lunes, 8 de junio de 2009

¿No existe integridad en el Perú?

Carlos Angulo Rivas

Un día antes de la orden presidencial de masacrar a los nativos de la selva en Bagua, con helicópteros desde el aire y a través de contingentes de la policía pertrechados de armas de guerra, el líder de la Asociación de Comunidades Nativas de la Amazonía, Alberto Pizango, era un interlocutor válido para el gobierno, un dirigente representativo invitado a dialogar con el primer ministro, Yehude Simon, sobre los diez decretos inconstitucionales autorizados por García Pérez para hacer rentables sus negocios personales con las petroleras y los inversionistas chilenos. La razón, como se ha observado, no estaba de parte del gobierno, ni a nivel nacional ni internacional, pues estos decretos depredadores de la amazonía y perjudiciales al país transgredían el ordenamiento jurídico.

Según los especialistas y de acuerdo a la legislación vigente estos decretos legislativos, debidamente examinados y estudiados, quebrantan los acuerdos internacionales suscritos en los organismos de las Naciones Unidas e inclusive la constitución del delincuente sentenciado, Alberto Fujimori, la misma que aún nos sirve de ley de leyes. Entonces, ¿en qué momento Alberto Pizango, en boca de Alan García y Yehude Simon se transforma en “un delincuente subversivo y en un seudo dirigente”? ¿No será cuando Pizango, por mandato de sus bases, exigió la derogatoria de la ilegal legislación en la mesa de diálogo? ¿Qué querían Alan García y Yehude Simon, que Pizango les dijera sí señor presidente, sí señor ministro, con nuestros territorios pueden hacer lo que les venga en gana porque ustedes representan a la nación? De repente sólo de esta manera, Alberto Pizango sería hoy un gran dirigente y un hombre patriótico como ellos, pues.

O sea que Pizango debía traicionar a todos los pueblos nativos de la selva y de paso a todos los peruanos honestos, dejando que las tierras de la amazonía sean usurpadas por las voraces firmas transnacionales; los recursos naturales y los bosques del país arrasados y el medio ambiente destruido, para gozar del privilegio de ser reconocido por dos facinerosos, García y Simon, héroe nacional. La mayoría de ciudadanos no sale del asombro y menos del duelo nacional de ver vertida sangre humilde de pobladores y policías a capricho de un genocida capaz de exterminar vidas humanas para satisfacer su ego personal y salvar sus utilidades de ladrón contumaz. Frente a estos hechos, vemos que no existe integridad en el país cuando el poder judicial digitado desde palacio de gobierno actúa de forma arbitraria y ciega, ordenando la persecución y captura de quien hasta el día de ayer nomás era interlocutor válido oficial y hoy, por palabras del presidente y sus ministros, “terrorista subversivo responsable del genocidio perpetrado en la selva” que, como es de consenso general, fue una orden de salvaje arremetida armada surgida de Alan García. ¿A qué juega García lavándose las manos manchadas de sangre? ¿Acaso piensa que algún peruano en su sano juicio puede creer sus patrañas de criminal y genocida, aquellas apostando a echar la culpa a Pizango, a los nativos y a complots y conspiraciones provenientes del exterior? Esta cobardía no tiene nombre, Alan García esta vez debe asumir su responsabilidad por ordenar una masacre a los pueblos originarios de la amazonía, debe asumir la responsabilidad frente al genocidio cometido en nombre de intereses extraños a la nación; y si el poder judicial peruano no es capaz de enjuiciarlo como tampoco lo hizo por crímenes de lesa humanidad similares, cometidos por él, en Lurigancho, El Fronton, Accomarca, Cayara, Los Molinos, etc. las Cortes Internacionales lo harán por tratarse de un intento de sometimiento cultural de invasores a invadidos con el propósito de destruir un modelo de vida originario.

Las groseras mentiras elaboradas por el gobierno a fin de encubrir los crímenes de lesa humanidad cometidos, propaladas a viva voz por la prensa oficial y oficialista y los medios de comunicación patronales, tratan de minimizar la dimensión del delito cometido, donde 24 policías resultaron muertos y un número indeterminado de nativos y pobladores han sido exterminados y desaparecidos. Sin embargo fuentes extraoficiales indican que más de un centenar de personas han sido eliminadas de forma brutal como se observa en fotos difundidas por los medios alternativos y la prensa internacional. La verdad para el enjuiciamiento a Alan García, por ordenar el genocidio, y a quienes resulten responsables de la masacre, saldrá a luz cuando un censo poblacional se lleve a cabo por la Cruz Roja Internacional y los organismos de Derechos Humanos. No se olvide que los desaparecidos a la fuerza, quemados y echados al río, fueron seres humanos con amigos, parientes, padres, hijos, cónyuges, tíos, tías y hermanos; no se olvide que existieron con sus partidas de nacimiento e identidades correspondientes. La verdad saldrá a luz, téngase presente. Alan García Pérez, pagará sus crímenes como lo viene haciendo Alberto Fujimori. Ante tanta vergüenza sólo queda a los peruanos obligarlo a la renuncia inmediata con la finalidad de que sea procesado judicialmente, antes que continúe con su acción delictiva tratando de imponer su inverosímil teoría del “perro del hortelano.”

A pesar de la increíble matanza de los nativos y las bajas policiales, el problema de origen de la violencia en la amazonía subsiste. Y no será con toques de queda y más violencia el final de la confrontación entre el gobierno y los pueblos originarios amazónicos, tratados como ciudadanos de tercera categoría. Los dirigentes indígenas de las etnias shawis, chayawitas, candoshi, cocama-cocamilla y shipibos, continúan en pie de lucha en respaldo a Alberto Pizango, ellos tienen bloqueada la carretera Tarapoto-Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas. Otros líderes nativos, de las diferentes regiones de la selva, han asegurado continuar la lucha hasta que los decretos legislativos ilegales sean derogados; además, todos en su conjunto luego de constatar la feroz agresión militar y policial en Bagua y el genocidio perpetrado por el gobierno con la desaparición de cadáveres y el maltrato a los heridos, tratando de meterlos presos a pesar de su condición de víctimas, vienen exigiendo la renuncia de Alan García y su enjuiciamiento inmediato. “Alberto Pizango tiene el respaldo de todas las comunidades indígenas y le pedimos que no dé un paso atrás” es una voz unánime en la Amazonía. Y ha hecho muy bien Pizango con pasar a la clandestinidad ante la falta de garantías de un poder judicial títere del gobierno.

La falta de integridad también se viene dando en la oposición política y con mayor razón en ciertos sectores de la izquierda nacional tratando de salvar el pellejo de Alan García. La lucha es una sola: la defensa de los recursos naturales de la amazonía; la defensa al modelo de vida de los pueblos originarios; la defensa de la soberanía nacional a ser atropellada por inversiones extranjeras de ocupación territorial; la defensa de los bosques, los ríos y el medio ambiente; y por supuesto la defensa a la vida hoy ultrajada por el genocidio cometido en Bagua. En esta lucha de principios no caben concesiones ni cálculos electorales, ni aspectos condicionales camuflados dirigidos a sacar las castañas del fuego. La integridad se manifiesta en una lucha de principios, el genocida debe ser enjuiciado y sentenciado, Alan García como exigen las comunidades nativas después de Bagua debe ser obligado a renunciar. Por ello, llama la atención que el centralismo limeño peque de ingenuo organizando a los principales gremios y partidos políticos en Frente de Defensa de la Vida y la Soberanía Nacional y convoque a un paro nacional, si hasta el 11 de junio, día de la jornada de apoyo a los amazónicos, siguen vigentes los decretos legislativos rechazados por los indígenas. ¿Dónde está la integridad de los dirigentes condicionando la lucha? ¿y el genocidio cometido queda impune?

Alan García ha manifestado claramente, a pesar del genocidio cometido por él, “no cederemos ni a la violencia ni al chantaje,” además ha justificado sus acciones criminales y la brutal arremetida aérea en contra de los indígenas peruanos, señalando que "no tienen corona. No son ciudadanos de primera clase. No vamos a sobreponer los intereses de estos indígenas por encima de los de 28 millones de ciudadanos". ¿Todavía duda de las intenciones de Alan García el nuevo Frente de Defensa de la Vida y la Soberanía Nacional? En esta hora crucial para el país no cabe sino el paro nacional y la gran marcha a palacio de gobierno para exigir la renuncia de Alan García. La guerra está declarada. García Pérez debe renunciar para crear una situación nueva, como cuando salió Fernando de Rúa en Buenos Aires, en helicóptero, impresionado por el rechazo a su persona. Tenemos una figura versallesca aunque constitucional, aquella nos dice que el presidente de la república personifica a la nación. Personificar significa tener cuando menos el cincuenta por ciento de los ciudadanos a favor y no sólo el cargo y por supuesto el respeto ganado por una actuación honesta y decente. ¿Con diez por ciento de apoyo nacional personifica Alan García a la nación? ¿La puede personificar un asesino de nativos y campesinos? ¿la personifica un ladrón contumaz rodeado de sus secuaces?.

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