jueves, 23 de julio de 2009

Amazonía para el Estado boliviano: Pisar fuerte en Pando es un mandato constitucional. Del "Plan Vinto" al Plan Pando

Wilson García Mérida (DATOS & ANÁLISIS)

"El Gobierno debe dar a conocer la ubicación exacta de las tierras fiscales existentes en el país, cualquiera sea su capacidad de uso mayor, para proceder inmediatamente a distribuirlas entre quienes no tienen tierra”, planteaba el documento indígena de Vinto, ya en enero del 2004.

Entre el 20 y 23 de enero del 2004, bajo el gobierno de Carlos Mesa, varias organizaciones indígenas y campesinas realizaron en Cochabamba el Encuentro Nacional de Tierra y Territorio, en cuyas conclusiones se acordó que dichas organizaciones debían “trabajar una nueva Ley de Tierra y Territorio, que otorgue derecho de propiedad, no solo de la tierra, sino también de los recursos naturales según usos y costumbres”.

El pronunciamiento emitido en enero del 2004 por las organizaciones sociales e instituciones no gubernamentales que se habían reunido en la famosa Casa de Retiros de Vinto (a quince kilómetros de la ciudad de Cochabamba), buscaba influir en acciones gubernamentales inmediatas al exigirle al presidente Mesa desactivar algunos dispositivos de la entonces Ley Inra que favorecían a grandes latifundistas y especuladores de tierras agrícolas y forestales principalmente en el oriente del país.

“No permitiremos que se aprueben más decretos que atenten contra nuestros derechos” —decía el pronunciamiento de Vinto—. “Al actual Gobierno le decimos que debe tomar muy en cuenta nuestra frontal oposición a que se apruebe el proyecto de decreto sobre ‘usuarios tradicionales de la castaña’ que solo busca favorecer a los grandes barraqueros del norte amazónico en Pando, Beni y el norte de La Paz”.

En ese mismo documento, los representantes indígenas y campesinos debidamente asesorados por técnicos de entes especializados como el Cejis y Cipca, demandaban también una urgente reestructuración del Inra para emprender sin más dilación una nueva distribución de tierras en Bolivia. Era enero del 2004, reiteramos.

Los asistentes a ese encuentro ratificaron el pacto nacional de unidad “entre organizaciones campesinas, de colonizadores, indígenas, originarias, del movimiento sin tierra y mujeres campesinas, de las tierras altas y tierras bajas, del altiplano, valles, oriente y amazonía”, aclarando que ese pacto debía servir “para lograr la redistribución de la tierra y el respeto a nuestros legítimos derechos territoriales y sobre los recursos naturales, así como para avanzar en la refundación del país a través de la Asamblea Constituyente”.

En los puntos séptimo y octavo del pronunciamiento, los dirigentes campesinos e indígenas planteaban al gobierno de Carlos Mesa dar “rápida atención” a la titulación de tierras comunitarias de origen tanto en las tierras altas como las tierras bajas de Bolivia. Y para los indígenas y campesinos sin tierra, el Estado debía ceder todas las áreas fiscales aptas para la agricultura y actividades productivas afines. “El Gobierno debe dar a conocer la ubicación exacta de las tierras fiscales existentes en el país, cualquiera sea su capacidad de uso mayor, para proceder inmediatamente a distribuirlas entre quienes no tienen tierra”, planteaba el documento de Vinto. Y Mesa, el soberbio y engreído Presidente señorial, inconmovible, no alzó un dedo para atender ese clamor de justicia.

En el Encuentro de Vinto se había definido que la necesidad de una nueva política de distribución de tierras —y como parte indisoluble de ella la formación de nuevos asentamientos poblacionales rurales—, exigiría también una rigurosa planificación territorial. Estaba claro que un eficaz plan de distribución de tierras, al implicar la constitución de nuevos asentamientos humanos, tendría que pasar ineludiblemente por un nuevo ordenamiento territorial, es decir nuevas gestiones territoriales y medioambientales según el uso que se deba dar a esos suelos ocupados. Por eso es que cuando se habla de tierra, se habla también de territorio.

Se podría afirmar que las conclusiones de aquel Encuentro Nacional de Tierra y Territorio fueron adoptadas como discurso y fundamento programático de un indigenismo libertario que ya se había instalado en el horizonte del ascenso popular en Bolivia, derribando a Sánchez de Lozada durante las jornadas de octubre del 2003. Pero, sobre todo, ese documento fue una de las primeras “alertas rojas” que la derecha feudal, ya derrotada, intentó exorcizar echando gritos al cielo. La Nación Camba, ese engendro neofascista promovido precisamente por los latifundistas más parasitarios y expoliadores, satanizó al pronunciamiento de enero denominándolo “Plan Vinto”.

“Este Plan es la pequeña Biblia que consagra la intentona de separar a los pocos aventureros que aun desafían la ley de la gravedad intentando sobrevivir en una sociedad de rechazos mutuos”, escribió entonces, con un lenguaje encriptado y típicamente masónico, el activista de la Nación Camba Sergio Antelo.

El 9 de junio del 2005, 18 meses después del seminario de Vinto, dirigentes empresariales de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) presentaron ante el Directorio de la Cámara Forestal de Bolivia (CFB) un “análisis profundo” que se había realizado acerca del “Plan Vinto”. Los expositores eran Mauricio Roca de la CAO y Guido Náyar de Fegasacruz, sospechosos hoy de financiar al grupo armado del mercenario separatista Rózsa Flores.

“Esta Estrategia no es otra cosa que un plan del MAS para tomar el poder a partir de la consolidación del derecho a la tierra y el territorio por parte de los llamados 'originarios', quienes tienen un brazo ejecutor de toma de tierras en el Movimiento Sin Tierra”, sostenía entonces un manifiesto racista emitido por los empresarios orientales.

El “Plan Vinto” lanzado el 23 de enero del 2004, y el pronunciamiento empresarial de la CAO, Fegasacruz y la CFB emitido el 9 de junio del 2005 en contra del documento indígena, son los antecedentes más esclarecedores de lo viene sucediendo actualmente en el Departamento de Pando, donde el problema de la tierra, ciertamente, es algo más que un casual asuntillo electoral.

No olvidemos que el 27 de enero del 2004, muy pocos días después del Encuentro Nacional de Tierra y Territorio que se celebró en Vinto, una Fiscal de Santa Cruz que investigaba delitos de acaparamiento de tierras agrícolas por parte de empresarios que no vacilaban incluso en irrumpir sobre tierras indígenas comunitarias, fue asesinada en un brutal atentado explosivo a manos del narco-terrorista italiano Marco Marino Diodato, socio de latifundistas y banqueros corruptos. La muerte de la fiscal Mónica von Borries era una sórdida advertencia de cómo los especuladores de la tierra estaban dispuestos a impedir la aplicación de cualquier “Plan Vinto”.

El triunfo electoral de Evo Morales en diciembre del 2005, con un índice de votación superior al 70% en las áreas rurales del país, especialmente en aquellas zonas donde el problema de la tierra es una urgencia nacional, se debió en gran parte a la oferta electoral que su partido, el MAS, enarboló ante los votantes campesinos con la promesa de impulsar una revolución agraria devolviendo a los pueblos indígenas sus territorios ancestrales y redistribuyendo tierras a los desposeídos.

Estaba claro, desde un principio, que Evo Morales en legítimo ejercicio de su poder como Presidente de la República, utilizaría todos los mecanismos que le da la democracia para cumplir esos objetivos, afectando necesariamente intereses empresariales no siempre legítimos. Y estaba claro también, desde mucho antes, que los reducidos pero potentes grupos empresariales que detentaban, de manera ilegal, parasitaria y especulativa, extensas tierras agrícolas, ganaderas y forestales, opondrían resistencia con todos los recursos a su alcance, incluso lo más viles.

Este conflicto que se vislumbró ya en el 2004 cuando la CAO y Fegasacruz despotricaban contra el “Plan Vinto”, fue configurado su epicentro más explosivo en la denominada “media luna”, que es donde finalmente estallaron los hechos más dramáticos registrados dentro el actual gobierno de Evo Morales, impelido a enfrentar una escalada separatista que es la forma en que las logias terratenientes defienden sus ilegales privilegios.

Los sucesos sangrientos que ocurrieron en septiembre del 2008 en Pando y Santa Cruz —cuando hordas nazi-racistas promovidas por las prefecturas y los comités cívicos asaltaron y saquearon instituciones estatales, agredieron a funcionarios gubernamentales incluido el Comandante de la Policía cruceña y pretendieron linchar a dirigentes campesinos—, tuvo como única finalidad impedir y paralizar el ingreso de brigadas del Inra que cumplían una intensa labor de saneamiento de tierras y detección de latifundios improductivos susceptibles de Reversión. Esta resistencia fascista alcanzó su punto fulminante con el genocidio cometido en El Porvenir contra decenas de marchistas indígenas de Pando, el 11 de septiembre. La matanza fue auspiciada por el entonces prefecto Leopoldo Fernández —un latifundista corrupto, ex Senador de ADN (el partido del ex dictador Banzer) y ex Ministro de Gobierno de Tuto Quiroga—, cuya familia detenta tierras usurpadas abusivamente en los municipios de Cobija, El Porvenir y Bella Flor, ocupando una superficie total de 5.552 hectáreas. El feudo de Leopoldo Fernández y sus hermanos abarca el doble de la extensión territorial que ocupa la ciudad de Cobija, capital de Pando, sobre una superficie de 3.242 hectáreas.

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