martes, 2 de junio de 2009

Paraguay: Arando en las piedras


José Antonio Vera (especial para ARGENPRESS.info)

Con el 85 % de las tierras en poder del 2,5 % de sus seis millones de habitantes, Paraguay estaría al frente de la lista de países con mayor injusticia en el régimen de tenencia de la propiedad rural, potencialmente productiva, una injusticia de larga data que continúa atizando focos de creciente confrontación social.

En varios de los 18 departamentos que dividen los 400 mil kilómetros cuadrados del país, es posible ver cientos de grupos de campesinos sin tierra, instalados en cordones de miseria, a orillas de grandes extensiones agrícolas ganaderas, sobreviviendo con mendrugos, a la espera de una reforma agraria, siempre prometida y nunca realizada.

Esa fue una de las primeras aspiraciones que destacaron en la campaña electoral de la Alianza Patriótica para el Cambio, que el pasado 15 de agosto instaló a Fernando Lugo como Presidente de la República, con un inmenso apoyo interno y externo a sus promesas de transformar la aberrante y dramática situación socio-cultural del país.

Para terminar con los anacronismos e injusticias conocidas, el primer paso, entendía el ex Obispo, debía ser la realización de un Catastro Nacional, inexistente, herramienta imprescindible para comenzar a impulsar una administración moderna y ordenada, capaz de definir los límites distritales, a la vez de tratar de cobrar de los impuestos a la renta del agro, uno de los aranceles más bajos y sistemáticamente escamoteado.

Herencia de años de abusos y de pertenencia o amistad con el omnipresente Partido Colorado, la mayor parte de las grandes propiedades rurales en Paraguay carecen de control gubernamental e, incluso muchos títulos de propiedad están cuestionados, dado que la falsificación y clonación de toda clase de documentación, viene operando desde hace más de medio siglo en este país.

Un claro ejemplo lo da el primer intento catastral que se realizó en el año 2002, en las sureñas regiones de Itapúa y Alto Paraná, 15 % del territorio nacional.

Ahí se comprobó que una quinta parte de las tierras mensuradas son fiscales y que esa cantidad, por sí sola, sería suficiente para atender la demanda de la mitad de los campesinos sin tierra de esa zona. Los títulos de propiedad privada, de ese 80 % restante, deben ser objeto de estudios, reclaman las organizaciones campesinas.

Sólo en dos millones de hectáreas, subsisten cerca de 300 mil familias, según un Censo realizado el año pasado, que consigna solamente 247 mil “productores-familias” residentes fijos, con edades que oscilan entre 45 a 53 años.

Este último dato confirma la exclusión de la juventud de la producción agropecuaria, cada año más extensiva y mecanizada, en un proceso que arrancó hace década y media con el asentamiento masivo de empresarios brasileños, originando una migración anual permanente de unas 80 mil familias, desplazadas hacia la periferia de las ciudades.

Entre 1992 y 2002, la población del Departamento Central creció en 497 mil personas y en los tres años siguientes, hasta el 2005, aumentó otros 375 mil, confirmando que en los últimos 18 años, el campo paraguayo ha perdido más del 15 % de sus habitantes, que entonces representaban el 49 % de la población total del país.

Poderosos capitalistas brasileños continúan comprando o alquilando campos para plantar soja, actividad intensificada en esta década con la introducción de semillas genéticamente modificadas. Desde el 2004, ese grano ha ido abarcando más campos paraguayos y el país está en cuarto lugar de los exportadores mundiales de transgénicos.

El anterior censo rural, de 1991, registró que el 81 % de propietarios acaparaban el 1.5 de la totalidad de la tierra, lo cual confirma una disminución del 5,7 % del número de fincas en estos 18 años últimos.

Las primeras víctimas son las familias con menos de 50 hectáreas y, en conjunto, se registra la desaparición de 27,5 % de establecimientos, una 366 mil hectáreas perdidas para los pequeños y medianos labradores.

Reservas afuera y miseria adentro

El Banco Central registra reservas internacionales del Estado por dos mil millones de dólares y, distintas fuentes, sostienen que el Instituto de Previsión Social, tendría depositado mil millones en el extranjero. La deuda externa, según los informes oficiales, alcanzaría dos mil 222 millones, sin alteración en los últimos 20 años.

En ese monto último están excluidas las obligaciones contraídas con Brasil y Argentina por efecto de la construcción de las represas binacionales de Itaipú y Yaciretá, que podrían representar diez veces más y no hay más que suponerlo porque la información de ambas administraciones es siempre confusa y retaceada.

Si concluyen con relativa justicia las negociaciones en curso, con esos dos socios mayoritarios para que comiencen a pagar el precio de mercado de la energía que se llevan de Paraguay empresas de San Pablo y de Argentina, quizás este país podría disminuir considerablemente esos compromisos con ambos socios del MERCOSUR.

Ninguna preocupación, en cambio, acusa la banca privada, que cerró el último ejercicio anual con utilidades que van de 100 a 200 millones de dólares, una ganancia de 100 %, según confesión de parte, producto de una especulación financiera posibilitada por la banca matriz que les compró más de 50 millones de dólares a 10,5 % de interés.

Cifras que sí son de fuentes más creíbles, resultado de cruzamiento de datos, sumados los aportados por el Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD), tienen que ver con la marginación social que registra Paraguay, con 60 % de su población en situación de pobreza y la mitad en indigencia.

Días antes de la llegada del frío, la Secretaría de Acción Social (SAS), distribuyó una ayuda de unos 60 dólares a 145 mil familias, una cantidad irrisoria en dinero que apenas alcanza a un ocho por ciento de las personas abandonadas, en situación extrema, a los que una semana de torrenciales lluvias, acaba de despojar de sus enseres mínimos.

El salario mínimo es de 260 dólares, a todas luces insuficiente, y sólo cubre al 25 % de los trabajadores activos. La inflación anual, difundida por el gobierno, es de 12,5 %, pero las organizaciones sociales manejan cifras más altas y sostienen que la canasta familiar reclama un salario mensual de 500 dólares.

Frente al aumento de los problemas sociales, sorprende la pasividad y estancamiento de la política económica del gobierno de Lugo, cuando hay cuatro paraguayos entre diez que carecen de ingresos fijos, más de un tercio de la población sufre hambre con un ingreso diario de dos dólares, o sea, 10 mil guaraníes, y ¡¡el 16 % con la mitad!!.

Informes oficiales, a corroborar siempre porque el país acusa un alto subregistro poblacional, la mortalidad infantil es de 25 entre mil nacidos vivos y 29, cada millar, mueren antes de cumplir cinco años.

Esas víctimas pertenecen a las familias que sobreviven en la precariedad existencial, un cuarto del total del país en situación de hacinamiento, la mitad de los paraguayos sin agua potable, un 40 % cocinando con leña y carbón y cientos de miles sin servicio de electricidad en un país dueño de la mitad de una de las represas más grandes del mundo.

Herencia de varias décadas de ausencia de políticas sociales y de altísima corrupción, el marasmo actual está estructurado sobre un anacronismo capitalista que ha sometido el país en la vulnerabilidad y la dependencia, con un sector industrial que apenas representa el 14 % del Producto Interno Bruto.

Con baja producción, Paraguay viene sobreviviendo desde hace muchas décadas sobre el trípode de la exportación agropecuaria, la triangulación comercial, basada en la trampa de la reexportación desde Ciudad del Este de mercaderías de diversas marcas, y la especulación financiera. A ello se suma una masa de operaciones ilícitas que incluyen contrabando de todo tipo y el tráfico de narcóticos, armas, vehículos y hasta personas.

El déficit de su balanza comercial, tema que nunca antes interesó a las autoridades, aumenta incesantemente y la población crece a una tasa del 2,7 %, pero no se vislumbran inversiones hacia la creación de fuentes de trabajo que pudiera disminuir la desocupación que agrava anualmente el ingreso de 80 mil jóvenes al mercado laboral.

Las remesas de los emigrantes, que habrían alcanzado 800 millones de dólares en el 2007, ahora alcanzarían la mitad, mal que empeora con el retorno de trabajadores expulsados de Estados Unidos y Europa y que su propio país no está en condiciones de emplear.

Foto: Paraguay - Fernando Lugo junto al ministro de Agricultura y Ganadería. / Autor: Presidencia Paraguay


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