lunes, 1 de junio de 2009

Perú: Los nativos mantienen la lucha por los territorios amazónicos

A punto de cumplir dos meses en paro, varios miles de aborígenes de la Amazonia peruana se mantienen en pie de lucha, en defensa de sus ancestrales territorios, e insisten en la abrogación de leyes que vulneran sus derechos a la propiedad de la tierra.

Los nativos han advertido que, de hacer caso omiso (el gobierno o el Congreso Nacional) a sus demandas, tomarán medidas más radicales, mientras continúan con bloqueos de carreteras en varios puntos de la selva y restringiendo el paso de los trenes que conducen a los turistas a la ciudadela incaica de Machu Picchu, en el suroriental departamento del Cusco.

El quid del problema radica en el decreto legislativo 1090, dictado por el gobierno central en uso de facultades extraordinarias para dar pase a la implementación del tratado de libre comercio (TLC) entre Perú y Estados Unidos.

La mencionada norma, llamada también Ley Forestal, si bien promueve el uso eficiente y la conservación de los recursos forestales y de la fauna silvestre, no es aceptada por la población aborigen que la considera lesiva a sus intereses y porque, además, no se les consultó previamente sobre si ellos la aprobaban o desaprobaban.

El gobierno central ha respondido que si se deroga o se declara anticonstitucional el DL 1090 o Ley Forestal se pondría en riesgo uno de los acuerdos previos a la firma del TLC con Estados Unidos, pues, si bien los indígenas tienen derecho a la tierra, no son propietarios del subsuelo.

El referido decreto busca garantizar la seguridad energética del país, y las regiones en conflicto, según las prospecciones, cuenta con reservas de hidrocarburos (petróleo y gas).

Actualmente, esa norma y otras afines, son debatidas en el Congreso Nacional, aunque sin resultados a la vista, y la situación se torna crítica ante la fuerte actitud de los aborígenes.

Cabe señalar que no existe un censo que pueda confirmar a ciencia cierta cuántos indígenas son y cuántas etnias conviven en la Amazonia, así como tampoco un catastro que permita diferenciar cuáles son sus tierras y los límites de cada una de ellas; aunque a nivel nacional, en cifras del gobierno, se han titulado cerca de 14 millones de hectáreas a favor de los nativos.

Si bien la norma reconoce los bosques de las comunidades nativas y campesinas, además de fijar límites máximos y mínimos, y existen prohibiciones como el cambio de uso forestal por agropecuario, la preocupación de fondo, y que también comparten ambientalistas, es qué ocurriría si se empieza a explorar y a explotar los hidrocarburos.

Una explotación o sobreexplotación implicaría deforestación, depredación de flora y fauna y contaminación de las aguas de los ríos; además de que la Amazonia, que domina gran parte del territorio sudamericano, es considerada "el pulmón de la humanidad".

"Los conflictos (entre los aborígenes y el gobierno central) se han presentado porque hay comunidades o individuos sobre los cuales se otorgan derechos mineros, se crean lotes de hidrocarburos u otra actividad extractiva donde hay bosques o áreas protegidas en las que hay asentamientos humanos desde hace siglos", acotó un estudioso del tema.

Es decir, existe un vacío legal sobre las formas de ordenamiento del territorio nacional y las formas para solucionar casos donde hay más de un derecho, en un mismo territorio, para actividades distintas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido, mediante sentencia que sienta jurisprudencia, que "si bien las tierras de las comunidades indígenas implican un manejo donde debe haber consentimiento informado previo, no significa que no deban someterse a las reglas del derecho".

Empero, en el caso peruano en discusión, también se habla del subsuelo donde el Estado tendría los derechos que no tiene en la superficie.

Solucionar todo ello pasa por una reforma jurídica, para lo cual los expertos recomiendan que, si hay una riqueza natural en el subsuelo, hay que compensar al que vive en la superficie.

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