lunes, 20 de julio de 2009

El Salvador: Piden retiro de Ochoa Pérez como Embajador de Honduras

Zoraya Urbina (COLATINO)

El Centro para la Promoción de los Derechos Humanos “Madeleine Lagadec” (CPDH) interpuso el pasado 15 de julio una petición ante el Ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, para que remueva al coronel retirado, Sigifredo Ochoa Pérez, del ejercicio de la carrera diplomática, por ser uno de los que dirigieron las operaciones militares que culminaron con la masacre de El Calabozo, en San Vicente, en el año 1982. Esta institución también presentó una petición formal ante el Juzgado de Primera Instancia de San Vicente, para que reinicie la investigación criminal contra los responsables de esta masacre.

El 22 de agosto de 1982, más de 200 personas civiles, en su mayoría niños y mujeres, fueron asesinadas dentro de un operativo montado por la Fuerza Armada en el cantón Amatitán Abajo, Municipio de San Esteban Catarina, de San Vicente.

En esta operación llamada “Teniente Coronel Mario Azenón Palma” participaron algunos de los batallones elites de reacción inmediata como el Atlacatl, Ramón Belloso y Atonal, también tropas del destacamento militar Número 2 y la Quinta Brigada de Infantería, entre otros.

David Morales, abogado y representante del centro y de los familiares de las víctimas dijo que han realizado estas acciones porque quieren que se procese penalmente a los responsables de esta matanza.

Entre estos están los Generales José Guillermo García, quien fungía como Ministro de Defensa y Seguridad Pública; Rafael Flores Lima, que ocupaba el cargo de Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada; Juan Rafael Bustillo, que se desempeñaba como Comandante de la Fuerza Aérea de El Salvador, y Miguel Antonio Méndez, comandante del batallón Ramón Belloso.

También los coroneles Ochoa Pérez y Napoleón Alvarado, que entonces estaban al frente del destacamento militar # 2 y comandante de la 5ª Brigada de Infantería respectivamente. Entre los responsables también se menciona al coronel Domingo Monterrosa, quien ya falleció.

Según Morales, la jueza suplente de Primera Instancia de San Sebastián, quien ya conoce del caso, no ha querido reabrirlo aduciendo que está en archivo administrativo.

El representante del CPDH dijo que esta decisión de la jueza vulnera la Constitución de la República, los tratados Internacionales de Derechos Humanos y la legislación procesal aplicable y por esto es que han impulsado esta acción para que se aplique la ley a los responsables.

Además, dijo que la petición de retiro de Ochoa Pérez, como embajador de Honduras, se debe a que todos los diplomáticos acreditados deben poseer una hoja de vida intachable y esto no es aplicable a él puesto que participó en crímenes de lesa humanidad.

Agregó que el ex militar no cumple lo señalado en el artículo 9, letra b, de la Ley Orgánica del Cuerpo Diplomático de El Salvador, que establece que es indispensable que los funcionarios deben “Ser de honrosos antecedentes, poseer sólida cultura y observar conducta intachable, a juicio del Ministro de Relaciones Exteriores”

Marcelo Andrés Bolaños, quien perdió a 5 hermanos, a su madre y a varios sobrinos, dijo a este vespertino que pedían se hiciera justicia a la memoria de todos los que perdieron la vida en esta acción perpetrada por las Fuerzas Armadas.

Bolaños, que en ese tiempo tenía 15 años, expresó que uno de los objetivos de los familiares de las víctimas era que el país no olvidara estos hechos.

Algunas personas lograron sobrevivir porque luego de ser ametrallados por el ejército se hicieron pasar por muertos, como lo relata Joaquín Portillo, quien se salvó luego que fue herido y presenció el asesinato de varios de sus familiares.

María Margarita Realagueño, quien perdió a sus padres y hermanos en la masacre manifestó que sólo desean que se haga justicia y que los responsables sean juzgados conforme la ley.

Haga click aquí para recibir gratis Argenpress en su correo electrónico.