Cuba, vale todo, incluso desmentir al sistema.

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