lunes, 8 de junio de 2009

Perú: Bagua, Gobierno ilegítimo

Alexandro Saco

Es repugnante la forma en que el gobierno utiliza a los muertos de la Policía Nacional para defender sus arbitrariedades. Es cínica la forma en que se pretende negar la muerte de más de veinte peruanos awajun. Es delirante al apoyo a la masacre de mucha prensa y de ciertos sectores políticos y económicos. Es vil la forma en que se ha asesinado a peruanos amazónicos por la defensa de sus territorios y de su libertad. Es asquerosa la actitud de Alan García y de sus cómplices, empezando por Yehude Simon, frente al desangramiento de nuestros hermanos peruanos.

El gobierno aprista con los actos del cinco de junio termina por perder la legitimidad que poseía; legitimidad entendida como una actuación conforme a las leyes. Primero porque está demostrado que el proceso de aprobación de los decretos legislativos no ha seguido un trámite legal adecuado; segundo porque no existe legalidad que pueda sostener una acción represiva convertida en masacre. A ello hay que sumar todas las demás acciones que desde el inicio de su periodo este gobierno realiza: el rompecabezas es evidente.

En una actitud aznaresca, en complicidad con varios medios de comunicación, el gobierno pretende negar la muerte de muchos peruanos. Ahonda la discriminación exhibiendo el dolor de las familias de los policías muertos pero invisibilizando el dolor de los amazónicos caídos. Se trata de una actitud inaceptable que pinta de cuerpo entero al régimen. La violencia desatada sobre los peruanos muertos el cinco de junio no es casual ni producto de una respuesta necesaria; es la culminación o fundación de una estrategia represiva.

No hay ninguna duda de que la orden de proceder a la masacre de más de dos docenas de peruanos ha sido dictada por Alan García. En ese sentido la actitud presidencial avalada por el gabinete y por sectores del Congreso, lleva a cuestionar el ejercicio del poder en el país. Los actos represivos evidencian una vez más que las condiciones para el ejercicio de la democracia plena en el país no existen. Es necesario alertar sobre ello a la opinión pública mundial ya que el proceso electoral del 2011 se encuentra viciado por la intervención gubernativa.

Es inaceptable que se siga con el cuento de que los pueblos amazónicos o las organizaciones que cuestionan al gobierno, son dirigidos por el eje Caracas La Paz. Se trata de una táctica al más puro estilo fascista que inventa peligros externos para justificar la represión interna. Perú hoy es el reducto más conservador de toda América. El modelo de desarrollo impuesto en el país ha cruzado todo límite y se hace insostenible políticamente.

No son asuntos de forma los que se discuten en relación a la legitimidad democrática hoy. Se trata de aspectos de fondo que han obstruido el fluir democrático. Una democracia no comete masacres; una democracia no distingue entre sus ciudadanos como se hace desde el poder con los muertos en Bagua; una democracia no confabula desde los medios de comunicación estatales o privados para voltear la realidad. La aspiración de lograr un país democrático ha sufrido una puñalada por la espalda y los mismos sectores autoritarios de siempre lo avalan.

En todo ese contexto, la resistencia de los pueblos amazónicos es absolutamente válida y está justificada. Las leyes que han originado las protestas de los amazónicos deben ser derogadas; no hay otra salida política frente a los hechos sucedidos. Buscar enrevesadas interpretaciones o justificaciones a lo evidente es alentar que mañana se masacre a algún otro colectivo que reivindica su libertad.

El régimen político peruano cruzó el cinco de junio todo límite. La violencia suscitada que nace desde Palacio de Gobierno y desde el APRA, como portavoces del conservadurismo, es parte de todo un proceso confabulado para llevar las situaciones al extremo.

Al igual que el senderismo, el régimen y sus aliados desprecian la vida de los peruanos y distinguen entre unos y otros compatriotas. La espiral desatada demuestra que la apuesta desarrollista planteada en el país desde 1992 ha colapsado. Es tiempo de desmontar los cimientos de esta estructura que para funcionar necesita masacrar seres humanos.

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